El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo resolvió no procesar y dictó falta de mérito para el intendente Cecilio Salazar a los funcionarios Mariano Brañas y Ariel Álvarez y a los exfuncionarios Javier Silva y Jorge Ponzio en la causa que investiga la contaminación del río Paraná por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.

El magistrado consideró que "por el momento" no hay elementos suficientes como para "ordenar el procesamiento de los imputados ni tampoco para sobreseerlos", por lo que dispuso la falta de mérito para los cinco.

"No basta simplemente con contaminar, sino que dicha contaminación debe implicar un riesgo o peligro para la salud pública", dijo en su fallo Villafuerte Ruzo.

 Además, consideró que para establecerlo, deberá analizar "el caso concreto y con el auxilio de especialistas en la materia".

Como en la causa no hay "constancias o estadísticas médicas de atenciones sanitarias relacionadas a afecciones en la salud originadas particularmente por la presencia en el Paraná de desechos cloacales sin tratamiento previo", el juez dispuso la falta de mérito y pidió al Gobierno que le envíe información.

Así, ordenó a la Secretaría de Salud que remita "informes estadísticos respecto a diagnósticos relacionados a afecciones a la salud derivadas o transmitidas por agua contaminada por desechos cloacales, desde el año 2022 a la actualidad".

De la misma manera, requirió a la empresa a cargo de los estudios para la proyección de una nueva planta depuradora que eleve el informe final del denominado  "proyecto de optimización y ampliación del sistema de desagües cloacales de la ciudad de San Pedro".

Villafuerte Ruzo consideró que el Paraná, "como todo río, posee su capacidad de autodepuración".

El juez se preguntó si "¿sería posible la interrupción de los vuelcos de los desechos crudos al río Paraná hasta contar con la información científica sobre su capacidad de autodepuración?" y se respondió:  "Una respuesta positiva llevaría indefectiblemente a una situación nada agradable cuya descripción se omitirá".

Ello porque San Pedro no tiene otra opción: arroja los desechos cloacales al río desde 1982, cuando quedó fuera de servicio la planta depuradora ubicada en Rómulo Naón al 500.

De todas maneras, el juez consideró que "resulta llamativa la ausencia de una política preventiva y de un sistema de contralor y sancionador no penal", puesto que si no hay depuradora hace más de 40 años, cómo es posible que no haya habido acciones administrativas más eficaces para solucionarlo.

Salazar y los funcionarios del gabinete involucrados en la causa fueron imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "contaminación ambiental". La investigación comenzó tras una denuncia de una ONG por los efluentes de la empresa Ingredion en Baradero.

Cuando el Juzgado de Campana a cargo de esa causa mandó a hacer análisis del agua en el río, se encontró con altos niveles de contaminación fecal previa, por lo que derivó los resultados a la Justicia Federal con competencia en San Pedro, que es la de San Nicolás.

La Fiscalía ordenó tomar muestras en la zona portuaria y en inmediaciones del Buque Museo para constatar que el vuelco de efluentes cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio" en vigencia.

Por la causa hubo allanamientos en la Municipalidad y el fiscal Matías di Lello requirió documentación al Concejo Deliberante. Entre las personas citadas a declarar estuvo el director provincial de Agua y Cloacas bonaerenses, quien dijo que no había recibido "ningún proyecto relacionado" con la planta depuradora.

Ello fue antes de que se incluyera en el presupuesto provincial 2025 la elaboración del informe y proyecto, tarea que hizo la empresa 5 de Septiembre, cuyo resultado señaló que San Pedro necesitará inversión externa puesto que una nueva planta depuradora tiene un costo millonario en dólares.

Este jueves, el intendente Cecilio Salazar y el secretario de Obras y Servicios Públicos Mariano Brañas prestadron declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Carlos Villafuerte Ruzo por la causa que investiga contaminación ambiental por el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento en el río Paraná.

El jefe comunal y el funcionario de su gabinete conocieron el detalle de la imputación —al igual que Ariel Álvarez y Jorge Ponzio, quienes concurrieron el miércoles pero no declararon porque presentarán un escrito— relacionada con la falta de planta depuradora en San Pedro, situación que persiste desde 1982.

La Justicia lleva adelante la causa con imputaciones que corresponden a quienes están o estaban a cargo del Gobierno y las dependencias relacionadas desde enero de 2023, cuando se constató, tras la denuncia original, que el río estaba contaminado con materia fecal proveniente del desagüe cloacal ubicado en la zona portuaria local y en imediaciones del buque museo.

Tanto Brañas como Salazar hicieron hincapié en su declaración en que la situación lleva más de 40 años sin que se haya podido resolver a pesar de las múltiples gestiones que todos los gobiernos democráticos hicieron por el tema ante autoridades nacionales y provinciales.

La obra necesaria es millonaria y no podría ser afrontada con recursos propios del Municipio, algo que sucede en todos los distritos, cuyos presupuestos no contemplan obras de semejante magnitud sin fondos del Estado nacional o provincial, que además suelen estar vinculados a la financiación externa.

En su declaración, el intendente y su secretario de Obras Públicas destacaron que Provincia incluyó en su presupuesto para este año un estudio preliminar que está en marcha y que permitirá diseñar un plan de acción de obras para el año que viene.

Para que ello sea posible, la consultora debe tener listo ese estudio antes de octubre, de manera tal que el Gobierno bonaerense pueda incluir el paso siguiente en el Presupuesto 2026, con los recursos necesarios para su ejecución.

La causa por contaminación ambiental comenzó luego de una denuncia de una ONG ambientalista contra una empresa de Baradero por el volcado de sus efluentes al río. Cuando hicieron los análisis, detectaron que había materia fecal que venía desde San Pedro.

Previstas para esta semana, fueron pospuestas las indagatorias al intendente Cecilio Salazar y otros miembros de su gabinete por la causa que investiga la contaminación del río Paraná por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento.

El abogado Hugo Lima (h) representa a Cecilio Salazar; al exsecretario de Servicios Públicos y actual de Producción, Ariel Álvarez; al secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas; y al exdirector de Obras Sanitarias, Jorge Ponzio.

Lima logró posponer las indagatorias hasta la semana que viene tras elevar la solicitud al juez Villafuerte Ruzo, en cuyo Juzgado Federal tramita el expediente, que comenzó tras la denuncia de una ONG por los vertidos al río de una fábrica en Baradero cuyos análisis revelaron que el agua venía con altos niveles de contaminación fecal previa.

Cecilio Salazar y Ariel Álvarez declararán el miércoles 26 de marzo a las 11.00 de la mañana, mientras que Mariano Brañas y Jorge Ponzio harán lo propio al otro día, a la misma hora.

El único que este martes se presentó ante el Juzgado Federal de San Nicolás fue Javier Silva, también imputado en la causa por su rol como secretario de Obras Públicas de la gestión Salazar.

Silva tiene asistencia de la Defensoría Oficial que conduce Héctor Galarza Azzoni y concurrió a la audiencia para tomar conocimiento de los alcances de la imputación.

Su declaración será por escrito y objetará los elementos probatorios, la recolección de esas pruebas y buscará deslindar sus responsabilidades en relación a la acusación que pesa sobre el Municipio y los funcionarios actuantes, relacionada con la falta de obras que permitieran evitar el volcado de efluentes cloacales sin tratamiento al río.

En San Pedro, la planta depuradora dejó de funcionar en 1982 y desde entonces no hay tratamiento para los residuos cloacales, por lo que las responsabilidades de inacción u omisión atraviesan todas las gestiones políticas desde el retorno de la Democracia.

En su Mensaje Anual, el intendente anunció la firma de un convenio con una consultora que, con recursos provenientes de Provincia, lleva adelante un estudio previo que desembocará, eventualmente, en la confección un proyecto para el que luego habrá que buscar financiamiento.

Personal del Juzgado Federal de San Nicolás procedió este jueves a notificar al intendente, funcionarios y exfuncionarios que fueron imputados por el vuelco al río Paraná de efluentes cloacales sin tratamiento.

La causa tiene al intendente Cecilio Salazar, al exsecretario de Servicios Públicos —actual de Producción— Ariel Álvarez, al exsecretario de Obras Públicas Javier Silva, al actual de Obras Públicas Mariano Brañas y al exdirector de Servicios Sanitarios Jorge Ponzio involucrados.

Todos están acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y de "contaminación ambiental" por la falta de planta depuradora para el tratamiento de efluentes cloacales, tras una denuncia en Baradero que derivó en análisis que comprobaron presencia de materia fecal en las aguas del riacho.

Las notificaciones, al menos de los funcionarios, se produjeron en el despacho de la Privada, en Palacio, este jueves durante la mañana. Las audiencias para tomar declaraciones indagatorias serán 18, 19 y 20 de marzo del año que viene.

La causa comenzó con una denuncia por los efluentes de la empresa Ingredion en el riacho Baradero. Cuando tomaron muestras, se percataron de que había altos niveles de contaminación fecal previa, es decir que provenía de la zona de San Pedro.

Luego, la Fiscalía Federal ordenó tomar muestras en la boca de salida de los efluentes de la zona portuaria y en inmediaciones del Buque Museo. En ambas, constataron que el vuelco de líquidos cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente".

Por eso en su momento hubo allanamientos en la Municipalidad y solicitud de documentación al Concejo Deliberante. Di Lello comprobó así lo que los sampedrinos ya sabemos: desde 1982 no hay planta depuradora en funcionamiento, es decir no hay tratamiento de los efluentes cloacales antes de ser volcados al río.

En el expediente obra una declaración del director provincial de Agua y Cloacas bonaerense, Sergio Benet, quien señaló que no recibió "ningún proyecto relacionado con la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro" y que los funcionarios locales "no habían manifestado inconvenientes al respecto".

En el Presupuesto 2025, Provincia incluyó en su planificación de obras 10 millones de pesos para "TdR para la elaboración del proyecto licitatorio para desagües cloacales en San Pedro".

Es decir que el año que viene el Gobierno bonaerense financiará los estudios necesarios para la elaboración de una evaluación marco para la posterior planificación del proyecto que, una vez cumplidos ese y los pasos siguientes, podrá derivar en un llamado a licitación.

El fiscal Federal Matías di Lello imputó al intendente Cecilio Salazar y a un grupo de funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno en la causa que investiga la contaminación ambiental del río Paraná por el vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento.

La causa es la misma por la que el año pasado el Juzgado Federal de Villafuerte Ruzo ordenó allanar la Municipalidad para solicitar planos de la planta depuradora.

Los imputados, además de Salazar, son el secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; el exdirector de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; al exsecretario de Obras Públicas, Javier Silva; y el exsecretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez.

Tras el allanamiento, el fiscal le requirió a la entonces presidenta del Concejo, Mónica Otero, una gran cantidad de documentación relacionada y ahora avanza en el proceso para indagar a quienes considera "coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "contaminación ambiental".

La causa comenzó con una denuncia de una organización ambiental sobre la contaminación del río Paraná en Baradero que apuntaba a una empresa radicada en esa ciudad. Cuando la Justicia ordenó las pruebas, se encontraron con indicios del vuelco de líquidos cloacales en el riacho.

Así, el Juzgado Federal de Campana que tenía esa denuncia le pasó a Villafuerte Ruzo la situación de San Pedro, que corresponde a su competencia, para que disponga el desarrollo de la causa penal contra el Estado local.

Las muestras originales fueron tomadas frente a la descarga de la empresa Ingredion, en Baradero. El resultado arrojó contaminación fecal previa, confirmada luego por el área de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que tomó nuevas muestras.

Los análisis del agua del riacho en San Pedro establecieron la presencia de coliformes fecales en alto grado. 

La investigación tuvo que constatar con la documentación secuestrada en la Municipalidad y pedida al Concejo Deliberante lo que todos los sampedrinos ya sabemos: no hay planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Las muestras se tomaron en la boca del puerto y en proximidades del buque museo General Irigoyen. En ambos casos, los responsables del análisis dejaron asentado que había "olores nauseabundos".

La Dirección de Control Técnico de la Autoridad del Agua (ADA) concluyó que el vuelco de líquidos cloacales al río "no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente".

La resolución cita diversas notas publicadas por La Opinión que dan cuenta de que la planta depuradora de calle Rómulo Naón está fuera de servicio desde 1982, fecha desde la que los residuos cloacales van al río sin tratamiento.

Del análisis de la documentación que Mónica Otero tuvo que llevar en papel a la Fiscalía Federal, la causa estableció que "en 41 años se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y cinco comunicaciones vinculadas con el tema, pese a lo cual, nunca se volvió a poner en funcionamiento la planta depuradora".

La entonces secretaria Legal y Técnica reconoció ante la Justicia que la planta depuradora no sólo no está en funcionamiento sino que "tampoco se realizan tareas vinculadas a reciclaje o cualquier actividad relacionada con desechos, sean éstos cloacales o residuos".

El director provincial de Agua y Cloacas bonaerense, Sergio Benet, dijo en su declaración testimonial que el organismo que conduce nunca tuvo ningún planteo del Gobierno local sobre el tema.

Dijo que no recibió "ningún proyecto relacionado con la optimización, rehabilitación y/o construcción de una planta depuradora y efluentes cloacales para San Pedro" y que "los funcionarios de esa ciudad no habían manifestado inconvenientes al respecto".

La Justicia Federal tomará declaración indagatoria a Salazar, Brañas, Silva, Ponzio y Álvarez 18, 19 y 20 de marzo de 2025, entre las 9.30 y las 10.30, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

San Pedro es una de las ciudades de la región que arroja sus efluentes cloacales al río Paraná sin tratamiento alguno, situación por la que hay una causa penal en marcha en la Justicia Federal. La falta de plantas depuradoras, luego de la salida de servicio de la de Naón y Arnaldo, es una problemática sobre la que se debate recurrentemente.

Esta semana, los concejales opositores Martín Rivas (Juntos Pro) y Mauro de Rosa (La Libertad Avanza) elevaron un pedido de informe para que el Gobierno responda si sigue vigente un proyecto de construcción de una depuradora para San Pedro incluido en el presupuesto nacional del año pasado.

El proyecto, por 372,5 millones de pesos, aparece entre los planes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), a través de una línea de crédito externo obtenida ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los concejales —entre ellos uno que responde directamente al Gobierno nacional y otro, a sus aliados— consultan al intendente si ese proyecto sigue vigente y si se prepararon los informes requiridos por el organismo para el avance en su concreción.

El Enohsa financia obras de este tipo en todo el país. De hecho, las que plantas depuradoras que existen en las localidades del distrito se construyeron gracias a esos proyectos.

En el expediente, Rivas y De Rosa destacan que "la inversión en infraestructura sanitaria básica se ubica en un pie de igualdad con la atención de la salud, e

ducación y seguridad, y es, asimismo, un derecho protegido constitucionalmente".

Una comisión de la División San Nicolás de la Policía Federal se presentó este lunes en la Municipalidad para requerir documentación relacionada con la ex planta depuradora. El procedimiento —técnicamente una “orden de presentación”, una especie de allanamiento— se dio en el marco de una causa penal por la contaminación del río Paraná.

Desde el Gobierno habían informado a La Opinión que los efectivos de la Federal llegaron porque había “un oficio del año pasado que no se contestó”, relacionado con planos de la planta depuradora, aunque desconocían en relación a qué causa.

La Opinión confirmó que se trata de una denuncia radicada por organizaciones ambientalistas ante la Justicia Federal por la contaminación del río a través de efluentes cloacales que tramita en la Fiscalía Federal de Matías Di Lello y que abarca a toda la región.

Por eso la documentación requerida estaba vinculada a la ex planta depuradora, en procura de que la Justicia pueda establecer si este Municipio y los vecinos tienen tratamiento de los desechos cloacales domiciliarios o no.

En el caso de San Pedro, es de público conocimiento que los efluentes cloacales pasan de la cañería al riacho sin tratamiento alguno, con salida en la zona próxima al puerto local.