El empleado municipal Juan Villalba, condenado por administración fraudulenta tras ser acusado de desviar materiales de la construcción del hotel Azahar Spa como contratista particular, será despedido de la Municipalidad.

Ese es el destino que tendrá el sumario administrativo que la semana pasada, luego de que La Opinión revelara el contenido de su condena, el Gobierno estableció que debe comenzar en su contra, de acuerdo a la normativa vigente.

A Villalba, que fue condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional, le cabe la letra de la ley que establece el régimen de empleo municipal en la provincia de Buenos Aires, la 14 656.

El sumario tendrá similares características al que el Municipio inició contra el empleado municipal del Estadio que fue condenado por abuso sexual agravado, quien renunció antes de que lo echen.

El artículo 107 de ley de trabajo municipal establece que puede sancionarse "hasta con cesantía" las "inconductas notorias", la "sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso" y las "faltas graves" que "afecten el prestigio" de la administración municipal.

El intendente ya tiene en su poder el dictamen correspondiente emitido por la Asesoría Letrada municipal para dar curso al inicio del sumario administrativo, cuyo destino, como se dijo, no podría ser otro que el despido.

Villaba tiene 49 años y es empleado municipal hace más de 20. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2007 y 2013, cuando ya era trabajador del Estado local y fue contratado de manera particular para la obra del hotel Azahar Spa.

La Justicia lo halló culpable de desviar materiales para otras obras abusando de la confianza depositada por sus empleadores, lo que provocó un perjuicio patrimonial deliberado hacia la empresa.

En el marco de esa causa, está previsto que este martes comience en el Juzgado Correccional de San Nicolás el juicio oral y público contra el arquitecto Raúl Antoliche y el contratista Miguel “Mili” González.

Por el momento, la Agencia de Extensión Rural del INTA San Pedro, de Mitre 299, mantendría inalterable su funcionamiento en el marco del proceso de reorganización impulsado a nivel nacional por el organismo, que contempla el cierre de algunas dependencias y una reducción de su planta de personal. 

Uno de los principales factores que favorecen la continuidad de la sede local es que funciona en un inmueble propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por lo que no genera costos de alquiler. En ese contexto, y según la información disponible hasta el momento, no existe un proyecto para cesar sus actividades.

La reestructuración fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo durante abril y forma parte de la denominada “Propuesta Integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos”. La iniciativa apunta a reducir gastos operativos mediante una reorganización de la estructura institucional.

En una primera etapa, el plan contempla la eliminación de Agencias de Extensión Rural en los Centros Regionales Buenos Aires Norte (al que pertenece San Pedro), Buenos Aires Sur y Córdoba. A nivel nacional, el objetivo es reducir la cantidad de Agencias de 299 a 252.

La propuesta no sólo alcanza a las Agencias de Extensión. También incluye modificaciones en algunas Estaciones Experimentales Agropecuarias y la absorción de determinadas sedes por parte de estructuras regionales superiores.

Dentro del Centro Regional Buenos Aires Norte ya se definió el cierre de las Agencias de Vedia y Rojas. En tanto, en Buenos Aires Sur dejarán de funcionar las dependencias de Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo.

Paralelamente, este miércoles venció el plazo para adherirse al régimen de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas destinado al personal de planta permanente. En San Pedro, alrededor de una decena de profesionales y trabajadores de campo se acogieron a la propuesta, entre ellos la directora de la Estación Experimental Agropecuaria local, Laura Hansen.

A través de un informe oficial emitido el pasado 29 de abril de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional detalló las condiciones del nuevo Régimen de Retiro Voluntario destinado a los trabajadores del INTA.

Esta medida alcanza a los agentes de planta permanente que cuenten con una antigüedad mínima de tres años al 31 de mayo de 2026. Se estima que la intención es llegar a una reducción del 20 % de la planta de personal, que serían 1.000 empleados, aproximadamente, de todas las dependencias.

El programa establece una gratificación extraordinaria de egreso que se abonará en un pago único dentro de los 30 días posteriores al cese. El cálculo de este beneficio se determinará de la siguiente manera:

*Se pagará 1,5 veces la remuneración bruta mensual normal y habitual por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.

*Para agentes de hasta 60 años, se aplica el cálculo directo. 

*Para agentes entre 61 y 63 años tendrán un tope de 24 haberes.

*Para los agentes de 64 años, el tope será de 12 haberes brutos.

No podrán acceder al beneficio quienes tengan 65 años cumplidos al 31 de mayo, personal procesado por delitos contra la Administración Pública, o quienes ya hayan iniciado trámites jubilatorios.

Un dato clave es la prohibición de reingreso: los empleados que opten por el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional —bajo ninguna modalidad de contratación— por un período de cinco años. La única excepción a esta regla es el desempeño de cargos docentes en Universidades Nacionales.

Los interesados deberán formalizar su solicitud a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) antes de la medianoche del 31 de mayo de 2026. De ser aprobada la solicitud por el organismo, la relación laboral finalizará formalmente el 15 de junio de 2026.

La Opinión reveló este lunes que la Justicia ordenó retener el 20 por ciento de la recaudación diaria al comercio de capitales chinos denominado Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, tras incumplir con el pago de la indemnización correspondiente a un juicio laboral que le ganó una empleada a la que despidieron embarazada.

La medida, que se hizo efectiva el mismo lunes con la presencia de un perito y del oficial de Justicia en el supermercado, fue dictada por el Tribunal Laboral n.° 3 de San Nicolás porque, a pesar de que pasaron cuatro años de la sentencia definitiva, la empresa nunca pagó.

La firma Dieciocho SRL fue condenada en sentencia definitiva del 12 de abril de 2022 y notificada fehacientemente seis días después. Sin embargo, hizo caso omiso al depósito de la indemnización y a los reclamos posteriores.

La sentencia indicaba que los dueños del supermercado 18 tenían que pagar $ 1.098.429,90 a la empleada despedida.

Ahora, a los efectos de la retención del 20 por ciento de la recaudación diaria para cubrir la deuda, el monto fue triplicado por la Justicia con arreglo a actualización, intereses y costas del proceso.  

La causa comenzó luego de que la joven fuera despedida de su trabajo cuando intentó retomar tareas tras su licencia por maternidad, a mediados de enero de 2020. Ese día le cerraron la caja, le quitaron la silla y le dijeron que no vuelva más.

Había empezado a trabajar como cajera en octubre de 2017, con un salario promedio de 13 mil pesos al mes por entre 8 y 10 horas diarias de lunes a lunes, registrada formalmente por media jornada, aunque el último recibo de sueldo aparece por jornada completa, con un sueldo de casi 38.500 pesos.

El Tribunal consideró debidamente probada la relación laboral. La empresa no compareció nunca a contestar la demanda. Ni siquiera se presentó a la audiencia citada por el Ministerio de Trabajo al mes de producido el despido "de palabra".

La Justicia ordenó retener el 20 por ciento de la recaudación diaria de  un supermercado de capitales chinos de San Pedro tras un reclamo laboral por despido que inició una trabajadora que estaba embarazada cuando la echaron.

La empleada reclamó la situación ante el fuero laboral, que falló a su favor y ordenó a los dueños del Supermercado 18, ubicado en Lucio Mansilla al 600, al lado de la Nueva Terminal, a pagarle la indemnización.

Sin embargo, la empresa no cumplió con la orden judicial, por lo que el abogado Alejandro Breitburg, representante legal de la empleada, solicitó una medida que tiene pocos precedentes: intervenirle la caja hasta que salden la deuda.

Así, el Juzgado Laboral n.° 3 de San Nicolás ordenó retener el 20 por ciento de toda la recaudación diaria del supermercado hasta tanto se cubra el monto de la indemnización adeudada.

La causa comenzó en 2020, cuando la joven trabajadora fue despedida mientras cursaba un embarazo, lo que entró en conflicto con la normativa laboral vigente.

La empleada reclamó en la Justicia y ganó el juicio laboral hace ya dos años, pero la empresa se negó a depositar los fondos correspondientes a la indemnización, por lo que el caso llegó a esta instancia, en la que el juzgado ordenó la retención del porcentaje de recaudación.

Más de 300 trabajadores que se desempeñan en el frigorífico ArreBeef, ubicado en la localidad de Pérez Millán, fueron suspendidos en las últimas horas debido a la disminución de la actividad productiva en la planta.

Según trascendió, la medida alcanza principalmente a operarios tercerizados y empleados contratados por el Grupo Ceta, quienes fueron notificados durante el fin de semana sobre la suspensión de sus tareas.

La falta de faena en el frigorífico, ocasionada por la falta de interés de los productores ganaderos a vender hacienda ante los actuales precios del mercado, es lo que ha provocado una caída en el nivel de actividad en la emblemática y fuente laboral por excelencia de la localidad.

A muchos no sorprende la medida empresarial. En estas circunstancias, cuando la actividad decae, no se sostiene personal y son los tercerizados los primeros en ser cesanteados. 

También son los que encabezan las listas para incorporarse cuando se intenta reactivar la producción, porque emergen a través de una firma dedicada a la colocación de empleo.

Por el momento es por tiempo indeterminado, hasta tanto se normalice la entrada de animales para la faena.

Mientras tanto, el impacto en la zona es significativo, teniendo en cuenta los centenares de operarios que quedaron afuera. También son los mismos que perciben haberes inferiores a quienes pertenecen a la planta permanente.

Este jueves por la mañana, maquinaria trabajaba en el edificio donde funcionaba el supermercado Vea, que hace alrededor de dos meses está cerrado y abandonado.

Personal autorizado presente en el estacionamiento del Vea confirmó al móvil de La Opinión que retiraban diversos elementos.

Equipos eléctricos que funcionaban dentro del edificio, freezers, aires acondicionados y motores fueron retirados por una grúa.

Para garantizar la salida del camión que retiraba los elementos, el tramo de la calle Ituzaingó entre Balcarce y Güemes permanecía cortado. 

A dos meses del cierre, el plan de Desarrolladora San Pedro S. A es que otra firma supermercadista se haga cargo del lugar y que prioricen los empleados despedidos. 

El lunes 22 de diciembre, la empresa Cencosud entregará oficialmente el edificio donde funcionaba el supermercado Vea a la propietaria Desarrolladora San Pedro S. A., confirmó a La Opinión el presidente del directorio, Daniel Cayetano Grosso.

Tras el cierre definitivo del Vea a fines de octubre y luego de que representantes de Cencosud retiraran junto a proveedores mercadería y otros elementos, la empresa devolverá el local.

Mientras vecinos de la zona siguen expresando preocupación por el estado de abandono de la media manzana que ocupa el local entre las calles Miguel Porta, Balcarce e Ituzaingó, la empresa propietaria sigue con gestiones en procura de la reapertura.

El plan de Desarrolladora San Pedro S. A. es que otra firma supermercadista se haga cargo del lugar y abra una boca similar a la de Vea, con prioridad de contratación para los empleados despedidos.

El jueves será la reunión pactada entre representantes de le empresa Cencosud y los dueños del edificio donde hasta este lunes por la tarde funcionó el supermercado Vea, que cerró sus puertas al público y dejó a alrededor de 30 empleados sin trabajo.

Daniel Cayetano Grosso, presidente del directorio de Desarrolladora San Pedro S. A., la compañía que adquirió el edificio en el remate del ex San Cayetano, confirmó a La Opinión que el encuentro será ese día.

Además, ratificó que la firma que representa irá a la reunión con los referentes de la multinacional chilena con las propuestas que había adelantado a este medio.

Una de ellas estaba relacionada con la posibilidad de no cobrar alquiler durante unos meses, si es que el cierre del Vea estaba relacionado con dificultades de ese tipo.

La otra, acaso más viable por el tipo de decisiones que ya tomó en otros lugares Cencosud respecto de cerrar sucursales de Vea, es que dejen montado el supermercado.

El planteo, dijo Grosso, será que el local quede como está para que otra firma supermercadista pueda ser convocada para hacerse cargo y, eventualmente, volver a tomar al personal despedido.

El representante de Relaciones Laborales que se reunió con el Gobierno y con el Sindicato de Comercio, Javier Santos, dijo en ese encuentro, según reveló Marcelo Mosteiro, que los empleados serían indemnizados como corresponde.

El lunes por la tarde, cuando se fueron del local para ya no volver a sus puestos de trabajo, los trabajadores no habían sido notificados formalmente acerca de sus despidos.

Pasadas las 18.00 del lunes cerró sus puertas para la atención al público el supermercado Vea y le confirmaron a los alrededor de 30 empleados que este martes ya no tenían que ir a trabajar.

Tras atender a los últimos clientes, bajaron la persiana y se retiraron con la incertidumbre respecto del futuro, puesto que si bien les informaron que el local cerraba todavía no fueron notificados formalmente.

El supermercado de la firma Cencosud que abrió en San Pedro en el año 2012 cerró tras varias semanas en las que hubo diversas versiones respecto de la situación.

Manejado con hermetismo, la decisión de irse de la ciudad fue comunicada por un responsable de Relaciones Laborales de Cencosud de manera informal en una reunión con integrantes del Gobierno municipal y el Sindicato de Comercio.

Este martes, con el supermercado cerrado, personal de empresas proveedoras de mercadería retiraban excedentes del interior del local y hubo quienes vieron que también se llevaban otros elementos del interior del comercio.

La semana pasada, el presidente del directorio de Desarrolladora San Pedro S. A., empresa propietaria del edificio, dijo a La Opinión que en estos días habrá una reunión con Cencosud por la continuidad comercial del establecimiento.

Daniel Cayetano Grosso informó que a esa reunión irán con la propuesta para que Cencosud deje montado el supermercado, de manera tal que la empresa propietaria del edificio pueda ofrecer a otra firma supermercadista que se haga cargo del comercio. 

En medio de la incertidumbre generada por las versiones acerca de la decisión de la empresa Cencosud de cerrar la sucursal San Pedro del supermercado Vea, sin notificación formal al personal y con góndolas que se vacían sin reposición, los dueños del edificio tendrán una reunión en procura de "mantener las fuentes de trabajo".

Así lo informó este viernes a La Opinión Daniel Cayetano Grosso, presidente del directorio de Desarrolladora San Pedro S. A., la empresa que compró el edificio del ex San Cayetano, donde funciona desde 2012 el supermercado Vea.

Grosso dijo que para la empresa que preside es importante aclarar que no hubo conflicto alguno por el alquiler, como habían señalado primero fuentes del Vea local y luego el propio responsable de Relaciones Laborales de Cencosud, Javier Santos, que se reunió el lunes con referentes del Gobierno y del Sindicato de Comerio.

"Leímos que atribuían el problema al alquiler y se barajaban cifras que están alejadísimas de la realidad", dijo Grosso, en alusión a las versiones que surgieron tras la reunión con Santos en las que el representante de Cencosud habría dicho que el contrato pasaría de 18 millones a casi el doble.

"Siempre mantuvimos relación de igual a igual, Cencosud cumplió siempre los compromisos y nosotros también. Nos llamó la atención que ahora no cumplan con los contratos, porque deberían notificar con seis meses de anticipación y eso no pasó", dijo Grosso respecto del cierre.

La preocupación de su empresa, dijo el dueño del edificio donde funciona el Vea, es que no quieren que se les atribuya la pérdida de 30 puestos laborales, con lo que ello implica para la economía de esas familias y de San Pedro.

"Nosotros estamos dispuestos a dar una mano, conocemos la actividad, también somos supermercadistas y sabemos las dificultades de este momento bisagra del país, que nos afecta a todos", dijo el empresario.

En ese marco, informó que a la reunión que mantendrán la semana que viene con representantes de Cencosud llevarán dos propuestas tendientes a mantener el entramado comercial que implica un supermercado en el edificio de Balcarce e Ituzaingó.

"Si necesitan una mano se la vamos a dar, vamos a ayudar", aseguró Grosso.

Una de las propuestas será promover un convenio para que Cencosud no pague el alquiler por un tiempo, con un plan de pago de esa deuda "cuando el consumo repunte".

La otra, si la empresa tiene decidido cerrar de todas maneras y retirarse de San Pedro, es "llegar a un acuerdo para que no desarmen el supermercado y conseguir un nuevo operador y mantener las fuentes de trabajo".

"Queremos contribuir para que esto no se complique aún más", dijo Grosso y aseguró que el directorio de la empresa que representa decidió "buscar la manera de preservar las fuentes de trabajo".

"Queremos charlar en el grupo de supermercadistas y que otro supermercado tome la boca. Esa es la idea, de nuestra compañía. Esperamos llegar a un acuerdo que sea favorable", señaló.

"En lo que dependa de nosotros, no va a haber ningún inconveniente en que el Vea siga, aunque no paguen el alquiler. Lo último que queremos es que cierren, menos en este momento tan complicado para todos", sostuvo.

La situación del supermercado Vea mantiene en incertidumbre a los alrededor de 30 empleados que aguardan una notificación formal respecto del cierre de la sucursal San Pedro de esa cadena de la firma Cencosud, decisión que tendría confirmación formal la semana que viene.

Ante las preocupaciones expresadas a la empresa por el Gobierno municipal y el Sindicato de Comercio, el gerente de Relaciones Laborales de Cencosud, Javier Santos, estuvo en San Pedro para reunirse con autoridades y dialogar sobre la situación.

El secretario general del Sindicato de Comercio, Marcelo Mosteiro, informó a La Opinión que el domingo por la noche recibió un llamado para acordar una reunión que tuvo lugar el lunes.

Santos llegó al encuentro acompañado por otra persona. Lo esperaban Mosteiro, su segundo, Julián Díaz, un asesor legal del sindicato y el secretario de Gobierno municipal, Martín Baraybar, en representación del intendente Cecilio Salazar.

En la reunión les informaron que la decisión de cerrar la sucursal local sería confirmada formalmente a los trabajadores la semana que viene y les garantizaron que todos van a percibir la indemnización por despido sin justa causa, como establece la ley vigente.

"Tenemos que esperar definiciones", dijo Mosteiro e informó que el Sindicato de Comercio se puso a disposición de todo el personal —aunque apenas dos están sindicalizados— para los trámites que hagan falta. "La empresa tienen que notificar a los trabajadores", señaló.

Entre las razones para tomar la decisión les invocaron alto costo del alquiler del edificio, que pasaría de 18 millones de pesos a casi el doble, y una caída del consumo que se vio reflejado en un déficit del 15 por ciento de las ventas, "desde que está esta política económica", le refirieron a Mosteiro.

Este jueves, el Centro de Comercio de San Pedro expresó su “profunda preocupación por el cierre de la sucursal local del supermercado Vea" y advirtió que tendrá consecuencias en todo el entramado comercial de la ciudad.

El Centro de Comercio de San Pedro expresó en las últimas horas "profunda preocupación ante la confirmación del cierre de la sucursal local de la cadena de supermercados Vea", en medio de las tensiones acerca de la continuidad de esa sucursal de la empresa Cencosud en la ciudad.

La entidad que preside Daniel Churrurarín, reelecto en la conducción para un nuevo período, lamentó la pérdida de "una empresa que formó parte durante muchos años del entramado comercial de nuestra ciudad, brindando empleo y movimiento económico a numerosas familias sampedrinas".

La institución consideró que la decisión de Cencosud de discontinuar su presencia en San Pedro tras 13 años en el histórico edificio del ex San Cayetano "se produce en un contexto de fuerte crisis económica que afecta a todo el país".

Esa crisis, señalaron,  "lamentablemente repercute con especial dureza en las ciudades del interior, donde cada cierre representa una pérdida significativa de puestos de trabajo, de consumo y de oportunidades de desarrollo".

Desde el Centro de Comercio advirtieron que las consecuencias sociales y laborales del cierre del supermercado Vea en San Pedro afectarán "no solo a las trabajadoras y trabajadores directamente involucrados, sino también a los comercios, proveedores y sectores vinculados que se ven impactados de manera indirecta".

Señalaron su expectativa respecto de que la empresa cumpla con los derechos laborales de los alrededor de 30 empleados que tiene en total, con el respectivo pago de las indemnizaciones correspondientes,

En se marco, pidieron "articulación entre los sectores público y privado" para la generación de "nuevas oportunidades que permitan su pronta reinserción en el mercado laboral".

Dos casos de empleados municipales que el Gobierno decidió despedir por sus conductas reprochables serán definidos por la Justicia Laboral de San Nicolás, puesto que ambos tienen tutela sindical o fueros gremiales.

En cada caso, los trabajadores incurrieron en actos que son pasibles de sumario con dictamen de despido, pero son delegados sindicales, una de ATE y otro del STM, por lo que no se los puede dejar cesante sin que antes pierdan la inmunidad gremial.

El más avanzado es el de la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica por una fascitis plantar y mientras no concurría al sistema sanitario público se la vio cumpliendo tareas en el Hospital privado Sadiv.

Su caso ya está en el Tribunal Laboral n.° 2 para que los jueces definan la exclusión de su tutela sindical, de manera tal que se pueda proceder al despido por "inconducta notoria" y "falta grave que perjudica materialmente a la administración pública municipal".

La enfermera tenía licencia por fascitis plantar por 10 días otorgada bajo certificado médico firmado por un traumatólogo el 18 de diciembre del año pasado. 

Dos días después, la vieron en el Hospital privado Sadiv, cuyas autoridades confirmaron que había cumplido tareas desde la misma fecha en la que entró de licencia.

En el caso del empleado del Estadio que en 2022, cuando tenía 50 años, fue denunciado por mantener relaciones sexuales con una chica de 15 años, la condena impuesta por la Justicia —tres años de ejecución condicional— habilita al Gobierno a despedirlo.

El expediente está en proceso para que el presumario administrativo se convierta en sumario y se dictamine la decisión de dejarlo cesante, ante la inconducta manifiesta que implica haber sido condenado por abusar de una chica que practicaba deportes en su lugar de trabajo.

Con el dictamen, el área de Legales de la Municipalidad deberá ir a la Justicia Laboral para pedir, al igual que en el caso de la enfermera, la exclusión de la tutela sindical, puesto que formó parte de la última nómina de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, electa recientemente.

Como con la delegada de ATE, serán los jueces del fuero Laboral quienes resuelvan si corresponde quitarle la inmunidad sindical de la que goza para que el Estado local pueda despedirlo, teniendo en cuenta que la inconducta no guarda relación con actividades gremiales, que son las que buscan proteger los fueros para evitar arbitrariedades.

El sumario administrativo contra la enfermera de la Guardia que estaba de licencia médica y fue descubierta trabajando en el hospital privado Sadiv tiene como destino el despido de la empleada municipal, aunque por ahora no pueden proceder.

Es que la enfermera tiene fueros gremiales, puesto que forma parte de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos que representan a los trabajadores municipales en San Pedro.

Aunque el dictamen aconseja su despido por haber solicitado licencia médica para cumplir reposo por una fascitis plantar y estar al mismo tiempo trabajando en otro lado, el Gobierno no puede dejarla cesante, porque lo impide la ley al proteger a quienes tienen fueros gremiales.

Ahora, el Municipio debe solicitar formalmente a ATE el desafuero de la empleada para así, una vez quitada la inmunidad sindical por parte del propio gremio, proceder al despido.

Esa es la medida disciplinaria a la que arribó el sumario, que consideró lo ocurrido como una falta grave que causó perjuicio a la administración pública.

La empleada había entrado de licencia médica el 18 de diciembre pasado. El 20, la vieron en el otro efector de salud cumpliendo tareas profesionales y la denunciaron. En febrero, la Subsecretaría Legal y Técnica aconsejó el inicio del sumario administrativo con suspensión preventiva sin goce de haberes.

Al menos una decena de trabajadores de la fábrica papelera Celupaper recibieron en los últimos días telegramas de despido mediante el que la empresa les comunica la desvinculación laboral, en medio de la incertidumbre creciente en esa planta fabril de San Pedro.

A la apertura de un programa de retiros voluntarios, se suman estos despidos en un contexto de paralización de la producción y dudas respecto de que retomen, puesto que así como despidieron a empleados de menor antigüedad, buscan reubicar a otros.

Los despidos fueron comunicados por el apoderado de la empresa, Javier Speranza, como "consecuencia de haber paralizado la máquina de producción de bobinas de papel por falta de venta y disminución de la comercialización por el ingreso de productos importados".

La situación, dicen los telegramas de rescisión de contratos, afecta la posibilidad de "mantener la producción", por lo que están "analizando la reubicación del personal con mayor antigüedad".

Desde antes de junio, los trabajadores mantuvieron una serie de reuniones con personal de Recursos Humanos de la empresa que los "invitaba" a "mudarse" a la fábrica de Cardales. En ese momento advirtieron que la producción en San Pedro iba a disminuir.

"Hay entre 12 y 14 compañeros que están cobrando el 80 por ciento porque la máquina está parada. La cosa está muy complicada y el sindicato no está activando", dijeron a La Opinión trabajadores de la planta.

Semanas atrás, una asamblea de la Federación de Trabajadores de la Industrial del Papel advirtió sobre la situación del sector en las puertas de Papel Prensa, en medio de la discusión salarial con las empresas.

El gremio Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) denunció que las actuales autoridades piensan cerrar todas las Agencias de Extensión del país, incluida la de San Pedro.

El pasado jueves, una movilización convocada frente a las puertas de la sede del INTA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue señal de la protesta organizada por el sindicato. La consigna fue "No al ajuste en INTA, no a la intervención o desguace", y "defender la ciencia y tecnología agropecuaria".

Mario Romero, secretario general de APINTA, indicó que existió una propuesta de un acomodamiento de la estructura, pero sin dejar personal afuera. Sin embargo, la disposición es otra: quedarse solamente con 4.500 empleados de los 7.200 actuales.

Esto se alcanzaría cerrando todas las Agencias de Extensión Rural, que son 320, dejando en disponibilidad a todas las personas que allí se desempeñan, que en total representarían unos 1.700 trabajadores. También los Institutos de la Agricultura Familiar.

La Estación Experimental San Pedro cuenta con las Agencias de Extensión Rural de Zárate, San Nicolás y la situada en Mitre 299 de nuestra ciudad, a lo largo de su existencia asesoró y trabajó junto a los productores en sus emprendimientos, apuntalando cada iniciativa.

La disconformidad con su labor fue el motivo por el cual el intendente Cecilio Salazar decidió separar de la Dirección de Fiscalización a Juan Carlos Agüero. Pese a los intentos de La Opinión por confirmar las versiones que pesan sobre el ahora ex funcionario, no hubo posibilidad de obtener una respuesta ya que para varios de los presentes, el funcionario “renunció”.

Según se pudo reconstruir, una reunión llevada a cabo este jueves, a la que se convocó a la cúpula de la Secretaría de Seguridad para analizar la situación ante varios reclamos existentes que llegaban a su celular, fue el escenario para canalizar los cuestionamientos hacia el área, y en particular a cada integrante.

El párrafo especial habría sido para Agüero, sobre quien Salazar desplegó una serie de objeciones que lo apuntan como responsable de controlar desde los ruidos molestos hasta las habilitaciones de los eventos privados.

Sin una mínima explicación, y menos una discusión en ese momento, Agüero dejó de ser un “polifuncional” de la gestión. Al menos desde que asumió en la Dirección de Seguridad, en el rol de coordinador de las fuerzas, desplegó una tarea que se relacionó más con el respaldo a ciertas secretarías, en especial la de Desarrollo Humano, para la cual se destinó en exclusiva un automóvil oficial que ahora quedará a disposición de la gestión.

Asumió en enero de 2017. “El policía retirado llega con buena estrella, recomendado por el viceministro del interior Sebastián García de Luca, un joven dirigente de Chivilcoy, ciudad donde Agüero encabezó las fuerzas de seguridad”, dijo La Opinión en su momento.

Siempre se dijo que era el potencial remplazante de Eduardo Roleri, pero esto recién se concretó -provisoriamente- cuando el excomisario de nuestra ciudad se alejó del cargo. “Yo soy director de Coordinación Policial. Nadie me ofreció nada, ahora solo estoy pensando en darle soluciones a la sociedad”, expresó Agüero, por entonces. Y a los pocos días Roleri se fue y Agüero ocupó temporariamente de la Secretaría. Pero, en un movimiento sorpresivo de Ramón Salazar, Agüero pasó a una dirección de Desarrollo Humano y Diego Solana a Seguridad.

Lo de Solana fue efímero. Pocos meses para un trabajo que demanda muchas horas y esfuerzo. Por lo tanto, al retirarse, Agüero volvió como titular de Seguridad en octubre de 2022.

Con Cecilio Salazar nuevamente al frente del Departamento Ejecutivo, hubo un nuevo secretario: Dante Paolini. Y Agüero, una vez más, a Desarrollo Humano, hasta que finalmente tras la victoria en las elecciones y el inicio de un nuevo mandato salazarista, al funcionario oriundo de Gobernador Castro se le creó la Dirección de Fiscalización.

Fueron ocho años variables para quien solo tuvo una gran experiencia en su vida: la Policía. Fue egresado de la Escuela “Juan Vucetich” y desde entonces se lo recuerda como jefe del Subcomando de Patrullas de San Pedro en época de Guillermo Britos, y luego como principal colaborador de éste en Chivilcoy, donde cumplió los últimos años de su carrera como jefe de la Policía Comunal de esta ciudad.

Por el momento, se desconoce cuál será el destino de Fiscalización: si continuará como una Dirección y, si es así, quién ocupará el cargo.

Este martes, la empresa Dycasa comunicó el despido de todos los trabajadores de la planta local, ubicada en ruta 191 y ruta 9. "Se va de San Pedro", informó a La Opinión el titular de la Uocra en la ciudad, Horacio Azzoni.

La paralización de la obra pública había generado que la empresa suspendiera y despidiera trabajadores en todo el país. En diciembre había 36 empleados en San Pedro. Ahora quedaban 16 que este martes recibieron la notificación del cierre del taller y su desvinculación.

"Nos echaron a todos", dijo un empleado de la firma. En la planta sólo quedó un jefe administrativo y el responsable del taller, quienes deben ultimar los detalles para el cierre definitivo de la planta.

Sin obra pública, la empresa atravesaba una situación complicada en todo el país que por supuesto repercutía en San Pedro. Hace 15 días, cuando hubo una movilización en Buenos Aires, los datos que surgían de la planta local señalaban que si bien no había conflicto sí había preocupación porque estaban "totalmente parados" en el taller.

“Pagarán las liquidaciones y listo. ¿Qué se puede hacer si una empresa no tiene trabajo?”, dijo Azzoni.

"Lo de Dycasa es un cierre total de la empresa. Hace meses que no tiene trabajo. Mantuvo los trabajadores cuatro meses pero ahora no quedó nadie, se declaró planta cerrada", informó el sindicalista a La Opinión.

Dycasa llegó a San Pedro en el año 1986. Desde entonces, el taller funcionaba con mano de obra calificada como mecánicos, electricistas automotrices, soldadores especializados más capataces, personal de maestranza, etc. Este martes informaron al personal que se van de la ciudad.

"Hoy ya no queda más nadie adentro del obrador, sacaron todo", lamentó Azzoni, que atribuyó la situación a la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional. 

"Desde que asumió Milei estamos complicados, estamos pasando el peor momento de la Argentina", dijo el sindicalista y aseguró que en San Pedro son “más de 500” los puestos de trabajo que se perdieron en la construcción en los últimos meses.

Dycasa cerró 2023 con un balance negativo de más de 7 mil millones de pesos, informó el diario Clarín el sábado. Un informe enviado por la compañía a la Comisión Nacional de Valores indica que la inflación y la devaluación afectaron sobremanera sus negocios.

El sindicato de la Uocra y la cooperativa eléctrica Coopser mantenía este miércoles una reunión en la delegación local del Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto que comenzó con el despido de ocho trabajadores del obrador.

Desde el Consejo de Administración de Coopser, el presidente Iván Groppo dijo que “la realidad es que el departamento de obras, desde hace un tiempo y sobre todo con la llegada de la pandemia, se vio afectado por la falta de obras”, por lo que se vieron obligados a prescindir de personal.

“A nadie le gusta, es antipático tener que desvincular trabajadores, pero la realidad es que el sector es deficitario”, señaló. Indicó Groppo que si bien el área no tiene que obtener ganancias, debe mantenerse equilibrada, algo que en los últimos balances no logró. “Hemos intentado revertirlo y este es un momento complicado”, dijo.

El presidente del Consejo de Administración indicó que en otras oportunidades, para evitar despidos, reubicaban la mano de obra ociosa en el sector de poda o en otras áreas del sector eléctrico, pero que hoy eso no es posible.

“El sector eléctrico también está muy complicado, el valor agregado de distribución, que es el porcentaje de facturación que le queda a la cooperativa, no se ha modificado en 30 meses, tenemos una deuda con Camesa que supera los 700 millones de pesos”, detalló y agregó: “Por eso hoy no puede absorber a esos trabajadores el sector eléctrico hasta que encontremos obras”.

Aseguró que en las obras que se pueden presentar, lo hacen. y que respecto a las que se llevan adelante con el Fondo de Obras Públicas Comunitarias tuvieron algunas dificultades con el porcentaje de ahdesión vecinal, al no alcanzarlo.

“Uocra tiene un convenio que tiene una libreta de fondo de desempleo, que implica que cuando una obra se termina, por las particularidades que tiene el trabajo. En la cooperativa no se ha desvinculado a trabajadores cuando terminaban obras, porque había otras o porque para no dejarlos sin trabajo los pasábamos a poda o al sector eléctrico, pero hoy no puede absorber a esos trabajadores, porque está complicado”, aseguró.

Respecto de la obra del barrio Brisas del Paraná, dijo que “está próxima a salir” y que van a necesitar “ayudantes, gente que haga pozos”. Sobre las demoras, indicó: ” No paramos una obra porque queremos, hay algunos elementos que no están en condiciones, estamos tratando de arreglarlos y vamos a empezar la obra cuanto antes”.