La policía del destacamento de la localidad de Río Tala detuvo en la vía pública a un vecino condenado por delitos relacionados con la venta de drogas.

Identificado como Carlos David García, de 52 años, fue apresado tras la orden de detención emanada por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás para que cumpla la condena impuesta.

Así, los efectivos lo detuvieron en un domicilio de calle Güemes de Río Tala y lo pusieron a disposición de la Justicia.

El detenido fue trasladado a la Comisaría local, donde quedó alojado en una celda del sector de calabozos a la espera de que el Servicio Penitenciario informe cupo de alojamiento en una cárcel.

Un hombre de nacionalidad brasileña y otro con domicilio en Lomas de Zamora fueron detenidos el jueves por la madrugada en ruta 1001, cuando ingresaban a San Pedro con un kilo de cocaína escondido bajo la consola de un Toyota Corolla blanco.

El brasileño no era un desconocido para la ciudad: identificado como Rafael Rodrigues, está radicado en San Pedro desde que llegó al país para trabajar en las empresas de su padre de crianza, José Luiz Lima Ricardo, uno de los dueños de Coplac.

Rodrigues llegó a la Argentina primero para ocupar un cargo en la planta que esa empresa de capitales brasileños tenía en la provincia de Córdoba. 

Luego fue derivado a San Pedro, donde era gerente de ventas y tenía a su cargo todas las negociaciones con las terminales automotrices a las que Coplac les comercializaba las alfombras que fabricaban en la planta local.

En esa fábrica, Rafael Rodrigues se enamoró de una empleada. Correspondido, formó pareja y hasta tuvo una hija. Con esa mujer convivía cuando un auditor que Coplac envió de Brasil informó a los dueños que había que detectado el presunto desvío de fuertes sumas de dinero de la empresa.

Eso fue un tiempo antes de que Coplac decidiera despedir a todo su personal y cerrar su fábrica en San Pedro en medio de la crisis económica de 2018. El presunto faltante de dinero estaría relacionado con problemas de adicciones a las drogas. Fue desvinculado, pero siguió en San Pedro, con su familia.

Rodrigues ya había tenido conflictos con algunos personajes locales vinculados al submundo de la comercialización de estupefacientes, de esos que tienen negocios irregulares a la vista de todos, en espacios públicos tomados y con conexiones clandestinas a la electricidad que constantemente vuelve a enganchar cuando Coopser lo desconecta.

En ese momento, profesionales allegados a Coplac y exintegrantes de las fuerzas de seguridad intercedieron por él. Había tenido amenazas de muerte e intentos de agresión. 

Luego, recompuso la relación con sus acreedores y no falta quienes dicen que hasta habría trabajado para ellos en actividades vinculadas a la que ahora lo mantienen detenido.

A esas actividades ilegales habría comenzado a dedicarse tras dejar de trabajar con la familia de su ahora expareja. Ya separado, vivió en la zona del barrio 1° de Mayo y últimamente en el Futuro. Se lo veía como remisero, una tarea que no habría sido otra cosa que una pantalla para otras cosas.

De los años de Coplac muchos lo recuerdan porque le gustaba jugar al fútbol e ir a la cancha. Incluso invitaba gente a que lo acompañe a un palco para ir a ver a Boca. Solía participar en los torneos internos del club de Pescadores.

También le gustaba pescar. En esas incursiones en la isla habría comenzado su relación con las drogas, invitado por empleados de la fábrica que aprovechaban que el jefe "pagaba todo", lo que incluiría esos otros vicios.

En las investigaciones relacionadas con el ingreso de drogas a San Pedro para entregar en búnkeres donde se preparan las dosis que son vendidas al menudeo lo tendrían señalado por sus constantes viajes a Lomas de Zamora, distrito del sur del conurbano de donde es oriundo el otro detenido.

"Era un pibe sano, normal. Pero el tema de las adicciones lo cambió, ahora estaba muy flaco, deteriorado", aseguran quienes lo conocieron desde que llegó a San Pedro. "Le gustaban los autos, la velocidad", contaron.

El Toyota Corolla blanco en el que fue detenido el jueves por la madrugada circulaba a altísima velocidad por ruta 1001 y no paró cuando los efectivos de la división Drogas Ilícitas de la policía intentó interceptarlo.

Para detener a sus ocupantes, hubo una persecución. Tras obtener el ladrillo de  un kilo de cocaína de máxima pureza que llevaban escondido en el auto, hubo un allanamiento en Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez, donde secuestraron una bolsa con 5 millones de pesos presuntamente destinados a pagar esa droga.

La causa tramita en la órbita de la Fiscalía n.° 1 de San Nicolás, que conduce Verónica Marcantonio, especializada en cuestiones relacionadas con la comercialización de estupefacientes en el departamento judicial al que pertenece San Pedro.

La denominada causa El Clan, que tiene a ocho personas acusadas de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas con el dueño del restobar céntrico de ese nombre como presunto jefe, fue elevada a juicio.

El expediente recayó en el Tribunal en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás, integrado por Laura Fernández, Belén Ocaris y Cristian Ramos, y esta semana comenzó el ofrecimiento de prueba camino al debate.

Los imputados son seis varones y dos mujeres: Miguel Angel Briceño,  Alejo La Horca, Sebastián Mando,  Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay y Jeremías Ezequiel Zacarías; Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra.

Todo están acusados de formar parte de la banda, cuyos líderes, según la acusación, eran Briceño y La Horca, aunque de ellos dos sólo el primero llega al juicio detenido, puesto que al otro le habían dictado falta de mérito, al igual que a Sebastián Mando.

La Fiscalía n.° 1 que conduce Verónica Marcantonio lleva al juicio la acusación contra Briceño y La Horca de proveer al resto de cocaína y marihuana para su comercialización al menudeo en San Pedro.

Esa actividad fue detectada por la investigación al menos entre el 28 de diciembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, fecha en la que se produjeron los 16 allanamientos que permitieron desbaratar la banda.

A Briceño lo acusan de ser el cabecilla, con el restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, en pleno centro de la ciudad, como pantalla. En su casa, ubicada en San Martín al 1400 secuestraron dos ladrillos de marihuana que arrojaron un peso de un kilo con 162 gramos y cinco envoltorios de cocaína, que pesaron 135 gramos.

Además, incautaron celulares; una computadora; dinero en efectivo en dólares, pesos y reales brasileños. En uno de los autos que usaba Briceño pusieron un rastreador para detectar sus movimientos. En su defensa, dijo que la droga “se la pusieron”.

A Alejo La Horca lo allanaron en Maestro Reyna al 1100. En su casa secuestraron una balanza, un envoltorio con 10,5 gramos de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En su defensa, La Horca dijo que la droga no le pertenecía, sino que era de un vecino que tiene problemas de adicciones y que con Briceño lo unía un vínculo relacionado con la venta de celulares.

También dijo que las veces que usó el BMW X6 del dueño de El Clan, un automóvil valuado en más de 40 mil dólares, se lo había pedido prestado "para hacerse el lindo" y "hacerse ver con las amigas".

En la casa de Nancy Lescano y su hija Alejandra Pereya, ubicada en Dávila al 500, secuestraron 48 envoltorios de cocaína fraccionada listos para la venta, que arrojaron un peso total de 17,8 gramos, una balanza y celulares.

La causa comenzó con una denuncia anónima contra Jeremías Garay, en cuyo marco la investigación permitió establecer que era Briceño quien le proveía las drogas y derivó en el seguimiento del resto de los integrantes de la banda.

Garay recibió el beneficio de arresto domiciliario y su pareja dijo que no tenían "nada como para decir que vendía drogas", al tiempo que aseguró que "no encontraron nada de nada" y que llegado el momento iba a hablar de “la corrupción de los políticos, la policía, de todos”.

Según obra en el expediente, en su casa de Libertad al 800 secuestraron 45 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta que pesaba 11 gramos, además de "material de estiramiento".

Jeremías Zacarías, reconocido delincuente del Bajo Puerto que quedó parapléjico en un enfrentamiento a los tiros en ese barrio y que cumple condena con arresto domiciliario, también forma parte de la banda y su caso se resolverá en juicio de trámite abreviado.

Zacarias, que tiene domicilio en el poste 27 de la calle Vapor Correo Nacional, fue allanado por la División Drogas Ilícitas de la policía. En su casa secuestraron 51 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un peso de 20 gramos, y una escopeta calibre 16 doble caño.

A Daniel Mitacek lo allanaron en el poste 22 del Bajo Puerto. Le secuestraron 11 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, que pesaba 136 gramos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y una pistola Taurus calibre 40 cargada.

Sebastián Mando fue considerado prófugo de la Justicia porque no estaba en su casa la madrugada de los allanamientos. Lo detuvieron algunos días después. 

En su declaración dijo que las plantas de marihuana secuestradas en su casa eran para consumo personal y que aparecía en los movimientos de cuentas bancarias de Briceño por cuestiones relacionadas con su trabajo como mecánico.

El Tribunal en lo Criminal n.° 1 debe disponer fecha para el debate oral y público en el que se ventilarán los hechos relacionados con la denominada banda de El Clan, acusada de vender drogas en San Pedro.

Marcelo Ramírez, detenido la semana pasada tras una investigación que comprobó que vendía drogas en su casa de 11 de Septiembre 1350, había estado involucrado en el famoso caso Lux, boliche en el que un joven incrustó su auto tras ser echado y golpeado por patovicas.

Ramírez, a quien investigaron en la causa por drogas tras secuestrarle el celular luego de una denuncia por abuso sexual infantil intrafamiliar, era uno de los patovicas que le pegó al conductor del Clio que terminó con el coche adentro del local bailable de Pellegrini al 400.

El joven fue uno de los que quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona cuando le pegaban al muchacho tras expulsarlo del boliche. Además de las lesiones, los patovicas fueron imputados por robo, porque el joven le faltaron la billetera y otras pertenencias.

Ramírez, patrocinado por el abogado Mauricio Gugger, había logrado ante la Justicia una probation o suspensión de juicio a prueba, de manera tal que evitó ir a juicio y tenía que cumplir una serie de requisitos para que esa causa no le quedara como antecedente.

Fue detenido el jueves pasado por la División Drogas Ilícitas, que allanó su casa tras la investigación por la venta de estupefacientes. En su domicilio secuestraron cocaína y marihuana fraccionada y lista para la venta, y un trozo compacto de cocaína para fraccionar.

La investigación que la División Drogas Ilícitas llevó adelante para detener este jueves a un joven acusado de comercialización de estupefacientes en una vivienda de 11 de Septiembre 1350 comenzó con una denuncia por abuso sexual.

A Marcelo Ramírez le habían secuestrado el celular luego de que el año pasado lo denunciaran por el presunto abuso de una menor de edad del entorno familiar próximo.

Cuando abrieron el teléfono en la pericia se encontraron con una serie de chats que despertaron la sospecha acerca de la venta de drogas. Desde "tengo tantos gramos" a "puedo darte tanta plata y una campera". De ese tenor eran las conversaciones.

Fiscalía aplicó la doctrina del hallazgo casual razonable, conocida en la jerga judicial como "doctrina plain view (vista plana, en inglés)", que permite la incorporación de evidencia vinculada a un delito distinto al que autorizó el registro inicial.

Así, dispusieron el inicio de una investigación que llevó adelante el personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense que incluyó el seguimiento para establecer que efectivamente los movimientos en la vivienda del imputado eran compatibles con el delito de venta de drogas.

Marcelo Ramírez fue aprehendido este jueves en un allanamiento que tuvo lugar en su domicilio, ubicado en 11 de Septiembre 1350, donde secuestraron cocaína y marihuana fraccionada en envoltorios listos para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

En su declaración indagatoria, Ramírez dijo que ese teléfono que le secuestraron en la causa por abuso y que contenía los chats que derivaron en la investigación por drogas no era suyo.

De la misma manera, aseguró que la droga secuestrada en su casa no le pertenece y sostuvo que era de su compañero de vivienda, que tiene problemas de adicciones.

Además, allanaron la vivienda de su novia, ubicada en Dávila al 700, una joven docente de primaria que no fue vinculada a la causa por venta de drogas y en cuyo domicilio secuestraron una escopeta recortada calibre 14.

Marcelo Ramírez fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y también por "comercialización de estupefacientes", distinción que establece, para el segundo delito, que no es necesario el hallazgo de drogas para probar la venta, porque hay evidencia que permite establecerlo.

Una investigación de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense permitió desbaratar un "kiosquito" de drogas y secuestrar cocaína valuada en alrededor de 2 millones de pesos.

Fiscalía recibió datos que indicaban que un sujeto, identificado como Marcelo Ramírez, comercializaba estupefacientes en la zona de 11 de Septiembre 1350, donde tiene su domicilio.

La investigación logró recopilar información relevante para la causa, que incluyó seguimiento, análisis de conversaciones de WhatsApp y escuchas telefónicas.

Así, la Justicia tuvo los elementos suficientes para autorizar los allanamientos, que tuvieron lugar en el domicilio del sindicado como responsable del delito y en la casa de su pareja, en Dávila al 700.

En la vivienda del acusado hallaron cocaína fraccionada y lista para su comercialización en pequeñas dosis, así como envoltorios con marihuana, también preparados para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

Además, secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación del caso. En la casa la pareja del aprehendido incautaron una escopeta recortada calibre 14.

La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, ante quien deberá prestar declaración indagatoria el imputado.

En horas del mediodía de este miércoles, en la Comisaría local se recibió un llamado procedente desde el Hospital Ruffa, dando cuenta de una situación sospechosa.

Personal del nosocomio observó que una pareja que manipulaba un elemento, similar a un arma de fuego corta o de puño.

Tras abordar al lugar, la policía constató que los sospechosos, una mujer de 31 años de edad y un hombre de 30 tenían en su poder dos mochilas con diversos elementos dentro.

En el interior de uno los bolsos había un revólver calibre 32 largo, con una munición en su tambor y trozos compactos de ladrillos de cocaína. También una balanza de precisión, dispositivos de corte, 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo por más de $ 250.000.

Los elementos fueron secuestrados por el personal y la Fiscalía Nº 7 tomó intervención en el caso, disponiendo la aprehensión de ambos sujetos, que ahora están imputados por comercialización de estupefacientes y por tenencia de arma de fuego.

Tuvo lugar este lunes en San Nicolás la audiencia para definir si siguen detenidos los acusados por venta de drogas en el marco de la causa conocida como "El Clan", por el titular de ese restobar del centro de San Pedro, Miguel Ángel Briceño, sindicado como cabecilla de la banda.

El juez de Garantías tiene cinco días para resolver si los mantiene en la cárcel mientras se sustancia el proceso que los llevará a juicio o si los deja en libertad hasta tanto llegue esa instancia definitoria.

La Fiscalía que conduce Verónica Marcantonio pidió que los seis detenidos continúen tras las rejas porque consideró que hay elementos de prueba suficientes como para establecer que podrían fugarse o entorpecer el buen desarrollo de la causa, en la que todavía queda prueba por producir.

Los abogados defensores de los acusados solicitaron que se deniegue el pedido de la fiscala y expusieron sus argumentos a favor de la libertad de los imputados para que dejen las celdas en las que están alojados mientras avanza la investigación.

Todos, tanto los abogados particulares —al menos Briceño tiene a Hugo Lima (h) como defensor y Mando, a Sofía Sanjurjo— como el oficial se opusieron a la prisión preventiva y el juez se va a tomar los cinco días que tiene para decidir.

El caso de Briceño es el más complicado, porque fue sindicado como cabecilla de una banda dedicada al narcomenudeo, con el restobar El Clan como pantalla.

Entre el resto de los detenidos, Sebastián Mando y Alejo La Horca son los que, por los planteos de sus abogados y por los resultados de los allanamientos, son los que, acaso, tendrían mayor posibilidad de evitar la prisión preventiva.

En el caso de Mando, por ejemplo, atribuyó las plantas de marihuana que le hallaron a "consumo personal" y las transferencias de dinero a la cuenta de Briceño a la compra de autopartes relacionada con su rol como mecánico. 

La Horca, por su parte, dijo en su declaración que la droga que encontraron en su domicilio no era de él si no de su vecino. 

Jeremías Garay, por su parte, fue beneficiado con arresto domiciliario. Además, aguardan detenidas la resolución sobre su futuro procesal Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra. Además, hay otros involucrados que no fueron apresados.

Además de la resolución que tomará el juez en los próximos días, habrá que esperar, para el devenir de la causa, las pericias sobre el material estupefaciente secuestrado en los allanamientos de la noche del 27 de marzo y la madrugada del 28, algo que sucederá recién en septiembre.

La Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio tomaba declaración indagatoria a los detenidos por la causa "El Clan", la red de venta de drogas que lideraba el dueño del restobar así denominado, Miguel Ángel Briceño.

Con excepción de Sebastián Mando, último detenido por el caso, todos los imputados llegaron a la indagatoria con asistencia de Defensoría Oficial y se negaron a declarar, es decir hicieron uso de su derecho de no prestar declaración.

Mando, en cambio, sí declaró y aseguró que él no tiene "nada que ver" con la venta de drogas y que su vínculo con Briceño está relacionado con sus labores como mecánico, puesto que trabajó para la preparación de un auto de carreras del sindicado como líder de la banda.

Además, dijo que le aparecen transferencias a las billeteras virtuales de Briceño porque le había comprado partes de su auto para armar uno propio, también de carreras, por las que había pagado a través de ese sistema.

Los detenidos por la causa El Clan son Briceño, Mando, Jeremías Garay,  Jeremías Zacarías, Daniel Mitacek, Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra.

Además, aparecen involucrados Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo la Horca, Sergio de Maio, Lucas Olivieri y Daniel Yancovich, todos allanados la semana pasada.

Yancovich, conocido como "el Gitano", aseguró a La Opinión que la única relación que tuvo con Briceño estuvo vinculada con la venta de un vehículo y que él no tiene "nada que ver" con la venta de drogas.

También dijo que ellos no tienen “nada que ver” la esposa de Jeremías Garay, primer denunciado del caso y cuyos movimientos detectados por la Divisíón Drogas Ilícitas de la policía.

La policía detuvo este martes al mediodía a un joven identificado como Sebastián Mando, quien tenía orden de detención en el marco de la causa conocida como "El Clan", que investiga una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo liderada por Miguel Ángel Cebriño, dueño de un restobar céntrico con esa denominación.

Mando, de 30 años, fue allanado en su vivienda durante los procedimientos desarrollados durante jueves por la noche y viernes por la madrugada, pero no lo encontraron, por lo que fue considerado prófugo de la Justicia.

Sin embargo, entre el viernes y este martes hizo vida normal. Al punto de que se lo vio en la calle y hasta fue a trabajar como todos los días. De hecho, la detención se produjo en Arnaldo al 500, en el taller donde trabaja.

Sebastián Mando es el séptimo detenido en la causa que tramita en la Fiscalía tematizada en comercialización de estupefacientes que conduce Verónica Marcantonio. Hay, también, un aprehendido.

Además de Mando y Briceño, están detenidos Jeremías Garay, Jeremías Zacarías, Nancy Lescano y su hija, Geraldine Pereyra, y Daniel Mitacek.

En la investigación aparecen sindicadas como sospechosos de ser parte de la organización otras personas, identificadas en la causa como Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo la Horca, Sergio de Maio, Lucas Olivieri y Daniel Yancovich, conocido como "el Gitano", quien el sábado aseguró en Sin Galera que no tiene "nada que ver" con la banda.

Durante la mañana del sábado, Anahí Saucedo, esposa de Jeremías Garay, uno de los sindicados en la investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas, encabezada por el dueño del restobar El Clan dio su testimonio al aire en Sin Galera.

La mujer explicó que personal policial se hizo presente en su domicilio con una "orden de detención" para Garay, quien fue el primer denunciado de la causa.

"Nos rompieron la puerta, estábamos durmiendo y nos sacaron de la cama, apuntándonos", expresó Saucedo que además indicó que "el allanamiento salió negativo" y que "no encontraron nada" en la vivienda.

Refirió que su esposo fue detenido y trasladado por "la policía en una combi a las 6.00 de la mañana" y que, desde entonces, "no" tuvo novedades de él.

"Nadie dice nada sobre dónde está, ni siquiera nos dejaron una copia de la causa", dijo la mujer.

"Fui a la Comisaría de acá y me dijeron que no están autorizados a decirme nada. Nadie me explica dónde está", expresó Saucedo.  

Negó que su esposo comercializara sustancias ilícitas y sentenció: "No tenemos nada para que vengan a decir que él vende drogas".

Jeremías Garay fue el primer denunciado por la causa y está bajo la jurisdicción de la defensoría N° 3 de San Nicolás, ya que, por el momento, no posee un abogado particular.

A pesar de la causa que llevó a su allanamiento, el restobar El Clan, propiedad del sindicado como líder de la red de venta de drogas, Miguel Ángel Briceño abrió sus puertas hasta altas horas de la madrugada del domingo.

La investigación a cargo de fiscala, Verónica Marcantonio comenzó en diciembre de 2023 tras una denuncia que llegó de forma anónima y hubo 16 allanamientos en distintos puntos de la ciudad y siete detenidos. 

Durante la mañana del sábado, Daniel Yancovich, una de las personas que aparece sindicada en la investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas, encabezada por el dueño del restobar El Clan se acercó a La Opinión y dio su testimonio.

Expresó que él se dedica "a comprar y vender autos" y que, debido a su trabajo, "conoce a alguna" de esas personas, pero "sólo" por su rubro.

Yancovich precisó: "No sé dónde viven, no tengo relación con ellos, nunca anduve en sus autos, nunca compartí una cena, nada".

Explicó que el allanamiento en su domicilio, ubicado en 3 de Febrero y Uruguay fue entrada "la noche" y que, al momento del arribo de los efectivos, estaba "durmiendo" y que sus hijos estaban "mirando" televisión.

"Pegaron un portazo y pasamos un momento muy feo, horrible. No sabía si eran ladrones o policías porque no me lo esperaba", detallo Daniel que además indicó que el personal se quedó "hasta las 3.00" de la madrugada "revisando" su domicilio, pero que "no le encontraron nada".

"Salí como que soy cómplice de ellos y eso es lo que me duele porque no tengo conocimiento de qué hacían y qué no", explicó el hombre.

"Yo estoy limpito. Quiero explicar que no tengo nada que ver con este asunto y con esta gente", concluyó, Daniel Yancovich.

La causa comenzó en diciembre de 2023, tras una denuncia anónima y la investigación fue llevada adelante por la División de Drogas Ilícitas bajo la coordinación de la titular de la Fiscalía tematizada en drogas, Verónica Marcantonio.

Además del domicilio de Daniel Yancovich y el restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, la policía allanó en postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; Maestro Reyna al 1000; 25 de Mayo al 700; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral y 3 de Febrero y Uruguay, entre otros informaron fuentes oficiales. 

Siete personas fueron detenidas en el marco de una investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas liderada por el dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, identificado como Miguel Ángel Briceño.

La causa comenzó en diciembre de 2023, tras una denuncia anónima que impulsó la investigación que llevó adelante la División Drogas Ilícitas de la policía bajo la coordinación de la titular de la Fiscalía tematizada en drogas, Verónica Marcantonio.

La pesquisa logró establecer que Briceño era el proveedor de las drogas. Distribuía cocaína y marihuana para su venta en distintos puntos de la ciudad. Sin trabajo estable ni ingresos declarados, de repente apareció como dueño del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, pleno centro de la ciudad.

Los domicilios que solía frecuentar Briceño permitieron establecer quiénes eran los que vendían la droga que él proveía, todos detenidos durante los allanamientos.

Los sindicados en la causa son Antonella Corbalán, Julio Salvatierra, Alejo La Horca, Sergio de Maio, Daniel Yancovich, Sebastián Mando, Nancy Lescano y su hija Geraldine Pereyra, Jeremías Garay (primer denunciado en la causa), Lucas Olivieri, Daniel Mitacek y el reconocido delincuente Jeremías Zacarías.

Briceño, Mando, Lescano, Pereyra, Mitacek y Zacarías son los que quedaron detenidos a disposición de la Justicia más otra persona que está en calidad de aprehendida.

Los movimientos de dinero en billeteras virtuales como Mercado Pago y Brubank permitieron establecer que esas personas le depositaban grandes sumas de dinero a Briceño.

La investigación reveló los sitios donde guardaban las drogas para su posterior distribución, los puntos de venta al menudeo, las cocheras que alquilaban para guardar los autos que utilizaban. En uno de esos vehículos, el que usaba Briceño, colocaron rastreadores para detectar sus movimientos.

Más de 260 dosis de cocaína fraccionada lista para su venta; dos ladrillos de marihuana; cuatro balanzas; nueve celulares que serán peritados; dos armas de fuego de gran calibre; recortes de nylon; dinero en efectivo en pesos, dólares y reales fueron el resultado de los allanamientos, de los que también participó personal de la Secretaría de Seguridad municipal.

Además del restobar El Clan, de Las Heras 75, allanaron en postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; 25 de Mayo al 700; Maestro Reyna al 1000; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral; y 3 de Febrero y Uruguay, entre otros informaron fuentes oficiales.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, más de 100 policías de 34 delegaciones de toda la provincia trabajaron en San Pedro para una serie de allanamientos que permitieron desbaratar una red de venta de drogas.

En total fueron 16 los allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente tras una investigación comandada por Verónica Marcantonio, titular de la Fiscalía tematizada en drogas.

La Justicia había ordenado la detención de siete personas identificadas como las responsables de la venta de estupefacientes. De ellas, detuvieron a seis y una permanece prófuga. Además, hubo un aprehendido, también vinculado a la red.

Secuestraron 222 envoltorios de cocaína, dos ladrillos de marihuana, automóviles, motos, dólares, pesos argentinos, reales brasileños, balanzas de precisión, armas de fuego y celulares que serán peritados.

El principal sospechoso como líder de la organización es un hombre que fue sindicado como responsable del restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, pleno centro de la ciudad, sitio que fue allanado y donde se produjeron detenciones.

Los otros puntos donde actuó la policía fueron: Postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; 25 de Mayo al 700; Maestro Reyna al 1000; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral; y 3 de Febrero y Uruguay, informaron fuentes oficiales.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás resolvió absolver a Pedro Lineros en un juicio por venta de drogas que tuvo lugar este martes en los Tribunales nicoleños.

Acusado de comercialización de estupefacientes en el marco de una causa que investigó una presunta red de la que formaban parte su hija Natalia Coronel y otro imputado, identificado como Daniel Lacuadra, ambos condenados en juicio abreviado, con defensa particular.

Lineros, que fue asistido por la Defensoría Oficial N° 2 que conduce Joaquín Castro, decidió no aceptar el trámite abreviado y someterse al debate oral y público en el que, finalmente, no quedó probada su participación en el grupo que vendía drogas.

La causa comenzó cuando entre marzo y octubre de 2022 una investigación de la División Drogas Ilícitas estableció domicilios en los que se vendían estupefacientes. 

Lineros ya había cumplído condena, primero en arresto domiciliario y luego en una Unidad Penal, por el asesinato de Gastón "Chizito" Cabrera. 

Aunque a los que les encontraron indicios claros de que comercializaban drogas fue a Coronel y Lacuadra, la acusación contra Lineros se sostuvo porque la investigación policial lo ubicaba en la calle en actividades que podrían ser compatibles con la venta de estupefacientes.

En el juicio, la defensa logró que el Tribunal ponderara la falta de elementos probatorios suficientes para condenar a Lineros, por lo que fue absuelto y recuperó de inmediato su libertad, puesto que había llegado al juicio detenido con prisión preventiva, teniendo en cuenta sus antecedentes penales.

Quedaba por resolver la causa por tenencia de estupefacientes, que todo indica quedará sin efecto por imperio de la jurisprudencia sentada por el denominado “fallo Arriola”.

Ese fallo de la Corte Suprema de la Nación establece que no debe ser penado el consumo que no implique daños a terceros, por imperio del artículo 19 de la Constitución Nacional, que indica que las acciones privadas que no perjudiquen a terceros están "exentas de la autoridad de los magistrados".

Pedro Lineros, Natalia Coronel y Daniel Lacuadra fueron acusados de comercializar estupefacientes en la zona de Rafael Obligado al 3100 (donde vivía Lineros); Las Provincias al 1800 (domicilio de Coronel) y Manuel Iglesias al 1700 (Lacuadra).

La Justicia autorizó allanamientos que cumplió la División Drogas Ilícitas de la policía el 26 de octubre de 2022. Esa tarde secuestraron elementos para la causa, aunque en lo de Lineros no había mucho: un recorte de nylon blanco y una bolsa del mismo material y color con varios agujeros debajo de la cama, en un mueble de madera.

Además le secuestraron un teléfono celular y en el bolsillo del pantalón tenía un envoltorio de nylon amarillo con 3,4 gramos de marihuana y otro negro con 0,5 gramos de cocaína. En un depósito de la vivienda había una planta de cannabis. Eso era todo.

Sí habían hallado elementos de mayor relevancia para la causa en las viviendas  de Coronel y Lacuadra, que permitieron alcanzar la condena de cuatro años en juicio abreviado, que ella, por ejemplo, cumple con el beneficio de arresto domiciliario.

En la casa de la hija de Lineros incautaron 11 envoltorios con cocaína, una balanza con vestigios de polvo blanco, dinero en efectivo, dos celulares y un plantín de marihuana.

En lo de Lacuadra hallaron 12 envoltorios de nylon celeste con marihuana y otro con la misma droga semidesmenuzada, más cigarrillos armados tipo porros. 

Además, en una mochila encontraron dos trozos compactos de marihuana, que pesaron 156,7 gramos. En el patio había cuatro plantas de cannabis y tenía dinero en efectivo distribuido en varias billeteras. Tenía tres celulares.

Tras el importante despliegue policial registrado este viernes en distintos puntos de la ciudad, en el marco de investigaciones relacionadas con la venta de drogas, hay siete personas a disposición de la Justicia.

Dos fueron trasladadas en condición de detenidas y las restantes cinco, como aprehendidas, informaron fuentes del caso a La Opinión este sábado, mientras terminaban de sistematizar la información relacionada con los operativos.

Personal de la División Drogas Ilícitas y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, bajo las órdenes de la fiscala María Verónica Marcantonio, de la Unidad Coordinadora de Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal, encabezaron los procedimientos.

Secuestraron una importante cantidad de cocaína y marihuana fraccionada en envoltorios, listos para su comercialización, en diversos domicilios dedicados a la venta al menudeo. 

En Hermano Indio, además, desbarataron una especie de “sociedad familiar” que tenía un kiosco como pantalla, abierto al público, en el que además vendían drogas.

Hubo allanamientos en calle Ansaloni, entre Ayacucho y Saavedra; en las 104 Viviendas; en la zona del barrio Hermano Indio; y en inmediaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC).

Además, en el centro de la ciudad se vio al personal motorizado en el marco del recorrido por diversos barrios, todos relacionados con causas por la venta de drogas.

La policía de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas allanó este viernes un domicilio en Alvear al 1300 tras una investigación que permitió establecer que desde allí dos hermanos comercializaban estupefacientes.

La Justicia ordenó el allanamiento tras tareas operativas de campo que comenzaron meses atrás luego de denuncias anónimas que llegaron a través del servicio de emergencias 911.

El personal de la policía especializada relevó elementos de prueba que permitieron establecer que un joven de 26 años y su hermana vendían drogas al menudeo desde ese lugar.

Durante el allanamiento, la policía secuestró cocaína fraccionada lista para su comercialización; dinero en efectivo; recortes de nylon; balanzas; un arma de fuego; y otros elementos de interés para la causa.

La hermana del investigado también tenía dosis de cocaína encima, por lo que hubo un allanamiento de urgencia en su vivienda, con resultados positivos. Así, ambos fueron aprehendidos en el marco de la causa, que tramita en la Fiscalía N° 7.

La fiscala María del Valle Viviani los imputó a ambos por el delito de comercialización de estupefacientes y al joven le sumó la "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

La policía de Drogas Ilícitas que conduce el comisario Julio Urbina destacó “la importancia que tienen las denuncias anónimas de los vecinos para desalentar el comercio de estupefacientes".

El viernes, ordenado por la Fiscala María del Valle Viviani, personal de la división de drogas ilícitas allanó una vivienda en San Pedro y otras dos en Zárate y Lima. Durante los operativos secuestraron importante cantidad de drogas, balanzas y elementos de cortes por lo que cinco personas resultaron apresadas. 

Uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda de Nieto de Torres 420, donde “funcionaba” una hamburguesería que, según entienden los investigadores, era “una  pantalla” para vender drogas. 

El sábado, el móvil de Sin Galera recorrió la propiedad junto a los moradores. La vivienda, de frente color amarillo, llama la atención entre el resto de las casas del barrio. Tiene tejas estilo francés y tres ventanas que dan a la calle. En una, con los barrotes de las rejas modificados, comercializaban pizzas, hamburguesas, vinos, gaseosas y cervezas. 

Tras la puerta de ingreso, un living con tres sillones de diferentes juegos y un televisor. Barra de por medio la cocina y al final del terreno el patio, con un lavadero. Es allí, donde quienes viven en la vivienda aseguran que más trabajó la policía. Sin embargo, los envoltorios de cocaína y marihuana fueron encontrados junto a la caja registradora de la rotisería.

El sábado, los imputados declararon y quedaron a disposición de la justicia. Familiares informaron que este lunes sus abogados comenzarán a trabajar en el tema y que “pronto” recuperarán la libertad “porque son inocentes”.