Una vez más, una familia aguarda con desesperación una resolución que permita la asistencia a un paciente con problemas de salud mental que arrastra años de situaciones violentas que ponen en riesgo su integridad física y la de otros.

Se trata de un joven de 24 años con esquizofrenia y problemas de adicción que ya estuvo internado en centros de rehabilitación cuando era adolescente y que desde hace un tiempo tiene conductas agresivas que resultan peligrosas para sí mismo y para terceros.

“Si no lo internan, le va a terminar pasando algo, porque él es agresivo y la gente se defiende”, dijo Eliana, su cuñada, este lunes en Radio Cuarentena, luego de que, otra vez, lo internaran y le dieran el alta en el Hospital tras un episodio violento: intentó apuñalar a otra persona.

La ley de salud mental vigente dice taxativamente que nadie puede ser internado contra su voluntad, a menos que se lo declare incapaz de tomar esa decisión. Como tantos otros, el joven se rehúsa al tratamiento y la situación se torna cada vez más difícil.

“Él no tiene capacidad para decidir si puede estar internado, tiene que intervenir un juez”, sostuvo su cuñada, que junto a la madre del muchacho son quienes estan desde hace tiempo peregrinando para lograr un tratamiento adecuado a la problemática.

“Necesita un lugar donde lo internen y tenga contención, no queremos que termine muerto ni lastime a otras personas”, dijo, con temor respecto de lo que pueda ocurrir porque el último intento de agresión fue muy grave y las represalias ante una conducta de ese tipo pueden implicar serias consecuencias.

Hace unos meses estuvo internado. La familia contó que hubo una junta médica que dijo que “estaba bien” y “lo mandaron para casa de nuevo”. Los problemas persistieron. “En estos ocho años llevamos como 500 denuncias hechas”, dijo la cuñada.

“Lo que estamos buscando es un lugar para que lo internen, hace meses vamos a San Nicolás por el tema”, agregó. Cada vez que lo internan implica viajar, reunirse con alguien, exponer la situación ante unos y otros.

Mientras tanto, la agresividad crece de manera inusitada. El viernes, por ejemplo, cuando una oficial de policía fue a entregar una documentación al domicilio de la familia, él intentó quitarle el arma.

“Una persona así necesita contención, tratamiento”, consideró la cuñada, que reveló que el pacietne “hace 15 años que toma la misma medicación”.

Desde el Hospital informaron que se completó la presentación en el expediente para solicitar la denominada “internación involuntaria” para que el Juzgado intervinente tome actuación y defina.

Indicaron que agregaron todos los registros de historia clínica, los informes del área de Salud Mental, las presentaciones judiciales y los precedentes respecto de situaciones de violencia que consignó la familia, así como las actuaciones policiales ante cada una de ellas.

Resta ahora que el juez interviniente disponga la internación involuntaria, corra traslado si así lo considera a otro organismo que deba participar o entregar información complementaria, aunque desde el Hospital ya elevaron todo lo que el juzgado solicitó para avanzar en el caso.

No es el primero ni el último caso que aparece con las mismas características: pacientes con problemas de salud mental y de adicciones involucrados en hechos delictivos que no pueden ser penados por su condición de inimputables pero que tampoco tienen la asistencia que las familias esperan y que se exponen a serios riesgos para sí mismos y para terceros.