Un nuevo caso de abigeato apunta a habitantes del barrio Los Cazadores, conocido también como La Tosquera, luego del hallazgo de una yegua carneada que había sido denunciada como robada hace alrededor de 10 días por su propietario.

Un hombre denunció en sede policial que el 28 de enero, alrededor de las 23.00, dejó una yegua criolla pelaje tobiano blanco con machas rosillas en el anca y la cabeza negra, preñada y a punto de dar a luz, en un terreno cercado con alambre en Frers y 58, y que un vecino le avisó que habían cortado el alambrado y le llevaron el animal.

En la denuncia dejó asentado que algunas personas que conoce le refirieron que la yegua se encontraría en la zona de La Tosquera, en una vivienda que tenía identificada, al igual que a su morador. Lo supo porque la habían ofrecido a la venta.

Según informó a La Opinión, en el domicilio consignado hubo un allanamiento que resultó negativo. Sin embargo, en la misma zona, el animal apareció muerto y carneado en las últimas horas, lo que motivó la queja del vecino denunciante.

El cuerpo de la yegua presenta rastros de haber sido incinerado, posee la cabeza intacta y le falta todo el costillar del lado izquierdo. A su lado, en el sitio donde fue carneada, encontraron un hacha.

Tres sampedrinas que viajaban a Pinamar volcaron en un Fiat 500 cuando circulaban por la ruta 41, a la altura de San Miguel del Monte, luego de que una mujer oriunda de Morón que iba con sus hijos por el carril contrario perdiera el control de su auto y las chocara. A pesar del impacto y los tumbos, las tres resultaron ilesas, con apenas algunos golpes y un susto que todavía perdura.

El accidente se produjo alrededor de las 15.00 del martes 4 de febrero pasado, en la ruta 41, entre San Miguel del Monte y General Belgrano. Carolina Actis, Victoria Torres y Selva Maidana viajaban a Pinamar, donde el padre de una de ellas había alquilado una casa para pasar sus vacaciones y las esperaba para que disfrutaran unos días de playa.

Habían salido alrededor de las 12.30 de San Pedro, con muchas precauciones porque era la primera vez que hacían un viaje de tanta distancia. Viajaban a una velocidad de entre 80 y 100 km por hora, en una ruta no muy cargada pero con tránsito fluido.

Ya habían visto algunas maniobras peligrosas de automóviles a mucha velocidad y adelantamientos imprudentes. Jamás pensaron que una de esas imprudencias las iba a afectar directamente: un Volkswagen prácticamente cero kilómetro que venía por el carril contrario se despistó y las chocó.

No saben cómo sucedió. Todo ocurrió en pocos segundos. La mujer que manejaba el VW, según pudieron reconstruir, se habría agachado a buscar algo y perdió el control del volante, se cruzó de carril y chocó el Fiat 500 en el que iban las sampedrinas.

El golpe fue en la zona lateral izquierda trasera y provocó que el Cinquecento cruzara hacia el carril contrario y volcara en la banquina. Las chicas no están seguras si dieron uno o dos tumbos. El Fiat 500 quedó con sus ruedas hacia el cielo y ellas adentro.

Carolina y Victoria, que viajaban adelante, lograron abrir las puertas y salir. Selva quedó adentro del auto y se puso nerviosa. El baúl se abrió y cayeron las valijas, lo que le permitió a la joven salir. Se miraron, estaban bien las tres. Se abrazaron y lloraron mientras otros automovilistas paraban para ayudarlas.

La mujer del Volkswagen que las chocó huyó de la escena sin detener su marcha, a pesar del terrible accidente que había provocado. Otros autos la siguieron por su trayecto y lograron que regrese para hacerse cargo de la situación que había generado.

Carolina Actis y Selva Maidana fueron trasladadas al hospital de San Miguel del Monte por una ambulancia, mientras bomberos y policías,  que también habían llegado al lugar del choque, trajaban en las pericias junto a Victoria Torres, que se había quedado a custodiar sus pertenencias.

En el hospital, las dos sampedrinas fueron sometidas a diversos estudios que determinaron que no habían sufrido lesiones de consideración, más allá de algunos golpes y hematomas producidos por la presión ejercida por los cinturones de seguridad.

“Yo venía atrás, fue como estar en una licuadora violenta y descontrolada”, describió la diseñadora gráfica y docente Selva Maidana, en diálogo con La Opinión desde Pinamar, donde luego del accidente viajaron junto al padre de una de sus amigas, que las fue a buscar para que continuaran con el plan de vacaciones más allá del episodio que les tocó vivir.

“Era como una película, yo venía mirando la ventanilla, entredormida, no entendía nada”, contó sobre el momento previo a sentir el golpe que provocó el vuelco. “Los airbags no reventaron, porque el choque fue de costado y lo volcó, el impacto no fue tan fuerte como uno podría imaginar”, agregó.

Cuando salieron del hospital fueron a la Comisaría de San Miguel del Monte para prestar declaración. Allí se cruzaron con la conductora, aunque no intercambiaron palabras. A las 2.00 de la mañana, casi 12 horas después del accidente, pudieron seguir viaje una vez que una grúa se llevó el Fiat 500 de la escena.

“Nos dimos cuenta que volvimos a vivir, lloramos como locas, y después todo lo del hospital, lo del seguro, una está shockeada y tiene que vivir todo eso. A las 2.00 de la mañana recién pudimos ir a descansar un poco, nos fuimos con el papá de Carolina a Pinamar”, informó.

“Por suerte no perdimos nada de las cosas que llevábamos, ni dinero ni documentación ni nada, paró mucha gente, bomberos, médicos, enfermeros, todos nos ayudaron y estamos muy agradecidas”, señaló Maidana. “Ahora lo repaso y pienso que fue un milagro. Me duele un poco el cuerpo, por el golpe, porque te sacudís tanto que te golpeás por todos lados, el cinturón te aprieta, te sostiene pero te aprieta, tengo muchos hematomas y Caro está shockeada, no pudo dormir bien ni relajarse, pero está bien, estamos bien los tres, gracias a Dios”, agregó.

El Cementerio municipal carece de electricidad en todo el predio a raíz de un hecho insólito: se robaron los cables.

La semana pasada, la queja de una vecina relacionada con la falta de luz y agua en la necrópolis local motivó la consulta de La Opinión al secretario de Obras Públicas, Ariel Álvarez, quien confirmó la situación, que fue provocada por el accionar delictivo.

“Nos robaron el cable. 170 metros de cable”, informó el funcionario municipal y explicó que se trata de un “cable que va desde la puerta del Cementerio, la principal, hacia la arenera. Cortaron el cable que va del cementerio al medidor”.

“Estuvimos mirando, la gente no se dio cuenta, la que vive abajo, para el lado de la arenera, y los empleados se percataron a las 6.00 de la mañana, cuando fueron a trabajar”, señaló Álvarez.

El secretario de Obras Públicas informó que el cementerio permanecerá sin servicio de electricidad hasta que lleguen los materiales solicitados a un proveedor de afuera, “ya que no hay en San Pedro cable preensamblado”.

Dos jóvenes, aparentemente menores de edad, robaron el viernes en la distribuidora de productos de belleza Las Rosas, ubicada en 25 de Mayo y Facundo Quiroga, y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del local, que fueron aportadas a la Justicia tras la denuncia.

“Estábamos a la tarde, tipo 7.50, y pasó todo muy rápido”, dijo Natasha, una de las hijas de la titular del comercio, que en ese momento atendía el local junto a su hermano y ambos estaban ocupados con clientes. “Yo escuché que se abrió la puerta del negocio, un chico preguntó por una tijera, mi hermano le contestó, el chico agarró una carpetita donde tenemos todos los precios, y después vimos en las cámaras que en ese momento, desesperados, agarraron lo primero que estaba al alcance y corrieron. Los que se dieron cuenta fueron los clientes”, contó la joven.

Todo quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron aportadas a la investigación. En el negocio quedaron sorprendidos por la situación, puesto que, según aseguró Natasha, los ladrones “eran unos nenes que tendrían 14 años, chiquitos, muy chiquitos”, que lograron llevarse un cepillo alisador que cuesta aproximadamente 2000 pesos y una buclera de uso profesional de primera marca.

“Cuando miramos las cámaras vimos que eran los mismos: a la mañana entró uno y el otro lo esperó afuera, y a la tarde entró el otro y se quedó esperando afuera el que había entrado a la mañana”, relató y añadió: “Lo raro es que en las cámaras de la noche no se le ven las caras, se pararon en un ángulo que no se podían ver las caras, tenían todo muy estudiado”.

En el video puede observarse cómo uno de ellos ingresa y se queda parado en la puerta mientras los trabajadores atendían a otros clientes que se encontraban en el lugar. Segundos después, toma dos elementos, y sale corriendo junto a su compañero, que se encontraba en la vereda haciendo de “campana”.

Las cámaras de seguridad de un departamento ubicado en el monoblock H del barrio Fonavi II, donde hay una despensa familiar, registraron cómo un delincuente robó una motocicleta Honda Wave que estaba estacionada en la puerta.

En apenas 18 segundos ocurrió todo: el ladrón aparece desde un pasillo, se percata de que nadie lo esté mirando —con excepción de un perro, que lo mira sin ladrar— y se lleva la moto, que estaba con traba, para huir por el mismo lugar por donde llegó.

La hija de Silvia, la dueña de la moto, hizo la denuncia, llevó la documentación de la moto y el video registrado por las cámaras de seguridad del comercio familiar. La policía reconoció de inmediato al ladrón como un delincuente que suele caer preso por robos similares.

“No llegaron a tiempo a hacer el allanamiento para recuperarla en buen estado, porque no les daban la orden, me dijeron”, contó Silvia a La Opinión y agregó: “A la media hora la recuperaron y ya estaba así desarmada”. La moto no tenía los plásticos, apenas el cuadro y el motor separado.

“Era nueva, menos de un año tenía. La impotencia que me da es que yo ayer por la mañana fui a las 8.00, me la mostraron toda destrozada y me dijeron que tenía que ir a Fiscalía para recuperarla”, contó.

"Fui hoy, les di la denuncia, y me dijeron que todavía no llegaron las actuaciones de la Comisaría”, se quejó Silvia, que todavía no recuperó lo que quedó de su motocicleta.

“Vine a la Comisaría de nuevo, les dije que necesitaba un mejor trato, que tengan más solidaridad, el oficial de servicio no sabía que no habían mandado los papeles a la Fiscalía, me hicieron ir de balde, un poco de consideración pido”, reclamó.

“Lo mismo le dije al de la Fiscalía, que me dijo que para que lo metieran preso no dependía de ellos, así que todo es una burocracia. Te da bronca, impotencia”, señaló.

Silvia contó que su hija había dejado la moto afuera de la casa, por cuya ventana atienden el negocio, mientras su otro hijo cerraba otras ventanas de la propiedad. “Espió y se la llevó. Te da bronca, porque él se ganó unos pesos con los plásticos que le sacó a mi moto y no les hacen nada, entonces siguen robando”, se quejó.

El pianista sampedrino de reconocimiento internacional Valentín Elcoro falleció este jueves a los 92 años y sus restos fueron despedidos el sábado por la mañana en el cementerio local.

Con su partida, la cultura sampedrina perdió a uno de los máximos exponentes de la bohemia vanguardista local de los años 50 y 60 que alguna vez Susana Oroz, una de sus integrantes, describió como una verdadera “patota cultural” de la que formaban parte Enio Locatelli y Pedro Suñer, entre otros. Para la Dirección de Cultura que conduce María José Mora, la noticia pasó desapercibida.

Valentín Elcoro comenzó a estudiar piano a los 7 años, tras el fallecimiento de su padre. En la esquina de Saavedra y Belgrano dio sus primeros pasos con el instrumento. A los 12 ya era concertista. Estudió con Jorge Fanelli y Vicente Scaramuzza y se convirtió en un instrumentista reconocido en el mundo.

Actuó para diversas instituciones, grabó en radio y televisión, y en 1974, tras la separación de su matrimonio, decidió radicarse en España, donde fue designado profesor de Repertorio en la prestigiosa Escuela Superior de Canto de Madrid.

Desde allí, actuó con destacadas figuras de la lírica española tanto en conciertos como en grabaciones para Radio Nacional de España y Televisión Española, y obtuvo un reconocimiento como instrumentista en el universo de la música académica europea.

A fines del siglo XX se jubiló y cuando falleció su madre decidió volver al país. Se había ido en el 74, tras la ruptura matrimonial con la mujer que había hecho que dejara su vida de empleado bancario en el sur del país para volver a la provincia de Buenos Aires.

Viajó por el mundo, se codeó con grandes artistas, vivió en el mismo edificio que Antonio Banderas y cosechó amistades de lo más variopinto de la cultura universal del siglo XX. Imbuido de una educación artística clásica, quienes lo conocieron aseguran que era una persona capaz de hablar durante horas de música, filosofía, literatura y arte en general.

En los últimos años ya no tocaba. El último registro público que se conoce es de 2012, cuando un conocido divulgador de música publicó en su blog un video registrado en su casa en San Pedro, en el que el pianista ejecuta el instrumento para él.

Aunque ya no ponía las manos en él, mantenía su piano en condiciones porque, además de las visitas que solía recibir, el también prestigioso pianista sampedrino Nelson Goerner lo utilizaba cuando tenía conciertos en Argentina para ensayar.

La solidaridad de los sampedrinos se puso en movimiento desde que la familia de Zoe Barreto contó en los medios de comunicación que la niña de 8 años, no vidente de nacimiento, necesita una máquina de escribir braille cuyo costo no puede afrontar y a cuya solicitud el Gobierno no dio respuestas en los últimos años. Zoe es ciega producto de una complicación durante el embarazo de Leonela, su madre. Ya pasó tres años y medio en el sistema educativo y ante la proximidad del ciclo lectivo, decidió hacer pública la necesidad de conseguir esa máquina de escribir.

Como ocurre en otros miles de casos, sus derechos son vulnerados y la educación parece ser para ella algo más bien parecido a un privilegio, el “privilegio de poder estudiar como todos los demás”, como dijo su madre.

El sábado, en Sin Galera, Leonela relató la historia de sus vidas y los caminos recorridos desde el nacimiento de Zoe, que implican una lucha cotidiana para satisfacer sus derechos de persona no vidente.

“Ahora va a hacer tercer grado si Dios quiere, por eso estoy buscando una maquina braille hace ya como dos años, y me moví para todos lados, hasta donde vos no te imaginás fui yo”, aseguró.

Y es cierto: a pesar de no conocer los vericuetos burocráticos, Leonela recorrió todas las dependencias públicas donde entendía que alguien podría darle una respuesta.

Tras la difusión del caso en la web de La Opinión, la trabajadora social sampedrina Carolina Porta, integrante del equipo del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, compartió la nota y contó que ella personalmente acompañó a la mamá de Zoe en la gestión de la máquina de escribir braille ante la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Logramos que el expediente se arme una y otra vez, a pesar de las tantísimas trabas que fui encontrando en el camino, insistiendo semanalmente con llamados y mails. Ojalá quienes tienen la responsabilidad y posibilidad de tomar decisiones lo hagan pronto, y garanticen el derecho que todo niño tiene a acceder a la educación”, contó la trabajadora social en un posteo en el que deslizó críticas a la gestión anterior del Ministerio.

“Yo no pido que me ayuden con plata nomás, también pedí orientación, que me digan para dónde ir”, dijo Leonela, que además es madre de otros dos niños y cuyos ingresos principales son la pensión por discapacidad que percibe Zoe.

Cuando Leonela cuenta su historia aparecen múltiples necesidades: carece de obra social, tiene que pagar el transporte para que la nena vaya a la escuela, tiene problemas edilicios en la casa que habita, entre otras carencias.

Por eso, la máquina braille es un disparador que posibilitó la solidaridad de los sampedrinos no sólo para que Zoe tenga su herramienta de lectoescritura, sino también para facilitar la satisfacción de los derechos que le asisten como niña y como no vidente.

En Estados Unidos, en Rosario y en San Pedro, las gestiones para la máquina de escribir braille están hechas. Además, para el desarrollo de su trayectoria educativa, quienes conocen el universo no vidente aseguran que una notebook es una herramienta fundamental, puesto que existen una gran cantidad de programas que adaptan el uso de computadoras y de celulares para quienes tienen algún tipo de discapacidad visual.

La mamá de Zoe junto a familiares y vecinos organizó una rifa de 300 números que tiene como principales premios un tatuaje de 1000 pesos con Leo Barreto, un collar de Perla Negra y un equipo de mate donado por Innova. Los números se pueden conseguir comunicándose al 3329-592222.

“Estoy muy agradecida con todos los que colaboraron, que fueron muchos”, dijo Leonela, a quien desde el sábado no paran de llamar para ponerse al tanto de la situación y ofrecer colaboración.

A la ola solidaria que caracteriza a San Pedro cada vez que una familia solicita ayuda por situaciones tan particulares como las de Zoe, se sumó el pizzero Martín Burnes, de pizzería “La Ñata”, quien el lunes 24 de febrero ofrecerá pizzas a 200 pesos, que ya pueden encargarse por teléfono o en el local. Todo lo recaudado será donado a la familia de la niña.

“Yo sé lo que es no tener nada, yo pasé por estas cosas en su momento y no me puedo hacer el desentendido, así que acá estamos, colaborando; y ya muchos vinieron a pagarme la pizza para dejármela reservada”, explicó Martín en Sin Galera.

Burnes anunció que también hay una rifa exclusiva para los "colombófilos”: “Nosotros pagamos un abono para correr todo el año, entonces nosotros sorteamos una jaula a nivel país para usar todo el año, y el que gane va a poder tener todo el año gratis, y todo lo recaudado también será para Zoe”. Ese abono anual cuesta alrededor de 17 mil pesos.

Para esta iniciativa solidaria se sumaron comercios que dispusieron alcancías: Mitre 2320, Las Heras 15, 3 de Febrero 1810, 25 de Mayo 1134, Laprida 800, Benefactora Sampedrina 1970 y el carribar de Silvio Velo en el Tiro Federal.

El sorteo de la rifa que vende la familia será el sábado 22 durante la emisión de Sin Galera. Este sábado, todo indica, habrá muchas sorpresas para Zoe.

Anses dispuso la desvinculación de un centenar de jefes de las Unidades de Atención Integral (UDAI), entre ellas la de San Pedro, por lo que la abogada Mónica Ortega ya no está al frente del organismo a nivel local. Designada cuando Sergio Rosa renunció al cargo, había llegado nombrada por el Gobierno de Mauricio Macri con el visto bueno del intendente Cecilio Salazar.

Ortega se despidió de sus compañeros de trabajo y dejó de concurrir a las oficinas de 25 de Mayo y la Peatonal, puesto que revistaba como contratada.

En su lugar, la empleada de planta que había sido designada como reemplazante para eventuales ausencias, María Rotundo, quedó al frente de manera provisoria.

Ahora, son varios los sectores que dentro del Frente de Todos buscan posicionar sus cuadros políticos en los cargos disponibles. Anses es un organismo preciado y a nivel local hay varios nombres consignados entre los que están en carrera por el cargo.

Los interesados en participar del campeonato de choripán organizado por el complejo turístico Mansa LyFE podrán inscribirse en el certamen presentándose personalmente con el DNI en Av. España y Rómulo Naón. Sólo hay 15 cupos disponibles.

Los participantes, que deben ser mayores de 18 años, demostrarán su habilidad para preparar el tradicional plato en un certamen que acompañará la celebración de la Fiesta del Pritiao 2020, el próximo domingo 16 de febrero, en una propuesta del complejo para vivir “un día auténticamente cordobés”.

Los choripanes serán degustados por un jurado que elegirá a los mejores tres. El ganador se irá a casa con 10.000 pesos. El segundo y tercer premio serán de 5 mil y 2 mil pesos respectivamente, y habrá regalos y packs de bebidas.

Además, habrá música con Eu Flow y El Gula, Sherman Rivas, la banda de cumbia La Exitosa, Los Soplafortune y Cachilo Record en DJ y animación.

La histórica cooperativa Las Canaletas, que funciona en ese barrio sampedrino donde el arraigo y la identidad es un bastión defendido por todos los vecinos, lanzó una campaña de socios para sumar voluntades que permitan sostener las actividades.

“Es un proyecto barrial comunitario que quiere crecer aún más y para eso necesitamos más socios”, señalaron desde la comisión directiva, que comenzó la campaña para asociar a quienes deseen participar o colaborar con la entidad.

“Un camping a orillas del riacho, con parrillas y baños con duchas; bajada de lanchas; escuela de Canotaje para todas las edades; un taller textil; una radio comunitaria” son las cosas que ofrece hoy la cooperativa y a las que el socio puede acceder por una cuota mensual de apenas 100 pesos.

“Sabemos que San Pedro debería tener más espacios gratuitos con salida al río pero convengamos que $ 100 por mes es bastante parecido a eso”, consideraron en la campaña. Para asociarse, se pueden comunicar vía WhatsApp al 3329 15 55 5587, al teléfono fijo 43 7393 o a través de las redes sociales de la cooperativa y de FM La Correntada.

Autoridades del Consejo Escolar y referentes de movimientos sociales que tienen en San Pedro beneficiarios que perciben salario social complementario mantuvieron la primera reunión de trabajo para la implementación en el ámbito local del programa Argentina Unida por Trabajo y Educación, que destinará recursos para comprar materiales para refacción en escuelas, tarea que será ejecutada por las personas que cobran ese beneficio. El programa, lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social, busca integrar a los trabajadores de la Economía Popular en la restauración edilicia de las escuelas, para lo que dispone, en acuerdo con los gobiernos provinciales, fondos para materiales, mientras que la mano de obra está a cargo de quienes perciben salario social complementario.

Rita Leguizamón, por el Movimiento Evita; Laura Cevedio, por Somos-Barrios de Pie; y Juancho Correa por el Movimiento Popular La Dignidad participaron como referentes de las organizaciones locales. Por el Consejo Escolar, estuvieron presentes el presidente, Marcelo Paganuchi, y los consejeros Cecilia Macchia y Gustavo Liloff.

Esta fue la primera reunión para la implementación de programa. Paganuchi informó a La Opinión que Provincia ya les confirmó que habrá disponibles dos módulos para San Pedro, de 345.000 pesos cada uno, para comprar materiales pintar escuelas.

“Provincia enviaría esos recursos para comprar pinturas, pinceles, lijas, etc.”, señaló. Los edificios de establecimientos educativos elegidos para esta primera etapa son los que comparten las escuelas primaria 3 y secundaria 12, y la primaria y secundaria 7.

“Nos reunimos porque la idea es que ellos, a través de programas sociales por los que paga Nación, hagan la tarea, la mano de obra, a través de cooperativas que con no más de 20 personas por escuelas”, explicó el presidente del Consejo Escolar.

“Esta fue la primera reunión, para evaluar el proyecto, nos confirmaron que tenemos dos módulos de 345 mil pesos asignados, cuando los bajen veremos de comenzar la aplicación del programa”, señaló el consejero, por lo que habrá que esperar novedades de Provincia.

La idea del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es redirigir los programas sociales a la generación de empleo y que la refacción de escuelas sea una tarea que lleven adelante quienes perciben ese beneficio, camino al ciclo lectivo, que comienza el 2 de marzo próximo.

La Secretaría de Economía Social de la Nación y las organizaciones sociales de la economía popular están al frente de la tarea, en coordinación con los gobiernos provinciales y locales, y los consejos escolares de cada distrito donde se aplique.

En San Pedro hay al menos cuatro organizaciones mediante las que hay personas que perciben el denominado salario social complementario. Además de las tres que estuvieron en la reunión hay que contar al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que trabaja con especial interés en la zona del basural con los recuperadores de residuos.

Quienes perciben salario social complementario cobran en la actualidad 8.500 pesos, es decir el 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Quienes accedan al programa de refacción de escuelas percibirán, mientras dure el convenio y haya tareas a desarrollar, el salario mínimo completo, es decir 17.000 pesos.

El gobernador Axel Kicillof puso en funciones al nuevo subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, lo que motivó que en cada puerto público bonaerense comience la rosca para designar a los presidentes de los consorcios de gestión, entre ellos el de San Pedro, que todavía tiene al frente al sindicalista, concejal suplente y exsecretario legislativo Eliseo Almada, un hombre del riñón del intendente Cecilio Salazar.

El ministro de Producción, Augusto Costa aseguró que se encuentran trabajando en mejorar la infraestructura de los puertos porque la situación en que se encontraron es de “desidia”.

En ese marco se inscribe el anunciado análisis de los “perfiles para cada puerto en particular”, la posibilidad de “discutir una nueva ley de puertos” y el mensaje que la ministra de Gobierno, Teresa García, les dio al intendente interino, Ramón Salazar, y al secretario de Gobierno, Silvio Corti, cuando se reunieron: “El tema puertos lo va a manejar personalmente el gobernador”, Axel Kicillof.

Que Eliseo Almada no seguirá como presidente es una decisión que en el Puerto entienden tomada. “Almada es gestión Vidal”, dicen a viva voz en La Plata para poner punto a esa discusión. Como en otros cargos provinciales y nacionales, tras el cambio de gobierno, la rosca está en marcha.

Mientras tanto, el puerto opera y sueña con recuperar el terreno que perdió con la decisión de Baltic Shipping de llevarse la fruta a Campana. “Hay que trabajar duro. Ojalá que quien venga siga con estas cosas, que son importantes”, analizan dentro del Consorcio mientras ven en Grobocopatel, en los cubanos y en la posibilidad de acuerdo con Barranqueras un camino para que haya trabajo en la terminal local.

Los porotos se van a Cuba

El buque que llevará 6000 toneladas de porotos negros en 240 mil bolsas que llegaron a San Pedro en camiones y a través de las vías del Ferrocarril Mitre y Belgrano amarró en el puerto local el martes por la mañana.

El buque trabajará con operarios portuarios para la carga de la mercadería con destino a Cuba y que desde el 22 de enero, cuando llegó el primer convoy, tiene a entre 40 y 50 trabajadores activos en la tarea de estibaje. El sábado, en diálogo con Sin Galera, el responsable de la empresa JLR Servicios SRL, Javier Mosqueda, anticipó que esperan haya diálogo con “los compradores de la mercadería, la gente de Cuba, y los exportadores” para que esta no sea la última operatoria en el puerto local.

“Esperamos cerrar algún acuerdo para otro embarque, venimos trabajando para que la gente de Cuba tome el puerto de San Pedro como la salida de sus mercaderías”, dijo Mosqueda y agregó: “Este es un puerto apto para alimentos, sin productos contaminantes, así que estamos trabajando muy fuerte en esos puntos”.

“Cada operatoria del tren tuvo entre 40 y 50 personas, entre personal propio, tercerizado, de Uatre, tanto en Santa Lucía como en San Pedro, esa operatoria va a continuar, porque se demoró un poco, son entre una semana y 10 días”, informó Mosqueda.

En el puerto, además, se vio movimiento el lunes, cuando amarró el buque Allegra, de bandera liberiana, que en el muelle elevador cargará 25.000 toneladas de trigo con destino Brasil.

Una oportunidad en Chaco

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro trabaja para diagramar una “ruta de barcazas” con su par de Barranqueras, ciudad de la provincia del Chaco que también está a orillas del río Paraná, cuyo puerto se dedica exclusivamente a ese tipo de embarcaciones.

En la actualidad, el 80 por ciento de su operatoria está centrada en el traslado de cereal hacia puertos uruguayos para desde allí cargar en buques hacia el destino de ultramar. Desde hace meses, el presidente del Consorcio, Eliseo Almada, y otros funcionarios locales trabajan para alcanzar un acuerdo que permite que esas barcazas viajen río abajo hacia la terminal local para salir desde aquí hacia el mundo.

“En lo que estamos trabajando es que nosotros podamos ser su puerto de destino para que los barcos se carguen acá. Esta idea el presidente del Ente administrador (del puerto de Barranqueras) se la comunicoó al gobernador, el cual se mostró muy optimista y le pidió que aceleremos las gestiones para firmar un convenio entre los dos puertos”, explicó Almada a La Opinión.

Estiman que sólo en cereal, Barranqueras mueve alrededor de 700.000 toneladas anuales, a lo que hay que sumar los contenedores en los que se trabaja la sal jujeña y el algodón chaqueño.

El Sindicato de Choferes de Camiones, más conocido como “de camioneros”, que a nivel nacional conduce desde hace décadas Hugo Moyano, quedó envuelto en una polémica de alto voltaje tras la denuncia de un chofer que aseguró haber trabajado al lado del referente local del gremio, el exconcejal del Frente Renovador Fernando Espíndola, y dejó expuesta en Fiscalía una serie de acusaciones que abarcan diversos delitos que la Justicia comenzó a investigar de inmediato.

Enriquecimiento ilícito, aprietes a empresarios para el cobro de coimas, amenazas de muerte, armas de fuego y hasta cuestiones relacionadas con las drogas forman parte de lo que la fiscala Viviana Ramos tiene en proceso de investigación.

No es la primera vez que un sindicato se ve envuelto en una causa de estas características. Tampoco es la primera vez que la denuncia apunta a los hombres de Moyano. En San Pedro, hasta ahora, nadie había expuesto en un expediente judicial lo que muchos dicen off the record pero no se animan a dejar asentado ante la Justicia.

Con los mejores salarios y uno de los convenios colectivos más favorables, los trabajadores representados por el Sindicato de Camioneros guardan una fidelidad que según el chofer que denunció a Espíndola se traduce en silencio.

Entre los empresarios, al menos dos decidieron dejar la actividad relacionada con el transporte y en el ambiente aseguran que lo hicieron cansados de tener que “negociar” con el gremio en términos que no siempre están dentro de lo escrito en la legislación vigente.

La denuncia destapó una olla cuya profundidad se desconoce. Cuánto de lo que allí se dejó expresado es verdad y podrá probarse dependerá de la tarea de Fiscalía y de los elementos que puedan aportarse a la causa. Mientras tanto, la actividad quedó en la mira y el sindicato de Camioneros, una vez más, bajo sospecha. Espíndola, además, enfrenta una causa por abuso sexual que interpusieron sobrinas de él que lo acusaron de haberlas sometido cuando todos eran adolescentes, expediente que tramita en el fuero juvenil porque el imputado era menor cuando ocurrieron los hechos.

Un chofer que se animó a hablar

Hace diez días un camionero llegó a la redacción de La Opinión enojado con el titular del sindicato en San Pedro, Fernando Espíndola, porque, aseguró, un empresario no le daba trabajo por orden de él. Su relato parecía verosímil pero carecía de respaldo. Lo que contaba eran situaciones que podrían configurar delitos. Por eso fue a Fiscalía.

El camionero se llama Horacio Ortega y en el ambiente lo conocen como “Mamateta”. Según sostuvo –su aseveración fue ratificada por testigos del barrio donde él y el referente del sindicato viven– supo ser ladero de Fernando Espíndola en el gremio. Hasta que la relación se rompió. Ortega dijo que mientras ese vínculo duró vio muchas cosas y hasta aseguró que podrá aportar pruebas a la Justicia al respecto.

Su decisión de denunciar no está relacionada con ninguna vocación de mártir: fue a pedir trabajo y no le dieron. Él cree que por orden de Espíndola, a quien le fue a pedir que interceda y le dijo que no podía hacer nada. El propio sindicalista contó esa versión y sostuvo que su tarea no es colocar personal en las empresas, aunque Ortega –y otros, por cierto– aseguran que sí tiene ese poder.

Ortega dijo que como “colaborador” de Espíndola lo acompañaba “a las reuniones en Buenos Aires y a las empresas, donde él bajaba a hacer sus arreglos, sus cosas”. Consultado sobre esas “cosas”, sorprendió y acusó a Espíndola de “coimear a las empresas”.

Denuncia y allanamiento

“Fernando Espíndola es una persona que aprieta y coimea a los empresarios locales”, dijo el denunciante ante un instructor de la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos, quien solicitó un allanamiento en la despensa del sindicalista de Camioneros, procedimiento que cumplió personal de Prefectura Naval Argentina el jueves.

Un importante despliegue se vio ese día, en una de las siestas más calurosas del verano, en Facundo Quiroga al 1400. Dos patrulleros de la fuerza naval cortaron la circulación de Quiroga entre Cruz Roja y Hermanos Indios. Un grupo de efectivos ingresó al domicilio para cumplir con la orden de allanamiento emanada desde el Juzgado de Garantías Nº 3 de María Eugenia Maiztegui. El procedimiento lo encabezó Prefectura porque en su denuncia Ortega dijo que Espíndola también cobraría “coimas” de la policía en función judicial, la DDI.

El personal de Prefectura secuestró elementos de interés para la causa, que tiene como eje la denuncia sobre los presuntos pedidos de coima a los dueños de empresas en las que tiene injerencia el sindicato de Camioneros pero que además puso el acento en el crecimiento patrimonial del sindicalista acusado

Las sospechas sobre presunto enriquecimiento ilícito que aparecen en la causa señalan que el referente de Camioneros y exconcejal suplente del Frente Renovador tiene bienes que no podría justificar.

“Posee varias propiedades, un auto 0km cada hijo, una embarcación de gran tamaño, una camioneta y una motocicleta de gran valor” y “no posee ingresos” suficientes “para adquirir ese tipo de bienes”, aseguró el denunciante en la causa que investiga la fiscala Ramos.

“La modalidad es solicitarles a los empresarios que no tomen trabajadores, salvo los que él desea que ingresen, quedándose con rédito económico por estas operaciones”, aseguró en su presentación en Fiscalía y nombró a varias empresas locales a las que, según denunció, Espíndola pediría “coimas”.

Desde la UFI 11, Viviana Ramos confirmó a La Opinión que el allanamiento fue solicitado por su Fiscalía “en el marco de una causa por amenazas”. La persona que denunció a Espíndola por “coimear” a las empresas dejó asentado luego que su vida “corría peligro”.

En la búsqueda de armas de fuego, se llevaron un viejo pistolón. También allanaron un rancho en la isla, sin éxito en cuanto a armas pero también respecto de una de las acusaciones que hizo Ortega, relacionada con presuntas plantaciones de marihuana.

La palabra de Espíndola

“Yo no tengo colaboradores, yo no soy dueño del gremio ni mucho menos, el secretario general es Cabaleyro y yo soy un delegado, nada más, yo hago mi trabajo, tengo un negocio, hago sacrificios para progresar y darle estudios a mis hijos, la verdad es que no sé”, dijo a La Opinión el referente camionero antes del allanamiento y agregó: “Si tiene pruebas, que cuente lo que quiera”.

Luego del procedimiento, dejó todo en manos de su abogado, Mauricio Gugger, quien al cierre de esta nota recién tomó contacto con la causa.

Ortega recibió el lunes una carta documento. Allí, Espíndola le pidió a Ortega que “rectifique sus dichos” porque “han dañado y afectado” su “personalidad, buen nombre y honor”. De la misma manera, le pide que “se abstenga de referirse” a él en los mismos términos en los que habló en el video publicado por este medio.

Espíndola consideró que las palabras de Ortega hacen que “luzca como un delincuente, chantajista, autor de delitos y demás agravios que afectan hondamente” su “buen nombre y honor”.

Ortega, que volvió a denunciar amenazas, informó que analizaba responderla, tarea que, dijo, hacía con su abogado, lo que da cuentas de que ahora tiene representación legal que lo acompaña en sus denuncias a Espíndola.

A la espera de otros testimonios

“El tipo está cubierto por todo, sé todo lo que hace, cómo trabaja, con quién se maneja y cómo se maneja”, dijo y aseguró: “Hay un montón de gente que no puede hablar, que tienen miedo, lo conocen, saben lo que es esta persona, él deja a todo el mundo sin trabajo cuando quiere como quiere y mete a la familia de él”.

El camionero aseguró que todo lo que denunció en Fiscalía lo expuso ante referentes nacionales del sindicato. “Estoy esperando una respuesta porque todavía no me contestaron a lo que yo les dije de que tengo pruebas suficientes para saber lo que es Espíndola, yo hablé con ‘El Indio’, la mano derecha de Moyano, que él me dijo que iba a hablar con Moyano y le iba a pasar todo. Lo raro de esto, es que yo hablo y hablo pero nadie te escucha”, se quejó.

La denuncia de Ortega inscribe un nuevo capítulo en la larga saga de sospechas que pesan desde hace décadas sobre el sindicato de camioneros. Es una de las más importantes que se conocen a nivel local. Si todo lo que dice es cierto, debería haber muchas otras voces que puedan expresarse para respaldar sus acusaciones. Que se animen a contarlo ya es otro episodio. Hasta ahora, todo lo que hay son acusaciones que deberán ser sometidas al cedazo de la aparición de pruebas para que no queden en meras palabras.

Una vez más, los responsables del depósito de vehículos secuestrados en operativos de tránsito, ubicado en Crucero General Belgrano, quedaron en la mira a raíz de una denuncia de una familia que quiso ir a buscar su moto tras pagar la multa pero se encontró con que el rodado no estaba.

Se trata de una Honda Biz 125 comprada el año pasado, que tiene un valor de mercado que en algunos casos supera los 100 mil pesos, que fue retenida el 5 de noviembre en un procedimiento en calle Güemes al 100 por inspectores de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad.

El secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, confirmó el sábado en Sin Galera que el sumario administrativo y la causa penal están en marcha y que la intención de la Municipalidad es que todo “vaya lo más dinámicamente posible para que se resuelva de manera normal”, aunque advirtió: “Es un proceso largo y hay que ver qué dispone la Justicia”.

Al final, todo salió mal

Eran las 19.05 cuando un inspector le labró el acta de infracción a Federico Morales, un joven de 22 años, ayudante de albañil que regresaba de trabajar y circulaba sin licencia de conducir, sin comprobante de seguro contra terceros y sin casco protector, lo que provocó que le retengan el vehículo.

El Juzgado de Faltas evaluó la situación y dispuso la multa correspondiente, que tenía como pago voluntario la suma de alrededor de 4300 pesos a los que el lunes, cuando fue a pagar, se le sumaron otros 3300 por la estadía en el depósito.

Morales pagó los 7600 pesos y con la documentación correspondiente se presentó en el galpón ubicado en Crucero General Belgrano para retirar su moto. Cuando llegó y le dijo al empleado que lo atendió que iba a buscar una Honda Biz 125 grande fue su sorpresa porque el inspector le dijo que ahí no había ninguna moto de esa marca y modelo.

Tras quejarse en la Dirección de Tránsito, les informaron que iban a poner personal a su disposición para revisar una por una las motos que hay en el depósito, con el objetivo de encontrarla. “Empezamos a buscar con uno de los inspectores, fuimos, revisamos todas las motos con este señor Monzón y la moto no estaba”, aseguró Natalia, madre de Morales.

“Fuimos a la oficina a plantear el tema, estaba el jefe de Tránsito, Caramún, que nos dijo que iban a hablar con el secretario de Seguridad, Roleri. Nosotros buscamos moto por moto, nos llenamos de polvo, las motos están tiradas una arriba de la otra, pero nuestra moto no estaba”, contó.

“Hablamos con Caramún y con Roleri, es una moto que vale alrededor de 130 mil pesos. Roleri dijo que tenían que hacer un sumario para investigar el caso y que iban a ver las cámaras de seguridad, pero a mí los empleados me dijeron que las cámaras no andan”, agregó la señora.

Consultado por La Opinión, el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Luis Caramún, confirmó que “la moto no está” en el depósito y que desde el punto de vista administrativo los pasos que siguen son los de elevar el informe a Asesoría Letrada para que instruya el sumario correspondientes.

“La moto no está, dimos vuelta el depósito y no está. Por eso vamos a instruir a Letrada para que inicien un sumario, no hay alternativa y es lo que corresponde”, señaló Caramún y agregó: “El 4 de enero me puse en funciones y desde entonces no faltó ninguna moto, estamos preparando un informe de lo que había, pero no es de un día para el otro”.

El sumario administrativo buscará deslindar o atribuir responsabilidades al personal del área de Inspección que tiene a su cargo la custodia de los bienes secuestrados en el depósito municipal en cada uno de los turnos correspondientes.

El funcionario señaló que las cuestiones relacionadas con la seguridad las tiene a su cargo el secretario, Eduardo Roleri, que es quien mantiene diálogo con la familia, que asegura tener datos respecto de dónde podría estar la moto que desapareció del depósito.

Un problema de seguridad

En el área que conduce Roleri evalúan alternativas para modificar el sistema de monitoreo del galpón ubicado en el mismo predio de la balanza cuya recaudación fue robada a una empleada que la trasladaba en bolsines el 26 de diciembre pasado.

Las cámaras de seguridad de ese depósito no están conectadas al Centro de Monitoreo y tienen un serio problema: cada vez que se corta la luz, dejan de funcionar y hay que llamar al técnico para que las reactive. Si ese dato estaba en poder del personal, las sospechas aumentan.

En el gobierno están preocupados por el tema y aseguran que van a hacer todo lo posible para dar con el responsable de la desaparición de esta moto. “Si lo descubrimos, hay que echarlo. No hay otra posibilidad, hay que ser transparentes”, sostienen.

En Tránsito esperan que este hecho permita acelerar algunos procesos para mejorar la seguridad del depósito, el sistema de videovigilancia y el de control de las motos que ingresan al galpón cuando son secuestradas en operativos en la calle.

En la actualidad, los vehículos llegan, se cargan manualmente en un libro con todos los datos que haya disponible y luego esa información se vuelca a una computadora para su digitalización. La doble carga, empero, tiene sus bemoles: en el depósito es muy difícil identificar los lotes por semana o mes, puesto que las motos se amontonan una arriba de la otra, sin orden.

“Debe haber alrededor de 2.000 motos secuestradas y no habíamos tenido faltantes”, dijo Roleri el sábado en Sin Galera. “Las motos están medianamente bien acomodadas por sectores, con su rótulo”, describió sobre la situación del depósito.

Uno de los problemas con los que se enfrentará el Gobierno es que el depósito carecería de seguro, por lo que la moto deberá ser restituida con fondos municipales. Entre los inspectores, aseguran que en el galpón no habría contrato con aseguradoras porque “nadie quiere asegurar” ese lugar.

La oposición irá “a fondo”

El viernes por la tarde, Roleri mantuvo una reunión con los concejales del bloque opositor Frente de Todos, Florencia Sánchez y Gastón Casco, quienes se acercaron a la dependencia municipal tras tomar conocimiento del caso a través de la web de La Opinión.

“Quisimos ponernos en contacto para consultarle si habían hecho la denuncia”, dijo Casco a este medio este lunes, luego de pasar por Fiscalía para corroborar que la causa penal estaba en marcha. El concejal recientemente asumido anunció que esta semana elevarán un pedido de informes por el tema para exigir respuestas formales, tras la reunión con Roleri.

“Queremos saber el mecanismo de guarda de las motos, de registro de los vehículos que ingresan, cómo funcionan las cámaras y el tema del seguro”, dijo Casco y adelantó que el bloque se reunirá este martes para terminar de darle forma al proyecto de comunicación.

“Esto es una vergüenza y vamos a ir fondo en esta cuestión”, señaló, por su parte, Florencia Sánchez, ante la consulta de La Opinión, y, como dijo en varias ocasiones en sesión, agregó que la de Roleri “parece una Secretaría de Inseguridad”.

El bloque del Frente de Todos no descarta otras alternativas de consulta, teniendo en cuenta que la respuesta de los pedidos de informes suele demorar y en algunas oportunidades nunca llega, como la de citar formalmente a Roleri a la Comisión de Seguridad o acaso al recinto de sesiones.