El Gobierno municipal intimará a deudores de la tasa por conservación de la red vial que deben al Estado local alrededor de 400 millones de pesos de los períodos que todavía no prescribieron.

Las deudas corresponden a propietarios de inmuebles rurales que son contribuyentes de la tasa de red vial y que deben desde 2019 a 2025.

Los 400 millones de deuda representan alrededor del 25 por ciento del total emitido en esos períodos, que suma unos 1497 millones. Ello da cuenta de una cobrabilidad del orden del 75 por ciento en los últimos seis años.

Entre los deudores hay montos que van de los 800 mil pesos a los 93 millones. La mayoría está entre 1,5 y 6,5 millones de deuda.

En el Gobierno aseguran que será prioridad cobrarles a grandes deudores, no sólo de tasa de red vial sino también de Servicios Sanitarios y ABL.

En muchos casos, los contribuyentes ya fueron notificados e intimados, por lo que Rentas está en condiciones de iniciar las acciones judiciales de apremio correspondientes.

A siete años de la implementación de la última moratoria municipal para deudores de tasas, el Gobierno local envió un proyecto al Concejo Deliberante para lanzar lo que denominaron un “plan de facilidades de pago” para que los contribuyentes regularicen su situación.

La última moratoria fue aprobada en tiempos de Guacone y la implementó Giovanettoni durante el interregno en el que le tocó hacerse cargo del Ejecutivo por la renuncia del intendente. La que propone ahora Ramón Salazar, tiene a la pandemia como argumento fundamental.

El Gobierno reconoció que la pandemia provocó “desestabilización económica a nivel general y desfinanciamiento del Estado”, puesto que durante el confinamiento la paralización de actividades repercutió en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El objetivo, señalaron en el proyecto, es “posibilitar la recuperación de aquellos contribuyentes que tuvieron que postergar” el pago de tasas, por lo que propusieron al Concejo Deliberante la aprobación de una moratoria, proyecto que los ediles ya estudian en comisión.

El “programa de regularización de obligaciones tributarias” alcanzará a deudores de tasas de ABL, Servicios Sanitarios, Seguridad e Higiene (con algunas excepciones como los mínimos especiales), Red Vial y Publicidad y propaganda hasta el 1 de junio de 2022.

La moratoria incluye las deudas que estén en ejecución judicial y no tengan sentencia firme, cuyos titulares deberán abonar costas judiciales y honorarios profesionales correspondientes.

Una vez aprobada la ordenanza, los contribuyentes tendrán 90 días para acogerse. Una vez dados de bajo los períodos prescriptos de deuda según la normativa vigente, se acordarán los sistemas de pago. Una condición para acceder será el pago de al menos tres vencimientos de la tasa que quiera regularizar, para luego optar por los planes de pago.

Quien se adhiera a la moratoria dentro de los 60 días podrá pagar al contado con una quita del 100 por ciento de los intereses y multas de cada tributo adeudado; también podrá abonar en tres cuotas con una quita del 80 %; en seis, con quita del 60 %.

Si elige pagar en 12 cuotas, tendrá una quita del 40 % un interés de financiación del 2 % mensual; si paga en 18, la quita será del 20 y correrá el mismo interés del 2 %; si paga en 24 cuotas, tendrá un descuento del 20 % de interese sy multas pero con la aplicación de un interés de financiación del 2,5 % mensual.

Quien adhiera luego de los primeros 60 días y quiera pagar al contado, tendrá una quita del 90 por ciento. En cuotas, habrá descuentos pero se aplicarán en cada caso intereses de financiación del 2 y el 2,5 % según corresponda.

Para pagar en tres cuotas, la quita será del 80 por ciento, con el 2 % de interés; en seis, el descuento será del 60 % y también habrá un 2 por ciento extra por la financiación; en 12 cuotas, pagará un 40 por ciento menos de intereses y multas, y el mismo extra.

Quien luego de los 60 días pague en 18 cuotas obtendrá una quita del 20 por ciento y se le aplicará un interés de financiación del 2,5 % mensual. En 24 cuotas, lo mismo.

El Ejecutivo podrá analizar situaciones especiales en las que, ante la imposibilidad fundada de pago, los plazos puedan ampliarse hasta en un 50 por ciento de lo previsto.

El incumplimiento o falta de pago de cuotas implicará la caducidad de los beneficios de la moratoria, aunque el Gobierno podrá evaluar casos considerados “de fuerza mayor” para posibilitar la reinserción al programa.