El Gobierno de Cecilio Salazar canceló una parte de la deuda que mantiene con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que informó a sus afiliados que retoman algunos de los beneficios que habían sido cortados a raíz de la demora en el pago por parte de la Municipalidad.

El gremio comunicó a sus afiliados que "a partir de mañana, 31 de marzo se reanudan con los convenios" con un reconocido comercio del rubro alimenticio que tiene sucursales en los barrios.

Esos convenios permiten a los empleados municipales comprar en esos comercios y pagar recién al mes siguiente, cuando la Municipalidad les descuenta, de acuerdo al código del Sindicato, el monto.

Ese dinero que el Municipio retiene luego lo transfiere al gremio, que es el que tiene el acuerdo con el comercio para ofrecer ese beneficio a los afiliados. Como el Gobierno no depositaba, habían cortado el beneficio, que ahora repusieron.

Desde el Ejecutivo informaron a La Opinión que cancelaron "una parte" y que están "intentando" hacer lo propio con todas las deudas con proveedores que mantiene el Estado local para su funcionamiento cotidiano.

Desde el Sindicato de Municipales, Juan Cruz "Mono" Acosta informó que lo cancelado asciende al "25 por ciento de la deuda" y que este pago no implica que el gremio ceda en los reclamos que mantiene.

"No cumplen con los derechos, ni a paritarias llaman y ya hicimos presentaciones en la Municipalidad y el  Ministerio de Trabajo", cuestionó Acosta.

*Por Javier Silva, abogado especialista en derecho registral y sucesorio

Durante décadas se enseñó en las facultades de derecho que el dominio era la cúspide del sistema de derechos reales: el más amplio, el más completo, el más protegido, casi inmune a las contingencias jurídicas.

Sin embargo, la práctica profesional demuestra que esa fortaleza tiene varias fisuras decisivas.

Un inmueble puede estar perfectamente escriturado, inscripto en el Registro, con mensura, valuación y plano aprobados. Todo en orden documental. 

Pero la acumulación silenciosa de impuestos inmobiliarios o tasas municipales impagas convierte ese derecho —en apariencia sólido— en un dominio vulnerable, condicionado y jurídicamente expuesto. No por capricho del Estado, sino por una razón estrictamente legal.

Aquí aparece una diferencia clave entre el crédito privado y el crédito público.El acreedor privado persigue al deudor como persona. Si el bien sale de su patrimonio, la deuda lo sigue a él, no a la cosa. El crédito público funciona al revés.

El Estado —y el Municipio en particular— ejerce la rei persecutoriedad: la deuda sigue al inmueble, con independencia de quién sea su titular. 

Cambian los nombres, se firman escrituras, circulan boletos, pero la obligación permanece adherida a la cosa como una marca silenciosa. Esa marca pesa. Limita. Vulnera el dominio.

La deuda fiscal no conduce necesariamente al remate judicial. Ese es el camino extremo y, muchas veces, ineficiente.

Con frecuencia, la vulnerabilidad del dominio abre una salida más razonable: la dación en pago.

No es una rendición del propietario ni una imposición estatal. Es un acuerdo: el deudor ofrece y el Municipio acepta un bien —total o parcialmente— para extinguir la deuda. El inmueble deja de ser un problema y se convierte en solución.

1. El lote ociosoUn baldío urbano sin uso, con tasas acumuladas durante años. La deuda supera la capacidad de pago y el remate carece de atractivo. 

La dación en pago extingue el crédito y convierte un pasivo urbano en activo público.

2. La dación parcialEn inmuebles de gran superficie, la deuda puede cancelarse con la cesión de una fracción del terreno. El propietario conserva el resto saneado.

No hay castigo ni expropiación encubierta: hay reordenamiento patrimonial consensuado.

3. El inmueble irrecuperableTerrenos con restricciones severas o valor de mercado inferior a la deuda. La ejecución judicial es puro desgaste.

La dación evita litigios inútiles y permite una solución inmediata y racional.

Desde la óptica municipal, la dación en pago no es indulgencia: es estrategia. Permite sanear créditos incobrables, fortalecer el patrimonio, ordenar el territorio y transformar deuda improductiva en bienes con destino público. 

No es confiscación. Es negociación jurídica eficiente.

El derecho de propiedad no se debilita por la intervención estatal, sino por el incumplimiento de sus cargas. Frente a la deuda fiscal, el inmueble tiene tres caminos: paga, se ejecuta o se entrega en dación. Muchas veces, esta última es la salida más justa y ordenada.

Porque la propiedad no vive aislada: se beneficia de la ciudad y participa de su valorización. Y cuando no puede sostener ese costo, encuentra otra forma de integrarse al interés común.

El dominio se extingue para un titular, pero no desaparece: se transforma. Y en esa transformación, cumple mejor su función social que cuando permanecía ocioso.

En el derecho patrimonial municipal, eso no es poco: es una solución civilizada, jurídicamente sólida y socialmente razonable.

La Justicia ordenó el embargo de las cuentas del Municipio de San Pedro por más de 114 millones de pesos, a raíz de una deuda judicial con el abogado Hugo Lima.

Aunque la medida no tiene efecto inmediato porque el embargo opera sobre el “superavit efectivo”, que no existe porque el Municipio cerró el ejercicio con un importante déficit, el embargo está dictado y el Gobierno procura alcanzar un acuerdo con Lima para levantarlo.

La deuda con el abogado fue originada en un juicio perdido en la denominada causa Calonge. La resolución judicial de embargo generó un fuerte impacto en los sampedrinos y desató una ola de reacciones entre vecinos en redes sociales.

"La plata que se utiliza proviene del pueblo, no del intendente. La situación en San Pedro es insostenible: todo está mal y cada día queda menos. San Pedro merece respeto y un futuro digno, no el abandono que nos empuja a convertirnos en una villa", planteó Claudia.

Ana concluyó: "Y ahora señores/as se nos viene un golpazo. Debemos contribuir para tapar este agujero, porque la gente tiene que salvarle las papas al municipio". Nancy coincidió y resumió: "Naaaaaaa, pobre de nosotros".

"Yo creí que el municipio tenía sus abogados. ¡Qué mal todo!", lamentó Margarita.

"Pobre gente de San Pedro que ahora tienen que pagar las consecuencias de otros. Más de lo mismo, los ñoquis se enriquecen y el trabajador tiene que pagarlo con sus impuestos", agregó Verónica.

Mariana escribió: "Quiero creer que el municipio sabe que existe una figura legal llamada acción de repetición, con la cual pueden demandar a los funcionarios responsables y hacerlos cargos de semejante deuda, porque sino terminamos pagando nosotros por errores de los funcionarios que no funcionan".

Queriéndole poner onda a la situación, Moira comentó: "Entra una gota y sale un océano", Diego le respondió: "Mamita querida, así estamos". Car agregó: "No sé cual de las dos partes es más ladrón, si Lima o el municipio".

Osvaldo preguntó: "¿Y ahora, quién garpa esto?"

Por otro lado, hubo reclamos de explicaciones y responsabilidades. Fernando expresó: “Este caso merece una explicación, esos terrenos tenían sentencia de desalojo”. Mariana sumó: “Quiero creer que existe una acción legal para que paguen los funcionarios responsables y no nosotros”.

Para finalizar, la bronca se mezcló con ironía y resignación. “Lo único que faltaba en el horno a fuego lento”, escribió Bernardo, mientras Mirta comentó con sarcasmo: “Ahora sí hay que recaudar, aumento de tasas y listo”. Clímaco solo comentó: “San Pedro está fundido y arruinado por donde lo mires”. 

La retención indebida de un móvil policial en un taller mecánico disparó una serie de comentarios respecto a las actitudes que el Municipio adopta frente a la posibilidad de buscar proveedores sustitutos mientras mantiene deudas importantes con quienes ya entregaron servicios o mercaderías. 

El vehículo policial estuvo más de 15 horas dentro del taller de Pellegrini al 2700 y por tratarse de un vehículo oficial, la Justicia ordenó que el móvil fuera restituido a la comisaría. En apariencia ese rodado no es el único que está en el interior del local.

¿Hay otros autos municipales en el lugar? Nadie lo confirmó. Sin embargo, se supo que dos unidades estaban en reparación. 

Si la posición del propietario del taller es la misma, tal vez permanezcan en el lugar por tiempo indeterminado. Entiéndase por esto que, hasta que no salden parte de la deuda no habrá entrega.

Si bien el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, intentó morigerar la situación, tras haber reconocido que existen demoras en los pagos a ese taller, también argumentó que no puede hacerse cargo de la deuda que dejaron gestiones anteriores. ¿A quién se refiere?

El acumulado es “muy, pero muy significativo”, se señaló, “y hasta podría ser superior”, agregaron fuentes allegadas al caso que mantiene en vilo a los proveedores de la comuna.

Haber seguido aceptando la reparación pese a que no se cancelaban las deudas, mínimamente reveló la esperanza que el mecánico albergaba para poder cobrar algún día. 

La situación puntual de este proveedor se agravó a partir de la pandemia por el Covid. El cambio de mando en el Municipio y la llegada del por entonces secretario de Hacienda Fabián Rodríguez trastocó la confianza. 

El trayecto hasta Pellegrini 150 dejó sus huellas y la gran mayoría de las veces sin un cheque como respuesta. Eran los tiempos de Ramón Salazar. 

Ni siquiera se apiadaron de los compromisos impositivos del negocio, que paga todos los tributos nacionales y provinciales, como “el millonario IVA que debieron enfrentar un año, pese a la promesa de que el dinero estaría disponible”, indicaron quienes se acercaron a La Opinión.

Por estas horas todo depende de lo que resuelva el intendente Cecilio Salazar, quien está en conocimiento de la realidad y analiza cómo solucionar la coyuntura que evite la polémica pública.

Posiblemente, detrás del mecánico, se precipiten otros casos como el de un martillero que prestó sus servicios hace más de un año y aún peregrina los pasillos municipales para cobrar lo que le deben. Los conflictos están latentes.

La Policía de San Pedro recuperó el patrullero que había sido retenido por un taller mecánico, luego de que la Justicia librara la orden correspondiente.

El Juzgado de Garantías interviniente emitió una orden de allanamiento y secuestro que cumplió el personal de Prefectura, que había estado apostado durante más de 15 horas frente al taller, ubicado en Pellegrini al 2700.

El móvil policial, perteneciente a un destacamento, había sido enviado a ese lugar para reparaciones. Cuando estaba listo para entregar, el mecánico lo retuvo porque la Municipalidad, que paga esos arreglos, le debe varias facturas.

Como la situación configuraba el delito de retención indebida, la Justicia tomó intervención. Prefectura fue asignada para custodiar la zona en procura de que el patrullero no saliera del taller, hasta tanto el juzgado emitiera la orden de restitución.

Para ello, Garantías libró una orden de allanamiento y secuestro, tras lo que finalmente el móvil policial fue restituido a la Comisaría.

La Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Álvarez tiene la responsabilidad de hacer frente a las reparaciones menores de vehículos de la policía. El mecánico que retuvo el móvil suele hacer ese trabajo, pero la deuda acumulada había colmado su paciencia.

El Gobierno quería abonar la factura del patrullero en cuestión para evitar que el conflicto escalara, pero el reclamo persistió porque, según pudo saber La Opinión, había planteado en diversas oportunidades la necesidad de que se pusieran al día o al menos achicaran el monto adeudado.

El 19 de marzo pasado, la empresa Dycasa, contratista de obra pública en todo el país, despidió a los 36 empleados que quedaban en su taller de San Pedro y cerró las puertas de la planta ubicada en ruta 191 y 9, en medio de una crisis por el parate de proyectos a nivel nacional.

Dycasa no sólo dejó a esas 36 familias sin su sustento sino que además cerró con una deuda por más de 26 millones de pesos con la Municipalidad, que la Dirección de Rentas intenta cobrarle.

La empresa debe tasa de seguridad e higiene desde 2014, el año que en la ordenanza impositiva modificó la manera de calcular el pago y dispuso que compañías con importante facturación paguen de acuerdo a la declaración de ingresos brutos.

Dycasa no pagó nunca más ese tributo desde entonces. Primero omitió presentar las declaraciones juradas, lo que obligó al Estado local a determinar de oficio el monto a abonar por el gravamen.

Luego interpuso queja por "desproporcionalidad de la tasa" y también planteó la muchas veces discutida presunta falta de contraprestación, aunque el Municipio tiene las actas de inspección de seguridad e higiene que invoca el tributo para existir.

El último planteo de la empresa fue para solicitar prescripción de la deuda y también fue rechazado, puesto que la Municipalidad había iniciado el juicio de apremio en el Juzgado de Paz para los períodos pasibles de ser prescriptos.

Dycasa debe 82 boletas por tasa de seguridad e higiene emitidas por el Municipio, que suman un total de 13,5 millones nominales más casi 13 millones de recargo, lo que arroja una deuda total exigible de 26.410.419,57 pesos.

Tras el rechazo de la Secretaría de Economía al reclamo administrativo interpuesto por la empresa, la Dirección de Rentas quedó en condiciones de solicitar el embargo de cuentas.

Desde el Gobierno, consultados por La Opinión sobre la resolución firmada por Roberto Borgo, confirmaron que hay  un "proceso de convenio" para un plan de pago.

Ingresará formalmente en sesión del Concejo Deliberante la reprogramación del pago de la deuda que el Gobierno municipal mantiene con Provincia por 96,5 millones de pesos que la administración bonaerense giró al Estado local durante la pandemia de coronavirus COVID-19 para paliar los efectos fiscales del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Como adelantó La Opinión, en febrero el Ministerio de Economía avisó a los municipios que debían acogerse a una nueva modalidad de pago antes del 31 de marzo para hacer efectiva la devolución de esos recursos, que llegaron a los distritos a través del denominado "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal".

Esa deuda iba a comenzar a pagarse en enero de 2021, pero desde entonces hubo sucesivas prórrogas y nunca se hizo efectivo el desembolso. Ahora, Provincia informó que hay que pagar y el Ejecutivo pidió al Concejo convalidar la modalidad de cancelación elegida.

El plan es acceder al plazo de gracia hasta el 31 de diciembre del ejercico actual y comenzar a pagar en 12 cuotas iguales desde enero, es decir a razón de alrededor de 8 millones de pesos por mes, hasta fin de 2025.

Ese monto debe ser incluido en el ejercicio del año que viene y la garantía es la coparticipación, por lo que se debe autorizar la afectación de esos recursos como medio de pago y garantía de la deduda reprogramada.

Para las anteriores reprogramaciones, además de la convalidación del Concejo Deliberante fue necesaria la aprobación de la asamblea con Mayores Contribuyentes, por tratarse de deuda.

El Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal fue creado para asistir a los municipios en el pago de sueldos de los empleados municipales durantea la pandemia.

"Las necesidades financieras del Municipio para este Ejercicio hacen que la citada reprogramación sea de utilidad para aliviar las cuentas municipales, difiriendo los vencimientos de las cuotas de amortización para los Ejercicios futuros", indicó el Ejecutivo en el proyecto.

El Gobierno municipal enviará un proyecto para que el Concejo Deliberante convalide un plan de pagos para saldar la deuda de 96,5 millones de pesos que tiene con Provincia desde la pandemia.

En 2020, el Gobierno de Axel Kicillof creó un fondo de asistencia para hacer frente a las contigencias de la pandemia de coronavirus COVID-19. La deuda iba a comenzar a pagarse en enero de 2021, pero desde entonces hubo sucesivas prórrogas. Hasta ahora.

El Ministerio de Economía bonaerense comunicó a los municipios que ahora sí hay que devolver esos fondos y que son dos las posibilidades: pagando un 60 por ciento en abril y el resto en cuotas; o adscribiendo a un programa de cancelación desde enero del año que viene.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, confirmó a La Opinión que preparan el decreto de adhesión al plan de pagos para 2025 y que lo enviarán al Concejo Deliberante para su convalidación, que debe ser aprobada antes del 31 de marzo. 

Tanto en el Presupuesto 2022 como en el de 2023, el Concejo Deliberante y aprobó un plan de pagos de 18 cuotas que nunca se hizo efectivo. Ahora, Provincia informó que llegó el momento de desembolsar.

“Pueden pasar hasta dos años hasta que se llega a intimar por una deuda”, dijo el director de Rentas Silvio Jaime cuando La Opinión le solicitó un detalle de los pasos que su área da antes de judicializar una deuda. Sucede que cuando la amenaza llega al contribuyente ya es tarde para refinanciar o pedir un plan de pagos y hay que hacer frente a los honorarios de la abogada externa contratada por la comuna para que tramite los juicios contra contribuyentes morosos.

Si bien hay una moratoria que todavía no concluyó, son varios los que se sorprenden cuando ven que si no se hace frente a esa exigencia, no se puede dar cursos a una regularización. La pregunta más frecuentes es quién es la abogada, qué recibos o facturas debe acreditar o de qué modo se calcula la deuda original y los intereses.

Muchos contribuyentes no prestan atención a que antes de ese paso han llegado al domicilio tasas que llevan la leyenda “con deuda” y que ese documento es para el área tributaria una comunicación fehaciente de la deuda.

De acuerdo a los pasos y al esquema que entregó Jaime, la gestión extrajudicial y la judicial contemplan varias escalas:

GESTION EXTRAJUDICIAL:

1) Aviso de deuda incluido en el recibo Municipal (incluye detalle de períodos adeudados).

2) Intimación extrajudicial emitida por la Dirección firmada por el director de Rentas.

3) Segunda Intimación extrajudicial emitida por la Dirección firmada por el Director de Rentas.

Si hasta ese momento el deudor no se presenta “tomamos la decisión de derivarlo al abogado que correspon y que está contratado por la municipalidad”. Ese profesional debe desempeñarse dentro del horario de funcionamiento administrativo para atender los requerimientos de los contribuyentes y asesorarlos.

4) Asignación de la cuenta a abogado Apoderado Externo.

5) En el plazo de 20 días posteriores a la asignación de la cuenta se deberá enviar intimación extrajudicial.

4) Luego de 30 días de enviada la primera intimación (punto 5) sin que exista respuesta del deudor, se deberá avaluar las siguientes situaciones: i) si la primera notificación fue recibida por el contribuyente, se deberá enviar una segunda intimación extrajudicial; ii) si la primera notificación no fue recibida por el deudor, se deberá enviar una carta documento.

5) Luego de 30 días posteriores al envío de la segunda notificación, el Apoderado Externo deberá analizar el estado de cada una de las deudas y del resultado de las notificaciones a fin de confeccionar un informe a la Asesoría Legal de la Dirección de Rentas para que se evalúe la conveniencia de continuar con la gestión por la vía judicial.

6) Una vez analizado el informe la asesoría legal emitirá los títulos ejecutivos y el profesional deberá iniciar el juicio de apremio con pedido de traba de embargo en inmueble (ABL, SS, RV) o cuentas bancarias (TSEH) en el plazo de entre 15 días posteriores a la asignación de las cuentas.

Este último paso es el que más “molesta” ya que su redacción se interpreta como una amenaza y no siempre quien lo recibe es el verdadero destinatario.GESTION JUDICIAL:

7) Emitido el primer despacho, el profesional deberá presentar el mandamiento a confronte en el plazo de 15 días de notificado el mismo y trabar el embargo que se hubiese ordenado.

8) Confrontado el mandamiento se deberá gestionar su realización por parte del oficial de justicia en un plazo no superior a los 45 días.

9) Luego de realizado el mandamiento se deberá pedir sentencia al termino de los 30 días.

Son pocos los que llegan a esa instancia pero siempre conviene tener en cuenta que año a año las autoridades están obligadas a consolidar la deuda pendiente para que no prescriba.