Personal de la DDI de Pilar trabajó este lunes en San Pedro para allanar un domicilio particular y la sede de una empresa en el marco de una causa que investiga una estafa en la que está involucrada la excontadora del Puerto.

Los efectivos allanaron en Independencia al 800 la casa de María José Pucurull, investigada por maniobras defraudatorias en una empresa de Pilar donde trabajó luego de que la despidieran del Consorcio de Gestión del Puerto tras ser denunciada por maniobras defraudatorias contra ese organismo público.

Además, la DDI estuvo antes es una empresa distribuidora de bebidas —cuyo vínculo con el expediente no fue explicitado— en un procedimiento relacionado con la misma causa, según los propios efectivos informaron a autoridades locales que se presentaron para constatar la veracidad del operativo.

Desde la empresa no estaban al tanto de la posibilidad de un procedimiento de esas características, por lo que convocaron a la DDI local para que verificara, ante el riesgo de que estuvieran ante un operativo apócrifo, como sucedió el año pasado en una financiera del centro.

Una vez que quedó constatado que todo estaba en carriles normales, los efectivos de la DDI Pilar continuaron con las tareas que les había ordenado un juzgado del Departamento Judicial de San Isidro, donde tramita la causa, que investiga defraudación por administración fraudulenta.

Una empresa de Pilar es la denunciante. En la causa obra que Pucurull habría practicado maniobras defraudatorias consistentes en el presunto desvío de unos 185 mil dólares de cuentas de esa compañía que la investigada habría tenido a su cargo.

La acusación es similar a la que las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto local hicieron contra la contadora en 2022, cuando denunciaron en la Justicia el presunto desvío de dinero de las cuentas del organismo a cuentas personales.

Esa denuncia está sustentada en una auditoría practicada por las contadoras Eva Díaz y Mariela Brambilla, que detectaron irregularidades en los movimientos bancarios del consorcio.

Pucurull fue acusada de registrar montos apócrifos en servicios adicionales de Prefectura, desviar esos fondos hacia sus cuentas personales y adulterar los extractos bancarios durante, al menos, 2021 y 2022, por lo que fue despedida.

De la misma manera, la empresa de Pilar prescindió de sus servicios tras detectar una maniobra delictiva similar y decidió radicar la denuncia penal en la Justicia de su jurisdicción.

La empleada del Consorcio de Gestión contrató a un reconocido estudio jurídico penalista de San Pedro, que ya asumió su defensa formal en la causa que tramita en la Fiscalía de Marcelo Manso. Identificada por el presidente del organismo como María José Pucurull, está acusada de desviar millones de pesos a su cuenta personal a través de un a maniobra que incluyó la adulteración de documentación interna.

La denuncia penal por defraudación que el Consorcio de Gestión del Puerto radicó contra la contadora, identificada como María José Pucurull por el propio presidente del organismo, Eliseo Almada, tramita en la Fiscalía Nº 5 que conduce Marcelo Manso, donde ya hay presentación de defensa particular para la acusada.

La empleada jerárquica del Consorcio contrató al estudio jurídico del reconocido abogado penalista Mauricio Gugger, quien, según obra en los registros judiciales, al otro día de radicada la denuncia se presentó como abogado particular para ejercer la defensa de la acusada.

Consultado por La Opinión, Gugger confirmó que tomó el caso pero informó que por lo pronto la decisión es no brindar declaraciones a la prensa hasta tanto la propia denunciada lo considere, mientras analizan lo que obra en el expediente judicial, con el que recién empezaron a tomar contacto.

La denuncia fue radicada el jueves 13. La presentación la hizo el estudio jurídico de Carlos Casini en representación del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Eliseo Almada, y el director por el sindicato de Apuntadores, Diego Balcaza.

La contadora Pucurull fue denunciada luego de que el estudio contable de sus colegas Eva Díaz y Mariela Brambilla detectara irregularidades en los movimientos bancarios del Consorcio. Puestas a investigar por orden del Gobierno provincial, hallaron lo que se considera una maniobra delictiva.

La denuncia señala que Pucurull desviaba fondos que alcanzaron los 5 millones el año pasado y los 4 millones para el año en curso de las cuentas del Consorcio a una a su nombre y adulteraba los extractos bancarios utilizados como registros de control interno.

En esa adulteración, los fondos que desviaba a su cuenta aparecían engrosando el monto que se pagaba a Prefectura por servicios adicionales, explicó el presidente del Consorcio Eliseo Almada.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro radicó una denuncia penal en la que apunta a la contadora del organismo, a quien el presidente Eliseo Almada identificó como María José Pucurull, por defraudación al Estado. La acusan de haber desviado millones de pesos a su cuenta personal y de la adulteración de documentación interna para disfrazar la maniobra delictiva.

La denuncia fue radicada por Almada junto a uno de los varios directores que tiene el Consorcio, el representante del sindicato de Apuntadores, Diego Balcaza, y tramita en la Fiscalía Nº 5 que conduce Marcelo Manso, que recibió la presentación penal con el detalle de la maniobra este jueves.

“Lo que ha pasado en el Consorcio de Gestión del Puerto es muy grave, ha trastocado lo que se ha venido trabajando y opaca lo que se ha venido haciendo. Para mí es una desilusión, en lo personal, muy grande”, dijo Eliseo Almada, que brindó detalles en exclusiva en Sin Galera este sábado.

“Todo arranca con sospechas, con maniobras que desde hace un año empecé a notar como malos manejos, la falta de información por parte de una persona empleada del puerto”, dijo Almada. Para obtener el detalle de la maniobra tuvieron la ayuda de dos contadoras, Eva Díaz y Mariela Brambilla, contratadas de manera externa para hacer una tarea en el Consorcio mientras Pucurull estaba de licencia.

“El desvío de fondos que encontramos hacia su cuenta personal se torna de una gravedad sin precedentes”, dijo Almada.

La denuncia, explicó el presidente del Consorcio, “es por el desvío de fondos públicos del Consorcio hacia la cuenta personal de la responsable jerárquica del área, la contadora Pucurull”, quien cargaba esos dineros que se llevaba como si se los hubieran pagado a Prefectura por servicios adicionales.

El análisis que las contadoras externas hicieron corresponden a 2022 y 2021: 4 millones de pesos para este año y casi 5 millones para el año pasado. Es decir que en los dos períodos en los que se fijaron hay un desvío de alrededor de 9 millones de pesos a favor de la denunciada.

“En una estructura como la del Consorcio y con las atribuciones que se le habían conferido, tenía el manejo de hacer absolutamente todo y que ningún empleado ni yo teníamos acceso a la información, aunque la pedí en reiteradas oportunidades”, dijo Almada sobre la sopresa que causó que esta irregularidad no se haya detectado antes.

“Se falsificaban los extractos bancarios del Banco de la Provincia. Descargaba los originales y en el puerto se han encontrado que se manipulaban de puño y letra de la contadora Pucurull”, reveló sobre la modalidad de la maniobra delictiva.

“Tenemos un auditor externo que lo nombra la Provincia y tampoco había alertado esta maniobra. Más grave aún, el Tribunal de Cuentas tampoco” señaló el presidente del Consorcio y agregó: “Es que se falsificaba tan bien el extracto, donde los números cerraban, que no teníamos manera de verlo porque la encargada de hacer las transferencias era ella”.

“Todos los movimientos fueron hechos con su usuario y su contraseña”, informó Almada.

En el Consorcio, las contadoras externas encontraron tres extractos bancarios por mes: uno original; uno adulterado de puño y letra por la acusada, en la que unía los montos que se transfirió con los de Prefectura; y el adulterado, donde su cuenta desaparecía y todo ese dinero figuraba como pagado a la fuerza naval.

“No falsificaba un documento emitido de la Prefectura sino el documento interno del Consorcio”, explicó Almada. Además, dijo el presidente del Consorcio, la denunciada engañaba al otro contador, a quien le hacía firmar las autorizaciones con montos genéricos para luego, cuando le tocaba hacer la tarea a ella, disponer el detalle donde producía el desvío de fondos a su cuenta

“El Consorcio mueve mucho dinero, cuando empezamos a ver esto y le informa a la Provincia, vemos que hay un goteo de movimiento de dinero. Para cualquier ciudadano 300, 500, 700 mil pesos es muchísimo dinero, pero para la facturación del Puerto es casi insignificante”, explicó el funcionario.

“Fue muy difícil darse cuenta de esta maniobra. Todas las pruebas y la información que recabamos nos lleva directamente a la contadora Pucurull, que contaba con ciertos privilegios que eran apañados por directores, que le transfirieron ciertos manejos con los que yo no estaba de acuerdo, aunque no me saco ningún lazo del cuello. Estas cosas son parte de lo que pasó en julio, cuando ofrecí mi renuncia”, revelo Almada.