Los restos del reconocido empresario Ricardo Rey, fallecido el lunes, fueron inhumados este martes a las 11.00 de la mañana, tras ser velados en las salas de Coopser con importante acompañamiento de allegados a su familia.

En los últimos años, parte de la vida de Ricardo Rey estuvo marcada por el esfuerzo de llevar adelante un emprendimiento con el sustento de su familia y los diferentes avatares que enfrentó día a día ante las oscilaciones de la economía de un país mayormente inestable.

No obstante, supo sostenerse y “con el empuje de mi señora y mis hijos”, como solía decir, el negocio mayorista tuvo una expansión que atravesó los límites de San Pedro, obteniendo la representación de marcas afamadas en toda la zona norte de la provincia.

Pero, más allá de la satisfacción por lo que su familia le imprimió diariamente a la empresa, también atravesó momentos complejos, cruciales, donde había que enfrentar episodios que han definido a un sector del sindicalismo, que ahogó a varios empresarios en el país.

El apriete, la extorsión, el cohecho y el bloqueo formaron parte de un todo. Y a esto lo enfrentaron con coraje, derivando en la Justicia la resolución de un conflicto agobiante y el consiguiente coto a una modalidad en San Pedro, que sirvió de modelo para otras empresas en el país.

A su vez, fue un motivo más de lo que hoy es el posicionamiento del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de ayuda y asistencia destinada para empresarios que padecen asedios extorsivos, que su hijo Ariel integra.

Una muestra contundente de aquel momento fue ver a Rey llorar por la indignación y la impotencia, a través de un video. Fue en 2021, en pandemia. Un reflejo de una realidad penosa de la mayor corporación de la Argentina.

Después de tres recusaciones para la Fiscal María del Valle Viviani, intervención de legisladores nacionales, movilizaciones a la sede fiscal y varias dilaciones en el proceso, durante la tarde del miércoles el Juzgado de Garantías recibió el requerimiento para elevar a juicio la causa por las que están detenidos los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

Las noventa y seis páginas del expediente detallan paso a paso todas las pruebas que apuntan a condenar por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores” en dos hechos; “Extorsión” también en dos hechos y “Extorsión en grado de Tentativa” para uno de ellos. En cuanto a los sampedrinos Edgardo Di Mayo, Carlos Julién Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Perez, Lucas José Torrez, Matías Agustin Torrez el delito del que se los acusa es el de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de coautores”.

Quedan varias instancias que con seguridad la defensa de los imputados intentará pero de la lectura de los fundamentos surgen varios datos que hasta la fecha no habían sido difundidos.

El primero de ellos relacionado a la comprobación de la extorsión a los que eran sometidos los dueños de la empresa para que efectuaran pagos recurrentes para evitar problemas. También se remarca que aquello que fue presentado como un conflicto en el que se reclamaban montos adeudados por la firma e incluso registrados en actas de la delegación de la Secretaría de Trabajo, no contaban con una contraparte documental que los acredite.

Sobre el allanamiento “realizado el día 02 de Mayo de 2022, en sede central del Sindicato de Choferes de Camiones, sede central, NADA SE OBTUVO respecto del origen de la deuda a la que se hace alusión”, dice textualmente el escrito.

A ello se agrega un párrafo esclarecedor respecto a mucho de lo que se había afirmado en distintas publicaciones y declaraciones en medios de comunicación sobre el dinero que había sido entregado por el contador “y la caja de chocolinas” de la firma para el supuesto pago de deudas con el fisco: “de la documentación secuestrada, se deduce que los recibos y panillas han sido fechados y confeccionados a la medida de la necesidad de justificar la tenencia de los cheques legítimamente recibidos y el dinero efectivo que ingresaba, como así también se deduce que la empresa no contaba con deuda vigente. Entiendo así que la disposición patrimonial ilegitima se realizó bajo coacción moral”, sostiene Viviani para sostener la hipótesis que se había analizado en un principio cuando la firma accedió a “firmar un convenio de pago” que se concretó en tres partes. También se recuerda en otro tramo del escrito que “las víctimas accedieron a la entrega del dinero en efectivo y a la confección y pago de los cheques emitidos, a reconocer la deuda”.

Sobre los días del bloqueo con el motorhome que pertenece al sindicato estacionado en las puertas del establecimiento, la fiscal describe que “de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial ya que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a susdueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma”.

En la última página y a la hora de solicitar la sanción a los imputados, la titular de la Fiscalía N° 7 expresó “en principio, a los fines de establecer la pena aplicable al caso debe merituarse: Que no hay eximentes ni atenuantes” y luego sostiene que “en función de ello que estimo que la pena para los Imputados Cabaleyro Emanuel Maximiliano y Fernando José Espíndola debe ser una pena de prisión de efectivo cumplimiento la que se determinará una vez actualizados los antecedentes. Asimismo entiendo que resulta procedente el trámite el juicio abreviado”.

Por último indica que “para el Resto de los imputados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez, Matías Agustïn Torrez es justo aplicar una pena de prisiónefectiva que se determinará una vez actualizados los antecedentes”.

El 13 de Abril de 2022, cuando La Opinión celebró sus 30 años, fue publicada una columna editorial que con el título “Dejen laburar”, escribió Lilí Berardi para recordar las decenas de oportunidades en que empresas sampedrinas se vieron obligadas a aceptar “las reglas del juego“. Un 22 de Junio de 2011, la tapa de la edición papel del semanario ya denunciaba los tiempos que se avecinaban y la escasa reacción de la dirigencia política e institucional que dentro de sus responsabilidades también debe cuidar la defensa de las fuentes laborales y el estricto cumplimiento de las obligaciones patronales.

La causa por extorsión y turbación de la propiedad por la que los dos dirigentes del gremio Camioneros continúan detenidos, transitará durante los próximos meses sobre los imputados sampedrinos. Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro esperan ahora las nuevas pericias contables dispuestas para el mes de febrero mientras que los trabajadores que participaron del bloqueo siguen imputados en el marco del mismo expediente. Esta semana la fiscal trabaja para la elevación a juicio del caso que torció el rumbo y develó entretelones que desnudaron prácticas habituales de presión que excedían las protestas por reivindicaciones laborales.

Enzo Ivo Ojeda , Carlos Julián Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres, Matías Agustín Torres y Edgardo Dimayo serán informados de la oportunidad que tendrán sus defensas para que cese su situación de imputados por los delitos de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa” o se les imponga una pena. Hubo un pedido de sobreseimiento para dos de los mencionados, pero la Fiscal María del Valle Viviani ya respondió que considera que todos participaron de los hechos que se investigaron.

Por su parte Maximialino Cabaleyro quien tuvo que ser evaluado para ser alojado en otra dependencia por los conflictos que generaba con otros internos y Fernando Espíndola suman agravantes por estar acusados de “Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa mas los delitos de Extorsión en calidad de coautores, Extorsión en grado de tentativa y Extorsión en su calidad de coautores por suscripción de documentos con efectos jurídicos.

La fecha aún no está dispuesta pero se sabe que al menos dos de los involucrados a nivel local ya cuentan con nuevos lugares de trabajo asignados con anuencia de propio gremio en empresas que operan en la zona.

En pocos días se cumplen tres años desde que se desató al conflicto que comenzó como un reclamo para la construcción de un cuerpo de baños que luego desembocó en la requisa de documentación que es parte de la causa en la que encontraron pruebas sobre la presión que a cambio de dádivas ejercían los sindicalistas sobre los empresarios. Aún no se sabe si la fiscal irá también por la colaboración que otras empresas propietarias de camiones brindaron el día en el que se produjo el bloqueo puesto que esos vehículos sólo llegaron a inmediaciones del establecimiento Rey y al sitio donde se cargaban los alimentos que debían ser distribuidos en las escuelas del partido.

El sábado en Sin Galera, el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Carrasco, se refirió a las disyuntivas que surgieron luego del comunicado emitido por el Centro de Comercio tras la reunión del lunes, en la que él participó como representante del Gobierno junto a concejales y referentes del sector de transportistas y distribuidores, en el marco del conflicto entre la empresa Rey Distribución y el Sindicato de Camioneros.

En el texto se explicaba que todas las partes “rechazaron las acciones sindicales coercitivas y pidieron una intervención neutral del Ministerio de Trabajo” en relación a las situaciones que atraviesan empresarios locales.

El comunicado del Centro de Comercio daba la sensación de estar firmado por la entidad, el Concejo Deliberante y el Gobierno municipal, por lo que Carrasco consideró pertinente aclarar que en realidad se trataba de un relato de lo ocurrido el lunes emitido por la organización que preside Raúl Cheyllada pero no consensuado entre las partes.

Carrasco informó que el lunes los 18 concejales mantendrán un encuentro en la comisión de Desarrollo Económico del cuerpo para analizar lo ocurrido, por lo que mal podría Mónica Otero haber firmado un comunicado en representación de todos.

“Para que realmente tome valor, hay que esperar al día lunes. No es que estoy a favor o en contra, creo que es un comunicado que emitió el Centro de Comercio contando lo que fue la reunión del lunes pasado”, explicó Carrasco.

“A nadie le gusta que una empresa esté cerrada o que haya un trabajador maltratado”, aclaró carrasco.

“Nosotros desde el Municipio, y lo que charlamos con el intendente, es fijar posturas e incentivar la producción. Así los empresarios pueden seguir creciendo e invirtiendo post pandemia para que se generen más fuentes de empleos”, señaló el funcionario del gabinete de Salazar.

Por ello aseguró que si debían tomar una determinada postura frente al tema, debería ser “en un consenso amplio” y agregó: “Yo siempre voy a estar abierto para que todos puedan venir a verme y encuentren un lugar de refugio en la secretaría y en la Municipalidad”.

“Yo nunca voy a decir nada que no dije ni me Voy a desdecir”, sostuvo Carrasco.

También habló sobre sus expectativas respecto de lo que se espera luego de la próxima reunión: “Me gustaría que todos estén representados y que digan lo que piensan. Así trabajamos en post consecuencia a la elección”.