Una mujer fue vista este miércoles por la mañana realizando tapando pozos en la vía pública por su cuenta, en la intersección de Depietri e Independencia.

Armada con una carretilla, una pala y tierra, la vecina decidió intervenir directamente sobre los baches que afectan la circulación frente a su vivienda.

Según relató Verónica, quien registró y compartió la situación, la escena expone con claridad el nivel de deterioro que presentan muchas calles de la ciudad. “Así tapa los pozos de las calles una vecina en Depietri e Independencia”, señaló, en referencia al accionar de la mujer.

La joven habría tomado la decisión luego de reiterados reclamos sin respuesta. Frente a la falta de soluciones, optó por replicar el método que suele utilizar el propio Municipio: rellenar los pozos con tierra, una medida que resulta provisoria, pero de escasa durabilidad.

El caso no es aislado. Situaciones similares se repiten en otros puntos del radio urbano, donde vecinos, ante el deterioro de las calzadas, optan por intervenir por sus propios medios para mejorar la transitabilidad, al menos de manera momentánea, incluso arrojando restos como escombros.

Mientras tanto, el estado general de las calles en San Pedro continúa siendo motivo de enojo. La falta de recursos, según se ha indicado en reiteradas oportunidades, dificulta encarar obras de reparación de mayor envergadura, lo que deja a los vecinos expuestos a adoptar soluciones precarias, como en este caso.

La empresa que ordenó demoler la histórica estación del Ferrocarril Depietri pagó la sanción que impuso el Juzgado de Faltas, por lo que en términos administrativos se terminó el asunto con una multa de poco más de dos millones trescientos mil pesos.

El Municipio había radicado una denuncia penal desde la Subsecretaría Legal y Técnica, tras lo que, semanas después, Obras Públicas envió un inspector para constatar lo que La Opinión había publicado alrededor de un mes antes: habían tirado abajo una de las estaciones del antiguo Ferrocarril Depietri en ruta 191.

Con la notificación, comenzó la actuación administrativa del Juzgado de Faltas, que impuso la sanción máxima posible prevista en la única herramienta que tenía para multar a la empresa: el Código de Faltas, que prevé hasta un 500 por ciento del salario mínimo municipal para casos de demolición, que es considerada una obra, sin autorización previa.

Es decir que para los efectos de la sanción no existe agravante alguno para lo que fue considerado un verdadero atentado contra el patrimonio cultural e histórico de San Pedro.

La Municipalidad envió una carta documento y notificó a la empresa Estancia Chica S. A., con sede en el centro de Rosario, respecto de la sanción. La compañía, que compró ese campo en 1991 con el reconocido empresario Salvador Hugo Massarelli como representante, ofreció su descargo.

El texto fue presentado por el reconocídisimo abogado rosarino Carlos García Beltrame, un distinguido miembro de la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina que fijó domicilio legal en San Pedro en las oficinas del presidente del Colegio de Martilleros  de la región, José "Lolo" Cremona.

Allí, el apoderado de los dueños del campo donde estaba emplazada la estación Depietri del paraje La Rosada, dijo que la construcción presentaba "severo signos de deterioro" por "su antigüedad y falta de mantenimiento estructural", por lo que estaba "en riesgo" y "manifiesta fragilidad".

Aunque en el escrito sostuvo que "tormentas intensas, vientos fuertes y lluvias" provocaron "colapsos parciales de muros, techos y estructuras internas", por lo que procedieron "a la reacomodación de los restos colapsados y escombros".

García Beltrame aseguró que no hubo "intención alguna de realizar una demolición activa", aunque reconoció que hubo una "intervención sobre el inmueble" que "obedeció a un acto de necesidad ante el riesgo de derrumbe", lo que implica, como advirtió la jueza Jimena Gómez, que no hubo un "colapso" sino que, efectivamente, actuaron para demoler.

El abogado dijo que la empresa "desconocía por completo" la ordenanza que declaró como edificio protegido por el registro de patrimonio histórico y que “nunca fue notificada ni informada de tal circunstancia”.

La titular del Juzgado de Faltas respondió ante ello con el principio jurídico que señala que "la ley se presume conocida por todos", por lo que no puede argumentarse la ignorancia para justificar el incumplimiento.

Así, la jueza dispuso sancionar a la empresa Estancia Chica S. A. por haber procedido a una demolición sin autorización previa, con el agravante de que de haber pedido el permiso se lo hubieran denegado puesto que el edificio estaba protegido por su condición de patrimonio histórico.

Por ello, la multa fue del máximo posible que prevé el Código de Faltas para la infracción correspondiente: 500 % el sueldo mínimo de un empleado municipal. 

Así, el salario de $ 466.341,57 multiplicado por cinco dio como resultado la multa de 2.331.707,85 pesos.

Con el pago de ese monto —que equivale a un sueldo bruto de un funcionario de menor rango o un cuarto del bruto del intendente—, la empresa quedó liberada de sus responsabilidades administrativas y asunto terminado. 

Luego de que la Subsecretaría Legal y Técnica radicara la denuncia penal por la demolición de la estación del Ferrocarril Depietri en el paraje La Rosada, Obras Públicas se acordó de ir a constatar para labrar las actuaciones administrativas correspondientes.

La demolición fue revelada por La Opinión el 23 de marzo y ocurrió semanas antes. El 14 de abril, Daniel Porta radicó la denuncia en nombre del Municipio. La semana pasada, al fin, el área que conduce el arquitecto Mariano Brañas relevó lo ocurrido y envió el acta al Juzgado de Faltas.

Una empresa rosarina sería la responsable de la demolición de la antigua estación del Ferrocarril Depietri, de acuerdo a lo que figura en los registros municipales. 

A esa empresa el Juzgado de Faltas envió la notificación sobre la infracción cometida, que implicará sanciones en dinero, puesto que así lo establece la normativa vigente.

Mientras se sustancia la causa penal, la administrativa pasa por lo que reza el Código de Faltas Municipal (Ordenanza Nº 3.883), cuyas sanciones en términos monetarios son leves en comparación al daño que se hizo sobre un patrimonio histórico y cultural de los sampedrinos.

La infracción cometida es no haber pedido permiso formal para la ejecución de la obra de demolición, algo que tampoco hubiese podido ser autorizado porque ese edificio es un bien patrimonial histórico, protegido por ordenanza.

En 2022, todos los edificios relacionados con el legado de Eduardo Depietri fueron incluidos en el Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro.

El Código de Faltas establece, en el artículo 905, que “la iniciación, realización y/o demoliciones o desmantelamientos de obras, construcciones y/o instalaciones, sin el previo permiso, autorización y/o comunicación que establezcan las normas vigentes, será sancionado con multas del 50 al 500 % del salario mínimo de un empleado municipal”.

Esto implicaría la módica suma de entre 183 mil pesos y 1,8 millones de pesos, sin importar la gravedad del daño y teniendo en cuenta que el salario mínimo fue fijado en $ 367,754.91, según el Presupuesto vigente.

La causa penal que tramita en Fiscalía Nº 7 fue radicada ante "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".

El subsecretario Daniel Porta también dejó consignado que implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, oficio que fue acompañado de las publicaciones de La Opinión e imágenes de video que este medio registró.

En la presentación judicial, Porta requirió a la Justicia que ordene “una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida, y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno", todas potestades de Obras Públicas, por cierto.

El Gobierno municipal denunció ante la Justicia la demolición de la estación Depietri del paraje La Rosada, en el kilómetro 22 de la ruta 191, un hecho que reveló La Opinión a fines de marzo, edificio protegido por la ordenanza de conservación del patrimonio histórico local.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, radicó la denuncia como apoderado del Municipio por "posibles delitos contra el patrimonio histórico y cultural" y "grave daño irreparable al acervo cultural de la comunidad".

Además, planteó que la demolición registrada implica una infracción “administrativa grave contra el patrimonio cultural protegido” por la normativa vigente, aunque en el Juzgado de Faltas no hay registro de actuación alguna por parte del personal de Inspección de la Secretaría de Obras Públicas que conduce Mariano Brañas.

La denuncia recayó en la Fiscalía N° 7 y el escrito fue acompañado de las publicaciones de La Opinión, imágenes de video que este medio registró y copias de la legislación vigente, tanto a nivel local como provincial, que protegen el patrimonio histórico.

El Gobierno pidió a la Justicia que ordene una medida cautelar urgente que paralice cualquier tipo de obra, que preserve los restos materiales de la estación demolida y que prohíba iniciar nuevas construcciones en el terreno, medidas para las que, después de todo, tiene poder administrativo.

Además, piden que "se inicie procedimiento sancionatorio" en relación a la ley provincial y "se evalúe la posibilidad de ordenar la reconstrucción del inmueble demolido o medias compensatorias equivalentes".

Para la aplicación de la ley provincial, el edificio debería estar incluido en el registro, tal como sucede, por ejemplo, con la escuela Normal, que forma parte del patrimonio cultural protegido en territorio bonaerense.

El Municipio tiene como herramienta de aplicación la ordenanza local, aunque, como se dijo, no hubo constatación in situ de la demolición ni acta alguna que haya sido elevada al Juzgado de Faltas para que pueda aplicar la multa correspondiente.

En materia de sanciones, la ley provincial establece una multa de entre 10 y 50 sueldos mínimos. La Impositiva local, por su parte, indica un 2500 por ciento sobre los derechos de construcción para demoliciones no autorizadas.

En Obras Públicas no hubo solicitud alguna, que por otra parte no podría haber tenido curso porque el edificio está protegido tras incluir todas las construcciones relacionadas con Eduardo Depietri y el Ferrocarril que llevaba su nombre.

"Una demolición es una obra de construcción, un trabajo profesional. Nadie podría hacer una demolición sin intervención profesional, sería a todas luces una obra clandestina e ilegal", explicó a La Opinión el arquitecto Santiago Barceló, exdirector de Planeamiento y representante local del Colegio de profesionales de la Arquitectura.

"El plano de demolición se tiene que presentar antes. Si no se presenta, corresponde la multa. Con la demolición hecha, es decir con el hecho consumado, el Municipio tiene la potestad de aplicar las sanciones correspondientes", agregó.

¿Qué pasó con el “crimen patrimonial” de la estación del Ferrocarril Económico Eduardo Depietri”? Pasaron más de dos semanas y todo se esfumó con el paso de los días, quedando en el olvido para muchos, pero lo que es peor, para quienes tienen responsabilidades por la preservación de estos inmuebles.

Hasta el momento no se conocen actuaciones, ni de un expediente que posibilite accionar contra quienes no respetaron la Ordenanza Nº 5.260, cuya finalidad fue crear el “Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro, destinado a contener el detalle pormenorizado de los mismos, a efectos de prever su conservación y puesta en valor, con fines culturales, artísticos y turísticos”.

La misma normativa también consigna “la colocación en lugar visible, de una breve síntesis de los valores históricos de las construcciones”, es decir, mojones que permitan ilustrar cuál fue la finalidad de su designación como un bien patrimonial histórico.

Las estaciones del Ferrocarril Depietri acompañaron el proyecto extraordinario de contar con una traza que desafiaba a la red británica que se esparcía por el país. El propósito del empresario uruguayo, que recaló en nuestra ciudad, fue obtener el cereal que producían los chacareros del noroeste de la provincia y comercializarlos por el puerto de San Pedro que él mismo creó.

Todo ocurrió casi una centuria atrás, cuyo proyecto fue uno de los grandes emprendimientos de la época por su criterio, inversión y lo que representaba romper la hegemonía de los ingleses.

De ahí que, hace tres años atrás, a esta ordenanza se le incorporó todo lo concerniente a las edificaciones que dejó la propuesta de Depietri. Y la estación del kilómetro 22, sobre la Ruta 191, fue uno de estos mojones.

¿Qué sanción le correspondería a quien la demolió? Si fuese por la ordenanza, ninguna. La misma no establece sanciones para quienes provoquen un daño semejante al patrimonio cultura e histórico. 

Desde entonces, ¿hubo alguna modificación a la norma que permita asegurar la preservación de estos edificios y una sanción ejemplar para quien cometa un deterioro irracional como el ocurrido? Ninguna.

¿Hubo algún accionar desde el Departamento Ejecutivo Municipal para sancionar al autor-responsable del daño? Ninguna.

¿Y alguna actitud para evitar que esto se repita? Asomó una convocatoria del bloque de concejales de la UCR para que se cite a la Comisión de Patrimonio. Hasta el momento no ocurrió.

Con este criterio, quienes “tienen las mayores responsabilidades sobre la ejecución y creación de las pautas de convivencia en nuestro distrito” denotan estar inmersos en el desinterés por estas maniobras.

Solo pensar el momento que se atraviesa con los proyectos de remodelación de dos edificios emblemáticos de la ciudad, podría decirse que, en caso de nivelar las posturas, no habría una mayor propensión en la preservación del patrimonio o un tratamiento respetuoso de estos espacios.

Solo la Ley Provincial Nº 10.419 refiere al patrimonio cultural y fija sanciones por destrucción. “Serán penadas con multa regulable entre 10 y 50 sueldos mínimos de la administración pública”, establece. Pero, ¿existe la adhesión a la misma de parte del Concejo Deliberante? No.

Por lo tanto, nada hace prever que esta insensatez tenga el castigo esperado. La inacción ante las reiteradas violaciones de nuestro patrimonio histórico provoca preocupación. Si, como se vislumbra, poco o nada se hará para remediar esta situación, solo queda esperar que algún concejal o funcionario del Departamento Ejecutivo tome la iniciativa para emprender las “correcciones necesarias” en los textos que frenan estas atrocidades.

Mientras se aguarda alguna determinación por la destrucción de una de las estaciones del Ferrocarril Eduardo Depietri, ubicada en el kilómetro 22 de la ruta 191, a la altura del paraje La Rosada, en el lugar algunas tareas continúan.

El panorama se muestra desolador en el predio. Solo se erige una parte de la estructura, con el marco de lo que fue una ventana, los escombros y las huellas de alguna máquina que estuvo trabajando en el lugar.

En los últimos días la nueva señal la representa un enorme árbol que fue arrancado desde la raíz. Fue arrastrado a pocos metros, mientras que allí se evidencia un enorme pozo que indica dònde estuvo plantado.

Desde la ruta, a través de un túnel frondoso de ramas, se visualiza el saldo del desbarajuste de la otrora estación ferroviaria. Se observa que aún permanecen en pie otras añejas plantaciones, cercos, restos de lo que fue un vivero y un molino que atestigua lo ocurrido en las últimas décadas. 

Este “crimen patrimonial” ocurrió semanas atrás y nada se sabe sobre algún indicio que indique una acción estatal. 

La única excepción fue una iniciativa en el Concejo Deliberante del bloque de la Unión Cívica Radical para poner en vigencia una ordenanza, que refiere a la convocatoria de la Comisión de Protección del Patrimonio Cultural. 

Sancionada en 1997, no registra antecedentes en los últimos años cuando el avance edilicio modernista amenaza sobre algunas propiedades señeras del pasado sampedrino.

En este caso, sobre el patrimonio de lo que fueron los Ferrocarriles Económicos de Eduardo Depietri, “todo está incluido” dentro de una normativa que lo declara patrimonio histórico. 

También se consigna que deben existir carteles señalizadores y todo lo concerniente a la puesta en valor, como se merece, una historia inigualable próxima a cumplir 100 años.

Las restantes estaciones están habitadas. Algunas con carencias en su preservación, por lo que se debería efectuar notificaciones y un posterior seguimiento antes que surja otra sorpresa ingrata.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) que conduce Paola Basso pidió al presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck, que convoque a la comisión especial de Protección del Patrimonio Cultural.

Como advirtió Sin Galera el sábado, esa comisión, creada por ordenanza sancionada en 1997, no funciona y tiene un rol muy importante en materia de preservación de los bienes históricos de la ciudad.

Basso pidió la urgente convocatoria para "dar tratamiento a la proyección y planificación referente a la preservación de la configuración de la ciudad y su patrimonio cultural" en medio de dos debates relevantes en la comunidad.

Por un lado, los proyectos presentados por un estudio de ingeniería y arquitectura para construir edificios de departamentos en dos casonas históricas del centro de la ciudad, tema que no tiene debate legislativo.

Por el otro, La Opinión reveló la demolición de una de las estaciones del histórico Ferrocarril Depietri en ruta 191, edificios que están protegidos tras su inclusión en el registro de inmuebles que forman parte del patrimonio cultural sampedrino.

La comisión tiene como miembros al intendente Cecilio Salazar; el presidente del Concejo, Pablo Vlaeminck; un concejal por cada bloque; y funcionarios de Obras Públicas, Turismo y Cultura.

Además, debe incluir a integrantes de la comisión de Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro, a historiadores locales y al Colegio de Arquitectos.

Incomprensible, generando pesar por el destrozo realizado, fue ver una de las antiguas estaciones del Ferrocarril Eduardo Depietri totalmente destruida.

La añeja casona, próxima a cumplir 100 años, fue demolida. Se trata de la que está ubicada en el kilómetro 22 de la Ruta 191, en proximidades al paraje La Rosada, una de las que acompañó el recorrido de un proyecto caracterizado por el trazado, transversal a las líneas inglesas de la década del 30.

Fueron los vecinos de la zona, concientizados de la necesidad de la preservación de estos edificios, quienes alertaron a La Opinión.

Un móvil de Sin Galera se presentó en el lugar y describió que apenas una pared se mantuvo en pie, con un molino como fiel testigo del “crimen patrimonial”, mientras entre los escombros asomaba un trozo de mampostería con la “D”, que identificada al empresario uruguayo, Eduardo Depietri.

Lo emprendido por este hombre jamás será borrado de la historia. El complejo ideado incluyó la construcción del actual puerto de San Pedro y un desafío hacia los capitales ingleses, atravesando longitudinalmente sus redes, haciendo que el modesto “Ferrocarril Económico” cubriera el noroeste bonaerense, recogiendo el cereal para luego ser cargado en nuestra estación fluvial.

En el 2002 se creó la Ordenanza Nº 5260 que creó el Registro Municipal de Construcciones, Monumentos y Testimonios de Valor Histórico del Partido de San Pedro.

Posteriormente, en 2020, le dio “protección” como patrimonio cultural a los edificios de Depietri. Esto incluyó a la antigua casona donde residió Depietri, ubicada en el predio donde montó los talleres y sobre las barrancas, con una glorieta que permitió apreciar las instalaciones portuarias.

También a la alcoholera La Estrella, cuya chimenea aún está en pie, donde nace el camino Vapor Nacional Correo; el complejo habitacional de calle San Martín; los silos más antiguos donde ahora está emplazada Terminal Puerto; el único vagón que se encuentra en el predio de Scouts; el túnel de las vías de Depietri y el ferrocarril Mitre; los túneles de la Bajada Néstor Kirchner y San Martín; y las cuatro estaciones del ferrocarril, situadas sobre la Ruta 191 que corrió paralela al trazado: frente a la Central Termoeléctrica, en el Km 22, otra próxima a Pueblo Doyle (Km 30) y la última del recorrido después del acceso a Santa Lucía (Km. 35).

Con esta normativa, el Gobierno Municipal quedó facultado para “arbitrar las medidas que considere necesarias para preservar estas construcciones y disponga de cartelería que las identifique” como testimonio del valor histórico de San Pedro.

Los carteles nunca se colocaron, pero tampoco resultó de interés su preservación.

En momentos donde se discuten las reformas a antiguas casonas emplazadas en la ciudad, los sampedrinos nos encontramos con un golpe durísimo para el sostenimiento de la historia en hechos, de lo palpable, de la preservación de una cultura que parece atravesar su rasgo más preocupante: que a muy pocos les importa estos valores.

Recorriendo la cuenta de Facebook de los Amigos del Patrimonio Cultural de San Pedro, siempre se encuentran datos de lo que ha sido el pasado de la ciudad y los ambiciosos proyectos de muchos ciudadanos que, con pasión y acción, pretendían transformar el pueblo en una ciudad pujante.

Tal es el caso de Eduardo Depietri, impulsor del ferrocarril cuyo trayecto unía la ciudad de Arrecifes con el puerto de San Pedro. Un ambicioso proyecto que no llegó a buen fin, como una premonición de lo que años después sucedería con los FFCC en todo el país, dejando incomunicados a muchos pueblos que se convirtieron en “fantasmas”. Quizá resultaba inconveniente para pocos lo que muchos aprovecharían para abaratar costos y tiempo.

En la publicación del grupo “Amigos del Patrimonio cultural de San Pedro” está bien graficado lo que intentaba hacer Depietri y lo que en definitiva hizo.

Al final de los años ´30, había líneas transversales a los Ferrocarriles Ingleses (como se aprecia en el plano). Una arrancaba de Zárate; otra unía San Nicolás con Pergamino. Y desde Villa Constitución (que por eso se le llamaba Empalme Villa Constitución) salía otra línea más, apuntando hacia el NOA. 

Aparentemente, el “proyecto Depietri” contaba con hacer transbordo, desde o hacia el Puerto de San Pedro, con los distintos ferrocarriles que atraviesan nuestro Partido y Arrecifes. Aunque este último, hace tiempo dejó de funcionar. Alguna vez se oyó decir que la idea era llegar con el cereal hasta el Puerto de Aguas Profundas de Bahía Blanca. 

“Un proyecto de largo alcance, concebido por un visionario qué debió enfrentarse a contratiempos insalvables; uno de ellos fue la II Guerra Mundial. Y todo lo que vino después, que por supuesto tuvo un componente local y un innegable trasfondo político”, según lo que narra Roberto Young en su publicación de Facebook y que se ha convertido en el lugar de consulta sobre todos los acontecimientos pueblerinos de nuestro San Pedro.

Nadie podrá creer, cuando se relate la historia, que esta ciudad se perdió dos veces la oportunidad de tener un mejor puerto.  

“Hace un año están tiradas las piezas para armar bancos y mesas. De cortar el pasto ni hablar. En la plaza de Depietri al 2300 pagamos los impuestos y es importante que los chicos puedan jugar también. Pónganse las pilas amigos!”, dijo la vecina y envió sus fotos.

Este viernes 21 de octubre, de 10.00 a 16.00, alumnos, familias, vecinos e instituciones del barrio Villa Depietri participarán de una jornada abierta a la comunidad, en la que invitan a llevar el mate y las reposeras para disfrutar de shows y espectáculos en la cancha del Club Atlético Defensores Unidos.

A las 10.00, hará su apertura la batucada del Envión Depietri, para dar paso a las actividades recreativas para estudiantes. A las 11.00, seguirá percusión con tambores de la mano de la comunidad Los Naranjos.

11.10 será el turno de la Banda de la 7, la escuela secundaria con orientación en música, y luego seguirá a las 11.30 “Candombe de mucho palo”, con alumnos de primer año de la secundaria 11.

A las 13.00 está previsto el show de música de Poli Rosales y Juani Jurado. Luego, seguirá “Unidos por la misma pasión”, con estudiantes de la secundaria 11, y a las 13.40 habrá un show de magia.

A las 14.00 se presentarán los Bomberos como institución y habrá actividades recreativas para los estudiantes. Luego será el turno de la muestra de Animate vos Valés y para las 15.30 están previstos los sorteos. A las 15.50 será el cierre con la batucada del Envión.

Además, estudiantes de la secundaria 11 musicalizarán y llevarán adelante una radio abierta, y se podrán visitar los diferentes stands del jardín, primaria y secundaria de Depietri, el CEC, el Centro de Salud, Adultos y Envión.

Una de las dependencias pertenecientes al histórico caserío de Dipietri y que es propiedad del municipio luego de que en su momento lo cediera la empresa Indalar, ubicado sobre la calle San Martín y que hasta principios de años funcionó el Centro Educativo Complementario 802, fue usurpado por una familia.

Una mujer y su hija, conocida por diferentes episodios que le tocó atravesar a lo largo de su vida, decidieron ocupar el lugar que presenta un abandono y descuido alarmante producto de los constantes saqueos y robos que se han cometido periódicamente desde que quedó desocupado.

María Britos, la mujer que decidió quedarse en el lugar, dialogó con el móvil de Sin Galera y explicó qué fue lo que la llevó a tomar la decisión. “Hace varias semanas que vengo hablando en Desarrollo Humano, pero no tuve respuestas”, señaló la mujer.

“La decisión la tomé porque en el lugar donde estábamos alquilando corríamos riesgo, porque estábamos en una vivienda en la bajada al puerto puesto 27. La plata no nos alcanza, pasamos por acá, fuimos hablar con la directora que me conoce, y me dijo que no tenía nada que ver con esto”, detalló María Britos.

Además, indicó que hace varios días permanecen en el lugar: “Somos mi hija y yo. Nos vinimos el lunes, tenemos el colchón y un mate, y hace un rato trajimos una cocina, ropa, un televisor, y tres perritos que adoptamos como mascotas”.

Sobre su situación y de qué manera piensa resolverlo aseguró que tiene una casa adjudicada pero no sabe para cuando: “Yo les dije a las autoridades que nos vendríamos para acá, por lo menos que me dejen hasta que me solucionen algo, yo vivo de mi pensión por discapacidad, y de lo que podemos vender, como condimentos y tortas fritas”.

“yo les dije a las autoridades que nos vendríamos para acá, por lo menos que me dejen hasta que me solucionen algo”

“Yo a esto lo voy a cuidar porque no tenemos adonde vivir. El lugar fue saqueado, todo lo que había quedado de la vieja construcción del centro educativo son todas ruinas”, manifestó.

María Britos y su hija pretenden quedarse allí pero el lugar no tiene servicio eléctrico y un solo sector con agua. Explicaron que “dormirán en el piso y buscarán algo para comer”. En conclusión, el ex CEC no cuenta con ningún tipo de comodidad para que cualquier persona pueda permanecer como corresponda más allá de la situación legal.

Mientras tanto se espera que las autoridades intervengan ante esta situación, el reclamo y preocupación de los vecinos que habitan en esa zona, no solo por la familia sino por el estado en que se encuentra el edificio.