Las actividades por la conmemoración del cincuentenario del Golpe de Estado que instauró en la Argentina la última dictadura cívico militar, en 1976, comenzarán en San Pedro el 14 de marzo próximo y se extenderán durante todo el año.

Así lo informó la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia local, que viene trabajando desde el año pasado en la confección de las actividades, que estarán enmarcadas en la consigna nacional "A 50 años, 50 acciones", que acordaron los organismos de derechos humanos de todo el país.

Comenzarán el sábado 14 con la adhesión a "Palestina, existir es resistir. Memoria de la Nakba", en la Casa Cultural Las Canaletas, ubicada en Juan Ismael Giménez 1401.

El martes siguiente habrá un homenaje a Marcelo Butti Arana, sampedrino desparecido el 17 de marzo de 1977 en Buenos Aires, secuestrado junto a su novia, la madre de ella y un primo, mientras compartían una cena.

Marcelo tenía 23 años, estudiaba Historia y trabajaba en el Banco Galicia. Era militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de Montoneros. Fue visto en un centro clandestino de detención de la Policía Federal.

El encuentro será a las 19.00 en la zona de plaza Belgrano a la que se accede a la glorieta por calle 25 de Mayo, donde hay baldosas conmemorativas de los desaparecidos sampedrinos, entre ellas una que recuerda a Marcelo Butti Arana.

El domingo 22 de marzo habrá una actividad orientada a niños, niñas y adolescentes junto a las familias, con intervenciones en pañuelos blancos, bajo la consigna de Abuelas de Plaza de Mayo "Que florezcan pañuelos".

Habrá lectura teatralizada de cuentos prohibidos por la dictadura, confección de siluetas, música y teatro. Será a las 18.00 en plaza Belgrano.

El lunes 23, desde las 20.00, también en plaza Belgrano, se desarrollará la tradicional vigilia con lectura de poemas, música en vivo con artistas locales, baile y proyección de videos.

El martes 24, Día nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la plaza Belgrano será una vez más el sitio de concentración, desde las 18.30, para marchar a las 19.00 hacia el monumento que recuerda a los desaparecidos sampedrinos en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez.

Al llegar al monumento habrá, como todo los años, lectura de un documento confeccionado por la Mesa por la Memoria y sus adherentes, que suele contener mensajes políticos de actualidad.

Anunciaron que durante el año habrá "charlas, cine debate, muestras, recordatorios con actos a cada detenido desaparecido de San Pedro".

"Llevamos décadas manteniendo encendidas las llamas de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", destacaron desde la Mesa local y recordaron a quienes "ya no están" y cuyo legado "nos honra, nos guía y nos impulsa a seguir".

La Mesa por la Memoria advirtió que “la patria hoy está en manos de un gobierno por momentos negacionista, reivindicatorio del genocidio otros, con políticas que representan un retroceso siempre”.

En ese marco, señalaron: "Nosotros aprendimos tempranamente que la única lucha que se pierde es la que se abandona".

"Estamos convencidos de que nuestras banderas por memoria, verdad, justicia y nunca más hoy deben ser sostenidas con fuerza, convicción y corazón. Por los 30 000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre", cerraron.

Las actividades anunciadas por la Mesa por la Memoria local serán declaradas de interés municipal por el Cocejo Deliberante este jueves, en la primera sesión ordinaria del año.

Declararán a 2026 como "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia", lo que implica que esa leyenda aparecerá en los membretes de toda la documentación oficial del Estado local.

También aprobarán incluir en el registro de patrimonio histórico un apartado de "Huellas urbanas de Memoria, Verdad y Justicia", con todos los mojones que en San Pedro recuerdan a los desaparecidos y otras víctimas del terrorismo de Estado en la ciudad.

Los integrantes de la Mesa dialogaron con todos los bloques que conforman el cuerpo y el acompañamiento alcanzará para aprobar los expedientes, aunque está en duda si será unánime por la posición que tienen el Gobierno nacional y sus referentes locales.

En 2024, Rivas, Lafalce, De Rosa y Riquelme, que en ese momento eran concejales alineados con las políticas de Javier Milei, votaron en contra de la declaración de interés de una charla que iba a brindar el fiscal Juan Patricio Murray a 10 años de las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en San Pedro.

Rivas fue el vocero. Dijo que no le parecía "lógico" que "el Municipio de San Pedro tenga que declarar sobre cuestiones del pasado que ya han sido juzgadas" y cuestionó la cesión del Salón Dorado "a cuestiones que tienen que ver con una minoría o con temas ideológicos".

Rivas y ese grupo de concejales —De Rosa y Riquelme ya no están— habían protagonizado otras polémicas respecto de actividades relacionadas con la dictadura cívico militar de 1976. 

En octubre de 2024 votaron en contra del programa Jóvenes y Memoria, lo que les valió una fuerte respuesta por parte de los docentes involucrados en el tema.

Antes, en 2022, Rivas se había expresado en contra de las actividades conmemorativas del Golpe de Estado al considerar "memoria selectiva, justicia parcial", calificar de "oportunismo y adoctrinamiento" y pedir "memoria completa", lo que también le valió críticas. 

La Comisaría de San Pedro tiene tres calabozos, dos de ellos con órdenes de clausura desde 2009 y 2022, respectivamente. El único que aún podía alojar personas fue inhabilitado por el juez de Garantías Román Parodi tras la presentación de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria.

La resolución llegó tras una inspección realizada a fines de octubre de 2024. Así, la situación de quienes hoy están alojados a la espera de resoluciones judiciales —entre ellos Braga y Desanzo, los detenidos por la estafa piramidal de “la China”— suman días de ocupación en un lugar en el que por el momento sólo podrá albergar a cuatro personas.

Cada vez que arrestan a alguien deben procurar el traslado para no violar la manda judicial. La medida se toma sin resolver el problema de fondo y sin que se conozca si habrá presupuesto para las refacciones que necesita la sede local policial.

La decisión impone un plazo de 15 días al  Ministerio de Seguridad para que “arbitre los medios necesarios para realizar las obras de refacción”.  Una imposición que la Justicia ya hizo varias veces a al menos tres gestiones  de Gobierno distintas.

“El Sr. Comisario de San Pedro deberá proceder a la reubicación de los detenidos alojados en esa Comisaría a su cargo a fin de respetar el cupo habilitado de cuatro personas, previa comunicación a los Juzgados a cuya disposición se encuentran cada una de las personas allí alojadas para que avalen los traslados”, eso dice la notificación que se recibió en la Comisaría.

En la misma orden indica que deben ser los jueces de cada causa quienes dispongan los lugares donde alojarán a los apresados.

Según relataron quienes prestaron testimonio en ocasión de la requisa de octubre, llegó a haber casi 20 personas en simultáneo y en condiciones de extrema precariedad. 

Indicaron que a las graves condiciones de detención se sumaban requisas dos veces por semana, las que calificaron como vejatorias de los derechos humanos. 

Refirieron además que el personal del GAD los obligaban a desnudarse y que en ocasiones les robaran pertenencias. 

“Entrás de nuevo y está la yerba y el azúcar desparramada por todo el piso” o “si encuentran camperas o abrigos se lo llevan”, fueron algunos de los testimonios relevados por la Comisión por la Memoria.

“Aunque el sector se considere un lugar de tránsito, no cuenta con las condiciones mínimas de habitabilidad y dadas las falencias edilicias, no admite el alojamiento de detenidos cualquiera sea el número, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de encarar una serie de reformas”, dice el escrito producto de los informes periciales de los que se valió el magistrado para avalar su decisión.

La Opinión consultó al jefe de la Policía Comunal de San Pedro, comisario Juan Ramón Catalano, quien confirmó que hoy hay cuatro personas dentro del único lugar que posee para los arrestos y que en caso de excederse debe trasladar a los aprehendidos a otro destino. 

En 2022 el ministro Sergio Berni entregó patrulleros y anunció el destino de 13 millones de pesos para refacciones, que se usaron para tareas de pintura y electricidad ya que el edificio está en condiciones deplorables también para el personal que a diario sufre las pésimas condiciones en las que debe trabajar.

El caso del departamento judicial de San Nicolás, que comprende a las ciudades de San Pedro, Ramallo, Capitán Sarmiento, Baradero y Arrecifes, es insólito: tras la clausura de la comisaría de San Pedro, la Comisaría Primera de San Nicolás es la única dependencia policial habilitada en toda la jurisdicción para albergar detenidos. 

En octubre pasado, otra resolución del juez Parodi por denuncias de la Comisión por la Memoria estableció el impedimiento para la DDI San Nicolás de alojar detenidos en su dependencia, lo que también generó serios inconvenientes para la tarea operativa de la policía en función judicial en toda la región.

El programa Jóvenes y Memoria, que desde hace más de 20 años promueve en las escuelas el desarrollo de proyectos relacionados con la vulneración de los derechos humanos, tendrá este viernes un encuentro distrital con la presencia de dos nietos recuperados tras ser apropiados durante la última dictadura cívico militar.

La actividad, convocada por la Mesa por la Memoria local, será en el club de Pescadores, desde las 9.00. Los estudiantes que participan del programa junto a sus docentes expondrán acerca de los proyectos sobre los que trabajaron durante el año.

A las 14.00 habrá un cierre del que podrá participar toda la comunidad, con la participación de Manuel Gonçalves Granada y Leonardo Fossatti Ortega, hijos de víctimas del terrorismo de Estado instaurado y apropiados de manera ilegítima tras la desaparición o asesinato de sus padres.

Ambos forman parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, desde la que impulsan tras la recuperación de la democracia la búsqueda de los hijos que fueron arrebatados a sus padres, generalmente en centros clandestinos de detención y tortura.

Manuel Gonçalves Granada recuperó su identidad en 1997. Veinte años antes, cuando tenía cinco meses, había sobrevivido a la denominada Masacre de la calle Juan B. Justo, en San Nicolás, donde asesinaron a su madre.

Ese día, fuerzas del Ejército, la Policía Federal y la Policía Bonaerense irrumpieron armados en una casa donde estaban Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijos de tres y cinco años, y Ana Granada, madre de Manuel, con él.

Todos murieron por los gases lacrimógenos, excepto Manuel, puesto que su madre lo había envuelto en un colchón y lo escondió en un armario. Internado durante tres meses en el Hospital de San Nicolás, bajo custodia policial, el niño fue entregado en adopción a un matrimonio.

Su padre, Gastón Roberto José Gonçalves había sido secuestrado un año antes en Zárate. Asesinado, sus restos fueron abandonados en un paraje sobre la ruta 4, en Escobar. Tenía 25 años.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los cuerpos de sus padres en 1995 y 1996 El de su madre estaba en el osario público de San Nicolás; el de su padre, también como NN, en el cementerio de Escobar. En 1997 Manuel se practicó el análisis que confirmó que era hijo de desaparecidos.

Leonardo Fossatti Ortega nació en cautiverio en 1977. Sus padres, Inés Beatris Ortega y Rubén Leonardo Fossatti, fueron secuestrados en Quilmes. Ella estaba embarazada de siete meses y dio a luz en la Comisaría 5.ª de ese distrito.

Sobrevivientes testimoniaron que lo llamó Leonardo y que tras cinco días con su bebé, los guardias se lo sacaron y nunca más lo vio. Tanto ella como su pareja fueron vistos en el centro clandestino Pozo de Arana y en la Brigada de Investigaciones de La Plata.

Con dudas acerca de su identidad, Leonardo se presentó a la filial Abuelas de Plaza de Mayo de la capital provincial en 2004. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) ordenó la pericia que confirmó al año siguiente que era hijo de Inés y Rubén, que continúan desaparecidos.

El programa Jóvenes y Memoria trabaja desde hace 22 años para el desarrollo de proyectos de investigación estudiantil relacionados con los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar instaurada tras el golpe de Estado de 1976 y también con episodios de vulneración de derechos humanos en democracia.

Fue declarado de interés educativo provincial por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación de la Nación.

A comienzos de octubre fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante, aunque hubo cuatro ediles que votaron en contra, los que están cerca del presidente Javier Milei:  Martín Rivas, Mauro de Rosa, Viviana Riquelme y Diego Lafalce. 

Rivas consideró que la iniciativa es de "adoctrinamiento", un latiguillo que repite Milei y que les valió a los concejales que votaron en contra un fuerte repudio por parte de los docentes que trabajan en San Pedro con el programa.

San Pedro tendrá, como hace 22 años, el encuentro distrital del programa Jóvenes y Memoria, el 1 de noviembre próximo. Fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante, aunque hubo cuatro ediles que votaron en contra: los que están cerca del presidente Javier Milei.

La Mesa por la Memoria local había elevado la solicitud y el bloque Unión por la Patria llevó al recinto el proyecto de ordenanza. Los nueve oficialistas, los radicales, Guillermo Sancho —que se sentó con la UCR para reemplazar a Binimelis y en algunos casos votó distinto al bloque— y Vanina Cappelletti acompañaron.

Martín Rivas (Juntos por el Cambio), Mauro de Rosa (La Libertad Avanza), Viviana Riquelme y Diego Lafalce (ambos de Pro Libertad) votaron en contra. El vocero de la oposición al proyecto fue Rivas, que consideró que la iniciativa es de "adoctrinamiento", un latiguillo que repite Milei.

El programa Jóvenes y Memoria trabaja desde hace 22 años para el desarrollo de proyectos de investigación estudiantil relacionados con los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar instaurada tras el golpe de Estado de 1976 y también con episodios de vulneración de derechos humanos en democracia.

Fue declarado de interés educativo provincial por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación de la Nación.

La soberanía sobre Malvinas, los procesos históricos que quebrantaron el orden constitucional —no sólo el de 1976— para la relevancia de la defensa del Estado de Derecho, con enfoques  que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos forman parte de la ley sobre la que se basa el programa.

Cada año, en la etapa distrital se presentan a nivel local en un espacio común, que este 1 de noviembre será el Club de Pescadores y Náutica, los proyectos trabajados por las escuelas que participan. Cada grupo de estudiantes, coordinados por docentes, preparan el material a exponer.

Luego hay una etapa provincial y finalmente, un encuentro nacional que desde 2002 tiene lugar en Chapadmalal, donde estudiantes de todas las escuelas que participan del programa en territorio bonaerense comparten sus experiencias. 

En agosto de este año, la Comisión Provincial de la Memoria anunció que no había obtenido respuesta oficial por parte del Gobierno nacional para la autorización de uso de ese espacio, por primera vez en 22 años.

Finalmente, el 9 de octubre confirmaron que el “Encuentro final del Programa Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro” será “en los Hoteles 5 y 8 del Complejo Turístico de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón”.

El último informe de la Comisión por la Memoria revela que las cárceles de la provincia de Buenos Aires están sobrepobladas con un exceso de internos que en promedio es del 102 por ciento.

El reporte del organismo contiene datos provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, cartera gubernamental de la que depende el Servicio Penitenciario.

En la cárcel de San Nicolás, donde por lo general son alojados los detenidos de San Pedro, hay una sobrepoblación que supera ampliamente el promedio provincial y asciende al 146 por ciento.

La Unidad Penitenciaria N° 3 tiene un cupo para 358 personas y a agosto de este año hay un total de 880 internos alojados, es decir 522 presos más de lo que podría contener en su infraestructura.

El SPB tiene 54 cárceles, cuatro alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y una unidad de tránsito, lo que suma un total de 74 establecimientos carcelarios en 12 complejos.

En total hay 58.682 personas privadas de su libertad, de las cuales el 94,2 por ciento (52.266 personas) son varones; el 5,6 % (3.300) son mujeres; y el 0,2 % (116) son personas trans.

El 50 por ciento de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires está con prisión preventiva o sin condena firme. Es decir que del total de presos, sólo la mitad está cumpliendo la pena impuesta por la Justicia.

La problemática de la sobrepoblación también se registra en comisarías bonaerenses, con un 107 por ciento de exceso respecto de su capacidad de alojamiento de detenidos, según datos del Ministerio de Seguridad que forman parte del relevamiento de la Comisión por la Memoria.

A 48 años del golpe de estado de 1976 y bajo las consigna "Sin derechos y sin Estado no hay democracia", se organizaron las actividades para el Día de la Memoria.  "Nunca más miseria planificada" dice la convocatoria que describe la reunión que comenzó en la plaza Belgrano por la tarde, con una feria de la economía popular y artistas locales en vivo.

Alberto Aguilar, Anabela Prado, Aquelarre de Tamboreras, Majo del Barro, Ivana y Nico, Sofi Beccaría, Río, Ro Cata y Lu, David Rap y Sebastían Díaz Ramos, conforman la grilla de músicos y cantantes que animan el escenario. 

La marcha partió desde allí y recorrió las calles céntricas hasta el Monumento a los Desaparecidos, en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez donde leyeron un documento que, tal como se presumía contiene críticas al gobierno de Javier Milei y a su plan económico.

Hubo manifestaciones de gremios, organizaciones sociales, la Mesa por la Memoria y participación de militantes de agrupaciones políticas que sumaron casi tres cuadras de manifestantes.

"Alerta que están vivos todos  los ideales de los desaparecidos", fue la consigna que resonó en cada tramo transitado.

La semana pasada comenzó en Rosario una nueva etapa de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la región.

Si esta noticia sirve para que la justicia intervenga de oficio no habrá más que preguntar dónde está y en que sepultura descansa el cuerpo de una mujer de 38 años que estaba alojada en el geriátrico de calle San Martín o en todo caso la derivaron para ser sepultada en San Pedro y cuyo deceso ocurrió dos días después de la presencia de la Dra. María Vargas y el responsable del control de geriátricos Diego Lafalce.

Sin familiares que reclamen por ella, hay testimonios que indican que la cochería que intervino llegó el día 12 de enero minutos después de las siete de la mañana al lugar y trasladó el cadáver hasta el cementerio. Las causas del deceso se desconocen y todas las preguntas que formuló La Opinión al respecto fueron en vano. El certificado de defunción por ahora no está disponible y se desconoce en qué registro civil debe presentarse o ya fue presentado.

“La institución de mención en la actualidad no cuenta con ningún tipo de habilitación vigente”, dice el informe que tienen en sus manos las autoridades.

Dos días antes, la Secretaria de Salud y el responsable del control de geriátricos asignado por la provincia habían ingresado al establecimiento para relevar su estado y el de sus alojados. Dijeron que habían contado 32 personas aunque no especificaron si en ese número están los que duermen en una construcción aledaña al “hogar”. En mayo de 2023 había orden de clausura y multa. En noviembre una “inspectora” muy permisiva dijo que habían hecho algunos arreglos pero que aún restaban mejoras entre las que estaban los dormitorios, los baños, los accesos, la higiene y una larga lista de pendientes que en cualquier lugar del mundo impedirían la presencia de personas vulnerables. Se abrió así un compás de espera que está cimentado en una carta que el dueño del lugar envió a los responsables del área en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hablando de una especie de “conspiración política”. El encubrimiento de la inspectora y los plazos otorgados violan los más esenciales derechos del ser humano, videos, fotos, testimonios y hasta cicatrices visibles. 

EN ESTE LUGAR LOS DERECHOS HUMANOS SE VIOLAN MINUTO A MINUTO

La Secretaria de Salud dijo al salir que tomará medidas y que llegará hasta las últimas consecuencias pero tras la reunión que mantuvo con el Ministro Kreplak y el Intendente Salazar tomó sus vacaciones y en su reemplazo está el Secretario de Hacienda, Roberto Borgo. Recibió al día siguiente de la inspección un informe que dice claramente que el geriátrico no cuenta con habilitación vigente. Las imágenes eximen de comentarios cuando se ve a más de tres ancianos desnudos al mismo tiempo bañándose sobre pisos resbaladizos sin que la privacidad y la dignidad sean derechos que les corresponden. No hay más tiempo para esperar a los “dos pancitos” que dijo un abuelo que habían faltado de su mesa o a las prendas esparcidas en el piso de un lavadero cuyo aspecto denota que hace mucho tiempo que no hay orden ni limpieza

Respecto a la joven fallecida quedan interrogantes: alguien buscará el ADN de la fallecida para corroborar su identidad o -como siempre- justificarán su destino final con un sencillo “la familia la abandona” o “es responsabilidad del curador judicial”. Ninguno va a explicar su ausencia o “desaparición” al resto de los internos si es que alguna vez, efectivamente estuvo alojada allí o si era heredera de bienes.

Que no se cuente con todos los datos no significa que no se sepa. Sobre el lugar pesa un dictamen que sostiene que no cumple con la normativa “tanto en su situación edilicia como con habilitación ministerial y/o municipal contemplada en el articulado de la Ley 14263 de establecimientos geriátricos de la Provincia de Buenos Aires”. Sin palabras.

“En la actualidad se encuentran alojados en la residencia San Francisco de Asís, sita en calle San Martin N° 1875, de esta localidad, 32 internos entre hombres y mujeres de distintas edades. La misma se encuentra en infracción de la Ley 14263 art. 4 ya que cuentan con 5 internos menores de 65 años, de los cuales 3 son judicializados”, eso dice textualmente el informe elaborado con fecha 10 de enero. Acaso quedaron 31 o no detectaron a la mujer que fallecería dos días después.

En junio de 2019, la policía rescató a un abuelo que escapó en silla de ruedas del geriátrico del Dr. Julián Gómez. Tuvo que volver. ¿Qué habrá sido de él?

Luego del hábeas corpus que ordenó trasladar a los detenidos que tenía en una oficina con rejas la dependencia Departamental de la Policía de Drogas en San Nicolás, otro fallo similar emanado desde el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 dispuso que los presos alojados en varias comisarías de la región, entre ellas la de San Pedro, sean enviados a unidades carcelarias, como corresponde, porque en esas dependencias policiales no hay lugar suficiente.

En el caso de San Pedro, la resolución exige a los juzgados de Garantías, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Axeil Kicillof, que tomen cartas en el asunto porque la situación detectada por los defensores oficiales que interpusieron el hábeas corpus dan cuentas de una situación que se repite:

Los presos quedan en las Comisarías porque nadie les asigna el cupo correspondiente en los sitios donde deberían permanecer detenidos.

En la Comisaría de San Pedro, al momento de la constatación, había 19 detenidos, todos con causas penales de la Justicia ordinaria. En su descargo, el titular de la dependencia, el comisario Andrés Galiano, explicó que a diario pide reubicación de los encausados que están en sus calabozos, pero los traslados no son ordenados.

Además de tener más presos de lo permitido, hay faltante de colchones ignífugos, a pesar de haberlos solicitado oportunamente. Como no puede permitir el ingreso de colchones comunes por cuestiones de seguridad, “los detenidos se van turnando y colocan frazadas”.

Respecto de los sectores destinados al alojamiento de detenidos, San Pedro cuanta con uno habilitado y dos clausurados. Ello comporta dificultades en la medida en que ante problemas de convivencia, que muchas veces vienen de afuera, hay que apartar a algunos.

En las últimas semanas, por ejemplo, detuvieron a 11 personas relacionadas con episodios de violencia de género. Todos esos aprehendidos quedaron en la Comisaría, a la espera de una orden que no llegaba.

En cada caso solicitaron la reubicación a las autoridades pertinentes, sin que lo hayan ordenado hasta ahora, que el fallo del Tribunal lo torna imperativo.

El Tribunal ya había exigido en otra oportunidad que los arquitectos del Ministerio de Seguridad tomaran internveción en la dependencia local. De hecho, hay un informe en el que están explicitadas las mejoras edilicias que se necesitan y que implican ampliar espacio físico, reformar estructuras de ventilación e instalar correctamente el baño en los sectores complicados.

Los informes técnicos del arquitecto Fabricio Sorrentino fueron elevados a la Dirección de Planificación de Obras del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni, pero ante la falta de ejecuión de esas obras el Tribunal vuelve a llamar la atención al Gobierno provincial sobre la situación de la Comisaría de San Pedro en relación a los calabozos.

Cada uno de los dos sectores para alojar detenidos cuenta con tres celdas, dos grupales y una individual, con capacidad para cinco detenidos. Hay dos baños y un patio cubierto y, separada por el sector de imaginaria, hay otra celda grupal con baño en la que no se puede alojar detenidos por su cercanía con la antena y equipos de comunicación.

En el interior de las celdas hay una “instalación eléctrica precaria, con tendidos aéreos y sin artefactos”, de 12v., tiene un pico de gas con una pantalla infrarrojo, en el pasillo de circulación, a modo de calefacción, y no posee sistema contra incendio, más allá de los dos matafuegos con que cuenta.

En el fallo que ordenó trasladar a los detenidos a unidades carcelarias, los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano, advirtieron que es el Ministerio de Seguridad, como máximo responsables de las dependencias policiales, quien debe ocuparse del tema

Berni “debe ser intimado para que en un breve plazo ordene la ejecución de las obras en las Comisarías de la Región”, entre ellas la local.

La resolución ordena el urgente alojamiento de los detenidos en la Unidad Penal 3 de San Nicolás u otra de la región, y dispone notificar al Servicio Penitenciario Bonaerense “bajo apercibimiento de la imposición de astreintes por dia de incumplimiento en este caso, al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario, Dr. Xavier Areses”, que depende del Ministerio de Justicia del Gobierno provincial.

Los jueces recordaron que el cupo otrogado para la Comisaría de San Pedro en la actualidad es para apenas cuatro detenidos, por lo que hicieron un llamado de atención al ministro Berni para que disponga con “urgencia” el “comienzo de las obras para rehabilitar el calabozo de la Comisaría de San Pedro” y hasta le impone “el plazo de quince días” para ello.

Según consta en el fallo, el estado de los calabozos y la necesidad de las refacciones ya fue informado al Ministerio de Seguridad “pero a la fecha no se ha recibido ninguna partida para comenzar”.

El problema es generalizado. “La capacidad de alojamiento de detenidos está colapsada en toda la provincia de Buenos Aires y no solamente en el partido de San Nicolás”, reconoce el jefe distrital de esa ciudad, que en el fallo al que tuvo acceso La Opinión también tuvo requerimientos por las comisarías primera, segunda y tercera.

En cada caso, incluida la comisaría de Arrecifes, que directamente no puede tener a nadie alojado en sus instalaciones, aparecen en los descargos los constantes pedidos al Poder Judicial y a los ministerios de Seguridad y Justicia por la situación. La Unidad Penal 3, donde se ordena en principio que sean trasladados los detenidos, también está sobrepoblada.

El domingo, en el Paseo Público, en la zona del exbalnearo próxima al Paseo Agenor Almada, la Mesa por la Memoria la Verdad y la Justicia San Pedro y Conciencia Ecológica plantaron árboles en el marco de una actividad que en todo el país hizo lo propio en el marco de la Semana de la Memoria, a 45 años del Golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico militar.

En el caso local, plantaron 10 sen de campo y seis espinillos. De ellos, 11 recuerdan a desaparecidos sampedrinos, secuestrados en San Pedro o con relación familiar en la ciudad.

Los árboles llevan un cartel que mira al río e indica el nombre de cada uno de ellos: Esteban Cuenca, Enrique “Grillo Ruggia”, Rubén “Negro” Reynoso, Patricia Hall, Liliana Curra, Marcelo Butti, Graciela Rovini, Alberto Comment, Juan José Capdepón, Diego Núñez y Marta Mastrángelo.

Sin Galera transmitió completo el acto, que puede verse en la sección videos de la fanpage:

Las actividades continuaban este miércoles, feriado nacional por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a las 10.00 de la mañana en Rivadavia y Boulevard Paraná, donde descubrían una baldosa colocada en recuerdo de Patricia Hall, una de las sampedrinas desaparecidas durante la dictadura cívico militar.

A las 18.00, en tanto, se desarrollaba el acto central de la Mesa por la Memoria local, en el monumento a los desaparecidos sampedrinos, emplazado en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, donde se daría lectura al documento alusivo.

Producto de la emergencia sanitaria vigente en el país por la pandemia de coronavirus COVID-19, al igual que en 2020 este año no hubo marcha por las calles de la ciudad para la conmemoración del aniversario del Golpe de Estado de 1976.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Defensora General Celina Berterame por las condiciones de detención de 14 presos que estaban alojados en una oficina con rejas de la Jefatura de la Dirección Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas y Crimen Organizado que conduce el comisario Gabriel Saldaña, que no contaba con autorización para tener detenidos.

Los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano consideraron acreditado el agravamiento de las condiciones de detención de 11 varones y 3 mujeres, entre ellos varios sampedrinos, que compartían la misma “celda”, que en realidad era una oficina a la que el jefe de la DDA le colocó, por su cuenta y sin autorización alguna, una reja para convertirla en calabozo.

El fallo judicial obligó a remitir a los detenidos a la Unidad Penal 3 de manera urgente al tiempo que dispuso prohibir el alojamiento de personas en la Jefatura que conduce Saldaña y retirar dentro de los 15 días las rejas ilegales que dispuso, “bajo apercibimiento de formar causa por desobediencia”.

Todo comenzó cuando la Defensora General habló por teléfono con Romina Balenzuela, detenida por venta de drogas, oriunda de Río Tala, donde la conocen como “La Chinguda”, aunque su familia sostiene que ninguno de sus allegados la llama por ese apodo. En esa comunicación, la presa le informó a Berterame las condiciones de detención en las que estaba.

Tres funcionarios de Defensoría se presentaron en la dependencia que conduce Saldaña para constatar lo que parecía un insólito relato por parte de Romina Balenzuela. Para su sopresa, todo era cierto: en una oficina de aproximadamente tres metros por dos, sin ventilación, sin agua corriente y sin baño había 14 personas.

Los detenidos informaron que a partir de las 23.00 tenían que “hacer sus necesidades en un balde o una botella hasta las 8.00 del día siguiente”.

En su descargo, según obra en el fallo al que tuvo acceso La Opinión, Saldaña dijo que “cuando comenzaron a recibir personas detenidas las mantenían esposadas en un banco, hasta que en el año 2019 comenzaron a recibir muchas personas detenidas por lo que decidieron colocar rejas en dos oficinas diferentes, situación que se mantiene hasta el día de la fecha”.

En una audiencia del 18 de marzo, el comisario Abiel Saldaña reconoció que su dependencia no está habilitadoa para alojar detenidos y que “improvisó” de “forma provisoria” un calabozo, para lo que colocó rejas en una oficina “para no tener a una persona esposada en un banco por 45 días”. En ese mismo acto, el jefe de la ex DDA dijo que había informado de la situación al Juzgado de Garantías.

Cuando le preguntaron de dónde salieron los recursos para colocar esos barrotes, informó que los había pagado de su bolsillo.

La jefatura que conduce Saldaña es una Unidad Investigativa creada para el traslado de detenidos pero en tránsito hacia su lugar de alojamiento. Ya en 2018 habían informado a Garantías que no había personal ni calabozos ni sanitarios disponibles para tener presos.

Ni siquiera hay partida asignada para alimentos o elementos de limpieza e higiene personal. Saldaña dijo que hasta dispuso una heladera de su propiedad para que los reos guardaran comida.

En su descargo, el comisario de la policía de investigación de drogas dijo que las dependencias de la Jefatura Departamental de Seguridad no admitían a los detenidos provenientes de las causas en las que su área intervenía, por eso, también, se vio en esta situación ahora denunciada.

Al otro día de la audiencia hubo una pelea en al improvisado y clandestino calabozo. Romina Balenzuela se peleó con las otras dos mujeres que estaban allí, rompió un vidrio y amenazó con cortarse. Tuvo que presentarse un defensor oficial para dialogar con ella.

Saldaña y el titular de la Defensoría 3, Joaquín Castro, lograron calmarla. La detenida por venta de drogas dijo que se sentía mal por estar encerrado en ese pequeño espacio, reconoció que el trato con el personal policial era bueno pero expresó su deseo de ser trasladada al anexo femenino de la UP 3.

La Defensora General consideró que en la dependencia en cuestión había 14 personas “sometidas ante un agravamiento arbitrario de sus condiciones de detención”.

El Tribunal entendió lo mismo y destacó que no hay autorización para alojar presos en ese lugar, puesto que nunca tuvo calabozos. Para los jueces, la situación implica una “emergencia de la seguridad en el Departamento Judicial de San Nicolás” y “no puede sostenerse un día más”.

López y Baquedano ordenaron notificar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acerca del fallo. “Sin desconocer la estructura jerárquica de la fuerza policial, la orden de mando no debe ser cumplida cuando la misma es a todas luces ilegítima”, recordaron en la resolución, que también tiene como destinatario al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses.

El próximo miércoles se cumplen 45 años del Golpe de Estado que derrocó al Gobierno constitucional de María Estela Martínez, quien había quedado a cargo del Poder Ejecutivo tras la muerte del presidente Juan Domingó Perón, y que instauró la última dictadura cívico militar en el país.

Con la emergencia sanitaria vigente por la pandemia de coronavirus COVID-19, los organismos de Derechos Humanos decidieron para todo el país no organizar la habitual marcha del 24 de Marzo, tal como sucedió el año pasado. Sin movilización por las calles, en San Pedro habrá otras actividades.

La Mesa por la Memoria informó que comenzarán este sábado a las 10.00 —postergada para el domingo a la misma hora por mal tiempo— con la plantación de árboles en el Paseo Agenor Almada, en el marco de una iniciativa nacional denominada Plantamos Memoria, mediante la que se dispondrán 30 mil ejemplares de diversas especies en todo el territorio nacional, uno por cada desaparecido.

En San Pedro plantarán 10, en recuerdo de los detenidos desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado Rubén Darío “Negro Reynoso; Graciela Rovini; Liliana Curra; Marcelo Butti Arana; Esteban Cuenca; Enrique “Grillo” Ruggia; Patricia Hall; Juan José Capdepon; Alberto “Beto” Comment; y Diego Núñez.

El miércoles, a las 10.00, descubrirán una baldosa en memoria de Patricia Hall en la esquina de Rivadavia y Boulevard Paraná, con una modalidad similar a la que utilizaron en 2019 cuando hicieron lo propio con Ruggia, Rovini y Cuenca en el frente de la escuela Normal, donde estudiaron.

Por la tarde, a las 18.00, tendrá lugar el acto central local por el Día de la Memoria a 45 años del Golpe, en el Monumento que recuerda a los desaparecidos sampedrinos en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez.

Allí los integrantes de la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro darán lectura al documento redactado para la ocasión, como todos los años, en los que además

En 2020 terminaron las audiencias del juicio por la Megacausa Saint Amant III en el que los responsables de encabezar el aparato represivo que cometió crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción del Área Militar 132 del Ejército fueron condenados. Entre las 50 víctimas había varias de San Pedro.