Por Javier Silva, abogado*

Un cruce verbal en una sesión del Concejo Deliberante derivó, pocos días después, en un proyecto de ordenanza que instaura un régimen de exámenes toxicológicos obligatorios y semestrales para el intendente, los concejales y todo el gabinete municipal, con el costo del análisis a cargo de cada examinado. 

La ocurrencia del origen no debería restarle seriedad al análisis, porque detrás de la anécdota de recinto hay una pregunta que interesa a cualquier ciudadano: hasta dónde puede llegar el Estado sobre el cuerpo y la vida privada de una persona.

La regla de oro

El artículo 19 de la Constitución Nacional contiene dos principios que se sostienen mutuamente. El primero protege la autonomía personal: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados." El segundo consagra la legalidad: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe." Entre ambos delimitan una frontera que ningún poder público, ni siquiera uno tan cercano como un Concejo Deliberante, puede correr por decreto.

Los derechos no son absolutos

Se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Por eso el Estado controla a quien conduce un vehículo, pilotea un avión, maneja un colectivo, opera maquinaria pesada o porta un arma reglamentaria. Esos controles comparten tres rasgos: existe un riesgo físico, concreto e inmediato para terceros; se ejercen en el momento mismo de la actividad riesgosa; y evalúan la aptitud para realizarla en ese instante, no la vida privada de quien la realiza. Al conductor se lo controla en la ruta, nunca en su casa un sábado a la noche.

Lo que el proyecto no resuelve

Un test de orina detecta rastros de consumo, no un estado de intoxicación presente. El propio texto de la ordenanza lo admite: reconoce que la sola detección de una sustancia no permite concluir que la persona estuviera intoxicada al momento de ejercer sus funciones. Si el examen no mide la aptitud para el cargo, entonces lo único que termina midiendo es una conducta privada ajena al ejercicio de la función, que es exactamente la zona que el artículo 19 reserva a cada individuo. La Corte Suprema lo estableció en "Bazterrica" (1986) y lo ratificó, tras un breve retroceso, en "Arriola" (2009).

A eso se suman otros cuatro problemas, ninguno menor:

La presunción invertida. El proyecto equipara la negativa a someterse al examen con un resultado positivo. Quien decide no entregar una muestra de su cuerpo queda, por esa sola decisión, presumido culpable.

La carga económica. El costo del análisis recae sobre el examinado, aunque el control lo impone el propio Estado que lo reglamenta.

La estabilidad de los cargos electivos. El intendente y los concejales derivan su legitimidad del voto popular, y las causales de remoción están taxativamente fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Que una ordenanza local pretenda ampliarlas por vía indirecta es, cuanto menos, jurídicamente audaz.

La confidencialidad de papel. Un dato de salud es difícil de proteger en cualquier administración, y más aún en una comunidad donde todos nos conocemos.

Nada de esto implica que la función pública sea zona liberada. Quien ejerce un cargo bajo los efectos de una sustancia incurre en una falta grave, y para eso ya existen el régimen disciplinario, la Ley Orgánica y, llegado el caso, la Justicia. Y nada le impide, hoy mismo, a cualquier funcionario hacerse un análisis voluntario y publicarlo, si quiere dar el ejemplo.

Lo que San Pedro espera

Mientras el Concejo discute frascos de orina, los vecinos siguen esperando respuesta a urgencias bastante más concretas. Los sampedrinos no eligieron a sus concejales para que se analicen entre ellos, sino para que los representen, legislen con seriedad y controlen la gestión.

La idoneidad no se acredita con un certificado de laboratorio: se presume en quien acepta ejercer una función pública, tal como lo exige el artículo 16 de la Constitución Nacional. "Honorable" está escrito en la puerta del Concejo, pero es la conducta cotidiana de sus integrantes la que le da sentido a esa palabra.

 *El autor es abogado y fue secretario de Gobierno  y de Obras Públicas de la Municipalidad en distintas gestiones.

A casi dos semanas del insólito cruce en el Concejo Deliberante que se desató cuando Paola Basso aseguró que Martín Rivas dijo "la bolsa que me voy a tomar esta noche" mientras hablaba Soledad Llull en el marco de un expediente relacionado con bolsas de polietileno, la polémica sigue y, todo indica, se extenderá en el debate legislativo.

Por un lado, tras solicitar grabación y transcripción de la sesión, además de intervención institucional formal al presidente del cuerpo, Rivas elevó un expediente en el que exige a Basso “rectificación y disculpas públicas”, porque la atribución de la frase “no encuentra respaldo en el registro audiovisual oficial”.

Además, le pide que "reflexione" sobre lo sucedido, "reconsidere su continuidad" como concejala y "evalúe presentar su renuncia a la banca" para la que fue electa en la misma lista que él, encabezada por Ariel Rey como candidato a intendente en 2023.

 No sólo esos expedientes elevados por Rivas forman parte de la insólita polémica. Sin relacionarlo directamente, pero llamativamente tras este episodio, el bloque Nuevos Aires presentó un proyecto que, en ese contexto, profundizará la polémica.

La bancada de Basso, Mosquera y Santos propone crear un "régimen obligatorio de exámenes toxicológicos" para intendente, concejales y todos los funcionarios políticos del Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

La propuesta señala que habrá un primer examen a los 30 días de sancionada la ordenanza y luego, con una periodicidad máxima de seis meses, mientras los alcanzados por el régimen permanezcan en sus cargos.

Los exámenes buscarán la detección de cocaína, cannabis, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas (como clonazepam, Valium), barbitúrico y toda sustancia prohibida incluida en la ley de drogas.

El análisis se practicará a todos, sin excepción alguna, y el costo deberá ser afrontado por el propio examinado. Cada uno será informado sobre la fecha y horario, con una antelación que no permita alterar sus condiciones.

En cada caso deberán garantizarse condiciones de seguridad, trazabilidad y preservación de las muestras, que serán analizadas vía test rápido de muestra de orina, con posibilidad de contraprueba.

Si hay resultado positivo, deberá hacerse un análisis confirmatorio. Estarán exceptuados quienes estén inscritos en Reprocann para cannabis terapéutico o que posean prescripción médica justificada.

Frente a un resultado positivo confirmado, un equipo médico evaluará si amerita implementar un protocolo de seguimiento, contención y tratamiento, "con estricta reserva de identidad".

Será ese informe médico el que derive en la evaluación de medidas respecto a la continuidad en el cargo de la persona cuyo examen arroje resultados positivos.

El régimen prevé la protección absoluta de los resultados de los exámenes y la prohibición de la difusión, salvo consentimiento expreso del titular, obligación legal o requerimiento de autoridad competente.

En caso de que alguien se niegue, será considerado positivo a los fines de la activación del protocolo de salud, con medida de sanción correspondiente según el cargo.

Para los funcionarios del gabinete, el cese inmediato; para los electos habrá que proceder de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades para casos de faltas graves. 

El proyecto ingresará formalmente en la sesión de este jueves, que tendrá lugar en Río Tala, y será pasado a comisión para que en ese ámbito se lo trabaje antes de su tratamiento sobre tables.