Las empresas que en todo el país le vendieron productos a Jorge Eduardo Mazzetto y Agronomía Don Francisco siguen en busca del estafador que les entregó cheques de pago diferido que resultaron sin fondos.

Al 30 de junio, el registro de cheques rechazados por falta de fondos del Banco Central da cuentas de que la estafa sigue creciendo en miles de millones de pesos y seguirá acumulando deuda, porque hay quienes tienen documentos para cobrar en septiembre.

Hasta fin del último mes son 332 los cheques rechazados de Mazzetto y suman 2.860.763.778,29 pesos. Esos casi 3 mil millones quedaron "colgados" en diversos puntos del país, incluido San Pedro, donde el estafador había alquilado un galpón para la mercadería que compraba.

El 30 de junio fueron rechazados 10 cheques con montos que van de los 6 a los 9,5 millones de pesos. En la semana previa habían vencido otros seis. Los del mes pasado son 135 de los 332 que, en total, quedaron sin cobrar.

Corresponden a emisiones de las entidades bancarias Banco de Galicia, Credicoop, Macro, BBVA, Banco del Sol, Patagonia y Credicuotas Consumo S. A.

Jorge Eduardo Mazzetto compró herramientas en una distribuidora de ferreterías de Rosario, maquinaria rural en al menos dos empresas de Arrecifes, semillas, fertilizantes, tierra y otros productos agrícolas.

Al galpón que alquiló en la zona industrial de calle Frers, a cuyo propietario también estafó, llegaban además cubiertas, productos de una reconocida empresa de electrodomésticos, tambores de aceite, entre otros.

Tras permanecer en ese depósito, eran trasladados por camiones de empresas de transporte, con remito oficial, domicilio y "todo legal" a otros galpones en la zona de Merlo, Moreno, Luján, General Rodríguez.

En cada lugar, nadie sabe nada de Mazzetto. Las titulares de una empresa de Rafaela fueron hasta el domicilio legal que figura en los registros, en la ciudad de Ituzaingó. Allí las atendió una mujer que dijo que era su exesposa y que no tenía contacto con él desde que se separaron.

La Justicia investiga un caso de presunta estafa denunciado por un joven con discapacidad que acusó a su novia de sacar un crédito a su nombre sin autorización.

La policía tomó intervención cuando ambos requirieron un patrullero en la vía pública, que los trasladó a la Comisaría para dejar asentado el asunto.

En la dependencia policial, el joven de 22 años radicó la denuncia penal correspondiente por estafa y acusó a su novia de obtener un crédito personal a su nombre para comprar una moto 125 cc y un teléfono celular.

La adolescente, por su parte, que también había sido trasladada a la Comisaría, fue notificada de la imputación formal por el delito de estafa y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, que interviene en la causa en trámite, dispuso la entrega a sus progenitores, mientras avanza en el proceso para esclarecer la acusación.

Una vecina de San Pedro alertó sobre una modalidad de  estafa que utiliza el nombre de Arcor para captar personas interesadas en conseguir trabajo y luego solicitarles dinero con la promesa de gestionar un carnet de manipulación de alimentos.

Esta sería la condición fundamental para poder acceder a una de las vacantes prometidas.

Según relató a La Opinión, la maniobra comienza con la difusión de una oferta laboral atribuida a la empresa. Tras enviar un correo electrónico, los interesados reciben un número telefónico local para continuar con el proceso de selección de personal.

La denunciante explicó que durante esa comunicación le informaron que debía contar con el carnet de manipulación de alimentos para avanzar con la postulación. 

Ante la consulta sobre cómo obtenerlo, le facilitaron otro número telefónico, también con característica de San Pedro, desde donde le ofrecieron tramitar el documento.

La situación despertó sospechas cuando le aseguraron que el carnet estaría listo en solo 24 horas y que debía abonar 28 mil pesos mediante una transferencia bancaria o depósito a un CBU que le proporcionaban en ese momento.

"Me di cuenta de que era una estafa cuando me dijeron que el carnet estaba listo en 24 horas. Tengo entendido que para obtenerlo hay que realizar un curso, por lo que me resultó imposible que pudiera emitirse en ese plazo", explicó la vecina.

Además, señaló que el objetivo del engaño sería obtener el dinero de las personas que buscan empleo aprovechando la necesidad laboral y la confianza que genera el nombre de una empresa reconocida.

Por su parte, Arcor advirtió sobre estas estafas que utilizan su nombre. A través de un comunicado alertó sobre distintas maniobras fraudulentas que utilizan su nombre para engañar a las personas. 

Según informó, las estafas suelen difundirse a través de páginas web falsas, mensajes de WhatsApp, llamados telefónicos y perfiles apócrifos en redes sociales.

La compañía aclaró que “nunca solicita datos bancarios, claves personales ni dinero para participar en promociones, reclamar premios o acceder a ofertas laborales”. 

Además, remarcó que "todas sus promociones, concursos, búsquedas de personal y comunicaciones oficiales se realizan exclusivamente a través de sus canales institucionales".

Arcor advirtió sobre cuentas falsas que se hacen pasar por su servicio de atención al consumidor para contactar a usuarios mediante mensajes privados y obtener información personal. 

En ese sentido, recordó que “únicamente se comunica con personas que hayan iniciado previamente un reclamo por los canales oficiales”.

Una vecina de San Pedro estuvo a punto de convertirse en víctima de una estafa telefónica que utilizó una modalidad poco habitual, pero cada vez más frecuente dentro de las distintas variantes de engaños virtuales.

La rápida reacción de la familia permitió detectar la maniobra antes de que los delincuentes pudieran obtener información personal.

Todo comenzó con un mensaje recibido a través de WhatsApp. Del otro lado, una persona afirmaba ser su hijo y escribía: "Hola, mami, ¿estás? Agendame con este número que se me rompió el celu".

Aunque el mensaje buscaba transmitir naturalidad para generar confianza, la mujer advirtió que algo no cerraba y decidió no responder.

Mientras tanto, su esposo se comunicó de inmediato con su hijo al número que siempre utilizó, quien atendió y confirmó que nunca había cambiado de teléfono ni enviado ese mensaje.

Luego, el joven se ocupó de comunicarse con el mensajero, pero nadie respondió, lo que incrementó la sospecha de que el delito estaba latente.

Gracias a esa verificación, la familia logró evitar lo que podría haber sido una maniobra destinada a obtener datos personales, solicitar dinero o iniciar una conversación con fines delictivos.

El caso del empresario que se presentaba como "de San Pedro" y que dejó un verdadero "tendal" de cheques rechazados por falta de fondos sigue sumando damnificados.

En los últimos días aparecieron empresas vinculadas a la actividad agrícola radicadas en la provincia de Córdoba que también fueron estafadas por Jorge Eduardo Mazzetto y la firma Agronomía Don Francisco.

En esa región del país son varias las compañías que le vendieron con cheques de plazo diferido y que no cobraron porque fueron rechazados por no tener fondos.

Entre ellas hay empresas que tienen cheques con fecha de septiembre, por lo que todo indica que el volumen de la estafa perpetrada crecerá con el correr de las semanas.

De hecho, ya ocurrió: si la semana pasada la central de cheques rechazados del Banco Central registraba un monto de 2.200 millones de pesos, este martes ya muestra un total de 2.456 millones.

Los cheques corresponden a cinco bancos: BBVA, Crediccop, Galicia y Macro. Son 282, 20 más que los que figuraban hasta la semana pasada.

En Santa Fe, al distribuidor de artículos de ferretería de Rosario al que le quedó debiendo 17 millones de pesos se sumó otro comerciante de Funes, que quedó "colgado" con 18 millones, y una empresa familiar de Rafaela.

Hay dos compañías de maquinaria agrícola de Arrecifes que también sufrieron la estafa de Mazzetto: Barulli le entregó en Las Armas un cabezal girasolero y Jacto le llevó a Luján una pulverizadora. Ninguno cobró.

También hay una firma semillera a la que "enganchó" por 65 mil dólares y al galpón que alquiló en San Pedro, y que tampoco pagó, llegó hasta un camión de una reconocida cadena de electrodomésticos.

A medida que pasan los días y las noticias comienzan a circular, aparecen más damnificados. Muchos de ellos ya se contactaron entre sí para iniciar acciones legales en conjunto. Mientras tanto, de Jorge Eduardo Mazzetto, nadie sabe nada.

La estafa millonaria que involucra a un empresario identificado como Jorge Eduardo Mazzetto, a quienes la mayoría de sus damnificados señalan como "de San Pedro" porque así se presentaba, tiene una gran cantidad de víctimas en todo el país.

Según los registros del Banco Central, Mazetto tiene más de 2200 millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos, con los que compró una gran cantidad de mercadería cuyos vendedores nunca cobraron.

Mazzetto se presentaba como propietario de una empresa denominada Agronomía Don Francisco. A esos nombres llegaban las facturas y los remitos de todo lo que compraba, que era trasladado desde el lugar de origen a San Pedro, aunque también a otros domicilios del conurbano.

En la ciudad había alquilado un galpón ubicado en Frers al 2800, en la denominada zona industrial. Hizo un contrato a través de un escribano público y, como hizo en cada operación, entregó cheques de pago diferido. El primero lo cobraron, el resto quedó colgado.

Le habían alquilado espacio para depósito de alrededor de 20 pallets. Todo el tiempo llegaba mercadería a su nombre, que luego era trasladada a otro lugar. Siempre bajo registro legal: facturas, remitos, direcciones comprobables.

La mercadería que compraba duraba poco en San Pedro. Generalmente, así como llegaba se iba, a los pocos días a otros galpones en diversas ciudades, donde tampoco quedó nada.

 Usualmente era semillas, tierra, cosas relacionadas con la actividad agraria.  También llegaron a ese galpón las herramientas de los distribuidores ferreteros Suárez, de Rosario, que denunciaron un "clavo" de 17 millones de pesos.

El jueves 14 de mayo llegó el último envío. El viernes, día en el que empezaron a rechazarle los cheques por sumas millonarias, un camión de una empresa de transporte llegó al galpón con la orden de llevarse todo lo que había de Mazzetto.

Al lunes siguiente fueron rechazados casi 50 cheques más. Nadie atendía los teléfonos. Ninguno de los cuatro números, dos de San Pedro y dos de Buenos Aires. Ya no estaban en WhatsApp. La web había sido dada de baja. Desaparecieron.

Los envíos llegaban de a tres, seis o diez pallets. Semilla, tierra, tambores de aceite, herramientas, cubiertas. Entre los que reclaman habría una empresa semillera a la estafó en alrededor de 65 mil dólares. Incluso habría una reconocida cadena de electrodomésticos que bajó cosas en San Pedro.

A los pocos días, como se dijo, movían todo a otro lado. Llegaban camiones de transporte y con remito en mano trasladaban todo a domicilios de Luján, Tortuguitas, Moreno, Merlo. De todos esos lugares también desaparecieron.

Incluso hubo quienes lo fueron a buscar al domicilio legal que aparece ligado a su cuit, en Ituzaingó. Allí atendió la esposa, que dijo que hacía un año que se habían separado y no tenía ni idea de dónde podía estar ni que hace Mazzetto.

Los cheques rechazados corresponden a cuatro entidades bancarias. Los que figuran hasta el momento son 262 y fueron emitidos con fecha de pago entre el 18 de mayo y el 8 de junio por montos que van de los 250 mil pesos a los 18 millones. Suman, en total y por ahora, más de 2200 millones de pesos.

En la zona, además del dueño del galpón de San Pedro, hay al menos dos empresas de maquinaria agrícola damnificadaas. Una le entregó en Luján una pulverizadora nueva. La otra llevó un cabezal girasolero de un año de antigüedad a la localidad de Las Armas. Ninguno cobró.

Una estafa millonaria denunciada en las últimas horas en diversos puntos del país apunta a una empresa que se había radicado en San Pedro, que tiene más de 2 mil millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos, según los registros del Banco Central.

El empresario, identificado como Jorge Eduardo Mazzetto, tiene domicilio legal en el gran Buenos Aires.. La empresa aparece en las facturas como Agronomía Don Francisco.  Todos los damnificados lo identifican como “de San Pedro”. Así se presentaba.

En esta ciudad alquiló un galpón en Frers al 2800, a cuyo propietario también le entregó cheques “voladores”. Allí llegaba mercadería con remito oficial proveniente de empresas diversos puntos del país. Luego, esas cosas eran trasladadas a otros lugares.  

Ahora lo que llegan son reclamos, porque nadie puede cobrar los cheques de Mazzetto.

En un informe publicado por Telefé Rosario, desde la cadena Ferreterías Suárez, contaron que una empresa de San Pedro le había dejado 17 millones de pesos en cheques sin levantar.

Manuel Suárez, uno de los propietarios de esas ferreterías, contó a La Opinión que la empresa Agronomía Don Francisco, con Jorge Eduardo Mazzettocomo responsable, compró una gran cantidad de artículos a su comercio, que pagó con cheques que resultaron sin fondos.

Con domicilio en ese galpón de calle Frers, la denominada zona industrial de San Pedro, Mazzetto comenzó a comprar elementos de ferretería en abril. Fueron tres compras por un total de 17 millones de pesos.

La primera factura fue de 7 millones. Eran una gran cantidad de herramientas, con montos desde 19 mil a más de 600 mil pesos. Los hermanos Suárez viajaron a San Pedro a traer la mercadería, por las dudas, para asegurarse de que no había nada raro.

Aunque finalmente algo raro había. Pero ese día no lo notaron. Al llegar al lugar encontraron una nave montada, recepcionistas amables, un Clark que descargaba mercadería, un movimiento que los dejó tranquilos.

Ahora cree que "tenían todo montado para la estafa, estaba todo preparado". Cuando llegó la hora de cobrar los cheques se dieron cuenta. 

"Según lo que nos dijeron, fueron un viernes a la noche y levantaron todo", contó Suárez.

En su negocio, los Suárez están acostumbrados a ese tipo de trato comercial. Siempre, por las dudas, tratan de confirmar que el cliente cumpla con ciertos requisitos.

Estaban dados: historial del banco, una razón social registrada, un galpón físico con personal a cargo, maquinaria, toda la estructura. Pero los pagos no impactaron nunca.

Cuando los cheques rebotaron hubo una comunicación telefónica. La última. Les pidieron unos días. Desde allí, desaparecieron. La página web no existe más, los teléfonos no responden, en el lugar que habían alquilado ya no están y el dueño, que también fue estafado con cheques, tampoco se puede comunicar.

Tras la nota en Telefé Rosario, a Suárez lo llamó una empresa de Funes, en el Gran Rosario, a quien Mazzetto"clavó" en 18 millones de pesos.

En Arrecifes hay al menos dos empresas de maquinaria agrícola que tienen cheques rechazados de Mazzetto. 

Una es Jacto Argentina, que le vendió una pulverizadora. La otra, Barulli Maquinarias, que le entregó un cabezal girasolero.

"Nos comimos un perno", dijo el representante de Barulli en redes sociales. "El señor Jorge Eduardo Mazzetto se llevó un girasolero Maizco, de 21 a 52, mecánico, año 2025, impecable, y nos dejó con la rosca bostezando", agregó.

En el video difundido para solicitar colaboración para dar con el estafador, señalan que "cayeron muchos particulares, comerciantes y fábricas", como Jacto, que busca "un pulverizador Advance 3000, de arrastre, nuevo" que vieron por última vez en Luján.

El cabezal girasolero de Barulli fue entregado en el pequeño pueblo rural de Las Armas, partido de Maipú, a alrededor de 100 kilómetros de Mar del Plata. Hace casi un mes que buscan a Mazzetto, sin novedades.

Los damnificados intentan contactarse con otros que hayan sufrido la estafa por parte de Mazzetto, porque buscarán perseguirlo judicialmente en conjunto. Por lo pronto, nadie sabe nada de él. 

Un total de 358 cheques continúan descubiertos por la entidad bancaria que operaba el Frigorífico Mariano Acosta, todos ellos firmados por el contador sampedrino José Benseny, en el marco de una operatoria que derivó en un fuerte perjuicio económico para distintos actores del sector.

Según informó el periodista especializado en agroindustria y editor del portal Bichos de Campo, Matías Longoni, la deuda generada asciende a unos 4.000 millones de pesos y, hasta el momento, permanece prácticamente impaga. El principal afectado sería un productor de la localidad de Rojas, Carlos Laborde.

De acuerdo a un informe oficial, solo dos cheques fueron levantados por un total de 5.194.605 pesos. Sin embargo, aún resta cubrir la suma de 3.999.896.660,97 pesos, lo que implica que apenas se canceló el 0,56 % del total adeudado.

El frigorífico había sido inaugurado en mayo de 2024 bajo la figura de una cooperativa de trabajo, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. En ese momento, el emprendimiento fue presentado como “un modelo de desarrollo productivo y economía social”.

No obstante, con el correr de los meses comenzaron a surgir irregularidades. Entre ellas, la utilización de matrículas prestadas o irregulares para la compra de hacienda, además de las ventajas operativas que brinda el formato cooperativo, que en algunos casos permite reducir cargas impositivas y controles.

Los cheques sin fondo firmados por Benseny -contador del Sindicato de la Carne y administrador del frigorífico- terminaron configurando una trama compleja que afectó a distintos eslabones de la cadena de comercialización ganadera, particularmente a quienes vendían animales para faena.

Por ahora, el fraude aparece consumado porque, según los registros disponibles en el Banco Central, la situación continúa sin resolverse.

La denuncia fue impulsada inicialmente por Laborde, quien advirtió la irregularidad al detectar que “llovían los cheques rechazados”.

La Justicia ordenó restituir a su propietario la camioneta Chevrolet vinculada a un caso de estafa que tiene como acusado a un empleado municipal del área de Servicios  Sanitarios.

El vehículo estaba en el destacamento de Gobernador Castro, tras ser secuestrado  en Vuelta de Obligado luego de que La Opinión detectara que estaba estacionado en la vía pública en San Pedro.

Franco Esteban, propietario del rodado, confirmó a este medio que la camioneta fue trasladada desde San Pedro hacia Zárate tras 20 días en poder de la Policía, por orden judicial.

Tras las diligencias de rigor entre las fiscalía intervinientes, el vehículo llegó a Zárate, donde fue restituido al titular, que lo había intercambiado por una motocicleta Honda Twister que resultó con documentación apócrifa.

Esteban había puesto a la venta la camioneta y lo contactó por Facebook una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en El Paraíso. Tras el intercambio, al detectar la estafa, empezó la investigación.

Además de radicar la denuncia, investigaron por su cuenta y confirmaron que Tomás Gómez era en realidad Nicolás Vargas, un empleado municipal que además de afrontar la causa penal tiene un sumario administrativo que podría costarle el puesto de trabajo.

La Municipalidad inició sumario administrativo al empleado municipal involucrado en la estafa que denunció un vecino de Zárate, quien intercambió una camioneta Chevrolet por una moto que resultó con documentación falsificada.

Identificado como Nicolás Vargas, trabajador del área de Servicios Sanitarios en la Secretaría de Servicios Públicos, está señalado en la causa como el responsable principal de la situación.

Franco Esteban y su esposa denunciaron que al intentar transferir la moto Honda Twister por la que habían intercambiado su camioneta detectaron que la documentación que les entregaron era apócrifa.

El negocio lo hicieron con una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en la localidad de El Paraíso. Todo era falso, confirmaron después. Una investigación propia les permitió establecer que esa persona era Nicolás Vargas.

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta inició el sumario administrativo de oficio al tomar conocimiento de la situación a través de las publicaciones de La Opinión, tras lo que se contactó con los denunciantes y accedió a la causa penal en trámite.

Ahora, mientras la Justicia investiga los delitos en los que Vargas podría haber incurrido en el caso, la Municipalidad instruye su propia pesquisa, lo que le podría costar el puesto de trabajo al involucrado.

Por su parte, Franco Esteban aguarda que la Justicia le restituya la camioneta, que está secuestrada en el destacamento de Gobernador Castro, donde fue trasladada desde Vuelta de Obligado.

Allí llegó luego de que La Opinión la detectó estacionada en la zona de Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, donde una camioneta Nissan roja la había llevado de tiro para luego trasladarla  al paraje histórico.

El jueves pasado, La Opinión halló en la vía pública la camioneta Chevrolet cuyo intercambio por una moto Honda Twister fue denunciado en la Justicia y forma parte de una causa penal por estafa que involucra a un empleado municipal.

Franco Esteban, dueño de la camioneta y estafado por una persona identificada como Nicolás Vargas, que se hizo pasar por "Tomás Gómez, de El Paraíso" y le entregó documentación falsa de la moto, habló este sábado tras el hallazgo y posterior secuestro de la camioneta.

El vehículo está en el destacamento policial de Gobernador Castro, donde la policía lo llevo luego de que los datos aportados por La Opinión permitieran establecer que la camioneta había sido llevada de tiro desde Cabrera al 1000 hacia Vuelta de Obligado por una Nissan roja.

Franco contó que en Zárate había vivido una situación similar a la que reveló La Opinión: la camioneta estaba en un lugar, pero la policía demoraba para llegar a constatar que se trataba de la que tenía orden de secuestro.

"Llamamos durante 35 minutos a la comisaría de Zárate y nunca llegaron. Estaba la persona entregando la carpeta de la camioneta para ser transferida", contó.

"Uno no encuentra explicación de por qué tardan tanto en hacer lo que tienen que hacer", se quejó Franco, que espera ahora que la Justicia ordene el traslado del vehículo hacia Zárate para que se lo restituyan.

"Es una experiencia increíble lo que pasamos con este hecho", dijo Franco.

"Nos dirigimos a la Fiscalía de Zárate, pero como no tienen notificación formal de la de San Pedro no pueden tomar actuaciones de ningún tipo, tienen que esperar a ser notificados para que hagan el traslado", explicó.

Franco aseguró que si esa notificación no llega el lunes, se presentará personalmente para hacer los trámites que correspondan. "Como hicimos todo este tiempo, que anduvimos detrás de todo", señaló.

Es que él y su esposa fueron los que se ocuparon de todo. Al iniciar el trámite para transferir la moto, detectaron que la documentación era falsa y que tenía la numeración adulterada. Allí empezaron una investigación propia.

Su tarea, paralela a la oficial, permitió establecer que quien los había estafado no era un tal Tomás Gómez, de El Paraíso, sino en realidad Nicolás Vargas, empleado municipal del área de Servicios Sanitarios de San Pedro.

La policía secuestró la camioneta Chevrolet que forma parte de una causa por estafa que involucra a un empleado municipal y la Justicia imputó a su tenedor por el delito de encubrimiento.

Identificado como Ismael Gustavo Trelles, de 58 años, fue abordado por efectivos policiales del destacamento de Gobernador Castro en la zona de calle Río Paraná al 600, de Vuelta de Obligado, lugar donde reside y donde la policía lo allanó en noviembre del año pasado en el marco de una causa por abuso sexual.

Trelles había trasladado la Chevrolet de tiro, con una Nissan roja desde la zona de Pedro Cabrera al 1000, donde La Opinión había detectado la presencia de la camioneta, que había sido llevada a ese lugar alrededor de las 3.00 de la madrugada.

La Chevrolet tenía pedido de secuestro activo en el marco de la causa penal que comenzó cuando Franco Esteban y su esposa radicaron la denuncia ante la Ayudantía Fiscal n.° 5 de Lima, dependiente del Departamento Judicial Zárate.

En la causa aparece denunciado un empleado municipal de Servicios Sanitarios identificado como Nicolás Vargas, acusado de ser quien se hizo pasar por Tomás Gómez, oriundo de El Paraíso, para el intercambio de la camioneta por una moto Honda Twister que tenía documentación falsa y numeración adulterada.

Personal policial del destacamento de Gobernador Castro secuestró en la localidad de Vuelta de Obligado la camioneta Chevrolet que un vecino de Zárate intercambió con un empleado municipal que está acusado de estafa por haber entregado una moto Honda Twister con documentación falsa y numeración adulterada.

La camioneta fue hallada por La Opinión en Pedro Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, estacionada en la vía pública. Allí había llegado en horas de la madrugada, sin que ningún vecino supiera de quién era.

Cuando la policía llegó tras el hallazgo de La Opinión, el vehículo ya no estaba. En horas del mediodía, una camioneta Nissan roja se la llevó de tiro. 

Con los datos de la patente, la policía logró establecer que la Nissan es propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado y que en noviembre del año pasado fue allanado en su casa por un caso de abuso sexual contra una menor de edad.

El sujeto y la Chevrolet eran trasladados al destacamento de Gobernador Castro para las notificaciones de rigor. Luego, la camioneta quedará a disposición de la Fiscalía n.° 5 de Zárate, que interviene en el caso.

Franco Esteban, vecino de Zárate, había puesto a la venta la Chevrolet y apareció por Facebook un ofrecimiento para intercambiar una moto Honda Twister. Accedió a la propuesta y se encontró con una persona en la estación de servicio Puma de la ruta 9, a la altura de Baradero.

Allí hicieron el intercambio. A Esteban le dieron la moto y una carpeta con documentación. Cuando fue a tramitar la transferencia, notaron que los papeles eran falsificados y que el rodado tenía la numeración adulterada.

Además, Esteban confirmó que la persona con la que hizo el intercambio no era Tomás Gómez de la localidad de El Paraíso, como le  había dicho, sino que se llamaba Nicolás Vargas, un empleado municipal del área de Servicios Sanitarios en San Pedro.

La camioneta Chevrolet que fue objeto de una denuncia por estafa que involucra a un empleado municipal fue hallada por La Opinión en la vía pública.

En la zona de calle Pedro Cabrera al 1000, una camioneta de características muy similares llamó la atención y este medio confirmó con la víctima del delito que se trata del mismo vehículo.

La policía estaba al tanto de la situación, pero no llegaron a intervenir porque la Chevrolet fue trasladada de tiro por una Nissan roja que sería propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado.

"Es esa. Las barandas se las fabriqué yo, que me dedico a hacer herrería, se las había puesto unos días antes", dijo Franco Esteban, quien radicó la denuncia por la situación en la Fiscalía n.° 5 de Zárate.

La policía fue informada de la situación y se esperaban las actuaciones correspondientes para certificar que, como dijo Esteban, esa camioneta estacionada en Cabrera al 1000 es la que él cambió por una moto que resultó con documentación apócrifa.

El intercambio comercial fue entre Franco Esteban y un empleado municipal que reviste en la Dirección de Servicios Sanitarios, identificado en la denuncia como Nicolás Vargas.

Al momento de la negociación, Vargas le dijo que era oriundo de El Paraíso y se identificó como Tomás Gómez para la firma del boleto de compraventa que suscribieron ambos.

Cuando Esteban fue a tramitar la transferencia, en el organismo público correspondiente detectaron que la documentación era falsa y que la numeración de la Honda Twister estaba adulterada.

Tras radicar la denuncia, la camioneta quedó enmarcada en la causa penal con pedido de secuestro activo solicitado por la Fiscalía interviniente en el caso.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitió una alerta dirigida a sus afiliados ante el incremento de intentos de fraude mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y publicaciones falsas en redes sociales.

Según el comunicado oficial, la entidad nunca solicita datos personales ni números de cuentas bancarias, por lo que cualquier requerimiento de este tipo debe considerarse un intento de estafa y no una comunicación legítima de la obra social.

Desde la obra social advirtieron que los engaños detectados adoptan distintas formas, que incluyen:

*Llamadas o mensajes que se hacen pasar por IOMA para pedir información personal o financiera.

*Correos y publicaciones que redireccionan a aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

*Ofertas falsas de sorteos, rifas, medicamentos gratuitos o supuestas solicitudes para renovar la credencial digital.

La entidad insistió en que no realiza sorteos ni pide datos por correo electrónico, y recomendó que los afiliados desconfíen de cualquier comunicación que no provenga de canales oficiales. Asimismo, enfatizó que las gestiones deben realizarse únicamente a través de la app “IOMA Digital”, la página web oficial o en las delegaciones correspondientes.

Para consultas o atención, IOMA recordó que los afiliados pueden comunicarse al 0810-999-4662, el número habilitado por la obra social para atención telefónica.

Un hombre denunció que fue estafado por una persona que, a través de un perfil falso, le intercambió una motocicleta con numeración adulterada. 

Franco Esteban relató en Sin Galera que a fines del mes enero publicó en Facebook la venta de su camioneta Chevrolet y que, entre varias propuestas, recibió la de un joven que decía ser de El Paraíso.

El muchacho ofrecía una Honda Twister 2023, prácticamente nueva, cuyo valor aproximado, seis millones de pesos, coincidía con lo que él pretendía por el vehículo.

“Le pedí que me pasara los papeles. Tenía título, 08, toda la documentación necesaria”, explicó Esteban.

Tras intercambiar información, acordaron encontrarse en la estación de servicio Puma de Baradero para realizar la operación.

Firmaron un boleto de compra y venta y el hombre se identificó como Tomás Gómez.

Esteban entregó la carpeta con la documentación de la camioneta y recibió la moto, pero el inconveniente surgió cuando decidió iniciar la transferencia.

“Cuando voy al gestor me dicen que había inconsistencias”, contó. 

Según le informaron, la moto estaba radicada a nombre de otra persona en la provincia de Santa Fe, la documentación era completamente falsa y la numeración del rodado estaba adulterada.

Ante esa situación, se presentó en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido y solicitó el bloqueo del dominio de la camioneta para impedir que pudiera ser transferida. Para entonces, el supuesto comprador ya lo había bloqueado en redes sociales.

Esteban indicó que, a través del número telefónico, lograron identificar movimientos posteriores y que, al confrontarlo, el estafador intentó mostrarse como una víctima de una maniobra fraudulenta.

"La camioneta tiene pedido de secuestro, no va a poder transferirla jamás", sentenció el damnificado.

A partir de averiguaciones propias, la familia identificó al hombre que habría concretado la maniobra como Nicolás Vargas, quien es empleado municipal en el Corralón de San Pedro, y no residente en El Paraíso, como había manifestado durante la negociación 

El caso ya fue judicializado y la Fiscalía intenta dar con el paradero del vehículo entregado en la operación.

“Si alguien la tiene guardada, que la saque a la calle y se desligue del problema. La camioneta tiene pedido de secuestro y no se podrá transferir”, advirtió Esteban, quien pidió colaboración para localizar el rodado.

El caso del frigorífico Mariano Acosta y los cheques sin fondo firmados por el contador sampedrino José Alejandro Benseny, comienza a sumergirse en una trama cada vez más compleja, con ribetes que generan incertidumbre sobre el rol de algunos protagonistas y el lapso que demandará saber la verdad. Si es que la verdad algún día llega.

Existen datos certeros, pero se puede establecer qué rol cumplió cada uno, quiénes y cuántos son los damnificados, y cuál es la cifra total de la estafa.

La investigación del periodista especializado en agroindustria Matías Longoni, publicada en el sitio Bichos de Campo, reveló un presunto esquema fraudulento millonario que tiene como epicentro al frigorífico cooperativo Mariano Acosta, ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

“Arrancó con la queja de un empresario al cual no le pagaban la hacienda que había entregado al frigorífico, y cuando nos pusimos a averiguar quién era el Mariano Acosta, resulta que se trataba de una cooperativa que inauguró la planta con funcionarios de turno, que montaron su show y que, después de un año y medio, no se sabe si fueron parte de una maniobra pensada para hacer entrar a un montón de gente y clavarlos con cheques sin fondos por 4 mil millones de pesos, que es lo que se emitió de acuerdo a lo que dice el Banco Central desde fines de septiembre, habiendo afectado a productores ganaderos de distintas provincias”.

El denunciante es un conocido productor de la zona de Rojas, Carlos Laborde, que “a raíz de esto también le comenzaron a rechazar los cheques”.

El frigorífico fue inaugurado con fuerte respaldo político en mayo de 2024, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente local Gustavo Menéndez, como un ejemplo de desarrollo productivo y economía social. Sin embargo, poco más de un año después, la cooperativa quedó en el centro de graves denuncias judiciales y comerciales.

“Hay que saber aún si el Gobierno de Kicillof hizo algún aporte, y también hay que averiguar el aporte del municipio, porque existe una extraña ligazón con el peronismo de Merlo, cuya carne faenada se vendió a través de un movimiento ‘Peronismo en Acción’, que dirige Menéndez”, acotó Longoni.

La investigación efectuada fue saber quién está detrás del frigorífico. “El domicilio corresponde a un matadero que funcionó en los años 90 y 2000, que se llamaba ‘Ganadera 2000’, pertenece a Ángel Vitale, un personaje curioso del mundillo de la carne, que incluso se quedó con la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF). En un momento los integrantes se descuidaron, le dejaron los libros cuando era secretario de Cámara, fraguó un acta y se hizo elegir presidente”, expresó en el programa Sin Galera.

“El personaje que es amigo íntimo de Vitale es José Benseny”, dijo Longoni. Benseny es contador de la cooperativa y contador del Sindicato de la Carne, y quien firmó al menos dos de los cheques rechazados por una cifra cercana a los 4000 millones de pesos..

"Hablamos de un frigorífico cooperativo inaugurado con pompas por políticos, involucrado en un fraude millonario con cheques sin fondos”, dijo Longoni a Lili Berardi. "La cooperativa se usó como fachada para evadir impuestos y responsabilidades laborales, beneficiando a empresarios a costa de pequeños productores", señaló.

“La figura cooperativa -continuó-, al evadir impuestos, aportes laborales y controles, logra ventajas económicas indebidas frente a frigoríficos que operan dentro de la ley”, mientras admite que persisten interrogantes sobre “la participación y responsabilidad de funcionarios del Gobierno provincial y municipal de Merlo en el apoyo y habilitación del frigorífico".

La operatoria denunciada consistía en la compra de hacienda a través de matrículas prestadas o irregulares, la faena y posterior venta de la carne, mientras que los productores quedaban impagos al rebotar los cheques emitidos por una cooperativa “que no existe, y que por su figura legal diluye la responsabilidad penal de quien firma los cheques”.

Parte del dinero obtenido, según las sospechas, habría sido reinvertido en la compra de hacienda en efectivo en otras regiones del país, “alimentando un circuito difícil de rastrear”.

La investigación también abre interrogantes sobre el rol del Estado provincial y municipal, tanto en la habilitación como en el respaldo institucional brindado al frigorífico. 

Longoni, que dedicó cuatro notas al tema en Bichos de Campo, cuestionó lo que define una “supuesta ingenuidad pasmosa de los dirigentes políticos”, al menos, que creen que detrás de una cooperativa “todo es sacro, sano y puro”, cuando una iniciativa de estas características no tiene los controles necesarios, aunque remarcó que “será la Justicia la que deba determinar si existieron responsabilidades políticas o administrativas”.

Cuando se habla de carne y cooperativa no es una postal épica de una empresa recuperada por sus trabajadores. 

“Detrás hay un grupo de chantas que en algún momento se pelearon con Laborde, no se sabe quién mejicaneó a quién, que armaron una figura para aprovecharse de todas las ventajas que tiene”. Y aportó: “Benseny tenía un amigo en el Instituto Nacional de Acción y Economía Social (INAES) y allí fraguaron los papeles para quedarse con una cooperativa hecha, a nombre de un carnicero y su familia, que le cedió el control a Benseny y luego el armado de una cooperativa, donde los 70 trabajadores no son dueños”.

Mientras tanto, decenas de productores ganaderos permanecen como damnificados, con fuertes pérdidas económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus explotaciones. La causa ya se encuentra en sede judicial, denunciada por Laborde, y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

La otra realidad, la más penosa, es que existen “productores de a pie que entregaron su hacienda y para ellos es mucha plata”, manifestó en periodista.

Aunque para Longoni es indudable que, “consensuado o no, se trata un defalco. Y sí sé que son bastante sabandijas, que se trata de una maniobra de una banda de tránsfugas”.

El escándalo que se desató tras la difusión de fotos y documentos que apuntaban a una estafa millonaria con la comercialización de ganado tenía un pie en San Pedro. Tal como publicó La Opinión en base a las notas periodísticas del portal Bichos de Campo primero y el diario La Nación después, la situación financiera de Carlos Mario Laborde precipitó los testimonios de productores ganaderos que fueron víctimas de las operaciones comerciales que se investigan en un expediente judicial que dejará un tendal de víctimas.

Cómo se sabe, el negocio de la carne tiene sus particularidades y en este caso, Laborde apuntó a la Cooperativa Familias Argentinas de la que José Alejandro Benseny es el contador y ostenta el cargo de tesorero. En ese frigorífico recuperado e inaugurado con la presencia del Gobernador Axel Kicillof, además de la faena propia y por orden de terceros, funciona también una carnicería social con precios bajos para el barrio y una escuela de formación profesional que es la que dio origen al objeto de la formación de esa entidad que está aprobada por el INAES y está instalada en Mariano Acosta, partido de Merlo donde el intendente Gustavo Menéndez cursa su tercer mandato.

La Opinión & Sin Galera se comunicaron con el contador para solicitarle su versión sobre las publicaciones que escalaron en la opinión pública, sobre todo porque hay damnificados en distintas ciudades y provincias, por cifras que en algunos casos superan los 4000 millones de pesos. 

Si bien Benseny espera la acción de la justicia antes de formular declaraciones públicas ya radicó varias denuncias en Capital Federal y en San Pedro por las amenazas constantes que sufre desde principios de diciembre. Además de la actuación en sede policial quiso asentar su caso en la Fiscalía pero le dijeron “que ahora están de feria”, según sus palabras.

El contenido de la denuncia no incluye el último y más brutal episodio. Ocurrió el día de Navidad cuando llegaron al domicilio en el que se encontraba con su familia y tras reclamarle una deuda le asestaron un golpe en la cara.

Los antecedentes indican que el 2 de Diciembre cerca de las 21 horas, aparecieron en su domicilio tres hombres, a uno de ellos lo identifica por su calvicie como “el pelado”, otro canoso y el tercero un poco más joven para “reclamarle el pago de una supuesta deuda de dinero que, según manifestaban mantendría con Carlos Mario Laborde, titular de la firma CARFRIC S.R.L, con domicilio en la localidad de Rojas” y que tras negarla deuda con Laborde “de existir una deuda, la misma correspondería a la Cooperativa para la cual trabaja, no a su persona”. 

Allí empieza la explicación con la que se defiende Benseny cuando sostiene que Laborde ha utilizado a la Cooperativa como excusa de su debacle financiera; algo que la justicia tardará en probar. 

Aquella noche uno de los sujetos comenzó a manifestar frases intimidatorias tales como: "por tu bien te conviene pagar" (sic)".

Según se indica fueron unos 30 minutos de hostigamiento hasta que uno de los agresores caminó hacia la calle Joaquín V. González donde se subió a una camioneta BMW X3 color gris oscuro.

Esa misma noche pero a las  22:47 horas, recibió un mensaje de audio que decía: "José disculpe la hora mañana al mediodía lo estoy llamando vamos a solucionar por el bien de todos" (sic). 

El 5 de Diciembre entre las 10:29 y 10:44 horas, recibió tres mensajes desde el mismo número que decían: "Buen día José. Estoy de turno hoy. Parece que te hacés el distraído no me boludees trabajo cerca te hago un desastre vení a denunciarme que estoy de turno hoy" (sic). 

Esa tarde a las 19:51 horas, recibió dos mensajes más y por la noche, cerca de las 21:00 horas, recibió nuevamente en su domicilio de calle 9 de Julio la visita del masculino "pelado", quien se identificó como el autor de los mensajes enviados, reiterándole la exigencia del pago de la supuesta deuda con Laborde, manifestando expresiones tales como: "arreglá lo de Laborde, pensá en tu familia". 

El 10 de diciembre a las 11:56 horas, recibió un mensaje que decía "Buen día José,  Laborde ya eligió ir a la Justicia. Ahora se encargarán los abogados". 

En el texto de la exposición José Benseny relató otro episodio en el que refirió que “el pelado” le dijo: "Mirá José, buen día, todo bien. El Pelado te habla, viste que estuve el otro día hablando bien con vos, te sigo hablando bien. Estoy laburando cerca, nos vamos a tener que juntar. No me importa lo del abogado, vos vas a tener que pagar. Vamos a mediar, vas a decir cuánto tenés, qué me ofrecés para terminar bien. Te lo digo por el bien tuyo y de tu familia, no te amenazo, es para evitar problemas" (sic). Luego: "Yo tengo ya impresas todas las copias de los cheques que vos le diste a Laborde. Eso lo tengo yo. No me interesa la Justicia, yo soy la Justicia, así que quédate tranquilo que en cualquier momento nos vemos. Estoy todo el día dando vueltas por San Pedro" (sic).

El domingo 14 de diciembre, siendo aproximadamente las 17:00 horas,  estacionó frente a su domicilio una camioneta Renault Trafic blanca, vidriada, con cortinas azules. Luego, siendo las 18:30 horas, recibió la visita del hombre canoso ya mencionado, quien se movilizaba en un Volkswagen Vento color gris, estacionándolo detrás de la Trafic. Dicha persona manifestó ser el dueño de una empresa de cobranzas, presentándose como "Julio" o "Pancho", quien pidió disculpas por el accionar del masculino apodado "el Pelado", reconociendo que se había excedido en el maltrato. No obstante, volvió a insistir sobre la deuda con Laborde, preguntando dónde se encontraba el dinero y cómo podía abonarse, “reiterando el dicente que la relación comercial era entre CARFRIC SRL y la Cooperativa, y que él no administra ni maneja fondos de la misma”.

El lunes 15 de diciembre, siendo las 18:45 horas, recibió cinco mensajes en su teléfono celular, que decían: "Buenas tardes te vas a seguir haciendo el cínico. Empezá a pagarme. Te voy a hacer explotar maleducado. Se está acabando el cuento, te creés vivo, acá sos muy fácil. Ya te avisé" (sic).

El martes 16 de diciembre, siendo las 22:41 horas, recibió otro mensaje del mismo número que decía: "Viejo, estás vencido. Te voy a arruinar las fiestas" (sic).

Benseny le repitió a la policía que atribuía todas estas amenazas a Carlos Mario Laborde, a quien responsabiliza de haber instigado a personas vinculadas a fuerzas de seguridad para que le exijan el pago de una deuda que  CARFRIC SRL reclama a la Cooperativa de Trabajo Familia SRL, ascendiendo dicha suma a PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 56/100 ($4.160.829.618,56). 

Esa cifra -dice Benseny- corresponde a ochenta y tres (83) facturas presuntamente impagas que acreditó presentando la copia de una carta documento y acusó a Laborde por haber entregado su contacto y datos personales a quienes lo amenazaron.

En ese mismo texto, el contador sampedrino dijo que “teme por su integridad física y la de su pareja, ya que en diversas oportunidades habrían sido seguidos por vehículos desconocidos, desconociendo los motivos”..

Tras esa serie de hechos descriptos en su primer denuncia se desencadenaron todas las repercusiones que pusieron en alerta a decenas de víctimas y damnificados por las maniobras que podrían terminar en una serie de concursos, convocatorias o quiebras que no distan de la lectura política que se le dará a una realidad que podría tener otras intencionalidades cuando se sostenga que la catástrofe financiera puede obedecer al programa económico y no al desvío de una gran cantidad de dinero que hasta el momento nadie parece poder justificar. Una reflexión que obedece a las decenas de situaciones que alguna vez le han tocado investigar a La Opinión & Sin Galera.

Tras la masividad de las noticias y las repercusiones, tal como reportamos, el día de Navidad el propio Laborde apareció en la casa de Benseny y sin intermediarios, lo agredió.

Un importante frigorífico cooperativo ubicado en Mariano Acosta, partido de Merlo, se convirtió en un foco de polémica tras una serie de cheques rechazados por falta de fondos que alcanzan casi 4.000 millones de pesos según datos del Banco Central, que involucra a un contador sampedrino.

La noticia fue volcada a las redes por Bichos de Campo, un reconocido sitio de noticas que acompañan al campo, y que en este caso alude a una actividad que ha tenido consecuencias sobre la ganadería, con productores damnificados.

El frigorífico fue reabierto el 2 de mayo de 2024 con la participación del gobernador Axel Kicillof -la Provincia brindó apoyo- y el intendente Gustavo Menéndez, impulsado por la Cooperativa de Trabajo “Familias Argentinas” para generar empleo y reactivar la producción local. Así se dio a conocer al principio.

Con el correr de los meses, todo lo que brillaba no era la realidad. Comenzaron a surgir anomalías con la compra de animales y la falta de fondos de cheques emitidos por esa Cooperativa a sus proveedores de hacienda.

“La cifra exacta es 3.999.896.660 pesos con 97 centavos, es decir casi 4.000 millones. Corresponde a 358 cheques rechazados por falta de fondos y que fueron girados desde la Cooperativa de Trabajo Familias Argentinas a sus proveedores de hacienda para que trabaje el frigorífico Mariano Acosta, ubicado en Merlo. Los productores que aportaban ganado para esa planta de faena suponen que la ‘estafa’ puede ser todavía mucho mayor y ya han presentado denuncias ante la justicia”, señaló Bichos de Campo.

Dentro de esto surge un nombre conocido en la sociedad sampedrina: José Alejandro Benseny, “un actor clave en la trama, quien actuaba como comprador de hacienda y firmante de esos cheques, rebotados desde fines de septiembre hasta el 1 de diciembre pasado”. Coincide el nombre con una denuncia por amenazas que el propio Benseny radicó el 18 de diciembre en sede policial. Allí se presentó como víctima de sucesivas amenazas y hostigamiento por deudas impagas y alusiones a su familia por una deuda ajena, “vinculada a Carlos Mario Laborde (CARFRIC SRL)”, según indicó en su declaración. Laborde no es un nombre nuevo para ese negocio y está en el centro de la tormenta.

El portal también muestra en una foto al gobernador con Benseny, “quien era el comprador de hacienda para la planta de faena desde su apertura y también quien firmaba los cheques que desde hace tres meses les están rebotando todos los días a los productores”.

¿Cómo llega Benseny a participar en este entramado? Es el contador de la Federación Gremial de Trabajadores de la Carne, sindicato conducido por Alberto Fantini, situación que deja abierta las sospechas sobre la injerencia del gremio, o los gremialistas, en la parte societaria de la planta frigorífica.

Benseny, o la Cooperativa, solo pudo levantar uno de los cientos de cheques rebotados por 1.5 millones de pesos, menos del 0,3 % de la deuda total registrada.

La Cooperativa se declaró víctima de una maniobra externa, pero fuentes judiciales y proveedores sostienen que los pagos se emitieron a nombre de la misma y que la situación puede ser más grave aún.

Mientras tanto, la Justicia comenzó a actuar. Su primer propósito será determinar las responsabilidades penales. Es que aquí existen grandes perjudicados, que son los ganaderos que proveyeron la hacienda para su comercialización, cuyo origen serían provincias norteñas, como Santiago del Estero y Catamarca, además de importantes productores que comercializan en el ex Mercado de Liniers, que se encuentra en Cañuelas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una alerta para desmentir una campaña de “phishing” que busca estafar a los ciudadanos que no emitieron su voto.

Se ha detectado la circulación de un correo electrónico fraudulento, enviado supuestamente desde la dirección multas@gob.ar, que simula provenir de la plataforma Mi Argentina.

El mensaje engañoso informa a los receptores que deben regularizar su situación por no haber concurrido a sufragar y les exige el pago de una multa a través de un enlace malicioso.

La CNE ha sido enfática al señalar que este enlace está diseñado para sustraer datos personales y de los dispositivos de los usuarios.

¿Cuál es el procedimiento correcto para regularizar la situación de aquellos que no votaron?:

Aquellos ciudadanos que no votaron disponen de 60 días hábiles para presentar la documentación correspondiente. En caso contrario, deberán afrontar la multa correspondiente.

Para verificar la situación real y realizar cualquier trámite legítimo, la Cámara Electoral instruye a los ciudadanos a no hacer clic en enlaces sospechosos y, en su lugar, acceder exclusivamente al sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar/

"Informamos que está circulando un correo electrónico falso -multas@gob.ar- que simula ser enviado por Mi Argentina que le informa al ciudadano que debe regularizar su situación y pagar la multa por no haber votado. El mensaje insta a que se ingrese a un enlace que sustrae datos del dispositivo de la persona", indicaron desde la CNE.

¿Por qué "phishing"? Esta es una técnica de ciberdelincuencia que consiste en engañar a las personas para que divulguen información personal y confidencial, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios.

Los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas, como bancos o empresas, mediante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas fraudulentas para que la víctima se dirija directamente a la información y así caer en sitios falsos.