Después de tres recusaciones para la Fiscal María del Valle Viviani, intervención de legisladores nacionales, movilizaciones a la sede fiscal y varias dilaciones en el proceso, durante la tarde del miércoles el Juzgado de Garantías recibió el requerimiento para elevar a juicio la causa por las que están detenidos los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

Las noventa y seis páginas del expediente detallan paso a paso todas las pruebas que apuntan a condenar por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “Extorsión” también en dos hechos y “Extorsión en grado de Tentativa” para uno de ellos. En cuanto a los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julién Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Perez, Lucas José Torrez, Matías Agustin Torrez el delito del que se los acusa es el de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Quedan varias instancias que con seguridad la defensa de los imputados intentará pero de la lectura de los fundamentos surgen varios datos que hasta la fecha no habían sido difundidos.

El primero de ellos relacionado a la comprobación de la extorsión a los que eran sometidos los dueños de la empresa para que efectuaran pagos recurrentes para evitar problemas. También se remarca que aquello que fue presentado como un conflicto en el que se reclamaban montos adeudados por la firma e incluso registrados en actas de la delegación de la Secretaría de Trabajo, no contaban con una contraparte documental que los acredite.

Sobre el allanamiento “realizado el día 02 de Mayo de 2022, en sede central del Sindicato de Choferes de Camiones, sede central, NADA SE OBTUVO respecto del origen de la deuda a la que se hace alusión”, dice textualmente el escrito.

A ello se agrega un párrafo esclarecedor respecto a mucho de lo que se había afirmado en distintas publicaciones y declaraciones en medios de comunicación sobre el dinero que había sido entregado por el contador “y la caja de chocolinas” de la firma para el supuesto pago de deudas con el fisco: “de la documentación secuestrada, se deduce que los recibos y panillas han sido fechados y confeccionados a la medida de la necesidad de justificar la tenencia de los cheques legítimamente recibidos y el dinero efectivo que ingresaba, como así también se deduce que la empresa no contaba con deuda vigente. Entiendo así que la disposición patrimonial ilegitima se realizó bajo coacción moral”, sostiene Viviani para sostener la hipótesis que se había analizado en un principio cuando la firma accedió a “firmar un convenio de pago” que se concretó en tres partes. También se recuerda en otro tramo del escrito que “las víctimas accedieron a la entrega del dinero en efectivo y a la confección y pago de los cheques emitidos, a reconocer la deuda”.

Sobre los días del bloqueo con el motorhome que pertenece al sindicato estacionado en las puertas del establecimiento, la fiscal describe que “de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial ya que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a susdueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma”.

En la última página y a la hora de solicitar la sanción a los imputados, la titular de la Fiscalía N° 7 expresó “en principio, a los fines de establecer la pena aplicable al caso debe merituarse: Que no hay eximentes ni atenuantes” y luego sostiene que “en función de ello que estimo que la pena para los Imputados Cabaleyro Emanuel Maximiliano y Fernando José Espíndola debe ser una pena de prisión de efectivo cumplimiento la que se determinará una vez actualizados los antecedentes. Asimismo entiendo que resulta procedente el trámite el juicio abreviado”.

Por último indica que “para el Resto de los imputados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez, Matías Agustïn Torrez es justo aplicar una pena de prisiónefectiva que se determinará una vez actualizados los antecedentes”.

El 13 de Abril de 2022, cuando La Opinión celebró sus 30 años, fue publicada una columna editorial que con el título “Dejen laburar”, escribió Lilí Berardi para recordar las decenas de oportunidades en que empresas sampedrinas se vieron obligadas a aceptar “las reglas del juego“. Un 22 de Junio de 2011, la tapa de la edición papel del semanario ya denunciaba los tiempos que se avecinaban y la escasa reacción de la dirigencia política e institucional que dentro de sus responsabilidades también debe cuidar la defensa de las fuentes laborales y el estricto cumplimiento de las obligaciones patronales.

La causa por extorsión y turbación de la propiedad por la que los dos dirigentes del gremio Camioneros continúan detenidos, transitará durante los próximos meses sobre los imputados sampedrinos. Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro esperan ahora las nuevas pericias contables dispuestas para el mes de febrero mientras que los trabajadores que participaron del bloqueo siguen imputados en el marco del mismo expediente. Esta semana la fiscal trabaja para la elevación a juicio del caso que torció el rumbo y develó entretelones que desnudaron prácticas habituales de presión que excedían las protestas por reivindicaciones laborales.

Enzo Ivo Ojeda , Carlos Julián Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres, Matías Agustín Torres y Edgardo Dimayo serán informados de la oportunidad que tendrán sus defensas para que cese su situación de imputados por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa” o se les imponga una pena. Hubo un pedido de sobreseimiento para dos de los mencionados, pero la Fiscal María del Valle Viviani ya respondió que considera que todos participaron de los hechos que se investigaron.

Por su parte Maximialino Cabaleyro quien tuvo que ser evaluado para ser alojado en otra dependencia por los conflictos que generaba con otros internos y Fernando Espíndola suman agravantes por estar acusados de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa mas los delitos de Extorsión en calidad de coautores, Extorsión en grado de tentativa y Extorsión en su calidad de coautores por suscripción de documentos con efectos jurídicos.

La fecha aún no está dispuesta pero se sabe que al menos dos de los involucrados a nivel local ya cuentan con nuevos lugares de trabajo asignados con anuencia de propio gremio en empresas que operan en la zona.

En pocos días se cumplen tres años desde que se desató al conflicto que comenzó como un reclamo para la construcción de un cuerpo de baños que luego desembocó en la requisa de documentación que es parte de la causa en la que encontraron pruebas sobre la presión que a cambio de dádivas ejercían los sindicalistas sobre los empresarios. Aún no se sabe si la fiscal irá también por la colaboración que otras empresas propietarias de camiones brindaron el día en el que se produjo el bloqueo puesto que esos vehículos sólo llegaron a inmediaciones del establecimiento Rey y al sitio donde se cargaban los alimentos que debían ser distribuidos en las escuelas del partido.