Una denuncia penal por presunta usurpación de inmueble y amenazas fue radicada en la Comisaría, según consta en la documentación a la que tuvo acceso La Opinión.

De acuerdo con la presentación, el conflicto se originó a partir de la ocupación de una vivienda ubicada en un predio privado, ubicado en Juan B. Thorne al 1700, donde actualmente residen varias personas que no tendrían autorización del propietario.

El denunciante sostuvo que la situación se arrastra desde el año pasado y que ya existían actuaciones previas vinculadas al caso.

Además, en la exposición se menciona que durante los últimos días la persona afectada habría recibido mensajes intimidatorios y acusaciones relacionadas con el corte del suministro eléctrico del lugar. También aseguró sentir temor por su integridad física y la de su familia.

La denuncia quedó asentada ante autoridades policiales y fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de turno, que deberá avanzar con la investigación correspondiente para determinar responsabilidades y eventuales medidas de protección.

En lo que va del año, la Comisaría de la Mujer y la Familia registró más de 590 denuncias por hechos relacionados a violencia de género.

Las cifras toman como parámetro los episodios registrados entre enero y abril de este año y contemplan todos los casos donde las víctimas requirieron asistencia.

Las estadísticas brindadas por la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad evidencian un total de 592 denuncias radicadas, siendo 19 de ellas, correspondientes a casos por abuso sexual.

La guardia de asistencia, que funciona las 24 horas, todos los días del año, asistió a un total de 63 personas y realizó 33 admisiones voluntarias.

Por su parte, el gabinete psicológico asistió y garantizó la continuidad del tratamiento para 15 nuevas personas, que comenzaron el proceso.  

Si sos víctima o conocés a alguien que esté atravesando una situación relacionada a la violencia de género podés radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en Oliveira Cézar 220.

También, podés comunicarte al 422 000 o acercarte a la subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00, en el primer piso del edificio ubicado en Salta y Arnaldo.

En caso de emergencias, está disponible la línea gratuita 144, que funciona las 24 horas del día y durante todo el año.  

Un accidente de tránsito que ocurrió en la intersección de Salta y Caseros provocó el reclamo de una joven que fue embestida por una camioneta Ford cuando circulaba a bordo de una moto Honda Wave 110 .

La víctima contó que, tras el impacto, el conductor del otro vehículo le propuso dirigirse a la Comisaría para resolver la situación, asegurándole: “Nos vemos ahí”. Sin embargo, nunca se presentó.

Romina, la joven motociclista, manifestó que no logró identificar al conductor ni precisar con exactitud el modelo de la camioneta.

Como consecuencia del choque, sufrió una lesión en una pierna y su motocicleta resultó con importantes daños.

De acuerdo a su testimonio, este miércoles regresó a la Comisaría con la intención de radicar la denuncia, pero indicó que no le fue tomada debido a la falta de datos concretos sobre el vehículo involucrado.

A su vez, Romina le contó a La Opinión su malestar por lo vivido, más cuando en la comisaría no le tomaron la denuncia, señalando que “no les importó el daño de la moto ni la lesión en la pierna”.

Este sábado por la mañana, el maxi kiosco y librería de Colón al 978 seguía sin suministro eléctrico.

El comercio, ubicado a metros de una escuela y en plena temporada alta por el inicio del ciclo lectivo, lleva más de 20 días sin luz tras una acusación de presunto fraude por parte de la Coopser.

Entrevistado por Lilí Berardi, durante la transmisión en vivo de Sin Galera, el abogado Javier Silva explicó que el conflicto se originó luego de una inspección realizada por una empresa subcontratada.

“Lo que se observó fue una anomalía en el caño de bajada que alimentaba dos medidores. No se dejó constancia de fraude en el acta, solo se indicó que debía adecuarse la instalación”, afirmó.

Según detalló, la comerciante realizó las modificaciones solicitadas y colocó un nuevo caño independiente. 

Sin embargo, días después recibió una carta documento intimándola a pagar más de 1.140.000 pesos.

“No hay prueba de que haya existido fraude. La intiman a pagar una suma millonaria y, como no lo hace, le cortan el servicio en diez días, sin posibilidad real de defensa”, sostuvo Silva.

El letrado también señaló que no hubo intervención de escribano y que debieron pedir el expediente administrativo para conocer los fundamentos de la sanción.

“Es una instalación antigua que no realizó mi clienta. Además, tiene las facturas al día y los consumos no reflejan nada irregular”, agregó.

Sin electricidad, el comercio no puede hacer fotocopias ni mantener heladeras en funcionamiento, ni operar servicios como Pago Fácil o Western Union.

Para intenta sostener parte de la actividad, la propietaria, pidió un grupo electrógeno prestado, que intenta utilizar lo menos posible.

Visiblemente afectada por la situación, la mujer atraviesa días de profunda angustia. “Está desesperada. Es su fuente de trabajo y estamos en el momento más importante del año para una librería”, expresó el abogado.

Silva adelantó que el lunes presentarán un recurso de amparo contra la Cooperativa de Servicios Eléctricos.

“Vamos a pedir la inmediata reconexión del servicio mientras se discute el fondo del asunto. No puede quedar 20 días sin luz sin una resolución judicial”, concluyó.

Un hombre fue aprehendido este domingo por la mañana luego de protagonizar un hecho de exhibiciones obscenas en la zona de Salta y Novillo, situación que generó la intervención policial tras los gritos de la víctima y la alerta de los vecinos.

De acuerdo a lo informado, el individuo que vive solo, mayor de edad, se bajó los pantalones al momento en que una mujer pasaba por el lugar, lo que provocó una escena de fuerte conmoción para la víctima.

Los llamados al servicio de emergencias permitieron la rápida llegada de efectivos, quienes se dirigieron al domicilio del sujeto, un garaje ubicado en Moisés Novillo 185, donde finalmente fue aprehendido.

La mujer se presentó posteriormente en la comisaría para radicar la denuncia correspondiente, mientras que el imputado quedó alojado en el sector de calabozos y a disposición de la Fiscalía de turno, que deberá determinar su situación procesal.

Vecinos de la zona señalaron, además, que el hombre ya había sido motivo de quejas previas, particularmente por la presencia de perros de su propiedad que habrían protagonizado episodios de mordeduras, aunque esa situación no forma parte de la causa actual.

Durante la mañana del domingo, un hombre de 43 años se presentó en la Comisaría para denunciar un presunto robo calificado.

Relató a los efectivos que durante la madrugada cuatro hombres armados le habían sustraído su motocicleta.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

En el marco de esas tareas relevaron cámaras de seguridad municipales, que permitieron establecer que el hecho denunciado nunca existió.

Ante las inconsistencias detectadas, el denunciante fue nuevamente convocado a prestar declaración, momento en el que confesó que había inventado el robo por "motivos personales".

Puesta en conocimiento la situación, el magistrado interviniente dispuso imputarlo por el delito de falsa denuncia.

La desaparición de personas, no importa la edad ni las circunstancias, deriva en una compleja situación que deben enfrentar los familiares y el personal especializado en la búsqueda, como la policía.

Son varios los casos, donde tal vez todos presentan ribetes diferentes. Algunos tienen una pronta resolución. Otros demandan más tiempo y con esto la complejidad de no resolverlo en un tiempo prudencial, porque a medida que pasan los días gana espacios la intranquilidad. Como sostiene en las fuerzas de seguridad, “los casos se resuelven en caliente”.

Tras la denuncia de una mujer de 58 años acerca de que su hija se había ido tras una discusión, se puso en marcha el protocolo de búsqueda, que permitió establecer que la joven, de 28 años, se había ido “de viaje con su novio”, por lo que se desactivó la causa.

¿Cómo se debe actuar en estos casos? ¿Qué deben hacer los familiares? ¿Cómo actúa la policía y la Justicia en estas circunstancias?

Desde el vamos algo sorprende: no existe un protocolo pormenorizado y difícil para denunciar personas desaparecidas. Aquí lo prima lo lógico: hay que concurrir a la Comisaría o a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Después vienen los datos que la familia puede aportar, más la investigación sobre el vínculo que lleva a cabo el personal policial. Se concurre a los supuestos lugares donde suele frecuentar, entrevistan a personas que puedan tener conocimiento de la persona desaparecida y, sobre los datos aportados, la recorrida por estos sitios.

Si nada de esto es suficiente, se inicia otra búsqueda, en “espiral” a partir del último lugar donde fue vista. “Primero la manzana donde se lo vio, luego las cuatro manzanas de alrededor, después las doce manzanas de alrededor y así continuamente agrandando el espiral hasta poder ubicar a la persona”, contó un policía a La Opinión.

Ya con la intervención de la Fiscalía de turno, que a partir de la denuncia de los familiares está en conocimiento de la situación, se recurre al área de Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, que termina insertando la averiguación de paradero en todas las policías del país y en todas las fuerzas federales. 

Es decir, coordina acciones con las distintas instituciones gubernamentales involucradas en lo referente a la búsqueda y difusión de los casos que se le presentan.

Aquí entran a escena los vecinos, los medios de comunicación y todo lo que permita la difusión. Si alguien puede aportar algo, el medio de contacto siempre es la comisaría más cercana o el 911.

Una joven denunció que un conocido le robó su celular y que comenzó a divulgar información e imágenes privadas, a cambio de dinero.

El hecho ocurrió esta semana. La víctima relató que dejó entrar al muchacho a su casa y que, en confianza, le prestó el celular para que pueda ingresar a su cuenta de Facebook.

La mujer expresó que se quedó dormida alrededor de 15 minutos y que al despertar notó que el joven ya no estaba y que su teléfono había desaparecido.  

La damnificada radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría, pero detectó actividades inusuales en sus cuentas personales.

En diálogo con La Opinión, la joven expresó que descubrió que desde sus perfiles en redes sociales comenzaron a "vender fotos y videos" y que está sumamente preocupada por la situación.

"Es mi teléfono, mi privacidad. También están pidiendo dinero a nombre mío. El teléfono es lo de menos, pero quiero que paren de enviar cosas de mi ámbito privado", concluyó la víctima.

La Comisaría de la Mujer recibió una denuncia penal de una mujer que acusó a un nene de 9 años que "le tocó la cola" a su hija, de la misma edad, durante un recreo en una escuela primaria de San Pedro.

El episodio, dejó asentado la mujer en su denuncia, forma parte de una serie de hechos de hostigamiento constantes que asegura mantiene el niño acusado para con su hija, sin que haya una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades del colegio.

Además de radicar la denuncia y plantear que la situación que vive la niña tendría otros estudiantes afectados, la madre solicitó una medida de exclusión perimetral del chico acusado para con su hija.

La mujer aseguró que el niño denunciado "es conflictivo" con el resto de sus compañeros y que las autoridades de la escuela no tomaron cartas en el asunto. 

De la misma manera, señaló que en Jefatura Distrital de Inspección Educativa tampoco tuvo eco.  La denuncia llega en medio de una creciente preocupación por episodios de violencia escolar.

Además, relató la mujer, fue a hablar al Servicio Local de Promoción y Protección de Niños y Adolescentes, donde le dijeron que no podían actuar sin denuncia.

Sin embargo, en comunicación con la línea 102, que tiene Provincia para cuestiones relacionadas con niñez le informaron que, tal como establece la ley, no es necesaria una acción judicial.

Ahora, con la denuncia radicada y una causa penal en trámite en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil —el acusado es inimputable por su corta edad—, la madre de la nena aguarda que todos los organismos correspondientes se ocupen de la problemática y aborden el tema con las herramientas que tengan disponibles para evitar situaciones más complicadas.

Tras la denuncia que una empleada de la Secretaría de Seguridad radicó en la Comisaría de la Mujer contra el titular del área, Eduardo Álvarez, el Juzgado de Paz tomó medidas para proteger la integridad física y emocional de la víctima.

El juez de Paz, José Macchia, ordenó el "cese de actos de perturbación y hostigamiento" a Álvarez, de manera tal que la empleada pueda "desarrollar su labor de forma correcta y libre de toda intimidación".

La denuncia implica actos  que son pasibles de ser considerados violencia contra la mujer, por lo que hay "riesgo" de "repetición de los hechos" y necesidad de "preservar" la "integridad psicofísica" de la denunciante.

La orden obliga al secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez a que "se abstenga y/o cese con los actos de perturbación o intimidatorios y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psciológica/emocional" contra la empleada que lo denunció.

De la misma manera, el funcionario tiene prohibido comunicaciones con ella a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, contacto por redes sociales o de mensajería instantánea, etc. "que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos que generen violencia psicológica".

La medida impuesta no implica exclusión perimetral, por lo que podrán compartir el espacio de trabajo, aunque cualquier situación podría desencadenar otro tipo de resoluciones para con Álvarez.

La vigencia de la orden de cese de actos de perturbación y hostigamiento es por tres meses y podría se prorrogable a pedido de parte. Por lo pronto, rige al menos hasta el 29 de enero del año que viene.

El caso de los cuidadores del campo El Sueño, propiedad de Rudy Ulloa y su esposa, Jésica Uliarte, revelado el sábado en Sin Galera tiene ahora una causa en la Justicia: la cuidadora que brindó su testimonio en el programa denunció al exchofer de Néstor Kirchner por amenazas.

En la denuncia, radicada en la Comisaría de la Mujer, Florencia Albarracín dejó asentado que Rudy Ulloa Igor la llamó ese día, alrededor de las 21.00, tras ver la nota publicada en La Opinión, y que la increpo por "haber ido a los medios".

Florencia contó en Sin Galera que ella y su pareja, Martín Balbuena, son caseros del campo de Rudy Ulloa desde hace dos años y que la semana pasada, intempestivamente y sin previo aviso, el exchofer de Néstor Kirchner devenido en empresario les dijo que se tenían que ir.

La mujer relató la situación ante este medio, preocupada porque no tenían adónde irse con sus hijos, puesto que vivían en Río Tala hasta que fueron contratados "de palabra" por Rudy Ulloa y, echados de un día para el otro, no sabían qué hacer.

En la denuncia consta que Albarracín recibió un llamado telefónico en el que Ulloa le dijo que "con sólo mover un dedo podía hacer lo que quisiera", por lo que ella se sintió amenazada.

Florencia no volvió al campo, donde todavía están su pareja y sus hijos. Permanece en la casa de su mamá, a la espera del devenir de la situación, que además dejarán asentada en la Delegación local del Ministerio de Trabajo, puesto que fueron contratados sin registro alguno, es decir de manera irregular.

"No volví porque tiene gente de él en la casa y me dijo que yo tengo prohibida la entrada, y que si no me iba a ir mal. No me deja entrar", contó Florencia a La Opinión.

Rudy Ulloa y su eposa, Jésica Uliarte, compraron ese campo ubicado en inmediaciones de ruta 191, detrás del establecimiento Gomila, a la familia Pons en 2009.

La Opinión reveló ese año que el exchofer de Néstor Kirchner se convertía en vecino de San Pedro luego de que Obras Públicas los intimara por inciar una construcción sin la autorización correspondiente.

Desde entonces, el campo se vio envuelto en polémica por los cuidadores: En 2020, el cuidador Osvaldo Piñeiro falleció en el campo. Rudy Ulloa en persona le dijo a la esposa que debía retirarse y que no le correspondía indemnización, a pesar de cumplir tareas de limpieza. 

Un hombre denunció esta semana que varias personas estaban acusándolo de maltrato animal a través de publicaciones en la red social Facebook. 

Los posteos tuvieron lugar en un grupo de mascotas perdidas, donde con imágenes suyas y nombre y apellido, los usuarios lo acusaban de envenenar a animales en la zona del barrio Fonavi II. 

Ante la situación, la pareja del hombre acusado se comunicó con La Opinión para explicar que todo comenzó a partir de la muerte de un gato del barrio. 

“Nos denunció la vecina nuestra, porque supuestamente falleció un gatito. No saben quién es el dueño. No se sabe si fue envenenamiento o no. Pero bueno, la cuestión es que le están echando la culpa a mi marido", señaló. 

"Nosotros nunca hubiéramos pensado en hacer algo de eso contra ningún tipo de animal, nosotros tenemos mascotas”, comentó, indignada, la esposa del señalado.

Ante el temor de que alguna persona se acerque a su domicilio a agredirlo físicamente, decidió radicar la denuncia de lo sucedido en la Comisaría. 

“Lo están ensuciando por todos lados porque lo escracharon en el Facebook, en los grupos, un montón de gente comentando, hasta hay mensajes con amenazas. Nosotros le hicimos la denuncia a esa señora, a la vecina, pero bueno ahora se sumó un montón de gente más”, indicaron y agregarón:

“Es todo mentira lo que están diciendo. No tienen pruebas, no tienen testigos, nada”.

Por el momento, los escraches continúan en las redes sociales y la familia espera que la Justicia pueda intervenir para frenar las acusaciones y amenazas que, según expresó la familia, surgieron sin fundamentos. 

En la mañana de este viernes, Osvaldo Somohano, excomisario de San Pedro y exjefe de la Policía Bonaerense, se acercó a la redacción de La Opinión para contar una situación que vivió en Fiscalía. 

Somohano fue víctima de un robo de una bicicleta en febrero y radicó la denuncia en la Comisaría. Allí aportó datos de quien hurtó el rodado de su domicilio en ocasión en que fue contratado para tareas de mantenimiento. 

Con intenciones de ampliar la denuncia, Somohano se dirigió a Fiscalía, donde no lo atendieron porque, según le informaron "no estaba disponible'' ya que, le dijeron, ''sólo está los viernes''. 

Le pasó lo mismo en otra ocasión y hoy, en su tercer intento, tampoco lo atendieron. Contó que se ‘’sentó en el piso'', cansado de ‘’tanto esperar parado''.

‘’Me faltaron el respeto'', se quejó Somohano.

En su relato, el comisario retirado consideró que la Fiscalía es ‘’una garantia para los delicuentes''. Recordó que en una casa quinta de la que fue propietario le robaron 11 veces y tuvo que ‘’esclarecer'' él mismo, uno de los hechos, sin intervención de otro organismo.

Sobre la problemática de la constante inseguridad que se vive en la ciudad, Somohano aseguró los delincuentes ‘’vienen de afuera'' y que ya en San Pedro ‘’no se puede vivir'' porque a la Policía Bonaerense la han ‘’destrozado''. 

Docentes del Centro de Educación Complementaria (CEC) N° 801, ubicado en Belgrano y Aulí, denunciaron a integrantes de la familia de una alumna por agresiones verbales y amenazas.

Las maestras dejaron asentado ante la Justicia que temen por su integridad física tras un episodio que tuvo lugar el jueves y que no sería el primero con la familia protagonista.

Ese día, a la salida del turno tarde, la abuela de una niña de 9 años que concurre al establecimiento llegó a los bocinazos en moto y se bajó ofuscada con el personal docente.

Según refirieron en la denuncia, no es la primera vez que esa mujer o su hija, madre de la alumna, llegan tarde a buscar a la nena, lo que le valió llamados de atención en reiteradas oportunidades.

El día de la denuncia, la mujer se bajó a los gritos y, según consta en el expediente judicial, incitando a la violencia a través de provocaciones a las maestras.

La policía fue alertada y llegó para evitar que la situación pase a mayores, por lo que no hubo que lamentar agresiones físicas ni lesionados. La protagonista del entuerto profirió amenazas contra el personal docente.

En la denuncia dejaron constancia que la situación lleva varios años y en muchas oportunidades hubo actas en las que quedó asentado lo ocurrido, tanto con la mujer que las amenazó como con su hija.

El martes había sucedido una situación similar con la madre de la niña. Llegó tarde a buscarla, las docentes le llamaron la atención y se enojó. Amenazó con matar, golpear y profirió otras barbaridades al personal, que dejó todo asentado en un acta. 

Ambas suelen llegar tarde respecto del horario de salida de los chicos, por lo que se les llamó la atención y respondieron con insultos cada vez, sin mejorar su conducta.

Por ello, además de la protección de su integridad física, pidieron que los organismos correspondientes tomen cartas en el asunto para evitar situaciones conflictivas en el futuro.

“En capital pasa mucho, yo estoy en un grupo de Peugeot en Facebook y todo el tiempo se quejan del robo de los techos, el tema es que es muy fácil robarlos y son muy caros en el mercado”, señaló una de las víctimas que tenía su rodado estacionado en calle Perón y Rivadavia y espera obtener imágenes de la zona.

Esta mañana mientras hacía la denuncia relató que el hecho tuvo lugar entre las 18 y las 20, cuando su hijo había dejado estacionado el Peugeot 207 con techo solar frente a la casa de un amigo. 

“Apenas me enteré empecé a llamar a un par de conocidos que tienen taller de chapa y pintura para ver si saben de algo y me dijeron que no, que no son de acá de San Pedro, que son de afuera, vienen Los roban y se los llevan”, explicó el dueño del auto.  

“Lo metí en el garage porque no lo puedo usar con el techo abierto, más que nada por si llueve”, indicó tras señalar que durante la misma jornada hubo otro caso similiar que fue reportado por otro vecino desde calle Depietri y Las Heras. En su caso pide ayuda para que le aporten datos para intentar recuperarlo.

La Opinión & Sin Galera han puesto al servicio de los ciudadanos un mapa en el que se pueden reportar distinto tipo de delitos para poder visibilizar más allá de las estadísticas, la situación que padece la población. Puede consultarse AQUÍ: 

El inesperado y trágico desenlace que terminó con la vida de la joven madre comenzó a transitar los primeros pasos de una investigación que internará establecer cuáles fueron las causas de su fallecimiento.

Su pareja, Maximiliano Ledesma, llegó anoche en medio de la conmoción a la Comisaría para que se abra el expediente. Allí relató que Yael Rodríguez Molina de 37 años y madre de dos hijos, llegó por sus propios medios al Hospital para consultar por la dolencia abdominal que desde la operación que le practicaron, la obligó a retornar varias veces debido a los dolores que sufría.

Según relató la familia, la mujer fue dada de alta el miércoles 22 de enero tras una cirugía de ligadura de trompas de la que podía, presumiblemente, recuperarse en su casa. El jueves volvió al Hospital y le aplicaron calmantes, el viernes ingresó nuevamente con dolores intensos, también el sábado y el domingo.  Por el cuadro que presentaba decidieron operarla de urgencia para “ser explorada quirúrgicamente con diagnóstico de infección generalizada”. Así describe Ledesma lo que le informaron sobre la salud de su pareja.

Aunque las causas que indica el certificado de defunción dicen “paro cardio respiratorio no traumático”, la familia aduce que la infección fue provocada en la operación que dejó perforado el intestino.

Desde la Dirección del Hospital dispusieron ofrecer la contención psicológica a la familia y en la mañana de hoy hay una reunión para informar lo actuado dentro del sistema sanitario que también revisará lo actuado desde el ingreso de la paciente.

Un ciudadano domiciliado en calle Hermano Indio al 300 radicó una denuncia en la que dejó asentado que un vecino arroja diariamente ácido muriático en la vereda frente a su casa.

El hombre de 65 años denunció que debido al "gas tóxico" que provoca "el ácido" no puede "respirar con normalidad", y que, al hablar con el vecino en cuestión, este le respondió que la situación "era culpa del camión de residuos".

Finalmente, el denunciante pidió que "se tomen cartas en el asunto" y que se "inspeccione" la zona para evitar mayores inconvenientes con el tema.

Las imágenes que aportaron los dennciantes muestan el momento en el que una persona de contextura delgada, pasa caminando por el frente de una vivienda en la que hay un vehículo blanco en la cochera y otro rojo, estacionado sobre la vía pública. El hecho ocurrió el lunes 30 de diciembre, después de las 21 cuando llegó a casa de su esposa y dejó su Renault Locan estacionado en la cochera.

En el video se observa cómo el sujeto camina en sentido sur, por calle Maino entre Salta y Pellegrini, cuando obserca la oportunidad para saquear el rodado, ingresa a la propiedad y sin violencia logra sustraer las pertenecias del propietario: documentación, tarjetas de crédito y liciencia de conducir.

---"contextura delgada, de una altura aproximado 1.80 que en el momento vestía con campera oscura marrón, pantalón jeans oscuro largo y zapatillas blancas", indica la denuncia radicada en sede policial.

El temor sobrevino al día siguiente cuando Mónica Colagioia, recibió un llamado que reportaba el hallazgo de sus documentos sobre calle Almafuerte; a poco de seguir las instrucciones comprobó que el dato no era cierto. En ese momento pensó que podía tratarse de una emboscada. El contacto telefónico la invitaba a recuperar la documentación identificatoria del rodado y el carnet de conducir.

En contacto con La Opinión, la mujer solicitó ayuda para dar con el joven al que se ve huír del interior de su propiedad raudamente.

Una persona que, con gran esfuerzo como muchos otros, procura terminar su casa propia para dejar de lado uno de los mayores costos en la subsistencia diaria, el pago del alquiler, fue protagonista de un episodio insólito.

El hombre fue víctima de un robo en su futura vivienda, pero no pudo asentar la denuncia en ese momento porque había, supuestamente, solo una computadora en la Comisaría y estaba ocupada. 

La realidad golpea en los lugares más sensibles, los que deben velar por la seguridad carecen no solo de nafta, resmas de papel o dispositivos de comunicación. En plena era digital, se turnan para utilizar una computadora.

“Estoy intentando terminar mi casa en calle Independencia y Calle 66, que pertenece a la Cooperativa ‘Nuestros Sueños’, es decir, el sueño de tener nuestra casa”, comenzó contando a La Opinión.

“Llego al lugar cerca de las 8,15 y encuentro una reja abierta. Supuse que podría estar mi papá, quien también tiene llaves, pero no, lamentablemente no fue así. Rompieron el candado de la reja, entraron y se llevaron una ventana de aluminio”, continuó.

El hecho fue avistado por alguien que dio aviso inmediato a la Policía. “De pronto llegó un patrullero. Hablan conmigo los policías, que se comportaron muy bien, quienes por entonces ya tenían el nombre de alguien sospechoso que habían comenzado a buscarlo. Se van y comienzan a recorrer la zona para ver si encuentran al ladrón y nosotros también para ver si veíamos algo. De pronto, un hombre a caballo, que estaba parado en el Rincón de los Gauchos, nos llama y nos pregunta si nos habían robado, porque que había visto a una persona con una ventana de aluminio entrar en el barrio que se encuentra en Independencia al fondo”, primer indicio concreto que pudimos retransmitir a los uniformados.

“Cuando apareció el móvil policial les hago el comentario a los oficiales y me piden que haga la denuncia para que ellos pudieran proceder, porque supuestamente ya saben quién es el malhechor. Acepto la sugerencia y me voy a rápidamente a la Comisaría”, prosiguió contando, prólogo a lo impensado, nunca imaginado de acuerdo a sus vivencias.

“Cuando llego a la Comisaría le digo a la oficial que me atendió que vengo a dar parte de un hecho, que sé dónde supuestamente se llevaron la ventana robada, y me responde ‘tenés que esperar porque la computadora está en uso’. Me siento a esperar y a los 15 minutos, aproximadamente, sale otro oficial que me pregunta si estoy para una denuncia, le contesté que así era, y me comenta que tengo que seguir esperando ‘un rato largo más’ porque la computadora está en uso”.

¿Cuál fue decisión en ese momento? le preguntamos. “Me levanté muy indignado, rabioso, y me fui. No puedo creerlo todavía. Vas a hacer una denuncia y parece que te toman el pelo”, respondió.

Tras el insólito acontecimiento, como toda historia tuvo un final: fue su hermana quien se encargó de registrar el ilícito.

“Quedé muy caliente por todo lo vivido, por eso no fui”, fue el párrafo final de su relato.

Es sorprendente que en esta época la principal dependencia policial no cuente con los recursos tecnológicos básicos para llevar a cabo su función primordial: la atención a la ciudadanía. La falta de computadoras para tomar denuncias representa una deficiencia del Estado, que debe cumplir su rol de solucionarle los problemas a la gente, no complicarla.

La Cooperativa de Servicios Públicos y Eléctricos de San Pedro (Coopser) llevará a cabo la asamblea anual ordinaria el 31 de octubre, desde las 20.00, en el Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, Belgrano 1270.

Así, se cerraría un ejercicio con la particularidad de haber atravesado una frustrada convocatoria a elecciones, que concluyó con la denuncia penal sobre algunos socios.

La Coopser había lanzado la convocatoria, dejando abierta la participación para nominar a los delegados de cada distrito. Un grupo comenzó a trabajar y le dio forma a la opositora Lista Verde, que finalmente no pudo competir.

Para el Consejo de Administración, entre los avales había firmas apócrifas, por lo que no solamente se le impidió su participación, sino que sus principales referentes fueron expulsados de la institución en su carácter de socios. Así se decidió en una asamblea extraordinaria en agosto pasado. 

Ellos son Roberto Riva, apoderado de la lista; Fernando Altolaguirre, que aspiraba a ser presidente ; y Marcela Izaguirre, esposa de Altolaguirre y una de las impulsoras de la lista.

Para llegar a esto contrató a una perita caligráfica, quien determinó que algunas firmas habían surgido del puño y letra Marcela Cristina Izaguirre. Luego se procedió a radicar la denuncia penal en la Fiscalía 11.

Por lo tanto, los puntos a tratar son los habituales de cada convocatoria, como la consideración de la memoria y el balance, la renovación de una parte del Consejo y el tratamiento de dos artículos del Estatuto Social (58 y 79), que refiere a que el trabajo de los consejeros y el síndico puede ser remunerado, como así también los gastos que les genere su función.