La División Drogas Ilícitas encabezó una serie de allanamientos en el barrio Hermano Indio vinculados a investigaciones relacionadas con causas que investigan la venta de estupefacientes.

La información preliminar de esos procedimientos indica que el operativo desarrollado en esa zona, con epicentro en inmediaciones de Cruz Roja y General Pueyrredón arrojó resultados positivos.

Al menos dos mujeres fueron aprehendidas vinculadas a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad narcomenudeo y quedaron a disposición de la Fiscalía a cargo de las causas.

En los domicilios allanados secuestraron más de 300 dosis de cocaína en envoltorios de nylon, listas para su venta a consumidores.

En el barrio se vio un importante despliegue policial durante el viernes por la tarde, cuando el personal de la división antidrogas llegó con las órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías interviniente.

Drones, perros y varios patrulleros sitiaron la zona donde se desarrolló la actividad, que incluyó la presencia de efectivos con escudos ante la posibilidad de que, como sucede a menudo, les arrojaran piedras u otros obejtos contundentes.

Durante la tarde de este viernes, un importante despliegue policial se registraba en la zona del asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio.

Personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense encabezaba el operativo, que incluía allanamientos en diversos domicilios de esa zona.

El barrio y sus inmediaciones es escenario constante de denuncias relacionadas con la comercialización de estupefacientes y de investigaciones vinculadas al narcomenudeo.

En las cuadras donde se desarrollaba la tarea policial se observó personal con drones y perros, además de efectivos con escudos como refuerzo ante eventuales ataques con piedras u objetos contundentes.

El barrio Hermano Indio ha sido objeto de múltiples allanamientos relacionados con la venta de drogas, con diversas bandas identificadas, con líderes que en algunos casos fueron detenidos.

En la zona, los vecinos aseguran que la proliferación de "kiosquitos" que comercializan drogas nunca cesó, a pesar de los operativos que incluyeron hasta el derribo de búnkeres.

Los enfrentamientos entre bandas que se disputan territorio para la venta de estupefacientes bajo la modalidad narcomenudeo son constantes en el barrio, donde quienes no tienen nada que ver con la delincuencia viven atemorizados.

El Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás declaro culpable a Miguel Ángel Briceño y lo condenó a seis años y medio de prisión por venta de drogas

Briceño era dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, local que fue allanado junto a otros 15 domicilios en marzo del año pasado, en el marco de una causa que investigaba una banda dedicada al narcomenudeo en San Pedro.

Miguel Ángel Briceño fue acusado de liderar esa banda y la investigación imputó a otras personas que eligieron el juicio abreviado. Además, hubo un acusado que accedió a probation y otro que fue absuelto en este juicio.

Daniel Mitacek, Jeremías Garay, Nancy Lescano, Geraldine Pereyra y Jeremías Zacarías eligieron el trámite abreviado, por lo que otro Tribunal será el encargado de analizar sus casos y resolver en consecuencia.

Alejo La Horca, por su parte, fue sometido a suspensión de juicio a prueba acusado de tenencia simple, a pesar de que al comienzo de la causa lo habían sindicado como el otro distribuidor. 

Sebastián Mando llegó al juicio oral acusado de tenencia simple y fue absuelto, tal como estimaban sus abogadas,  Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, quienes también defendieron a Briceño en el juicio y adelantaron a La Opinión que apelarán el fallo condenatorio.

Briceño está detenido desde que el 27 de marzo del año pasado se produjeron los allanamientos que desbarataron la banda de la que era presunto líder. En su poder, secuestraron dos ladrillos de marihuana que pesaban más de un kilo y 135 gramos de cocaína.

En su defensa, las abogadas de Briceño denunciaron a la policía de la División Drogas Ilícitas que encabezó el procedimiento y sostuvieron que la droga fue "plantada" en la casa del ahora condenado.

Este lunes, en los Tribunales de San Nicolás, se desarrollará el juicio oral y público de la causa que investiga una presunta banda dedicada a la venta de drogas con el dueño del restobar El Clan, Miguel Briceño, como supuesto líder de la organización.

La causa había sido elevada a juicio en febrero pasado y ahora llega a debate, pero con apenas dos de los involucrados, puesto que el resto eligió otros caminos judiciales para la resolución de su caso.

La investigación que llevó adelante la policía de la División Drogas Ilícitas comenzó a fines de 2023 y se extendió hasta marzo de 2024. Un año después —porque antes se había frustrado el procedimiento por "filtrciones—, se produjeron los 16 allanamientos que derivaron en la denominada causa El Clan.

Miguel Ángel Briceño es el único que va a la sala de audiencias acusado de venta de drogas, sindicado como el presunto líder de la banda y responsable de la distribución de los estupefacientes para la comercialización que harían los demás.

También estará en este juicio oral y público Sebastián Mando, a quien finalmente sólo pudieron acusar de tenencia simple, lo que implica que sea llamativo que llegue a debate, puesto que la jurisprudencia lo favorece.

Daniel Mitacek, Jeremías Garay, Nancy Lescano, Geraldine Pereyra y Jeremías Zacarías eligieron el trámite abreviado, por lo que otro Tribunal será el encargado de analizar sus casos y resolver en consecuencia.

Alejo La Horca, por su parte, fue sometido a probation (suspensión de juicio a prueba), acusado de tenencia simple, a pesar de que al comienzo de la causa lo habían sindicado como el otro distribuidor.

El dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, llega al juicio con la defensa particular de las abogadas Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, quienes adelantaron a La Opinión que los elementos que obran en la causa no son suficientes para condenarlo.

Briceño llega al juicio detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde la semana pasada las abogadas se entrevistaron con él para el último paso de una estrategia de defensa que irá contra la propia policía que intervino en la investigación.

"Lo único que hay son transferencias de dinero que están justificadas. Todo lo demás es irregular y lo vamos a demostrar", dijo Sanjurjo a La Opinión y aseguró que en el debate expondrán "pruebas de la extorsión" de la que habría sido objeto Briceño antes de ser detenido.

El juicio tendrá lugar en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales de San Nicolás y todo indica que podrá resolverse en una jornada, la de este lunes.

Briceño está acusado de liderar la banda como responsable de la distribución de cocaína y marihuana, con el restobar El Clan como pantalla, y proveer al resto para el narcomenudeo.

En su casa, la policía secuestró el día de los allanamientos dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de 1,162 kg y cinco envoltorios de cocaína que pesaron 135 gramos. Desde el primer momento, Briceño aseguró que a esa droga se "la pusieron".

Sebastián Mando fue considerado prófugo de la Justicia porque no estaba en su casa la madrugada de los allanamientos. Lo detuvieron algunos días después.

En su declaración dijo que las plantas de marihuana secuestradas en su casa eran para consumo personal y que aparecía en los movimientos de cuentas bancarias de Briceño por cuestiones relacionadas con su trabajo como mecánico.

A Alejo La Horca lo allanaron en Maestro Reyna al 1100. En su casa secuestraron una balanza, un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En su defensa, La Horca dijo que la droga no le pertenecía, sino que era de un vecino que tiene problemas de adicciones y que con Briceño lo unía un vínculo relacionado con la venta de celulares.

También dijo que las veces que usó el BMW X6 del dueño de El Clan, un automóvil valuado en más de 40 mil dólares, se lo había pedido prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

En la casa de Nancy Lescano y su hija Alejandra Pereya, ubicada en Dávila al 500, secuestraron 48 envoltorios de cocaína fraccionada listos para la venta, que arrojaron un peso total de 17,8 gramos, una balanza y celulares.

La causa comenzó con una denuncia anónima contra Jeremías Garay, en cuyo marco la investigación permitió establecer que era Briceño quien le proveía las drogas y derivó en el seguimiento del resto de los integrantes de la banda.

Garay recibió el beneficio de arresto domiciliario y su pareja dijo que no tenían "nada como para decir que vendía drogas", al tiempo que aseguró que "no encontraron nada de nada" y que llegado el momento iba a hablar de “la corrupción de los políticos, la policía, de todos”.

Según obra en el expediente, en su casa de Libertad al 800 secuestraron 45 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta que pesaba 11 gramos, además de "material de estiramiento".

Jeremías Zacarías, reconocido delincuente del Bajo Puerto que quedó parapléjico en un enfrentamiento a los tiros en ese barrio y que cumple condena con arresto domiciliario, también forma parte de la banda y su caso se resolverá en juicio de trámite abreviado.

Zacarias, que tiene domicilio en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional, fue allanado por la División Drogas Ilícitas de la policía. En su casa secuestraron 51 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un peso de 20 gramos, y una escopeta calibre 16 doble caño.

A Daniel Mitacek lo allanaron en el poste 22 del Bajo Puerto. Le secuestraron 11 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, que pesaba 136 gramos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y una pistola Taurus calibre 40 cargada, por lo que también está acusado de tenencia ilegal de armas.

A más de cuatro años de los allanamientos en San Pedro, Zárate y Lima encabezados por la división drogas ilícitas de la policía que derivó en el caso conocido como "pizza y drogas", puesto que en la vivienda en nuestra ciudad funcionaba una pizzería, los tres acusados fueron excarcelados.

Norberto Raúl Paz, su hijo Leonardo y la pareja del más joven, Sandra Mabel Berón, estaban bajo arresto domiciliario cumpliendo prisión preventiva en el marco de la investigación.

Por el paso del tiempo —la preventiva en Buenos Aires puede ser revisada cada ocho meses—, el Juzgado de Garantías interviniente consideró que hubo un "exceso del plazo razonable" camino al juicio.

La causa es por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" y ya había tenido una modificación sustancial cuando Garantías consideró que no estaba probada debidamente la acusación de venta de drogas.

Desde el primer día, los Paz aseguraron que los alrededor de 130 envoltorios con cocaína secuestrada en su poder en la casa de Nieto de Torres al 400 "los puso la policía". 

“Como venía diciendo desde hace mas de 4 años y 2 meses , somos inocentes, ahora nos dan la libertad porque se agotaron los tiempos para encontrar pruebas”, dijo a La Opinión Raúl Paz esta semana.

Paz reclamó por elementos que la policía “se robó” de su casa: “Cañas de pescar , reels , muchas cosas de valor” y señaló: “Quién nos devuelve el tiempo perdido , quién nos devuelve el dinero que me saquearon , etc.".

La causa del secuestro de un kilo de cocaína en ruta 1001 que ingresaba a San Pedro para ser entregada a quienes se dedican a preparar dosis para el narcomenudeo sigue generando detalles que permiten trazar el mapa delictivo que rodea el caso.

A la revelación que hizo La Opinión respecto de que uno de los detenidos es Rafael Rodrigues, exgerente de ventas de la fábrica Coplac, se suma ahora otro dato importante sobre la trama.

La casa allanada, donde secuestraron una bolsa con 5 millones de pesos preparada para pagar la entrega de la cocaína guarda relación con un resonante caso nacional.

Esa casa tiene vínculos familiares con la novia de Axel Emiliano "Pelusa" Rojas, uno de los tres condenados por el asesinato de la pequeña Uma Aguilera, hija de custodios de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a quien balearon en un intento de robo.

Pelusa Rojas es el joven de 20 años que fue detenido en San Pedro en una casa del barrio Los Aromos, donde había alquilado un precario cuarto. Su lugar de refugio original era la misma vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez allanada en el caso de la cocaína.

Así consta en la investigación que derivó en la detención de Rojas el 25 de enero de 2024, tres días después del crimen, cometido en Lomas de Zamora.

Rojas tenía una relación de noviazgo con una chica cuya familia residía en esa casa y allí iba a refugiarse, aunque luego terminó en la vivienda de Almafuerte al 3800 donde lo detuvieron.

La vivienda de Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez fue allanada luego de que la división drogas ilícitas de la policía interceptara un Toyota Corolla en el que venía escondida la droga.

Ese kilo de cocaína tenía como destino ese domicilio, donde esperaban con la bolsa llena de dinero para pagar. 

La droga sería para distribuir en una red de narcomenudeo que, según investigan, encabezaría una reconocida familia de la zona próxima a la vivienda allanada.

La policía de la División Drogas Ilícitas detuvo este jueves por la tarde a una joven de 29 años sindicada como la responsable de vender drogas bajo la pantalla de una despensa y pollería de barrio.

Una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre la comercialización e estupefacientes, lo que motivó una investigación que permitió recabar pruebas suficientes para que la Justicia autorizara el procedimiento.

La despensa desde la que vendían cocaína está ubicada en Benefactoras Sampedrinas al 1900, entre Bozzano y Ruffa. Además, allanaron la casa de la hermana de la acusada, ubicada al lado del comercio, donde escondía drogas.

La policía logró establecer con tareas de inteligencia que en esa despensa y pollería, además de los artículos habituales, se comercializaban estupefacientes al menudeo.

Durante los allanamientos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para la venta, valuada en alrededor de un millón y medio de pesos.

Además, incautaron teléfonos celulares que serán peritados, tarjetas de memoria de cámaras de seguridad y dinero en efectivo que se sospecha sería producto de la venta de drogas.

En la casa de la hermana, allanada de urgencia, hallaron 10 gramos de cocaína y envoltorios de nylon de los que suele utilizarse para preparar las dosis que luego se venden a los consumidores.

Mientras la policía de la División Drogas Ilícitas cumplía con el procedimiento, apareció un cliente a comprar cocaína, a quien le tomaron declaración testimonial en relación al caso.

La joven acusada fue detenida y trasladada a sede policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Marcelo Ramírez, detenido la semana pasada tras una investigación que comprobó que vendía drogas en su casa de 11 de Septiembre 1350, había estado involucrado en el famoso caso Lux, boliche en el que un joven incrustó su auto tras ser echado y golpeado por patovicas.

Ramírez, a quien investigaron en la causa por drogas tras secuestrarle el celular luego de una denuncia por abuso sexual infantil intrafamiliar, era uno de los patovicas que le pegó al conductor del Clio que terminó con el coche adentro del local bailable de Pellegrini al 400.

El joven fue uno de los que quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona cuando le pegaban al muchacho tras expulsarlo del boliche. Además de las lesiones, los patovicas fueron imputados por robo, porque el joven le faltaron la billetera y otras pertenencias.

Ramírez, patrocinado por el abogado Mauricio Gugger, había logrado ante la Justicia una probation o suspensión de juicio a prueba, de manera tal que evitó ir a juicio y tenía que cumplir una serie de requisitos para que esa causa no le quedara como antecedente.

Fue detenido el jueves pasado por la División Drogas Ilícitas, que allanó su casa tras la investigación por la venta de estupefacientes. En su domicilio secuestraron cocaína y marihuana fraccionada y lista para la venta, y un trozo compacto de cocaína para fraccionar.

Una investigación de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense permitió desbaratar un "kiosquito" de drogas y secuestrar cocaína valuada en alrededor de 2 millones de pesos.

Fiscalía recibió datos que indicaban que un sujeto, identificado como Marcelo Ramírez, comercializaba estupefacientes en la zona de 11 de Septiembre 1350, donde tiene su domicilio.

La investigación logró recopilar información relevante para la causa, que incluyó seguimiento, análisis de conversaciones de WhatsApp y escuchas telefónicas.

Así, la Justicia tuvo los elementos suficientes para autorizar los allanamientos, que tuvieron lugar en el domicilio del sindicado como responsable del delito y en la casa de su pareja, en Dávila al 700.

En la vivienda del acusado hallaron cocaína fraccionada y lista para su comercialización en pequeñas dosis, así como envoltorios con marihuana, también preparados para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

Además, secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación del caso. En la casa la pareja del aprehendido incautaron una escopeta recortada calibre 14.

La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, ante quien deberá prestar declaración indagatoria el imputado.

La División Drogas Ilícitas de la policía detuvo este miércoles al reconocido delincuente Eduardo "Puro" Olmos, a quien investigaban desde hace meses como responsable de una red de venta de drogas al menudeo.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima que permitió el desarrollo de tareas de inteligencia para reunir elementos probatorios suficientes como para que el Juzgado de Garantías ordenara los allanamientos.

Con respaldo de la UTOI, la División Drogas Ilícitas llegó al Monoblock 13 del Fonavi I para detener a Olmos, un delincuente que reconocida trayectoria delictiva que estuvo involucrado en un recordado episodio armado que ocurrió en la estación de servicio de Pellegrini y 3 de Febrero en 2023.

La policía detectó que Puro Olmos utilizaba una moto recientemente adquirida para hacer el reparto de la droga que comercializaba y constató que en otros dos domicilios ubicados en Manuel Iglesias al 1400 escondía el material estupefaciente.

En el departamento del Fonavi donde lo detuvieron secuestraron la moto Yamaha XTZ que usaba Olmos para el delivery de drogas; 27 envoltorios de cocaína fraccionada, listos para la venta; y un trozo compacto de la misma droga valuado en alrededor de 5 millones de pesos.

También incautaron una balanza de precisión; dos armas de fuego; dinero en efectivo; y un celular cuya pericia permitirá avanzar en la causa, puesto que se sospecha que habría otros involucrados en la red de venta al menudeo que lideraba el detenido.

Puro Olmos quedó aprehendido acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. La causa penal tramita bajo la órbita de la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani.

Una investigación de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense permitió desbaratar un "kiosquito" de venta de cocaína que regenteaba una mujer en el barrio Malvinas Argentinas.

Una denuncia anónima advirtió acerca de la actividad de comercialización de estupefacientes y la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani ordenó las tareas de campo que derivaron en dos allanamientos este jueves.

La policía especializada en investigaciones relacionadas con el narcomenudeo reunió elementos de prueba para allanar una vivienda ubicada en el pasaje Soldado Almonacid, ubicado entre Pueyrredón y Ayacucho, en el barrio Malvinas.

Allí la mujer investigada tenía el búnker desde donde comercializaba la droga. En el allanamiento secuestraron alrededor de 60 envoltorios de cocaína en pequeñas dosis listas para la venta.

Además, lograron establecer que en un domicilio de calle Alvear, entre Javier Rivero y Manuel  Iglesias, la acusada guardaba la droga que luego cortaba y estiraba para su comercialización.

Además de la cocaína preparada para la venta, los investigadores secuestraron diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga y un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.

La mujer aprehendida quedó a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una denuncia de la Secretaría de Seguridad municipal acerca de que en un domicilio ubicado en la zona de Cabrera y Casella, en inmediaciones del barrio San Francisco, vendían drogas permitió un allanamiento positivo en esa vivienda.

Allí secuestraron alrededor de 70 envoltorios de cocaína fraccionada que estaba lista para su comercialización; dinero en efectivo; dos balanzas de precisión; y recortes de nylon de los que se utilizan para envolver la droga y preparar las dosis para su venta.

Por el caso fueron aprehendidos Elisa Lencina y su hijo, Leoncio Lopes, a quien ya habían detenido por el mismo hecho en marzo pasado, cuando allanaron su vivienda tras una investigación policial.

Mientras la policía allanaba el lugar, llegaron al menos tres personas a comprar drogas, a quienes les tomaron declaración testimonial que abona a la acusación que pesa sobre los imputados.

El lugar ya había sido allanado en marzo pasado y por el caso había sido detenido un joven identificado como Leoncio Lopes, quien gozaba del beneficio de arresto domiciliario a raíz de situaciones de salud mental.

El personal de la División Drogas Ilícitas retomó la investigación sobre los movimientos en esa casa tras la denuncia del Municipio, bajo las órdenes de la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos, en cuya órbita tramita la causa.

Tras recabar elementos de prueba suficientes para establecer la firme sospecha de que efectivamente en ese domicilio continuaban las operaciones de comercialización de estupefacientes, Ramos pidió el allanamiento y el juez de Garantías Ricardo Prati lo autorizó.

Los aprehendidos son la esposa y el hijo de Germán Lopes García, albañil por cuya muerte fueron condenados dos policías que aguardan el resultado de la apelación ante la Cámara de Casación para saber si deberámn cumplir la pena impuesta por "homicidio en exceso del cumplimiento del deber".

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos acusados de integrar una banda dedicada a la venta de drogas cuyo cabecilla es el dueño del restobar El Clan, Miguel Ángel Briceño.

Con excepción de Sebastián Mando y Alejo La Horca, que fueron desvinculados de la acusación por comercialización de estupefacientes, el resto permanece procesado porque las pruebas fueron consideradas suficientes como para mantenerlos detenidos.

La defensa de Briceño, a cargo del estudio jurídico de Hugo Lima (h) asegura que los dos kilos de marihuana que encontraron en uno de sus vehículos "se la pusieron", que el coche "casualmente tenía abierto el baúl" y que "el testigo del allanamiento no certificó cómo le sacaron esa droga".

En un domicilio de San Martín 1430, le secuestraron a Briceño dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de un kilo con 162 gramos y cinco envoltorios de cocaína que en total pesaban 135 gramos.

Además, incautaron celulares, una computadora, dinero en efectivo en pesos argentinos y reales brasileños. Está acusado de ser "quien proveía del material estupefaciente al resto" de los imputados como miembros de la banda.

Su defensa destacó que "no hay fotografías de Briceño vendiéndole droga a alguna persona de San Pedro conocida por sus adicciones ni filmaciones ni conversaciones" con los presuntos compradores.

La investigación comenzó con una denuncia contra Jeremías Garay. En las tareas de inteligencia, la policía identificó a Briceño como quien le proveería drogas para la venta al menudeo.

Establecieron que se movilizaba en un Volkswagen Passat, un Fiat Uno, una Volkswagen Amarok y un BMW X6 valuado en alrededor de 40 mil dólares, que compró entregando la camioneta como parte de pago.

El seguimiento constató que Briceño iba muy seguido a la casa de calle Dávila al 500 donde residían las detenidas Nancy Lescano y su hija Geraldine Pereyra.

En las cuentas de MercadoPago y de Brubank de Briceño aparecen una gran cantidad de transferencias del resto de los imputados, lo que refuerza la sospecha de que vendían para él. En algunos casos las transferencias suman millones de pesos y son decenas.

Sobre esos movimientos de dinero, la defensa sostuvo que Briceño se dedicaba "a la compraventa de autos", además de la actividad gastronómica en el restobar El Clan, y que a esos comercios corresponden las transferencias.

Para el juez de Garantías, "los vastos elementos probatorios aportados en la causa, valorados de forma integral y conforme la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el grado de certeza exigido" respecto de la "probable participación" de Briceño y el resto de los imputados en el delito que se investiga.

Los detenidos acusados de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas bajo el mando del dueño del restobar El Clan, Miguel Ángel Briceño, seguirán presos ahora con prisión preventiva, con excepción de dos, que fueron desvinculados de la organización.

Así, Briceño, sindicado como cabecilla; Daniel Mitacek; Nancy Lescano y su hija,  Alejandra Pereyra; seguirán tras las rejas, mientras que Jeremías Zacarías y Jeremías Garay también continuarán detenidos bajo la modalidad arresto domiciliario con la que fueron beneficiados por cuestiones de salud.

Por su parte, Sebastián Mando y Alejo La Horca recuperaron la libertad y además fueron desvinculados de la banda puesto que la Justicia consideró que no hay elementos suficientes para establecer la sospecha de que vendieran drogas, aunque quedaron imputados por "tenencia de estupefacientes" para consumo personal.

El Juzgado de Garantías desechó los planteos de la defensa particular de Briceño, a cargo del estudio jurídico de Hugo Lima (h), y de la Defensoría Oficial que asiste al resto de los imputados a los que dictó la prisión preventiva.

Por su parte, la abogada penalista Sofía Sanjurjo logró la libertad de Mando tras aportar elementos de prueba que permitieron considerar que la droga secuestrada en su casa era para consumo personal y que los movimientos de dinero hacia la cuenta de Briceño estaban relacionados con su trabajo como mecánico.

Por su parte, el defensor particular de La Horca, Jorge Ingrata, puso de relieve que su asistido tenía drogas en su casa que en realidad pertenecían a un vecino que tiene problemas de adicciones y que el vínculo con Briceño estaba relacionado con la venta de celulares.

Además, como en la investigación había quedado establecido que utilizó en varias oportunidades el BMW X6 de Briceño —vehículo de alta gama valuado en alrededor de 40 mil dólares—, La Horca dijo que se lo pidió prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

La Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio tomaba declaración indagatoria a los detenidos por la causa "El Clan", la red de venta de drogas que lideraba el dueño del restobar así denominado, Miguel Ángel Briceño.

Con excepción de Sebastián Mando, último detenido por el caso, todos los imputados llegaron a la indagatoria con asistencia de Defensoría Oficial y se negaron a declarar, es decir hicieron uso de su derecho de no prestar declaración.

Mando, en cambio, sí declaró y aseguró que él no tiene "nada que ver" con la venta de drogas y que su vínculo con Briceño está relacionado con sus labores como mecánico, puesto que trabajó para la preparación de un auto de carreras del sindicado como líder de la banda.

Además, dijo que le aparecen transferencias a las billeteras virtuales de Briceño porque le había comprado partes de su auto para armar uno propio, también de carreras, por las que había pagado a través de ese sistema.

Los detenidos por la causa El Clan son Briceño, Mando, Jeremías Garay,  Jeremías Zacarías, Daniel Mitacek, Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra.

Además, aparecen involucrados Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo la Horca, Sergio de Maio, Lucas Olivieri y Daniel Yancovich, todos allanados la semana pasada.

Yancovich, conocido como "el Gitano", aseguró a La Opinión que la única relación que tuvo con Briceño estuvo vinculada con la venta de un vehículo y que él no tiene "nada que ver" con la venta de drogas.

También dijo que ellos no tienen “nada que ver” la esposa de Jeremías Garay, primer denunciado del caso y cuyos movimientos detectados por la Divisíón Drogas Ilícitas de la policía.

La policía detuvo este martes al mediodía a un joven identificado como Sebastián Mando, quien tenía orden de detención en el marco de la causa conocida como "El Clan", que investiga una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo liderada por Miguel Ángel Cebriño, dueño de un restobar céntrico con esa denominación.

Mando, de 30 años, fue allanado en su vivienda durante los procedimientos desarrollados durante jueves por la noche y viernes por la madrugada, pero no lo encontraron, por lo que fue considerado prófugo de la Justicia.

Sin embargo, entre el viernes y este martes hizo vida normal. Al punto de que se lo vio en la calle y hasta fue a trabajar como todos los días. De hecho, la detención se produjo en Arnaldo al 500, en el taller donde trabaja.

Sebastián Mando es el séptimo detenido en la causa que tramita en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio. Hay, también, un aprehendido.

Además de Mando y Briceño, están detenidos Jeremías Garay, Jeremías Zacarías, Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra, y Daniel Mitacek.

En la investigación aparecen sindicadas como sospechosos de ser parte de la organización otras personas, identificadas en la causa como Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo la Horca, Sergio de Maio, Lucas Olivieri y Daniel Yancovich, conocido como "el Gitano", quien el sábado aseguró en Sin Galera que no tiene "nada que ver" con la banda.

Siete personas fueron detenidas en el marco de una investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas liderada por el dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, identificado como Miguel Ángel Briceño.

La causa comenzó en diciembre de 2023, tras una denuncia anónima que impulsó la investigación que llevó adelante la División Drogas Ilícitas de la policía bajo la coordinación de la titular de la Fiscalía tematizada en drogas, Verónica Marcantonio.

La pesquisa logró establecer que Briceño era el proveedor de las drogas. Distribuía cocaína y marihuana para su venta en distintos puntos de la ciudad. Sin trabajo estable ni ingresos declarados, de repente apareció como dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, pleno centro de la ciudad.

Los domicilios que solía frecuentar Briceño permitieron establecer quiénes eran los que vendían la droga que él proveía, todos detenidos durante los allanamientos.

Los sindicados en la causa son Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo La Horca, Sergio de Maio, Daniel Yancovich, Sebastián Mando, Nancy Lescano y su hija Geraldine Pereyra, Jeremías Garay (primer denunciado en la causa), Lucas Olivieri, Daniel Mitacek y el reconocido delincuente Jeremías Zacarías.

Briceño, Mando, Lescano, Pereyra, Mitacek y Zacarías son los que quedaron detenidos a disposición de la Justicia más otra persona que está en calidad de aprehendida.

Los movimientos de dinero en billeteras virtuales como Mercado Pago y Brubank permitieron establecer que esas personas le depositaban grandes sumas de dinero a Briceño.

La investigación reveló los sitios donde guardaban las drogas para su posterior distribución, los puntos de venta al menudeo, las cocheras que alquilaban para guardar los autos que utilizaban. En uno de esos vehículos, el que usaba Briceño, colocaron rastreadores para detectar sus movimientos.

Más de 260 dosis de cocaína fraccionada lista para su venta; dos ladrillos de marihuana; cuatro balanzas; nueve celulares que serán peritados; dos armas de fuego de gran calibre; recortes de nylon; dinero en efectivo en pesos, dólares y reales fueron el resultado de los allanamientos, de los que también participó personal de la Secretaría de Seguridad municipal.

Además del restobar El Clan, de Las Heras 75, allanaron en postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; 25 de Mayo al 700; Maestro Reyna al 1000; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral; y 3 de Febrero y Uruguay, entre otros informaron fuentes oficiales.

Personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense desbarató este miércoles un punto de venta de cocaína y marihuana ubicado en inmediaciones del barrio San Francisco.

Una investigación que comenzó en enero pasado permitió establecer que en un domicilio de Pedro Cabrera y Casella había actividad compatible con la comercialización de estupefacientes.

Las tareas investigativas constataron que en efecto en ese lugar vendían drogas, por lo que la Justicia, con los elementos probatorios suficientes, autorizó el allanamiento.

Al arribar se encontraron con el imputado, un joven identificado como Leoncio Lopes, en plena tarea de fraccionamiento y preparación de las dosis para la venta.

El aprehendido es hijo de Germán Lopes García, por cuya muerte fueron condenados dos policías que aguardan resultado de la apelación para saber si deberán cumplir la pena de cuatro años y ocho meses por "homicidio en exceso de cumplimiento del deber" tras un episodio ocurrido en esa misma casa en 2021.

En el allanamiento la División Drogas Ilícitas secuestró dosis de cocaína fraccionada y lista para la venta; cogollos de marihuana; recortes de nylon para preparar las dosis; balanzas de precisión; dinero en efectivo; y un teléfono celular cuya pericia será relevante para el devenir de la causa.

La policía especializada en la investigación de delitos relacionados con el narcomenudeo contó para el procedimiento con apoyo de personal de la Comisaría y de la Secretaría de Seguridad municipal. La causa tramita en la Fiscalía 11.

El operativo ordenado por la Justicia en el barrio Hermano Indio en el marco de una causa que investiga la comercialización de drogas en esa zona continuaba este viernes por la mañana para derribar los bunkers allanados.

Con una topadora y tractores, el personal abocado a la tarea derribó las precarias construcciones utilizadas para la venta de cocaína y marihuana denunciadas por vecinos.

Esas denuncias permitieron una investigación que derivó en las órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia para que el personal de la División Drogas Ilícitas, con apoyo de UTOI, llegaran al pasillo del Hermano Indio este jueves por la tarde.

Durante los procedimientos secuestraron alrededor de 170 envoltorios de cocaína, un ladrillo de marihuana y recortes de nylon utilizados para la preparación de las dosis para su venta.

Al arribar a la zona, la policía fue recibida con piedrazos y dispusieron niños a lo ancho del pequeño pasillo para demorar el ingreso de los efectivos, de manera tal que los responsables de esos bunkers de drogas tuvieran tiempo de huir, lo que hicieron a través de los fondos de las viviendas.

Un operativo de la División Drogas Ilícitas con apoyo de la UTOI tuvo lugar este jueves por la tarde en el asentamiento precario conocido como barrio Hermano Indio.

Con autorización de la Justicia y en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes, fueron cuatro los allanamientos que las fuerzas de seguridad desarrollaron en esa zona.

Secuestraron alrededor de 170 envoltorios de cocaína que estaban preparados para su venta, un ladrillo de marihuana y recortes de nylon con los que suelen envolver la droga tras su fraccionamiento.

La investigación comenzó a mediados del año pasado gracias al aporte de vecinos que brindaron información ante la fiscala Verónica Marcantonio respecto del funcionamiento de un "búnker" de drogas en el pasillo del Hermano Indio.

El personal de Drogas ilícitas, a cargo de la investigación, dispuso tareas de vigilancia y averiguaciones en el barrio, lo que permitió llegar a la orden de allanamiento dispuesta por la Justicia.

La policía de Drogas requirió apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de San Nicolás (Utoi), puesto que esperaban que en el barrio opusieran resistencia al accionar policial y así fue.

Cuando accedieron a los cuatro puntos señalados para el allanamiento, se percataron de que efectivamente dos de ellos eran "bunkers": no estaban habitados ni en condiciones de que alguien viva allí. 

En ese marco, procedieron a su derribo con una topadora que aportó la Municipalidad, cuya Secretaría de Seguridad participó activamente de los operativos.

La tarea no fue sencilla para la policía: cuando llegaron al pasillo, los recibieron a piedrazos y dispusieron niños en el angosto pasillo de acceso al barrio, de manera tal que los responsables de los bunkers pudieran escapar por los fondos, lo que evitó así que sean detenidos.