El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, dejará el gabinete municipal, confirmaron a La Opinión el intendente Cecilio Salazar y el propio funcionario.

Álvarez había pedido licencia por vacaciones y volvió la semana pasada, cuando ya había renunciado el exjefe de Gabinete Alfredo Carrasco, bajo cuya órbita había llegado a San Pedro.

Esta semana, el secretario de Seguridad mantuvo una larga reunión con el intendente, tras la que comenzó a despedirse de sus subalternos en el área.

Consultado por La Opinión respecto de su salida del Gobierno, Salazar dijo que estaba "viendo eso" y que sería efectiva "la semana que viene", mientras resuelven el reemplazo.

Por su parte, Álvarez confirmó a La Opinión que su partida es un hecho y que entrará en vigencia “desde fin de mes”.

“Hay que oxigenar la gestión, y hay un desgaste. Es una silla compleja y demandante”, dijo Eduardo Álvarez.

Eduardo Álvarez juró como secretario de Seguridad el 1 de julio de 2025. Llegó de la mano de Alfredo Carrasco, proveniente de Salto, donde se había instalado junto a su esposa.

Oriundo del noroeste del país y formado en el Ejército Argentino, Álvarez había sido funcionario público en la provincia de Salta.

Asumió en San Pedro "con el compromiso de fortalecer las políticas de prevención y mejorar la respuesta ante los hechos que generan preocupación en la comunidad".

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro, Eduardo Álvarez, estará ausente al menos una semana tras solicitar licencia por vacaciones, confirmó el propio funcionario a La Opinión.

La consulta surgió en medio de versiones acerca de un posible alejamiento de su cargo, rumor que desde hace varias semanas es comidilla en los pasillos de la Municipalidad y que involucran no solo a su nombre sino a otros hombres y mujeres que llegaron al Gobierno de la mano del secretario privado, Alfredo Carrasco.

Álvarez informó que solicitó licencia porque desde que asumió en San Pedro, en julio del año pasado, no se había tomado vacaciones y que tiene "obligaciones en el norte" del país, de donde es oriundo, aunque antes de llegar a la ciudad se había instalado en Salto.

Respecto de las versiones sobre su salida del cargo, señaló: "Yo renunciar no he renunciado, aunque muchos quieren que lo haga".

Las versiones en torno a presuntos cambios en el gabinete circulan en Palacio desde hace algunas semanas. El día que vino Kicillof, La Opinión consultó al respecto a Alfredo Carrasco.

La pregunta fue si había presentado alguna nota por Mesa de Entradas, que es la modalidad en la que se cursan las renuncias. El ex jefe de gabinete de Salazar dijo que no. En Salud también hubo versiones de presuntos alejamientos.

Hasta ahora, lo único que hay en torno a todos esos rumores es la certeza de la licencia del secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez. Lo que ocurrirá a su regreso, todavía no se sabe.

En el marco de la movilización para reclamar por la inseguridad en Río Tala, que tuvo lugar el viernes en la plaza del pueblo, vecinos aseguraron al delegado municipal, Walter Díaz, y al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, que "hay una manzana podrida" en el circuito que debe afrontar la problemática.

Tanto Álvarez como Díaz les pidieron a los presentes que aporten "nombres" de quienes son los responsables de los delitos, puesto que todos aseguran que saben "quiénes son", pero "nadie le pone el cascabel al gato", dijo el funcionario responsable del área de Seguridad.

Una vecina le dijo a Díaz que ella y él viven "a 20 metros" de quienes "andan a los tiros". Cuando el delegado le dijo que a esas personas "se les hizo allanamiento", le dijo que "hay una manzana podrida", aunque él sostuvo que "la policía trabaja bien".

"No soy fiscal ni soy juez", dijo Walter Díaz y cargó responsabilidades sobre la Justicia respecto de lo que ocurre una vez que se producen los allanamientos y detenciones.

Vecinos de Río Tala movilizaron a la plaza del pueblo este viernes por la noche para reclamar ante una serie de hechos delictivos que se registraron en las últimas semanas en la localidad y que generaron preocupación entre los vecinos.

El secretario de Seguridad municipal, Eduardo Álvarez, se hizo presente para escuchar los planteos y dialogar con quienes se hicieron presentes.

 "Todo lo que hacemos es para darles seguridad", aseguró Eduardo Álvarez en Río Tala.

"Cuando nos dicen que todos saben quiénes son, nadie le pone el cascabel al gato", dijo Álvarez y aseguró que los cambios en el destacamento policial han "permitido que mejore el sistema".

"En los últimos meses hemos actuado en forma dura en Tala, hemos hecho allanamientos, esclarecido hechos importantes y hemos detenido gente pesada" y advirtió: "Es imposible que haya delito cero".

La secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela y el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias. acompañaron a Álvarez y al delegado de la localidad, Walter Díaz..

Los vecinos hicieron diversos planteos, contaron experiencias y reclamaron que haya más actividad de prevención en las calles del pueblo.

Pasadas las 18.00 de este lunes, la Comisaría de San Pedro remitió a los medios el parte de prensa diario correspondiente a los últimos cuatro días. El jueves había sido el último envío.

Llamó la atención el viernes que no remitieran las intervenciones, como hacen a diario. Los encargados de enviarlo dijeron que no habían recibido novedades para comunicar. Pasó lo mismo el sábado, el domingo y este lunes por la mañana.

Habitualmente, la policía remite el parte temprano. Se trata de un informe que contiene, desde hace un tiempo, sólo los hechos esclarecidos, con allanamientos, detenciones, aprehensiones, etc,, y también los accidentes de tránsito y los operativos de saturación.

Antes, históricamente, esos partes incluían todos los hechos policiales denunciados. Ahora, de los que están en investigación la comunidad se entera si las víctimas o sus allegados informan a la prensa por sus propios medios o ante consultas periodísticas.

El cambio de política respecto de la información fue motivo de un recordado cruce del secretario de Seguridad Eduardo Álvarez con Lilí Berardi en Sin Galera. "Yo no le miento, quizás le digo menos de lo que usted quiere saber", dijo ese día el funcionario.

El domingo, tras tres días consecutivos sin parte, La Opinión consultó al jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano, máxima autoridad policial en la ciudad. Escueto, dijo que hoy se ocuparía del asunto. Finalmente, pasadas las 18.00 llegaron los cuatro partes juntos.

La situación habría sido provocada por una diferencia de criterio que habría planteado Álvarez a la Policía respecto de qué y cómo se informan los hechos que llegan en esos partes de prensa diarios.

Aunque en la fuerza nadie dice esta boca es mía, en el propio Gobierno hay quienes aseguran que Álvarez habría expresado su descontento con los partes de prensa policiales, lo que derivó en un debate al respecto y hasta habrían evaluado que sea la Secretaría de Seguridad la que los remita, en lugar de la Comisaría.

La cuestión, todo indica, se zanjó este lunes por la tarde y todo volvería a la normalidad a partir del martes. El parte policial remitido a la prensa no tiene otra misión que la de mantener informada a la población respecto de los hechos delictivos que ocurren en la ciudad y las intervenciones que al respecto lleva adelante la policía.

Los hechos del parte de hoy fueron cuatro allanamientos por amenazas agravadas que resultaron con el secuestro de un revólver y municiones, con una mujer aprehendida y notificada; y un aprehendido por causar desorden en la vía pública en estado de ebriedad.

En el de ayer domingo figuran un aprehendido con comparendo de la UFI del Joven; el choque del patrullero con una Suran que en el parte fue registrado como un "automóvil Renault"; otro aprehendido con requerimiento  judicial por robo.

También un accidente entre moto y auto ocurrido en Litoral y Pavón que derivó en una discusión y forcejeo entre ambos conductores, uno de 33 y otro de 86 años, tras lo que el octogenario cayó y golpeó la cabeza contra el cordón, por lo que hubo que aplicarle 15 puntos de sutura en el cuero cabelludo.

En Río Tala secuestraron una moto Yamaha FZ 150 que había sido robada a una mujer en abril pasado. También aprehendieron a un joven que tenía requerimiento judicial por un hecho de hurto y a un muchacho de 24 años que rompió la ventana de la casa de su madre, de 39, y le pegó en la cara.

El parte que debería haber llegado el sábado contiene una aprehensión a un joven de 22 años que tenía un porro y medio, cuya causa deberá ser archivada de acuerdo a la jurisprudencia vigente.

También aprehendieron a otro joven de la misma edad que tenía un requerimiento judicial por una causa por robo y a un hombre de 42 años que alteraba el orden público en estado de ebriedad.

En Ruffa al 1500 hubo un allanamiento en el que secuestraron envoltorios de cocaína que arrojaron un peso total de 10 gramos y aprehendieron a una chica de 17 años, que fue imputada por tenencia de estupefacientes para consumo personal, por lo que la causa también deberá ser archivada.

En la zona de 11 de Septiembre y Albandea apresaron aun hombre de 43 años que había causado daños en el auto de una mujer de 37. Cuando llegó la policía, se tornó hostil contra los efectivos, por lo que también lo imputaron por resistencia a la autoridad.

Además, aprehendieron a un hombre que portaba un cuchillo y a otro, de 26 años, que agredió a su cuñado con un elemento cortopunzante.

En el parte con los hechos del jueves, que debería haber sido remitido el viernes, aparecen la aprehensión a un nene de 13 años que llevaba un arma tipo tumbera; y la de un hombre de 36 que había robado el estéreo de un auto estacionado en Javier Rivero al 1300.

También figura un allanamiento en Casella y Combate de Obligado en el que secuestraron un revólver con municiones en el marco de una causa por amenazas agravadas. 

El aumento de la unidad fija con la que se cobran las multas de tránsito llevó la infracción por alcoholemia positiva a más de 2 millones de pesos, pero en San Pedro hay dificultades para hacer cumplir la ley de alcohol cero al volante.

El secretario de Seguridad municipal, Eduardo Álvarez, confirmó el sábado en Sin Galera que no cuentan con el aparato para medir el nivel de alcohol en sangre, lo que de alguna manera explica la falta de operativos en el marco de la nocturnidad.

"Se rompió el alcoholímetro de la Municipalidad, nos prestó uno la secretaría de Transporte de la provincia, que también se rompió. Alquilamos uno a la empresa que hace reparaciones, pero lo tuvimos que devolver", detalló el funcionario.

"Estamos tratando de que nos preste otro Provincia. Comprar un alcoholímetro nuevo sale 8 mil dólares, tenemos que priorizar", señaló el secretario de Seguridad.

Álvarez confirmó que la carencia del aparato impide llevar adelante procedimientos relacionados con el consumo de alcohol al volante. "No tenemos alcoholímetro, entonces no podemos hacer operativos de alcoholemia", indicó.

La semana pasada, vecinos del barrio Duraznostra, ubicado en Lucio Mansilla frente al predio de El Fortín, volvieron a reclamar por la falta de cumplimiento de la ordenanza de ruidos molestos y llevaron el planteo, una vez más, al Concejo Deliberante.

El sábado, en Sin Galera, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, informó que el Gobierno municipal carece de herramientas y de personal necesario para hacer cumplir esa normativa, vigente desde enero de 2019.

Esa ordenanza establece que ante una situación de ruidos molestos, los vecinos pueden llamar al 437607 y que un agente de la Secretaría de Seguridad debe concurrir a medir los decibeles. La marca no puede superar los 60 dBs, medido desde el lugar afectado por la emisión sonora denunciada.

Esa medición debe practicarse con un “dispositivo calibrado para tal fin” y "homologado por INTI". Un decibelímetro. Pero en la Municipalidad no existe ese aparato.

"No tenemos decibelímetro", dijo Eduardo Álvarez y agregó: "Por lo menos yo no sé si hay".

Consultado respecto de qué tipo de intervención hace su área ante la falta del aparato, el secretario de Seguridad dijo que está trabajando en una "propuesta de reorganización y refuncionalización de la orgánica municipal".

Ello, señaló, en virtud de que tiene muchas competencias y quiere establecer "quién es responsable de qué cosas distintas". En este caso, sin embargo, no podrá quitarse la responsabilidad, puesto que está normado por ordenanza. En cualquier caso, el Ejecutivo deberá proponer una modificación.

Álvarez informó que de noche su área dispone de solo un móvil con dos agentes, que "tiene que acudir a todo", por lo que "es imposible" cumplir con todos los requerimientos que surgen y que "hay prioridades" como "los accidentes, los animales sueltos".

Los vecinos de Duraznostra reclaman que en el barrio hay quienes alquilan sus viviendas para eventos —lo que, por cierto, necesita habilitación municipal—, lo que produce inconvenientes en el descanso y la vida cotidiana del resto.

A pesar de los múltiples reclamos, que elevaron por nota al Ejecutivo y al Concejo desde hace años, no tienen respuestas. A juzgar por lo que dijo Álvarez, tampoco la tendrán.

Diversos hechos de inseguridad se registraron en la última semana en San Pedro, a pocos meses del cambio de la cúpula policial provocado por una ola de delitos que derivó en movilizaciones y reclamos.

Este sábado en Sin Galera, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, respondió preguntas relacionadas con la tarea que su área lleva adelante en conjunto con la policía y en articulación con la Justicia.

Álvarez aseguró que hay una trabajo "eficaz" en materia de esclarecimiento de delitos y que ello contribuye de manera significativa en la prevención porque implica la aprehensión de personas que luego "no vuelven a delinquir".

"Fueron más los hechos positivos que los negativos en la semana", aseguró Eduardo Álvarez.

El funcionario destacó el rol del nuevo Grupo Motorizado de la policía, que "en un mes tuvo 17 intervenciones positivas". 

Informó que esperan el arribo de más motos, aunque advirtió que para que el servicio tenga un funcionamiento pleno se necesitan ocho efectivos formados por vehículo.

"Ha sido extraordinariamente exitosa la incorporación de las motos", dijo el secretario de Seguridad.

Eduardo Álvarez puso de relieve la tarea del Centro de Monitoreo y anunció que el personal de electricidad municipal que colaboraba con su área quedará abocado a Seguridad para mantenimiento urgente de "desperfectos técnicos" de los dispositivos, entre otras tareas.

"Con la Justicia trabajamos bien", dijo el funcionario y señaló: "La Justicia hace lo que puede con lo que puede, también, con las limitaciones del caso". 

El Municipio presentó las dos motocicletas enviadas por el Ministerio de Seguridad para el patrullaje de la Policía de San Pedro. 

Tal y como había anunciado el secretario del área en Sin Galera, la cuadrilla realizará recorridos preventivos en el casco céntrico de la ciudad.

El intendente Cecilio Salazar destacó la importancia de la incorporación y aseguró que "hace tiempo" venían gestionando la llegada.

“Para nosotros es muy importante y muy representativo. La gente lo estaba esperando”, dijo.

Además, adelantó que en los próximos días podrían sumarse más unidades, aunque no precisó la cantidad.

En ese sentido, remarcó el contexto económico: “Estamos viviendo una realidad muy compleja, pero la seguridad es una de las áreas más importantes”.

También subrayó que este tipo de vehículos permite realizar recorridos más ágiles y acceder a zonas donde los móviles tradicionales tienen mayores dificultades.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, indicó que el avance del programa también depende de la capacitación del personal.

“Primero hay que formar a los agentes para que puedan desempeñarse en este tipo de tareas”, explicó.

Indicó que pese a las "restricciones presupuestarias", decidieron “priorizar la inversión en seguridad” como parte de una gestión “austera y con buen uso de los recursos”.

Una vecina de San Pedro denunció una irregular situación luego de que el Municipio secuestrara su caballo hace algo más de un mes y, al momento de intentar recuperarlo, se encontró con que el animal ya no estaba.

Según relató Nieves a La Opinión, este jueves por la mañana se presentó junto a su hermano para retirar el equino, cumpliendo con los requisitos exigidos, entre ellos el el análisis de anemia. 

Sin embargo, al llegar al lugar donde debía estar alojado, les informaron que el caballo no se encontraba allí.

“Fuimos a retirarlo y nos encontramos con que el caballo no estaba”, explicó. Ante esta situación, acudieron al Juzgado de Faltas. “La jueza no nos quiso atender y nos derivaron a Asesoría Letrada. Desde ahí llamaron al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, quien finalmente nos recibió después de dos horas de espera”, detalló.

De acuerdo a su testimonio, en ese encuentro surgieron versiones contradictorias. “Al principio nos dijeron que al caballo se le había hecho la anemia correspondiente, pero cuando preguntamos con qué veterinario, se alteró y nos dijo que él lo había donado”, afirmó. 

La molestia del funcionario fue más por haber desconocido que el análisis de  anemia sólo la realiza un veterinario en San Pedro, por lo tanto su respuesta pudo haber sido incorrecta.

Nieves también cuestionó la falta de notificación previa. “Si iban a donar el caballo, tendrían que habernos avisado. Nunca nos dijeron que, si no lo retirábamos en determinado plazo, lo iban a entregar”, remarcó.

El principal reclamo es conocer el destino del animal. “No está en ninguna parte y nadie nos da respuesta”, insistió.

En San Pedro rige una ordenanza que prohíbe la presencia de caballos en la vía pública o en terrenos municipales sin supervisión de sus propietarios. 

En esos casos, los animales pueden ser secuestrados y sus dueños deben abonar una multa, además de un canon diario por su manutención.

Para 2026, la ordenanza impositiva establece un costo de 16.521 pesos por día en concepto de “racionamiento para animales secuestrados”, monto que se suma a la infracción correspondiente.

La ordenanza establece que si en un plazo de siete días el animal no es reclamado, será declarado mostenco y puede pasar al patrimonio municipal, lo que habilita a su donación a organizaciones sin fines de lucro o a la subasta.

Los estudiantes de sexto año del secundario celebran desde este domingo por la noche el denominado último primer día de clases (UPD) y hay diversas fiestas previstas para pasar la noche despiertos hasta que llegue la hora de ingreso a los colegios.

Ante ello, la semana pasada hubo una reunión entre autoridades municipales y del sistema educativo para coordinar tareas de concientización a padres y estudiantes, prevención y eventuales intervenciones ante cualquier situación que pudiera ocurrir.

El sábado, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, dijo en Sin Galera que el plan es "prevenir y estar atentos" a lo que ocurra. "No tenemos que naturalizar los excesos; este ritual tiene que ser una fiesta y no una tragedia", consideró.

Teniendo en cuenta que en los últimos años hubo intervenciones de ambulancias que trasladaron a adolescentes con cuadros relacionados con el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, el Hospital "va a estar especialmente atento" para el abordaje de las situaciones que pudieran surgir.

"Nosotros, desde Seguridad, estamos tantos para ayudar. Si empieza a pasar algo, poner freno antes de que se desmadre. Esa es nuestra tarea", indicó Álvarez.

Informó que hay un programa provincial que fue comunicado a todas las dependencias policiales para que estén "todos los móviles atentos a la actividad que hacen los chicos" en el marco de las fiestas de UPD.

Este sábado, durante la emisión de Sin Galera, Lilí Berardi y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, tuvieron un cruce por la información oficial que se difunde respecto de los hechos policiales en San Pedro.

La periodista cuestionó que sólo se reporten oficialmente las actuaciones positivas de la policía, como allanamientos, detenciones, esclarecimiento de hechos, pero sin informar la comisión de delitos que son denunciados en sede policial.

Por su parte, el secretario de Seguridad argumentó que muchas veces la información no se brinda de manera oficial para resguardar las investigaciones y dijo que hay "orden del Ministerio de Seguridad" respecto de cómo se elaboran los mensajes a difundir. 

Los manifestantes que participaron de la marcha contra la inseguridad impulsada por vecinos autoconvocados fueron recibidos en la puerta de la Municipalidad por el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela.

Álvarez fue el encargado de dialogar con los vecinos, que habían llegado con un petitorio que le entregaron en mano y luego hicieron una serie de consultas, que el funcionario respondió.

"Trabajamos todos los días y en todo momento por la seguridad, y por más que crean que no se nota, sí se nota", aseguró Álvarez durante el intercambio con los manifestantes.

En ese marco, señaló: "Trabajamos de múltiples maneras, cotidiana y permanentemente. Se patrulla, se investiga, se resuelven la mayoría de los casos".

Reconoció que "por supuesto que hay hechos de inseguridad, como hay en todos lados", pero sostuvo que en San Pedro hay "mucho menos que en todos lados". En ese marco, aseveró: "No es que la ciudad está desprotegida".

Consideró relevante la participación ciudadana y pidió a los vecinos que les acerquen la información que consideren relevante tanto para resolver hechos como para prevenirlos.

Aunque también advirtió a los manifestantes que plantearon que la policía debería "cachear a toda la gente que viene de afuera" que hay límites impuestos por la legislación vigente, aunque reveló que en la jornada anterior a la marcha hubo más de 100 identificaciones de personas.

"Me parece bárbaro que todos los vecinos participen y nos acerquen la información que tengan. Nosotros tenemos 98 cámaras, pero hay 140 mil ojos, que son los de ustedes", señaló Álvarez.

Este sábado,  Sin Galera llevó a cabo un móvil exclusivo en el Centro de Monitoreo, ubicado en la Secretaría de Seguridad, en Mitre al 1900, de la mano del secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez. 

El funcionario  explicó cómo funciona el sistema de vigilancia y brindó una recorrida por la sala de operaciones, donde se encuentra el personal atento a un total de 16 monitores que registran las imágenes de 98 cámaras de seguridad distribuidas en diversos puntos de San Pedro.

Hay cámaras fijas, algunas antiguas y otras más nuevas, los puntos de Bassap y los cinco tótems ubicados en la zona céntrica, todas ellas perfectamente señalizadas en un mapa que se encuentra en la sala.

Álvarez hico hincapié en los servidores que día a día almacenan todo el material que se graba las 24 horas del día. “Los servidores, donde se graba todo, se guarda todo. El cerebro que sostiene todo el sistema”, expresó.

Además, destacó que el Centro de Monitoreo trabaja de manera permanente, los 365 días del año, con personal municipal capacitado que atiende entre 700 y 800 llamadas diarias, que ingresan a través del sistema 911 y de la aplicación Basapp, con alertas para emergencias médicas, hechos de violencia, accidentes de tránsito, ruidos molestos, situaciones de inseguridad, entre otros.

“Todo lo que entra al 911, que es de San Pedro, automáticamente va acá. Se llama multiagencia porque entra acá y de acá, el Centro de Monitoreo lo deriva a la policía, tránsito, al Hospital, Bomberos, a lo que haga falta depende la denuncia que ingrese al 911”, explicó el funcionario.

Durante el móvil, pudimos ver en tiempo real una intervención por un accidente de tránsito entre una moto y un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga.

Gracias al seguimiento por cámaras y al trabajo conjunto con policía y Tránsito, el vehículo fue localizado en menos de una hora y se dio aviso al personal policial.

El secretario también señaló el operativo de tránsito, junto a la UTOI, que tuvo lugar el viernes por la noche en la zona de Barrancas, donde secuestraron un total de 41 motocicletas, en su mayoría con caños de escape deficientes, en el que el Centro de Monitoreo también colaboró activamente.

Respecto a si el sistema de vigilancia llega a las localidades, Álvarez aseguró que no tienen muchas cámaras allí, pero los vecinos cuentan con la aplicación Basapp. 

También adelanto que en estos momentos se encuentran trabajando para agregar la función rural a la app y de ese modo atender a urgencias que lleguen desde esas zonas.

“En las localidades existe el Basapp porque mientras haya comunicación por teléfono, el Basapp existe. En algunas localidades tenemos cámaras, en todas no porque la comunicación en esos casos es bastante más compleja porque es remota, pero tenemos algunas cámaras. El Basapp existe en todas las localidades”, aseguró.  

Finalmente, invitaron a los vecinos a descargar y utilizar la aplicación, ya que se trata de un servicio completamente gratuito para los ciudadanos y que permite una respuesta rápida ante cualquier situación emergencias.

La retención indebida de un móvil policial en un taller mecánico disparó una serie de comentarios respecto a las actitudes que el Municipio adopta frente a la posibilidad de buscar proveedores sustitutos mientras mantiene deudas importantes con quienes ya entregaron servicios o mercaderías. 

El vehículo policial estuvo más de 15 horas dentro del taller de Pellegrini al 2700 y por tratarse de un vehículo oficial, la Justicia ordenó que el móvil fuera restituido a la comisaría. En apariencia ese rodado no es el único que está en el interior del local.

¿Hay otros autos municipales en el lugar? Nadie lo confirmó. Sin embargo, se supo que dos unidades estaban en reparación. 

Si la posición del propietario del taller es la misma, tal vez permanezcan en el lugar por tiempo indeterminado. Entiéndase por esto que, hasta que no salden parte de la deuda no habrá entrega.

Si bien el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, intentó morigerar la situación, tras haber reconocido que existen demoras en los pagos a ese taller, también argumentó que no puede hacerse cargo de la deuda que dejaron gestiones anteriores. ¿A quién se refiere?

El acumulado es “muy, pero muy significativo”, se señaló, “y hasta podría ser superior”, agregaron fuentes allegadas al caso que mantiene en vilo a los proveedores de la comuna.

Haber seguido aceptando la reparación pese a que no se cancelaban las deudas, mínimamente reveló la esperanza que el mecánico albergaba para poder cobrar algún día. 

La situación puntual de este proveedor se agravó a partir de la pandemia por el Covid. El cambio de mando en el Municipio y la llegada del por entonces secretario de Hacienda Fabián Rodríguez trastocó la confianza. 

El trayecto hasta Pellegrini 150 dejó sus huellas y la gran mayoría de las veces sin un cheque como respuesta. Eran los tiempos de Ramón Salazar. 

Ni siquiera se apiadaron de los compromisos impositivos del negocio, que paga todos los tributos nacionales y provinciales, como “el millonario IVA que debieron enfrentar un año, pese a la promesa de que el dinero estaría disponible”, indicaron quienes se acercaron a La Opinión.

Por estas horas todo depende de lo que resuelva el intendente Cecilio Salazar, quien está en conocimiento de la realidad y analiza cómo solucionar la coyuntura que evite la polémica pública.

Posiblemente, detrás del mecánico, se precipiten otros casos como el de un martillero que prestó sus servicios hace más de un año y aún peregrina los pasillos municipales para cobrar lo que le deben. Los conflictos están latentes.

La Policía de San Pedro recuperó el patrullero que había sido retenido por un taller mecánico, luego de que la Justicia librara la orden correspondiente.

El Juzgado de Garantías interviniente emitió una orden de allanamiento y secuestro que cumplió el personal de Prefectura, que había estado apostado durante más de 15 horas frente al taller, ubicado en Pellegrini al 2700.

El móvil policial, perteneciente a un destacamento, había sido enviado a ese lugar para reparaciones. Cuando estaba listo para entregar, el mecánico lo retuvo porque la Municipalidad, que paga esos arreglos, le debe varias facturas.

Como la situación configuraba el delito de retención indebida, la Justicia tomó intervención. Prefectura fue asignada para custodiar la zona en procura de que el patrullero no saliera del taller, hasta tanto el juzgado emitiera la orden de restitución.

Para ello, Garantías libró una orden de allanamiento y secuestro, tras lo que finalmente el móvil policial fue restituido a la Comisaría.

La Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Álvarez tiene la responsabilidad de hacer frente a las reparaciones menores de vehículos de la policía. El mecánico que retuvo el móvil suele hacer ese trabajo, pero la deuda acumulada había colmado su paciencia.

El Gobierno quería abonar la factura del patrullero en cuestión para evitar que el conflicto escalara, pero el reclamo persistió porque, según pudo saber La Opinión, había planteado en diversas oportunidades la necesidad de que se pusieran al día o al menos achicaran el monto adeudado.

Personal de Prefectura Naval Argentina fue convocada para intervenir en un taller mecánico ubicado en la zona de Pellegrini al 2700 con el objetivo rescatar el interior del local un patrullero de la policía, retenido por el dueño, que no lo quería entregar por falta de pago.

El móvil policial pertenece a un destacamento. Desde anoche, por calle Laprida, está apostado un patrullero de Prefectura que fue dispuesto por orden de la Justicia para recuperar el vehículo retenido, aunque pasado el mediodía de este miércoles todavía no lo habían sacado del interior.

El patrullero policial fue llevado a ese taller, como tantas otras veces llevaron rodados de la Comisaría, para reparaciones. Sin embargo, terminado el trabajo, el mecánico advirtió que no lo iba a entregar si la Municipalidad no le pagaba las deudas.

El Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Álvarez, tiene a su cargo el pago de las reparaciones menores de los móviles policiales.

Con el proveedor titular de este taller tienen deudas y, según aseguraron a La Opinión, serían varias las facturas atrasadas que llevaron al mecánico a tomar la decisión de no querer entregar el patrullero.

El problema es que esa decisión comporta una retención indebida que rápidamente obligó a la intervención de la Justicia. 

Por eso, se esperaba que Prefectura irrumpiera en cualquier momento en el taller para cumplir con la orden de restituir el móvil policial. 

El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, podrá concurrir al mismo lugar de trabajo que la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral. Así lo dispuso el juez de Paz, José Ignacio Macchia.

El magistrado accedió a una solicitud que elevó el Gobierno a través del área de Legal y Técnica en la que sostuvo que la exclusión perimetral que disponía un límite de al menos 30 metros de distancia entre las partes comportaba problemas operativos.

Como la medida original implicaba disponer horarios laborales distintos para evitar que se crucen, el Gobierno consideró que esa resolución genera impacto negativo en la prestación de servicios a la que el Municipio está obligado.

La Municipalidad señaló que la medida, tal como estaba, implicaba una "fragmentación en la cadena de mando" y una "sobrecarga del personal" que derivaba en dificultades para el desarrollo de la tarea cotidiana.

El compromiso del Gobierno es que Álvarez y la denunciante trabajen en sectores separados, con rutas de circulación y lugares de uso común diferenciados,.

Además. ofreció monitoreo permanente de la Subsecretaría de Género con personal especializado, que tendrá la responsabilidad de documentar el cumplimiento de las medidas.

El Juzgado de Paz dictó una orden de exclusión perimetral para el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y la empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral tras una discusión que tuvo lugar en el ámbito de trabajo.

El magistrado José Macchia había ordenado, en primera instancia, una medida de "cese de hostigamiento", pero la representación legal de la denunciante solicitó la restricción de acercamiento, que también fue otorgada.

Eduardo Álvarez tiene prohibido acercarse a menos de 30 metros de la empleada que lo denunció mientras se encuentren en el espacio de trabajo y a 300 metros de su domicilio.

Álvarez y la empleada trabajan en el edificio donde funciona el Centro de Monitoreo, ubicado en Mitre al 1900, un lugar donde no hay posibilidades reales de distancia mayor a 30 metros, por lo que la situación es complicada.

Este martes, con la medida ya vigente, ambos fueron a la Secretaría de Seguridad a trabajar. La Municipalidad fue notificada el lunes al mediodía para que arbitre las medidas necesarias para su cumplimiento.

Así, la medida de exclusión perimetral entró en vigencia y es por dos meses. En la notificación, el juez le exige a la Municipalidad que disponga horarios de trabajo diferenciados de manera tal que no tengan que cruzarse.

La Opinión pudo saber que la notificación fue remitida al área de Personal para que disponga la posibilidad de reubicación de la empleada, puesto que Eduardo Álvarez es el secretario a cargo y la medida de exclusión perimetral le impediría conducir de manera presencial el grupo de trabajo.

Si el Gobierno decide el traslado de área de la empleada, todo indica que habrá reclamos por parte de su abogado y de los municipales, puesto que entenderán la decisión como una represalia por haber denunciado el maltrato al que dice haber sido sometida.

Tras la denuncia que una empleada de la Secretaría de Seguridad radicó en la Comisaría de la Mujer contra el titular del área, Eduardo Álvarez, el Juzgado de Paz tomó medidas para proteger la integridad física y emocional de la víctima.

El juez de Paz, José Macchia, ordenó el "cese de actos de perturbación y hostigamiento" a Álvarez, de manera tal que la empleada pueda "desarrollar su labor de forma correcta y libre de toda intimidación".

La denuncia implica actos  que son pasibles de ser considerados violencia contra la mujer, por lo que hay "riesgo" de "repetición de los hechos" y necesidad de "preservar" la "integridad psicofísica" de la denunciante.

La orden obliga al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez a que "se abstenga y/o cese con los actos de perturbación o intimidatorios y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psciológica/emocional" contra la empleada que lo denunció.

De la misma manera, el funcionario tiene prohibido comunicaciones con ella a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, contacto por redes sociales o de mensajería instantánea, etc. "que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos que generen violencia psicológica".

La medida impuesta no implica exclusión perimetral, por lo que podrán compartir el espacio de trabajo, aunque cualquier situación podría desencadenar otro tipo de resoluciones para con Álvarez.

La vigencia de la orden de cese de actos de perturbación y hostigamiento es por tres meses y podría se prorrogable a pedido de parte. Por lo pronto, rige al menos hasta el 29 de enero del año que viene.