Continúa la polémica en torno a los vehículos secuestrados oportunamente y que debieron ser compactados por quien ganó la licitación para compactarlos.

Uno de los casos resonantes es un camión Volvo, cuyo dueño denunció que la unidad, que formalmente debía haber sido reducida a chatarra, continúa circulando e incluso habría sido ofrecido para la venta.

El propietario del vehículo, Javier Basante, aseguró que nunca recibió una notificación oficial informándole que el camión sería compactado y afirmó que se enteró de la situación tras observar publicaciones de La Opinión y comentarios sobre la circulación de la unidad realizando viajes hacia San Nicolás.

“Me entero que el camión anda trabajando por ustedes, no porque alguien me haya avisado”, expresó durante una entrevista en el programa Sin Galera.

Según relató, años atrás el camión había sido dejado frente a un taller mecánico donde iban a realizarle modificaciones eléctricas para ponerlo nuevamente en funcionamiento, pero posteriormente fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

Basante sostuvo que en aquel momento discutió con autoridades municipales debido a los costos que pretendían cobrarle por acarreo y estadía, y que nunca avanzó con el retiro del vehículo por considerar “injusta” la situación.

“No estaba abandonado ni mal estacionado. Estaba frente a un taller donde lo estaban arreglando”, resaltó.

Aseguró que el Volvo es modelo 1992 y que actualmente tendría un valor de entre 50 y 60 millones de pesos. Además, denunció que mientras permaneció en el corralón municipal sufrió faltantes de piezas y neumáticos.

“A mí mismo me ofrecieron las cubiertas del camión”, afirmó, señalando que las ruedas nuevas habían desaparecido mientras el vehículo permanecía secuestrado.

Otro de los puntos que destacó fue que el camión continúa registrado a su nombre y que él conserva toda la documentación original, pese a que oficialmente el vehículo habría sido destinado a compactación.

“Hoy ese camión tendría que ser un montón de chatarra, pero está viajando a San Nicolás”, volvió a indicar. Además, reveló que días atrás una persona intentó venderle el propio vehículo mediante un acuerdo informal “sin papeles” y con un supuesto usufructo por 20 años.

El caso ahora quedó en manos de su abogado, quien analiza las acciones legales a seguir para determinar responsabilidades y esclarecer cómo un vehículo destinado, presuntamente, a compactación terminó nuevamente en circulación.

Mientras tanto, surgieron sospechas sobre otros vehículos secuestrados que habrían corrido una suerte similar. Según indicó Basante, junto con su camión habrían salido del depósito municipal camionetas, motos y cuatriciclos.

Una investigación de La Opinión reveló que los alrededor de 300 vehículos —269 motos, 11 autos, dos camionetas y un camión— que figuraban en el listado de la última compactación dispuesta por el Municipio no fueron destruidos sino que están a la venta, completos o por partes, en varios desarmaderos de la ciudad.

La mayoría de los vehículos se encuentran en el depósito de un reconocido chatarrero que ganó la compulsa de precios para retirar los vehículos que figuraban en el listado. 

Otros, sobre todo los automóviles, fueron a parar a otro lugar y puestos a la venta en redes sociales por una persona que sería familiar directo de un empleado municipal.

La ordenanza que en San Pedro rige la disposición final de los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito no es otra cosa que la adhesión local a la ley provincial vigente.

Esa norma hace una distinción inicial muy clara respecto del destino de motos, autos y otros rodados secuestrados: pueden pasar a dominio municipal o ser subastados, por un lado; o bien deben ser compactados, es decir destruidos y convertidos en chatarra, por el otro.

No hay otra opción porque la distinción que hace la ley es entre vehículos que están "aptos para rodar" y los que no. 

Los primeros pueden volver a la calle si la Municipalidad hace el trámite para registrarlo a su nombre o al de una institución a la que pueden ir como donación o decide venderlos en subasta pública.

En el caso de los segundos, los que son considerados "no aptos para rodar" o impliquen un peligro para la salud y el ambiente, la autoridad deben "compactarlos o someterlos a proceso de destrucción similar".

La única excepción para conservar un vehículo no apto para rodar, sus "autopartes, repuestos o motores" es cuando se trate de un "auto de colección por su valor social o patrimonial".

En ese caso, se debe identificar el vehículo o las partes para el adecuado resguardo del rodado o de las piezas calificadas como "de colección".

En San Pedro, el último lote que fue publicado para su eventual rescate por los propietarios pasó a manos de un chatarrero, que en lugar de compactarlo, como establece la norma, puso en venta los vehículos completos o por partes.

Entre los casi 300 vehículos que una empresa local ganadora de la licitación para compactar rodados secuestrados en operativos de tránsito no sólo había 269 motos que no se compactaron sino que están a la venta por partes en un desarmadero.

Además, había automóviles, camionetas y hasta un camión que tampoco tuvieron como destino ser un montón de chatarra sino que en alguno casos están en el depósito, en otros fueron comercializados por terceros que los habrían comprado y hasta alguno se vio en la calle, todo prohibido.

En el listado que el Municipio publicó por si alguno de los propietarios deseaba abonar multa, acarreo y estadía para recuperar su vehículo, además de las motos había 13 automóviles y un camión.

Eran un dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, un utilitario Volkswagen Saveiro y una furgoneta. Además, había un camión Volvo.

En algunos casos, esos vehículos permanecen en el desarmadero del chatarrero que ganó la compulsa de precios.

En otros, como en el caso de un BMW 130i azul patente IZQ595 secuestrado el 12 de mayo de 2023, se lo vio publicado en redes sociales por parte de una persona que tendría vínculos con empleados municipales y que lo tenía a la venta primero completo, a 7 millones de pesos, y luego por partes.

En las imágenes publicadas para la venta del BMW desde al menos diciembre del año pasado se ve a su lado un Volkswagen Gol que también tiene signos de haber tenido faja de secuestro.

El camión, un Volvo patente RWD 222 secuestrado el 31 de agosto de 2023, que también está en el depósito fue visto en la calle, en proximidades del lugar.

En ese caso, no falta quien diga que hasta habría estado circulando por la vía pública, algo que está expresamente prohibido en la medida en que ese vehículo que, como tal, ya no tiene entidad jurídica.

Una investigación de La Opinión & Sin Galera reveló el sábado que las motos secuestradas que el Gobierno envió a compactación tras difundir el decreto en febrero del año pasado no fueron destruidas sino que terminaron en el depósito de una chatarrería donde están a la venta.

La empresa local que se adjudicó la licitación para compactar los vehículos secuestrados cuyos propietarios no cumplieron con los trámites para retirarlos no sólo no las destruyó sino que las trasladó a ese desarmadero.

Allí, comprobó La Opinión, se pueden comprar por partes, en algunos casos enteras y en otros hasta habría ofrecimiento de motores y cuadros a los que se suprimirían los números para que dejen de ser visibles.

El decreto con las motos a compactar tiene fecha del 25 de febrero de 2025 y fue publicado en el Boletín Oficial y también en La Opinión.

Allí figuran, en total, 283 vehículos en condición de ser compactados, entre ellos 269 motos. Todos los rodados, como establece la normativa vigente, llevaban más de 180 días desde que fueron secuestrados.

La Opinión detectó en ese depósito varias motos con la chapa patente colocada cuya numeración coincide con las que aparecen en el decreto, puesto que la Municipalidad está obligada a publicarlas por si alguien quiere regularizar su situación y evitar la compactación.

En esa documentación figuran número de acta, número de causa en el Tribunal de Faltas, acta de incautación, fecha, tipo de vehículo, dominio, marca y modelo.

Todos los vehículos que aparecen en ese decreto deberían haber sido compactados, es decir destruidos para que la empresa que ganó la licitación pueda comercializar el resultado, la chatarra. Sin embargo, eso no ocurrió.

Las motos que la Municipalidad envió a compactación no fueron destruidas y hoy están almacenadas en un depósito, puestas a la venta.

La investigación comenzó a fines del 2025, cuando el Municipio publicó el listado de motos y autos secuestrados que serían compactados.

La licitación fue adjudicada a una empresa local, que debía realizar el procedimiento de destrucción de los vehículos, tal como ocurrió en otras oportunidades.

Sin embargo, en lugar de compactarlas, las motos fueron trasladadas a un depósito y comenzaron a aparecer versiones de vecinos y personas vinculadas al ambiente de las autopartes que aseguraban que las unidades seguían enteras y que incluso algunas piezas se comercializaban.

Con el correr de los meses, La Opinión recibió fotografías y datos concretos sobre el lugar donde estaban almacenadas.

A partir de esas imágenes, comprobó que varias de las motos coincidían con las incluidas en el decreto municipal de compactación.

En las fotos tomadas dentro del depósito se observan patentes visibles que, al ser cotejadas con el listado oficial publicado por la Municipalidad, corresponden a motos que debían haber sido destruidas.

Según los testimonios recogidos durante la investigación, en el lugar se venden repuestos, motores y otras partes de las motos secuestradas. Además, algunas fuentes aseguraron que determinados motores podrían ser entregados con la numeración limada.

Personal de la DDI recuperó este jueves por la tarde, en un allanamiento, un automóvil desarmado que había sido robado el 8 de marzo pasado en la vía pública.

La investigación llegó hasta un domicilio de Ruffa al 1100, donde funciona una especie de taller mecánico de motos. Allí estaba el coche robado, totalmente desarmado.

El automóvil es un Ford Fiesta Kinetic azul modelo 2014 que fue sustraído en Riobamba al 500, estacionado afuera de un taller mecánico, propiedad de una mujer de 49 años.

La DDI analizó una gran cantidad de material fílmico proveniente de cámaras de seguridad públicas y privadas que, junto a los testimonios recabados, permitieron llegar al taller de Ruffa.

El Juzgado de Garantías interviniente ordenó el allanamiento que se hizo efectivo este jueves por la tarde. En el lugar hallaron el Fiesta Kinetic azul robado completamente desarmado.

Además, dieron allí con la cédula de identificación del vehículo, al que le faltaban los asientos, las ruedas y otros accesorios. 

El residente, que se dedica a reparaciones rápidas de automóviles, fue notificado, en principio, por el delito de encubrimiento.

La DDI profundiza la investigación para reconstruir el camino que derivó en el traslado de el coche robado desde la puerta del taller donde lo sustrajeron hasta este sitio donde lo encontraron desarmado.

Una investigación policial permitió desbaratar un desarmadero de motos en el que, todo indica, se reducían vehículos robados para la venta de repuestos en el mercado negro.

El personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría allanó una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 1100, en pleno centro de la ciudad, tras obtener datos que permitían sospechar que allí iban a parar motos robadas.

En el procedimiento logaron secuestraron una gran cantidad de partes de motos cuya procedencia no pudo ser justificada por el titular del lugar, un aparente taller clandestino.

La mayoría de las partes de motos halladas no tenían numeración y no se puede establecer su procedencia. La sospecha de la investigación es que serían parte de actividades ilícitas.

En el lugar había dos motos en reparación y otros motores cuya numeración no tenía pedido de secuestro activo, según el sistema que utiliza la policía para certificarlo.

El dueño del lugar, un hombre de 62 años, fue notificado por Fiscalía respecto de la causa, que procura ahora establecer la procedencia de las partes de motos secuestradas, sin adoptar otro temperamento.

La policía desbarató un desarmadero de motos que funcionaba en una vivienda ubicada en la zona de Benito Urraco al 3000, en inmediaciones del área industrial camino al basural.

La investigación policial permitió establecer que ahí reducían motos robadas. Testimonios y otras pesquisas permitieron reunir elementos suficientes para proceder al allanamiento.

La policía sospechaba que en esa zona estaría el desarmadero puesto que en varias ocasiones, durante operativos cerrojo tras el robo de motos, hallaron los vehículos "descartados" en inmediaciones.

Así, el personal de la Comisaría allanó el lugar y encontró más de 60 piezas de motos desarmadas, que fueron secuestradas y puestas a disposición de la Justicia, que deberá establecer su procedencia, que todo indica es ilícita.

Además, incautaron cuatro plantas de marihuana de aproximadamente dos metros de alto, y detuvieron al residente del lugar, quien quedó a disposición de la Justicia y prestaba declaración ante la fiscala María del Valle Viviani. 

La Policía Federal incautó alrededor de siete toneladas de cobre en allanamientos que tuvieron lugar en una chatarrería ubicada en Independencia al 3100 y en el domicilio particular de su propietario, identificado como Jonathan Panizza, en Santa Lucía.

Este jueves, en Radio Cuarentena, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, aseguró que pueden probar la procedencia del material secuestrado y que no se trata de lo que fue denunciado como robado por la empresa Telecom.

“Esto se inicia en San Nicolás a raíz de una denuncia de la empresa Telecom, deriva en San Pedro por un proveedor que tiene Panizza en San Nicolás”, explicó Villarruel y señaló que el procedimiento judicial llegó a su cliente ante la sospecha de una posible conexión por el vínculo comercial con esa firma nicoleña.

El abogado informó que la orden de la Justicia Federal era verificar si había cobre en el lugar y convocar a representantes de la empresa Telecom para que certifique in situ si lo hallado coincidía con lo que denunciaron como robado. Como no se presentaron, la Policía decidió llevar todo a un depósito a San Nicolás para que allí se produzca esa constatación.

“Hay unos cables que son específicos para cada cosa. Con la marca y el espesor y esas cuestiones específicas Telecom va a comprobar que no son cables de comunicaciones”, aseguró Villarruel.

El abogado indicó que el material secuestrado es parte de elementos “comprados una parte a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa” y que pueden probar esa procedencia.

“Si hubiese venido la gente de Telecom no se llevan nada, porque no son cables de telecomunicaciones”, sostuvo. “Está todo documentado”, aseguró e informó que su cliente “compra sabiendo la procedencia y en grandes volúmenes”.

“Se lo van a tener que traer otra vez”, dijo Villarruel sobre el material incautado por la Policía Federal y trasladado a San Nicolás en el marco de una causa que está caratulada como “daños a sistemas informáticos”, tras la denuncia de la empresa Telecom.

“Esto a lo sumo se podría tratar un encubrimiento, por comprar materal de procedencia ilícita, si se estableciera que fuera así, y si no serán sobreseídos inmediatamente”, explicó el abogado y agregó: “Voy a pedir las pericias pertinentes”.

Confirmó que “se llevaron 1800 dólares que tenía la esposa de Jonathan Panizza en la casa, de ahorros, y 100 mil pesos que había en la chatarrería, que es dinero que se utiliza para comprar y de las ventas que se habían hecho hasta el momento”.