La niña de 12 años cuya familia denunció que fue víctima de “exhibiciones obscenas” por parte de un hombre de 30 años que resultó ser un oficial de la Policía bonaerense en situación de disponibilidad por hechos similares se prepara para declarar bajo el sistema de cámara Gesell.

Su familia estuvo este lunes en Fiscalía, donde se pusieron al tanto del trámite de la causa y se quejaron por la decisión judicial de dejar al depravado en libertad. “Les dije que de brazos cruzados no me iba a quedar, que ese tipo no pueden andar en la calle”, contó su madre a La Opinión.

“Hay un montón de gente que me manda mensajes que me dicen que les pasó lo mismo”, aseguró. Luego de entrevistarse con el personal de la UFI 5, el propio fiscal Marcelo Manso se comunicó con ella para llevarle tranquilidad y asegurarle que harán todo lo que esté a su alcance para que la situación no quede impune.

“El Fiscal me dijo que me quedara tranquila, que pidió turno en San Nicolás, para que la nena declare en Cámara Gesell”, informó. El viernes deberá regresar a la sede de Fiscalía para conocer la fecha en la que la niña pasará por la pericia psicológica previa a su declaración bajo el sistema previsto para menores de edad.

“La nena está un poquito más tranquila”, contó su madre, aunque señaló que “ cuando oscurece no quiere ni salir a la vereda” luego de lo que le sucedió el domingo, cuando se dirigió a un kiosco ubicado en inmediaciones de su vivienda y el hombre le mostró sus genitales.

El policía, de 30 años e identificado como Néstor Adrián Marocchi, está en disponibilidad y bajo sumario a cargo de la Asesoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial desde el 19 de febrero de 2016, cuando tuvo que dejar su arma y su indumentaria policial ante acusaciones similares.

“Hasta una sobrina o prima, una nena, ella también dijo que le pasó lo mismo. El domingo estaba con el padre al lado. Yo le dije que cómo podía permitir eso y apañarlo. Me contestó que no podía hacer nada, por la familia”, relató la mujer que denunció el hecho del sábado.

El domingo, unos 40 vecinos llegaron hasta Bozzano al 800 con intenciones de linchar al acusado, que estaba refugiado en ese domicilio. La policía acudió al lugar y evitó que hicieran justicia por mano propia. Luego trasladó a Marocchi a la Comisaría.

Allí, fue notificado de esta nueva causa en su contra, certificaron su domicilio y recuperó su libertad. Está acusado de cometer “actos de exhibiciones obscenas”. El Código Penal prevé una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión cuando ese tipo de delitos es cometido, como en este caso, “con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años”.

Este viernes y sábado, Viento Sur y Bigtatto proponen el séptimo encuentro que reúne a tatuadores y músicos de la cultura rockabilly en el bar de Arnaldo 125. El viernes, la previa incluirá la participación de Sebastián Díaz Ramos, The Dapper Dan Band y Rudy Blues desde las 22.00. El sábado, la fiesta comenzará a las 18.00 con los mejores exponentes del tatuaje de la zona. A las 23.00, abrirá el escenario The Mahoganys, seguido de Boogie Rockers, Clan Farsante y Cherry Collins. La entrada es libre y gratuita.

El Centro de Estudios Históricos de San Pedro celebra el próximo sábado 29 de septiembre los 40 años del Museo Histórico Regional Fray José María Bottaro con una velada especial para recordar los inicios y los momentos trascendentes de estas últimas cuatro décadas de funcionamiento. Desde las 19.00 en 9 de Julio 134, habrá música de la mano de Sofía Rotundo y Oscar Magallanes, vino de honor y se hará entrega de la Orden del Convento 2018 a la reconocida gestora cultural de nuestra ciudad Susana Oroz.

Por iniciativa de la Biblioteca Rafael Obligado, en el Día de las Bibliotecas Populares, jóvenes estudiantes de los diferentes establecimientos educativos de San Pedro participaron de la Invasión Poética que tuvo lugar durante la jornada del domingo. En total, fueron más de 1000 los trabajos recibidos, que desde la institución se ocuparon de colocar en la zona céntrica, acompañados de cajitas de libros libres para quien deseara llevarse uno o intercambiar. La ciudad amaneció repleta de poemas, canciones, cuentos y adivinanzas, y los transeúntes pudieron detenerse un momento para disfrutar de la lectura.

Desde el viernes a las 14.30, San Pedro volverá a vestirse con sombreros y botas para ser el centro de la fiesta de música country más importante del mundo, después de la que se desarrolla en Nashville, Estados Unidos, sitio icónico en Estados Unidos. El San Pedro Country Music Festival ideado por Gustavo Laurino en 2003 tendrá este 2018 su edición número 15 –un solo año no tuvo lugar– por lo que se espera que sea un encuentro especial para los fanáticos del género, que llegan de a miles a colmar la ciudad, y para los locales, para quienes el evento ya es propio. La fiesta country es una de las citas más importantes del calendario local. Con el correr de los años quedó más que demostrado que su convocatoria genera un movimiento turístico y comercial de gran relevancia para la actividad económica local. La organización confirmó más de 60 shows para los tres días, con bandas argentinas, de países latinoamericanos y estrellas de Estados Unidos que pasarán por el escenario del Paseo Público, si las condiciones climáticas lo permiten.

“La Municipalidad de San Pedro, la Embajada de Estados Unidos en Argentina y un grupo de empresas locales y nacionales respaldan esta iniciativa que registra un crecimiento constante en cada una de sus anteriores 14 ediciones”, destacaron desde la producción, a cargo de www.country2.com, l Ultra Comunicación, FM Estación San Pedro  e Independencia Fútbol Club.

“En la programación se destacan protagonistas de ediciones anteriores, regresos y los principales animadores del estilo en Argentina llegando desde Tierra del Fuego hasta Misiones”, aseguraron.

El brasileño Rodrigo Hadad, que ya estuvo en varias oportunidades, volverá a participar. Además, este año estará, desde Estados Unidos, el reconocido artista Jonny Kaplan, que llega con su banda The Lazy Stars, integrada por músicos que participaron de grupos como Blind Melon, Black Crowes, Foo Fighters o Pearl Jam.

Volverán el Gospel con el coro cordobés Kumbaya y el swing con Búfalo Billys el viernes, y cerrando el sábado la Rock & Rule Swing Orchestra. El tributo a Creedence de Far West y los Pelvis que grabarán un video en vivo en San Pedro son parte de la programación del viernes que arrancará a las 14. El toque sampedrino lo aportarán King Bee, Feli Rolfo y Basiliki San Folk. El cierre del domingo lo protagonizará Yulie Ruth (ex bajista de Pappo) con su legendaria banda Las Ruedas del Sur.

Como siempre, la avenida costanera estará abierta para la circulación vehicular, al igual que el Paseo Público, donde se dispondrán los puestos gastronómicos y de venta de recuerdos que autorice Independencia Fútbol Club, a cargo de la administración.

Desde la organización informaron que “en caso de mal tiempo y atendiendo la evolución de la situación se analizarán reprogramaciones en el gimnasio de Independencia (Ayacucho y Combate de Obligado) o eventualmente la cancelación de algunos espectáculos”.

Por su puesto, el festival no se posterga, pero están preparando las condiciones para el desarrollo de los shows en caso de que el clima no acompañe. “Quienes ya hayan resuelto viajar a San Pedro o estén evaluando hacerlo, deberán tener en cuenta esta información que se comparte con anticipación y claridad. Evitemos confusiones, gastos o pérdidas de los que somos tan responsables como de que llueva”, aclararon los organizadores.

Un adolecente de 14 años que hasta hace algunas semanas vivía en el instituto Sarmiento y había regresado a su hogar familiar se escapó el lunes de su casa y era buscado intensamente hasta el martes por la mañana, cuando sus allegados tuvieron noticia de que estaba en el Hospital. El joven se ausentó de su vivienda, ubicada en la zona sur de la ciudad, el lunes alrededor de las 16.00, luego de que su madre no le permitiera salir a la casa de unos amigos, tal como era su intención, según relataron sus familiares. Desde entonces, lo buscaban con desesperación puesto que es diabético e insulinodependiente y tenía que administrarse su medicina. La policía colaboró con la búsqueda y dispuso un operativo para intentar dar con el adolescente. “Se fue sin las medicaciones, se tenía que controlar a las cinco de la tarde, a las ocho de la noche, a las ocho de la mañana de nuevo, no se sabe si comió nada”, contó su hermana a La Opinión antes de que le informara que lo habían encontrado y que permanecía en el nosocomio local. “Me llamaron de la Comisaría y me informaron que sí, que es mi hermano. Aparentemente llegó solo al Hospital, porque se le había subido la glucosa. Está internado y había estado en la casa de una de las tres personas donde lo fueron a buscar anoche con el patrullero”, informó la hermana del joven.

Una pérdida de gas en el exterior del Hospital obligó a cortar el suministro de ese servicio a todo el nosocomio, situación en la que permanecerá por al menos 15 días mientras se desarrollan las obras necesarias para solucionar el inconveniente.

El director administrativo, Silvio Jaime, explicó a La Opinión que la pérdida se registró en “un regulador de un medidor de gas externo, que está sobre calle Belgrano” y que debe ser reemplazado. Además, agregó, la empresa Litoral Gas debe hacer una obra en la vereda donde está ubicado el dispositivo.

Jaime informó que la Municipalidad ya se contactó con el único técnico gasista matriculado en combustión que hay en la ciudad, quien preparaba el listado de materiales para hacer el pedido y, cuando llegue, comenzar la tarea de reemplazo del regulador dañado.

En el gobierno estiman que el Hospital estará varias semanas sin gas natural. Mientras tanto, en la cocina, por ejemplo, utilizan mecheros con gas envasado para la tarea cotidiana. Esta situación, consideró Jaime, se mantendrá por “no menos de 15 días”.

Una vez que la Municipalidad y Litoral Gas hayan concluido con las obras que le corresponden a cada uno, se restablecerá el servicio, previo control de la empresa prestataria.

Aunque el gobierno bonaerense informó que en la provincia de Buenos Aires “no  está indicado el cierre de instituciones ante la detección de alumnos con infección por Estreptococo Piógenes”, en San Pedro padres de la escuela 6 decidieron hacer pública su preocupación por la aparición de casos en esa institución.

En un curso de sexto grado del turno tarde hay varios casos confirmados de chicos afectados por la bacteria. La comunicación oficial, que según relataron los padres se hizo personalizadamente, no bastó para llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

Ante la consulta de La Opinión, la directora de la institución, Lucrecia del Pozo, informó: “No tenemos casos de gravedad. Sí alumnos a los que le han hecho el isopado y les dio positivo con anginas, ninguno internado”. La noticia fue difundida con un mensaje erróneo y malintencionado por parte del coordinador local de los movimientos Barrios de Pie y Libres del Sur, al que pertenece la diputada Victoria Donda.

"Compartir urgente. San Pedro, Buenos Aires, estreptococo. Secretaría de Salud del Municipio ocultó los primeros casos detectados. Ahora, epidemia en escuela Nro. 6. Suspensión de clases urgente”, posteó el dirigente, quien ya había sido duramente cuestionado cuando intentó sembrar caos ante el temporal y fue denunciado por el gobierno por enviar audios en los que convocaba a una falsa entrega mercaderías en el CIC. Su voz también fue relacionada con mensajes de WhatsApp que incitaban al saqueo de supermercados.

“Disculpas al pueblo de San Pedro, qué culpa tengo de ser tan popular y que la gente comparta mis publicaciones”, dijo luego de tener alrededor de 380 compartidos de su posteo, en el que tuvo decenas de mensajes que cuestionaron su accionar irresponsable.

Desde la cooperadora de la escuela emitieron un comunicado para enviar tranquilidad a los padres “respecto de una supuesta epidemia por la bacteria de estreptococo”, en el que sostuvieron que “no hay motivos para alarmarse”.

El lunes, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, y la pediatra municipal Silvana Morales se acercaron a la escuela para explicar que no hay situaciones graves y que el estreptococo es una bacteria que aparece habitualmente en esta época.

A las familias a las que llamaron el jueves, la recomendación que les dieron es que lleven alcohol en gel y sus propias botellas de agua, para no beber de las canillas de la escuela. De la misma manera, les pidieron que los chicos “no conviden” a sus compañeros. El viernes, Día de la Primavera, había un pic-nic y muchas familias optaron por no enviar a los chicos.

“Estoy realmente preocupada, tengo tres chicos, no sé qué hacer, y dicen que hay que ir igual, que con un remedio se va. Ahora lunes y martes no hay clases, podrían aprovechar para desinfectar”, señaló otra mamá. La Dirección de Epidemiología de la Provincia envió un comunicado a las escuelas para alertar sobre los síntomas que presenta y las formas de evitar los contagios.

En los municipios recibieron una comunicación que sostiene que “se descarta la posibilidad de que se cierren las instituciones educativas” y que “se debe controlar el brote en los grados”. “Se cierra el grado cuando hay un brote, es decir cuando hay de siete casos para arriba, en ese caso sí se cierra el curso”, les informaron a las autoridades sanitarias.

Desde Consejo Escolar, el presidente Gustavo Liloff informó que están al tanto de “posibles casos” en varias escuelas y que “se están manejando las directoras con Inspección”. La semana pasada, la pediatra Francisca Urrutia pidió: “No se asusten porque no es una bacteria nueva, no hay un brote de una bacteria asesina. Controlemos para evitar complicaciones usuales, sí; pero no se asusten, debemos manejarnos con información”.

El gobierno nacional del presidente Mauricio Macri anunció que remitirá una “compensación” de más de 4.000 millones de pesos en total a las provincias y municipios que dejaron de percibir el Fondo Solidario Federal, más conocido como “Fondo Sojero”.

La eliminación de esa distribución de dinero vía decreto generó cuestionamientos a la administración Macri, ya que además de implicar que el año que viene no girarán monto alguno por ese concepto los depósitos correspondientes a este año se cortaron el mes pasado. En San Pedro, los concejales opositores fueron a la Justicia por el tema.

Eso significa que los gobiernos provinciales y municipales dejaron de percibir recursos que estaban incluidos en sus presupuestos y que, en muchos casos, ya estaban destinados a obras. Ante la queja, el Poder Ejecutivo nacional decidió otorgar la compensación.

El pago será en cuatro cuotas hasta fin de año y para cobrarlas los distritos deben estar adheridos al pacto fiscal. Además, el gobierno dispuso que a los municipios deba llegar el 50 por ciento de los recursos a distribuir en total en todo el país.

Según el coeficiente que se utiliza para la distribución de fondos a los municipios bonaerenses, en el gobierno de San Pedro estiman que la “compensación” permitirá que lleguen alrededor de $ 3.000.000. Hasta el momento de su eliminación, el Fondo Sojero había transferido 7 de los 11 millones previstos, por lo que, a fin de año, la Municipalidad habrá recibido un millón menos de lo presupuestado.

Entre 2009 y 2017, el Fondo Sojero transfirió más de 45 millones de pesos a la ciudad. Casi todos los años, los intendentes de turno utilizaron el dinero para financiar el pago de salarios. La Opinión publicó varias notas para dar cuentas, año por año, cómo utilizó cada administración esos recursos.

El denominado Programa de Asistencia Financiera “compensa gran parte” de lo que las provincias y los municipios perderían este año por no contar con los recursos del Fondo Sojero, por lo que los gobiernos que adhieren a Cambiemos destacaron la medida.

Desde la oposición, al contrario, cuestionaron que ese fondo compensatorio “una quinta parte de lo que recibirían este año”. La presidenta de la Federación Argentina de Municipios e intendenta de La Mantaza, Verónica Magario, aseguró que “se trata de una gran estafa para los ciudadanos en cada uno de los municipios del país”.

Desde el kirchnerismo apuntaron al peronismo “dialoguista”, que permitió evitar la sesión especial prevista para la semana pasada con el objetivo de  derogar el decreto que eliminó el Fondo Sojero.

“Este acuerdo que hacen algunos bloques parlamentarios y gobernadores con el presidente Macri para que todo quede en un giro de $ 4.125 millones, en realidad nos hace perder 16.000 millones. No es ningún gesto por parte del Gobierno, sino un auténtico despojo”, se quejó Magario.

Es romántico creer que la resistencia social y política argentina se mide bajo una bandera gremial; que son trabajadores los que marchan, protestan y claman porque los que no lo hacen son enemigos del proletariado o cómplices de la timba económica.

Además de romántico –para muchos– es alentador.

No son tan simpáticos y mucho menos románticos aquellos que conforman esa mayoría silenciosa sojuzgada por la pobreza o la gran masa de trabajadores en precaria relación de dependencia o los siempre “parias” de las pequeñas y medianas empresas que inyectan la poca sangre que corre en un sistema circulatorio donde el órgano más perezoso no produce sino que metaboliza lo que otros bombean. Esa mina que nunca marca el pulso ni el paso hasta que llegan las elecciones y golpea fuerte, como lo ha hecho esperanzada y en cada década con la intención de castigar. La que se decepciona a poco de andar pero persiste en la resignada labor de comportarse de manera adecuada, aun sintiéndose ignorada.

El dilema es que somos muchos los que aprendimos a castigar y poco a reflexionar o al menos a alzar la voz que la experiencia avala. Al menos, y en primera persona, necesito escribirlo en estas páginas que lograron sobrevivir en los últimos 26 años de la mano de sus lectores y sin enmudecer por conveniencia o prebendas a la que la profesión que he abrazado con convicciones y que también se ha ido transformando en un modo perverso de supervivencia apelando al facilismo o al engaño, en el peor de los casos. Sobran ejemplos.

Por eso y porque amanecí en el ejercicio periodístico con los trece paros generales al primer gobierno democrático que luchó contra el poder latente de la dictadura militar, los capitanes de la industria, la patria financiera, la timba del dólar, la presión del Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación, el “grupo de los ocho” –hoy devenido en el club de la obra pública– y los laboratorios, entre otros males; por todo eso es que nunca más pude soportar que los mismos, sí, los mismos, la misma perversa elite empresarial y la fauna sindical que saquea obras sociales al calor de la genuflexión de todos los gobiernos, incluido el de Macri, se alzara con el único botín que abrazan en esa calamidad destituyente que vociferan y practican sin miramientos. Coinciden siempre: las cosas se terminan cuando ellos quieren, no cuando lo decidimos entre todos y con el voto popular. Quieren sangre, siempre. Siembran el odio, dividen y por ello son los garantes de la impunidad. Para ellos, para los que realmente deciden quién gobierna y cuánto tiempo le dan.

Como siempre, debo aclarar que hay excepciones, pero son las menos. Confieso que después de 30 años de persistir en esta labor me siento un poco más sola y advierto que el silencio siempre fue conveniente para la supervivencia en una patria donde en algún momento se dijo “el silencio es salud”.

En homenaje al último presidente honesto y tozudo, no concibo los paros generales –“paros  generales”, no paros por cada sector, cada reclamo o por representaciones conjuntas–, no puedo dejar de verlos como una práctica golpista en todos y cada uno de los gobiernos que hemos tenido que padecer y soportar. Alfonsín siempre nos inspira a la hora de poner en marcha la tolerancia y la comprensión, a saber hasta dónde discutir y a empuñar las banderas de la rebelión cuando la Patria, de verdad, esté en peligro. A defenderla con la vida.

“El mes que viene, la Policía Local y la Comisaría se van a unificar para que sea Policía Comunal, se van a fusionar”, reveló uno de los comerciantes que fueron recibidos por funcionarios locales durante la marcha en reclamo de seguridad tras una serie de asaltos.

Era fines de agosto y las gestiones ya estaban avanzadas, aunque el anuncio de la fecha parecía precipitado, puesto que para ese entonces sólo estaba la voluntad del gobierno local de hacerse cargo de la policía y ni siquiera había un borrador del convenio a firmar.

Desde el gabinete de Cecilio Salazar confirmaron que esperan al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para anunciar oficialmente la unificación de la Policía Local con la Bonaerense. Además, estiman que para esa fecha estará listo el expediente de creación de la Policía Comunal para que el intendente lo firme y lo envíe al Concejo Deliberante para su convalidación.

Si todo marcha de acuerdo a lo previsto, Ritondo llegará este jueves 27, aunque todo depende de la agenda del ministro y de las situaciones que se vayan dando en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que suelen ser sorpresivas.

La propuesta para el traspaso de la Policía Distrital a Policía Comunal fue elevada por el gobierno local hace alrededor de cinco meses. En la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri esperaban dejar plasmada una serie de compromisos de corto plazo por parte de Provincia, que se traduzcan en el envío inmediato de patrulleros y efectivos.

El Ministerio de Seguridad seguiría pagando los sueldos del personal y el Municipio recibiría transferencias para el sostenimiento de la operatividad cotidiana. En el gabinete local entienden que esos recursos estarán garantizados.

La ley dice que los recursos “se determinarán al suscribir el convenio en función de” ítems como “la cantidad de habitantes, la superficie territorial y el índice de criminalidad”, que en San Pedro es el más alto del departamento judicial. Cada año, cuando se formule el presupuesto provincia, podrán revisarse.

Para “sueldos, horas extraordinarias, combustible, mantenimiento y reparación de vehículos, entre otros” son los fondos que debe enviar Provincia, aunque a nivel municipal el gobierno invierte en combustible, reparaciones de patrulleros, alquiler de la Jefatura Distrital, entre otros gastos.

La modalidad de Policía Comunal, que corresponde a ciudades de menos de 70.000 habitantes que deseen adherir, fue creada durante la gestión de Felipe Solá y León Arslanian. El plan fue darle injerencia directa a los intendentes, que se hacen cargo de la conducción de la policía de seguridad de su distrito.

En 2014, el entonces gobernador Daniel Scioli creó la Policía Local. La camada que se formó en San Pedro fue la última de esa fuerza de proximidad, luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal decidiera el traspaso de esos oficiales a la Bonaerense.

Puede verse en las calles de la ciudad: ya no hay “pitufos” y todos los egresados de la escuela que vestían el uniforme celeste hoy patrullan con el clásico azul de los “Patas negras”. Ahora, todos esos oficiales dependerán de la dependencia que comanda el subcomisario Andrés Galiano, por lo que Carlos Calderón será reubicado en otro destino.

En la zona, Baradero tiene Policía Comunal desde la era Carossi y Ramallo adhirió este año. Salazar también quiere ponerse al frente de la Policía y para ello cuenta con dos referentes de la fuerza que, retirados, forman parte de su gabinete: Roleri y Agüero. Sus decisiones serán totales: podrá conducir operativamente a la fuerza, pero también administrativamente, lo que implica decidir cómo y en qué se gastan los recursos disponibles.

Con la incertidumbre de las alrededor de 80 familias de Coplac que todavía esperan que el dueño de la empresa acate la conciliación obligatoria y acepte la invitación al diálogo con funcionarios nacionales que hizo el intendente, esta semana San Pedro sumó adherentes al paro general convocado por la CGT y  las CTA en todo el país.

Con una adhesión dispar, engrosada por el porcentaje de trabajadores que gozan de estabilidad, respeto por los convenios laborales y las leyes vigentes, lo que les permite hacer uso efectivo de su derecho a huelga, el paro se hizo sentir en algunas actividades aunque en otras pasó prácticamente desapercibido.

En la Municipalidad, mientras los funcionarios hablaban de un 35 por ciento de adhesión, los sindicalistas aseguraban que llegaba al 80. El día antes, el intendente Salazar pidió “defender el derecho de tener trabajo, trabajando” y aseguró que el paro le da “argumentos a los que quieren adelantar la campaña política utilizando a los trabajadores”.

Desde ATE le respondieron que el “paro general sobrepasa a cualquier intencionalidad política partidaria” y desde el Sindicato de Trabajadores Municipales dijeron que “su actitud refleja que siempre estuvo del mismo lado, en contra de los derechos de los trabajadores”.

Como cierre de las 36 horas de protesta, los sindicatos locales de las centrales obreras convocaron a una concentración en el centro, que partió en caravana hacia las puertas de Coplac –el lunes hubo una bandera de la fábrica en Plaza de Mayo– donde los trabajadores despedidos permanecen, tras rechazar formalmente los telegramas de despido.

El domingo, otra fábrica de irregular conformación dejó a la gente en la calle. En Río Tala, los 15 empleados de la planta de reciclado de plásticos para la fabricación de bolsas de residuos propiedad de la familia Saladino, que meses atrás fue noticia por las pésimas condiciones laborales de un grupo de venezolanos, mantienen ocupado el predio luego de impedir que una camioneta se llevara las máquinas.

El Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia para el viernes, pero se desconoce el paradero del titular registral, Axel Federico Saladino, y de su padre, Néstor José Saladino, quien siempre apareció al mando de la fábrica.

En ese marco, los concejales del bloque Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana presentaron un proyecto para “declarar la emergencia laboral en el partido de San Pedro por un plazo de 180 días” con el objetivo de “establecer un marco de regulación y protección de las fuentes de trabajo locales”.

La propuesta de emergencia busca “autorizar” al gobierno de Cecilio Salazar a “realizar todas las gestiones necesarias” ante los ministerios de Trabajo nacional y provincial, así como ante cualquier otro organismo pertinente, “a efectos de obtener acceso a los programas existentes para fomentar la producción y los recursos necesarios para conservar los puestos de trabajo y la calidad de vida para las familias afectadas” por los despidos.

La emergencia laboral implica la suspensión del cobro de tasas a todos los contribuyentes que puedan acreditar que perdieron su trabajo en los últimos seis meses y continúen desocupados. Para ello, abrirán un registro donde “deberán anotarse las familias afectadas”.

Además, el proyecto establece que la Secretaría de Desarrollo Humano “otorgará un subsidio, afectado del Fondo de Inclusión Social, por la extensión de seis meses, a aquellas familias que no cuentan con vivienda propia y deben afrontar el pago de un alquiler”.

Dispone también que el gobierno priorice la situación de los hijos de despedidos que cursen carreras terciarias o universitarias para que sean incorporados al sistema de becas municipales.  

El sábado Sin Galera reveló en exclusiva los cambios de gabinete que están confirmados en el gobierno de Cecilio Salazar: el Juez de Faltas, Fabián Rodríguez, jurará como nuevo secretario de Economía y Hacienda; y Paola Basso, exdirectora de Asesoría Letrada durante la gestión Barbieri, asumirá como subsecretaria de Legal y Técnica a cargo de la Dirección de Personal.

Los cambios llegan a poco más de un mes de que el intendente deba presentar el Presupuesto 2019 en el Concejo Deliberante, en un contexto de crisis económica general del que no están ajenas las, complicadas en sí mismas, finanzas municipales.

Rodríguez confirmó su asunción y el lunes empezó a trabajar en la transición, junto al secretario interino y director de Rentas, Hernán Abatángelo, quien tras casi un año como reemplazo de Mario Sánchez Negrete, de licencia médica, volverá a su cargo original.

Basso, por su parte, prefirió no confirmar como un absoluto su incorporación al gabinete, aunque en Palacio ya le pusieron fecha: el 1 de octubre. “En realidad yo todavía no respondí, tengo que definir algunas cuestiones previas, todavía no tomé la decisión, lo estamos analizando, hay cosas que deben ajustarse todavía”, dijo la abogada ante la consulta de La Opinión.

Juez de Faltas desde que a fines de febrero de 2016 el Concejo Deliberante aprobó su postulación, Fabián Alberto Rodríguez es un abogado domiciliado en Capital Federal, graduado en 2005 en la Universidad Argentina John F. Keneddy y  especializado en Derecho Penal en la UBA. Como penalista, el caso más conocido en el que le tocó actuar fue el del exboxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios, cuando representó a la familia de la víctima fatal del accidente provocado por el deportista.

Durante 1998 y 2000 fue auditor en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) entre 1998 y 2000. Luego, ya recibido como abogado, se desempeñó entre 2007 y 2011 en Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, cuyo vicepresidente es el intendente Salazar.

Desde el Tribunal de Faltas, Rodríguez se caracterizó por una férrea aplicación del Código vigente, sobre todo ante la decisión política del intendente de poner un nuevo cuerpo de inspectores de tránsito en la calle, en su primer año y medio de gestión.

Desde el lunes, el abogado está instalado en la Secretaría de Economía junto al secretario interino y director de Rentas Hernán Abatángelo, cuya salida del cargo tiene dos versiones: una que indica que solicitó dejar Hacienda para dedicarse exclusivamente a Rentas; otra, que su gestión se desgastó porque su perfil no es político y en las últimas reuniones sobre el Presupuesto 2019 los roces con otros funcionarios fueron importantes.

Fabián Rodríguez dijo a La Opinión que la transición implica ir poniéndose al tanto de los detalles, “tomando el día a día que lleva la gestión y el cargo” y que en eso está trabajando con Abatángelo. Informó que el intendente le pidió trabajar sobre el Presupuesto del año que viene y que esa tarea ya está en marcha. “Hay tres puntos sobre los que estamos trabajando, pero todavía no los vamos a dar a conocer. Hay variables que todavía no podemos delinear porque dependemos de Provincia”, señaló y estimó que es probable que deban pedir prórroga para entregar el paquete de ordenanzas, cuya fecha de ley es el 31 de octubre. Consultado acerca de qué le pidió Salazar, respondió: “Cuidar la plata, fundamentalmente. Lo que tenemos es escaso y necesitamos optimizar los recursos en todos los ámbitos”.

El funcionario reveló que todavía no está decidido cómo será su salida del Juzgado de Faltas. Aunque una opción es que solicite licencia, aseguró: “También puedo pedir la renuncia. No vine a San Pedro a anquilosarme en ningún cargo, para mí renunciar no es un inconveniente”. En cualquier caso, la danza de nombres para ocupar la silla que deja vacante ya comenzó.

Rodríguez sabe que tiene por delante un desafío importante en Economía. “Como desde el principio, en lo que pueda ayudar en la gestión de Cecilio, estoy disponible para lo que sea”, dijo al respecto y agregó: “Entiendo que esto es delicado e importante y, como en todo lo que se  me ofrece, voy a tratar de dar lo mejor”.

El abogado tiene buen vínculo con el resto del gabinete. Es un hombre de Cecilio pero también de Ramón Salazar y a ellos responde, directamente. En Palacio hay quienes quieren ver en esta decisión el fin del poder que alguna vez tuvo en el gobierno el grupo Pro que comandaban Sánchez Negrete y Sergio Rosa.

Si todo nombramiento tiene una definición política, el de la abogada Paola Basso en la subsecretaría Legal y Técnica y a cargo de la Dirección de Personal conlleva un paso adelante para el barbierismo. No sólo porque ella fue la Asesora Letrada de los últimos años de Barbieri –había asumido cuando Adeff fue al Juzgado de Faltas y renunció tras desavenencias con Facundo Vellón cuando era secretario de Coordinación– sino porque para su desembarco en la gestión Salazar fue importante la palabra de quienes representan al exintendente en la alianza Cambiemos.

Basso es asesora letrada en Coopser. Antes de las elecciones de la entidad, en las que el oficialismo de la cooperativa y el gobierno trabajaron juntos, su nombre sonó muy fuerte para reemplazara  a Gamietea. Fue cuando se filtró que evaluaban desplazarlo, cosa que ocurrió recién dos meses después.

También es abogada de CICOP, el sindicato de los profesionales médicos, con quienes el gobierno mantiene una disputa por el cumplimiento de la carga horaria de quienes trabajan en los Centros de Salud, que derivó en tres semanas seguidas con paros por 48 horas.

Paola Basso en Legal y Técnica puede permitirle al gobierno solucionar algunos inconvenientes administrativos. La prolijidad en ese sentido es materia pendiente en la administración Salazar. También, claro, significa poner al barbierismo muy cerca de los expedientes. Lo que es más conveniente al fortalecimiento de la alianza Cambiemos es un análisis que le corresponde al intendente.  

La Fiscalía N° 1 de San Nicolás, tematizada en comercialización de estupefacientes, a cargo de la fiscala Verónica Marcantonio, encabezó un operativo en Baradero el jueves pasado, junto a personal de la delegación nicoleña de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y con apoyo de la Policía Federal.

El procedimiento apuntó a un comercio céntrico, ubicado en calle Aráoz al 1043 y denominado “Compadres Skate”, que, de acuerdo a las investigaciones judiciales, oficiaba de pantalla para la venta de sustancias tóxicas. También allanaron otros tres domicilios en la vecina ciudad.

El operativo comenzó alrededor de las 5.30 de la mañana. Secuestraron drogas listas para su comercialización, armas y dinero en efectivo y lograron la detención de un joven de 27 años, identificado como Gastón Penido, señalado como “un vendedor de drogas importante de Baradero”.

En diálogo con el programa que el periodista César Scollo conduce en FM Tiempo de Baradero, la Fiscala Verónica Marcantonio identificó al detenido y adelantó que es “el principal investigado en esta causa, que se inició este año”. Había recibido datos por escrito y personalmente.

En total, secuestraron siete kilogramos de marihuana compactada, distribuida en varios trozos; tres kilos de cocaína en panes y en envoltorios listos para la venta; dos balanzas de precisión; seis teléfonos celulares; 87.500 pesos en efectivo; varios recortes de nylon; cartuchos de escopeta de diversos calibres; una carabina; una escopeta; y un fusil.

“Esta era una persona que se nombraba hace rato”, dijo la fiscala respecto del detenido y su vinculación con la distribución de estupefacientes. “Hace tiempo está vendiendo drogas y tenemos entendido que es un vendedor importante de Baradero, lo que se confirma con el resultado de los allanamientos”, agregó.

En la mañana del sábado, el mismo periodista brindó detalles del caso que ya se conoce como #LosCuadernosDePenido por las revelaciones que se espera se desprendan de anotaciones secuestradas en la vivienda del joven proveedor que incluso contrataba profusas campañas publicitarias para su negocio.

A Penido podría caberle una condena de más de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo cuando culmine la investigación del delito que se le imputa. La Fiscalía, en tanto, trabaja en procura de establecer cómo funcionaba la red de comercialización que lideraba y cuál es su alance en toda la región. Los contactos de Penido con San Pedro eran muchos. Su padre vivió aquí hasta su fallecimiento y aseguran que entre sus vínculos podría haber relaciones estrechas con la venta de drogas en la ciudad.

La fiscala informó que en una visita anterior a Baradero recibió, en una oficina municipal, a vecinos que se acercaron a ofrecerle, de manera anónima, datos relacionados con la venta de drogas, lo que le permitió avanzar en esta causa e investigar otras.

La articulación entre el gobierno de Fernanda Antonijevic, la Fiscalía tematizada en drogas y las UFI que en Baradero conducen Hernán Granda y Vicente Gómez, con la inestimable vocación vecinal de colaborar y aportar datos a pesar de los riesgos, fue fundamental para desbaratar el accionar de uno de los principales proveedores de la zona.

En la vecina ciudad, todos destacaron el hecho de que no haya habido intervención de fuerzas policiales locales, lo que alimenta una sospecha muchas veces enunciada y muy pocas probada respecto de presuntas participaciones, encubrimientos o connivencias.

En San Pedro, la situación de la venta de drogas no es distinta. Sin embargo, las posibilidades de colaboración activa de la comunidad son menos, a pesar de ciertos esfuerzos. Aunque rige una ordenanza que estableció la disposición de buzones para denuncias anónimas, las urnas no están donde se supone que deberían y los vecinos sólo tienen la posibilidad de aportar datos, sin tener que identificarse, a través de un formulario online que está en la página web del Municipio.

La semana pasada, cuando se reunió por primera vez con los concejales de la Comisión de Seguridad, la fiscala Viviana Ramos –que elevó a juicio causas importantes relacionadas con la venta de drogas, sobre todo en el barrio Hermano Indio– expresó su preocupación por la creciente cantidad de causas relacionadas con el tema y abogó por una tarea preventiva más eficaz, porque a la Justicia sólo llegan los delitos una vez cometidos.

Hace unos días, un joven le robó un televisor a su propia abuela y fue apresado. En las redes sociales hubo manifestaciones coincidentes respecto de otros casos en los que, en procura de dinero para comprar sustancias, jóvenes cometen todo tipo de ilícitos que incluyen el robo a familiares y vecinos.