Bajo la consigna "Por la defensa del IPS y nuestra jubilación", trabajadores y jubilados de la provincia de Buenos Aires iniciaron una fuerte campaña de reclamo dirigida al Gobierno nacional y a la Anses.

El documento denuncia el incumplimiento de las leyes vigentes y la retención ilegal de fondos que pertenecen al Instituto de Previsión Social IPS).

El conflicto reside en una deuda que supera los 2 billones de pesos. Según el texto difundido, desde diciembre de 2023 se ha omitido deliberadamente la transferencia de un total de 22 billones de pesos a las provincias, de los cuales un 10 % corresponde específicamente al sistema previsional de la provincia de Buenos Aires.

Sostienen que el "ahogo financiero" tiene un objetivo claro: “Hundir al Instituto de Previsión Social (IPS) en un déficit artificial para forzar una modificación de las condiciones jubilatorias". 

"Buscan adueñarse de la totalidad de los fondos de nuestra Caja, poniendo en riesgo el destino de los actuales y futuros jubilados", advierte el comunicado.

La proclama ratifica la defensa irrestricta del IPS como un sistema público, solidario y de reparto. Los aportantes —tanto activos como pasivos— exigen la devolución inmediata de los fondos retenidos como única vía para garantizar el resguardo de sus derechos y la estabilidad de la caja provincial.

En San Pedro la recolección firmas está a cargo los gremios estatales, quienes se suman a la campaña que se viene llevando a cabo en los 135 distritos bonaerenses.

Los profesionales nucleados en Cicop —médicos, profesionales de la salud y otros incluidos en carrea médico hospitalaria— resolvieron en asamblea hacer un paro el lunes por 24 horas en el marco del reclamo por sumas adeudadas, luego de no alcanzar acuerdo con el Gobierno en el Ministerio de Trabajo.

Cicop se había declarado en estado de alerta luego de rechazar la propuesta del Ejecutivo de pagar en siete cuotas, de noviembre a mayo, los más de 350 millones de pesos de deuda que mantiene con los médicos por retroactivos de febrero, marzo, mayo y julio, y de los aumentos sin aplicar de agosto y octubre.

El miércoles volvieron a encontrarse y el Gobierno no aceptó la contrapropuesta del gremio, que planteó que el plan de pago no supere enero, lo que implicaría tres cuotas de 91 millones, 163,2 millones y 132 millones de pesos, respectivamente.

Los representantes del Ejecutivo señalaron en la audiencia que el Estado local no está en condiciones financieras de afrontar el pago de 386 millones de pesos de aquí a fin de año. Simplemente porque "no hay plata" ni manera de "fabricarla".

El impacto sobre la masa salarial de los sueldos de los 268 empleados incluidos en carrera médica hospitalaria es mayúsculo. En septiembre, entre salarios y guardias (casi en partes iguales) se pagaron en total 732 millones de pesos.

A ese número, que es el que obra en el expediente en el Ministerio de Trabajo, hay que sumarle la aplicación de un 4 por ciento que se liquidó para el pago de sueldos que, prometió el Gobierno, se haría efectivo este viernes.

Sin contarlo, con los 386 millones que propuso Cicop cobrar para fin de año, el Municipio de San Pedro superaría los 1100 millones de pesos a pagar al personal de carrera médico hospitalaria, a razón de, promedio, alrededor de 4,2 millones de pesos por cada uno de los 268 empleados.

Como bien dijo el secretario de Economía, Roberto Borgo, cuando La Opinión le consultó en otras oportunidades sobre la deuda con los médicos, los acuerdos salariales firmados con Provincia "no se discuten", pero para aplicarlos hay que tener los recursos.

"El Municipio ha buscado no prometer cosas que no podemos pagar", como sostuvo Borgo en julio ante este medio. La tesitura que llevaron esta semana al Ministerio de Trabajo fue la misma.

Al cierre del primer semestre, el sistema de salud pública en San Pedro tiene un déficit de más de 2500 millones de pesos en su funcionamiento. El dinero que ingresa por coparticipación y recupero de obras sociales no alcanza.

Contando Plan Sumar, ingresaron 5100 millones. La inversión en salud superó los 7600 millones. La cuenta no cierra y al servicio hay que prestarlo sí o sí.

La negociación entre el Gobierno y Cicop está trabada porque desde Palacio aseguran que no podrían cumplir con otro plan que el que propusieron y los médicos no están dispuestos a esperar siete meses para que les salden esa deuda.

Todo empeora si se tiene en cuenta que Provincia y el gremio volverán a debatir aumento para el último tramo del año, que también el Municipio estará obligado a aplicar. 

Además, el Estado local debe pagar aguinaldos a médicos y al resto del personal de planta, que también quiere aumento. El cierre de 2025 será turbulento para la gestión Salazar.

La deuda de una cuota por los servicios sociales, por tan solo un mes de mora, significó un aumento del 74,09% sobre el monto original, cuando la “tasa anual” del Banco Nación es del 71% para un préstamo personal.

Así aplica los recargos la CoopSer, justificando que de por medio existe la notificación, llevando el monto final a un valor tan inusitado como disparatado, que tal vez algún otro calificaría con mayor severidad.

El caso refiere a un hecho particular, un nuevo contrato por el servicio social (cobertura de seguro de vida y sepelio, nada más) que la Cooperativa presta, supuestamente, con los fines “sociales” que persigue su estatuto.

La primera cuota que debía abonarse, para desandar el camino hacia la cobertura, venció el 6 de diciembre de 2024. El monto a abonar era de $ 5.538,91.

Como no se canceló en término, existió una segunda oportunidad para el pago (igual a las facturas de consumo energético), que venció el 20 de diciembre, por $ 5.663,04.

Nada justifica el atraso. El primer pago del servicio quedó en mora y llegó el segundo que vencía el 13 de enero de 2025 por $ 5.537,91. Este se saldó correctamente por vía informática. Pero, junto a la factura llegó un “Aviso de Deuda” por el mes (tan solo un mes) que no se pagó. En su texto rezaba que “la no regularización de su situación implicará la suspensión del suministro de energía eléctrica”. Nada que ver con los servicios sociales, pero se entendía que se trataba de una intimación. Ese “Aviso de deuda” es el mismo que se utiliza con costo al asociado en los casos de corte de suministro, un monto que nunca se discute.

Para dejar las cuentas al día, se recurrió a las oficinas de la CoopSer. Al llegar a la caja, con todo el papelerío, se procedió a abonar la deuda. El cobro fue con el monto del segundo vencimiento ($ 5.853,77) más el recargo por la notificación (así se consignó) de $ 3.789,28. Total $ 9.643,05, un 74,09% por encima del valor original 37 días después.

¿Qué ocurriría si alguien que, a duras penas trata de mantener la cobertura, se atrasa en el pago? Por el espíritu social que impera en la Cooperativa en estos tiempos, no lo perdonarían e inmediatamente sería intimado con un recargo abusivo, del que señalan que se trata de “los ajustes correspondientes”. Además de quedar bajo “amenaza” de ver cancelada la prestación.

Es decir, de solidaridad ni hablemos, más allá de que los socios tienen derechos, y también obligaciones… la de enfrentar un sistema cooperativo que opera con mayor voracidad que una empresa privada.

La Municipalidad y Osprera acordaron regularizar la deuda que la obra social mantiene por la prestación de servicios en el Hospital Subzonal San Pedro.

El convenio fue suscripto con la intervención que en estos momentos administra Osprera, y asegura la continuidad de las prestaciones médicas que generaron una situación deficitaria a la salud pública.

La deuda alcanza los $ 171.455.910,31. De estos, Osprera ya efectuó el primer desembolso por $ 99 millones.

El monto corresponde a los años 2022, 2023 y parte de 2024. No obstante, desde el Municipio aclararon que en ningún momento se interrumpieron las prestaciones. En el sector privado no sucedió lo mismo y en las oficinas de la obra social, las dificultades fueron denunciadas por distintos pacientes.

El resto de la deuda será abonada en tres pagos mensuales de más de $ 14 millones durante febrero, marzo y abril, totalizando aproximadamente 144 millones de pesos. 

En cuanto al saldo de $ 30 millones, será auditado en conjunto con las prestaciones actuales brindadas desde el Hospital, que serán abonadas una vez finalizado dicho proceso.

La ocasión resultó propicia para que el Departamento Ejecutivo anuncie que “estos fondos permitirán avanzar con el inicio de la obra de los nuevos consultorios externos del Hospital, mejorando así la infraestructura del nosocomio”.

El Club de Pescadores fue noticia en esta última semana tras lanzar un comunicado sobre su  situación financiera y las deudas que la actual comisión dice haber heredaro de la gestión anterior.

El vicepresidente Néstor Pérez, que actualmente se encuentra en uso licencia por diferencias con la comisión entrante, habló en exclusiva con La Opinión y disparó fuertemente contra Javier Arévalo, actual presidente y ex tesorero de la gestión anterior. Aunque parezca difícil de explicar ambos compartieron responsabilidades en la gestión anterior y en la presente.

“Con Arévalo tengo mucha bronca”, dijo Néstor Pérez y agregó: “la deuda siempre existió y siempre estuvo desfasada”

Además agrega a que sus declaraciones constituyen ‘’una puesta en escena'' de esta comisión ya que ‘’no toda la deuda es cierta'' e hicieron el comunicado solo para mal obrar contra la anterior conducción.

Javier ‘’Cacha'' Arévalo habló el sábado en Sin Galera. Hasta hace casi un año se desempeñó como tesorero durante el mandato de Gustavo Vlaeminck donde también compartió espacio con Pérez quien lo define como una persona ‘’particular'' y que era consciente de la situación financiera e institucional antes de asumir como presidente. 

En las elecciones del pasado 1° de mayo, Arévalo se impuso con amplia diferencia a las otras dos listas y Pérez se lo atribuye a la cantidad de votos que sacó por el apoyo de la gente del fútbol interno y por su ‘’promesa'' de no aumentar la cuota.

Sobre la situación del cobro anticipado de los contratos de Carlos V y el carro de comidas de las canchas de fútbol, el vicepresidente dice que el dinero que aportó el restaurante se “usó pura y exclusivamente para pagar los aguinaldos de los empleados” mientras que el contrato del puesto gastronómico del fútbol interno aún no se cobró. Cabe aclarar que la extensión de los vinculos es hasta abril de 2028 en el caso de Carlos V y diciembre de 2025 por parte del carro gastronómico. 

Sobre el final de la nota, Pérez le deja un mensaje a los socios diciendo que le ‘’den una mano a la comisión'' y que la solución para este momento no es ''borrarse'' para no pagar más la cuota.

“Lo que está bien, se pagará; lo que no, no”, dijo el Secretario de Economía en el programa Sin Galera y para responder a la productora que lideran los empresarios que fueron contratados por el municipio durante las últimas temporadas.

Tanto durante la gestión de Cecilio Salazar como en la de Ramón Salazar y con Marcela Cuñer al frente del área, desfilaron artistas en diferentes escenarios, obras de teatro al aire libre tras la pandemia y menciones en radios y programas de televisión nacional.

“Bajo ningún punto de vista esta persona se va a llevar un solo peso más de lo que corresponde”

Las diferencias se produjeron tras el regreso al cargo a fines del mes de marzo cuando comenzaron a revisar la situación económica y financiera del municipio. La fecha de carnaval y la Fiesta de la Batata habían sido “la gota que rebalsó el vaso” en la relación del jefe comunal titular y el interino.

Los contratos de las comparsas de los que ya se hablaba en diciembre no habían sido cumplidos. Marí Marí fue reemplazada por Camba Cuá y aún restaba pagar un 50% de los contratos que se habían firmado. A ello se le sumó una pretensión de la productora por “promoción de la marca San Pedro” en medios nacionales.

Esta semana Cupitó advirtió que al no poder hacer frente a los compromisos con los artistas y verse obligado a enviar una carta documento para intimar el pago, la comuna -los sampedrinos- iban a tener que pagar el triple.

“No es lo mismo contratar a River y Boca para jugar un clásico y que después venga otro equipo”

Durante la nota la periodista consultó por montos y detalles, también hizo el cálculo de cada monto en dólares para determinar la dimensión que representan las órdenes de compra y quienes son los responsables de haberlas firmado ya que esa documentación no fue oficializada.

Recordó que mantuvo una reunión con los reclamantes en las que llegaron con importes mayores por servicios que no habían sido contratados incluida la mención de “tres carrozas” que habían prometido para los corsos para los que se les habían adelantado 900 mil pesos.

La rendición de cuentas del año 2022 es clara y precisa: los contratos de Cupitó Venencio Producciones sumaron 6.298.000 pesos. A ellos hay que agregarles una factura de 2.420.000 a nombre de Venencio y otra de 130.000 pesos para Alejandro Cupitó. En total, la Secretaría de Turismo y Cultura dispuso de 8.848.000 pesos por la prestación de servicios que inlucía “el posicionamiento” de la ciudad como destino turístico.

En los tres primeros meses de 2023, con las comparsas de carnaval, el Show del Talento y otras presencias estelares, la cifra casi se duplicó y pese a que la administración no cumplió con la promesa de dar a conocer las cifras de contratación, La Opinión pudo saber algunos de los detalles que hacieron que la semana pasada en una reunión se les informara a los acreedores que tendrán que esperar su turno para recibir los pagos que se les adeudan.

Una noticia de la ciudad de Gualeguachú, encendió el alerta sobre la responsabilidad de la productora en los carnavales de esa ciudad. Hubo denuncias cruzadas por incumplimientos y el propio Cupitó rompió el silencio en Sin Galera para explicar lo ocurrido y anunciar que demandarán a los organizadores por las irregularidades que se produjeron en el marco de la prestación del servicio de producción comercial.

En principio se había pensado que aquello que no cobraron en San Pedro era lo que no se pagó en Entre Ríos pero no fue así. Se sabe que tras el alejamiento de Marcela Cuñer y Ramón Salazar, la demora en el pago a proveedores obedece a una decisión política: “primero que cobren los proveedores sampedrinos y después vamos charlando con cada uno”, fue la orden que Cecilio Salazar impartió a su secretario de Economía.

La semana pasada hubo reunión y no fueron pocos los intercambios entre las pretensiones de Cupitó y su socio Venencio y la voluntad de los funcionarios locales. En lugar de Papelitos vino Cambacuá y no llegaron las carrozas de Marí Marí que figuraban en el contrato. Para comparsas había cerca de seis millones de pesos, otros cuatro para los espectáculos satélite como el Show de Talentos y Anita Martínez, seis compromisos de pago de 600 miles pesos cada uno y sin confirmar quedan ocho millones que debían destinarse al pago de la promoción nacional de la “marca San Pedro”.

“El programa de Intrusos, por portales de internet nacionales que se vienen haciendo para posicionar a San Pedro año tras año, móvil en Telefe en San Pedro, el año pasado se han hecho 3 contratos”, explicó Cupitó a la hora de describir la tarea de posicionamiento que comenzaron hace tres años atrás en la ciudad.

“Yo igual no quiero hablar mucho de eso porque es tema sponsoreo y eso lo maneja Facu, mi socio, pero había contratos como el de Anita Martínez; está también el contrato de Talentos, que fueron más de 15 artistas, ya que iban cambiando los jurados todos los findes de semanas, siempre con la estrategia, con la intención de que cada persona que es jurado sea de algún medio de comunicación de nivel nacional, como Mario Massaccesi”, ejemplificó el productor que apunta a continuar prestando servicios a la comuna.

“La parte de comunicación con la municipalidad y de contratos y demás lo maneja todo Facu, que él es abogado y él entiende, yo me dedico a lo artístico, vamos por Carmen, vamos por Polino o vamos por quién sea, por estos artistas barra periodistas, que a su vez ayudaba a esto de San Pedro”, aclaró respecto a los artistas, conductores o trabajadores de prensa que se refieren a las propuestas turísticas de la ciudad.

“Yo recuerdo bien que Marcela Cuñer me había dicho que nosotros empezáramos a difundir a San Pedro, que empezó hace 3 años con Costita (N.de la R.: por Costa) que estaba en la radio hablando todo el día de San Pedro, de radio 100 que es la radio más escuchada del país, con Santiago del Moro a la mañana, que se hablaba de San Pedro y se ha hecho un móvil acá en “Cortá por Lozano” difundiendo el destino y eso tiene un costo obviamente, que es a lo que nosotros venimos apostando”, señaló en torno a lo que cuesta “mover un móvil de Telefé”.

Durante el resto de la entrevista se explayó sobre las posibilidades de pago que están dispuestos a otorgar tanto en plazos como en la recepción de valores a fecha porque la intención no es demandar ni intimar a la comuna. Cupitó habló también de su rol en la conducción de fiestas especiales y la colaboración que ha prestado para otros eventos.

Esta tarde en Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales quedaron aprobados los aumentos propuestos por la gestión Salazar para todas las tasas y contribuciones vigentes en la Ordenanza Fiscal Impositiva.

La voz del oficialismo que otrora fue oposición, se escuchó para fundamentar el aumento en relación a la crisis sanitaria que azota al planeta desde hace casi dos años. “Es el estado el que se hizo cargo”, dijo Juan Cruz González respecto a la justificación del incremento generalizado y al endeudamiento que por más de 90 millones de pesos mantiene la comuna con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Luego y por primera vez, ediles del Bloque Juntos UCR que dejaron ahora de ser oficialistas propusieron una variante para la Tasa de Publicidad y Propaganda con la intención de eximir a los comercios y empresas de San Pedro que están atados al contrato que el municipio celebra anualmente con Tip SA, una empresa tercerizada que se encarga no solo de cobrar a los contribuyentes locales, sino que se ocupa de los cánones de la cartelería urbana y del uso de espacio aéreo de antenas.

Primero Alejandro Donatti, luego Paola Basso, el edil Lucas Pisani y por último Hugo Binimelis se encargaron de objetar los artículos referidos a ese ítem y otros como la tasa para la habilitación de industrias y comercios, y multa por derechos de construcción no declarados, y alegaron también que para próximos ejercicios la ciudad se debe una readecuación de las normas que regulan los aportes que implican contraprestaciones a los vecinos.

“Tal vez una sola tasa por propiedad u otra modalidad”, refirió Donatti a la hora de buscar una alternativa más equitativa y más simple de administrar que la actual a la luz de lo deficitaria que resulta la recaudación en torno a servicios imprescindibles como la recolección de residuos, el alumbrado público y los servicios sanitarios.

Cuando fue el turno de los Mayores Contribuyentes, la voz de la profesora Liliana Montero llevó preguntas a “algún miembro informante” (ver nota aparte) y sólo respondió la presidenta del cuerpo, Mónica Otero, con tono molesto por las cuestiones que la ciudadana consultó antes de expresarse con su voto negativo junto a otros cuatro pares que se inscribieron voluntariamente para representar a la población.

Desde el sueldo de casi 700.000 pesos del intendente -que ahora también cobrará Otero por los días de licencia que se tome el interino Ramón Salazar- a ordenanzas como la del “presupuesto participativo” que están vigentes pero no se cumplen, formaron parte del discurso de quien el año pasado ya había sido calificada como “cuatro de copas” por animarse a poner en jaque a varios integrantes del cuerpo que desconocen el contenido, la importancia y los puntos finos de la norma que rige la economía del partido de San Pedro.