Antes de las 14.00 el Gobierno confirmó el depósito de los sueldos de todo el personal municipal, monto que asciende a alrededor de 1314 millones de pesos.

El personal de carrera municipal, de carrera médico hospitalaria, funcionarios y concejales verán reflejados sus haberes en sus cuentas el sábado, puesto que el proceso comenzó antes del cierre de la jornada administrativa.

Los sindicatos informaron a sus afiliados acerca de la novedad alrededor de las 14.00, cuando les fue confirmado desde el Gobierno que habían hecho efectivo el depósito.

El Municipio pagó los salarios por tercera vez consecutiva un día después del plazo de ley, que establece el cuarto día hábil del mes como límite. 

El gabinete de Cecilio Salazar se quedó sin titular en la Dirección de Personal tras la renuncia de la directora Sofía Fucci, una empleada de carrera que había quedado al frente del área desde mediados de 2021.

A fines de octubre pasado, Fucci había informado su decisión de retomar sus tareas como trabajadora municipal —tenía reserva de cargo como jefa de departamento en la misma área— y acordaron que la renuncia tendría efecto a partir de enero, puesto que quedaba todo el despliegue propio de la administración camino a fin de año por delante.

La ahora exfuncionaria entró de licencia por vacaciones y el Gobierno debe decidir si busca un reemplazo político, puesto que no está resuelto si el plan es tener un funcionario al frente de la Dirección.

 Una posibilidad sería delegar la firma en la propia empleada, a quien en el Gobierno consideran como “muy comprometida con su trabajo y con la gestión”.

Antes, Personal dependía de la Subsecretaría Legal y Técnica que conducía Paola Basso en el gabinete de Salazar, con Fucci como jefa de Departamento. La ahora concejala opositora renunció en junio de 2021, cuando el intendente oficializó su regreso al peronismo como parte del entonces Frente de Todos, hoy Fuerza Patria.

En ese momento Sofía Fucci, que se desempeñaba en el área desde hacía más de una década, quedó a cargo como directora designada con funciones políticas y responsabilidades administrativas ante el Tribunal de Cuentas, cargo que ejerció hasta ahora.

En el organigrama municipal, la Dirección de Personal depende de la Secretaría de Gobierno, que está a cargo de manera interina del jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, desde que Martín Baraybar asumió como concejal y presidente del Concejo.

El sábado, La Opinión reveló que el intendente Cecilio Salazar decidió designar como nueva secretaria de Gobierno a la presidenta del bloque oficialista en el HCD, Candelaria Cuscuela.

Todo indica que si hay nombramiento de un nuevo jefe de Personal ocurriría luego de que Cuscuela jure, aunque la decisión dependerá del tridente de Gobierno que conforman el intendente, el jefe de Gabinete y el secretario de Economía, Roberto Borgo, cuya área tiene injerencia directa en la política de recursos humanos del Municipio.

*Por Javier Silva

Se dice que el rey Pirro, tras ganar una batalla que lo dejó al borde del colapso, pronunció una frase inmortal: “Otra victoria como ésta y estaremos perdidos”.Desde entonces, una victoria pírrica es ese triunfo que, por su costo, destruye al propio vencedor. 

La analogía no es casual. El proyecto de ordenanza que busca prohibir al Municipio de San Pedro incorporar personal durante cuatro años, bajo cualquier modalidad, impulsado por concejales opositores al Departamento Ejecutivo, pretende mostrarse como un gesto de austeridad y responsabilidad fiscal.

Sin embargo, su efecto real podría convertirse en una de esas victorias que no conviene celebrar: una medida que, en nombre del “orden”, deja al Estado sin capacidad de funcionar y al borde de la ilegalidad.

Porque detrás del eslogan aparece el problema de fondo: la iniciativa choca con la legislación vigente, altera el equilibrio institucional, afecta servicios esenciales y abre la puerta a nulidades y conflictos jurídicos inevitables.

La redacción del proyecto, además, deja entrever cierta inmadurez normativa, producto quizá de un entusiasmo que no siempre va acompañado de una comprensión acabada del marco legal.

Es el tipo de iniciativa que suele surgir cuando el ímpetu político llega más rápido que la experiencia en la administración pública. El resultado es una ordenanza que pretende ordenar lo que todavía no se ha terminado de entender.

Y aquí es donde aparece la verdadera dimensión política del asunto: la oposición podría “ganar” la votación, pero el costo institucional, jurídico y operativo sería tan alto que esa victoria terminaría volviéndose en su contra.

La Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58) define con claridad las funciones dentro del Estado municipal.

El artículo 107 establece que:

“La administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo.”

Y el artículo 108 inciso 9 agrega:

“Corresponde al Departamento Ejecutivo nombrar, aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los empleados del Departamento Ejecutivo, con arreglo a las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal.”

Esto significa que:

✔ El Concejo Deliberante puede dictar normas generales: concursos, límites presupuestarios, estatutos, requisitos.✘ Pero no puede anular la facultad misma del intendente de designar personal.

Una prohibición absoluta de contratar —durante cuatro años y sin excepción más que algunos profesionales de la salud— invade directamente una competencia exclusiva del Ejecutivo, violando el reparto institucional que fija la Ley Orgánica.

El marco provincial del empleo municipal refuerza esa interpretación.

La Ley 14.656 y su Decreto Reglamentario 784/16 son claros:el acto de designación de personal solo puede ser emitido por el Departamento Ejecutivo (o por el mismo Concejo respecto de su propia planta).

Por eso, una ordenanza que prohiba contratar durante cuatro años no regula:invade, anula y altera una función ejecutiva reconocida por ley.

El artículo 1 del proyecto establece:

“Se prohíbe la incorporación de nuevos trabajadores al Municipio de San Pedro (…) por el plazo de cuatro (4) años.”

En ese período, el Municipio no podría:

La excepción prevista —solo para algunos profesionales de la salud y bajo estrictas condiciones— es a todas luces insuficiente.

El resultado sería una parálisis operativa y una sobrecarga estructural para los trabajadores actuales.

La prohibición absoluta plantea, además, problemas legales serios:

1. Nulidad por invasión de competencias

Al impedir al Ejecutivo ejercer una función propia, la ordenanza sería prima facie nula, violando el art. 108 inc. 9 de la LOM.

2. Incompatibilidad con la Ley 14.656

El decreto 784/16 exige que la designación de personal sea un acto del Ejecutivo.La ordenanza impide ese acto: contradicción plena.

3. Judicialización

Sindicatos, empleados municipales o el propio Ejecutivo podrían impugnar la norma, generando litigios y medidas cautelares que afectarían la gestión.

4. Conflicto institucional

El Concejo asumiría un rol operativo que la normativa no le reconoce, condicionando a esta y a la próxima gestión.

El Concejo Deliberante cuenta con herramientas legales para ordenar el gasto en personal:

Estas técnicas son válidas, razonables y constitucionalmente aceptables.Pero ninguna de ellas implica prohibir al Intendente designar personal.

Un congelamiento puede discutirse; una prohibición absoluta es, lisa y llanamente, inconstitucional a nivel municipal.

La duración —cuatro años— agrava el problema. La ordenanza condicionaría no solo a la gestión actual, sino a la próxima, restringiendo su capacidad mínima de gobernabilidad y violando la lógica democrática de alternancia.

Un Estado que no puede reemplazar a sus trabajadores esenciales deja de ser eficiente: se vuelve vulnerable.

El debate sobre el empleo público es legítimo y necesario. Pero una ordenanza que prohíbe por completo contratar personal:

Ordenar el Estado es indispensable. Pero ningún Estado se ordena paralizándolo.

Como diría el rey Pirro, una victoria así —aunque se proclame con entusiasmo— terminaría costándonos demasiado.

*El autor es abogado, exsecretario de Gobierno y exsecretario de Obras Públicas de la Municpalidad de San Pedro.

Los concejales que representan al Gobierno nacional de Javier Milei en San Pedro proponen prohibir al Municipio la contratación de trabajadores de cualquier tipo por cuatro años.

Los ediles Joaquín González y Melina Panatteri, del bloque Alianza La Libertad Avanza, elevaron el expediente para que sea debatido en las comisiones pertinentes cuando le den ingreso formal, lo que podría ocurrir en alguna sesión extraordinaria durante el verano o bien después del 1 de marzo.

El plan es establecer la prohibición de incorporar personal permanente, temporario, jornalizado o contratado a través de locación de servicios o programas especiales, con excepción de profesionales de la salud "cuando resulten estrictamente necesarios".

Aun así, el proyecto de ordenanza tiene un artículo que, así como está redactado, habilitaría al Ejecutivo a contratar de todas maneras cualquier tipo de trabajador, aunque podrá mejorarse la técnica legislativa para que quede claro que acaso se refiere al artículo anterior, que se extiende sobre los médicos, exceptuados de la prohibición. Bastaría con un “las excepciones a las que refiere el artículo 2”.

El apartado habla de la posibilidad de “excepciones” que estén "debidamente fundadas, con informe previo y expreso de impacto presupuestario, suscripto por el área competente" del Ejecutivo, lo que coincide con la modalidad habitual que tienen los expedientes de contratación.

Toda incorporación de personal se produce con un expediente que justifica la necesidad de contratación y proviene desde el área correspondiente. Otra opción de mejora de la redacción del proyecto podría ser aclarar en el artículo que esa "excepción" que dejan abierta debería pasar por el Concejo, para que ese cuerpo sea el que controle el cumplimiento de la ordenanza en todos sus términos.

En el proyecto señalan que la propuesta "no afectará derechos adquiridos", lo que implica ni más ni menos que respetar la legislación vigente en la materia, una aclaración que puede ser pertinente en los considerandos pero que también aparece en el articulado.

Además, indican que el Gobierno deberá remitir anualmente un informe detallado sobre la evolución del gasto en personal, el ahorro generado por la ordenanza y el cumplimiento de objetivos de equilibrio fiscal y austeridad, lo que, después de todo, se hace cada año en la Rendición de Cuentas, aunque nunca está de más el detalle.

Uno de los artículos dice que el Gobierno deberá "priorizar la optimización del personal existente, la reorganización de funciones, la modernización administrativa y la mejora en la eficiencia del gasto" para llevar adelante la gestión sin incorporar personal, una obligación que en los 10 años que lleva Cecilio Salazar como intendente se cumplió en mayor o menor medida y cada tanto, según la coyuntura.

La propuesta de no sumar agentes por cuatro años afectaría no sólo a la administración Salazar sino a la que lo suceda, puesto que, de aprobarse, abarcaría los dos últimos años del actual Gobierno y los dos primeros del siguiente, lo que implica dificultades para el abordaje de una planficación integral.

Además, al no permitir el ingreso a planta permanente pondría en situación de riesgo a los más de 160 temporarios que, según establece la ley, deben ser cesados o estabilizados al año, aunque no siempre el Municipio cumple con ello.

González y Panatteri consideraron "una  obligación política y moral" del Concejo "poner límites claros al crecimiento del Estado". Aseguraron que contratar personal "genera compromisos de gasto permanente que trascienden los mandatos" y pone en riesgo "futuras gestiones municipales".

"Gobernar con responsabilidad implica priorizar el orden de las cuentas públicas, el equilibrio presupuestario y la asignación racional de los recursos antes que el uso del empleo público como herramienta coyuntural y política", consideraron.

En ese marco, señalaron que "la libertad económica, el desarrollo local y la generación de empleo genuino se producen en el sector privado y no en la expansión ilimitada de la estructura estatal".

"Los vecinos de San Pedro merecen una gestión austera, eficiente y transparente", sostuvieron Joaquín González y Melina Panatteri en el proyecto de ordenanza, el primero que presentan desde que asumieron como concejales.

La masa salarial municipal actual, entre empleados de planta, carrera médica, funcionarios y concejales, alcanza los 1728 millones de pesos, según reveló La Opinión este martes, cuando el Gobierno confirmó que logró obtener los recursos para pagar.

En el Presupuesto 2026 están consignados 1006 trabajadores de planta permanente, 164 temporarios, 58 médicos de reemplazo y ocho guardavidas. En total son 1236 empleados municipales.

Además, hay que tener en cuenta al personal que trabaja vía contrato de locación de servicios y a los que están por "decreto de ayuda social con contraprestación de tareas", que cobran con fondos provinciales específicos.

El cálculo de recursos y gastos da cuentas de la problemática relacionada con la masa salarial sobre la que de alguna manera apunta el proyecto de los concejales libertarios: la mayoría de las áreas municipales sólo tiene asignación de recursos para pagar sueldos.

Como bien señalan Panatteri y González en el expediente, la problemática del personal municipal "no es nueva ni coyuntural" sino "estructural". En ese marco, el proyecto pone el tema nuevamente en debate. 

Si en la comisión hay voluntad, puede servir para un análisis serio entre Ejecutivo y Concejo para abordar una situación que, aun cuando este proyecto sea de difícil concreción, amerita un sinceramiento.

Mientras el Gobierno espera una inyección de recursos de último momento para hacer frente a las guardias médicas y al medio aguinaldo del personal de planta, los sindicatos están en alerta.

Tanto desde ATE como desde el STM comunicaron a sus afiliados que en caso de que este martes no haya confirmación sobre el pago, habrá una medida de fuerza con paro por tiempo indeterminado hasta cobrar.

Desde el Gobierno aseguraron que estaban "tratando de llegar" con los recursos para hacer frente a ambas obligaciones, tal como había adelantado el sábado el secretario de Economía, Roberto Borgo, en Sin Galera.

Hasta este mediodía, alrededor de dos horas antes del cierre de la administración pública, la situación era complicada porque los fondos de coparticipación no llegaban ni alcanzaban para cubrir el compromiso.

Borgo dijo el sábado que el pago de aguinaldos sería "secuencial" y que la prioridad la tendrían los empleados de menores ingresos. Médicos, funcionarios y concejales quedaban relegados en ese esquema.

Los empleados municipales tendrán asueto 14 de noviembre para celebrar su día, que es el 8 de noviembre, pero todos los años se posterga para el viernes siguiente, para que tengan fin de semana largo.

La fecha recuerda la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina, en 1959, que pasó a ser la máxima representación de los intereses y derechos de los trabajadores a nivel nacional.

Desde entonces, es la única fecha celebratoria en el año para los agentes municipales.

La Municipalidad destacó que se mantendrán los servicios esenciales, como guardias y urgencias, a los efectos de garantizar la normal atención en determinadas áreas.

Para el caso, deberá prevenirse una posible demanda de grandes proporciones en la Guardia del Hospital, como ocurrió el año anterior. El movimiento inusitado desbordó la atención ante la falta de atención en consultorios.

Aquel día, en cinco horas se atendieron unas 90 personas, promedio jamás registrado, por situaciones que en otra circunstancia se resuelven en otros espacios.

En la delegación local del Ministerio de Trabajo, autoridades municipales y sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local firmaron un acta que contiene el listado de los primeros 12 empleados temporarios que pasarán a planta permanente tras el compromiso del Gobierno.

Son 12 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en diversas áreas, la mayoría en el Hospital Emilio Ruffa, y que ingresaron como temporarios entre 2017 y 2022.

Algunos de ellos, incluso, antes de ser temporarios fueron contratados a través de decretos de ayuda social con contraprestación de tareas, una modalidad de colaboración con familias en vulnerabilidad que en San Pedro y en otros municipios se convirtió en un primer paso para el empleo municipal.

El listado contiene los nombres de Braian Augusto González, que ingresó en marzo de 2017, y Mario Antonio Giuliani, de alta en mayo de 2021, ambos dependientes del área de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos.

Laura Noemí Pérez, de junio 2020, que trabaja en el jardín Frutillitas; Rita Ayelén Machado (marzo 2022), de la Dirección de Turismo; y Marcia Noelia Deleglise (mayo 2022), de la Dirección de Personal.

También está Vanesa Magalí Sierra, que ingresó como empleada de planta temporaria en octubre de 2020 como primera trabajadora municipal contratada por el cupo trans, quien se desempeña en Centros de Salud.

Los del Hospital son Laura Suana Larrea (agosto 2020); Antonella Claribel González (abril 2021); Braian Emanuel Romero (mayo 2021); Rosalía Jezabel Alanis (mayo 2021); Valeria Alarcón (mayo 2021).

Por último, y también por el Hospital, aparece Andrea Chacón, una trabajadora que fue contratada vía decreto de ayuda social y luchó contra el cáncer y contra la burocracia para lograr que el 1 de enero de 2022 la pasaran a planta temporaria y que ahora será trabajadora permanente de la Municipalidad.

Según el presupuesto 2025, hay 142 trabajadores en planta temporaria. El Gobierno se comprometió a analizar listados para el pase gradual a planta permanente, de la que esta es la primera tanda.

El Gobierno municipal y los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local mantuvieron una reunión el lunes en Palacio y otra este miércoles en la Delegación del Ministerio de Trabajo para avanzar en las demandas planteadas por las organizaciones gremiales.

Juan Cruz Acosta, del Sindicato de Trabajadores Municipales, difundió un video entre sus afiliados en el que informó que "el Municipio se comprometió a pasar a todos los trabajadores que están en planta temporaria o jornalizada, que hayan cumplido el período de prueba de un año, a la estabilidad laboral, como corresponde".

Agregó que "el Ejecutivo viene atrasado con este derecho" y que "hoy se comprometió con nuestra entidad sindical a que todos los trabajadores que estén en esta situación pasen a planta permanente", además de continuar el análisis de cuestiones relacionadas con el reclamo por recategorizaciones, bonificaciones y el encuadre de los trabajadores.

Desde el Gobierno informaron a La Opinión que el pase a planta permanente de personal temporario que haya cumplido el año forma parte de los temas sobre los que están "avanzando" y que habrá "un esquema gradual" para el cumplimiento del compromiso.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, que participó en representación del Gobierno tanto en la reunión del lunes como en la audiencia de este miércoles, explicó los alcances del acuerdo.

"Estamos definiendo el listado en conjunto con la representación sindical, considerando la fecha de ingreso de cada uno, para conformar un cronograma de acá a fin de año, con fecha de ejecución a partir de octubre", detalló.

En el acta del Ministerio de Trabajo quedó plasmado que en la reunión de la mesa técnica del lunes, que habían acordado cuando firmaron el último acuerdo paritario, la Municipalidad se comprometió a "efectivizar, antes de fin de año, todos los pases pendientes a planta permanente".

Según el Presupuesto 2025 aprobado por el Concejo Deliberante, en la Municipalidad hay 142 trabajadores de planta temporaria. El análisis para el pase a planta permanente será gradual y contemplará caso por caso.

En la Municipalidad, desde hace tiempo, incluso desde antes de la asunción de Salazar en 2015, hay empleados de planta temporaria que nunca fueron, como dice la ley, contemplados para la continuidad laboral estable.

El trabajador temporario tiene un sueldo de bolsillo por encima del permanente, por cuestiones de estabilidad. Una de las dificultades que plantean los propios trabajadores es la imposibilidad de percibir bonificaciones al no formar parte de la planta permanente, aun cuando corresponderían por el tipo de labor que desempeñan.

Dos casos de empleados municipales que el Gobierno decidió despedir por sus conductas reprochables serán definidos por la Justicia Laboral de San Nicolás, puesto que ambos tienen tutela sindical o fueros gremiales.

En cada caso, los trabajadores incurrieron en actos que son pasibles de sumario con dictamen de despido, pero son delegados sindicales, una de ATE y otro del STM, por lo que no se los puede dejar cesante sin que antes pierdan la inmunidad gremial.

El más avanzado es el de la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica por una fascitis plantar y mientras no concurría al sistema sanitario público se la vio cumpliendo tareas en el Hospital privado Sadiv.

Su caso ya está en el Tribunal Laboral n.° 2 para que los jueces definan la exclusión de su tutela sindical, de manera tal que se pueda proceder al despido por "inconducta notoria" y "falta grave que perjudica materialmente a la administración pública municipal".

La enfermera tenía licencia por fascitis plantar por 10 días otorgada bajo certificado médico firmado por un traumatólogo el 18 de diciembre del año pasado. 

Dos días después, la vieron en el Hospital privado Sadiv, cuyas autoridades confirmaron que había cumplido tareas desde la misma fecha en la que entró de licencia.

En el caso del empleado del Estadio que en 2022, cuando tenía 50 años, fue denunciado por mantener relaciones sexuales con una chica de 15 años, la condena impuesta por la Justicia —tres años de ejecución condicional— habilita al Gobierno a despedirlo.

El expediente está en proceso para que el presumario administrativo se convierta en sumario y se dictamine la decisión de dejarlo cesante, ante la inconducta manifiesta que implica haber sido condenado por abusar de una chica que practicaba deportes en su lugar de trabajo.

Con el dictamen, el área de Legales de la Municipalidad deberá ir a la Justicia Laboral para pedir, al igual que en el caso de la enfermera, la exclusión de la tutela sindical, puesto que formó parte de la última nómina de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, electa recientemente.

Como con la delegada de ATE, serán los jueces del fuero Laboral quienes resuelvan si corresponde quitarle la inmunidad sindical de la que goza para que el Estado local pueda despedirlo, teniendo en cuenta que la inconducta no guarda relación con actividades gremiales, que son las que buscan proteger los fueros para evitar arbitrariedades.

El Gobierno municipal depositó los sueldos de los empleados, pero el dinero no estará disponible para la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

En un comunicado emitido desde el Ejecutivo a los sindicatos informaron que "con motivo del feriado y no laborable, parte del sistema de acreditaciones se ve afectado", por lo que "no es posible acreditar en el día de la fecha ya que todas las líneas crediticias de los empleados se verían afectadas al no verificar acreditaciones".

Así, según explicaron los sindicalistas a sus afiliados, los haberes se verían reflejados en las cuentas recién el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

"El sistema de transferencia que tiene el Municipio no habilita la programación posdatada", señalaron desde el Gobierno en el comunicado que recibieron los gremios y agregaron que el banco Provincia "está procediendo a procesar manualmente las acreditaciones por lotes".

"De no mediar inconvenientes técnicos propios, que ya escapan a las posibilidades del Municipio, las acreditaciones estarían jueves a última hora o viernes a la mañana", explicaron.

Desde UPCN, Walter Belesi dijo a sus afiliados que el Municipio "mandó un comunicado"  y que "el día viernes ya estarán en el cajero, para cobrar, los sueldos".

Desde el STM, Juan Cruz Acosta envió un audio similar a sus representados. "Ahí ya transfirió la Municipalidad y ahora ya depende el banco. Supuestamente, entre el jueves de la noche o viernes a la mañana van a aparecer las acreditaciones", informó.

Entre los trabajadores había cierto malestar porque esperaban tener el salario en sus cuentas para la celebración del Día Internacional del Trabajador, feriado nacional.

El Gobierno municipal decidió dejar de comprar productos de refrigerio como yerba, té y café en todas las oficinas del Estado local, por lo que cada empleado deberá llevarse lo suyo.

Así se desprende de una nota interna que el subsecretario de Economía, Ignacio "Nachito" Coronel, remitió a las distintas áreas para informar que unificarán la compra de insumos.

En la nota, Coronel indica a cada secretario que las dependencias a su cargo deben llenar una planilla con las necesidades de cada una para "planificar y prever" la compra de artículos de limpieza, que se unificará en la Oficina de Compras y será vía comparativa de precios.

Al final del texto, Coronel advierte que "no será aceptadas solicitudes de compras que contengan insumos de víveres como yerba, azúcar, té, café, edulcorante, etc.", por lo que cada empleado deberá llevarse lo suyo o comprar en conjunto con sus compañeros de oficina.

Los trabajadores municipales cobran una bonificación por refrigerio que para los de planta permanente asciende a 1617 pesos por mes y para los temporarios, a $ 1300. En muchas áreas consideraron que si suspenden la compra, ese monto debería ser revisado.

En el Gobierno hay un plan de unificación y centralización de compras que replique lo que ocurrió en el sistema de Salud, proceso que permitió evitar sobreprecios, desvíos y excesos.

"Hay que evitar que cada uno compre lo que le parece. Una vez organizado, seguro va a haber recursos para las infusiones. Pero hay que dejar de comprar té verde, té de rosas y violetas, por ejemplo", señalaron desde Palacio.

A última hora del martes los trabajadores municipales de San Pedro vieron en sus cuentas bancarias que el dinero de sus salarios ya aparecía y que estaría disponible en las horas subsiguientes, lo que ocurrió este miércoles.

Fueron dos días de incertidumbre, puesto que el Gobierno había anunciado a los sindicatos que el lunes depositaría el dinero. Aunque así lo hicieron, hubo problemas técnicos en el banco Provincia que impedían la acreditación de los fondos en las cuentas de los empleados.

La situación afectó a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires que habían transferido los recursos para sus trabajadores, lo que generó dolores de cabeza en distintas administraciones locales.

En San Pedro, los alrededor de mil millones de pesos que implica la masa salarial estaban disponibles para transferir el lunes, pero el banco no los acreditaba y los empleados no veían impactado el dinero en sus cuentas.

La situación generó tensiones que se resolvieron con el correr de las horas cuando finalmente los fondos aparecieron en la denominada "cuenta puente" que se utiliza para desde allí transferir a cada uno de los trabajadores.

Este miércoles, empleados municipales confirmaron a La Opinión que ya tenían el dinero disponible, luego de que el martes a última hora apareciera como "pendiente", al fin. 

La oposición al Gobierno en el Concejo Deliberante cuestionó durante el tratamiento del presupuesto 2025 la cantidad de empleados del Municipio y el porcentaje de gasto en personal.

La concejala de la Unión Cívica Radical Paola Basso —que tuvo a su cargo el área de Personal duranta varios años de la gestión Salazar— aseguró que "el gran agujero negro" del presupuesto "es el personal".

En ese marco, indicó que durante 2024 hubo en total 86 nuevos nombramientos de empleados en el Estado local, sin contar los denominados “decretos”.

De ellos, 40 fueron reemplazo de jubilaciones y bajas por distintos motivos y 46 no estaban contemplados en el presupuesto del año pasado.

"Los 46 nuevos son alrededor de 552 millones de pesos en un año, sólo esos, los extra", calculó la concejala radical. Los sueldos, señaló, se llevan el 79 por ciento de los recursos de libre disponibilidad.

"Hablamos con el secretario de Gobierno (Martín Baraybar) respecto de la posibilidad de obras por administración municipal y dijo que estarían faltando algún durlockero, algún gasista. Entraron 86 personas, ¿no se podía haber previsto?", se quejó Basso.

La edila cuestionó la bonificación para los trabajadores del Centro de Monitoreo que aparece asignada por primera vez en el presupuesto y señaló la preocupación de su bloque porque "hay muchas secretarías que tienen altísimo porcentaje en gasto de personal".

En se sentido, advirtió que hay áreas como Defensa Civil, Género o Fiscalización que sólo tienen asignación presupuestaria para sueldos, sin otro detalle de gastos, es decir que dependerán del presupuesto general de las secretarías.

"Se habla de ajustar, de recesión, de crisis, le pedimos esfuerzo a los contribuyentes pero no hay signos de austeridad en este gobierno", sostuvo Basso.

La Municipalidad de San Pedro anticipó que se dispuso el asueto administrativo en todas las áreas para los días martes 24 y 31 de diciembre de 2024.

Esto abarca cada dependencia del Municipio, incluyendo las localidades.

El motivo, como cada año, se enmarca en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que en esta ocasión serán un día miércoles del calendario.

Asimismo, desde el Departamento Ejecutivo se aclaró que se mantendrán las guardias respectivas en cada uno de los servicios públicos.

El sindicato de trabajadores municipales solicitó formalmente al Honorable Concejo Deliberante que se le permita participar en la próxima sesión de la Comisión de Presupuesto. El pedido está vinculado al tratamiento de un proyecto de ordenanza que aborda la exención de tasas para empleados municipales, tanto activos como jubilados, así como para otros beneficiarios.

Como ya informó La Opinión, el intendente Cecilio Salazar envió el 22 de octubre un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para modificar el régimen de beneficios del que gozan los empleados municipales, estableciendo que aquellos que superen los cuatro salarios mínimos vitales y móviles (equivalente a $1.084.000 al 1 de octubre) comiencen a pagar tasas, derechos y contribuciones al Estado local.

Hasta ahora, los empleados municipales en planta permanente, temporarios, jornalizados y jubilados, cuentan con exenciones en tasas municipales para una sola vivienda, servicios varios, derecho de cementerio y licencias de conducir. Sin embargo, el nuevo proyecto busca que quienes perciban los salarios más elevados contribuyan como cualquier otro ciudadano.

En este contexto, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta, solicitó al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaemick, “hacer partícipe a esta asociación sindical en la Comisión de Presupuesto”, argumentando que la medida podría “afectar gravemente la economía de los trabajadores y de sus familias”.

La medida impulsada por el Ejecutivo se da en un contexto de negociación salarial en la Mesa de Relaciones Laborales, que reúne a representantes del sindicato y el gobierno municipal. 

Esta coyuntura ha generado especulaciones sobre si el ajuste en los beneficios es un intento de mejorar los ingresos públicos o si su inclusión en el debate podría tener fines estratégicos en la negociación paritaria.

eBasados en los "principios de solidaridad tributaria y capacidad contributiva", el Gobierno de Cecilio Salazar decidió modificar el régimen de beneficios del que gozan los empleados municipales y envió un proyecto al Concejo Deliberante para que empiecen a pagar tasas, derechos y otras contribuciones del Estado local.

Hasta ahora, los trabajadores planta permanente, temporarios, jornalizados y los jubilados gozan de una serie de beneficios que los exime de pagar tasas municipales si tienen una sola vivienda o alquilan, los gravámenes relacionados con servicios varios, derecho de cementerio, licencia de conducir, entre otros.

La propuesta del Ejecutivo, que el Concejo ya tiene para su análisis y que en la última reunión paritaria provocó reclamos de los sindicatos, implica una escala que deriva en que quienes hoy ganen más de 800 mil pesos comenzarán a pagar las tasas.

“La modificación favorece a los de menores ingresos”, dijo a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

Aunque el Gobierno señaló en el proyecto que "no debe perderse de vista que las tasas municipales son retributivas de servicios cuyo costo el Municipio debe afrontar", el plan es mantener el beneficio para quienes cobren entre 800 mil y 1 millón de pesos, pero por la mitad.

La medida de la escala es tres sueldos mínimos vitales y móviles (SMVyM), que a octubre de 2024 es oficialmente de $ 271.571,22. Así, quienes cobren hasta $ 814.713,66 de "haber mensual neto, incluyendo todos los beneficios y bonificaciones", es decir "de bolsillo", no pagarán tasas.

Pero quienes superen esa suma comenzarán a abonar. La escala dispuesta indica que los que perciban entre tres y cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, es decir entre $ 814.713,66 y 1.086.284,88 (se moverá de acuerdo a lo que suceda con el SMVyM) pagarán el 50 por ciento de tasas, derechos y contribuciones.

De acuerdo a como quedó redactado el proyecto de ordenanza, que no dice nada respecto de qué sucede con los que ganan más de 1 millón de pesos, quienes superen los cuatro salarios mínimos, vitales y móviles de sueldo neto pagarán como cualquier contribuyente.

"A los sindicatos les explicamos que no podemos pedir esfuerzo a los contribuyentes y que todos los empleados no paguen tasas", señaló Borgo.

El expediente elevado por el Ejecutivo indica expresamente que quienes sean empleados municipales pero ocupen cargos políticos o sean profesionales con título habilitante y ejerzan su actividad por fuera de la Municipalidad no serán contemplados en la escala de beneficios y deberán pagar las tasas.

La Mesa de Relaciones Laborales vuelve a reunirse este viernes en el marco de la discusión paritaria, luego de que los representantes del intendente informaran que no podían hacer frente a un 25 a 30 por ciento que pidieron los gremios.

El plan es ofrecer un incremento de un porcentaje para el mes de noviembre y cerrar la paritaria 2023 en febrero, como hicieron este año. La inflación acumulada de 2024 lleva al 30 de septiembre 101,6 % y lo sueldos municipales, 68 por ciento. 

Además, el Gobierno pidió prórroga hasta el 30 de noviembre para elevar el paquete de ordenanzas del Presupuesto 2025, que implicará un aumento de tasas para el año que viene, que se verá reflejado en las ordenanzas fiscal e impositiva.

Antes de enviar esos proyectos, el Ejecutivo presentó ante el Concejo Delliberante una propuesta para aumentar las tasas de ABL y Servicios Sanitarios un 80 y un 50 por ciento, respectivamente, para el último bimestre del año en curso.

En medio de ese debate, también ingresó al Concejo un proyecto del concejal opositor Martín Rivas para que funcionarios y concejales hagan un aporte de sus sueldos para refaccionar el Salón Dorado de la Municipalidad.

Una empleada municipal que cumple funciones en el complejo del Tiro Federal denunció haber sido maltratada por otro empleado al momento del relevo.

El hecho sucedió este martes y fue denunciado el mismo día en la Comisaría de la Mujer, donde se presentan estos casos de violencia de género.

Las versiones indican que la víctima llegó en horario para concretar el relevo de turnos y que mientras esperaba las novedades, comenzaron los insultos “porque estaba apurado para retirarse”.

La agresión verbal no se detuvo, pese a que ella le pidió a su compañero de trabajo que deponga su actitud y que entregue la documentación con el reporte antes de retirarse del lugar.

Habría sido en ese momento en que el hombre terminó empujándola, pero sin lesionarla. Posteriormente, el agresor subió a un auto que lo estaba aguardando y se retiró del lugar.

La víctima manifestó estar angustiada por un episodio impensado, pero que no quiso dejarlo pasar. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la familia y seguramente dará origen también a una investigación administrativa.

La Unión Cívica Radical y el concejal Mauro de Rosa, de La Libertad Avanza, elevaron proyectos de ordenanza para restringir el ingreso a planta de empleados municipales a funcionarios del gabinete.

Ambos bloques plantean en sus propuestas que aquellas personas que hayan sido designadas como funcionarios políticos para cumplir tareas delegadas por el intendente municipal no puedan pasar a formar parte del plantel de empleados hasta un año después de haber dejado el cargo.

"Se han advertido en todos los tiempos casos de personal que integra la planta política que inmediatamente antes, después o durante el ejercicio de tal función pasan a formar parte de la planta permanente o, en su caso temporaria, por escasos días, a veces horas, para luego pedir la licencia prevista" y con reserva de cargo, señalaron los radicales.

El proyecto de La Libertad Avanza profundiza la restricción y propone que además de no poder ser designados como empleados no puedan contratarse sus servicios ni ser proveedores de la Municipalidad.

"Es esencial evitar que aquellos que hayan ejercido funciones políticasaccedan de manera inmediata a la planta permanente, lo que podría generarinequidades, conflictos de interés y vulnerar el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución", señaló De Rosa en su expediente.

Ambos proyectos ingresarán formalmente al Concejo Deliberante en la sesión de este jueves y pasarán a comisión para su tratamiento. Allí se debatirán, acaso se enriquecerán, corregirán o reformularán para luego, una vez dictaminados, ser tratados en el recinto.

Las propuestas ponen en debate una mala costumbre que atraviesa diversas gestiones: funcionarios que para aceptar sumarse al gabinete piden que antes los nombren en planta y otros que, dejados de lado del Gobierno, terminan como trabajadores del Municipio en lugar de retornar a su actividad anterior, si la tenían.

El viernes por la tarde cuatro personas a bordo de una camioneta llegaron para llevarse lo que queda del Centro Cultural Abelardo Castillo. Intentaron bajar un aire acondicionado del techo que tras las maniobras terminó destrozado sobre la vereda.

El Concejo Deliberante comenzó a tratar en la comisión de Peticiones el proyecto de ordenanza para que los empleados municipales dejen de estar afiliados compulsivamente a la obra social IOMA y puedean elegir la cobertura médica que prefieran.

La iniciativa fue elevada por el bloque La Libertad Avanza, que integran Mauro de Rosa y Viviana Riquelme, y va en consonancia con lo que aprobaron en municipios donde gobierna Juntos por el Cambio, como Capitán Sarmiento y San Nicolás, en la región.

El concejal De Rosa informó a La Opinión que comenzaron a tratarlo en la comisión que preside la oficialista Candelaria Cuscuela y que el lunes que viene esperan evacuar algunas dudas que plantearon los integrantes del bloque Unión por la Patria.

El oficialismo tiene mayoría en esa y en todas las comisiones. Durante la reunión de Peticiones señalaron algunos aspectos que quieren profundizar y De Rosa dijo que esperan poder responder todas las dudas para dictaminar.

El plan del bloque que responde al presidente Javier Milei es llevar a votación el expediente en la próxima sesión, aunque para ello deben lograr el dictamen de comisión.

De Rosa está convencido que los concejales del resto de los bloques, incluido el oficialismo, "no van a votar en contra de que el empleado municipal elija", pero nunca se sabe.

De hecho, ocurrió en otros municipios bonaerenses donde Unión por la Patria tiene mayoría en los concejos deliberantes y logró obturar la aprobación de una ordenanza de estas características.

La iniciativa busca autorizar al Gobierno municipal a "desadherir del Instituto Médico Asistencial (Ioma)" a los trabajadores del Estado local, de manera tal que puedan adherir al sistema nacional de obras sociales y elegir la que prefieran entre la oferta disponible, que incluye a las prepagas.

Esta semana entró un proyecto similar al Concejo Deliberante de La Plata, capital provincial donde el debate repercutirá en el Gobierno de Axel Kicillof, que tiene sede administrativa en esa ciudad.

Cuando se aprobó la ordenanza en Tigre, vetada luego por el intendente Zamora, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce de declaraciones de algarabía de la entonces candidata a presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

"Les hablan a quienes no tienen ni usan IOMA. Es un modo de accionar, con todo igual. Buscan bajar impuestos y desfinanciar el sistema público. Luego se 'indignan' del mal funcionamiento y privatizan", dijo en ese momento el funcionario de Kicillof.

La última ordenanza debatida para desadherir a IOMA fue en Exaltación de la Cruz, también en la región, donde la oposición al intendente Nanni logró aprobar el proyecto, pero la norma no está vigente: al igual que en Tigre, el jefe comunal la vetó.