El caso del empresario que se presentaba como "de San Pedro" y que dejó un verdadero "tendal" de cheques rechazados por falta de fondos sigue sumando damnificados.

En los últimos días aparecieron empresas vinculadas a la actividad agrícola radicadas en la provincia de Córdoba que también fueron estafadas por Jorge Eduardo Mazzetto y la firma Agronomía Don Francisco.

En esa región del país son varias las compañías que le vendieron con cheques de plazo diferido y que no cobraron porque fueron rechazados por no tener fondos.

Entre ellas hay empresas que tienen cheques con fecha de septiembre, por lo que todo indica que el volumen de la estafa perpetrada crecerá con el correr de las semanas.

De hecho, ya ocurrió: si la semana pasada la central de cheques rechazados del Banco Central registraba un monto de 2.200 millones de pesos, este martes ya muestra un total de 2.456 millones.

Los cheques corresponden a cinco bancos: BBVA, Crediccop, Galicia y Macro. Son 282, 20 más que los que figuraban hasta la semana pasada.

En Santa Fe, al distribuidor de artículos de ferretería de Rosario al que le quedó debiendo 17 millones de pesos se sumó otro comerciante de Funes, que quedó "colgado" con 18 millones, y una empresa familiar de Rafaela.

Hay dos compañías de maquinaria agrícola de Arrecifes que también sufrieron la estafa de Mazzetto: Barulli le entregó en Las Armas un cabezal girasolero y Jacto le llevó a Luján una pulverizadora. Ninguno cobró.

También hay una firma semillera a la que "enganchó" por 65 mil dólares y al galpón que alquiló en San Pedro, y que tampoco pagó, llegó hasta un camión de una reconocida cadena de electrodomésticos.

A medida que pasan los días y las noticias comienzan a circular, aparecen más damnificados. Muchos de ellos ya se contactaron entre sí para iniciar acciones legales en conjunto. Mientras tanto, de Jorge Eduardo Mazzetto, nadie sabe nada.

Una estafa millonaria denunciada en las últimas horas en diversos puntos del país apunta a una empresa que se había radicado en San Pedro, que tiene más de 2 mil millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos, según los registros del Banco Central.

El empresario, identificado como Jorge Eduardo Mazzetto, tiene domicilio legal en el gran Buenos Aires.. La empresa aparece en las facturas como Agronomía Don Francisco.  Todos los damnificados lo identifican como “de San Pedro”. Así se presentaba.

En esta ciudad alquiló un galpón en Frers al 2800, a cuyo propietario también le entregó cheques “voladores”. Allí llegaba mercadería con remito oficial proveniente de empresas diversos puntos del país. Luego, esas cosas eran trasladadas a otros lugares.  

Ahora lo que llegan son reclamos, porque nadie puede cobrar los cheques de Mazzetto.

En un informe publicado por Telefé Rosario, desde la cadena Ferreterías Suárez, contaron que una empresa de San Pedro le había dejado 17 millones de pesos en cheques sin levantar.

Manuel Suárez, uno de los propietarios de esas ferreterías, contó a La Opinión que la empresa Agronomía Don Francisco, con Jorge Eduardo Mazzettocomo responsable, compró una gran cantidad de artículos a su comercio, que pagó con cheques que resultaron sin fondos.

Con domicilio en ese galpón de calle Frers, la denominada zona industrial de San Pedro, Mazzetto comenzó a comprar elementos de ferretería en abril. Fueron tres compras por un total de 17 millones de pesos.

La primera factura fue de 7 millones. Eran una gran cantidad de herramientas, con montos desde 19 mil a más de 600 mil pesos. Los hermanos Suárez viajaron a San Pedro a traer la mercadería, por las dudas, para asegurarse de que no había nada raro.

Aunque finalmente algo raro había. Pero ese día no lo notaron. Al llegar al lugar encontraron una nave montada, recepcionistas amables, un Clark que descargaba mercadería, un movimiento que los dejó tranquilos.

Ahora cree que "tenían todo montado para la estafa, estaba todo preparado". Cuando llegó la hora de cobrar los cheques se dieron cuenta. 

"Según lo que nos dijeron, fueron un viernes a la noche y levantaron todo", contó Suárez.

En su negocio, los Suárez están acostumbrados a ese tipo de trato comercial. Siempre, por las dudas, tratan de confirmar que el cliente cumpla con ciertos requisitos.

Estaban dados: historial del banco, una razón social registrada, un galpón físico con personal a cargo, maquinaria, toda la estructura. Pero los pagos no impactaron nunca.

Cuando los cheques rebotaron hubo una comunicación telefónica. La última. Les pidieron unos días. Desde allí, desaparecieron. La página web no existe más, los teléfonos no responden, en el lugar que habían alquilado ya no están y el dueño, que también fue estafado con cheques, tampoco se puede comunicar.

Tras la nota en Telefé Rosario, a Suárez lo llamó una empresa de Funes, en el Gran Rosario, a quien Mazzetto"clavó" en 18 millones de pesos.

En Arrecifes hay al menos dos empresas de maquinaria agrícola que tienen cheques rechazados de Mazzetto. 

Una es Jacto Argentina, que le vendió una pulverizadora. La otra, Barulli Maquinarias, que le entregó un cabezal girasolero.

"Nos comimos un perno", dijo el representante de Barulli en redes sociales. "El señor Jorge Eduardo Mazzetto se llevó un girasolero Maizco, de 21 a 52, mecánico, año 2025, impecable, y nos dejó con la rosca bostezando", agregó.

En el video difundido para solicitar colaboración para dar con el estafador, señalan que "cayeron muchos particulares, comerciantes y fábricas", como Jacto, que busca "un pulverizador Advance 3000, de arrastre, nuevo" que vieron por última vez en Luján.

El cabezal girasolero de Barulli fue entregado en el pequeño pueblo rural de Las Armas, partido de Maipú, a alrededor de 100 kilómetros de Mar del Plata. Hace casi un mes que buscan a Mazzetto, sin novedades.

Los damnificados intentan contactarse con otros que hayan sufrido la estafa por parte de Mazzetto, porque buscarán perseguirlo judicialmente en conjunto. Por lo pronto, nadie sabe nada de él. 

Tras meses, Rodrigo Belmonte, mejor conocido como el estafador QR, volvió a las andanzas y engañó a un hombre, por 50 mil pesos.

Esta vez, el delincuente se hizo pasar por el familiar de un comerciante y lo utilizó de pretexto para pedir ayuda para reparar "una goma pinchada".

Tras apelar a la buena voluntad del vecino, el estafador le dijo que a cambio de pagar el parche fuera a "retirar carne" al negocio.

Al llegar al comercio, los dueños les comentaron que no conocían a esta persona y que había sido víctima de una estafa. 

Durante las últimas horas, numerosos vecinos recibieron mensajes sospechosos desde el WhatsApp de una mujer conocida de la ciudad ofreciendo dólares “blue” a un valor atractivo.

La maniobra encendió las alertas por una modalidad de estafa virtual que, aunque no es nueva, volvió a circular con fuerza.

“Te quería hacer una consulta. Tengo para cambiar 2.000 dólares por si te interesa. Son los blues, cara grande, franja azul, o si tenés algún contacto de confianza”, decía uno de los mensajes enviados a distintos contactos.

Detrás de la aparente propuesta financiera se esconde una maniobra de “phishing”, es decir, robo de identidad y engaño digital para obtener dinero y datos bancarios de las víctimas.

Lo que se conoce es que los delincuentes logran clonar o tomar control de una cuenta de WhatsApp y luego utilizan la lista de contactos para enviar mensajes haciéndose pasar por una persona conocida. En muchos casos aseguran haber cambiado de número y, una vez iniciada la conversación, ofrecen vender dólares a un tipo de cambio muy conveniente dentro del mercado informal.

La confianza que genera recibir el mensaje desde “el perfil de alguien conocido hace que muchas personas continúen la charla” y acepten avanzar con la operación. Y es allí cuando comienza la estafa.

Los delincuentes solicitan transferencias del dinero de los dólares a cuentas bancarias y es en ese momento en que obtienen información sensible de la víctima. 

En algunos casos, quienes caen en el engaño no solo pierden el dinero transferido, sino que también terminan aportando datos de sus propias cuentas, que luego son vaciadas por los estafadores.

Como en otros casos, se debe desconfiar de este tipo de ofertas, incluso cuando provienen de contactos conocidos, y verificar siempre por otro medio la autenticidad de la propuesta. Y fundamentalmente, no compartir datos bancarios, claves ni códigos de verificación enviados por aplicaciones o entidades financieras.

Los ciberdelincuentes insisten con el envío de correos electrónicos que simulan tener origen en el Poder Judicial.

La misma persona que dio a conocer a La Opinión lo ocurrido días pasados, sobre supuestos procesos de ejecución o reclamos salariales inexistentes, ahora fue intimada por una situación en el Fuero de Familia.

El mail fraudulento simula provenir de un supuesto “Sistema de Gestión Judicial” y que buscan engañar a las personas mediante intimidaciones legales falsas.

Los mensajes llegan bajo asuntos como “Cédula de citación en proceso. Vencimiento improrrogable” y contienen referencias a expedientes judiciales, medidas cautelares y presuntas resoluciones de jueces. Además, advierten sobre posibles consecuencias penales si el destinatario no cumple con lo indicado.

En el cuerpo del correo se informa sobre una supuesta “notificación electrónica obligatoria” y se invita a hacer click en enlaces para “consultar la resolución del juez” o descargar documentación judicial. Sin embargo, se trata de una maniobra de ciberestafa destinada a obtener datos personales, instalar software malicioso o acceder a cuentas digitales.

Uno de los elementos que evidencia el fraude es que los mensajes provienen de direcciones de correo extrañas y sin relación con organismos oficiales. En varios casos se han detectado cuentas con dominios internacionales y nombres aleatorios, totalmente ajenos al Poder Judicial argentino.

Además, especialistas remarcan que la Justicia no suele enviar intimaciones de este tipo desde correos genéricos ni solicita información sensible mediante enlaces enviados por mail.

Ante estas situaciones, se recomienda no abrir los vínculos adjuntos, no descargar archivos y eliminar inmediatamente el mensaje. También aconsejan verificar cualquier comunicación judicial únicamente a través de canales oficiales.

En caso de haber ingresado datos personales o bancarios tras recibir uno de estos correos, se sugiere cambiar contraseñas de inmediato, realizar la denuncia ante organismos especializados en ciberdelitos y dar conocer lo ocurrido en el banco.

Una de las recomendaciones sugeridas, frente a mensajes sospechosos, es desconfiar de comunicaciones alarmistas que exigen respuestas urgentes o amenazan con consecuencias legales inmediatas.

El caso del faltante de 40 millones de pesos del Banco Nación que investiga la Justicia Federal fue difundido en los últimos días por la agencia oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Entre las novedades que aparecen allí, además de la imputación y los elementos de prueba que La Opinión reveló en los últimos días, está la confirmación de una medida preventiva sobre los bienes de la tesorera acusada.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el embargo de su vivienda y la inhibición general de bienes mientras se sustancia el proceso penal en contra de la imputada por el delito de peculado.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal federal Matías di Lello analiza "posibles responsabilidades por fallas de control", como las que señalaron las abogadas defensoras de la tesorera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

Aun así, indicaron que "la imputación, por el momento, se dirige exclusivamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica". Además de la causa penal, está en marcha un sumario administrativo en el Banco Nación.

La Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Río Tala emitió una advertencia a la comunidad ante la reiteración de llamados telefónicos con fines de estafa, especialmente durante la madrugada.

Desde la entidad señalaron que este tipo de maniobras delictivas se viene registrando de manera insistente, por lo que recomendaron extremar las medidas de precaución para evitar caer en engaños.

En ese sentido, solicitaron a vecinos y socios no brindar datos personales, bancarios ni códigos de verificación bajo ningún concepto, así como tampoco realizar transferencias o pagos ante pedidos telefónicos sospechosos.

Además, aconsejaron no devolver llamadas provenientes de números desconocidos en horarios inusuales y cortar la comunicación de inmediato ante cualquier duda.

Por último, indicaron que, en caso de recibir este tipo de contactos, se debe dar aviso urgente a la Policía a través de los números 03329-498110 o 03329-425221.

“La prevención es fundamental para evitar este tipo de delitos”, remarcaron desde la cooperativa.

La Fiscalía federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello tiene a su cargo la investigación penal relacionada con el presunta sustracción de alrededor de 40 millones de pesos de la sucursal del Banco Nación San Pedro y que tiene a la entonces tesorera interina como principal imputada.

La causa penal, paralela a un sumario administrativo que también alcanza a quienes al momento de los hechos denunciados eran gerente y contador, tramita en el juzgado federal de Carlos Villafuerte Ruzo y la semana pasada tuvo movimientos importantes.

El fiscal Di Lello tiene 90 días para reunir pruebas, profundizar hipótesis y sumar evidencias a las que ya obran en el expediente para sostener la acusación de presuntas maniobras defraudatorias que configuran el delito de peculado y, eventualmente, ampliarla a quienes hoy aparecen con presuntas responsabilidades de omisión.

Los elementos más relevantes sobre los que trabaja el fiscal están relacionados con videofilmaciones internas de la sucursal San Pedro del Banco Nación en los que aparece la tesorera en situaciones que alimentarían las sospechas que pesan sobre ella.

En el expediente está asentado que un registro de cámaras de seguridad la muestran "dirigiéndose sola al recinto del tesoro" para retirar "una suma de dinero" con la que se dirigió a la zona de carga de los cajeros automáticos, según.

"Luego de buscar una bolsa de nylon, ingresó el dinero en la misma y se retiró de la entidad por la puerta de acceso de personal", dice el expediente, según reveló Infobae, y agrega que "ocultó debajo de su campera la bolsa en la que había colocado los fajos de billetes".

En otra filmación se la ve "ingresando dinero a una bolsa de nylon en su escritorio" el mismo día en que hubo un movimiento de 10 millones de pesos en el tesoro "que no se correspondía con el movimiento físico del dinero".

Además, hay otras videovilmaciones que deberán ser analizadas en profundidad,—puesto que muchas implican gente manipulando fajos de billetes, algo habitual dentro de un banco—,  cotejadas con los movimientos del tesoro y con los testimonios recogidos en la causa.

El sábado, en Sin Galera, las abogadas de la tesorera imputada, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, aseguraron que "las declaraciones" de otros empleados del banco "presentan grandes contradicciones entre sí" y que podrían ser acusados de "falso testomionio".

Sostuvieron que el día del fallo de caja por 40 millones que provocó el sumario administrativo y la causa penal en trámite, "los compañeros la obligaron a firmar" el documento que registraba el faltante, “pero no estaba constadao”, y que "le dijeron que se haga cargo, que salga a buscar la plata que faltaba".

Además, señalaron una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento interno, que implican "un montón de fallas en los controles", como el uso compartido de las claves personales dentro de la entidad. 

La intervención y auditoría en el Banco Nación tras el faltante de una suma millonaria derivó en una investigación judicial, que busca establecer qué ocurrió en la sucursal de San Pedro.

Este sábado, en Sin Galera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, abogadas de la tesorera interina imputada por el presunto faltante de alrededor de 40 millones de pesos, dieron detalles respecto de la causa.

Las letradas confirmaron que “este miércoles fue la audiencia” de formalización de la investigación ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, instancia en la que su defendida declaró por primera vez.

Allí se le imputó el delito de peculado, aunque advirtieron que “todo pareciera porque no existe una trazabilidad precisa” y que “la ausencia de 40 millones de pesos no se pudo determinar”.

Explicaron que “esta audiencia marca un antes y un después”, ya que la imputada explicó el manejo del Banco y "pudo decir lo que realmente pasó”.

En ese sentido, apuntaron a presuntas irregularidades en el funcionamiento interno y dijeron que hay "un montón de fallas en los controles”.

“Las claves eran conocidas por todos y usadas por todos los empleados”, refirieron.

En relación al hecho puntual, sostuvieron que “los compañeros la obligaron a firmar el fallo de caja” y que “le dijeron que se haga cargo, que saliera a buscar la plata que faltaba”.

Las abogadas destacaron que la mujer “hacía 17 años que trabajaba en el Banco" y que "nunca tuvo un problema”,

"Las declaraciones de algunas personas presentan grandes contradicciones entre sí", señalaron.

La causa continuará con nuevas medidas de prueba, mientras la Justicia intenta determinar si existió el faltante y cuáles fueron las responsabilidades dentro del Banco.

En ese marco, el juez dispuso que el fiscal Matías di Lello tiene 90 días para reunir evidencias y profundizar la investigación que, todo indica, deberá concentrarse también en el gerente y el contador de ese momento, quienes junto a la tesorera interina eran los responsables del Tesoro del Banco Nación San Pedro.

Una vecina fue víctima de una estafa telefónica en las últimas horas, luego de recibir un llamado de personas que se hicieron pasar por representantes de una entidad bancaria.

Según relató, “caí en una estafa donde personas se hicieron pasar por gerente del banco”, le dijo la víctima a La Opinión.

Los estafadores le indicaron que registraba un débito mensual de 35 mil pesos y que, para evitar ese cargo, debía contratar un seguro. Durante la comunicación, le ofrecieron una cobertura por un monto mayor, aunque la víctima no aceptó. Sin embargo, en el transcurso de la maniobra, los delincuentes lograron obtener acceso a su teléfono.

A partir de ese momento, comenzaron a pedirle información personal y a consultarle si se encontraba sola o acompañada, mientras el dispositivo presentaba fallas hasta apagarse. Posteriormente, el damnificado constató que había perdido el acceso a su cuenta y que el dinero disponible había sido sustraído.

Tras lo ocurrido, la víctima se dirigió a una entidad bancaria, donde le “bloquearon las tarjetas y detectaron la instalación de una aplicación espía en el celular, la cual fue eliminada”, contó la damnificada. Además, desde la institución le indicaron que no difunda por el momento los datos identificatorios del presunto estafador, pese a que en los movimientos lograron establecer un nombre y un número de CUIT vinculados a la maniobra.

La mujer deberá presentarse el próximo lunes en la comisaría: “Debo radicar la denuncia en la comisaría el lunes y luego presentar los papeles en el banco”, indicó. “El banco me aseguró que me devolverán el dinero robado, a pesar de mi estado emocional, porque es angustiante que te suceda esto. A mí nada me sobra”, agregó.

El caso vuelve a poner en alerta sobre este tipo de estafas, en las que delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias para obtener datos sensibles y con estos acceder a cuentas personales

A su vez, nuevamente quedó en evidencia que no se debe brindar información confidencial, ni instalar aplicaciones a pedido de terceros. Asimismo, en caso de sospecha se debe cortar la comunicación.

Desde el Grupo de Sordos San Pedro alertaron sobre una persona que se encuentra pidiendo dinero y transferencias bancarías en nombre de la comunidad. 

“Piden plata. Es un engaño, van casa por casa. Nosotros no pedimos plata”, informaron este viernes a La Opinión.

Según indicaron, la persona, que fue vista en la zona céntrica de la ciudad, en Mitre y Las Heras, golpea en los domicilios con un papel en mano que indica que es sordo y  trabaja para la comunidad de sordos provincial, nacional e internacional. 

Además, el dinero recaudado estaría destinado a “personas sordas que se encuentran sin trabajo ni comida”. 

Desde el grupo advirtieron sobre la situación para evitar que las personas sean engañadas y hagan aportes a esta persona.

La Justicia ordenó restituir a su propietario la camioneta Chevrolet vinculada a un caso de estafa que tiene como acusado a un empleado municipal del área de Servicios  Sanitarios.

El vehículo estaba en el destacamento de Gobernador Castro, tras ser secuestrado  en Vuelta de Obligado luego de que La Opinión detectara que estaba estacionado en la vía pública en San Pedro.

Franco Esteban, propietario del rodado, confirmó a este medio que la camioneta fue trasladada desde San Pedro hacia Zárate tras 20 días en poder de la Policía, por orden judicial.

Tras las diligencias de rigor entre las fiscalía intervinientes, el vehículo llegó a Zárate, donde fue restituido al titular, que lo había intercambiado por una motocicleta Honda Twister que resultó con documentación apócrifa.

Esteban había puesto a la venta la camioneta y lo contactó por Facebook una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en El Paraíso. Tras el intercambio, al detectar la estafa, empezó la investigación.

Además de radicar la denuncia, investigaron por su cuenta y confirmaron que Tomás Gómez era en realidad Nicolás Vargas, un empleado municipal que además de afrontar la causa penal tiene un sumario administrativo que podría costarle el puesto de trabajo.

La camioneta Chevrolet que Franco Esteban había entregado en un intercambio por una moto Honda Twister apareció finalmente en el partido de San Pedro. En cambio, la historia dista de haber terminado para la víctima de la estafa.

El vehículo permanece secuestrado en el destacamento policial de Gobernador Castro, luego de que datos aportados por La Opinión permitieran establecer que había sido trasladado a tiro por una Nissan roja desde Cabrera al 1000 hacia la localidad de Vuelta de Obligado.

La maniobra que derivó en la causa penal comenzó cuando Esteban acordó cambiar su camioneta por una motocicleta. Del otro lado apareció un hombre luego identificado como el empleado municipal Nicolás Vargas, quien se presentó bajo el nombre falso de “Tomás Gómez, de El Paraíso”, y entregó una documentación adulterada del rodado.

Cuando la víctima descubrió la estafa, la camioneta ya había desaparecido. Esteban volvió a hablar con La Opinión sobre el caso, resaltando que el alivio es parcial: la recuperación definitiva depende ahora de trámites judiciales que avanzan con lentitud.

“Mi señora le mandó un mensaje a Fiscalía. Desde el inicio de la semana nos dijeron que la camioneta estaba secuestrada en el partido de San Pedro y que iban a enviar un oficio para traspasar la causa a la fiscalía de Zárate”, explicó.

Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades. “La chica le iba a mandar un mail nuevamente, porque ella sí les dio unos días, pero todavía no le habían enviado nada. 

Así que, si no le responden, nosotros este vamos a tener que viajar hasta San Pedro para presentarnos y solicitar a la Fiscalía que libre ese oficio para que puedan devolver la camioneta”, relató.

En medio del proceso, el damnificado no ocultó su frustración con el funcionamiento del sistema judicial. “Para nosotros es una experiencia increíble. Todo es tan burocrático, tan lento, tan preocupante. Nada es ágil, nada favorece al damnificado, al ciudadano que trabaja y hace las cosas bien”, lamentó.

“No entiendo por qué en el país en que vivimos está todo hecho tan así. Está todo hecho para cansar a la gente, para no darle respuesta por algo que es increíble. Así son las cosas cuando pasa algo. Lo que sí me quedó claro es que nunca más hay que dejarlo en manos de la Justicia”.

Esteban aseguró que la recuperación del vehículo fue posible gracias a la insistencia de su familia y al seguimiento del caso. “Si lo hubiésemos dejado solo en manos de la Justicia, probablemente no hubiéramos encontrado la camioneta o habría costado muchísimo más”, afirmó.

Mientras tanto, el rodado continúa bajo custodia policial, a la espera de que la Justicia disponga los pasos formales para su restitución. “Así están las cosas en este país”, sentenció.

Un allanamiento realizado en la ciudad en el marco de una investigación por estafa, derivó en la aprehensión de una joven de 24 años tras el hallazgo de estupefacientes en el interior de la vivienda.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal, luego de una serie de tareas investigativas que permitieron establecer la identidad de un sospechoso mayor de edad vinculado a la causa.

Con esos elementos, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial San Nicolás. El operativo se concretó en una vivienda ubicada en un pasillo del barrio 2 de Abril, donde se presumía que podría encontrarse el imputado.

Sin embargo, al ingresar al domicilio los efectivos no lograron dar con el hombre buscado ni encontraron elementos vinculados directamente con la investigación por estafa.

En cambio, durante la requisa del inmueble, los policías detectaron que la moradora del lugar, una joven de 24 años, ocultaba entre sus pertenencias varias bochas que contenían clorhidrato de cocaína, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

Ante esta situación se dio intervención a la Fiscalía Nº 11, que avaló lo actuado y dispuso que la mujer sea notificada de la formación de causa por infracción a la Ley de Drogas Nº 23.737, quedando a disposición de la Justicia.

El jueves pasado, La Opinión halló en la vía pública la camioneta Chevrolet cuyo intercambio por una moto Honda Twister fue denunciado en la Justicia y forma parte de una causa penal por estafa que involucra a un empleado municipal.

Franco Esteban, dueño de la camioneta y estafado por una persona identificada como Nicolás Vargas, que se hizo pasar por "Tomás Gómez, de El Paraíso" y le entregó documentación falsa de la moto, habló este sábado tras el hallazgo y posterior secuestro de la camioneta.

El vehículo está en el destacamento policial de Gobernador Castro, donde la policía lo llevo luego de que los datos aportados por La Opinión permitieran establecer que la camioneta había sido llevada de tiro desde Cabrera al 1000 hacia Vuelta de Obligado por una Nissan roja.

Franco contó que en Zárate había vivido una situación similar a la que reveló La Opinión: la camioneta estaba en un lugar, pero la policía demoraba para llegar a constatar que se trataba de la que tenía orden de secuestro.

"Llamamos durante 35 minutos a la comisaría de Zárate y nunca llegaron. Estaba la persona entregando la carpeta de la camioneta para ser transferida", contó.

"Uno no encuentra explicación de por qué tardan tanto en hacer lo que tienen que hacer", se quejó Franco, que espera ahora que la Justicia ordene el traslado del vehículo hacia Zárate para que se lo restituyan.

"Es una experiencia increíble lo que pasamos con este hecho", dijo Franco.

"Nos dirigimos a la Fiscalía de Zárate, pero como no tienen notificación formal de la de San Pedro no pueden tomar actuaciones de ningún tipo, tienen que esperar a ser notificados para que hagan el traslado", explicó.

Franco aseguró que si esa notificación no llega el lunes, se presentará personalmente para hacer los trámites que correspondan. "Como hicimos todo este tiempo, que anduvimos detrás de todo", señaló.

Es que él y su esposa fueron los que se ocuparon de todo. Al iniciar el trámite para transferir la moto, detectaron que la documentación era falsa y que tenía la numeración adulterada. Allí empezaron una investigación propia.

Su tarea, paralela a la oficial, permitió establecer que quien los había estafado no era un tal Tomás Gómez, de El Paraíso, sino en realidad Nicolás Vargas, empleado municipal del área de Servicios Sanitarios de San Pedro.

La policía secuestró la camioneta Chevrolet que forma parte de una causa por estafa que involucra a un empleado municipal y la Justicia imputó a su tenedor por el delito de encubrimiento.

Identificado como Ismael Gustavo Trelles, de 58 años, fue abordado por efectivos policiales del destacamento de Gobernador Castro en la zona de calle Río Paraná al 600, de Vuelta de Obligado, lugar donde reside y donde la policía lo allanó en noviembre del año pasado en el marco de una causa por abuso sexual.

Trelles había trasladado la Chevrolet de tiro, con una Nissan roja desde la zona de Pedro Cabrera al 1000, donde La Opinión había detectado la presencia de la camioneta, que había sido llevada a ese lugar alrededor de las 3.00 de la madrugada.

La Chevrolet tenía pedido de secuestro activo en el marco de la causa penal que comenzó cuando Franco Esteban y su esposa radicaron la denuncia ante la Ayudantía Fiscal n.° 5 de Lima, dependiente del Departamento Judicial Zárate.

En la causa aparece denunciado un empleado municipal de Servicios Sanitarios identificado como Nicolás Vargas, acusado de ser quien se hizo pasar por Tomás Gómez, oriundo de El Paraíso, para el intercambio de la camioneta por una moto Honda Twister que tenía documentación falsa y numeración adulterada.

Personal policial del destacamento de Gobernador Castro secuestró en la localidad de Vuelta de Obligado la camioneta Chevrolet que un vecino de Zárate intercambió con un empleado municipal que está acusado de estafa por haber entregado una moto Honda Twister con documentación falsa y numeración adulterada.

La camioneta fue hallada por La Opinión en Pedro Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, estacionada en la vía pública. Allí había llegado en horas de la madrugada, sin que ningún vecino supiera de quién era.

Cuando la policía llegó tras el hallazgo de La Opinión, el vehículo ya no estaba. En horas del mediodía, una camioneta Nissan roja se la llevó de tiro. 

Con los datos de la patente, la policía logró establecer que la Nissan es propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado y que en noviembre del año pasado fue allanado en su casa por un caso de abuso sexual contra una menor de edad.

El sujeto y la Chevrolet eran trasladados al destacamento de Gobernador Castro para las notificaciones de rigor. Luego, la camioneta quedará a disposición de la Fiscalía n.° 5 de Zárate, que interviene en el caso.

Franco Esteban, vecino de Zárate, había puesto a la venta la Chevrolet y apareció por Facebook un ofrecimiento para intercambiar una moto Honda Twister. Accedió a la propuesta y se encontró con una persona en la estación de servicio Puma de la ruta 9, a la altura de Baradero.

Allí hicieron el intercambio. A Esteban le dieron la moto y una carpeta con documentación. Cuando fue a tramitar la transferencia, notaron que los papeles eran falsificados y que el rodado tenía la numeración adulterada.

Además, Esteban confirmó que la persona con la que hizo el intercambio no era Tomás Gómez de la localidad de El Paraíso, como le  había dicho, sino que se llamaba Nicolás Vargas, un empleado municipal del área de Servicios Sanitarios en San Pedro.

La camioneta Chevrolet que fue objeto de una denuncia por estafa que involucra a un empleado municipal fue hallada por La Opinión en la vía pública.

En la zona de calle Pedro Cabrera al 1000, una camioneta de características muy similares llamó la atención y este medio confirmó con la víctima del delito que se trata del mismo vehículo.

La policía estaba al tanto de la situación, pero no llegaron a intervenir porque la Chevrolet fue trasladada de tiro por una Nissan roja que sería propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado.

"Es esa. Las barandas se las fabriqué yo, que me dedico a hacer herrería, se las había puesto unos días antes", dijo Franco Esteban, quien radicó la denuncia por la situación en la Fiscalía n.° 5 de Zárate.

La policía fue informada de la situación y se esperaban las actuaciones correspondientes para certificar que, como dijo Esteban, esa camioneta estacionada en Cabrera al 1000 es la que él cambió por una moto que resultó con documentación apócrifa.

El intercambio comercial fue entre Franco Esteban y un empleado municipal que reviste en la Dirección de Servicios Sanitarios, identificado en la denuncia como Nicolás Vargas.

Al momento de la negociación, Vargas le dijo que era oriundo de El Paraíso y se identificó como Tomás Gómez para la firma del boleto de compraventa que suscribieron ambos.

Cuando Esteban fue a tramitar la transferencia, en el organismo público correspondiente detectaron que la documentación era falsa y que la numeración de la Honda Twister estaba adulterada.

Tras radicar la denuncia, la camioneta quedó enmarcada en la causa penal con pedido de secuestro activo solicitado por la Fiscalía interviniente en el caso.

La Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (CoopSer) alertó a la comunidad por intentos de estafa realizados a través de teléfonos celulares.

Ante esta situación, recordó que nunca solicita datos personales ni transferencias de dinero, ni mediante mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o comunicaciones que utilicen su imagen institucional.

Desde CoopSer remarcaron la importancia de no responder, no compartir información personal ni realizar pagos a personas que se presenten como integrantes de la entidad, aunque utilicen logos oficiales o imágenes vinculadas a la Cooperativa como perfil.

Asimismo, recomendaron extremar las precauciones, bloquear los números desde los cuales se reciban estos mensajes y realizar la denuncia correspondiente en caso de haber sido contactados o damnificados.

La advertencia se suma a otros episodios similares registrados en los últimos meses, en los que estafadores utilizan identidades institucionales para intentar engañar a usuarios y vecinos.

Alertaron la presencia de una mujer que utiliza comprobantes de transferencias falsos y estafa a comerciantes. 

La situación fue notificada por los dueños de un kiosco, que notaron que una persona había fingía abonar los elementos que compraba. 

Los damnificados informaron a La Opinión que la mujer “iba a comprar todos los días” y que les mostraba “siempre el mismo comprobante”. 

“Lo hizo durante todo un mes, perdimos más de cien mil pesos en total”, explicó una de las víctimas.  

Tras alertar la maniobra fraudulenta, los comerciantes confrontaron a la estafadora y la retuvieron hasta el arribo de la policía. 

Personal policial demoró a la acusada, de 30 años, y la trasladó hacia la Comisaría, donde fue notificada de la formación de una causa por el delito de estafa, que ahora quedará a manos de la Justicia.