La empresa que ordenó demoler la histórica estación del Ferrocarril Depietri pagó la sanción que impuso el Juzgado de Faltas, por lo que en términos administrativos se terminó el asunto con una multa de poco más de dos millones trescientos mil pesos.

El Municipio había radicado una denuncia penal desde la Subsecretaría Legal y Técnica, tras lo que, semanas después, Obras Públicas envió un inspector para constatar lo que La Opinión había publicado alrededor de un mes antes: habían tirado abajo una de las estaciones del antiguo Ferrocarril Depietri en ruta 191.

Con la notificación, comenzó la actuación administrativa del Juzgado de Faltas, que impuso la sanción máxima posible prevista en la única herramienta que tenía para multar a la empresa: el Código de Faltas, que prevé hasta un 500 por ciento del salario mínimo municipal para casos de demolición, que es considerada una obra, sin autorización previa.

Es decir que para los efectos de la sanción no existe agravante alguno para lo que fue considerado un verdadero atentado contra el patrimonio cultural e histórico de San Pedro.

La Municipalidad envió una carta documento y notificó a la empresa Estancia Chica S. A., con sede en el centro de Rosario, respecto de la sanción. La compañía, que compró ese campo en 1991 con el reconocido empresario Salvador Hugo Massarelli como representante, ofreció su descargo.

El texto fue presentado por el reconocídisimo abogado rosarino Carlos García Beltrame, un distinguido miembro de la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina que fijó domicilio legal en San Pedro en las oficinas del presidente del Colegio de Martilleros  de la región, José "Lolo" Cremona.

Allí, el apoderado de los dueños del campo donde estaba emplazada la estación Depietri del paraje La Rosada, dijo que la construcción presentaba "severo signos de deterioro" por "su antigüedad y falta de mantenimiento estructural", por lo que estaba "en riesgo" y "manifiesta fragilidad".

Aunque en el escrito sostuvo que "tormentas intensas, vientos fuertes y lluvias" provocaron "colapsos parciales de muros, techos y estructuras internas", por lo que procedieron "a la reacomodación de los restos colapsados y escombros".

García Beltrame aseguró que no hubo "intención alguna de realizar una demolición activa", aunque reconoció que hubo una "intervención sobre el inmueble" que "obedeció a un acto de necesidad ante el riesgo de derrumbe", lo que implica, como advirtió la jueza Jimena Gómez, que no hubo un "colapso" sino que, efectivamente, actuaron para demoler.

El abogado dijo que la empresa "desconocía por completo" la ordenanza que declaró como edificio protegido por el registro de patrimonio histórico y que “nunca fue notificada ni informada de tal circunstancia”.

La titular del Juzgado de Faltas respondió ante ello con el principio jurídico que señala que "la ley se presume conocida por todos", por lo que no puede argumentarse la ignorancia para justificar el incumplimiento.

Así, la jueza dispuso sancionar a la empresa Estancia Chica S. A. por haber procedido a una demolición sin autorización previa, con el agravante de que de haber pedido el permiso se lo hubieran denegado puesto que el edificio estaba protegido por su condición de patrimonio histórico.

Por ello, la multa fue del máximo posible que prevé el Código de Faltas para la infracción correspondiente: 500 % el sueldo mínimo de un empleado municipal. 

Así, el salario de $ 466.341,57 multiplicado por cinco dio como resultado la multa de 2.331.707,85 pesos.

Con el pago de ese monto —que equivale a un sueldo bruto de un funcionario de menor rango o un cuarto del bruto del intendente—, la empresa quedó liberada de sus responsabilidades administrativas y asunto terminado. 

Luego de que la Subsecretaría Legal y Técnica radicara la denuncia penal por la demolición de la estación del Ferrocarril Depietri en el paraje La Rosada, Obras Públicas se acordó de ir a constatar para labrar las actuaciones administrativas correspondientes.

La demolición fue revelada por La Opinión el 23 de marzo y ocurrió semanas antes. El 14 de abril, Daniel Porta radicó la denuncia en nombre del Municipio. La semana pasada, al fin, el área que conduce el arquitecto Mariano Brañas relevó lo ocurrido y envió el acta al Juzgado de Faltas.

Una empresa rosarina sería la responsable de la demolición de la antigua estación del Ferrocarril Depietri, de acuerdo a lo que figura en los registros municipales. 

A esa empresa el Juzgado de Faltas envió la notificación sobre la infracción cometida, que implicará sanciones en dinero, puesto que así lo establece la normativa vigente.

Mientras se sustancia la causa penal, la administrativa pasa por lo que reza el Código de Faltas Municipal (Ordenanza Nº 3.883), cuyas sanciones en términos monetarios son leves en comparación al daño que se hizo sobre un patrimonio histórico y cultural de los sampedrinos.

La infracción cometida es no haber pedido permiso formal para la ejecución de la obra de demolición, algo que tampoco hubiese podido ser autorizado porque ese edificio es un bien patrimonial histórico, protegido por ordenanza.

En 2022, todos los edificios relacionados con el legado de Eduardo Depietri fueron incluidos en el Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro.

El Código de Faltas establece, en el artículo 905, que “la iniciación, realización y/o demoliciones o desmantelamientos de obras, construcciones y/o instalaciones, sin el previo permiso, autorización y/o comunicación que establezcan las normas vigentes, será sancionado con multas del 50 al 500 % del salario mínimo de un empleado municipal”.

Esto implicaría la módica suma de entre 183 mil pesos y 1,8 millones de pesos, sin importar la gravedad del daño y teniendo en cuenta que el salario mínimo fue fijado en $ 367,754.91, según el Presupuesto vigente.

La causa penal que tramita en Fiscalía Nº 7 fue radicada ante "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".

El subsecretario Daniel Porta también dejó consignado que implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, oficio que fue acompañado de las publicaciones de La Opinión e imágenes de video que este medio registró.

En la presentación judicial, Porta requirió a la Justicia que ordene “una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida, y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno", todas potestades de Obras Públicas, por cierto.

El Gobierno municipal denunció ante la Justicia la demolición de la estación Depietri del paraje La Rosada, en el kilómetro 22 de la ruta 191, un hecho que reveló La Opinión a fines de marzo, edificio protegido por la ordenanza de conservación del patrimonio histórico local.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, radicó la denuncia como apoderado del Municipio por "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".

Además, planteó que la demolición registrada implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, aunque en el Juzgado de Faltas no hay registro de actuación alguna por parte del personal de Inspección de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Mariano Brañas.

La denuncia recayó en la Fiscalía N° 7 y el escrito fue acompañado de las publicaciones de La Opinión, imágenes de video que este medio registró y copias de la legislación vigente, tanto a nivel local como provincial, que protegen el patrimonio histórico.

El Gobierno pidió a la Justicia que ordene una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno, medidas para las que, después de todo, tiene poder administrativo.

Además, piden que "se inicie procedimiento sancionatorio" en relación a la ley provincial y "se evalúe la posibilidad de ordenar la reconstrucción del inmueble demolido o medias compensatorias equivalentes".

Para la aplicación de la ley provincial, el edificio debería estar incluido en el registro, tal como sucede, por ejemplo, con la escuela Normal, que forma parte del patrimonio cultural protegido en territorio bonaerense.

El Municipio tiene como herramienta de aplicación la ordenanza local, aunque, como se dijo, no hubo constatación in situ de la demolición ni acta alguna que haya sido elevada al Juzgado de Faltas para que pueda aplicar la multa correspondiente.

En materia de sanciones, la ley provincial establece una multa de entre 10 y 50 sueldos mínimos. La Impositiva local, por su parte, indica un 2500 por ciento sobre los derechos de construcción para demoliciones no autorizadas.

En Obras Públicas no hubo solicitud alguna, que por otra parte no podría haber tenido curso porque el edificio está protegido tras incluir todas las construcciones relacionadas con Eduardo Depietri y el Ferrocarril que llevaba su nombre.

"Una demolición es una obra de construcción, un trabajo profesional. Nadie podría hacer una demolición sin intervención profesional, sería a todas luces una obra clandestina e ilegal", explicó a La Opinión el arquitecto Santiago Barceló, exdirector de Planeamiento y representante local del Colegio de profesionales de la Arquitectura.

"El plano de demolición se tiene que presentar antes. Si no se presenta, corresponde la multa. Con la demolición hecha, es decir con el hecho consumado, el Municipio tiene la potestad de aplicar las sanciones correspondientes", agregó.

Mientras se aguarda alguna determinación por la destrucción de una de las estaciones del Ferrocarril Eduardo Depietri, ubicada en el kilómetro 22 de la ruta 191, a la altura del paraje La Rosada, en el lugar algunas tareas continúan.

El panorama se muestra desolador en el predio. Solo se erige una parte de la estructura, con el marco de lo que fue una ventana, los escombros y las huellas de alguna máquina que estuvo trabajando en el lugar.

En los últimos días la nueva señal la representa un enorme árbol que fue arrancado desde la raíz. Fue arrastrado a pocos metros, mientras que allí se evidencia un enorme pozo que indica dònde estuvo plantado.

Desde la ruta, a través de un túnel frondoso de ramas, se visualiza el saldo del desbarajuste de la otrora estación ferroviaria. Se observa que aún permanecen en pie otras añejas plantaciones, cercos, restos de lo que fue un vivero y un molino que atestigua lo ocurrido en las últimas décadas. 

Este “crimen patrimonial” ocurrió semanas atrás y nada se sabe sobre algún indicio que indique una acción estatal. 

La única excepción fue una iniciativa en el Concejo Deliberante del bloque de la Unión Cívica Radical para poner en vigencia una ordenanza, que refiere a la convocatoria de la Comisión de Protección del Patrimonio Cultural. 

Sancionada en 1997, no registra antecedentes en los últimos años cuando el avance edilicio modernista amenaza sobre algunas propiedades señeras del pasado sampedrino.

En este caso, sobre el patrimonio de lo que fueron los Ferrocarriles Económicos de Eduardo Depietri, “todo está incluido” dentro de una normativa que lo declara patrimonio histórico. 

También se consigna que deben existir carteles señalizadores y todo lo concerniente a la puesta en valor, como se merece, una historia inigualable próxima a cumplir 100 años.

Las restantes estaciones están habitadas. Algunas con carencias en su preservación, por lo que se debería efectuar notificaciones y un posterior seguimiento antes que surja otra sorpresa ingrata.

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una resolución mediante la que asume el control de los sistemas de circulación y el mantenimiento de la línea Rosario – Zárate del ferrocarril Mitre, que incluye la estación San Pedro.

El Ministerio de Transporte de la Nación retiró la concesión a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), que vencía en diciembre de 2022, algo que la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (Sopse) había solicitado en junio y junto a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias quedó a cargo del mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes.

El Gobierno argumento que a pesar de la inversión estatal en la línea, “el concesionario continúa limitando las velocidades de circulación de los trenes de pasajeros muy por debajo de los parámetros que serían los adecuados al estado actual de la infraestructura”.

“La idea de recuperar anticipadamente ese ramal es mejorar el servicio, para aumentar la cantidad de pasajeros y para bajar el tiempo de duración del viaje”, dijo en Radio Nacional el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano y aseguró que esta decisión “no le costará nada al Estado nacional”.