El Banco Central informó que los usuarios de tarjetas de crédito pueden solicitar la baja del servicio en cualquier momento a través de los canales habilitados por la entidad emisora (el banco donde se gestionó), sin restricciones en cuanto al momento de la solicitud.

Según se precisó, en caso de que el titular registre deudas, el banco no podrá exigir la cancelación total como condición para iniciar el trámite de baja. No obstante, la entidad financiera sí podrá requerir que la gestión se realice de manera presencial cuando exista un saldo pendiente.

Además, se aclaró que, si el usuario tiene consumos en cuotas aún vigentes, podrá igualmente dar de baja la tarjeta. En esos casos, los pagos continuarán realizándose conforme a lo pactado originalmente, aunque el banco no podrá aplicar nuevos cargos de mantenimiento desde el momento de la cancelación.

Por otra parte, el organismo recordó que también es posible solicitar la baja de la renovación automática de la tarjeta. Para ello, el titular deberá comunicar su decisión con al menos 30 días de anticipación a la fecha prevista de renovación.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) puso en marcha un operativo para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, mediante cruces de datos y acciones territoriales para identificar y acompañar a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

A partir del trabajo articulado, Arba detectó inicialmente alrededor de 17.000 personas que acumulan en conjunto $ 798 millones en deudas de este tributo y que podrían acceder a exenciones.

El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $ 6 millones y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos.

Con el objetivo de agilizar el proceso, Arba llevará adelante operativos casa por casa junto a los municipios, además de jornadas especiales de atención para gestionar de forma simple la exención.

El beneficio incluye tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un alivio significativo para quienes se encuentran en situación de mora sin haberlo buscado.

En paralelo, Arba solicitará formalmente a Anses una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de analizar su situación fiscal e identificar a quienes podrían acceder al beneficio sin saberlo, facilitándoles el trámite en caso de cumplir con los requisitos.

El intendente Cecilio Salazar participó este martes de una movilización de mandatarios municipales nucleados en la Federación Argentina de Municipios que se dirigió al Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Allí entregaron un petitorio a la ministra Sandra Petovello para reclamar una deuda que el Gobierno de Javier Milei mantiene con el de Axel Kicillof y que afecta al Servicio Alimentario Escolar, a días de que Provincia anuncie la suspensión por 90 días de la entrega de mercadería para familias en las escuelas bonaerenses.

"Exigimos respuestas y el cumplimiento de las obligaciones que impactan directamente en nuestros municipios y en nuestros vecinos", dijo el intendente Cecilio Salazar tras participar de la movilización.

De la actividad, similar a la que tuvo lugar semanas atrás en el Ministerio de Economía para reclamar por la obra pública, participaron además de intendentes la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

El funcionario señaló que el Gobierno nacional mantiene una deuda de "más de 220 mil millones de pesos" con Provincia por "el servicio alimentario escolar". Además, solicitaron "financiamiento para políticas alimentarias y sociales".

"Hoy el gobierno provincial y los municipios somos quienes estamos haciendo todos los esfuerzos económicos para cubrir la deserción del Estado nacional", dijo Larroque.

La movilización tuvo como consigna "Milei, hacete cargo". La sede del Ministerio de Capital Humano estaba cerrada y tenía un cartel que decía "intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben".

En el marco de una campaña que recorre el territorio bonaerense contra el “ahogo financiero” del Gobierno nacional a la provincia, sindicatos estatales como ATE, Cicop y los de docentes Suteba y FEB movilizaron este lunes a la sede de Anses San Pedro.

Allí fueron recibidos por el titular de la UDAI local, César Bologna, a quien le entregaron un petitorio en el marco del reclamo al presidente Javier Milei por deudas que el Gobierno nacional mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS).

En el texto, los sindicatos dejaron asentado su rechazo a "las maniobras de desfinanciamiento que afectan tanto al sistema previsional nacional como a los provinciales".

En se marco, señalaron "la disminución del empleo registrado, el incremento de los niveles de desocupación, la ausencia de una moratoria previsional y la caída del consumo" como aspectos que afectan directamente al sistema previsional.

De la misma manera, expresaron preocupación por la implementación de la reforma laboral, que "Implica una reducción de las contribuciones patronales" lo que generará "un evidente desfinanciamiento de la caja nacional".

Además, exigieron al Gobierno de Milei que restituya "la suma de 2,2 billones de pesos adeudada al Instituto de Previsión Social (IPS), en perjuicio de las y los jubilados bonaerenses".

*Por Javier Silva, abogado especialista en derecho registral y sucesorio

Durante décadas se enseñó en las facultades de derecho que el dominio era la cúspide del sistema de derechos reales: el más amplio, el más completo, el más protegido, casi inmune a las contingencias jurídicas.

Sin embargo, la práctica profesional demuestra que esa fortaleza tiene varias fisuras decisivas.

Un inmueble puede estar perfectamente escriturado, inscripto en el Registro, con mensura, valuación y plano aprobados. Todo en orden documental. 

Pero la acumulación silenciosa de impuestos inmobiliarios o tasas municipales impagas convierte ese derecho —en apariencia sólido— en un dominio vulnerable, condicionado y jurídicamente expuesto. No por capricho del Estado, sino por una razón estrictamente legal.

Aquí aparece una diferencia clave entre el crédito privado y el crédito público.El acreedor privado persigue al deudor como persona. Si el bien sale de su patrimonio, la deuda lo sigue a él, no a la cosa. El crédito público funciona al revés.

El Estado —y el Municipio en particular— ejerce la rei persecutoriedad: la deuda sigue al inmueble, con independencia de quién sea su titular. 

Cambian los nombres, se firman escrituras, circulan boletos, pero la obligación permanece adherida a la cosa como una marca silenciosa. Esa marca pesa. Limita. Vulnera el dominio.

La deuda fiscal no conduce necesariamente al remate judicial. Ese es el camino extremo y, muchas veces, ineficiente.

Con frecuencia, la vulnerabilidad del dominio abre una salida más razonable: la dación en pago.

No es una rendición del propietario ni una imposición estatal. Es un acuerdo: el deudor ofrece y el Municipio acepta un bien —total o parcialmente— para extinguir la deuda. El inmueble deja de ser un problema y se convierte en solución.

1. El lote ociosoUn baldío urbano sin uso, con tasas acumuladas durante años. La deuda supera la capacidad de pago y el remate carece de atractivo. 

La dación en pago extingue el crédito y convierte un pasivo urbano en activo público.

2. La dación parcialEn inmuebles de gran superficie, la deuda puede cancelarse con la cesión de una fracción del terreno. El propietario conserva el resto saneado.

No hay castigo ni expropiación encubierta: hay reordenamiento patrimonial consensuado.

3. El inmueble irrecuperableTerrenos con restricciones severas o valor de mercado inferior a la deuda. La ejecución judicial es puro desgaste.

La dación evita litigios inútiles y permite una solución inmediata y racional.

Desde la óptica municipal, la dación en pago no es indulgencia: es estrategia. Permite sanear créditos incobrables, fortalecer el patrimonio, ordenar el territorio y transformar deuda improductiva en bienes con destino público. 

No es confiscación. Es negociación jurídica eficiente.

El derecho de propiedad no se debilita por la intervención estatal, sino por el incumplimiento de sus cargas. Frente a la deuda fiscal, el inmueble tiene tres caminos: paga, se ejecuta o se entrega en dación. Muchas veces, esta última es la salida más justa y ordenada.

Porque la propiedad no vive aislada: se beneficia de la ciudad y participa de su valorización. Y cuando no puede sostener ese costo, encuentra otra forma de integrarse al interés común.

El dominio se extingue para un titular, pero no desaparece: se transforma. Y en esa transformación, cumple mejor su función social que cuando permanecía ocioso.

En el derecho patrimonial municipal, eso no es poco: es una solución civilizada, jurídicamente sólida y socialmente razonable.

La obra social Unión Personal transfiiró al Municipio 55,8 millones de pesos de la deuda que mantenía por prestaciones de salud brindadas a afiliados en los efectores públicos.

Unión Personal era la prestataria que mayor deuda tenía con el Estado local, que todavía aguarda que regularicen su situación otras obras sociales como Osprera, Ioma, Ospecon e Iosfa.

El intendente Cecilio Salazar informó a La Opinión acerca de la novedad e indicó que la obra social había sido intimada por alrededor de 62,5 millones de pesos y que habían advertido que iniciarían acciones judiciales si no pagaban.

La situación más preocupante y urgente pasa por abonar los sueldos a  los más de 50 empleados de la institución y hacer frente a los aguinaldos. Mientras en temporada baja se dedican a las tareas de mantenimiento observan en qué condiciones la comisión anterior entregó las instalaciones.

El presidente del Club de Pescadores, recibió al periodista Augusto Azimonti en la secretaría de la institución y recorrió paso a paso el informe que difundió esta semana.

Javier “Cacha” Arévalo repasó uno a uno los números y anunció que van a proponer a los socios hacer aportes anticipados y analizan organizar una rifa para sacar adelante a la institución que alberga a miles de familias sampedrinas.

El Club de Pescadores y Náutica está atravesando tiempos de mucha tensión en el aspecto dirigencial y financiero. 

El pasado 1 de mayo, Javier Arévalo ganó las elecciones por amplío margen a la listas listas presididas por Gustavo Vlaeminck y Viviana Riquelme que contaban con varios referentes políticos, empezando una nueva gestión al frente de la institución. Los comicios corrieron el peligro de ser pospuestos debido a ‘’irregularidades'' en el padrón, denunciados por Riquelme.

A casi un mes y medio de haber asumido, la nueva comisión del club lanzó un comunicado este jueves alertando a los socios de la preocupante situación económica de la institución. 

En cuanto a la situación económica, hemos heredado una deuda de aproximadamente $80,000,000 de la gestión anterior.

En el desglose de deudas se informa que se le deben pagar altos montos de dinero a AFIP, Banco Francés, Banco Provincia, UTEDYC y a proovedores.  Además, los ingresos esperados por el restaurante Carlos V, que funciona en el club, y el carro de comidas instalado en las canchas de fútbol fueron cobrados anticipadamente por la anterior gestión. Tanto Carlos V como los carros de comida tienen contratos que aún se encuentran vigentes hasta abril de 2028 y diciembre de 2025 respectivamente.

El comunicado cierra con el anuncio del aumento de la cuota social, un ajuste que desde la directiva se esforzaron para no ejecutar.

Una publicación compartida por Club de Pescadores y Náutica de San Pedro (@clubpescadores_sp)

El club cuenta con alrededor de 5000 socios y en sus instalaciones se practican 10 disciplinas sumado a actividades sociales como lo son las colonias de verano.

El plan de regularización de deudas municipales que lanzó el Gobierno y aprobó el Concejo Deliberante llevá más de dos meses de vigencia, con 2760 convenios firmados por alrededor de 85 millones de pesos.

Así lo informaron a La Opinión desde la Dirección de Rentas que conduce Silvio Jaime tras los primeros 60 días, en los que estuvo vigente la quita del 100 por ciento de multas e intereses para quienes abonaran de contado.

La mayoría de los que adhirió hasta el momento aprovechó la posibilidad de saldar sus deudas en un solo pago. Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y Servicios Sanitarios on las tasas que más planes de pago implicaron desde que está vigente la moratoria, que incluye además Seguridad e Higiene (con algunas excepciones como los mínimos especiales), Red Vial y Publicidad y propaganda, hasta el 1 de junio de 2022.

Quien adhiera y quiera pagar al contado, tendrá ahora una quita del 90 por ciento. En cuotas, habrá descuentos pero se aplicarán en cada caso intereses de financiación del 2 y el 2,5 % según corresponda.

Para pagar en tres cuotas, la quita será del 80 por ciento, con el 2 % de interés; en seis, el descuento será del 60 % y también habrá un 2 por ciento extra por la financiación; en 12 cuotas, pagará un 40 por ciento menos de intereses y multas, y el mismo extra.

Quien luego de los 60 días pague en 18 cuotas obtendrá una quita del 20 por ciento y se le aplicará un interés de financiación del 2,5 % mensual. En 24 cuotas, lo mismo.

El Ejecutivo podrá analizar situaciones especiales en las que, ante la imposibilidad fundada de pago, los plazos puedan ampliarse hasta en un 50 por ciento de lo previsto.

El incumplimiento o falta de pago de cuotas implicará la caducidad de los beneficios de la moratoria, aunque el Gobierno podrá evaluar casos considerados “de fuerza mayor” para posibilitar la reinserción al programa.

Comenzó este lunes la adhesión a la moratoria que lanzó el Gobierno municipal para la regularización de deudas por tasas municipales que aprobó el Concejo Deliberante.

El período para acogerse es de 90 días. Hay diversos planes de pago con distintas facilidades y beneficios. Por lo pronto, la adhesión es presencial, mientras resuelven la posiblidad de hacerlo online a través de la web del Municipio.

“Comenzamos bien, la gente se acercó a los planes de facilidad de pago. Tuvimos un pequeño inconveniente de actualización de sistema pero a las 8.20 ya estaba funcionando”, dijo el director de Rentas, Silvio Jaime, al móvil de Radio Cuarentena.

“Esto es presencial en la Municipalidad y cuando se restablezca se podrá hacer en la web”, informó Jaime. La adhesión presencial sólo puede hacerse en Palacio.

Respecto del trámite online, refirió que “hubo inconvenientes porque hay personal de sistemas con problemas de salud”, por lo que todavía no pudieron instrumentar esa posibilidad para los contribuyentes.

“Le pedimos a la gente que se acerque, está abierto a partir de las 8.00 de la mañana para acogerse a este plan, que creo que es una buena herramienta para quqe quienes tengan la intención de ser un buen contribuyente encuntren en este plan facilidades de pago la oportunidad para poder hacerlo”, dijo Jaime.

La moratoria es para deudores de tasas de ABL, Servicios Sanitarios, Seguridad e Higiene (con algunas excepciones como los mínimos especiales), Red Vial y Publicidad y propaganda hasta el 1 de junio de 2022.

Una vez dados de bajo los períodos prescriptos de deuda según la normativa vigente, se acordarán los sistemas de pago. Una condición para acceder será el pago de al menos tres vencimientos de la tasa que quiera regularizar, para luego optar por los planes de pago.

Quien adhiera a la moratoria dentro de los 60 días podrá pagar al contado con una quita del 100 por ciento de los intereses y multas de cada tributo adeudado; también podrá abonar en tres cuotas con una quita del 80 %; en seis, con quita del 60 %.

Si elige pagar en 12 cuotas, tendrá una quita del 40 % un interés de financiación del 2 % mensual; si paga en 18, la quita será del 20 y correrá el mismo interés del 2 %; si paga en 24 cuotas, tendrá un descuento del 20 % de intereses y multas pero con la aplicación de un interés de financiación del 2,5 % mensual.

Quien adhiera luego de los primeros 60 días y quiera pagar al contado, tendrá una quita del 90 por ciento. En cuotas, habrá descuentos pero se aplicarán en cada caso intereses de financiación del 2 y el 2,5 % según corresponda.

Para pagar en tres cuotas, la quita será del 80 por ciento, con el 2 % de interés; en seis, el descuento será del 60 % y también habrá un 2 por ciento extra por la financiación; en 12 cuotas, pagará un 40 por ciento menos de intereses y multas, y el mismo extra.

Quien luego de los 60 días pague en 18 cuotas obtendrá una quita del 20 por ciento y se le aplicará un interés de financiación del 2,5 % mensual. En 24 cuotas, lo mismo.

El Ejecutivo podrá analizar situaciones especiales en las que, ante la imposibilidad fundada de pago, los plazos puedan ampliarse hasta en un 50 por ciento de lo previsto.

El incumplimiento o falta de pago de cuotas implicará la caducidad de los beneficios de la moratoria, aunque el Gobierno podrá evaluar casos considerados “de fuerza mayor” para posibilitar la reinserción al programa.

La pandemia de coronavirus COVID-19 implicó que muchos socios de la cooperativa eléctrica adhirieran a la posibilidad de diferir pagos de facturas, lo que generó deudas que ahora se están regularizando. En ese marco, aparecieron los intentos de estafa.

Tal como sucedió hace dos semanas, desde Coopser advirtieron que hay delincuentes que se hacen pasar por personal de su staff para hacer presuntos reclamos de deudas con el objetivo de obtener datos de las eventuales víctimas.

“No existe ningún tipo de gestión de cobro de facturas atrasadas a través de mensajes de whatsapp, e-mail ni ninguna otra vía”, señalaron desde la cooperagiva.

Informaron a la comunidad que no debe brindar datos personales ni acceder a páginas web que ofrezcan algún tipo de financiación relacionado con la cooperativa, porque “son intentos de estafa”.