Un total de 358 cheques continúan descubiertos por la entidad bancaria que operaba el Frigorífico Mariano Acosta, todos ellos firmados por el contador sampedrino José Benseny, en el marco de una operatoria que derivó en un fuerte perjuicio económico para distintos actores del sector.

Según informó el periodista especializado en agroindustria y editor del portal Bichos de Campo, Matías Longoni, la deuda generada asciende a unos 4.000 millones de pesos y, hasta el momento, permanece prácticamente impaga. El principal afectado sería un productor de la localidad de Rojas, Carlos Laborde.

De acuerdo a un informe oficial, solo dos cheques fueron levantados por un total de 5.194.605 pesos. Sin embargo, aún resta cubrir la suma de 3.999.896.660,97 pesos, lo que implica que apenas se canceló el 0,56 % del total adeudado.

El frigorífico había sido inaugurado en mayo de 2024 bajo la figura de una cooperativa de trabajo, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. En ese momento, el emprendimiento fue presentado como “un modelo de desarrollo productivo y economía social”.

No obstante, con el correr de los meses comenzaron a surgir irregularidades. Entre ellas, la utilización de matrículas prestadas o irregulares para la compra de hacienda, además de las ventajas operativas que brinda el formato cooperativo, que en algunos casos permite reducir cargas impositivas y controles.

Los cheques sin fondo firmados por Benseny -contador del Sindicato de la Carne y administrador del frigorífico- terminaron configurando una trama compleja que afectó a distintos eslabones de la cadena de comercialización ganadera, particularmente a quienes vendían animales para faena.

Por ahora, el fraude aparece consumado porque, según los registros disponibles en el Banco Central, la situación continúa sin resolverse.

La denuncia fue impulsada inicialmente por Laborde, quien advirtió la irregularidad al detectar que “llovían los cheques rechazados”.

La Justicia ordenó restituir a su propietario la camioneta Chevrolet vinculada a un caso de estafa que tiene como acusado a un empleado municipal del área de Servicios  Sanitarios.

El vehículo estaba en el destacamento de Gobernador Castro, tras ser secuestrado  en Vuelta de Obligado luego de que La Opinión detectara que estaba estacionado en la vía pública en San Pedro.

Franco Esteban, propietario del rodado, confirmó a este medio que la camioneta fue trasladada desde San Pedro hacia Zárate tras 20 días en poder de la Policía, por orden judicial.

Tras las diligencias de rigor entre las fiscalía intervinientes, el vehículo llegó a Zárate, donde fue restituido al titular, que lo había intercambiado por una motocicleta Honda Twister que resultó con documentación apócrifa.

Esteban había puesto a la venta la camioneta y lo contactó por Facebook una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en El Paraíso. Tras el intercambio, al detectar la estafa, empezó la investigación.

Además de radicar la denuncia, investigaron por su cuenta y confirmaron que Tomás Gómez era en realidad Nicolás Vargas, un empleado municipal que además de afrontar la causa penal tiene un sumario administrativo que podría costarle el puesto de trabajo.

La Municipalidad inició sumario administrativo al empleado municipal involucrado en la estafa que denunció un vecino de Zárate, quien intercambió una camioneta Chevrolet por una moto que resultó con documentación falsificada.

Identificado como Nicolás Vargas, trabajador del área de Servicios Sanitarios en la Secretaría de Servicios Públicos, está señalado en la causa como el responsable principal de la situación.

Franco Esteban y su esposa denunciaron que al intentar transferir la moto Honda Twister por la que habían intercambiado su camioneta detectaron que la documentación que les entregaron era apócrifa.

El negocio lo hicieron con una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en la localidad de El Paraíso. Todo era falso, confirmaron después. Una investigación propia les permitió establecer que esa persona era Nicolás Vargas.

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta inició el sumario administrativo de oficio al tomar conocimiento de la situación a través de las publicaciones de La Opinión, tras lo que se contactó con los denunciantes y accedió a la causa penal en trámite.

Ahora, mientras la Justicia investiga los delitos en los que Vargas podría haber incurrido en el caso, la Municipalidad instruye su propia pesquisa, lo que le podría costar el puesto de trabajo al involucrado.

Por su parte, Franco Esteban aguarda que la Justicia le restituya la camioneta, que está secuestrada en el destacamento de Gobernador Castro, donde fue trasladada desde Vuelta de Obligado.

Allí llegó luego de que La Opinión la detectó estacionada en la zona de Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, donde una camioneta Nissan roja la había llevado de tiro para luego trasladarla  al paraje histórico.

El jueves pasado, La Opinión halló en la vía pública la camioneta Chevrolet cuyo intercambio por una moto Honda Twister fue denunciado en la Justicia y forma parte de una causa penal por estafa que involucra a un empleado municipal.

Franco Esteban, dueño de la camioneta y estafado por una persona identificada como Nicolás Vargas, que se hizo pasar por "Tomás Gómez, de El Paraíso" y le entregó documentación falsa de la moto, habló este sábado tras el hallazgo y posterior secuestro de la camioneta.

El vehículo está en el destacamento policial de Gobernador Castro, donde la policía lo llevo luego de que los datos aportados por La Opinión permitieran establecer que la camioneta había sido llevada de tiro desde Cabrera al 1000 hacia Vuelta de Obligado por una Nissan roja.

Franco contó que en Zárate había vivido una situación similar a la que reveló La Opinión: la camioneta estaba en un lugar, pero la policía demoraba para llegar a constatar que se trataba de la que tenía orden de secuestro.

"Llamamos durante 35 minutos a la comisaría de Zárate y nunca llegaron. Estaba la persona entregando la carpeta de la camioneta para ser transferida", contó.

"Uno no encuentra explicación de por qué tardan tanto en hacer lo que tienen que hacer", se quejó Franco, que espera ahora que la Justicia ordene el traslado del vehículo hacia Zárate para que se lo restituyan.

"Es una experiencia increíble lo que pasamos con este hecho", dijo Franco.

"Nos dirigimos a la Fiscalía de Zárate, pero como no tienen notificación formal de la de San Pedro no pueden tomar actuaciones de ningún tipo, tienen que esperar a ser notificados para que hagan el traslado", explicó.

Franco aseguró que si esa notificación no llega el lunes, se presentará personalmente para hacer los trámites que correspondan. "Como hicimos todo este tiempo, que anduvimos detrás de todo", señaló.

Es que él y su esposa fueron los que se ocuparon de todo. Al iniciar el trámite para transferir la moto, detectaron que la documentación era falsa y que tenía la numeración adulterada. Allí empezaron una investigación propia.

Su tarea, paralela a la oficial, permitió establecer que quien los había estafado no era un tal Tomás Gómez, de El Paraíso, sino en realidad Nicolás Vargas, empleado municipal del área de Servicios Sanitarios de San Pedro.

La policía secuestró la camioneta Chevrolet que forma parte de una causa por estafa que involucra a un empleado municipal y la Justicia imputó a su tenedor por el delito de encubrimiento.

Identificado como Ismael Gustavo Trelles, de 58 años, fue abordado por efectivos policiales del destacamento de Gobernador Castro en la zona de calle Río Paraná al 600, de Vuelta de Obligado, lugar donde reside y donde la policía lo allanó en noviembre del año pasado en el marco de una causa por abuso sexual.

Trelles había trasladado la Chevrolet de tiro, con una Nissan roja desde la zona de Pedro Cabrera al 1000, donde La Opinión había detectado la presencia de la camioneta, que había sido llevada a ese lugar alrededor de las 3.00 de la madrugada.

La Chevrolet tenía pedido de secuestro activo en el marco de la causa penal que comenzó cuando Franco Esteban y su esposa radicaron la denuncia ante la Ayudantía Fiscal n.° 5 de Lima, dependiente del Departamento Judicial Zárate.

En la causa aparece denunciado un empleado municipal de Servicios Sanitarios identificado como Nicolás Vargas, acusado de ser quien se hizo pasar por Tomás Gómez, oriundo de El Paraíso, para el intercambio de la camioneta por una moto Honda Twister que tenía documentación falsa y numeración adulterada.

Personal policial del destacamento de Gobernador Castro secuestró en la localidad de Vuelta de Obligado la camioneta Chevrolet que un vecino de Zárate intercambió con un empleado municipal que está acusado de estafa por haber entregado una moto Honda Twister con documentación falsa y numeración adulterada.

La camioneta fue hallada por La Opinión en Pedro Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, estacionada en la vía pública. Allí había llegado en horas de la madrugada, sin que ningún vecino supiera de quién era.

Cuando la policía llegó tras el hallazgo de La Opinión, el vehículo ya no estaba. En horas del mediodía, una camioneta Nissan roja se la llevó de tiro. 

Con los datos de la patente, la policía logró establecer que la Nissan es propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado y que en noviembre del año pasado fue allanado en su casa por un caso de abuso sexual contra una menor de edad.

El sujeto y la Chevrolet eran trasladados al destacamento de Gobernador Castro para las notificaciones de rigor. Luego, la camioneta quedará a disposición de la Fiscalía n.° 5 de Zárate, que interviene en el caso.

Franco Esteban, vecino de Zárate, había puesto a la venta la Chevrolet y apareció por Facebook un ofrecimiento para intercambiar una moto Honda Twister. Accedió a la propuesta y se encontró con una persona en la estación de servicio Puma de la ruta 9, a la altura de Baradero.

Allí hicieron el intercambio. A Esteban le dieron la moto y una carpeta con documentación. Cuando fue a tramitar la transferencia, notaron que los papeles eran falsificados y que el rodado tenía la numeración adulterada.

Además, Esteban confirmó que la persona con la que hizo el intercambio no era Tomás Gómez de la localidad de El Paraíso, como le  había dicho, sino que se llamaba Nicolás Vargas, un empleado municipal del área de Servicios Sanitarios en San Pedro.

La camioneta Chevrolet que fue objeto de una denuncia por estafa que involucra a un empleado municipal fue hallada por La Opinión en la vía pública.

En la zona de calle Pedro Cabrera al 1000, una camioneta de características muy similares llamó la atención y este medio confirmó con la víctima del delito que se trata del mismo vehículo.

La policía estaba al tanto de la situación, pero no llegaron a intervenir porque la Chevrolet fue trasladada de tiro por una Nissan roja que sería propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado.

"Es esa. Las barandas se las fabriqué yo, que me dedico a hacer herrería, se las había puesto unos días antes", dijo Franco Esteban, quien radicó la denuncia por la situación en la Fiscalía n.° 5 de Zárate.

La policía fue informada de la situación y se esperaban las actuaciones correspondientes para certificar que, como dijo Esteban, esa camioneta estacionada en Cabrera al 1000 es la que él cambió por una moto que resultó con documentación apócrifa.

El intercambio comercial fue entre Franco Esteban y un empleado municipal que reviste en la Dirección de Servicios Sanitarios, identificado en la denuncia como Nicolás Vargas.

Al momento de la negociación, Vargas le dijo que era oriundo de El Paraíso y se identificó como Tomás Gómez para la firma del boleto de compraventa que suscribieron ambos.

Cuando Esteban fue a tramitar la transferencia, en el organismo público correspondiente detectaron que la documentación era falsa y que la numeración de la Honda Twister estaba adulterada.

Tras radicar la denuncia, la camioneta quedó enmarcada en la causa penal con pedido de secuestro activo solicitado por la Fiscalía interviniente en el caso.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitió una alerta dirigida a sus afiliados ante el incremento de intentos de fraude mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y publicaciones falsas en redes sociales.

Según el comunicado oficial, la entidad nunca solicita datos personales ni números de cuentas bancarias, por lo que cualquier requerimiento de este tipo debe considerarse un intento de estafa y no una comunicación legítima de la obra social.

Desde la obra social advirtieron que los engaños detectados adoptan distintas formas, que incluyen:

*Llamadas o mensajes que se hacen pasar por IOMA para pedir información personal o financiera.

*Correos y publicaciones que redireccionan a aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

*Ofertas falsas de sorteos, rifas, medicamentos gratuitos o supuestas solicitudes para renovar la credencial digital.

La entidad insistió en que no realiza sorteos ni pide datos por correo electrónico, y recomendó que los afiliados desconfíen de cualquier comunicación que no provenga de canales oficiales. Asimismo, enfatizó que las gestiones deben realizarse únicamente a través de la app “IOMA Digital”, la página web oficial o en las delegaciones correspondientes.

Para consultas o atención, IOMA recordó que los afiliados pueden comunicarse al 0810-999-4662, el número habilitado por la obra social para atención telefónica.

Un hombre denunció que fue estafado por una persona que, a través de un perfil falso, le intercambió una motocicleta con numeración adulterada. 

Franco Esteban relató en Sin Galera que a fines del mes enero publicó en Facebook la venta de su camioneta Chevrolet y que, entre varias propuestas, recibió la de un joven que decía ser de El Paraíso.

El muchacho ofrecía una Honda Twister 2023, prácticamente nueva, cuyo valor aproximado, seis millones de pesos, coincidía con lo que él pretendía por el vehículo.

“Le pedí que me pasara los papeles. Tenía título, 08, toda la documentación necesaria”, explicó Esteban.

Tras intercambiar información, acordaron encontrarse en la estación de servicio Puma de Baradero para realizar la operación.

Firmaron un boleto de compra y venta y el hombre se identificó como Tomás Gómez.

Esteban entregó la carpeta con la documentación de la camioneta y recibió la moto, pero el inconveniente surgió cuando decidió iniciar la transferencia.

“Cuando voy al gestor me dicen que había inconsistencias”, contó. 

Según le informaron, la moto estaba radicada a nombre de otra persona en la provincia de Santa Fe, la documentación era completamente falsa y la numeración del rodado estaba adulterada.

Ante esa situación, se presentó en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido y solicitó el bloqueo del dominio de la camioneta para impedir que pudiera ser transferida. Para entonces, el supuesto comprador ya lo había bloqueado en redes sociales.

Esteban indicó que, a través del número telefónico, lograron identificar movimientos posteriores y que, al confrontarlo, el estafador intentó mostrarse como una víctima de una maniobra fraudulenta.

"La camioneta tiene pedido de secuestro, no va a poder transferirla jamás", sentenció el damnificado.

A partir de averiguaciones propias, la familia identificó al hombre que habría concretado la maniobra como Nicolás Vargas, quien es empleado municipal en el Corralón de San Pedro, y no residente en El Paraíso, como había manifestado durante la negociación 

El caso ya fue judicializado y la Fiscalía intenta dar con el paradero del vehículo entregado en la operación.

“Si alguien la tiene guardada, que la saque a la calle y se desligue del problema. La camioneta tiene pedido de secuestro y no se podrá transferir”, advirtió Esteban, quien pidió colaboración para localizar el rodado.

El caso del frigorífico Mariano Acosta y los cheques sin fondo firmados por el contador sampedrino José Alejandro Benseny, comienza a sumergirse en una trama cada vez más compleja, con ribetes que generan incertidumbre sobre el rol de algunos protagonistas y el lapso que demandará saber la verdad. Si es que la verdad algún día llega.

Existen datos certeros, pero se puede establecer qué rol cumplió cada uno, quiénes y cuántos son los damnificados, y cuál es la cifra total de la estafa.

La investigación del periodista especializado en agroindustria Matías Longoni, publicada en el sitio Bichos de Campo, reveló un presunto esquema fraudulento millonario que tiene como epicentro al frigorífico cooperativo Mariano Acosta, ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

“Arrancó con la queja de un empresario al cual no le pagaban la hacienda que había entregado al frigorífico, y cuando nos pusimos a averiguar quién era el Mariano Acosta, resulta que se trataba de una cooperativa que inauguró la planta con funcionarios de turno, que montaron su show y que, después de un año y medio, no se sabe si fueron parte de una maniobra pensada para hacer entrar a un montón de gente y clavarlos con cheques sin fondos por 4 mil millones de pesos, que es lo que se emitió de acuerdo a lo que dice el Banco Central desde fines de septiembre, habiendo afectado a productores ganaderos de distintas provincias”.

El denunciante es un conocido productor de la zona de Rojas, Carlos Laborde, que “a raíz de esto también le comenzaron a rechazar los cheques”.

El frigorífico fue inaugurado con fuerte respaldo político en mayo de 2024, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente local Gustavo Menéndez, como un ejemplo de desarrollo productivo y economía social. Sin embargo, poco más de un año después, la cooperativa quedó en el centro de graves denuncias judiciales y comerciales.

“Hay que saber aún si el Gobierno de Kicillof hizo algún aporte, y también hay que averiguar el aporte del municipio, porque existe una extraña ligazón con el peronismo de Merlo, cuya carne faenada se vendió a través de un movimiento ‘Peronismo en Acción’, que dirige Menéndez”, acotó Longoni.

La investigación efectuada fue saber quién está detrás del frigorífico. “El domicilio corresponde a un matadero que funcionó en los años 90 y 2000, que se llamaba ‘Ganadera 2000’, pertenece a Ángel Vitale, un personaje curioso del mundillo de la carne, que incluso se quedó con la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF). En un momento los integrantes se descuidaron, le dejaron los libros cuando era secretario de Cámara, fraguó un acta y se hizo elegir presidente”, expresó en el programa Sin Galera.

“El personaje que es amigo íntimo de Vitale es José Benseny”, dijo Longoni. Benseny es contador de la cooperativa y contador del Sindicato de la Carne, y quien firmó al menos dos de los cheques rechazados por una cifra cercana a los 4000 millones de pesos..

"Hablamos de un frigorífico cooperativo inaugurado con pompas por políticos, involucrado en un fraude millonario con cheques sin fondos”, dijo Longoni a Lili Berardi. "La cooperativa se usó como fachada para evadir impuestos y responsabilidades laborales, beneficiando a empresarios a costa de pequeños productores", señaló.

“La figura cooperativa -continuó-, al evadir impuestos, aportes laborales y controles, logra ventajas económicas indebidas frente a frigoríficos que operan dentro de la ley”, mientras admite que persisten interrogantes sobre “la participación y responsabilidad de funcionarios del Gobierno provincial y municipal de Merlo en el apoyo y habilitación del frigorífico".

La operatoria denunciada consistía en la compra de hacienda a través de matrículas prestadas o irregulares, la faena y posterior venta de la carne, mientras que los productores quedaban impagos al rebotar los cheques emitidos por una cooperativa “que no existe, y que por su figura legal diluye la responsabilidad penal de quien firma los cheques”.

Parte del dinero obtenido, según las sospechas, habría sido reinvertido en la compra de hacienda en efectivo en otras regiones del país, “alimentando un circuito difícil de rastrear”.

La investigación también abre interrogantes sobre el rol del Estado provincial y municipal, tanto en la habilitación como en el respaldo institucional brindado al frigorífico. 

Longoni, que dedicó cuatro notas al tema en Bichos de Campo, cuestionó lo que define una “supuesta ingenuidad pasmosa de los dirigentes políticos”, al menos, que creen que detrás de una cooperativa “todo es sacro, sano y puro”, cuando una iniciativa de estas características no tiene los controles necesarios, aunque remarcó que “será la Justicia la que deba determinar si existieron responsabilidades políticas o administrativas”.

Cuando se habla de carne y cooperativa no es una postal épica de una empresa recuperada por sus trabajadores. 

“Detrás hay un grupo de chantas que en algún momento se pelearon con Laborde, no se sabe quién mejicaneó a quién, que armaron una figura para aprovecharse de todas las ventajas que tiene”. Y aportó: “Benseny tenía un amigo en el Instituto Nacional de Acción y Economía Social (INAES) y allí fraguaron los papeles para quedarse con una cooperativa hecha, a nombre de un carnicero y su familia, que le cedió el control a Benseny y luego el armado de una cooperativa, donde los 70 trabajadores no son dueños”.

Mientras tanto, decenas de productores ganaderos permanecen como damnificados, con fuertes pérdidas económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus explotaciones. La causa ya se encuentra en sede judicial, denunciada por Laborde, y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

La otra realidad, la más penosa, es que existen “productores de a pie que entregaron su hacienda y para ellos es mucha plata”, manifestó en periodista.

Aunque para Longoni es indudable que, “consensuado o no, se trata un defalco. Y sí sé que son bastante sabandijas, que se trata de una maniobra de una banda de tránsfugas”.

El escándalo que se desató tras la difusión de fotos y documentos que apuntaban a una estafa millonaria con la comercialización de ganado tenía un pie en San Pedro. Tal como publicó La Opinión en base a las notas periodísticas del portal Bichos de Campo primero y el diario La Nación después, la situación financiera de Carlos Mario Laborde precipitó los testimonios de productores ganaderos que fueron víctimas de las operaciones comerciales que se investigan en un expediente judicial que dejará un tendal de víctimas.

Cómo se sabe, el negocio de la carne tiene sus particularidades y en este caso, Laborde apuntó a la Cooperativa Familias Argentinas de la que José Alejandro Benseny es el contador y ostenta el cargo de tesorero. En ese frigorífico recuperado e inaugurado con la presencia del Gobernador Axel Kicillof, además de la faena propia y por orden de terceros, funciona también una carnicería social con precios bajos para el barrio y una escuela de formación profesional que es la que dio origen al objeto de la formación de esa entidad que está aprobada por el INAES y está instalada en Mariano Acosta, partido de Merlo donde el intendente Gustavo Menéndez cursa su tercer mandato.

La Opinión & Sin Galera se comunicaron con el contador para solicitarle su versión sobre las publicaciones que escalaron en la opinión pública, sobre todo porque hay damnificados en distintas ciudades y provincias, por cifras que en algunos casos superan los 4000 millones de pesos. 

Si bien Benseny espera la acción de la justicia antes de formular declaraciones públicas ya radicó varias denuncias en Capital Federal y en San Pedro por las amenazas constantes que sufre desde principios de diciembre. Además de la actuación en sede policial quiso asentar su caso en la Fiscalía pero le dijeron “que ahora están de feria”, según sus palabras.

El contenido de la denuncia no incluye el último y más brutal episodio. Ocurrió el día de Navidad cuando llegaron al domicilio en el que se encontraba con su familia y tras reclamarle una deuda le asestaron un golpe en la cara.

Los antecedentes indican que el 2 de Diciembre cerca de las 21 horas, aparecieron en su domicilio tres hombres, a uno de ellos lo identifica por su calvicie como “el pelado”, otro canoso y el tercero un poco más joven para “reclamarle el pago de una supuesta deuda de dinero que, según manifestaban mantendría con Carlos Mario Laborde, titular de la firma CARFRIC S.R.L, con domicilio en la localidad de Rojas” y que tras negarla deuda con Laborde “de existir una deuda, la misma correspondería a la Cooperativa para la cual trabaja, no a su persona”. 

Allí empieza la explicación con la que se defiende Benseny cuando sostiene que Laborde ha utilizado a la Cooperativa como excusa de su debacle financiera; algo que la justicia tardará en probar. 

Aquella noche uno de los sujetos comenzó a manifestar frases intimidatorias tales como: "por tu bien te conviene pagar" (sic)".

Según se indica fueron unos 30 minutos de hostigamiento hasta que uno de los agresores caminó hacia la calle Joaquín V. González donde se subió a una camioneta BMW X3 color gris oscuro.

Esa misma noche pero a las  22:47 horas, recibió un mensaje de audio que decía: "José disculpe la hora mañana al mediodía lo estoy llamando vamos a solucionar por el bien de todos" (sic). 

El 5 de Diciembre entre las 10:29 y 10:44 horas, recibió tres mensajes desde el mismo número que decían: "Buen día José. Estoy de turno hoy. Parece que te hacés el distraído no me boludees trabajo cerca te hago un desastre vení a denunciarme que estoy de turno hoy" (sic). 

Esa tarde a las 19:51 horas, recibió dos mensajes más y por la noche, cerca de las 21:00 horas, recibió nuevamente en su domicilio de calle 9 de Julio la visita del masculino "pelado", quien se identificó como el autor de los mensajes enviados, reiterándole la exigencia del pago de la supuesta deuda con Laborde, manifestando expresiones tales como: "arreglá lo de Laborde, pensá en tu familia". 

El 10 de diciembre a las 11:56 horas, recibió un mensaje que decía "Buen día José,  Laborde ya eligió ir a la Justicia. Ahora se encargarán los abogados". 

En el texto de la exposición José Benseny relató otro episodio en el que refirió que “el pelado” le dijo: "Mirá José, buen día, todo bien. El Pelado te habla, viste que estuve el otro día hablando bien con vos, te sigo hablando bien. Estoy laburando cerca, nos vamos a tener que juntar. No me importa lo del abogado, vos vas a tener que pagar. Vamos a mediar, vas a decir cuánto tenés, qué me ofrecés para terminar bien. Te lo digo por el bien tuyo y de tu familia, no te amenazo, es para evitar problemas" (sic). Luego: "Yo tengo ya impresas todas las copias de los cheques que vos le diste a Laborde. Eso lo tengo yo. No me interesa la Justicia, yo soy la Justicia, así que quédate tranquilo que en cualquier momento nos vemos. Estoy todo el día dando vueltas por San Pedro" (sic).

El domingo 14 de diciembre, siendo aproximadamente las 17:00 horas,  estacionó frente a su domicilio una camioneta Renault Trafic blanca, vidriada, con cortinas azules. Luego, siendo las 18:30 horas, recibió la visita del hombre canoso ya mencionado, quien se movilizaba en un Volkswagen Vento color gris, estacionándolo detrás de la Trafic. Dicha persona manifestó ser el dueño de una empresa de cobranzas, presentándose como "Julio" o "Pancho", quien pidió disculpas por el accionar del masculino apodado "el Pelado", reconociendo que se había excedido en el maltrato. No obstante, volvió a insistir sobre la deuda con Laborde, preguntando dónde se encontraba el dinero y cómo podía abonarse, “reiterando el dicente que la relación comercial era entre CARFRIC SRL y la Cooperativa, y que él no administra ni maneja fondos de la misma”.

El lunes 15 de diciembre, siendo las 18:45 horas, recibió cinco mensajes en su teléfono celular, que decían: "Buenas tardes te vas a seguir haciendo el cínico. Empezá a pagarme. Te voy a hacer explotar maleducado. Se está acabando el cuento, te creés vivo, acá sos muy fácil. Ya te avisé" (sic).

El martes 16 de diciembre, siendo las 22:41 horas, recibió otro mensaje del mismo número que decía: "Viejo, estás vencido. Te voy a arruinar las fiestas" (sic).

Benseny le repitió a la policía que atribuía todas estas amenazas a Carlos Mario Laborde, a quien responsabiliza de haber instigado a personas vinculadas a fuerzas de seguridad para que le exijan el pago de una deuda que  CARFRIC SRL reclama a la Cooperativa de Trabajo Familia SRL, ascendiendo dicha suma a PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 56/100 ($4.160.829.618,56). 

Esa cifra -dice Benseny- corresponde a ochenta y tres (83) facturas presuntamente impagas que acreditó presentando la copia de una carta documento y acusó a Laborde por haber entregado su contacto y datos personales a quienes lo amenazaron.

En ese mismo texto, el contador sampedrino dijo que “teme por su integridad física y la de su pareja, ya que en diversas oportunidades habrían sido seguidos por vehículos desconocidos, desconociendo los motivos”..

Tras esa serie de hechos descriptos en su primer denuncia se desencadenaron todas las repercusiones que pusieron en alerta a decenas de víctimas y damnificados por las maniobras que podrían terminar en una serie de concursos, convocatorias o quiebras que no distan de la lectura política que se le dará a una realidad que podría tener otras intencionalidades cuando se sostenga que la catástrofe financiera puede obedecer al programa económico y no al desvío de una gran cantidad de dinero que hasta el momento nadie parece poder justificar. Una reflexión que obedece a las decenas de situaciones que alguna vez le han tocado investigar a La Opinión & Sin Galera.

Tras la masividad de las noticias y las repercusiones, tal como reportamos, el día de Navidad el propio Laborde apareció en la casa de Benseny y sin intermediarios, lo agredió.

Un importante frigorífico cooperativo ubicado en Mariano Acosta, partido de Merlo, se convirtió en un foco de polémica tras una serie de cheques rechazados por falta de fondos que alcanzan casi 4.000 millones de pesos según datos del Banco Central, que involucra a un contador sampedrino.

La noticia fue volcada a las redes por Bichos de Campo, un reconocido sitio de noticas que acompañan al campo, y que en este caso alude a una actividad que ha tenido consecuencias sobre la ganadería, con productores damnificados.

El frigorífico fue reabierto el 2 de mayo de 2024 con la participación del gobernador Axel Kicillof -la Provincia brindó apoyo- y el intendente Gustavo Menéndez, impulsado por la Cooperativa de Trabajo “Familias Argentinas” para generar empleo y reactivar la producción local. Así se dio a conocer al principio.

Con el correr de los meses, todo lo que brillaba no era la realidad. Comenzaron a surgir anomalías con la compra de animales y la falta de fondos de cheques emitidos por esa Cooperativa a sus proveedores de hacienda.

“La cifra exacta es 3.999.896.660 pesos con 97 centavos, es decir casi 4.000 millones. Corresponde a 358 cheques rechazados por falta de fondos y que fueron girados desde la Cooperativa de Trabajo Familias Argentinas a sus proveedores de hacienda para que trabaje el frigorífico Mariano Acosta, ubicado en Merlo. Los productores que aportaban ganado para esa planta de faena suponen que la ‘estafa’ puede ser todavía mucho mayor y ya han presentado denuncias ante la justicia”, señaló Bichos de Campo.

Dentro de esto surge un nombre conocido en la sociedad sampedrina: José Alejandro Benseny, “un actor clave en la trama, quien actuaba como comprador de hacienda y firmante de esos cheques, rebotados desde fines de septiembre hasta el 1 de diciembre pasado”. Coincide el nombre con una denuncia por amenazas que el propio Benseny radicó el 18 de diciembre en sede policial. Allí se presentó como víctima de sucesivas amenazas y hostigamiento por deudas impagas y alusiones a su familia por una deuda ajena, “vinculada a Carlos Mario Laborde (CARFRIC SRL)”, según indicó en su declaración. Laborde no es un nombre nuevo para ese negocio y está en el centro de la tormenta.

El portal también muestra en una foto al gobernador con Benseny, “quien era el comprador de hacienda para la planta de faena desde su apertura y también quien firmaba los cheques que desde hace tres meses les están rebotando todos los días a los productores”.

¿Cómo llega Benseny a participar en este entramado? Es el contador de la Federación Gremial de Trabajadores de la Carne, sindicato conducido por Alberto Fantini, situación que deja abierta las sospechas sobre la injerencia del gremio, o los gremialistas, en la parte societaria de la planta frigorífica.

Benseny, o la Cooperativa, solo pudo levantar uno de los cientos de cheques rebotados por 1.5 millones de pesos, menos del 0,3 % de la deuda total registrada.

La Cooperativa se declaró víctima de una maniobra externa, pero fuentes judiciales y proveedores sostienen que los pagos se emitieron a nombre de la misma y que la situación puede ser más grave aún.

Mientras tanto, la Justicia comenzó a actuar. Su primer propósito será determinar las responsabilidades penales. Es que aquí existen grandes perjudicados, que son los ganaderos que proveyeron la hacienda para su comercialización, cuyo origen serían provincias norteñas, como Santiago del Estero y Catamarca, además de importantes productores que comercializan en el ex Mercado de Liniers, que se encuentra en Cañuelas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una alerta para desmentir una campaña de “phishing” que busca estafar a los ciudadanos que no emitieron su voto.

Se ha detectado la circulación de un correo electrónico fraudulento, enviado supuestamente desde la dirección multas@gob.ar, que simula provenir de la plataforma Mi Argentina.

El mensaje engañoso informa a los receptores que deben regularizar su situación por no haber concurrido a sufragar y les exige el pago de una multa a través de un enlace malicioso.

La CNE ha sido enfática al señalar que este enlace está diseñado para sustraer datos personales y de los dispositivos de los usuarios.

¿Cuál es el procedimiento correcto para regularizar la situación de aquellos que no votaron?:

Aquellos ciudadanos que no votaron disponen de 60 días hábiles para presentar la documentación correspondiente. En caso contrario, deberán afrontar la multa correspondiente.

Para verificar la situación real y realizar cualquier trámite legítimo, la Cámara Electoral instruye a los ciudadanos a no hacer clic en enlaces sospechosos y, en su lugar, acceder exclusivamente al sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar/

"Informamos que está circulando un correo electrónico falso -multas@gob.ar- que simula ser enviado por Mi Argentina que le informa al ciudadano que debe regularizar su situación y pagar la multa por no haber votado. El mensaje insta a que se ingrese a un enlace que sustrae datos del dispositivo de la persona", indicaron desde la CNE.

¿Por qué "phishing"? Esta es una técnica de ciberdelincuencia que consiste en engañar a las personas para que divulguen información personal y confidencial, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios.

Los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas, como bancos o empresas, mediante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas fraudulentas para que la víctima se dirija directamente a la información y así caer en sitios falsos.

En medio de un fuerte hermetismo, la sucursal San Pedro del Banco de la Nación Argentina está sometida a una intervención y auditoría interna que podría derivar en severas sanciones para personal jerárquico de la entidad.

La causa: faltó dinero. Mucho. Se habla de alrededor de 40 millones en una maniobra que sería la primera detectada de varias similares, sobre las que ahora hay una investigación en marcha.

La situación involucra a varios empleados jerárquicos puesto que la sospecha es que para la maniobra detectada podrían haber fallado los controles internos o haber connivencia entre las personas que tenían a cargo las tareas.

La situación habría sido descubierta por personal que al completar pasos de control sobre operaciones detectó el faltante. Como esos controles implican a varias personas en la cúspide de la conducción de la entidad, hay sospechas de responsabilidades por acción u omisión.

Por lo pronto, hay personal de licencia, involucrados que le aseguran a sus compañeros que nunca tocaron un peso y una investigación que procurará establecer qué ocurrió.

La investigación interna podría derivar en sanciones, con el despido con justa causa como máxima posibilidad.  Pero además, por el hecho podría ponerse en marcha una causa penal por el delito de defraudación, que en el caso de la administración pública contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

Ramiro es un joven de 25 años que esta semana fue víctima del accionar de estafadores que tras engaños vaciaron sus cuentas bancarías.

El hecho ocurrió cuando el muchacho publicó un televisor Smart TV a la venta en la sección Marketplace de la red social Facebook y los delincuentes lo contactaron por mensaje privado fingiendo tener interés en comprar el dispositivo.

Los estafadores le dijeron que le pagaron por trasferencia virtual, pero luego se comunicaron con él haciéndose pasar por empleados de ARCA (ex AFIP) para estafarlo. 

Le dijeron que como el monto de dinero recibido por la compra era importante, debía justificarlo enviando plata a diferentes cuentas bancarías de manera urgente o bloquearían su cuenta principal.  

“Para que la transferencia quede impactada en mi cuenta, tiene que haber una verificación de acreditación, supuestamente, de todos mis ingresos, en los que se hacen pasar por policías fiscales de ARCA y vos tenés que mandar la plata a cuentas digitales de seguridad en la que va quedando registrado tus ingresos”, indicó el joven a La Opinión.

Tras enviarles todo el dinero que tenía en sus cuentas, le pidió prestado a una compañera de trabajo que accedió a transferirle para que terminara con el presunto trámite.  

Finalmente, al descubrir que había sido víctima de una estafa, el joven, que perdió todos sus ahorros y los de su compañera, decidió organizar una rifa solidaria para recuperar el dinero perdido.

Una publicación compartida por Rama Olivo (@fitnessrama)

Cada número tiene un valor de 15 mil pesos y se sortea este sábado 20 de septiembre a las 22.30. El premio es una computadora MacBook air 2020 con menos de un año de uso.

Ramiro difundió un video en sus redes sociales para alertar sobre este tipo de estafas y pedir colaboración a todos aquellos que quieran comprar un número. Interesados pueden comunicarse al 3329 57 2043 o comprar un número de la rifa al alias RIFACOMPU.

Durante el fin de semana, una persona realizó un pedido a un emprendimiento gastronómico y resultó ser un encargo falso.  

El damnificado,  un comerciante que vende pizzas y helados caseros, difundió la situación en las redes sociales y dio detalles al respecto.

“Esta persona pidió seis pizzas, dos kilos de helado y brindó una dirección falsa”, expresó el muchacho, que además indicó: “Se ve que tenía ganas de joder”. 

Al pedir la dirección para enviar el pedido, la persona afirmó que vivía en el “club Los Andes, lote 16”. 

“Lo subo más que nada porque sé que hay mucha gente que labura vendiendo comida, al igual que yo”, concluyó el emprendedor. 

Durante la semana, un nueve intento de estafa fue alertado por una vecina que recibió un mensaje sospechoso en su celular.

El texto simulaba ser por parte de Correo Argentino e indicaba: "Su paquete se está procesando. Debido a un código postal no válido, no se puede entregar y está retenido temporalmente".  

"Verifique su código postal en un plazo de 12 horas a través del enlace a continuación", expresaban en un mensaje que concluía con errores ortográficos: "Atentamente,El equipo de Correo Argentino". 

La Opinión recuerda que ninguna entidad, ni estatal ni privada, te pedirá datos personales de ningún tipo, ni que ingreses a páginas externas a través de enlaces. 

Tras el allanamiento que personal de la DDI de Pilar encabezó en la casa de la excontadora del Puerto María José Pucurull por un caso de defraudación por administración fraudulenta similar al que denunciaron autoridades del Consorcio de Gestión, se conocieron detalles de la maniobra delictiva de la que está acusada.

Pilar a Diario detalló en su web que la situación se detectó en enero, cuando Pucurull se triplicó el sueldo sin autorización: de poco más de un millón y medio que tenía que cobrar, percibió $ 4,6 millones. Algo similar había pasado el mes anterior.

Eso provocó que le exigieran la renuncia y la devolución de 5 millones de pesos. Allí comenzaron a investigar otras maniobras y detectaron que había vinculado el token bancario con su celular para hacer operaciones que implicaron un robo de casi de 112 millones de pesos.

Pilar a Diario reveló que Pucurull "había realizado el endoso de 19 cheques por un total de $ 111.967.993,19, ingresando un CUIL a su nombre y otro a nombre de una presunta firma llamada Guly S. A.", la distribuidora de bebidas a la que llegó la DDI de Pilar este lunes, antes de allanar a la contadora pública en su domicilio de Independencia al 800.

La causa penal por defraudación por administración fraudulenta tramita en la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en Pilar y a cargo del fiscal Camafreita Steffich, quien pidió al Juzgado de Garantías interviniente los allanamientos.

En la casa de Pucurull secuestraron computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentación. La contadora fue aprehendida para la notificación de la causa y recuperó la libertad. 

María José Pucurull enfrenta desde 2022 una causa por maniobras delicitiva similares interpuesta por el Consorcio de Gestión del Puerto, donde era contadora.

La denuncia llegó a la Justicia luego de una auditoría a cargo de un estudio contable contratado por el Puerto, que descubrió irregularidades en los movimientos bancarios.

Detectaron que registraba montos apócrifos de servicios de Prefectura y desviaba esos fondos a sus cuentas personales y que luego adulterba los extractos bancarios.

Personal de la DDI de Pilar trabajó este lunes en San Pedro para allanar un domicilio particular y la sede de una empresa en el marco de una causa que investiga una estafa en la que está involucrada la excontadora del Puerto.

Los efectivos allanaron en Independencia al 800 la casa de María José Pucurull, investigada por maniobras defraudatorias en una empresa de Pilar donde trabajó luego de que la despidieran del Consorcio de Gestión del Puerto tras ser denunciada por maniobras defraudatorias contra ese organismo público.

Además, la DDI estuvo antes es una empresa distribuidora de bebidas —cuyo vínculo con el expediente no fue explicitado— en un procedimiento relacionado con la misma causa, según los propios efectivos informaron a autoridades locales que se presentaron para constatar la veracidad del operativo.

Desde la empresa no estaban al tanto de la posibilidad de un procedimiento de esas características, por lo que convocaron a la DDI local para que verificara, ante el riesgo de que estuvieran ante un operativo apócrifo, como sucedió el año pasado en una financiera del centro.

Una vez que quedó constatado que todo estaba en carriles normales, los efectivos de la DDI Pilar continuaron con las tareas que les había ordenado un juzgado del Departamento Judicial de San Isidro, donde tramita la causa, que investiga defraudación por administración fraudulenta.

Una empresa de Pilar es la denunciante. En la causa obra que Pucurull habría practicado maniobras defraudatorias consistentes en el presunto desvío de unos 185 mil dólares de cuentas de esa compañía que la investigada habría tenido a su cargo.

La acusación es similar a la que las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto local hicieron contra la contadora en 2022, cuando denunciaron en la Justicia el presunto desvío de dinero de las cuentas del organismo a cuentas personales.

Esa denuncia está sustentada en una auditoría practicada por las contadoras Eva Díaz y Mariela Brambilla, que detectaron irregularidades en los movimientos bancarios del consorcio.

Pucurull fue acusada de registrar montos apócrifos en servicios adicionales de Prefectura, desviar esos fondos hacia sus cuentas personales y adulterar los extractos bancarios durante, al menos, 2021 y 2022, por lo que fue despedida.

De la misma manera, la empresa de Pilar prescindió de sus servicios tras detectar una maniobra delictiva similar y decidió radicar la denuncia penal en la Justicia de su jurisdicción.

Pami volvió a recomendar las precauciones que los afiliados deben tener para evitar ser estafados.

“La tecnología nos permite realizar trámites desde casa y mantenernos conectados desde cualquier dispositivo, pero también presenta nuevos desafíos. Proteger la seguridad de nuestros datos es fundamental para cuidarse de posibles estafas”, indicó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

La obra social sugirió proteger las cuentas, dando a conocer tres consejos útiles para generar contraseñas seguras que protejan los datos.

La primera de ellas es la longitud, la variación de caracteres la segunda y, por último, evitar utilizar información personal. 

Extensión de la contraseña

*Crear una contraseña tenga entre 8 y 10 caracteres.

*Combinar caracteres para que sea más segura

*Se pueden usar letras en mayúscula y minúscula y números

*Evadir poner información personal.

*Evitar utilizar fechas claves como la de cumpleaños, direcciones o nombres

Además, dio una sugerencia extra, la cual dice: “No repitas contraseñas”. Y cambiarla después de un tiempo es otro dato que suma para proteger la información personal.

También informó sobre cómo identificar las cuentas oficiales de Pami. Estas son las que siempre tienen tilde de verificación junto al nombre de la cuenta, tienen un historial de publicaciones extenso y cuentan con miles de seguidores.

Si se sospecha que puede estar siendo víctima de una estafa, Pami pidió no compartir los datos personales y llamar al 138 “PAMI Escucha y Responde”.