La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui elevó a juicio la causa contra los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y los seis exempleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Mximiliano Pérez y Lucas Torres.

Los ocho deberán enfrentar al Tribunal Oral en lo Criminal que salga sorteado, en la fecha que se disponga, por los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

La jueza rechazó lo planteos de la defensa de los imputados, que pidieron recusación de la magistrada, nulidad del proceso, cambio de calificación legal y sobreseimiento, tras considerar que hay “indicios vehementes para sostener” que los acusados “son probables autores penalmente responsable” de los delitos que se les endilga.

Para el momento del debate deberá estar lista la pericia contable que resta, para lo que se solicitó documentación a las partes. La magistrada consideró consideró “justificada la existencia” de los delitos investigados en la causa.

Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, fueron detenidos el 8 de abril del año pasado. Ambos tienen prisión preventiva dictada.

El sampedrino, por cuestiones de salud, fue beneficiado con arresto domiciliario por la Cámara de Casación y ya está en su casa. El resto de los imputados siempre estuvo en libertad.

La defensa de Cabaleyro y Espíndola apelará la elevación a juicio, por lo que habrá que esperar esa instancia para saber qué Tribunal será el encargado de juzgarlos.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola fue beneficiado con arresto domiciliario por los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de La Plata Ridcaro Maidana y Víctor Violini, quienes consideraron válidos los planteos de la defensa del acusado.

Espíndola fue detenido junto al líder de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos en esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, en el marco de la causa que los tiene acusados de “cobrar coimas” para “dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.

Ambos sindicalistas están detenidos con prisión preventiva y fueron alojados en la Unidad Penal 3. Sus abogados defensores pidieron la medida de arresto domiciliario por cuestiones de salud, pero se las denegaron.

En el caso de Espíndola, Casación confirmó el fallo de primera instancia, del juez de Garantías, y revocó la decisión que había tomado la Cámara de Apelaciones, que había rechazado la morigeración, e hizo lugar al planteo del abogado Mauricio Gugger.

Así, Espíndola continuará en calidad de detenido pero en su casa, con pulsera electrónica y el seguimiento correspondiente para cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él camino al juicio, que tendrá lugar cuando se disponga la fecha.

Casación cuestionó a los jueces de la Cámara de Apelaciones que rechazaron el fallo inicial y señaló que “confunden la medida de morigeración con una libertad”, al tiempo que señalan que su fallo revocatorio es “arbitrario”.

El Tribunal platense tuvo en cuenta la sobrepoblación de la cárcel, donde la cantidad de presos excede ampliamente el cupo, y la situación de salud de Espíndola, que es hipertenso, padece obesidad mórbida y diabetes.

“Padeció numerosos desmayos y caída de presión por falta de suministros médicos”, expuso su abogado, Maurico Gugger. Casación hizo lugar a su pedido y además consideró que la Cámara de Apelaciones “soslayó los principios generales que rigen en materia de coerción” puesto que la prisión preventiva es una excepción.

La causa que investiga la denuncia por pedido de coimas por parte de sindicalistas de Camioneros a la empresa Rey Distribución llegó a su etapa final y la fiscala María del Valle Viviani cerró la instrucción para pedirle a la jueza de Garantías que eleve el caso al Tribunal para que disponga fecha del juicio.

Los líderes sindicales Maximiliano Cabaleyro —que además es concejal del Frente de Todos en San Nicolás, donde le votaron licencia una vez preso— y Fernando Espíndola están acusados de “turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “extorsión” también en dos hechos; y “extorsión en grado de tentativa” para uno de ellos.

Los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres están imputados por el delito “urbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Este sábado en Sin Galera, Ariel Rey, uno de los titulares de la empresa que denunció a los sindicalistas del gremio de Moyano, analizó la elevación a juicio y aseguró que están “muy satisfechos” con la tarea que llevó adelante la fiscala Viviani.

Consideró que la titular de la UFI logró reunir “pruebas contundendentes” para sostener la acusación. “Leí el expediente y me preció fabuloso”, dijo Rey y agregó: “Me siento conforme, prque veo, entiendo y tenemos esperanzas de que exista la justicia”.

El comerciante sostuvo que es importante que quienes se enfrentan a situaciones similares “tienen que tomar la decisión de denunciar”, aunque reconoció que “no es fácil”. En ese marco, volvió a destacar la tarea de Viviani y aseguró: “Los delitos están probados, nosotros vamos a trabajar para eso, para que se cumpla y se haga justicia”.

Ariel Rey, que forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meaba), que reúne en todo el país a empresas que atraviesan conflictos gremiales que derivan en el bloque de sus plantas, señaló que en muchos lugares ocurre lo mismo: “Lo habitual es que tenés que pagar un dinero para tener paz social”, denunció.

“No puede haber buena o mala relación (con el sindicato) de acuerdo a si vos te llevás bien o mal o si es mucho o poco la coima que de manera coaccionada tengas que ceder para trabajar”, cuestionó el titular de la distribuidora que fundó su padre.

Entre los puntos que enumeró como parte de la coima que le pedían, contó que al principio le pedían mercadería “para el kiosquito de Maxi”, en alusión al negocio del hijo del dirigente de Camioneros local, Fernando Espíndola.

“Es triste que estos delincuentes tomaron un sindicato, algo tan noble y genuino como la representación de los trabajadores, lo tomaron para beneficiarse ellos”, consideró.

Ariel Rey dijo que la situación que les tocó vivir es habitual, incluso en San Pedro, donde otros empresarios “no tienen la capacida de decidir porque decide el sindicato”, y recordó que durante el bloqueo a su depósito había camiones y empleados de otras firmas. “Seguramente no están de acuerdo”, señaló.

La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui rechazó el pedido de excarcelación, cese de la prisión preventiva y cambio de carátula que el abogado Mauricio Gugger interpuso en defensa de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes seguirán detenidos acusados de extorsionar a los propietarios de la empresa Rey Distribución.

Gugger había solicitado que se baje la calificación penal de manera tal que recuperen la libertad y para ello se basó en audios que forman parte de escuchas telefónicas que ordenó la Justicia pero que no habían sido aportadas al cuerpo de la causa.

Maiztegui consideró que en el devenir del proceso “no se vislumbra afectación alguna a la parte acusada ni a los principios y garantías constitucionales.

La jueza le dice a la defensa que desconoce el caudal probatorio que obra en la causa y que fue tenido en cuenta para dictar la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola.

Considero que la pretensión de la defensa del cese de prisión preventiva o cambio de calificación de legal con consecuente excarcelación no pueden prosperar.

Maiztegui consideró que se encuentran reunidos los requisitos que exige la ley para mantener a Cabaleyro y Espíndola detenidos con prisión preventiva en esta etapa del proceso penal en su contra”, como pretendía la defensa y consideró “no brinda ningún argumento que permita el cambio de calificación”.

La jueza Sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, que “no se han agregado a la causa nuevos elementos de prueba” tendientes a reconsiderar esa situación y que los planteos de la defensa no alcanza para modificar el estado de cosas.

“No hay prueba que pudiera modificar el estado procesal de los imputados”, aseguró Maiztegui y recordó en su fallo que los delitos por los que están acusados tienen una pena en expectativa de entre cinco y 25 años de prisión, por lo que no resultan excarcelables.

Viviani se opuso al planteo de Gugger y en su escrito señaló que esas escuchas telefónicas aportadas “no fueron ocultadas sino que no eran de interés para la investigación”.

Esas conversaciones, dijo la fiscala, “son en términos pacíficos” y, señaló, “no se desprende (de ellas) elemento ilícito alguno que configure delito o que incorpore elemento desincriminante”.

“La víctima no hace otra cosa que tratar de salir adelante de la sitaución por miedo a volver a que se paralice la empresa, la afectación psicológica y la intimidación que sufrió”, dijo sobre los términos en los que Gustavo Rey conversa con Maximiliano Cabaleyro por teléfono.

Para Viviani hay abundante prueba para considerar que “se obligó a la empresa Rey Distribución SRL por medio de una intimidación al contador de la empresa a firmar un documento reconociendo la deuda”.

“El único que se beneficia es el propio sindicato, a expensas de los trabajadores”, acusó la fiscala, que sostiene que “está debidamente probado que la intimidación existió, el método extorsivo que utilizaron para lograr que la empesa arribe a ese convenio de pago en vez canalizar el reclamo por la vía legal”.

“La acción coercitiva por parte de los imputados sobre la empresa fue la que determinó la suscripción del convenio de pago reconociendo una deuda ilegítima”, acusó la fiscala.

El sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola seguirá detenido en la cárcel. Así lo dispuso un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás, que revocó el arresto domiciliario con que había sido beneficiado en primera instancia.

La fiscala María del Valle Viviani se opuso y apeló la prisión domiciliaria con pulsera electrónica que por cuestiones de salud del detenido había aceptado conceder el juez de Garantías Román Parodi y el Tribunal hizo lugar al planteo.

Fernando Espíndola no llegó a ser trasladado a su casa para cumplir la prisión preventiva que la Justicia dictó en su contra en la causa en la que está acusado, junto a Maximiliano Cabaleyro, de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

La defensa de Espíndola había planteado la necesidad de que el imputado continuara el proceso en su casa con arresto domicilario y pulsera electrónica porque padece diabetes y las condiciones de detención en la Unidad Penal 3 agravarían su estado.

Viviani se opuso y apeló. La Cámara falló a favor del planteo de la titular de la UFI 7 y decidió revocar la resolución de primera instancia, por lo que el sindicalista seguirá alojado en la cárcel de San Nicolás mientras se sustancia la causa camino al juicio.

Fernando Espínbdola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

El Juzgado de Garantías se expidió este jueves tras la audiencia celebrada para tratar el pedido de prisión domiciliaria para el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola y resolvió a favor del planteo de la defensa, aunque para que el detenido vaya de la cárcel a su casa con seguimiento de pulsera electrónica resta que la Cámara analice la apelación interpuesta por la fiscala Viviani.

El abogado Mauricio Gugger, patrocinante de Espíndola y de Maximiliano Cabaleyro, ambos sindicalistas de Camioneros detenidos acusados de “pedir coimas” para “dejar trabajar tranquilos” a los propietarios de la empresa Rey Distribución, pidió la morigeración para ambos y la audiencia del sampedrino tuvo lugar el martes, mientras que para el caso del nicoleño todavía no hay fecha puesto que aguardaban resultados de estudios médicos.

Gugger planteó que la situación de salud de Espíndola, que padece diabetes, podría agravarse considerablemente si permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y el Juzgado de Garantías interviniente accedió a su pedido para que continué el proceso detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Sin embargo, la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, apeló la decisión y ahora Espíndola deberá aguardar en su celda de la cárcel nicoleña la decisión que tome la Cámara de Apelaciones y Garantías, que es quien debe resolver el asunto.

Espíndola y Cabaleyro fueron detenidos el 8 de abril pasado y para ambos la Justicia dictó prisión preventiva porque consideró que podrían fugarse o interferir el proceso de investigación que comenzó cuando la familia Rey denunció que les pidieron dinero a cambio de no generar conflictos sindicales.

Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

Además, Espíndola afronta una causa penal por abuso sexual tras la denuncia interpuesta por dos sobrinas y un sobrino con quienes convivía cuando era adolescente. Cabaleyro, por su parte, es concejal del Frente de Todos en San Nicolás y sus pares votaron su licencia cuando ya estaba detenido.

Este sábado el O2 Arena de Londres fue escenario de una serie de combates boxísticos que contó con la presencia del sampedrino Kevin Nicolás Espíndola que venía de presentarse en el Casino de Buenos Aires ante Iván Dychko. 

Hoy, en un mano a mano de pesados cayó ante el local Solomon Dacres (3-0- 1KO) por puntos. Fue 80 – 72 para el inglés de 28 años, pese a que Espíndola mostró dureza. 

Solomon Dacres returns with a 80-72 points win against Kevin Nicolas Espindola. A dominant win against a solid opponent. Dacres went through the gears but the Argentine showed his toughness. Exciting future for the 28-year-old, perhaps English Title next. #DacresEspindola

Este triunfo toma mayor relevancia para Dacres que venía de una importante lesión en uno de sus hombros. 

A post shared by Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás se expidió este miércoles respecto de la situación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y confirmó la prisión preventiva contra ambos y además anuló arresto domiciliario con el que habían sido beneficiados.

Los jueces Eduardo Alomar, Guillermo Martínez y Alberto Moreno resolvieron rechazar el recurso de apelación planteado por el abogado defensor Mauricio Gugger y dejar firme la medida de prisión preventiva contra ambos detenidos acusados de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

También resolvieron hacer lugar al pedido de la fiscala María del Valle Viviani y anularon la medida de atenuación de prisión, es decir que dejaron sin efecto el beneficio de arresto domiciliario otorgado.

Aun así, los magistrados dispusieron devolver al Juzgado de Garantías el expediente para que resuelva la petición de la Defensa, previa audiencia y vista de Fiscalía, como si analizara de cero, el incidente de arresto domiciliario solicitado por Gugger.

Así, los detenidos permanecen alojados en la DDI de San Nicolás a la espera de que el Juzgado resuelva su situación respecto de dónde deberán cumplir los ocho meses de prisión preventiva que tienen por delante, si tras las rejas o en sus viviendas.

La Cámara de Apelaciones y Garantías entiende que existe “peligro de la frustración de lso fines del proceso” y que “de hallarse en libertad” Cabaleyro y Espíndola “podrían fugarse”. En ese sentido, señalaron que podrían “incidir en forma manifiesta” sobre “las restantes diligencias, testimonios y conductas de sus afiliados con el interés que talescondiciones resulten de sus respectivas conveniencias y temores”.

Respecto del arresto domiciliario con pulsera electrónica, los jueces indicaron que el juez Parodi, que subrogó a Maiztegui en la audiencia, no tuvo en cuenta la posición al respecto de la fiscala Viviani, por lo que decidieron anular el beneficio y devolverlo a Garantías para que se cumpla el procedimiento, por ello es que vuelve “a cero” la instancia de debate respecto de la morigeración.

Más de dos semanas pasaron desde que el juez de Garantías Román Parodi, subrogante de María Eugenia Maiztegui, dispuso que los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanezcan detenidos con prisión preventiva pero con el beneficio de arresto domiciliario en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” que denunció la empresa Rey Distribución.

Ambos contiúan alojados en la DDI de San Nicolás a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías, puesto que tanto la defensa, cargo del abogado sampedrino Mauricio Gugger, como la Fiscalía de María del Valle Viviani apelaron el fallo del juez de Garantías.

Consultado por La Opinión, Gugger informó que todavía están a la espera de la resolución de Cámara. La decisión podría aparecer este viernes o bien la semana que viene. Los magistrados deben definir si dejan firme lo que Parodi dispuso para ambos acusados.

En el caso de la Defensa, el planteo es de excarcelación. Gugger apeló la decisión que dispone que permanezcan detenidos con prisión preventiva porque considera que no hay riesgo de que Espíndola y Cabaleyro se fuguen o entorpezcan la investigación.

Por su parte, la fiscala Viviani apeló el beneficio de arresto domiciliario porque entiende que deberían permanecer detenidos en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense y no en sus viviendas, ya que de esa manera podrían interferir en el devenir de la causa.

El secretario General del Sindicato de Camioneros de la regional San Nicolás y concejal del Frente de Todos ahora de licencia Maximiliano Cabaleyro y su delegado en San Pedro, Fernando Espíndola, están acusados de bloquear la planta de la empresa Rey Distribución y de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola permanecen detenidos alojados en la sede de la DDI de San Nicolás y allí seguirán mientras se resuelven las apelaciones planteadas a la Cámara de Garantías por la defensa y la Fiscalía tras la decisión del juez Parodi de dictar la prisión preventiva para ambos.

El abogado defensor, Mauricio Gugger, apeló la prisión preventiva y consideró que si recuperaran la libertad no habría riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, motivos en los que debe fundarse la medida.

Por su parte la fiscala María del Valle Viviani apeló la decisión del juez Parodi de beneficiar a los detenidos con el arresto domciliario para que cumplan la preventiva en sus viviendas.

Ahora, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Nicolás deberá resolver ambos planteos y expedirse respecto de si Cabaleyro y Espíndola recuperan la libertad o siguen detenidos, y en caso de permanecer con prisión preventiva si lo hacen en la cárcel o en sus domicilios.

El abogado Mauricio Gugger señaló a La Opinión que esperan para la semana que viene la decisión de la Cámara y que mientras tanto sus defendidos permanecerán en las mismas condiciones de detención que hasta ahora.

Ambos sindicalistas están acusados de extorsión y coacción tras haber sido denunciados por los integrantes de la empresa Rey Distribuciones, quienes los acusaron de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Este martes la Justicia se expidió respecto del pedido de prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes deberán permanecer detenidos mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

El abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Una vez que quede firme la resolución, lo que podría ocurrir para el lunes próximo recién, Cabaleyro será trasladado en condición de detenido a su casa de San Nicolás, de la que no podrá salir, y Espíndola hará lo propio en la suya en San Pedro, con comunicación y a disposición del Juzgado de Garantías, bajo control del Patronado de Liberados.

El juez dispuso para ambos la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, denunciantes en la causa por la que están detenidos, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa, testigo vinculado y además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

Desde la parte querellante, todo indica que la abogada Florencia Arietto apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario aunque celebraron que se les haya dictado la prisión preventiva.

En la audiencia, el abogado de los imputados, Mauricio Gugger, había pedido la libertad, que fue denegada, y subsidiariamente el arresto domiciliario, beneficio otorgado. Argumentó “arraigo, contención familiar y domicilio conocido” y “el estado de los establecimientos carcelarios”, donde al no gozar Espíndola y Cabaleyro de “plena salud” se ven en situación de vulnerabilidad.

Cabaleyro dijo en la audiencia que es un adicto en recuperación y que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína, drogas con la que tenía dependencia ante de esa fecha. Señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.

Antes de que se desarrolle la audiencia por la prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, el diputado nacional Leopoldo Moreau, presidente de la la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, le pidió a la fiscala Viviani las actuaciones de la causa. La titular de la UFI 7 rechazó la solicitud.

Moreau pidió “una copia del “legajo fiscal que tendrá carácter de reservado” y Viviani le respondió que su Fiscalía “no puede dar cumplimiento a lo requerido” y le explicó las razones, relacionadas con que la ley impide “la injerencia de otros poderes del Estado” en la tarea de la Justicia.

En el texto, y de manera didáctica, la titular de la UFI 7 explica al diputado Moreau, un dirigente político con más de cuatro décadas de trayectoria, algo tan simple como que la investigación penal corre por canales que implican la parte acusatoria, a su cargo, y la defensa que representa al imputado, todo bajo el control de un tercero imparcia que es el Juzgado.

Le explicó que de la ley invocada por él para elevar su requerimiento “no surge ninguna facultad expresa ni implícita” que lo autorice como legislador a “intervenir de modo que permita vulnerar el mecanismo procesal” ni “controlar el desempeño de los fiscales”.

Este jueves se desarrolló en San Nicolás la audiencia para resolver si los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos en el marco de la causa que investiga el presunto “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos” que denunciaron desde la empresa sampedrina Rey Distribución.

La audiencia la encabezó el juez de Garantías Román Parodi, que subroga a María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia tras un “pico de estrés” y en medio de “presiones” relacionadas con esta causa. El magistrado tendrá cinco días para resolver si los mantiene detenidos por los próximos ocho meses o los excarcela para que sigan el proceso en su contra, camino al juicio, en libertad.

Desde San Nicolás, el periodista Guillermo Puliti, del diario El Norte, brindó en Radio Cuarentena detalles acerca de cómo se desarrollaba en la vecina ciudad la jornada clave para el destino de los sindicalistas detenidos.

Pasadas las 9.30 de la mañana, ambos sindicalistas fueron trasladados desde la sede de la DDI, donde permanecen detenidos ante la falta de cupo en las unidades penales, hacia el Juzgado para participar de la audiencia.

En el recinto, la fiscala María del Valle Viviani expuso sus argumentos para considerar necesario que ambos permanezcan detenidos mientras se sustancia la investigación y el abogado defensor Mauricio Gugger hizo lo propio para sostener la necesidad de que sean liberados.

Viviani imputó a ambos detenidos por un delito más grave que el inicial, por lo que ahora la causa tiene una expectativa de pena que va entre los 5 y los 10 años de prisión. Gugger, por su parte, recusó tanto a la fiscala como a la jueza de Garantías.

Afuera había presencia de integrantes del Sindicato de Camioneros, entre ellos el secretario General y coconductor de la CGT, Pablo Moyano, quien en el parque San Martín, lindero al Juzgado, dijo que estaban para acompañar a “los compañeros Cabaleyro y Espíndola para que de una vez por todas se haga justicia verdadera”, reportó el diario El Norte de San Nicolás.

El domingo vence el plazo de ley previsto para que la fiscala María del Valle Viviani presente la solicitud de prisión preventiva, expediente que ingresará formalmente el lunes. A partir de allí, la magistrada a cargo de la causa, María Eugenia Maiztegui, deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los imputados expondrán sus argumentos.

Vivani pedirá que permanezcan detenidos hasta el juicio. El Código Procesal Penal bonaerense prevé una duración máxima de la prisión preventiva de ocho meses, plazo que Fiscalía tiene para completar su investigacion y solicitar la elevación a juicio, y que puede ser prorrogable pero debe haber una nueva audiencia.

Lo más relevante de esta semana, camino a la audiencia de la próxima, fue que tras el allanamiento en la sede central de Camioneros ante el mismísimo Hugo Moyano, Viviani resolvió imputarles un nuevo delito a los detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, puesto que la documentación que halló durante el procedimiento la habilitó.

Además de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, ambos sindicalistas están ahora imputados por un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, es decir que el mínimo implica que no es excarcelable: extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.

Es que durante el allanamiento en la sede central de Camioneros, Viviani encontró los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso de dinero pagado por la empresa Rey Distribución pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la “coima” que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Para Viviani, esto podría configurar el delito de extorsión que prevé el artículo 168 del Código Penal, que señala que será reprimido con entre cinco y diez años de prisión que con intimidación o violencia obligue a otro a suscribir documentos que produzcan efectos jurídicos.

Durante el allanamiento en Buenos Aires, Viviani llegó con la orden de secuestrar todo los libros contables y planillas “donde surja deuda de aportes gremiales, sindicales y diferencias salariales de la empresa Rey Distribución SRL, equipos informáticos en los que pudieran estar almacenadas las constancias donde surge la supuesta deuda”.

Cabaleyro y Espíndola fueron convocados por Viviani este miércoles a Fiscalía General para ampliar su declaración indagatoria, puesto que tenía que ponerlos en conocimiento de este nuevo delito que se les imputa en el marco de la misma caua y a partir de los nuevos elemento probatorios reunidos.

Aunque con menos presencia que el día que declararon en San Pedro, integrantes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás acompañaron en esa ciudad la comparecencia de los detenidos ante Fiscalía. En este caso también impidieron el trabajo de la prensa, según reportaron desde el diario El Norte, a cuyos reporteros gráficos no les permitieron cumplir con la tarea que tenían prevista.

Este jueves, en el marco de la causa penal por extorsión y coacción que mantiene detenidos a los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, prestó declaración testimonial ante la fiscala María del Valle Viviani la delegada local del Ministerio de Trabajo, Sofía Rotundo.

La abogada fue citada por Viviani en la sede de Fiscalía con el objetivo de solicitarle algunos detalles relacionados con la documentación que oportunamente le requirieron a la delegación de la cartera laboral que conduce y que está vinculada a las actuaciones labradas durante el conflicto entre la empresa Rey Distribuciones y el sindicato de Camioneros.

Rotundo brindó las explicaciones correspondientes para profundizar en aquellos aspectos que la fiscala le requirió y se retiró de Fiscalía antes de las 15.00, tras cumplir con el requerimiento judicial como funcionaria interviniente en el conflicto.

La delegación local del Ministerio de Trabajo tomó intervención ante los reclamos laborales planteados por el sindicato y cumplió tareas de mediación en el marco del conflicto que luego derivó en la denuncia penal por parte de la familia Rey contra los sindicalistas de Camioneros.

El Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás, a cargo de María Eugenia Maiztegui, rechazó este miércoles la solicitud de excarcelación de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos el viernes en el marco de la causa por “extorsión y coacción” que investiga la Justicia luego de la denuncia de la empresa Rey Distribución que los acuso de “pedir coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

El abogado que patrocina a ambos dirigentes sindicales pidió la excarcelación luego de que el domingo prestaran declaración indagatoria ante la fiscala María del Valle Viviani, instancia de defensa que se cumplió en la sede de la Fiscalía Nº 7 con presencia de Camioneros, en cuyo marco el dirigente Julio Cabaleyro agredió, insultó y amenazó a periodistas de La Opinión & Sin Galera.

Maiztegui rechazó la excarcelación por considerar inadmisible que estén libres en esta etapa puesto que podrían entorpecer el devenir de la causa y ordenó que Cabaleyro y Espíndola sean trasladados a la Unidad Penal 3 de San Nicolás o bien a Campana o Junín, en caso de que no haya cupo en la penitenciaría nicoleña.

La jueza estimó que existen “sobrados motivos” para mantenerlos presos con el objetivo de “asegurar el desarollo” del proceso. La fiscala Viviani tiene ahora entre 15 y 30 días para reunir elementos probatorios que le permitan pedir la prisión preventiva de los sindicalistas, que implicaría, según el Código Procesal Penal bonaerense, al menos unos ocho meses de cárcel mientras se llega al juicio.

Para Maiztegui hay “peligrosidad procesal” acreditada, puesto que la “magnitud de la pena en expectativa” por los delitos de los que están acusados así lo establecen. Además, la jueza ponderó el tipo de delito, las circunstancias en las que fueron cometidos los hechos por los que están imputados y el poco tiempo que llevan detenidos.

La magistrada sostuvo que hay “un peligro cierto de entorpecimiento de la investigación”, puesto que entiende que Cabaleyro y Espíndola podrían “influenciar loas testigos que deben declarar” y así frustrar la finalidad del proceso.

Además de enfrentar la causa por “pedido de coimas”, el sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, detenido junto a Maximiliano Cabaleyro, está imputado por abuso sexual intrafamiliar contra al menos dos sobrinas y un sobrino que lo denunciaron por someterlos cuando eran menores de edad.

Una semana antes de ser detenido por el caso Camioneros, Espíndola prestó declaración indagatoria por la causa relacionada con abuso sexual. El abogado del sindicalista, Mauricio Gugger, sostuvo que “no coinciden las fechas” y que “él no convivía” con las personas denunciantes en el año 1988, cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

“Lo que resta en esa causa es que empiecen a a aportar los testimonios que se ofrecieron oportunamente”, dijo Gugger y sostuvo: “Él se declaró inocente, ya no vivía en ese lugar, ya estaba casado y con hijos”.

Este lunes, en Radio Cuarentena, una de las denunciantes, Cintia Espíndola, ratificó en todos los términos su el relato que dejó asentado en la Justicia. El domingo estuvo en Fiscalía. “Vaya donde vaya, esté donde esté, voy a estar”, aseguró.

Tras escuchar las declaraciones del abogado de Espíndola, la mujer señaló que los abusos que denunció se extendieron más allá de la mayoría de edad del sindicalista e incluso cuando ya no eran convivientes en la casa de lo abuelos, donde prácticamente se criaron juntos. “Él estaba de novio y lo seguía haciendo, tenía hijos y lo seguía haciendo”, aseguró.

“Dígale al abogado que no trate de ensuciar la cancha, lo que uno cuenta es nuestra realidad, es lo que nos pasó. Aunque no haya estado viviendo, los abusos los seguía cometiendo igual”, aseveró.

Cintia Espíndola reveló que tenía 14 años cuando le contó a la ahora esposa de su tío la situación. “Ella me abofeteó como quiso y me trato de mentirosa”, dijo.

“Nosotros somos cuatro hermanos, yo fui la que convivió y que más torturas vivió”, dijo y consideró: “El abuso es algo que te enferma la cabeza todos los días, para nosotros no hay cura, esto se lleva de por vida”.

En ese sentido, volvió a plantear que la decisión de su hermano de quitarse la vida está relacionada con los abusos de los que fue víctima.

“Mi hermano no lo soportó. Él era un muchacho joven, trabajador, con dos hijos, no soportó más vivir con eso”, aseguró.

Relató que Fernando Espíndola la amenazaba con que tenía “arañas escondidas bajo la tierra” y dijo que cuando le preguntan por qué no denuncié cuando era chica responde que “la víctima habla cuando puede no cuando quiere, porque no es fácil procesar todo esto”.

“Hay que seguir luchando y no voy a parar hasta conseguir lo que quiero conseguir: este tipo tiene que pagar de alguna manera. El abuso de poder que tiene con toda la gente lo aprendió de muy chico con nosotros, alimentaron una bestia, no le importa los derechos de nadie, se cree impune a todo”, dijo.

Además, reveló que “a los 16 años, teniendo ya una bebé” recibió “el último abuso de ese degenerado”. Cintia Espíndola sostuvo que buscará justicia “hasta el último día de mi vida, porque ese desgraciado me quitó mi hermano, porque mi hermano se mató por culpa de él”.

Tras la difusión de las agresiones y amenazas que sufrió la periodista Lilí Berardi, directora de La Opinión & Sin Galera, durante la cobertura de la declaración indagatoria de los sindicalistas de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, hubo un repudio generalizado a la situación, al que se sumó un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

La organización que representa a periodistas de todo el país expresó su solidaridad y repudió “las agresiones verbales y las intimidaciones” que recibió Lilí Berardi por parte del sindicalista regional de Camioneros Julio Cabaleyro, padre de uno de los gremialistas detenidos, y sus acólitos durante la cobertura de la noticia.

#FOPEALibertadDeExpresión ?El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su solidaridad con la periodista Lili Berardi, y repudia las agresiones verbales y las intimidaciones que recibió durante una cobertura en San Pedro, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/F826x7QB1U

“Debió trabajar bajo una hostilidad permanente por parte de los manifestantes, recibió botellazos y amenazas de que le quitarían el teléfono celular. Incluso, el dirigente Julio Cabaleyro la insultó en reiteradas ocasiones”, advirtieron desde Fopea.

El Foro de Periodismo Argentino reclamó “más respeto y tolerancia hacia el trabajo periodístico” y exigió “a las autoridades garantías para el ejercicio profesional ante situaciones como esta”.

Además, instaron a Camioneros a que “que sancione a los violentos y que también se comprometa a que en el futuro no se vuelvan a repetir episodios similares” como los que se vivieron este domingo en San Pedro.