La Municipalidad informó que más de 60 sampedrinos recuperaron su pensión por discapacidad, que habían sido retiradas en el marco de las auditorias realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En nuestra ciudad, una gran cantidad de personas, tanto de San Pedro, como de Baradero y San Nicolás, se acercaron a consultorios Beaumont para realizar los exámenes médicos necesarios para constatar la legitimidad de la prestación.

No exentas de polémica, las auditorias de la Agencia Nacional de Discapacidad, dispuestas por el Gobierno generaron que decenas de pensionados temieran ante la posibilidad de perder su beneficio, por falta de notificación o por no poder presentarse en la fecha dispuesta por el organismo.

Esta semana, el área de discapacidad del municipio, a través de la secretaría de Desarrollo de la Comunidad informó que son sesenta los sampedrinos que "recuperaron su derecho" a percibir una pensión.

Informaron que las restituciones "fueron posibles", gracias a un "trabajo en conjunto", que permitió atender numerosas consultas y acompañar trámites vinculados a la suspensión de los beneficios.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundió un listado completo, donde cada persona puede filtrar por documento y saber si su Pensión No Contributiva fue restituida por ANDIS. 

El 7 de septiembre los bonaerenses elegirán a representantes para cargos provinciales y municipales. En el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que tienen derecho a participar en la vida política.

En la Argentina, los tratados de Derechos Humanos tienen rango constitucional (Ley 27.044). Por eso, las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a ser votados.

De esta forma, con el propósito de promover y facilitar el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas las personas, se implementan diversas medidas destinadas a la eliminación de barreras y obstáculos existentes en el proceso electoral.

La Resolución 156 resuelve la existencia de un Cuarto Oscuro Accesible (COA) y del Voto Asistido. Además, toda persona que presenta alguna discapacidad tiene el derecho a:

*Poder entrar, quedarse y salir del lugar de votación sin dificultad.

*Recibir información clara, fácil de entender y en formatos accesibles.

*Pedir ayuda o apoyo durante cualquier parte del proceso de votación.

*Contar con un Cuarto Oscuro Accesible (COA) en cada lugar de votación.

*Elegir votar en su mesa asignada o en el COA.

*Votar con ayuda de una persona de su confianza, la autoridad de mesa o su perro guía o de asistencia.

*Pedir prioridad para votar sin hacer fila.

Para ello no es obligatorio tener Certificado Único de Discapacidad (CUD) para pedir apoyo. 

Sólo hay que tener 16 años o más (los migrantes votan a partir de los 18 años), tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral.

Para más información sobre el lugar de votación, la escuela, la mesa y número de orden se puede ingresar a:  https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar

Como cada vez que se piensa desde un despacho de funcionarios que desconocen las consecuencias de ciertas decisiones, miles de personas con problemas de salud mental o física que cobran sus pensiones por discapacidad y no han sido parte de engaños o abusos, reciben notificaciones para que personal al que desconocen certifique si son o no merecedores del dinero que se destina a sus tratamientos o sustento.

El sábado 17 de mayo, en medio del temporal, muchos de los citados llegaron a los consultorios Beaumont de la ciudad de San Pedro bajo el temporal cuyas consecuencias terminaron con el corte de la ruta 9 a la altura de Alsina. Viajaron más de 20 o 30 kilómetros en remises o vehículos de familiares para llegar al “monitoreo” que empleados de la empresa que rentó el lugar para certificar el motivo que dio lugar al beneficio.

“Mira, casos como este, realmente uno dice, no sé qué puede llegar a pasar si le cortan las cosas así, y desde ya que esté una semana llorando sin dormir porque estuvo así, este chico”, dijo el médico psiquiatra que atiende a un paciente que pidió dinero prestado para pagar un remise y no pudo tolerar “la presión que le produjo la incertidumbre de no saber si podrá continuar su tratamiento". El detalle: tiene 69 años y fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era apenas un adolescente.

La misma situación vivió un matrimonio septuagenario que arribó bajo la lluvia con una paciente con movilidad asistida tras haber sido sometida a cinco operacones de columna. Otra carta documento le llegó a una niña que padece parálisis cerebral y posee toda su documentación e historia clínica en distintos hospitales de la Provincia a los que debe recurrir para reunir la documentación que le exigen.

Las historias a las que accedió este medio son complicadas y ninguna de ellas justifica el dispendio de recursos públicos para auditorías que pretenden terminar con todas las pensiones mal adjudicadas por sucesivos gobiernos. Hay que tener en cuenta que quien haya tomado esa decisión desconoce la geografía y las realidades que anidan en cada rincón del país. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, hay pequeños pueblos que apenas cuentan con un centro de salud o un hospital municipal donde conseguir turnos para los trámites y requisitos que piden implican esfuerzos inhumanos para quien presenta algún tipo de discapacidad.

“A la madre cualquier trámite, cualquier papel, la desborda, es un problema enorme, imagínate esto, fue una tragedia”, relató el profesional que atiende a un paciente que está medicado y tiene como obra social “Incluir Salud”, la que reemplazó a Profe y no funciona ni para recibir los fármacos que necesita.

Los pacientes que asistieron aquel día de tormentas e inundación, regresaron a sus hogares y se preparan para concurrir a una nueva citación. La empresa que fue contratada para la tarea en todo el corredor del norte bonaerense no aparece y las autoridades del PAMI y Anses que son las que deben recibier las consultras dicen que “no están autorizadas a hablar”.

Esa es la realidad que comprende a muchas familias. “Son personas que no pueden manejar este tipo de presión. El Ministerio de Salud no puede ignorar estas situaciones. La incompetencia, de ser el caso, no es excusa tampoco”, refirieron respecto a las responsabilidades de municipios y provincia ya que las auditorías han sido ordenadas por el gobierno nacional.

Este medio consultó a una de las propietarias del edificio de los consultorios que fueron rentados para llevar a cabo el operativo que se desarrollará durante varios sábados hasta mediados de junio. La única información es que rentaron el lugar y que no tienen relación con las citaciones ni con el personal que atenderá a los pacientes.

También este medio logró acceder a las planillas que deberán llenar los administrativos o profesionales que recibirán a los beneficiarios. En ellas deben consignar qué estudios trajeron para justificar el “beneficio de la pensión” y deben agregar los antecedentes para determinar si el beneficiario puede seguir percibiendo sus haberes.

En el marco de las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que dispuso el Gobierno nacional para evaluar las pensiones no contributivas, este sábado fueron citados por carta documento pensionados de Baradero a un consultorio ubicado en Beaumont 665, pero no hubo atención y no les avisaron.

Una gran cantidad de personas con discapacidad llegaron a ese consultorio, donde pasadas las 9.30 una mujer abrió para informarles que deberán volver la semana que viene porque la atención fue suspendida.

Hubo quienes llegaron en auto con vecinos, familiares o conocidos que los transportaron, pero también quienes pagaron alrededor de 50 mil pesos un remís para concurrir, porque habían recibido una carta documento que decía que si no se presentaban corrían riesgo de "perder la pensión".

En la carta documento les explican que Andis lleva adelante "relevamientos para garantizar la transparencia" de las pensiones por discapacidad y que "se encontraron irregularidades".

Así, en la carta que reciben los beneficiarios de la pensión les dicen que quieren que "esta ayuda llegue a quienes corresponde y realmente la necesitan, sin discrecionalidad, desviaciones ni fraudes".

La citación es para "verificar la subsistencia de los requisitos". Tenían que llegar a ese consultorio médico, donde los atendería un auditor de Pami, con DNI y "documentación respaldatoria actualizada que acredite su condición de beneficiario de la pensión".

La citación para una gran cantidad de personas, muchas de Baradero, era para este sábado, desde las 10.00 de la mañana, con turnos para la tarde. Una vez hecha la "auditoría", el beneficiario, según dice la carta documento, deberá sacar turno dentro de los 30 días y llevar la documentación a Anses.

"Es una vergüenza", señalaron al móvil de Sin Galera los beneficiarios de pensiones por discapacidad que llegaron a Beaumont 665 y se encontraron con que no habría atención.

El médico psiquiatra Carlos Sarsotti, director de Salud Mental de Baradero, atendió muchas personas que fueron a consultarle luego de que esta semana surgieran noticias relacionadas con la marcha atrás de la decisión del Gobierno nacional y la ratificación por parte de Andis de las auditorías.

"Dijeron que esto no se iba a hacer, después les dijeron que vayan con lo que tengan, es una locura", consideró el médico.

"Están citando gente con discapacidad crónica, que se acerquen. Es gente que no tiene para comer y pidió préstamos para ir hasta San Pedro", cuestionó.

#666 reportó este lunes por la mañana: “Hola, esta camioneta estuvo estacionada en la rampa donde pasan personas discapacitados. Pasó una señora discapasitada y no pudo bajar. ¿Serían tan amables de respetar las rampas?”.