El buque Scio Spirit estaba listo para zarpar este miércoles por la mañana luego de que quedara sin efecto el cese de actividades que habían dispuesto lo prácticos en todo el país a modo de protesta por el decreto del presidente Javier Milei que desregulaba la actividad.

El Scio Spirit había terminado de cargar unas 5180 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela,  pero no podía salir del puerto de San Pedro por el paro de  los prácticos, por lo que aguardaba novedades.

La resolución al conflicto, que paralizó más de 150 buques en puertos de todo el país, llegó tras un acuerdo que contempla una reducción de las tarifas y la suspensión del decreto de desregulación elaborado por el ministro Federico Sturzenegger.

Los prácticos habían resuelto no prestar servicio tras la publicación del decreto, lo que complicó la operatoria portuaria y paralizó el comercio exterior marítimo de la Argentina.

El acuerdo alcanzado implica una reducción del 20 por ciento en las tarifas del servicio de practicaje y la suspensión del decreto 690/2026 para "avanzar en la revisión de los puntos contemplados" en esa normativa.

El Gobierno nacional y los prácticos se comprometieron a poner en marcha una mesa de trabajo en busca de un "acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados", informaron desde Casa Rosada.

Por Martín Rivas*

La Argentina tiene una historia recurrente. Cada cierto tiempo reaparece la idea de que desregular equivale, casi automáticamente, a modernizar; que reducir controles necesariamente genera eficiencia; y que disminuir la intervención del Estado conduce, por sí solo, al desarrollo.

En algunas actividades esa discusión puede ser razonable. En otras, conviene preguntarse primero qué función cumple aquello que se pretende modificar.

El Decreto Presidencial 690/2026, que introduce una profunda reforma en el régimen de practicaje y pilotaje, vuelve a colocar esa discusión sobre la mesa. No porque el practicaje deba permanecer inalterable.

No porque toda regulación sea buena por definición. Sino porque antes de modificar un sistema cuya función principal consiste en administrar riesgos, resulta indispensable responder una pregunta básica: ¿qué problema se intenta resolver y qué evidencia demuestra que el nuevo modelo será mejor que el anterior?

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reducir costos logísticos, ampliar la competencia y mejorar la competitividad del comercio exterior. Son objetivos legítimos. Cualquier sistema regulatorio puede y debe revisarse periódicamente. La discusión nunca debería ser entre cambio o inmovilismo.

La verdadera discusión es otra. No todos los costos representan una ineficiencia. Existen costos cuya razón de ser consiste precisamente en evitar daños mucho mayores.

Sucede con el mantenimiento de un avión. Con los sistemas de seguridad industrial. Con los controles sanitarios. Y también con la navegación.

El practicaje no nació para encarecer el comercio exterior. Nació para disminuir la probabilidad de accidentes en una actividad donde un único error puede comprometer vidas humanas, infraestructura estratégica, el ambiente y la continuidad de una parte sustancial de las exportaciones argentinas.

Por eso resulta llamativo que buena parte del debate se haya concentrado casi exclusivamente en cuánto cuesta el practicaje y mucho menos, o nada sobre cuánto costaría prescindir de un sistema diseñado para administrar ese riesgo.

La seguridad tiene una característica particular: cuando funciona, pasa inadvertida.

Cada vez que un buque ingresa a un puerto o atraviesa el río Paraná sin inconvenientes, nadie habla del práctico. Sin embargo, esa aparente normalidad es el resultado de un conocimiento construido durante años, de experiencia acumulada y de un sistema pensado para que los accidentes ocurran lo menos posible.

Las mejores políticas de prevención suelen compartir esa paradoja. Su éxito consiste, precisamente, en evitar que la noticia exista.

El debate que abrió el Decreto 690 ofrece, además, una oportunidad que la Argentina viene postergando desde hace décadas: discutir una verdadera política marítima y fluvial.

Porque el practicaje no constituye una actividad aislada. Forma parte de un sistema integrado por la Marina Mercante, la formación de profesionales, la industria naval, los puertos, la hidrovía y la infraestructura logística que sostiene buena parte de la economía nacional.

Las decisiones que afectan una de esas piezas inevitablemente repercuten sobre las demás. Por eso cuesta encontrar, detrás de una reforma de esta magnitud, estudios técnicos públicos que permitan responder preguntas elementales: 

¿Cuál es la incidencia real del practicaje dentro del costo logístico total? ¿Qué experiencias internacionales respaldan este modelo? ¿Qué indicadores permitirán evaluar si la reforma efectivamente mejoró la seguridad y la competitividad?

Estas preguntas no apuntan a impedir los cambios. Buscan que los cambios estén respaldados por evidencia. La Argentina necesita modernizar su logística. Necesita ser más competitiva. Necesita reducir costos donde existan ineficiencias reales.

Pero también necesita dejar atrás otra costumbre profundamente argentina: creer que toda desregulación constituye, por sí misma, una política de desarrollo. Nuestra historia demuestra que ambas cosas no siempre fueron  sinónimos.

Desregular puede ser una herramienta. Construir capacidades, en cambio, requiere una estrategia de desarrollo. Y cuando esas capacidades son determinantes para el desarrollo de un país —como ocurre con la navegación, la formación profesional o la infraestructura logística— resulta mucho más fácil perderlas que reconstruirlas.

Quizás el verdadero debate que plantea el Decreto 690 no sea cuánto cuesta el practicaje. Quizás la pregunta de fondo sea otra. ¿Qué capacidades estratégicas está dispuesta a preservar la Argentina para construir su futuro, y cuáles está dispuesta a poner en riesgo en nombre de un ahorro cuyo verdadero impacto todavía no ha sido demostrado?

*El autor es Oficial Fluvial egresado de la Escuela Nacional Fluvial (Promoción 1995) y concejal municipal de San Pedro. Este artículo fue publicado por el medio especializado TradeNews.

 El decreto 690/2026 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en el marco de los procesos de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, flexibilizó el trabajo de los prácticos navales, lo que provocó una suspensión de actividades a modo protesta que  mantiene una gran cantidad de barcos sin zarpar, entre ellos uno en San Pedro.

El buque Scio Spirit, de bandera liberiana, terminó de cargar unas 5180 toneladas de porotos negros con destino a Venezuela, pero el paro de los prácticos lo mantiene en el muelle local a la espera de novedades.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro, Carlos Casini, explicó que ese buque "necesita sí o sí el servicio de los prácticos" para salir de la terminal portuaria local.

"El nuestro es un puerto complicado para el ingreso y la salida, y sin práctico es prácticamente imposible", señaló el funcionario a cargo del Consorcio.

"Difícilmente un capitán se anime y Prefectura lo deje salir sin el servicio de prácticos", analizó Casini ante la consulta de La Opinión.

"Es complicado. Supongo que van a encontrar una solución inmediata, si no es un caos total, porque quedaría todo paralizado", advirtió.

El decreto firmado por el presidente de la Nación exime a las empresas navieras de la obligación de contratar el servicio de prácticos, al tiempo que dispuso que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fije tarifas máximas para el servicio y publique los precios para favorecer la competencia.

Además, establece un registro abierto, permite la libre contratación y elimina restricciones para el ingreso de profesionales. También deja sin efecto la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido y amplía los casos de excepción para contratar el servicio obligatorio.

DESARMAMOS KIOSCOS EN EL PRACTICAJE. Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos “costo argentino”. Si mirás los gráficos adjuntos vas a… pic.twitter.com/4TGKaE3HwY

Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país dejaron de prestar el servicio a modo de protesta ante el decreto, que fue anunciado como una manera de "reducir los costos portuarios" y "aumentar la competencia".

La medida de fuerza se mantiene a pesar de que el Gobierno, a través de Prefectura, cursó intimaciones a los profesionales habilitados para que retomen la prestación, puesto que se trata de un "servicio público" que está regulado por la ley de Navegación.

Desde el Centro de Navegación Argentina, organización que nuclea a las empresas relacionadas con el transporte y la logística portuaria advirtieron que hay alrededor de 160 buques parados en todo el país.

El presidente de esa cámara, Jorge Tiravassi, dijo en AM 750 que el práctico "es un garante de seguridad" y recordó que la ley establece que los capitanes de ultramar son los responsables de la vida de la tripulación, de la carga y del buque.

"Mire si yo voy a reemplazar a ese hombre y poner en riesgo mi vida y la de mis tripulantes. Es en contra de mi profesión", sostuvo Tiravassi y calificó al rol de los prácticos como "un trabajo muy riesgoso que requiere de una especialización permanente, no puede hacerlo cualquiera".

Sturzenegger sostuvo que el decreto  busca terminar con una regulación que había encarecido la operatoria. "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", dijo el ministro.

El presidente de la Liga Naval, Fernando Morales, dijo en Radio con Vos que "Sturzenegger explica falsamente que hay una academia de prácticos que regula el grifo. No existe. Tenés que hacer la carrera como marino mercante y el Estado argentino es el que te evalúa".