Los productores ruralistas y los dirigentes de la oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que tuvieron activa participación en las protestas derivadas de la famosa resolución 125 que instituyó la retenciones móviles y dio lugar al denominado “conflicto con el campo” tuvieron en la última semana un déjà vu: los procesaron en la Justicia por aquellos reclamos y les aplicaron un nuevo esquema de impuestos a la exportación de oleaginosas. Cuatro días antes de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación –y de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, claro–, la Cámara de Apelaciones federal de Rosario revocó el sobreseimiento dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo quien, en consecuencia, dictó el auto de procesamiento contra todos los imputados por “entorpecimiento de servicios públicos, incendio u otro estrago” tras haber cortado la ruta 9 en el año 2008 a la altura de San Pedro. Los protagonistas son el exintendente y exdiputado nacional Mario Barbieri; su secretario de Coordinación, Facundo Vellón; el de Gobierno, Juan Almada; la entones presidenta del Concejo Deliberante, Norma Atrip; el referente de la Sociedad Rural local, Raúl Victores; su par de Baradero, René Ducret; el referente de la Federación Agraria y actual secretario de gobierno de Salazar, Silvio Corti; el entonces presidente de la Cooperativa Agrícola de Ramallo, Jorge Bozicovich; los integrantes de la Mesa de Enlace Hugo Biolcati, Eduardo Buzzi,  Fernando Gioino, Luciano Miguens y Mario Llmabías; también aparecen Adolfo Etchehum, Margarita Stolbizer, María del Carmen Alarcón, Horacio Ostán y  Osvaldo Simiele. El hecho ocurrió el 19 de marzo de 2008, entre las 11.00 y las 15.00, cuando según la causa penal en trámite los acusados “habrían producido primero un estorbo, luego un entorpecimiento y posteriormente la interrupción total del tránsito de todo tipo de vehículos y por tanto de personas y mercaderías sobre la ruta nacional 9, comenzando con una marcha a paso de hombre en caravana de unos cien vehículos, por la autopista”. Ese día hubo un acto en un escenario montado sobre el cantero central que divide los dos carriles de la ruta, del que participaron los imputados. En ese momento, acusa el fiscal, se produjo “un corte total por la quema de fardos de pasto como también de una camioneta y una cosechadora en desuso” y los oradores “instaron a los manifestantes a continuar con el corte de ruta hasta que fueran escuchados sus reclamos”. El 3 de marzo de 2008, primero, y el 4 de marzo de 2009, después, Villafuerte Ruzo dictó la falta de mérito para los acusados. El entonces todavía fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray apeló y le dieron la razón. En 2016, el juez resolvió el sobreseimiento, que también fue apelado y cuyo resultado es el procesamiento con embargo dictado el 6 de diciembre pasado. Para la Cámara, las imágenes filmadas por el noticiero local, el de TN y el de Canal 13, los testimonios de camioneros y conductores, y los informes de las fuerzas de seguridad permiten acreditar la “materialidad delictiva”. En todo el país, las organizaciones que nuclean a los productores rurales expresaron descontento con la medida judicial, cargaron tintas sobre el gobierno recientemente electo y hasta hablaron de “revanchismo”. Para colmo de males, una de las primeras medidas de Alberto Fernández fue modificar el esquema vigente de retenciones. “Sin consulta, sin diálogo previo”, se quejaron desde las organizaciones ruralistas. En las redes sociales, fiel a su estilo, Raúl Victores fue de los más locuaces. “Cuál será tu aporte de tres generaciones viviendo del estado y demás”, le dijo, por ejemplo, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de que anunciara el impuesto del 30 % al consumo en el exterior.

“Se llama Felipe Lorenzo Agustín Iglesias”, reveló, emocionado, Javier Iglesias, que fue abuelo el jueves pasado, a una semana de que falleciera su hijo Agustín, que estaba internado en el Instituto del Quemado tras el incendio en la panadería en la que trabajaba. La pareja del joven fallecido, Candela Cáceres, dio a luz al niño a las 14.55. Pesó tres kilos y medio. Felipe era el nombre que Agustín quería ponerle. Lorenzo, el del bebé que perdieron en plena gestación hace tres años. Javier Iglesias aseguró que sentía “una mezcla rara” de emoción por la llegada de su nieto y de inevitable tristeza por la pérdida de su hijo. “Están muy bien”, señalaron después de la cesárea que trajo al mundo al bebé que pesó tres kilos con quinientos cincuenta gramos. La familia espera resolver aspectos legales que le permitan que lleve el apellido del joven fallecido. Por su parte, su hermano Diego permanece internado en el Instituto del Quemado.

Aunque todavía hay cierto escepticismo en algunos comerciantes, la decisión del gobierno de hacer un recorrido peatonal por el centro de la ciudad con actividades artísticas durante los sábados de enero y febrero está tomada y la primera noche será la del 4 de enero.

La propuesta la coordinan la Dirección de Turismo que conduce Marcela Cuñer y la de Cultura que lidera María José Mora. Para el proyecto sumaron al Centro de Comercio a través de la Cámara de Prestadores Turísticos que preside Gonzalo Castagnola, y anoche mantenían una reunión informativa con los comerciantes cuyos negocios están ubicados sobre la zona de influencia de la denominada “Peatonal del Verano”.

Independientemente de las quejas de algunos y las dudas de otros, la decisión está tomada y tiene que ver con el plan de devolver al centro aquellas noches de espectáculo que se vivían en el centro durante la época estival antes de la instalación de la Peatonal del Centenario en las cuadras de Balcarce y Obligado que van desde 25 de Mayo a Pellegrini. El plan es que desde el sábado 4 de enero y durante nueve sábados seguidos, la calle Mitre se transforme en peatonal desde Güemes hasta Saavedra, con tránsito vehicular por las calles laterales. En la esquina de la Peatonal del Centenario montarán el escenario principal, que ya tiene al músico Sherman Rivas como productor de los espectáculos y en plena tarea de conformación de la grilla, que promete ser variada. La iniciativa del gobierno tiene entre sus objetivos incentivar la apertura de los locales comerciales del centro durante la noche, para que San Pedro luzca como ciudad turística en la que los visitantes tienen un paseo nocturno y para que los negocios sumen horas que permitan incrementar las ventas, con la concentración de público que implica este tipo de actividades. Germán Rivas adelantó que están pensando en “una noche de tango, otra de folclore” y que en principio el plan es que pasen por el escenario artistas locales, aunque “si viene algún show de afuera, ¿por qué no?”, dijo. Uno de los problemas con los que se enfrenta es que los recursos disponibles para pagar cachets son escasos. De hecho, el propio Rivas señaló que muchos artistas van a “colaborar” con la iniciativa, es decir que actuarán de manera gratuita. Entre los músicos hay diversidad de opiniones. Hay quienes consideran que la oportunidad es buena para mostrar su espectáculo, porque la plaza les sirve para exponerse ante un público no habitual que les permitiría obtener contrataciones en otros ámbitos, por lo que están dispuestos a tocar gratis o por un pago mínimo; también están los que tienen su cachet fijo y ya advirtieron que no participarán por menos dinero. Entre los comerciantes que se reunían anoche había muchos que consideraban buena la iniciativa, aunque no estaban seguros si abrirían hasta la medianoche, como propone el gobierno. Los espectáculos musicales que se propongan forman parte de esas dudas, puesto que no están seguros de si acaso la grilla de artistas apuntará al turista o al sampedrino que suele recorrer el centro o a público local que generalmente asiste a otros espacios donde ofrezcan este tipo de espectáculos y que podría acercarse a la zona atraídos por la gratuidad. Entre los comerciantes hay quienes creen que además del escenario principal de la Peatonal deberían disponerse atractivos artísticos en cada cuadra, para evitar la concentración en un solo punto del recorrido. Los comercios gastronómicos saben que estas iniciativas los favorecen, aunque uno de sus pedidos es que coloquen baños químicos para evitar el desfile de personas que no son clientes de sus locales. Desde la Cámara de Turismo cursaron notas a las entidades bancarias para solicitarles que sumen a San Pedro a las promociones que ofrecen en la costa atlántica, de manera tal que pueda ofrecerse al público una alternativa de descuentos para incentivar el consumo. “Hay que pensar que el alquiler lo pagamos los 365 días del año y si hay una venta más, todo suma”, dijo Castagnola, cuyo comercio, Gran Paraná Outdoor, está ubicado en Mitre al 600, respecto de la posibilidad de mantener abierto hasta las 12.00 de la noche. El Centro de Comercio mantendrá sus puertas abiertas para la exposición de muestras o presentaciones incluso de los socios de la entidad que quieran exhibir su tarea y sobre la calle no se permitirán puestos ambulantes.

El lunes el gobierno de Cecilio Salazar y las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores municipales mantuvieron un encuentro para debatir la posibilidad de incremento salarial tanto para ajustar a la inflación 2019 la paritaria vigente como para analizar un aumento para el año que viene. La reunión fue meramente informativa y el Ejecutivo, representado los secretarios de Gobierno, Silvio Corti; de Economía, Fabián Rodríguez; y de Coordinación, Ramón Salazar, anunció que dependerá de Axel Kicillof para otorgar un aumento a los empleados del Estado local. En el acta dejaron expresado que “aún no pudieron acordar con el nuevo gobierno provincial la llegada de asistencia económica para hacer frente a un nuevo aumento salarial”, por lo que solicitaron un cuarto intermedio hasta el jueves a las 13.00, cuando volverán a reunirse. Durante la reunión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Gustavo Gauna, solicitó un incremento del 20 por ciento a los salarios básicos para sumar al 31 por ciento acordado para 2019, con el objetivo de evitar quedar por debajo de la inflación registrada. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) pidió un “bono de emergencia de fin de año de $ 20.000 para todos los trabajadores y un aumento en el sueldo básico que equipare a la inflación del año 2019”. En el acta, desde el Ejecutivo dejaron asentado que darán “respuesta de acuerdo a la asistencia económica que pueda obtener del gobierno provincial” que asumió la semana pasada. El Sindicato de Trabajadores Municipales dejó constancia de que el Ejecutivo no permitió la participación de Griselda Chirino en la reunión. La subsecretaria Legal y Técnica, Paola Basso, les remitió una nota por la mañana en la que les informó que por su condición de empleada temporaria no podía estar en la paritaria.

Este viernes hubo sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, desarrollada en la sala de reuniones de comisión del HCD, donde el tema fundamental que convocó a los ediles fue la aprobación del listado de Mayores Contribuyentes. Se trata de los vecinos ante los que se pondrá a consideración las ordenanzas fiscal e impositiva que contienen aumentos de tasas y derechos para el año que viene, designados por el Ejecutivo y los bloques del HCD. La Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes deberá ser tratada antes de fin de año y previo al tratamiento del cálculo de recursos y gastos, el Presupuesto 2020. Los voluntarios son cinco: además de Montero, aparecen Carlos Collaretti, Miguel Ángel Raviola, Roque Aníbal Díaz y Valentín Mastrángelo. El listado lo completan, a propuesta del Ejecutivo, Ernesto Daniel Gordillo, Estela Pérez, Verónica Almada, Héctor Díaz, Jorge D’Andrea, Héctor Vallejos, Fernando Pancirolo, Miguel Bonetti, Gustavo Calvet, Bruno Sciarra, Roberto Taurizano, Eduardo Birador, Sergio Ferragut, María Julia Cuels, Omar Amigo, Carlos Jaime, Norberto Porta, Aldo Masagllia, Juan Cruz Tonelli, Iván Juan Bennazar y Silvia Torres.

En la ordenanza fiscal presentada en el paquete de Presupuesto 2020 por el gobierno municipal aparece una tasa nueva, novedosa en toda la región y de la que se espera alguna polémica tras su aprobación en el Concejo Deliberante. Se llama “tasa por explotación de vías de acceso rápido (autopistas) y tiene como contribuyente sujeto del gravamen a las “empresas concesionarias de las vías de acceso rápido al partido”, en este caso la ruta nacional Nº 9, cuyo tramo que atraviesa San Pedro corresponde a la firma Corredor Panamericano I, desde 2018. Según el proyecto de ordenanza fiscal en su artículo 250, que dispone la creación de esta tasa, el hecho imponible “estará constituido por la cantidad de vehículos que traspasen las cabinas de peaje de Zárate — Ruta Nacional N° 9 (KM 94,58) — Provincia de Buenos Aires”. La tasa es por “los servicios brindados por seguridad, salubridad, limpieza, higiene, servicio de emergencia y mantenimiento de vías de acceso a la autopista”, por los que el gobierno quiere cobrar un canon a la empresa concesionaria. Según el proyecto de ordenanza impositiva, el costo a pagar por Corredor Panamericano I será de 455 pesos por cada mil vehículos que pasen por la cabina de peaje de Zárate en cualquiera de sus dos sentidos, con la posibilidad de que el gobierno modifique el valor “en concordancia con los incrementos que el gobierno nacional o provincial dispusiera para los valores de peaje” en el futuro. La norma es novedosa en la zona y en la ruta nacional 9, pero tiene antecedentes en la autopista Buenos Aires – La Plata, donde al menos dos municipios dispusieron una tasa de explotación de vías de acceso rápido para que la empresa concesionaria les pague un canon de acuerdo a la cantidad de vehículos que pasan por su territorio. Uno de los casos es el municipio de Avellaneda, que creó la tasa para cobrar por cada vehículo que pase por el peaje Dock Sud y hasta dispuso un monitoreo propio para calcular lo que la empresa debe pagar. Otro caso es el de Ensenada, que también tiene una medida similar, aprobada con el argumento de que la presencia de la autopista obliga al municipio a mantener constantemente calles adyacentes, así como la presencia de bomberos del distrito ante un accidente en la autopista. Una vez aprobada la norma, el Municipio buscará que el Corredor Panamericano I entregue una declaración jurada de vehículos que pasan por la cabina de peaje de Zárate para calcular el monto a cobrar. Si prospera, los distritos vecinos también podrían plantear una ordenanza similar. La raíz del reclamo hay que buscarla en el gobierno de Mauricio Macri, que favoreció a las empresas al quitar de las condiciones de contratación la obligación de que contrataran servicio de emergencias, lo que recayó sobre los municipios. “Intentamos un acuerdo con la empresa, porque nos perjudica, un accidente nos deja sin un servicio de ambulancias. No hubo caso, por eso impulsamos este planteo. No hubo forma de contactarse”, señaló. En el cálculo de recursos y gastos 2020, el Presupuesto propiamente dicho, no hay estimación ni proyección alguna de recaudación a través de esta tasa, lo que debía ser corregido en el expediente a reenviar. El gobierno no tiene estimaciones precisas, pero en Palacio se habla de que podrían recaudar entre 20 y 30 millones de pesos. Para llegar a ese monto anual, deberían pasar entre 120.000 y 180.000 vehículos por día por el peaje de Zárate. “Es una tasa innovadora, tomamos el ejemplo de Avellaneda. Es de fácil determinación porque tenemos un solo contribuyente, que es el concesionario vial, con lo cual lo que se hará es pedirle una declaración jurada de la cantidad de vehículos que pasa por día”, explicó Abatángelo a La Opinión. Consultado sobre el hecho imponible, es decir es decir la situación que configura y origina la obligación tributaria, respondió que el “cuando hay un accidente en ruta, destinamos muchos fondos del Municipio” y que por ello decidieron cobrar esta tasa. La empresa Corredor Panamericano I es una sociedad anónima constituida por Helport S. A., Panedile S. A., Eleprint S. A. y Copasa S. A. Gestionan la concesión del Corredor Vial E por licitación PPP (Participación Público Privada) desde el 1 de agosto de 2018. Tiene su cargo la administración, reparación, mejora, conserva, ampliación, remodelación y explotación de 389.41 km constituidos por la ruta nacional N° 9 desde Campana hasta Rosario.

El Concejo Deliberante trabajó en la última semana lo que no en todo el año. Al descanso que se tomaron para hacer campaña le sobrevino, luego de la asunción de los electos en octubre, una semana intensa. Oficialismo y oposición, cada uno en su métier, estuvieron activos. Se entiende: llega fin de año y hay que tratar el paquete de ordenanzas del Presupuesto 2020.

El gobierno elevó los proyectos de ordenanzas fiscal, impositiva y el cálculo de recursos y gastos el 6 de diciembre, tras solicitar prórroga, puesto que la fecha límite de ley es el 31 de octubre. El jueves 5, ingresó la carátula para que el Concejo pida la sesión extraordinaria. A las 10.00 de la mañana del viernes, todos se miraban las caras y los teléfonos estallaban. Pasada más de una hora, aparecieron los expedientes.

De reversa

A los concejales de la oposición les llegaron tarde los documentos completos. En la primera reunión de la comisión de Presupuesto, tirios y troyanos advirtieron que algo estaba mal: la partida correspondiente al Concejo Deliberante figuraba con casi 11 millones de pesos de más. Allí comenzaron a mirar en detalle y se percataron de que estaba plagado de errores.

Los oficialistas pusieron el grito en el cielo. En el Concejo Deliberante apuntaron al secretario de Economía, Fabián Rodríguez, y al jefe de Presupuesto, Marcelo Delbene, a la sazón esposo de la concejala Ana Tiramonti. No faltó el que dijera, rápidamente, que “la culpa la tiene el PRO”, como si los errores hubieran sido adrede y para embarrar una cancha en la que, después de todo, juegan todos juntos.

En Palacio se miraron entre todos y pensaron, como en el Concejo, que algo andaba mal. “Un mezcla de ineficiencia, ineptitud e irresponsabilidad”, calificaron algunos lo sucedido. Otros pensaron en una interna desatada, en “pases de factura”, en errores inducidos para que algunos aparezcan como “salvadores”. Sin certezas sobre lo sucedido, una cosa quedó clara: en la alianza de gobierno local la confianza entre las partes es débil y se resquebraja ante situaciones puntuales con bastante facilidad.

El viernes pasado, los concejales tenían prevista una sesión extraordinaria para aprobar el listado de Mayores Contribuyentes que antes de fin de año tratará el aumento de tasas propuesto para 2020 (ver aparte). Un acuerdo entre oficialismo y oposición permitió integrar, fuera del orden del día, un proyecto de decreto para devolver el presupuesto al Ejecutivo para que corrija los errores.

“Detectamos que hay partidas que no coincidían, los montos no eran los correspondientes, en el Concejo no podemos modificar los montos, así como estaba no estábamos en condiciones de aprobarlo”, señaló el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz.

Desde la oposición, Florencia Sánchez, fue crítica con el secretario de Economía, Fabián Rodríguez: “El presupuesto tenía cualquier cantidad de errores, terrible. Pedimos seriedad a la hora de trabajar. El expediente tendría que volver rápidamente, les pedimos que lo elaboren a conciencia”, disparó.

“El presupuesto es una política de Estado del intendente y él deberá decidir dónde ejecutarla. Creo que fueron errores administrativos que no se revisaron y se giró así al Concejo. Lo importante es que lo hayamos podido ver para darle tiempo al Ejecutivo de reformularlo”, consideró Mónica Otero.

“En el presupuesto intervienen todas las áreas, que presentan sus anteproyectos, como lo hicimos nosotros. Supongo que el encargado de recibir toda esa información es la Oficina de Presupuesto, con la Secretaría de Economía y Rentas, intervienen la contadora, el secretario, el director de Presupuesto, el de Rentas. Es un error que se encontró y se mandó a subsanar. Lo importante es que estamos a tiempo para corregirlo”, finalizó Otero. El viernes antes de entrar a la reunión de comisión de Presupuesto del Concejo, Hernán Abatángelo le dijo a La Opinión que “la Dirección de Rentas se encarga  de las ordenanzas fiscal e impositiva y de estimar los ingresos, el presupuesto se arma desde la Secretaría de Hacienda”. El sábado, el secretario de Economía Fabián Rodríguez se mostró sorprendido: “En todo participa Abatángelo, porque él elabora los ingresos”.

Para colmo de males, en Sin Galera la exconcejala Sandra Mari advirtió que el procedimiento elegido por el Concejo Deliberante para subsanar los errores también estuvo mal.

“No se puede devolver, hay que rechazar o aprobar”, aseguró Mari y explicó: “En este caso, el expediente tiene que ir a archivo y que haya uno nuevo, que es lo que va a pasar, el Ejecutivo va a mandar un nuevo expediente, pero el que entró está en la nebulosa, no lo pueden tratar”.

Presupuesto sí o no

“Hay errores y hay que corregirlos”, repitió varias veces Abatángelo. Cuando se lo consultó sobre los plazos para la presentación del presupuesto corregido, Rodríguez sorprendió y anticipó que el gobierno de Cecilio Salazar evaluaba seguir los pasos del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof en materia presupuestaria y prorrogar el presupuesto vigente

“Hoy, todo lo que es pauta provincial es provisoria y por demás desconocida, el presupuesto nacional no está, el provincial va a ser presentado en marzo, los municipios hoy no contamos con información fidedigna para la elaboración. Es fundamental lo que se vaya a elaborar sobre coparticipación”, explicó el funcionario. “Lo que estamos enviando nosotros es una estimación para que el Concejo autorice. Las correcciones no llevan mucho tiempo”, dijo y agregó: “Pero estamos pensando si lo presentamos o no”.

“Es lo que están haciendo muchos municipios, lo que hizo Nación y lo que hizo Provincia. El 31 de marzo es el plazo para presentarlo”, dijo sobre la posibilidad de no presentar el proyecto y prorrogar el cálculo de recursos y gastos 2019.

“Necesitamos contar con los datos. Es una opción que estamos evaluando, estamos viendo si lo presentamos”, explicó el secretario de Economía, que confirmó que las ordenanzas fiscal e impositiva “van a ser incorporadas como están actualmente, con las modificaciones que se puedan hacer en el Concejo”.

“No sólo trabajamos yo y Abatángelo, trabajamos varias áreas, hay un jefe de presupuesto” dijo sobre la tarea previa y explicó: “Nosotros el 27 de noviembre conocimos cuál iba a ser la posición provisoria de la gestión anterior, teníamos cinco días hábiles para elaborar la parte de ingresos, que elabora Abatángelo, y luego de la de recursos, que la elaboramos con el jefe de presupuesto (Marcelo Delbene). Tuvimos que conciliar todo lo que teníamos”

“El 90 por ciento del presupuesto tiene que ver los salarios. Los salarios representan el 60 por ciento de los gastos de todo el Municipio. En algunas áreas representa más”, dijo Rodríguez. El 60 % al que hace alusión es sobre los recursos totales, que incluyen fondos afectados que no se pueden usar para sueldos. La incidencia de la masa salarial sobre los recursos realmente disponibles es, como explicó La Opinión esta semana, del 78,2 %, igual que en 2018.

“En este 2019 hemos podido cumplir objetivos, pero difícilmente podamos alcanzar un estado superavitario, aunque vamos a estar muy cerca”, aseguró el secretario de Economía sobre el cierre del ejercicio vigente.

Ayer, al cierre de esta nota, la evaluación continuaba y el oficialismo esperaba el expediente corregido, con la “esperanza” de que llegara sin nuevos errores para poder tratarlo, puesto que entre los ediles de Juntos por el Cambio consideraban que prorrogar no era el mejor camino.

La oposición pidió posponer el aumento

El bloque de concejales opositores del Frente de Todos remitió una nota al intendente Cecilio Salazar en la que le piden que suspenda el tratamiento del aumento de tasas que tiene en sus manos el Concejo Deliberante en la comisión de Presupuesto para esperar las metas presupuestarias de los gobiernos nacional y provincial y que el incremento sea “de manera escalonada en al menos cuatro etapas”.

“Debemos tener en cuenta que el actual gobierno nacional retiró el proyecto de presupuesto y presentará uno nuevo con las nuevas metas económicas y proyecciones inflacionarias, lo mismo ocurrirá con el presupuesto provincial”, señalaron los ediles que responden políticamente a Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Además, expresaron que “la delicada situación económica que vive nuestro país y en particular nuestra ciudad hace que debamos ser lo más certeros posibles a la hora de plantear aumentos a las tasas municipales, a fin de cuidar la calidad de vida de nuestros vecinos y no resentir la prestación de los servicios que la municipalidad debe prestar”.

El bloque oficialista dictaminaba ayer martes en la comisión de Presupuesto que preside Martín Pando para convocar a la sesión extraordinaria en la que, con la mayoría absoluta con la que cuentan, aprobarán las ordenanzas preparatorias fiscal e impositiva para luego hacer la convocatoria correspondiente a la asamblea de Mayores Contribuyentes.

En la ordenanza fiscal hubo que hacer varias correcciones, entre ellas una relacionada con los aranceles que el Estado cobra por las prestaciones de salud, puesto que el proyecto enviado estaba incompleto y le faltaba una obviedad: que quien no tiene ningún tipo de cobertura médica no paga, puesto que la salud pública es gratuita. De la misma manera hubo que modificar algunos aspectos de una tasa nueva que el gobierno creará para el ejercicio que viene y que tiene destino de judicialización: el cobro a la empresa concesionaria de la ruta 9 por servicios que presta el municipio, como emergencia (ver aparte).