Un fuerte choque entre dos motocicletas se registró en la tarde del viernes en la esquina de Avenida 11 de Septiembre y Dávila, donde cuatro personas terminaron en el pavimento tras el impacto.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, ambos rodados circulaban en el mismo sentido por la avenida. Al llegar a la bocacalle, la motocicleta que iba adelante, conducida por una mujer que transportaba a su hijo menor de edad -el único de los ocupantes que llevaba casco-, realizó un giro repentino.

La maniobra sorprendió al segundo rodado, en el que viajaban dos jóvenes que portaban casco, y que no lograron evitar la colisión. El impacto provocó la caída de los cuatro ocupantes sobre la calzada, generando momentos de tensión entre quienes transitaban por el lugar.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107, junto con personal policial, que asistieron a los heridos y organizó el tránsito en la zona.

Los involucrados fueron trasladados a la Guardia del Hospital, donde los médicos constataron que todos presentaban lesiones de carácter leve.

Tras el accidente, uno de los conductores se presentó en la Comisaría con la intención de dejar asentado el hecho. Sin embargo, según indicó, en la dependencia le informaron que no era posible tomarle la denuncia debido a que las lesiones no revestían gravedad.

La situación generó sorpresa, ya que incluso las lesiones leves constituyen motivo suficiente para el inicio de una causa y de la correspondiente Instrucción Penal Preparatoria (IPP), trámite que debe ser impulsado por la fuerza de seguridad interviniente.

Tras la difusión de decenas de rumores que confirman la ruptura de relaciones entre Cecilio Salazar y el dirigente de uno de los gremios municipales, Juan Cruz Acosta, atraviesa horas decisivas.

El Sindicato de Trabajadores Municipales confirmó que radicará una denuncia penal porque el municipio retiene los aportes que se descuentan de los recibos de sueldo de los trabajadores y no los deposita en las cuentas de la organización desde hace cuatro meses.

Aducen que el ejecutivo municipal mantiene una deuda de aproximadamente 180 millones de pesos con la institución. 

Según indicó Acosta en declaraciones al programa “Lo Que Importa” son cerca de 350 afiliados del gremio, quienes han sufrido el corte de servicios y beneficios en comercios locales, incluyendo supermercados y librerías. El dirigente dijo además que debido a la falta de estos recursos, el sindicato no pudo realizar la entrega anual de guardapolvos para los hijos de los trabajadores ante el inicio de las clases.

"Es una práctica desleal, reteniendo la plata del recibo de sueldo de los trabajadores y no depositando lo que corresponde al sindicato".

Agregó que frente al silencio de la administración municipal a los sucesivos reclamos realizados, la Federación de sindicatos municipales ha tomado nota y evalúan una denuncia penal contra el Intendente por el presunto delito de malversación de fondos. Asimismo confirmó que se han realizado presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas y se han enviado notificaciones legales a las áreas de Hacienda y Contaduría del municipio.

"Te dicen que no hay plata en la municipalidad, pero sí tenés plata para gastar más de 200 millones de pesos en eventos que han hecho".

En otro tramo de la entrevista realizada por Sandra Dombretch en el canal de You Tube Sin Galera, cuestionó que la comuna invierta más de lo que les debe para espectáculos al mismo tiempo en que suspendieron los pagos. Las consecuencias se verán a corto plazo porque hay proveedores que quieren cobrar al sindicato que tendrá que acreditar los motivos por los cuales no pueden afronar los pagos.

Este miércoles, a las 10.15 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación que atraviesan en medio del conflicto con el Gobierno por el cierre de la paritaria por decreto.

Acosta y su pareja, Luciana Pavón Duarte, tesorera del gremio, son investigados por la Justicia por el presunto desvío de fondos de los afiliados, lo que incluye acusaciones de falsificación de firmas y hasta de apropiación indebida de bienes.

Acosta informó a La Opinión que en la conferencia de prensa se referirán a ese tema y a la intimación que el Gobierno hizo para ambos respecto de que se presenten en sus puestos de trabajo.

La hora de la conferencia de prensa indica que los sindicalistas harán caso omiso a la notificación, puesto que según el Gobierno en ese momento deberían estar él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano.

"Estoy tranquilo, hay una investigación, sí, pero tenemos todo para demostrar que eso no es así", dijo Acosta sobre la denuncia penal sobre el presunto desvío de fondos. "Mañana vamos a explicar todo, porque podemos demostrarlo legalmente, para que todo quede en claro", aseguró.

Sobre las notificaciones que cursó el Gobierno, el sindicalista dijo que sucede "como la otra vez", en alusión a otro conflicto laboral. "Cuando uno hace medidas de fuerza y pelea por los derechos de los trabajadores, se enojan y mandan notificaciones", señaló.

"Quieren contrarrestar las medidas de fuerza, que fueron un éxito y es lamentable porque cuando eso sucede es porque el trabajador y la trabajadora la están pasando mal. Entonces no les gusta y tratan de desviar el conflicto", consideró Acosta.

En comunicación con sus afiliados, el sindicalista dijo que "el Municipio quiere desvirtuar las medidas de fuerza que venimos haciendo para obtener un salario mejor, siguen sin entender la necesidad que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras municipales, que no llegan a fin de mes".

"Estamos tranquilos, porque sabemos de dónde venimos y quiénes somos, así que sigan en pie de lucha", dijo Acosta y ratificó ante sus afiliados el paro convocado para miércoles, jueves y viernes.

Durante las marchas por la inseguridad, y los posteriores debates, quedó latente la necesidad de tener vías de comunicaciones que sean alternativas al 911.

La urgencia ante los hechos delictivos no había cómo canalizarla por parte de los ciudadanos, de otra manera que el propio el sistema de emergencias 911 o recurriendo a la comisaría (425221).

Por eso los manifestantes reclamaron que la Municipalidad asigne un número para denunciar, que a su vez tenga agilizada la comunicación con la policía.

Allí fue cuando los nuevos funcionarios de la cartera de Seguridad, el secretario Carlos Farré, y el subsecretario Gabriel Cabral, expresaron que están a disposición el teléfono fijo del Centro de Monitoreo, 437607, y el celular 3329-317039.

Asimismo, la titular de la Fiscalía Especializada en Comercialización de Drogas, Verónica Marcantonio, dijo que está a disposición para las denuncias por venta de estupefacientes el teléfono 3364-197941.

El concejal Martín Rivas recuperó el automóvil de su hija que le habían secuestrado el sábado en un operativo de tránsito y el Juzgado de Faltas le dio la razón: el procedimiento no fue correcto, por lo que además de restituirle el vehículo no le aplicaron sanciones ni multas.

Tras recuperar el Renault Fluence, que había sido trasladado al Corralón municipal, Rivas radicó una denuncia penal por "abuso de autoridad" ante la Justicia penal, en Fiscalía.

Consideró que tanto el inspector a cargo del procedimiento como el director de Tránsito, Armando Caballero, que lo avaló, cometieron "abuso de autoridad" al "exceder las facultades conferidas por la ley" durante el operativo de control.

Solicitó a Fiscalía que inicie la investigación penal preparatoria correspondiente para determinar las responsabilidades de los funcionarios intervinientes.

Rivas fue interceptado en un operativo de control vehicular en inmediaciones de la escuela 13 el sábado, pasadas las 19.00. Presentó un comprobante de seguro vencido y cuando se lo informaron, dijo que tenía el vigente en la aplicación del celular.

Como no tenía señal y demoró en encontrar el PDF con la póliza, el inspector a cargo del procedimiento le informó que el control había terminado y que le iban a secuestrar el coche de todas maneras, cosa que hicieron.

El concejal difundió videos con el procedimiento, en los que quedó registrado el momento en el que el director de Tránsito, a quien le había enviado por WhatsApp la documentación, le dijo que no podía "desautorizar" al inspector y proceden a incautar el coche.

Finalmente, el lunes la jueza de Faltas ordenó que le restituyan el vehículo tras dejar sin efecto el acta de infracción sin aplicar sanción alguna ni imponer, en consecuencia, multa para Rivas. 

El caso de la mujer que pagó 80 mil pesos a un presunto gestor para que le lleve adelante el trámite para obtener la licencia de conducir y recibió un carnet trucho fue denunciado por el Gobierno ante la Justicia, que deberá tomar medidas para avanzar en la investigación.

Como reveló La Opinión, la mujer que se presentó al área de Licencias de Conducir porque no le aparecía en la app Mi Argentina refirió una dirección y un nombre de la persona a la que contactó vía Facebook para tramitar el carnet.

La sospecha acerca de que el estafador tenía una especie de "emprendimiento" ilegal para la confección de carnets apócrifos es firme, puesto que hay otros casos como el de esa mujer.

Por un lado, un amigo de ella, quien pagó los 40 mil pesos de seña que pedía al momento de hacer la transacción inicial, cuando el estafador les sacaba la foto que iría al documento falsificado, y a quien la mujer avisaría sobre la situación para evitar que pague el resto, que debía entregar cuando retirara el carnet.

Además, cuando la citó en su domicilio, el presunto gestor le explicó cómo era la modalidad y le mostró "una bolsa" que contenía una gran cantidad de licencias de conducir ya listas para entregar, lo que indica que la estafa habría sido consumada en varias oportunidades.

El carnet entregado a la mujer cuyo caso provocó la denuncia penal por parte de la Municipalidad tiene diversas anomalías: el plástico es distinto y las firmas son tan apócrifas que hasta aparece el nombre del director de Tránsito, Armando Caballero, cuyas funciones nada tienen que ver con las tareas administrativas del área de Licencias de Conducir.

La situación de estafa surgió porque la mujer tendría problemas en la vista y habría contactado a ese presunto gestor para intentar obtener la licencia de manera más ágil y sin dificultades. Para ello pagó los 40 mil pesos de seña y un monto igual cuando le otorgó el carnet.

La Justicia tiene en sus manos todos los datos del presunto gestor y se esperan novedades respecto de las actuaciones en el marco de la causa que investiga el delito de falsificación de documento público.

El Código Penal prevé penas entre tres y ocho años de prisión para quien falsifique o adultere documentos destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores.

La Municipalidad denunció ante la Justicia la aparición de al menos una licencia de conducir apócrifa, lo que constituye un delito de falsificación de documentación pública.

La situación surgió cuando una mujer se presentó ante el área de Licencias de Conducir municipal, en el Polo de Seguridad frente a la Comisaría, para reclamar que su carnet no aparecía en la app Mi Argentina.

La señora había pagado 80 mil pesos a un "gestor" para obtener la licencia.

En su relato ante las autoridades del área, la mujer contó que se contactó vía Facebook con una persona que dijo ser gestor y que le ofrecía sus servicios para hacer el trámite.

La mujer tendría problemas en la vista y habría contactado a ese presunto gestor para intentar obtener la licencia de manera más ágil y sin dificultades.

El estafador la citó en un domicilio que la Subsecretaría Legal y Técnica aportó en la denuncia penal radicada en Fiscalía, aunque de manera aproximada, puesto que la víctima no lo recordaba con exactitud. Allí hizo "el trámite" y pagó 80 mil pesos. Luego, le dieron la presunta licencia.

El carnet que le otorgaron presenta serias diferencias con los originales. 

El plástico no es el mismo, la firma que aparece no coincide con la que usualmente se estampa en las licencias, entre otras características que dan cuenta de que es "una truchada".

En la Municipalidad sospechan que el “gestor” estafador podría haber hecho varios “trámites” de este tipo, por lo que entienden que habría una cantidad indeterminada de licencias truchas en circulación.

"Cualquier documento obtenido por fuera de los canales oficiales carece de validez y puede derivar en sanciones legales", advirtieron desde el Gobierno municipal y pidieron a la comunidad "extremar las precauciones para evitar estafas de este tipo".

Los cruces puertas adentro del Hospital se transformaron en violencia. A un escrito con pedido de declaración de “persona no grata” a una empleada que se desempeña en el ámbito de Clínica Médica de la institución le siguió un episodio que terminó en una denuncia penal.

Eran las 13.20 horas del viernes 13 de Septiembre cuando la agente que radicó la denuncia que al ingresar a su puesto de trabajo observó que la puerta estaba abierta y que en el interior del espacio que comparte con médicos y enfermeros “se encontraba una femenina” a la que identificó con su nombre, apellido y su cargo de enfermera.

Según la exposición esa persona estaba acompañada por la supervisora del sector en el que se desempeña la agresora y que “la denunciante les pide que mantenga cerrada la puerta de la oficina  para evitar que gente ajena al servicio ingrese”, dice textualmente y agrega que de inmediato comenzó a insultarla y a cerrar la puerta que da a la oficina de los médicos.

Fue en ese momento cuando al Intentar ingresar a la oficina “la agarra de los pelos, la tira al piso y comienza a darle patadas, cachetazos sin poder defenderse”. 

En la misma denuncia indicó que la supervisora se limitó a pedirles que se separen y a llamar al personal de seguridad, por lo que la enfermera acusada terminó retirándose del lugar.

El trámite judicial continuó con la asistencia y evaluación médica que debía constatar el médico de policía y ahora aguardan medidas de restricción.

Este episodio no es el único que revela el clima en el que se desempeñan agentes municipales. Este jueves 19 de Septiembre, la persona que está a cargo de los baños del Paseo Público fue agredida en su lugar de trabajo.

Finalmente, Coopser radicó la denuncia penal contra la lista Verde por la inclusión de firmas de personas fallecidas en la presentación de la nómina opositora para competir en las elecciones del 14 de julio.

Lo habían anunciado el lunes en conferencia de prensa, cuando informaron que tanto la lista oficialista, Roja, como la Verde opositora debían subsanar defectos formales para ser oficializadas.

La denuncia recayó en la Fiscalía N° 7 que conduce María del Valle Viviani, que está en turno, que deberá analizar el caso bajo los preceptos del artículo 292 del Código Penal, que prevé penas de uno a seis años de prisión para quien falsifique documentos públicos.

La presentación indica que deberá investigarse la posible comisión de un delito ante "la inclusión de nombres y apellidos de personas fallecidas y firmas falsificadas".

El Consejo de Administración de Coopser confirmó en un comunicado difundido este jueves que hallaron "un total de 15 casos concretos con esta anomalía".

"Las acciones legales y penales las tenemos que llevar adelante, porque si no estaríamos avalando una irregularidad", había dicho el presidente de Coopser, Iván Groppo, en la conferencia de prensa.

Este jueves, a las 13.45, vence el plazo para presentar las listas con los defectos señalados subsanados, tras lo que la cooperativa deberá volver a analizarlas para confirmarlas.

Las listas deben ser oficializadas antes de los ocho días corridos de la fecha de las asambleas de distrito, por lo que el sábado deberían estar confirmadas.

Ambas nóminas, informaron, tenían errores a subsanar: deudores, números de socio mal escritos, nombres y apellidos ilegibles, socios que aparecen por un distrito pero tienen su servicio en otro, entre otros puntos.

Al menos tres denuncias quedaron radicadas en sede judicial firmadas por empresarios areneros. Los piquetes que habían montado los representantes del gremio a nivel local con participación de afiliados de otras regiones, se levantaron por la tarde.

Antes habían pedido, al menos al responsable de una de la firmas, que “levanten la denuncia”. No solo no sucedió sino que seguirán adelante para que la acción de bloqueo no se repita. 

Hay fotos, videos y cobertura periodística que muestran las filas de camiones que sufrieron demoras en sus cargas para solidarizarse con el sindicato que a nivel local lidera el Concejal Matías Franco.

Esta mañana había dicho que la medida de fuerza del gremio de Marina Mercante era por tiempo indeterminado y que exigían un incremento salarial. Por la tarde y tras ser puesto en conocimiento que había intervención judicial, abandonaron los piquetes que habían montado en las puertas de las areneras.

La Opinión llegó a Frers y la Bajada al Puerto, allí constató la situación y registró imágenes en las que se veía a los afiliados y al menos dos vehículos que impedían el acceso a la planta de Arenera del Litoral. 

Una de las denuncias a las que tuvo acceso este medio indica que  cuando el dueño del establecimiento llegó al lugar “personal que realiza su jornada laboral en la arenera, le mencionan que el gremio de Marina Mercante a cargo del secretario general San Pedro San Nicolas Matías Franco, se hallaban en una medida de fuerza en proximidad del predio de la arenera realizando un bloqueo, impidiendo el paso de los camiones para ingreso y egreso a la empresa”, una situación que tiene antecedentes en la zona y en la que tras la intervención de la Fiscal María del Valle Viviani, terminaron presos dos sindicalistas del gremio Camioneros. 

En el mismo texto el denunciante refirió que presumía que los motivos por los que esas personas estaban en el lugar obedecían al pedido de “la reapertura de paritarias que se hacen en el mes de Abril” y que esa situación debe dirimirse  "en el ámbito del ministerio de trabajo". 

En la denuncia el empresario relató que Matías Franco le dijo que “no iban a dejar salir ni entrar a cargar ningún camión pero que si transeúntes / empleado podían ingresar a su jornada laboral a la arenera y que la medida es por tiempo indeterminado”…

La cuestión más importante que deberá evaluar la fiscalía radica en lo que el titular de esta arenera indicó respecto a lo que le dijo el representante del gremio. Menciona que cuando intentó entablar un diálogo con Franco para pedirle que libere el lugar para poder trabajar, este le respondió que no lo iban a hacer y que sólo admitirían el desplazamiento de personas ya que la medida sería por tiempo indeterminado. 

Su nombre es Karina Cariaga y desde que se conoció la intención de radicación de una empresa arenera en el predio de propiedad de Indalar, la firma con la que Arcor soñó alguna vez para invertir en la operatoria portuaria, no cesó en sus reclamos para que se cumplan las leyes que garantizan el acceso de los vecinos y las que rigen en materia ambiental para los humedales. Ella, junto a otros vecinos, fue protagonista de reclamos y de la entrega de un petitorio acompañado de más de 1600 firmas para que se impida la instalación de ese negocio y el predio se transforme en un espacio público.

Tras una reunión con el representante de San Marco Trading y la nota que Sin Galera obtuvo con Santiago Lawson se supo que, efectivamente, los dueños del predio celebraron un contrato de alquiler con esa firma que se dedica a la explotación minera en la provincia de Entre Ríos y que fue una de las principales proveedoras de arena para Vaca Muerta.

“Me denunció el dueño de San Marcos Trading por defender; solo salir a defender lo que es nuestro, la parte de la costa para que no pase el tractor, nada más que eso”, dijo Karina en Radio Cuarentena tras remitir el tenor de la notificación de la iniciación de una causa que lleva la firma del fiscal Marcelo Manso.

Pese a las promesas del municipio en torno a la falta de autorización para la instalación de ese emprendimiento, hace pocos días los vecinos lograron impedir que un arado tirado por un tractor cumpliera con su tarea. Esa situación permitió un encuadre diferente a la acción que ahora intentará poner en marcha la arrendataria de ese sector de costa y barranca que no cuenta con alambrados que delimiten la propiedad en la parte costera ni cuenta con cuidados a su cargo más que un cartel que dice “Propiedad privada”, que fue colocado por personal municipal.

“Tal cual, fue a partir de este hecho porque a nosotros el municipio nos dijo que esta empresa no tiene nada autorizado para hacer nada en la zona, cortar el pasto sí pero no pasar el tractor, lo que vendría a ser pasar el arado, eso es lo que dice el municipio”, refirió la mujer a pocos minutos de haber tomado conocimiento de que está imputada en esa denuncia.

“Es el municipio el que lo tiene que frenar”, reflexionó y agregó: “Tenemos que salir nosotros a frenarlos hasta que el municipio se presente porque si no es así, ya está todo arado”. Como justamente el lugar donde pretendían arar está catastrado la acción de la vecina quedó en el marco de una causa por “amenazas, daño y turbación de la propiedad”.

“Lo que pasa acá es que al arar rompen todo Lilí, rompen árboles, rompen el pasto donde los animales pastan, nosotros, la gente que pasa para el otro lado de la costa no se puede pasar. Acá parece que falta una comunicación entre Arcor, el municipio y la empresa, porque son ellos los que tienen que poner, no nosotros porque éramos varios vecinos ese día, como 20 poniéndonos enfrente y decir bueno esto se puede y esto no se puede, porque el municipio nos va avalar, pero necesitamos que el municipio hable con San Marcos Trading y Arcor y que ellos les digan esto sí se puede y esto no se puede”, dijo Cariaga al exponer los límites que como vecinos esperan que ordene, disponga y controle el estado municipal y provincial.

El terreno por ahora sigue sin alambrados ni murallas y el expediente de pedido de habilitación reposa en las oficinas de Obras Públicas. El próximo capítulo será en la justicia cuando esta vecina y tal vez algunos otros sean citados a declarar.

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro radicó una denuncia penal en la que apunta a la contadora del organismo, a quien el presidente Eliseo Almada identificó como María José Pucurull, por defraudación al Estado. La acusan de haber desviado millones de pesos a su cuenta personal y de la adulteración de documentación interna para disfrazar la maniobra delictiva.

La denuncia fue radicada por Almada junto a uno de los varios directores que tiene el Consorcio, el representante del sindicato de Apuntadores, Diego Balcaza, y tramita en la Fiscalía Nº 5 que conduce Marcelo Manso, que recibió la presentación penal con el detalle de la maniobra este jueves.

“Lo que ha pasado en el Consorcio de Gestión del Puerto es muy grave, ha trastocado lo que se ha venido trabajando y opaca lo que se ha venido haciendo. Para mí es una desilusión, en lo personal, muy grande”, dijo Eliseo Almada, que brindó detalles en exclusiva en Sin Galera este sábado.

“Todo arranca con sospechas, con maniobras que desde hace un año empecé a notar como malos manejos, la falta de información por parte de una persona empleada del puerto”, dijo Almada. Para obtener el detalle de la maniobra tuvieron la ayuda de dos contadoras, Eva Díaz y Mariela Brambilla, contratadas de manera externa para hacer una tarea en el Consorcio mientras Pucurull estaba de licencia.

“El desvío de fondos que encontramos hacia su cuenta personal se torna de una gravedad sin precedentes”, dijo Almada.

La denuncia, explicó el presidente del Consorcio, “es por el desvío de fondos públicos del Consorcio hacia la cuenta personal de la responsable jerárquica del área, la contadora Pucurull”, quien cargaba esos dineros que se llevaba como si se los hubieran pagado a Prefectura por servicios adicionales.

El análisis que las contadoras externas hicieron corresponden a 2022 y 2021: 4 millones de pesos para este año y casi 5 millones para el año pasado. Es decir que en los dos períodos en los que se fijaron hay un desvío de alrededor de 9 millones de pesos a favor de la denunciada.

“En una estructura como la del Consorcio y con las atribuciones que se le habían conferido, tenía el manejo de hacer absolutamente todo y que ningún empleado ni yo teníamos acceso a la información, aunque la pedí en reiteradas oportunidades”, dijo Almada sobre la sopresa que causó que esta irregularidad no se haya detectado antes.

“Se falsificaban los extractos bancarios del Banco de la Provincia. Descargaba los originales y en el puerto se han encontrado que se manipulaban de puño y letra de la contadora Pucurull”, reveló sobre la modalidad de la maniobra delictiva.

“Tenemos un auditor externo que lo nombra la Provincia y tampoco había alertado esta maniobra. Más grave aún, el Tribunal de Cuentas tampoco” señaló el presidente del Consorcio y agregó: “Es que se falsificaba tan bien el extracto, donde los números cerraban, que no teníamos manera de verlo porque la encargada de hacer las transferencias era ella”.

“Todos los movimientos fueron hechos con su usuario y su contraseña”, informó Almada.

En el Consorcio, las contadoras externas encontraron tres extractos bancarios por mes: uno original; uno adulterado de puño y letra por la acusada, en la que unía los montos que se transfirió con los de Prefectura; y el adulterado, donde su cuenta desaparecía y todo ese dinero figuraba como pagado a la fuerza naval.

“No falsificaba un documento emitido de la Prefectura sino el documento interno del Consorcio”, explicó Almada. Además, dijo el presidente del Consorcio, la denunciada engañaba al otro contador, a quien le hacía firmar las autorizaciones con montos genéricos para luego, cuando le tocaba hacer la tarea a ella, disponer el detalle donde producía el desvío de fondos a su cuenta

“El Consorcio mueve mucho dinero, cuando empezamos a ver esto y le informa a la Provincia, vemos que hay un goteo de movimiento de dinero. Para cualquier ciudadano 300, 500, 700 mil pesos es muchísimo dinero, pero para la facturación del Puerto es casi insignificante”, explicó el funcionario.

“Fue muy difícil darse cuenta de esta maniobra. Todas las pruebas y la información que recabamos nos lleva directamente a la contadora Pucurull, que contaba con ciertos privilegios que eran apañados por directores, que le transfirieron ciertos manejos con los que yo no estaba de acuerdo, aunque no me saco ningún lazo del cuello. Estas cosas son parte de lo que pasó en julio, cuando ofrecí mi renuncia”, revelo Almada.

Como adelantó La Opinión, el análisis de una comisión externa contable para indagar en las cuentas del Consorcio de Gestión del Puerto derivó en una denuncia penal para que la Justicia investigue el caso.

La causa recayó en la Fiscalía de Marcelo Manso y fue radicada por el presidente del Consorcio, Eliseo Almada, por instrucción de sus superiores en el Gobierno provincial, que entendieron que podría haber delitos en las irregularidades detectadas.

La denuncia apunta a una empleada jerárquica del Consorcio que habría desviado fondos de las cuentas del organismo hacia cuentas personales a través de la adulteración de documentación interna.

Detectaron que habría extractos bancarios adulterados en los que figuran montos servicios de Prefectura Naval que estarían por encima de lo que en realidad prestó esa fuerza y la diferencia habría ido a la cuenta personal de esa empleada.

Manso todavía no adoptó medidas pero todo indica que deberá solicitar pericias contables, informáticas y caligráficas para avanzar en la investigación penal, que recién comienza.

La situación del consejero escolar Cristian Novaro, que fue denunciado ante la Justicia por tres pares por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores para obras en el escuelas, se demora en el cuerpo, que pretendía analizar en sesión especial el tema, más allá de lo que investigará Fiscalía desde el punto de vista penal.

Estaba previsto que el lunes 23 se desarrollara una sesión especial para evaluar la posibilidad de sanciones, entre ellas suspenderlo en su cargo hasta tanto se sustancie la investigación penal, pero la licencia “por cuestiones de salud” que elevó Novaro obligaron a posponerla.

El presidente del Consejo Escolar, Jorge D’Andrea, explicó a La Opinión que “al estar de licencia posterga la realización de la sesión especial, por eso se está reprogramando, dependiendo de esa licencia”.

Novaro estuvo de licencia lunes y martes. Luego del feriado por el Censo Nacional, la retomó para jueves y viernes. Ahora esperan que se reincorpore el lunes para hacer la nueva convocatoria.

D’Andrea informó que tras consultas en La Plata les explicaron que para hacer la convocatoria deben pasar al menos cinco días hábiles y que el consejero tiene que estar activo en su cargo, para que pueda, como tal, preparar su defensa.

“Después de la sesión puede salir la posible sanción, que puede ser un llamado de atención o amonestación, suspensión o expulsión del cuerpo, esas son las posibilidades”, precisó el presidente del cuerpo, de acuerdo a la normativa vigente.

Patricia Sabaté, de Juntos, Cecilia Macchia y Vanina Zubieta, ambas del Frente de Todos, se presentaron en Fiscalía para denunciar a Novaro por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de proveedores en al menos dos obras de electricidad en escuelas.

En la denuncia dejaron asentado que Novaro citó a dos proveedores que competían entre sí, les dijo el monto del presupuesto que tenían que presentar y le “aconsejó” a uno de ello que elevara uno menor al del otro, a pesar de que ambos iban a hacer la obra de manera “asociada”, situación irregular que, señalaron, ocurrió también en una obra anterior con los mismos prestadores de servicios.

El consejero acusado rechazó los términos de la denuncia y consideró que deberían haber dado curso a “una investigación interna”. Sostuvo que lo que hizo fue “llamar a los proveedores para que se repartan el laburo y la obra se haga cuanto antes” y que consiguió un precio “por debajo del valor comercial” por lo que “nos ahorramos un montón de dinero” a través del “consenso con los proveedores”. “Lo tomo como un éxito”, dijo.

Pero además dijo que que desde que llegó al Consejo Escolar tras ser electo en la boleta del Frente de Todos en las elecciones del año pasado hubo cosas que decidió cambiar en la modalidad de trabajo del cuerpo y que ello le generó “enemistades”.

En ese sentido, sostuvo: “En algún momento dije ‘el kiosquito se acabó’, en referencia a irregularidades que mencioné en su momento. Las obras que nosotros hacemos son millonarias”, lo que puso un manto de sospecha sobre el Consejo Escolar, especialmente en la composición anterior.

La semana pasada, a raíz del escándalo desatado, las consejeras escolares oficialistas Cecilia Macchia y Vanina Zubieta renunciaron a la vicepresidencia y la tesorería del cuerpo, respectivamente.

Tres consejeras escolares denunciaron penalmente una situación que se sospecha como irregular en la contratación de proveedores para obras y que apunta a otro de los integrantes del cuerpo, señalado como el presunto “facilitador” de la práctica que no respetó los procedimientos habituales para ese tipo de trabajos, cuyo continuidad en el cargo será definida en sesión especial el viernes.

Las consejeras Patricia Sabaté (Juntos), Cecilia Macchia (Frente de Todos) y Vanina Zubieta (electa por Cambiemos pero ahora en el FdT) radicaron la denuncia penal en Fiscalía para que la Justicia investigue la presunta comisión de delitos que tendrían al consejero Cristian Novaro, vocal primero del cuerpo, sindicado como quien facilitó lo que entienden como una irregularidad en la contratación de empresas para una obra.

La situación se reveló cuando un proveedor presentó una factura por unos trabajos para los que fue contratado tras ganar una compulsa de precios, pero los consejeros habían visto en la tarea a la competencia, es decir al prestador que había perdido en el concurso porque su presupuesto no había sido el elegido y aprobado.

Los proveedores informaron que el consejero Cristian Novaro fue quien les dijo que presenten ambos presupuestos pero que se podían asociar para hacer la obra, independientemente de quien fuera adjudicado, lo que las denunciantes consideran una grave irregularidad en la que podría haber delito.

“Veníamos observando que un proveedor facturó una obra y la había realizado otro, no sabíamos cómo era, lo citamos. Cuando llegó la facturación, nos explicaron que habían sido convocados, que en el Consejo Escolar les pusieron el precio que tenían que cobrar por esa obra, que uno estuvo de acuerdo y otro no, y que esto ya había pasado en otro trabajo que se les había encargado”, reveló en Radio Cuarentena Patricia Sabaté.

La consejera informó que se desayunaron de la situación cuando convocaron a los proveedores para que dieran explicaciones acerca de por qué uno figuraba en la factura y el otro estaba trabajando en la obra, teniendo en cuenta que ambos habían presentado presupuestos porque eran los únicos en condiciones de llevar adelante la tarea, que tenía ciertas especificidades.

“En realidad se habían asociado y eso no corresponde, porque tendrían que haber pasado un presupuesto entre los dos y que nosotros pidiéramos otro presupuesto a otro proveedor”, explicó Sabaté. Ello implica que en la “asociación” no informada, se privó a otros prestadores de participar de la compulsa de precios para la obra.

“El Consejo, depende del valor de la obra, llama a licitación o pide presupuestos. Esta era una obra de electricidad. Generalmente se les pide a los proveedores que puedan realizar esa obra. En este caso era un tendido especial para colocar una trifásica para que funcionen en una escuela los aires acondicionados, era una tarea muy específica”, explicó la consejera.

Los dos proveedores fueron convocados a participar de la compulsa de precios porque eran, de los que habitualmente se presentan ante obras del Consejo Escolar, los que estaban en condiciones de hacer frente a esa tarea, que debía desarrollarse en el edificio que comparten las escuelas primaria 3 y secundaria 12.

Todo indica que habría sido el consejero escolar Cristian Novaro el que les “recomendó” la asociación y que pasaran presupuestos de manera tal que la obra, de 236 mil pesos en total, se le adjudicara a uno de los dos pero para que la hicieran juntos.

“La pasaron por ese monto, por eso la factura no se pagó. Cuando la arquitecta y la gente de infraestructura ve la factura, se la pasa al secretario técnico y ven lo que había ocurrida deciden que no, que esa factura de 236 mil pesos no se iba a pagar, porque no se podía pagar así, porque creíamos que estaba otra persona haciendo la obra”, precisó Sabaté.

La obra tenía que ver con la instalación de una línea trifásica de electricidad que permitiera alimentar los equipos de aire acondiconado que la escuela adquirió e instaló con un subsidio específico. “Había que hacer el tendido de la red nueva para colocar la trifásica de manera tal que puedan funcionar”, señaló la consejera.

“No te puedo hablar de costos porque no lo conozco, puede haber sido razonable. Aparte están los materiales que fueron adquiridos en una casa de electricidad, se compraron y fueron abonados, presentó la factura”, agregó.

Los proveedores dijeron que “como era una obra grande la podían hacer juntos, porque el conocimiento de uno podía ayudar al del otro” y Sabaté entiende que lo habrían hecho “en el desconocimiento del proceso que lleva” la compulsa de precios para la contratación.

La denuncia abarca esta obra y la de la instalación de 45 ventiladores que se colocaron en escuelas, “a razón de 3.500 pesos por la instalación y el cableado de cada uno”, un trabajo que se contrató en el verano. “En esa obra hubo el mismo procedimiento, se juntaron los dos proveedores”, dijo Sabaté.

La sospecha de las consejeras escolares denuncinates está puesta en el procedimiento de contratación, que entienden fue irregular y que además podría comportar algún tipo de delito, por eso radicaron la denuncia penal para que la Justicia investigue.

El viernes habrá una sesión especial en el Consejo Escolar en la que el cuerpo definirá el futuro de Cristian Novaro, puesto que entienden que debería ser apartado del cargo mientras se sustancie la investigación en su contra. Romina Roselló es la primera suplente de la lista en la que fue electo el consejero señalado en la denuncia.

Este lunes, con la debida anticipación de cinco días hábiles, se presentó el pedido para esa sesión. Mientras tanto, el denunciado sigue en su puesto. La Opinión intentó comunicarse con Novaro, sin que respondiera los llamados hasta el momento de publicada esta nota.

“Esto lo hizo él, generalmente todo lo que es órdenes de trabajo con presupuesto son tratadas y aprobadas en sesión, y esto había sido aprobado en sesión pero no sabíamos cómo habíamos llegado a esto, no sabíamos lo que había ocurrido previamente”, aseguró Sabaté.

Los consejeros escolares electos en 2021 juraron el 9 de diciembre pasado. Myriam Bonilla y Cristian Novaro por el Frente de Todos, y Patricia Sabaté por Juntos. Completan el cuerpo el presidente Jorge D’Andrea, que reemplazó al fallecido Fernando Cajide, Cecilia Macchia y Vanina Zubieta.