El juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado Civil 2 de San Nicolás, ordenó desalojar a un empleado municipal que mantenía una ocupación ilegal e ilegítima sobre un inmueble ubicado en Crucero General Belgrano, cerca del club Los Andes.

El dueño, que compró esa propiedad en 2016, interpuso la demanda en 2018 luego de que los intrusos no respondieran cartas documento ni accedieran a mantener un diálogo de acercamiento para la restitución.

Finalmente, declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia, ordenaron el desalojo del empleado municipal, identificado como Santiago Banegas —hermano del recientemente detenido por abuso sexual, Miguel Ángel—, que se desempeña en la Secretaría de Desarrollo Humano.

La sentencia tiene fecha del 11 de diciembre de 2024 y notificación efectiva de febrero de 2025, pero hubo una apelación presentada por un abogado en representación de otra persona que tiene un ranchito en el mismo predio, a quien también alcanza la orden de desalojo.

El juez dispuso desalojar "a Banegas, Santiago y/o cualquier otro ocupante del inmueble ubicado en Camino Crucero General Belgrano 2250". Esta semana, el magistrado dejó firme la orden al rechazar la apelación y dispuso la ejecución.

El oficial de Justicia y el abogado del dueño del predio se presentaron para notificar la orden de desalojo y en el lugar se vio movimientos relacionados con el desmantelamiento de la casa, lo que indica que el demandado estaba dispuesto a hacer caso a la orden judicial.

De lo contrario, la orden de desalojo dispuesta por la Justicia deberá cumplirse con la policía, tal como estableció el juez en su fallo, en el que autorizó “el auxilio  de la fuerza pública mínima, indispensable y con la debida moderación, y el allanamiento de domicilio”.

La jurisprudencia establece que quien tiene título de propiedad puede acceder al desalojo “aun cuando no probare la preexistencia de la propia posesión” como en este caso, en el que el comprador se encontró con los ocupantes.

“Debe presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa desde la fecha de su título y ello basta para que como sucesor pueda ampararse en todos los derechos que hubiesen tenido aquellos para reivindicar”, consideró la Cámara de Apelaciones en un fallo citado en esta sentencia.

Falleció en las últimas horas Juan Carlos Arévalo, el jubilado de 92 años que tuvo que ir a la Justicia para desalojar a su propio hijo, a quien le había cedido su vivienda en "nuda propiedad", es decir con usufructo vitalicio, pero aún así había tenido conflictos que lo obligaron a irse.

Coopser informó que los restos de Arévalo serán velados en sus salas velatorias hasta las 10.00 de este viernes.

El caso de Juan Carlos fue modelo respecto de los conflictos que puedan aparecen cuando se produce la cesión con cláusula de usufructo vitalicio y una parte, en este caso su hijo, no la respeta.

La vivienda había sido cedida en esos términos con acuerdo familiar. Sin embargo, su hijo vino desde Córdoba en diciembre de 2023 a instalarse en la casa donde vivía Juan Carlos y comenzaron los problemas.

Al punto de que, en medio de conflictos, amenazas y episodios de violencia, Arévalo se fue a la casa de otro de sus hijos, por miedo a agresiones.

Allí comenzó la peregrinación judicial que logró, en octubre del año pasado y con el patrocinio del abogado Javier Silva, un fallo favorable que ordenó desalojar al hijo y restituir la casa a Juan Carlos.

Pasados los 30 días desde que a fines de febrero el Gobierno intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz “Mono” Acosta a restituir el edificio de San Martín 580, sede histórica del gremio, todo indica que la disputa se dirimirá en la Justicia.

El Sindicato respondió la carta documento y sostuvo que la sede es "la casa de los trabajadores" y que la construyeron" con sus "propias manos", por lo que la van a "defender" ante el embate del intendente.

Si el Gobierno insiste con que ese edificio es del Estado municipal y lo quiere utilizar para otra cosa, deberá avanzar en la Justicia con un juicio de desalojo, porque el gremio no está dispuesto a irse así como así.

"Ni con el Ejército me sacan de la sede que es de los y las trabajadoras", aseguró Acosta.

"No tienen nada, la sede le pertenece al sindicato", sostuvo Juan Cruz "Mono" Acosta ante La Opinión y aseguró que están preparados para, eventualmente afrontar la situación en sede judicial.

El plazo de la carta documento pasó. Ahora, si el Gobierno quiere recuperar el inmueble  para "destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal", como dijo en la carta documento, deberá ir a la Justicia.

El desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala sólo podrá hacerse efectivo una vez que se haya puesto en marcha el protocolo que establece la Corte Suprema para este tipo de casos y que incluye un informe socioambiental de las familias que están en situación de toma.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al planteo de la Defensoría Oficial que conduce Joaquín Castro, quien había señalado que en el fallo que ordenaba desalojar el barrio la jueza Maiztegui había omitido cumplir con ese protocolo.

La Cámara advirtió que la magistrada no acató las medidas establecidas por esa normativa, que establece "pautas de actuación destinadas a garantizar el respeto de derechos fundamentales en contextos de especial conflictividad social".

Para ese protocolo es fundamental que ante casos de usurpación masiva de inmuebles haya un relevamiento de la situación socioambiental de los ocupantes e intervención de los organismos estatales competentes, como el Servicio Local de Niñez, puesto que hay una gran cantidad de menores de edad en la toma.

Además, señalaron que en la resolución inicial "no se pondera la existencia de alternativas menos lesivas, como tampoco se efectúa un juicio de proporcionalidad respecto del impacto del desalojo sobre las personas involucradas".

Los jueces consideraron que si bien no se puede permitir la "continuidad de una apropiación irregular", el Estado "debe tener una consideración primordial de los grupos en situación de vulnerabilidad social".

El denominado "protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" rige por mandato de la Corte Suprema bonaerense desde 2019.

Contiene directrices para garantizar la debida intervención ante usurpaciones masivas, que implique la restitución del bien pero también el respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ocupantes.

De la misma manera, busca "reducir el impacto social" que pueda generar el desalojo, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El protocolo indica que antes de ordenar la restitución preventiva del inmueble, debe haber un completo informe de los hechos, con testimonios, croquis de Policía Científica y detalles planimétricos aportados por especialistas.

Además, dispone un "censo, encuesta o informe socioambiental" en el que consten los bienes personales de los ocupantes y la intervención de organismos como el Servicio Local de Niñez, la Subsecretaría Social de Tierras y acceso Justo al Hábitat provincial, la Defensoría del Pueblo, la Asesoría de Incapaces, entre otros.

Todo ello en procura de hallar soluciones alternativas al desalojo, como el retiro voluntario de los ocupantes. Si no ocurriera, a la hora de desalojar deben estar las oficinas municipales como Desarrollo Humano y Servicio Local; la Secretaría de Derechos Humanos provincial; y la Subsecretaría de Acceso Justo al Hábitat.

Como la Cámara de Apelaciones ordenó devolver al Juzgado de Garantías de origen el expediente, será la jueza Maiztegui la que deba poner en marcha todo lo que establece el protocolo, con la notificación correspondiente a cada organismo para que tome intervención.

Así, el desalojo que dictó la Justicia deberá esperar el cumplimiento de todas esas medidas previas para luego sí proceder, si corresponde, a desalojar a quienes el 5 de febrero pasado tomaron las 25 viviendas que la empresa Apco S. A. abandonó a medio construir tras el cambio de gobierno nacional en 2023.

Para proceder al desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala, la Justicia deberá resolver el recurso de apelación que presentó la Defensoría Oficial a cargo de Joaquín Castro, que consideró que la jueza Maiztegui no respetó el protocolo vigente para este tipo de casos y recurrió la resolución dictada este martes.

El defensor oficial advirtió que antes de ordenar el desalojo debían cumplirse una serie de pasos que están protocolizados por la Corte Suprema de Justicia bonaerense para situaciones en las que deben abordarse tomas masivas de terrenos o viviendas.

Esa medidas fueron dispuestas en su momento para “reducir el impacto social” que generan los desalojos ante la presencia de “grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, por lo que Defensoría consideró que no se tuvo en cuenta ese protocolo y se dictó una orden arbitraria y contraria a derecho.

El defensor se apoyó en el único informe que existe en la causa, que no es otra cosa que el relevamiento que hizo la policía del Destacamento de Río Tala cuando al otro día de la toma pudo identificar a quienes estaban en el lugar.

Ese relevamiento dejó asentado que en las 25 viviendas, las personas en situación de toma son en su mayoría mujeres y niños, ambos grupos que deben ser especialmente protegidos.

Además, Castro cuestionó la intervención de Fiscalía —primero actuó Ramos, por turno; luego la causa pasó a Viviani, por tema— por no haber dispuesto una serie de medidas de prueba que ordena ese protocolo de actuación en estos casos antes de solicitar el desalojo.

Entre ellas, declaraciones testimoniales, croquis de Policía Científica, censo por parte de personal especializado, como trabajadores sociales, que no sólo individualice a los ocupantes sino que además establezca la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

También consideró que deberían haber intervenido agentes de organismos como la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, que es provincial, y personal de Desarrollo Humano municipal así como del Servicio Local de Niñez.

“La toma de medidas de manera intempestiva,  desordenada y sin una planificación previa puede generar violaciones a los derechos humanos que generen responsabilidad estatal”, advirtió la Defensoría Oficial en la apelación.

Además, señaló que el Estado “tiene el deber de garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la población, entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho a una vivienda digna” y que en esta caso hay “criminalización de la pobreza”. 

En ese sentido, señaló que la Municipalidad, como denunciante, “tiene la posibilidad de demandar en sede civil  sin necesidad de criminalizar el problema”, es decir de considerar delincuentes a las personas que ocuparon de manera irregular las viviendas que abandonó la empresa Apco S. A.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver lel recurso presentado por la Defensoría Oficial, lo que detiene por lo pronto la decisión inicial de desalojo. Si prospera el planteo, la situación será más compleja para el Municipio respecto del reclamo de restitución del inmueble.

Tras la orden judicial de desalojar las 25 viviendas usurpadas en Río Tala, que reveló La Opinión en exclusiva este martes, vecinas de la toma aseguraron que nadie se comunicó con ellos por el tema.

"No nos notificaron nada", confirmaron desde el barrio. La novedad respecto de la decisión judicial la conocieron a través de la publicación periodística de este medio.

"Queremos que venga una asistente social. Hace un mes que estamos acá, esperando nomás", dijo una vecina en diálogo con Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombrecht de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana por el canal de YouTube Sin Galera Tv.

"Acá hay más de 70 personas, con criaturas. Lo único que queremos es que nos den a pagar", dijo una de las ocupantes y cuestionó al delegado de Río Tala, Walter Díaz.

"El delegado se lavó las manos, él nos dijo que entremos a las viviendas", aseguró  y agregó: "Nos prometió muchas cosas a la hora de la votación. Nos dijo que agarremos las casas y las terminemos nosotros".

La Justicia ordenó el desalojo tras el planteo de la Municipalidad. La jueza Maiztegui dispuso además que deben intervenir la Secretaría de Desarrollo Humano y el Servicio Local de Niñez, puesto que hay menores de edad.

"La gente no está usurpando porque quiere vender, está acá porque necesitan", aseguraron desde el barrio. Las viviendas no tienen aberturas ni sanitarios ni servicios como agua o electricidad.

La empresa Apco S. A. abandonó la obra en octubre de 2023, a la espera de una redeterminación de precios que nunca llegó. A pesar de haber sido intimada, nunca retomó las tareas. 

La Justicia accedió al pedido de la Municipalidad y de la Fiscalía 7 sobre la usurpación en las 25 viviendas de Río Tala y ordenó el inmediato desalojo de las familias que se encuentran en situación de toma en el barrio.

La jueza María Eugenia Maiztegui, titular del juzgado de Garantías n.° 3 de San Nicolás, dispuso el desalojo como medida precautoria al considerar probados los planteos que hicieron el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, y la fiscala María del Valle Viviani.

Además, Maiztegui ordenó que, ante el desalojo, corresponde la intervención del Servicio Local de Niñez, para resguardar el interés superior de los menores de edad que están en situación de toma, y de la Secretaría de Desarrollo Humano, que no había concurrido hasta al momento a la toma.

El fallo llega a un mes y cinco días de la toma. Sin embargo, y a pesar de la flagrante situación de vulneración de derechos de los niños y niñas que están en el lugar, el Servicio Local de Niñez nunca tomó ningún tipo de intervención.

La Justicia consideró demostrado que las 36 personas notificadas —muchas con niños y niñas más los que llegaron después, que suman alrededor de 60 en total— tomaron de manera irregular y clandestina las 25 viviendas en construcción el 5 de febrero pasado.

Así, ordenó restituir en forma precautoria el inmueble al Municipio, mientras prosigue la causa penal en trámite por el delito en sí mismo, cometido por las personas que fueron notificadas en su momento por la policía.

La obra en construcción de ese barrio está paralizada desde octubre de 2023. El Gobierno nacional, cuando asumió el presidente Javier Milei, no accedió a los planteos de redeterminación de precios que hizo la empresa Apco, que había abandonado las tareas antes del cambio de gestión.

La empresa certificó alrededor del 60 por ciento de la obra. En el barrio se ven las viviendas erigidas bajo un sistema de construcción en seco tipo Concrehaus, sin aberturas, pisos ni sanitarios.

La tensión entre el Gobierno de Cecilio Salazar y el Sindicato de Trabajadores Municipales comenzó a escalar a punto tal que tras la amenaza de una demanda penal, el municipio resolvió intimar mediante carta documento al gremio para que abandone el edificio de calle San Martín y Uruguay.  

En una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de San Pedro, se intima al “inmediato desalojo y reintegro del inmueble de propiedad municipal ubicado en calle San Martín entre calles Uruguay y María A. de Gomendio”

La gestión Salazar sostiene que el sindicato carece de un título válido o instrumento legal que autorice la ocupación actual, calificando la situación como una “ocupación sin causa jurídica que justifique la tenencia del inmueble”

El plazo otorgado para integral la sede sindical fue fijado en treinta días corridos desde la recepción de la intimación para que el gremio desocupe totalmente las instalaciones. 

En caso de negativa, la Municipalidad advirtió que iniciará acciones judiciales por desalojo y reclamará daños y perjuicios, incluyendo el cobro de un “canon locativo retroactivo por el uso indebido del inmueble”.

También el texto refiere que la comuna pretende recuperar el inmueble para  “destinos de interés público y necesidades de la gestión municipal”.

En otro párrafo aclara que en el plazo previsto el sindicato debe “restituir el bien en perfectas condiciones de uso, hacer entrega de llaves, documentación y cualquier elemento perteneciente al Municipio y dejar el inmueble libre de personas y cosas”. El conflicto está desatado y escribirá nuevos capítulos a partir del viernes, cuando se decida si finalmente se arremete con una demanda penal para el recupero de los fondos que se reclama en nombre de los trabajadores.

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La Justicia le dio la razón a un hombre de 91 años que tuvo que recurrir al Poder Judicial para quedesalojar a su propio hijo de la casa que logró comprar con el fruto del esfuerzo de su trabajo.

Aunque suene descabellado, Juan Carlos Arévalo denunció primero penalmente y luego en el fuero Civil a uno de sus hijos. 

Había cedido la propiedad a su hijo mayor, con acuerdo del resto de los hermanos, y él se la vendió a otro hermano, quien no respetó la cláusula de usufructo vitalicio.

Juan Carlos tenía y tiene derecho de goce y uso sobre el inmueble hasta el último de sus días, pero su hijo hizo todo lo posible para expulsarlo y hasta le trabó las puertas para que no vuelva a entrar.

Por eso, el hombre, que terminó durmiendo en el living de la casa de otro hijo, recurrió al abogado Javier Silva, quien logró un fallo favorable que obligó al intruso, considerado usurpador, a retirarse y restituir el bien.

El hijo entró en la casa en diciembre de 2023, con su familia, para las fiestas. Había venido de Córdoda y se supone que iban a estar unos días, pero se quedaron y comenzaron los conflictos, las amenazas y los episodios de violencia que provocaron que Juan Carlos se fuera a lo de otro hijo, que vive casa de por medio, por miedo a agresiones.

Cuando trabaron las puertas e impusieron una medida de restricción perimetral contra la mujer que lo cuidaba, Juan Carlos entendió todo: no lo querían más en lo que era nada menos que su propia casa.

El juez en lo Civil y Comercial José Ricardo Eseverri consideró que Juan Carlos tiene derecho real por usufructo de goce y uso de la propiedad, por lo que el "nudo propietario" —en este caso el hijo que resulta titular de la casa— no puede ejercer su condición de dueño mientras su padre esté vivo.

Así, dispuso la inmediata entrega del bien, con un plazo de diez días desde el fallo, que el hijo de Arévalo comenzó a hacer efectiva la semana pasada, cuando se vieron movimientos de mudanza en la vivienda, puesto que de lo contrario serían desalojados con la fuerza pública.

El sábado, en Sin Galera, Marcos Arévalo, hijo de Juan Carlos que lo acogió en su casa mientras duraba el conflicto, reveló detalles de la disputa familiar que terminó resolviéndose en la Justicia.

Un hombre fue desalojado luego de intentar tomar con fines de usurpación un terreno, ubicado frente a la empresa Chimex Food, sobre la zona del callejón Arcor. El hecho ocurrió este sábado por la mañana. 

Tras ver un gran movimiento de móviles policiales en la zona, vecinos alertaron a La Opinión sobre la situación, que en un primer momento se creía que se trataba de una toma de un grupo masivo de personas. 

Tras el arribo del móvil de Sin Galera, los periodistas pudieron ingresar al predio y hallaron al hombre en situación de desalojo, que tras la intervención policial accedió a irse de manera pacífica. 

Este medio pudo saber que se trataba de un hombre mayor que residía en el predio desde hacía un tiempo, sin que los dueños del lugar tuvieran conocimiento. 

La situación se descubrió esta mañana, cuando al advertir la presencia del hombre, los propietarios llamaron a la policía para que intervenga.

La Justicia ordenó el desalojo en Gobernador Castro de la casa de dos hermanos internados en Sadiv, propiedad que había sido usurpada el sábado 31 de mayo por una pareja con cuatro niños.

El juez de Garantías Ricardo Prati ordenó el alzamiento y la policía llegó por la tarde, tras la notificación correspondiente, para hacer cumplir el mandamiento, pero los ocupantes ya se habían retirado por sus propios medios.

A los pocos días de la usurpación, se vio a un grupo de personas que hicieron fuego y llegaron con colchones, hilos y palos para demarcar el lugar, con intenciones de "lotear" y distribuirse las parcelas, tras limpiar el terreno.

A las dos semanas, la policía impidió que otro grupo hiciera efectiva la usurpación del predio en el que está emplazada la vivienda tomada originalmente.

Los dueños de la casa y el terreno son dos hermanos que están alojados en Sadiv y bajo tutela judicial. La causa había recaído en la Fiscalía de Viviana Ramos y luego pasó a la de María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Con la presencia del oficial de Justicia, este lunes se formalizó el traspaso del predio de Pesca y Casting al Consorcio de Gestión del Puerto tras el juicio por desalojo que ese organismo interpuso contra la comisión directiva del club en 2008.

Así, tras mas de 15 años de litigio, con los socios del club dentro del lugar, ese espacio público volvió a manos del Estado, que todavía no tiene decidido qué destino le dará.

“Tomamos posesión. No hay un proyecto inmediato. Vamos a acondicionarlo  y anexarlo al Puerto”, dijo el presidente del Consorcio, Carlos Casini, a La Opinión.

La comisión directiva terminó de retirar las pertenencias que tenía en el predio, lo que incluyó casillas, casas rodantes y hasta los juegos de la plaza que había en el interior.

El portón de acceso tiene un nuevo candado que dispusieron las autoridades del Consorcio y se aguardan definiciones del Directorio respecto del futuro de ese lugar, donde el Municipio, bajo la gestión Salazar, planificó alguna vez una playa pública.

La idea del Consorcio es “ofrecerlo a inversores privados, operadores portuarios, que necesiten algún espacio al lado del puerto para su operatoria”, aunque “por el momento no hay nada en particular”, informaron.

El Juzgado Civil y Comercial n.° 2 dispuso el desalojo con la fuerza pública tras los 90 días que pasaron desde que el fallo a favor del Puerto quedó firme.

No fue necesaria la intervención policial, porque la Comisión Directiva, ante la notificación, procedió al retiro de todos los elementos del interior del camping.

En medio de las tareas para desalojar el predio de Pesca y Casting, las autoridades del club aseguraron que temen por la seguridad del lugar puesto que "hay gente que viene a llevarse cosas".

Así lo dijo a La Opinión la presidenta de la comisión directiva, Lorena Milesi, que encabeza la tarea emprendida para retirar casillas, casas rodantes y otros elementos para entregar el predio al Consorcio de Gestión del Puerto, como ordenó la Justicia.

"Se meten por atrás y se llevan cosas", dijo Milesi y advirtió: "Nos están saqueando". Los responsables de Pesca y Casting informaron que la Justicia les dio "hasta el miércoles" para retirar todo.

"Hablé con el  intendente para pedirle seguridad y no vino nadie", aseguró Milesi, preocupada porque, según relató, se acercan personas que llegan al predio por otro terreno lindero y "se llevan" cosas.

El juez José Ricardo Eseverri ordenó el desalojo compulsivo del club Pesca y Casting para la devolución del predio al Consorcio de Gestión del Puerto y la comisión directiva comenzó a retirar los elementos que había dentro del camping.

La medida dictada por el magistrado a solicitud del Consorcio luego de que se venciera el plazo otorgado para sacar las cosas implicaba el uso de la fuerza pública, que no fue necesario porque finalmente las autoridades del club accedieron a retirarse.

El movimiento en Pesca y Casting implica quitar las casillas que fueron montadas por los socios del club, las casas rodantes que estaban ubicadas en el predio y otros objetos que pertenecen a la comisión directiva.

Lorena Milesi, presidenta de la entidad, estaba presente y atendió este viernes al responsable de las notificaciones del Juzgado, mientras continuaban las tareas para sacar todo lo que había en el predio.

Vecinos de la zona informaron que el movimiento comenzó el jueves al mediodía y que desde entonces se ve gente que entra y sale, sacando cosas de adentro del club, que dejaban en la calle.

Las casas rodantes que quedaron estacionadas en avenida España en la zona de Bajada al Puerto será retiradas por sus propietarios, informaron desde el club. Un camión y una camioneta se ocupaban, por su parte, de llevarse las cosas que serían propiedad de la comisión directiva.

Así, tras más de 15 años de litigio, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro recupera el predio de Pesca y Casting que ese club utilizó desde los años 70 y cuyo último contrato de uso precario se formalizó en el año 2000 y venció en 2005.

Desde entonces, el Consorcio pidió la restitución de ese espacio público a la órbita de la provincia de Buenos Aires, adonde pertenece, pero la comisión directiva hizo caso omiso y resistió.

Ello obligó a recurrir a la Justicia. La causa tramitó en el Juzgado Civil y Comercial n.° 2 de San Nicolás, que el año pasado dictó una sentencia que fue ratificada por la Cámara. 

En marzo venció el plazo de 90 días que tenía el club para desalojar sin intervención de la fuerza pública.

Desde entonces, el Consorcio pidió al juez que dictara la orden urgente de desalojo, ante el temor de que la situación derivara en una nueva intrusión, lo que finalmente el juez hizo con fecha 16 de mayo, notificada esta semana a las partes.

En 2017, el Gobierno municipal ordenó la clausura del camping por carecer de habilitación comercial y dispuso cortar el servicio de agua medida que pagaba el club.

En ese marco, la Dirección de Turismo anunció los planes del Municipio de abrir una playa pública en ese espacio cuando el Puerto lo recuperara.

La comisión directiva resistió, una vez más, y no cedió. Decidieron quedarse, siguieron cobrando la cuota social y el alquiler a quienes tenían casillas de fin de semana o casas rodantes. 

En junio del año pasado, un hombre sindicado como presunto cuidador del predio falleció y sfue hallado por turistas dentro de una camioneta. La autopsia reveló “muerte natural”.

Ahora, tras el desalojo, el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro queda librado a decidir qué hacer con ese predio donde alguna vez funcionó una playa que disfrutaban sampedrinos y turistas.

Pasó más de un mes desde que se cumplió el plazo previsto por el fallo judicial que ordenó la restitución al Consorcio de Gestión del Puerto del predio de Pesca y Casting. Sin embargo, todavía ese espacio público bonaerense sigue en manos de la comisión directiva denunciada por usurpación.

El 26 de marzo, cuando se cumplieron los 90 días desde que quedó firme el desalojo, el presidente del Consorcio, Carlos Casini, le pidió al juez José Ricardo Eseverri, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de San Nicolás, que proceda a ordenar el mandamiento para desalojar con la fuerza pública, ante el incumplimiento.

El juez pidió, antes de proveer conforme a derecho de acuerdo a lo establecido en el fallo, que se acredite "el valor económico del pleito", para que se puedan regular los honorarios de los abogados y profesionales actuantes.

Al otro día, Casini respondió: remitió el plano del predio y la valuación fiscal de Arba, que asciende a 99,9 millones de pesos, y aclaró que esa documentación había sido presentada por la propia demandada cuando fue a la Cámara de Apelaciones.

"Esta parte considera que el lanzamiento (desalojo por la fuerza pública) debe efectuarse sin más demora, con independencia del trámite de regulación de honorarios o cualquier otro trámite", señaló Casini en ese escrito.

"No existe fundamento alguno que justifique la demora o la permanencia de intrusos en el predio", consideró el abogado y volvió a pedir el inmediato mandamiento de desalojo.

Sin embargo, la Justicia, la semana pasada, puso otro reparo. Con fecha 24 de abril, el juzgado, esta vez con firma del juez Hernán Prat, subrogante, pidió que "debe determinarse el valor locativo del inmueble motivo del litigio a los fines de la estimación de los honorarios, toda vez que la materia de este proceso ha sido 'desalojo'".

Así, el Puerto deberá responder a la nueva solicitud y aguardar que el magistrado tome conocimiento y disponga la medida de desalojo para, al fin, recuperar el predio cuyo contrato con Pesca y Casting venció en 2005 y cuya continuidad de hecho tuvo final en 2008, cuando el Puerto empezó a reclamar la restitución.

Las autoridades de la comisión directiva del club Pesca y Casting no hicieron efectiva la entrega del predio al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro, por lo que serán desalojados con la fuerza pública.

El 26 de marzo pasado se cumplió el plazo establecido por el fallo que dejó firme la decisión judicial de restituir el espacio al Estado provincial, tras el juicio por ocupación irregular iniciado por el Puerto en 2009.

Pesca y Casting tenía que entregar el predio libre de ocupantes, pero la comisión directiva que preside Lorena Milesi hizo caso omiso a la notificación judicial y desconocieron la orden.

El Consorcio de Gestión pidió al Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 que libre el oficio para el desalojo, de manera tal que puedan concurrir con la fuerza pública para tomar posesión del terreno.

El permiso de uso precario para la explotación del camping Pesca y Casting venció en enero del año 2000. Desde entonces, la situación es irregular. 

Cuando se creó el Consorcio de Gestión, en 2005, el contrato se extendió de hecho hasta que en 2008 el entonces presidente Mariano Veiga pidió la restitución.

Como la comisión directiva no respondió a la solicitud, el Puerto fue a la Justicia. Finalmente, tras el fallo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de devolver al uso público el predio y ordenó proceder a la entrega por parte del club, que debería haberse hecho efectiva el 26 de marzo pasado.

Para el 26 de marzo, el club Pesca y Casting deberá haber sacado todo lo que hay dentro del predio para entregarlo libre de ocupantes al Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

Así lo establece el fallo de la Justicia que quedó firme cuando se agotaron las instancias de apelación por parte de la comisión directiva que preside Lorena Milesi y que perdió el juicio de desalojo.

Si el 26 de marzo Pesca y Casting no entregó las llaves de manera voluntaria y se retiró del lugar, la fuerza pública deberá tomar intervención para hacer cumplir la sentencia, que no tiene vuelta atrás.

El juicio comenzó en 2008 cuando el entonces presidente del Consorcio Mariano Veiga interpuso ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° la solicitud de intervención ante la negativa del club a restituir el predio, que tenía el contrato de concesión vencido desde el año 2000.

Desde entonces, el largo camino judicial tuvo a una comisión directiva que intentó por todos los medios evitar lo que finalmente resultó inevitable: la restitución de ese espacio público al pueblo de la provincia de Buenos Aires, su legítimo propietario.

El 26 de diciembre pasado quedó firme la sentencia de Cámara que ratificó el fallo de primera instancia y ordenó el desalojo. Las autoridades del club tenían la posibilidad de recurrir a la Corte, pero no cumplieron con el depósito establecido por ley y perdieron la oportunidad.

El fallo de Cámara ordenaba el desalojo y establecía como plazo de entrega 90 días. Al quedar firme el 26 de diciembre, el vencimiento es el 26 de marzo. Para esa fecha, si no entregaron el predio la fuerza pública irá a recuperarlo compulsivamente.

El fallo de primera instancia fue dictado el 23 de febrero del año pasado, casi 15 años desde que el Consorcio se presentó ante la Justicia para reclamar la restitución. Ante la apelación, la Cámara lo dejó firme el 10 de septiembre. 

Para ir a la Corte, aceptado que fue el recurso, Pesca y Casting debía depositar casi 10 millones de pesos en una cuenta judicial aberta para tal fin, cosa que no hizo y provocó el fin de las posibilidades de recurrir la sentencia.

El convenio firmado entre Pesca y Casting y la entonces Dirección de Puertos establecía un permiso de uso precario y revocable por cinco años entre el 22 de enero de 1995 y el 21 de enero de 2000. Ese acuerdo le puso legitimidad al uso que el club hacía del lugar desde 1973.

Luego, desde el día del vencimiento del permiso de uso, todo fue ocupación de hecho por parte del club. Cuando en 2005 se creó el Consorcio de Gestión, la extensión de hecho del contrato existió y el Puerto siguió cobrando el canon correspondiente.

En agosto de 2008, Mariano Veiga inició los trámites administrativos de recuperación del predio. Como no se presentaron ni respondieron las cartas documento, el Puerto fue a la Justicia.

En 2017, el Gobierno municipal ordenó la clausura del camping por carecer de habilitación comercial y dispuso cortar el servicio de agua medida que pagaba el club.

En ese marco, la Dirección de Turismo anunció los planes del Municipio de abrir una playa pública en ese espacio cuando el Puerto lo recuperara.

La comisión directiva resistió, una vez más, y no cedió. Decidieron quedarse, siguieron cobrando la cuota social y el alquiler a quienes tenían casillas de fin de semana o casas rodantes. 

En junio del año pasado, un hombre sindicado como presunto cuidador del predio falleció y sfue hallado por turistas dentro de una camioneta. La autopsia reveló “muerte natural”.

Ahora el fallo de desalojo quedó firme y el plazo máximo de cumplimiento para evitar el alzamiento por parte de la fuerza pública es el 26 de marzo próximo. 

El estado del edificio de Oliveira Cézar y María de Gomendio formó parte de la “Oficina de Quejas” que Lili Berardi habilitó en su programa.

Una recorrida del móvil de Sin Galera por las instalaciones de la vieja Terminal, permitió apreciar que la Municipalidad decidió sellar parte del frente, que da a calle María de Gomendio, con chapas recicladas que en otro momento anunciaban obras provinciales.

Observando el detalle, se percibe que estos fueron carteles oficiales de emprendimientos públicos que el entonces Gobierno Provincial destinó a San Pedro, algunas pertenecientes al gobierno de María Eugenia Vidal, al cual adhería Cecilio Salazar entre 2015 y 2019.

Es espacio es un reflejo de la dejadez que ha mantenido en muchos años el lugar, acrecentado después del traslado de la Terminal de Ómnibus.

Suciedad, daños de tejidos y vidrios, canillas que pierden y pedazos de mampostería que caen de paredes y techos, es lo que se percibe a simple vista. Además, el móvil detecto que aún permanecían los colchones de las personas que se habían afincado en el lugar, y que fueron desalojados. Y hasta los juguetes de los menores.

La Oficina de Quejas tomó nota, a su vez, del movimiento sospechoso que se percibía en horas nocturnas, los frecuentes actos de vandalismo, ruidos molestos y, sobre todo, la inseguridad en el barrio, ante la presencia de tres delincuentes responsables de varios robos cometidos en la zona.

Durante la mañana del martes, personal policial, acompañado por el secretario de Obras Públicas y el secretario de Gobierno, desalojó a quienes se encontraban habitando en el edificio de la vieja terminal.

Tras divisar al movilero de La Opinión & Sin Galera, una de las personas que vivía allí declaró que estaba en ese lugar con su familia porque "no" tenían "dónde estar" y que necesitaba de la ayuda para encontrar una vivienda, por lo que se le anunció que sería atendido por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad.

Horas despupés del reportaje, el hombre fue identificado como Pablo Olmos, quien se hizo conocido a mediados del año 2023, bajo el nombre artístico "Pablo Blunt 420" y al que los vecinos reconocieron como protagonista de episodios delictivos e infracciones.

El joven que soñaba con ser "como L-gante" llegó a grabar dos de sus canciones y se presentó en los estudios de Sin Galera para darlos a conocer.

Según pudo confirmar La Opinión, Olmos se encuentra en situación de calle y cuenta con distintos antecedentes. Además se sospecha que fue parte de algunos hechos delictivos que lo llevaron a ser demorado en la Comisaría local. 

Uno de ellos un intento de usurpación de una vivienda en calle Ayacucho al 700 durante el mes de noviembre de 2023, dos infracciones por estado de ebriedad y desorden durante 2024 y en enero de 2025, una tentativa de hurto sobre calle San Martín al 500.

Este martes por la mañana personal policíal, acompañado del secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, y del secretario de Gobierno, Martín Baraybar, se presentaron en el edificio de la vieja terminal para desalojar a quienes se encontraban dentro del recinto.

En el lugar se encontraban alrededor de 10 personas, entre ellas una familia cuyos integrantes dijeron ante el móvil de La Opinión que se encontraban viviendo allí desde hace uno o dos años. Además, señalaron que desde Desarrollo Humano no les brindaron “solución”.

‘’Estabamos acá viviendo con los nenes, no tenemos dónde estar. Ahora estamos parando acá en frente (en alusión a la plaza) y no sabemos si nos pueden dar una solución'', dijo una de las personas que vivían dentro del edificio.

Consultado por la situación, Baraybar dijo que en más de oportunidad se les explicó que “acá no pueden estar”. 

El funcionario aclaró que la Secretaría de Obras Públicas iba a empezar a trabajar en el lugar, por eso se desalojó a quienes ocupaban el edificio. 

Múltiples reportes de vecinos llegaron a lo largo de los últimos meses sobre hechos de inseguridad en la zona donde funcionó la Terminal y que señalaban a quienes residían allí como los presuntos responsables.