Presentó su renuncia el empleado municipal que había sido condenado por abuso sexual contra una adolescente a la que sedujo y con la que mantuvo relaciones sexuales que la Justicia consideró abusivas por la inmadurez de la víctima.

J. L. C., cuyo nombre se preserva en el expediente al solo efecto de resguardar a la víctima, había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la inmadurez de la víctima, por ser cometido en contexto de violencia de género y por su rol de encargado de la educación deportiva de la adolescente.

Los hechos que la Justicia consideró abuso ocurrieron entres marzo y agosto de 2022. Casi tres años después, su abogado, Mauricio Gugger, acordó con Fiscalía la pena de tres años y el empleado municipal fue condenado en juicio abreviado a prisión de ejecución condicional, es decir que no debe cumplirla en la cárcel.

Ante el fallo condenatorio, la Municipalidad dispuso iniciar el trámite para dejarlo cesante, como establece la normativa vigente, pero no podía proceder a despedirlo porque tenía tutela sindical como vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz "Mono" Acosta.

Por eso, el Gobierno fue a la Justicia laboral a pedir la exclusión de esa tutela gremial. En enero, el juzgado interviniente dispuso la suspensión preventiva del empleado, un fallo que adelantó la posición sobre el planteo de fondo.

Ahora, ante el inminente riesgo de despido, el propio empleado decidió presentar la renuncia y desvincularse del Municipio, lo que pone fin al planteo en el fuero laboral.

JLC fue condenado porque la Justicia consideró que aprovechó su condición de adulto —al momento de los hechos tenía 50 años— y su rol como empleado del Estadio para seducir a la víctima, que tenía 15 años y no había mantenido relaciones sexuales.

El fallo judicial estableció que el presunto "vínculo amoroso" aludido en su defensa no podría haber existido por la "inmadurez sexual" de la chica. La denuncia había sido radicada por la madre de la víctima, que detectó mensajes con el luego condenado por abuso.

El empleado municipal detenido la semana pasada acusado de abuso sexual con acceso carnal fue trasladado a la Comisaría de Colón, donde permanecerá alojado mientras se sustancia el proceso judicial en su contra.

Identificado como Miguel Ángel Banegas, de 44 años, se desempeñaba como sereno en la Terminal de Ómnibus tras su paso por el área de Servicios Sanitarios y estaba a la espera de desafuero gremial para ser despedido por incumplimientos laborales.

Banegas fue denunciado por una joven de 22 años que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en una vivienda de Cucit al 1100, donde reside el imputado, hecho que ocurrió el 28 de abril por la madrugada.

Tras reunir elementos suficientes contra el acusado, Fiscalía solicitó la detención y el Juzgado de Garantías accedió de inmediato, por lo que en horas de la tarde fue apresado por la policía en la zona de Combate de Obligado y Casella.  

Trasladado a la Comisaría local, fue indagado por Fiscalía y luego derivado a la Comisaría de Colón, donde permanece alojado en una celda. A esa dependencia suelen ser enviados los imputados por delitos contra la integridad sexual.

El juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado Civil 2 de San Nicolás, ordenó desalojar a un empleado municipal que mantenía una ocupación ilegal e ilegítima sobre un inmueble ubicado en Crucero General Belgrano, cerca del club Los Andes.

El dueño, que compró esa propiedad en 2016, interpuso la demanda en 2018 luego de que los intrusos no respondieran cartas documento ni accedieran a mantener un diálogo de acercamiento para la restitución.

Finalmente, declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia, ordenaron el desalojo del empleado municipal, identificado como Santiago Banegas —hermano del recientemente detenido por abuso sexual, Miguel Ángel—, que se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Humano.

La sentencia tiene fecha del 11 de diciembre de 2024 y notificación efectiva de febrero de 2025, pero hubo una apelación presentada por un abogado en representación de otra persona que tiene un ranchito en el mismo predio, a quien también alcanza la orden de desalojo.

El juez dispuso desalojar "a Banegas, Santiago y/o cualquier otro ocupante del inmueble ubicado en Camino Crucero General Belgrano 2250". Esta semana, el magistrado dejó firme la orden al rechazar la apelación y dispuso la ejecución.

El oficial de Justicia y el abogado del dueño del predio se presentaron para notificar la orden de desalojo y en el lugar se vio movimientos relacionados con el desmantelamiento de la casa, lo que indica que el demandado estaba dispuesto a hacer caso a la orden judicial.

De lo contrario, la orden de desalojo dispuesta por la Justicia deberá cumplirse con la policía, tal como estableció el juez en su fallo, en el que autorizó “el auxilio  de la fuerza pública mínima, indispensable y con la debida moderación, y el allanamiento de domicilio”.

La jurisprudencia establece que quien tiene título de propiedad puede acceder al desalojo “aun cuando no probare la preexistencia de la propia posesión” como en este caso, en el que el comprador se encontró con los ocupantes.

“Debe presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa desde la fecha de su título y ello basta para que como sucesor pueda ampararse en todos los derechos que hubiesen tenido aquellos para reivindicar”, consideró la Cámara de Apelaciones en un fallo citado en esta sentencia.

La policía detuvo este lunes por la tarde a un empleado municipal de 44 años acusado de abuso sexual con acceso carnal tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Una joven de 22 años acusó al trabajador municipal de haber abusado sexualmente de ella durante la madrugada en una vivienda ubicada en Cucit al 1100, donde reside el imputado, sobre quien también pesan sospechas relacionadas con el narcomenudeo.

Tras la denuncia, la joven fue trasladada al Hospital para las pericias de rigor y la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani dispuso una serie de diligencias urgentes que le permitieron reunir pruebas para solicitar la detención.

Alrededor de las 18.00, con orden de allanamiento, personal policial de la Comisaría y de la DDI fueron a buscar al acusado a su casa. Finalmente, lo detuvieron en la zona de Combate de Obligado y Casella, en la vía pública, en inmediaciones de su lugar de residencia.

El empleado municipal, identificado como Miguel Ángel Banegas, cumplía tareas de sereno en la Terminal de Ómnibus, aunque antes se desempeñaba en el área de Servicios Sanitarios.

En octubre del año pasado, el Gobierno había decretado el inicio de acciones judiciales para que se le quiten los fueros gremiales con los que contaba por ser delegado del sindicato ATE, puesto que  habían resuelto despedirlo.

La Asesoría Letrada había dispuesto su cesantía porque Banegas no se reincorporó a su puesto de trabajo luego de cumplir con una licencia por enfermedad. 

Aunque había sido debidamente notificado, nunca se presentó a trabajar a Servicios Sanitarios y el Gobierno consideró que hizo "abandono de cargo". Mientras esperaban el desafuero, lo habían confinado a labores de sereno en la nueva Terminal.

El viernes pasado se lo vio en los pasillos de la Municipalidad bastante ofuscado, reclamando el pago de horas extras que presuntamente le habían prometido.

Tras ser detenido, fue alojado en una celda del sector de calabozos de la Comisaría a la espera de ser indagado por Fiscalía en el marco de la causa, caratulada como abuso sexual con acceso carnal.

La Justicia ratificó el traslado de un enfermero del Hospital que había sido sumariado por excederse en sus funciones y tomar decisiones sin consultar al médico, razón que motivó que pasara a trabajar en un centro de salud.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo consideró que el sumario fue correcto y rechazó el planteo cautelar del empleado municipal, que con el patrocinio de la abogada Luciana Pavón Duarte, del Sindicato de Trabajadores Municipales, pretendía que dejaran sin efecto el traslado.

El enfermero tuvo al menos dos situaciones que derivaron en sumario administrativo con suspensión sin goce de haberes por incumplir protocolos de atención con pacientes, por lo que lo trasladaron a Río Tala.

Ante la Justicia, pidió una medida cautelar para que lo devuelvan al Hospital, lo que inicialmente le fue concedido hasta que concluyó el proceso de sumario administrativo que confirmó su mal desempeño.

En el sumario quedó probado que el enfermero no requirió la presencia del médico de guardia y se condujo en la atención de un paciente según su criterio personal, excediéndose así en las funciones propias de su condición de auxiliar.

El Gobierno lo trasladó del Hospital al centro de salud de Río Tala bajo el argumento de "pérdida de confianza" en su rol, al no haber actuado como correspondía ante el caso en investigación.

Aunque el propio sumariado propuso testigos del mismo servicio de Enfermería del Hospital, esos testimonios no le jugaron a favor. 

Todos coincidieron en señalar que si bien es un excelente profesional, suele conducirse sin consultar a los médicos o haciendo caso omiso a sus órdenes, incluso tomando decisiones que exceden sus facultades.

Para la jueza Isabel Fulgheri quedó comprobado que el enfermero en cuestión "se excedió en el ejercicio de su servicio", por lo que la decisión del traslado "no aparece arbitraria" sino que atiende a razones comprobadas.

Así, quedó confirmado el traslado del enfermero a Río Tala, aunque el Municipio deberá pagarle el viaje desde su casa al centro de salud y viceversa, lo que deberá acreditar fehacientemente.

La Justicia ordenó restituir a su propietario la camioneta Chevrolet vinculada a un caso de estafa que tiene como acusado a un empleado municipal del área de Servicios  Sanitarios.

El vehículo estaba en el destacamento de Gobernador Castro, tras ser secuestrado  en Vuelta de Obligado luego de que La Opinión detectara que estaba estacionado en la vía pública en San Pedro.

Franco Esteban, propietario del rodado, confirmó a este medio que la camioneta fue trasladada desde San Pedro hacia Zárate tras 20 días en poder de la Policía, por orden judicial.

Tras las diligencias de rigor entre las fiscalía intervinientes, el vehículo llegó a Zárate, donde fue restituido al titular, que lo había intercambiado por una motocicleta Honda Twister que resultó con documentación apócrifa.

Esteban había puesto a la venta la camioneta y lo contactó por Facebook una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en El Paraíso. Tras el intercambio, al detectar la estafa, empezó la investigación.

Además de radicar la denuncia, investigaron por su cuenta y confirmaron que Tomás Gómez era en realidad Nicolás Vargas, un empleado municipal que además de afrontar la causa penal tiene un sumario administrativo que podría costarle el puesto de trabajo.

La Municipalidad inició sumario administrativo al empleado municipal involucrado en la estafa que denunció un vecino de Zárate, quien intercambió una camioneta Chevrolet por una moto que resultó con documentación falsificada.

Identificado como Nicolás Vargas, trabajador del área de Servicios Sanitarios en la Secretaría de Servicios Públicos, está señalado en la causa como el responsable principal de la situación.

Franco Esteban y su esposa denunciaron que al intentar transferir la moto Honda Twister por la que habían intercambiado su camioneta detectaron que la documentación que les entregaron era apócrifa.

El negocio lo hicieron con una persona que dijo llamarse Tomás Gómez y residir en la localidad de El Paraíso. Todo era falso, confirmaron después. Una investigación propia les permitió establecer que esa persona era Nicolás Vargas.

La Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta inició el sumario administrativo de oficio al tomar conocimiento de la situación a través de las publicaciones de La Opinión, tras lo que se contactó con los denunciantes y accedió a la causa penal en trámite.

Ahora, mientras la Justicia investiga los delitos en los que Vargas podría haber incurrido en el caso, la Municipalidad instruye su propia pesquisa, lo que le podría costar el puesto de trabajo al involucrado.

Por su parte, Franco Esteban aguarda que la Justicia le restituya la camioneta, que está secuestrada en el destacamento de Gobernador Castro, donde fue trasladada desde Vuelta de Obligado.

Allí llegó luego de que La Opinión la detectó estacionada en la zona de Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, donde una camioneta Nissan roja la había llevado de tiro para luego trasladarla  al paraje histórico.

La camioneta Chevrolet que Franco Esteban había entregado en un intercambio por una moto Honda Twister apareció finalmente en el partido de San Pedro. En cambio, la historia dista de haber terminado para la víctima de la estafa.

El vehículo permanece secuestrado en el destacamento policial de Gobernador Castro, luego de que datos aportados por La Opinión permitieran establecer que había sido trasladado a tiro por una Nissan roja desde Cabrera al 1000 hacia la localidad de Vuelta de Obligado.

La maniobra que derivó en la causa penal comenzó cuando Esteban acordó cambiar su camioneta por una motocicleta. Del otro lado apareció un hombre luego identificado como el empleado municipal Nicolás Vargas, quien se presentó bajo el nombre falso de “Tomás Gómez, de El Paraíso”, y entregó una documentación adulterada del rodado.

Cuando la víctima descubrió la estafa, la camioneta ya había desaparecido. Esteban volvió a hablar con La Opinión sobre el caso, resaltando que el alivio es parcial: la recuperación definitiva depende ahora de trámites judiciales que avanzan con lentitud.

“Mi señora le mandó un mensaje a Fiscalía. Desde el inicio de la semana nos dijeron que la camioneta estaba secuestrada en el partido de San Pedro y que iban a enviar un oficio para traspasar la causa a la fiscalía de Zárate”, explicó.

Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades. “La chica le iba a mandar un mail nuevamente, porque ella sí les dio unos días, pero todavía no le habían enviado nada. 

Así que, si no le responden, nosotros este vamos a tener que viajar hasta San Pedro para presentarnos y solicitar a la Fiscalía que libre ese oficio para que puedan devolver la camioneta”, relató.

En medio del proceso, el damnificado no ocultó su frustración con el funcionamiento del sistema judicial. “Para nosotros es una experiencia increíble. Todo es tan burocrático, tan lento, tan preocupante. Nada es ágil, nada favorece al damnificado, al ciudadano que trabaja y hace las cosas bien”, lamentó.

“No entiendo por qué en el país en que vivimos está todo hecho tan así. Está todo hecho para cansar a la gente, para no darle respuesta por algo que es increíble. Así son las cosas cuando pasa algo. Lo que sí me quedó claro es que nunca más hay que dejarlo en manos de la Justicia”.

Esteban aseguró que la recuperación del vehículo fue posible gracias a la insistencia de su familia y al seguimiento del caso. “Si lo hubiésemos dejado solo en manos de la Justicia, probablemente no hubiéramos encontrado la camioneta o habría costado muchísimo más”, afirmó.

Mientras tanto, el rodado continúa bajo custodia policial, a la espera de que la Justicia disponga los pasos formales para su restitución. “Así están las cosas en este país”, sentenció.

El jueves pasado, La Opinión halló en la vía pública la camioneta Chevrolet cuyo intercambio por una moto Honda Twister fue denunciado en la Justicia y forma parte de una causa penal por estafa que involucra a un empleado municipal.

Franco Esteban, dueño de la camioneta y estafado por una persona identificada como Nicolás Vargas, que se hizo pasar por "Tomás Gómez, de El Paraíso" y le entregó documentación falsa de la moto, habló este sábado tras el hallazgo y posterior secuestro de la camioneta.

El vehículo está en el destacamento policial de Gobernador Castro, donde la policía lo llevo luego de que los datos aportados por La Opinión permitieran establecer que la camioneta había sido llevada de tiro desde Cabrera al 1000 hacia Vuelta de Obligado por una Nissan roja.

Franco contó que en Zárate había vivido una situación similar a la que reveló La Opinión: la camioneta estaba en un lugar, pero la policía demoraba para llegar a constatar que se trataba de la que tenía orden de secuestro.

"Llamamos durante 35 minutos a la comisaría de Zárate y nunca llegaron. Estaba la persona entregando la carpeta de la camioneta para ser transferida", contó.

"Uno no encuentra explicación de por qué tardan tanto en hacer lo que tienen que hacer", se quejó Franco, que espera ahora que la Justicia ordene el traslado del vehículo hacia Zárate para que se lo restituyan.

"Es una experiencia increíble lo que pasamos con este hecho", dijo Franco.

"Nos dirigimos a la Fiscalía de Zárate, pero como no tienen notificación formal de la de San Pedro no pueden tomar actuaciones de ningún tipo, tienen que esperar a ser notificados para que hagan el traslado", explicó.

Franco aseguró que si esa notificación no llega el lunes, se presentará personalmente para hacer los trámites que correspondan. "Como hicimos todo este tiempo, que anduvimos detrás de todo", señaló.

Es que él y su esposa fueron los que se ocuparon de todo. Al iniciar el trámite para transferir la moto, detectaron que la documentación era falsa y que tenía la numeración adulterada. Allí empezaron una investigación propia.

Su tarea, paralela a la oficial, permitió establecer que quien los había estafado no era un tal Tomás Gómez, de El Paraíso, sino en realidad Nicolás Vargas, empleado municipal del área de Servicios Sanitarios de San Pedro.

La policía secuestró la camioneta Chevrolet que forma parte de una causa por estafa que involucra a un empleado municipal y la Justicia imputó a su tenedor por el delito de encubrimiento.

Identificado como Ismael Gustavo Trelles, de 58 años, fue abordado por efectivos policiales del destacamento de Gobernador Castro en la zona de calle Río Paraná al 600, de Vuelta de Obligado, lugar donde reside y donde la policía lo allanó en noviembre del año pasado en el marco de una causa por abuso sexual.

Trelles había trasladado la Chevrolet de tiro, con una Nissan roja desde la zona de Pedro Cabrera al 1000, donde La Opinión había detectado la presencia de la camioneta, que había sido llevada a ese lugar alrededor de las 3.00 de la madrugada.

La Chevrolet tenía pedido de secuestro activo en el marco de la causa penal que comenzó cuando Franco Esteban y su esposa radicaron la denuncia ante la Ayudantía Fiscal n.° 5 de Lima, dependiente del Departamento Judicial Zárate.

En la causa aparece denunciado un empleado municipal de Servicios Sanitarios identificado como Nicolás Vargas, acusado de ser quien se hizo pasar por Tomás Gómez, oriundo de El Paraíso, para el intercambio de la camioneta por una moto Honda Twister que tenía documentación falsa y numeración adulterada.

Personal policial del destacamento de Gobernador Castro secuestró en la localidad de Vuelta de Obligado la camioneta Chevrolet que un vecino de Zárate intercambió con un empleado municipal que está acusado de estafa por haber entregado una moto Honda Twister con documentación falsa y numeración adulterada.

La camioneta fue hallada por La Opinión en Pedro Cabrera al 1000, en el barrio 1° de Mayo, estacionada en la vía pública. Allí había llegado en horas de la madrugada, sin que ningún vecino supiera de quién era.

Cuando la policía llegó tras el hallazgo de La Opinión, el vehículo ya no estaba. En horas del mediodía, una camioneta Nissan roja se la llevó de tiro. 

Con los datos de la patente, la policía logró establecer que la Nissan es propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado y que en noviembre del año pasado fue allanado en su casa por un caso de abuso sexual contra una menor de edad.

El sujeto y la Chevrolet eran trasladados al destacamento de Gobernador Castro para las notificaciones de rigor. Luego, la camioneta quedará a disposición de la Fiscalía n.° 5 de Zárate, que interviene en el caso.

Franco Esteban, vecino de Zárate, había puesto a la venta la Chevrolet y apareció por Facebook un ofrecimiento para intercambiar una moto Honda Twister. Accedió a la propuesta y se encontró con una persona en la estación de servicio Puma de la ruta 9, a la altura de Baradero.

Allí hicieron el intercambio. A Esteban le dieron la moto y una carpeta con documentación. Cuando fue a tramitar la transferencia, notaron que los papeles eran falsificados y que el rodado tenía la numeración adulterada.

Además, Esteban confirmó que la persona con la que hizo el intercambio no era Tomás Gómez de la localidad de El Paraíso, como le  había dicho, sino que se llamaba Nicolás Vargas, un empleado municipal del área de Servicios Sanitarios en San Pedro.

La camioneta Chevrolet que fue objeto de una denuncia por estafa que involucra a un empleado municipal fue hallada por La Opinión en la vía pública.

En la zona de calle Pedro Cabrera al 1000, una camioneta de características muy similares llamó la atención y este medio confirmó con la víctima del delito que se trata del mismo vehículo.

La policía estaba al tanto de la situación, pero no llegaron a intervenir porque la Chevrolet fue trasladada de tiro por una Nissan roja que sería propiedad de un hombre que reside en Vuelta de Obligado.

"Es esa. Las barandas se las fabriqué yo, que me dedico a hacer herrería, se las había puesto unos días antes", dijo Franco Esteban, quien radicó la denuncia por la situación en la Fiscalía n.° 5 de Zárate.

La policía fue informada de la situación y se esperaban las actuaciones correspondientes para certificar que, como dijo Esteban, esa camioneta estacionada en Cabrera al 1000 es la que él cambió por una moto que resultó con documentación apócrifa.

El intercambio comercial fue entre Franco Esteban y un empleado municipal que reviste en la Dirección de Servicios Sanitarios, identificado en la denuncia como Nicolás Vargas.

Al momento de la negociación, Vargas le dijo que era oriundo de El Paraíso y se identificó como Tomás Gómez para la firma del boleto de compraventa que suscribieron ambos.

Cuando Esteban fue a tramitar la transferencia, en el organismo público correspondiente detectaron que la documentación era falsa y que la numeración de la Honda Twister estaba adulterada.

Tras radicar la denuncia, la camioneta quedó enmarcada en la causa penal con pedido de secuestro activo solicitado por la Fiscalía interviniente en el caso.

Un hombre denunció que fue estafado por una persona que, a través de un perfil falso, le intercambió una motocicleta con numeración adulterada. 

Franco Esteban relató en Sin Galera que a fines del mes enero publicó en Facebook la venta de su camioneta Chevrolet y que, entre varias propuestas, recibió la de un joven que decía ser de El Paraíso.

El muchacho ofrecía una Honda Twister 2023, prácticamente nueva, cuyo valor aproximado, seis millones de pesos, coincidía con lo que él pretendía por el vehículo.

“Le pedí que me pasara los papeles. Tenía título, 08, toda la documentación necesaria”, explicó Esteban.

Tras intercambiar información, acordaron encontrarse en la estación de servicio Puma de Baradero para realizar la operación.

Firmaron un boleto de compra y venta y el hombre se identificó como Tomás Gómez.

Esteban entregó la carpeta con la documentación de la camioneta y recibió la moto, pero el inconveniente surgió cuando decidió iniciar la transferencia.

“Cuando voy al gestor me dicen que había inconsistencias”, contó. 

Según le informaron, la moto estaba radicada a nombre de otra persona en la provincia de Santa Fe, la documentación era completamente falsa y la numeración del rodado estaba adulterada.

Ante esa situación, se presentó en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido y solicitó el bloqueo del dominio de la camioneta para impedir que pudiera ser transferida. Para entonces, el supuesto comprador ya lo había bloqueado en redes sociales.

Esteban indicó que, a través del número telefónico, lograron identificar movimientos posteriores y que, al confrontarlo, el estafador intentó mostrarse como una víctima de una maniobra fraudulenta.

"La camioneta tiene pedido de secuestro, no va a poder transferirla jamás", sentenció el damnificado.

A partir de averiguaciones propias, la familia identificó al hombre que habría concretado la maniobra como Nicolás Vargas, quien es empleado municipal en el Corralón de San Pedro, y no residente en El Paraíso, como había manifestado durante la negociación 

El caso ya fue judicializado y la Fiscalía intenta dar con el paradero del vehículo entregado en la operación.

“Si alguien la tiene guardada, que la saque a la calle y se desligue del problema. La camioneta tiene pedido de secuestro y no se podrá transferir”, advirtió Esteban, quien pidió colaboración para localizar el rodado.

La Justicia dispuso la suspensión laboral del empleado municipal que fue condenado por abuso sexual en el marco de una "relación" que mantenía con una chica de 15 años cuyo "consentimiento" no fue tenido en cuenta por su inmadurez sexual al momento de los hechos.

El Gobierno inició el sumario administrativo correspondiente para sancionar al trabajador, lo que derivará en su despido, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.

Sin embargo, como es vocal suplente de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, antes debe obtener la exclusión de la tutela sindical de la que goza.

Cuando fueron las elecciones del STM en las que  Juan Cruz Acosta renovó mandato, la condena ya estaba firme. Aun así, integró la lista y eso le dio los fueros gremiales.

Para desaforarlo, el Municipio fue a la Justicia laboral. Antes de que expedirse sobre la cuestión de fondo, el juzgado interviniente accedió a la medida cautelar y dispuso la suspensión laboral del empleado.

El trabajador prestaba servicios en el Estadio municipal cuando ocurrieron los hechos por los que fue denunciado. La víctima del caso practicaba deportes en el predio, por lo que una vez iniciada la causa fue trasladado de área. Hasta ahora se desempeñaba en el Cementerio.

El empleado municipal tenía 50 años cuando sedujo a la adolescente en el Estadio. Durante varios meses mantuvieron relaciones sexuales, generalmente en un hotel alojamiento. Para la Justicia ese presunto "vínculo amoroso" fue abuso sexual.

El juzgado que lo condenó a tres años de ejecución condicional consideró que se aprovechó de su inmadurez sexual, puesto que no había tenido relaciones sexuales previas.

El de María Mamani es un caso testigo de un sistema que en desde hace mucho tiempo abunda en los municipios bonaerenses y que somete a una gran cantidad de personas a la precarización laboral.

Son hombres y mujeres que cumplen tareas en el ámbito estatal con magros haberes, obligados a cubrir horas diarias sin una remuneración que contemple las normas de trabajo, sin aportes previsionales y sin la cobertura de una obra social.

En el Municipio de San Pedro existen cientos —entre los sindicatos hablan de entre 300 y 400— que perciben entre 80 y 150 mil pesos por mes, aproximadamente, y que están diseminados en diferentes áreas. 

Algunos de ellos llevan muchos años en esta condición. Todos ingresaron con la esperanza de ser incorporados formalmente en la planta de personal. Muchos lo lograron, otros esperan desde hace años que les cumplan la promesa que les hacen ante cada campaña.

Son contratados vía programas que se alimentan de fondos provinciales como el de "Asistencia Económica a Familias en Situación de Exclusión Social con Contraprestación de Tareas”. 

Se trata de los famosos “decretos”, una ayuda social que en muchas ciudades, como en San Pedro, se convirtió en el primer escalón del empleo municipal.

María Mamani lleva más de 17 años vinculada a la Municipalidad. En la actualidad está asignada por el Gobierno como aporte para el Museo Paleontológico.

En Sin Galera narró que su vinculación comenzó cuando su amiga Marisa Corvalán (exdirectora de Turismo) la convocó para el Museo Histórico Fray José María Bottaro. 

Contó que trabajó “dos años, siendo la Comisión que presidía el exintendente Eduardo Donatti" quien le pagab”, para después quedar bajo la órbita municipal vía la figura del “decreto”.

Llegó a hablar con el entonces jefe de Personal, Juan José Kasta —en la época de Pablo Guacone—, quien le indicó que no había cupo para entrar al Municipio. Luego se desempeñó en el Paseo de los Túneles durante siete años, tarea que compartía en simultáneo en el Jardín de Infantes Santos Quirós. 

"Comencé a mandar notas al Municipio, reclamando a María José Mora, de quien nunca obtuve una respuesta. Luego a Marcela Cuñer, cuando era secretaria de Turismo, y nada”, contó.

María siempre estuvo en los museos, entre ellos en el histórico de Vuelta de Obligado. "Iba con mi autito”, expresó y aseguró: “Siempre trabajé”.

En julio cumplirá ocho años en el Museo Paleontológico. “Pese a las notas nunca me dijeron que no me querían. Entiendo que cada sector tiene su personal, pero no molesto a nadie y nunca fui una persona conflictiva”, describió.

“Ahora cobro 94 mil pesos yendo los días martes, viernes, sábado, domingo y feriados al Museo. Pero no tengo mutual, no me voy a jubilar, vivo con mi hijo que hace changas. Y uno se va poniendo viejo y necesita de medicamentos”, manifestó.

“La última nota que le envié al señor Cecilio (Salazar) le pedí que me diga que nunca voy a entrar al Municipio. Quiero que me digan que nunca voy a entrar, para saber qué hago, porque hoy mi situación económica se complicó”, agregó.

Mientras tanto, María Mamani, que es guía de turismo, vende tortas y otras exquisiteces para sostenerse en medio de un contexto complejo.

Su caso ilustra el de muchos que, a regañadientes, por su precariedad laboral son sometidos a la subsistencia diaria. “Para el Municipio no existo. Y lo que me duele es que no me reconozcan”, concluyó.

La Municipalidad declaró día no laborable el próximo viernes 8 de noviembre con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador Municipal.

En ese sentido, a través del Decreto Nº 831/2024, el Departamento Ejecutivo estableció el asueto como sucede todos los años.

En esta fecha se recuerda la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina, en 1959, que pasó a ser la máxima representación de los intereses y derechos de los trabajadores a nivel nacional.

Además, desde entonces, es la única fecha celebratoria en el año para los agentes municipales.

La Municipalidad, a su vez, informó que se estableció el mantenimiento de los servicios esenciales, como guardias y urgencias, a los efectos de garantizar la normal atención en determinadas áreas.

El Gobierno designó oficialmente a Osvaldo Álvarez como nuevo jefe de Compras de la Municipalidad, cargo en el que se desempeñaba como interino tras la jubilación de Gloria González el año pasado.

Lejos de la elección de un “cuadro político”, la designación es un premio otorgado a una persona con casi 30 años de trayectoria dentro del Municipio.

Osvaldo Álvarez lleva desempeñándose en esta repartición casi dos terceras partes de su vida como empleado de carrera, aquella que inició durante la década del 90.

La disposición ha sido bienvenida entre aquellos que lo conocen, puesto que se trata de un empleado reconocido por sus compañeros de labor y por el funcionariado.

Álvarez cubrió de manera provisoria el cargo después que Gloria González pasara a retiro para gozar de la jubilación, en junio del año pasado, tras ser su segundo durante muchos años.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, quien solicitó formalmente la designación, destacó que “el intendente apueste a los empleados de carrera” y señaló que Compras “es un área que necesita formar y dar oportunidad, lo cual con los años se asimila y se demuestra”.

"Desde la capacidad y conocimiento, el agente ha desarrollado toda su carrera en el sector y durante este tiempo ha desempeñado correctamente sus funciones, siendo su evaluación altamente satisfactoria", dice el decreto de designación.

El nombramiento se hizo efectivo el 1 de noviembre, con retroactividad al 1 de octubre, de acuerdo al documento oficial.

La Municipalidad suma a su historial de empleados jubilados a Mario Martínez, quien después de 39 años en funciones decidió disfrutar la vida desde otro ámbito, el tiempo de su familia y sus amistades.

Aproximarse a las cuatro décadas de labor no es algo habitual para un municipal. Algunos, como Mario, optan por algunos años más para mejorar los haberes de su retiro, siempre que sea una persona de experiencia y amplio conocimiento sobre la labor que desarrolla, y de esa manera aportar a la formación de nuevos empleados.

Algo similar sucedió con Mario, su trayectoria y confianza formaron un buen un combo para que le pidan que continúe en funciones.

Recuerda el primer día que se presentó a trabajar en el Corralón, cuando el mismo aún se encontraba emplazado en Av. 11 de Septiembre y Aulí, donde actualmente están edificadas las 104 Viviendas. “No olvido a los compañeros de aquel momento. Muchos ya no están. Otros se jubilaron”, le dijo La Opinión.

“Después pasé por otras áreas como el Balneario, cuando aún estaba como muchos lo conocimos y no existía el Paseo Público”, agregó.

Tras una de las crecientes de río Paraná, de las grandes que arrasaban con todo, retornó al Corralón.  “Fue por un tiempo, porque una vez más pasé al Balneario, hasta que en el año 2000 decidí quedarme en el Cementerio”, continuó narrando.

Martínez está satisfecho por todo este tiempo vivido. “Fue una vida junto a mis compañeros municipales. Pero, pese a que me ofrecieron continuar, tomé la decisión de quedarme más tiempo en mi casa, donde hay otros afectos”, manifestó.

Ahora Mario espera la medalla de reconocimiento a su trayectoria, la que entrega el intendente, que será el broche a su camino recorrido y que pasará a ocupar un sitio preferencial en su hogar, un lugar de honor, un recordatorio diario del camino recorrido y de las metas cumplidas.

Pero, esto no es solo un final, sino un nuevo comienzo, que incluye inspirar a otros que desean perseguir idénticos sueños.

El periodista César Rotundo, reconocido conductor de programas de radio y televisión, actualmente por la mañana en APA y los viernes en un programa de la TV local donde concurren funcionarios del Gobierno semanalmente, fue nombrado empleado de planta de la Municipalidad.

Con fecha 30 de enero, el intendente y sus secretarios firmaron el decreto que lo designa como trabajador del Estado municipal en planta temporaria —paso previo a la planta permanente— como personal de categoría 20 con 40 horas semanales.

La categoría con la ingresó es la más alta antes de las jerárquicas de jefe de división, departamento y director, y para cumplir las 40 horas semanales debería concurrir ocho horas diarias a la Municipalidad, de lunes a viernes. En el horario administrativo, el periodista, de 61 años, está al aire en su programa.

El decreto, número 077 del 30 de enero, lo designó con retroactividad al primer día de 2024 para desempeñar "tareas como locutor oficial en todos los eventos municipales".

En enero, con el 15 por ciento de aumento otorgado a los empleados municipales, la liquidación de un trabajador de planta temporaria categoría 20 con 40 horas semanales, fue de $ 280.875,54.

En febrero, con la aplicación de otro 10 por ciento de incremento, el bruto para esa categoría se fue a 308.963,09. El mes que viene cuando liquiden el último 10 por ciento de aumento acordado, ese salario será de 339.859,40 pesos.

Hasta el momento, César Rotundo cumplía labores como locutor oficial en diversos actos organizados por el Municipio contratado bajo la modalidad locación de servicios, como proveedor.

El 6 de mayo pasado, en medio de un escándalo en el que se vio involucrado, el entonces secretario de Coordinación del gabinete municipal, Hernán Contreras, renunció a su cargo político al considerar “injustos y falaces los trascendidos” en los que estaba envuelto su nombre.

Semanas después, cuando el intendente interino Ramón Salazar se refirió a su partida del Gobierno dijo que le había comunicado que además de la renuncia como funcionario político presentaría la propia como empleado municipal, puesto que en medio de la pandemia, cuando era director de Modernización, lo pusieron en planta.

El último Boletín Oficial, que el Gobierno publica con demoras, contiene el decreto 0646 del 2 de junio en el que se acepta la renuncia y se dispone la baja “con retroactividad al 26 mayo” —Ramón Salazar había hablado al respecto el 22 en Sin Galera— de Hernán Contreras.

Roberto Hernán Contreras Alarcón era empleado municipal con número de legajo 1609 y su situación de revista era de empleado municipal con la categoría 23, Jefe de Departamento, la máxima posible en el agrupamiento técnico, con régimen de 48 horas semanales.

Contreras llegó al Gobierno de Salazar en mayo de 2016, cuando fue designado como subdirector de Rentas en el equipo que coordinaba Hernán Abatángelo. En enero del año siguiente reemplazó a Leonel de Ruba en la Dirección de Modernización.

A la Secretaría de Coordinación llegó cuando Cecilio Salazar pidió licencia y su hijo Ramón, primero en la línea sucesoria, asumió como jefe comunal interino y dejó vacante el área. Había sido designado empleado municipal mientras era funcionario político, lo que le aseguraba un puesto en el Estado más allá de lo que durara el Gobierno.