El intendente municipal Cecilio Salazar mantuvo un encuentro con la fiscal general de los Tribunales de San Nicolás, Sandra Biscetti, y distintas autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad, con la finalidad abordar la problemática de la inseguridad en el distrito.

El propósito fue analizar la situación para posteriormente “coordinar acciones y fortalecer las políticas de prevención del delito en el distrito”.

De la reunión participaron el Superintendente Regional, Rodrigo Ledesma; el subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; el director provincial de Investigaciones, Christian Martínez; el director de Fiscalización Interior Norte, Ignacio Lorente; el jefe de la DDI San Nicolás, Miguel Quintana; el comisario inspector de la UTOI, Dámaso Villalba López; las fiscales Viviana Ramos y María del Valle Viviani; el jefe de la Subdelegación DDI San Pedro-Baradero; el comisario jefe de la Policía Comunal, Daniel Cano y la comisario, María José Acevedo.

Dentro de lo estipulado se planteó la necesidad de reforzar los recursos destinados a la prevención del delito, así como profundizar el trabajo conjunto entre las partes.

Salazar adelantó que “se continuarán realizando reuniones periódicas para evaluar avances y definir nuevas estrategias de acción”.

La inseguridad en los campos fue tema predominante en la reunión realizada en la Sociedad Rural entre autoridades del Comando de Patrulla Rural, miembros del Foro de Seguridad Rural Argentino y directivos de la entidad anfitriona.

Los casos ocurridos en las últimas semanas generaron, una vez más, la preocupación en el sector ganadero.

El cruce de información y un análisis de la realidad, aparentemente abarcativo a todo el norte de la provincia de Buenos Aires, derivó en la coincidencia de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar las tareas de prevención y, con ello, mejorar la capacidad de respuesta y respaldar las acciones del Comando de Patrulla Rural. La finalidad es acompañar a los productores y vecinos de la región, que saben que son propensos a ser víctima del delito.

Para la Sociedad Rural la validez del encuentro estuvo dado en la respuesta, que ahora debe trasladarse a los hechos, además de agradecer la presencia del comisario mayor Ariel Aníbal Álvarez, director operativo Norte del Comando de Patrulla Rural, y el comisario inspector Sebastián Medina, coordinador zonal del mismo organismo con sede en Pergamino.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad y Prevención del Delito.

La inseguridad, poco a poco, fue fracturando el entramado social que antes nos unía. Ese tejido construido en la confianza, en la charla de vereda, en el saludo cotidiano.

Con el tiempo, nos fuimos alejando. De los vecinos, de las instituciones, de la calle, del espacio público que —vale recordarlo— es nuestro. La distancia abrió paso a la desconfianza y esta creció como una sombra que parece abarcarlo todo.

¿A quién recurrimos cuando tenemos un problema? No hablo solo de un hecho grave, sino de esas dificultades de la vida cotidiana que antes encontraban respuesta en la solidaridad de la comunidad, del vecino o de algún comerciante cercano.

La desconfianza hacia el otro, hacia las instituciones, incluso hacia las fuerzas de seguridad, alimenta la parte más invisible, pero igual de dañina de la inseguridad: la que se siente en el ánimo.

Así terminamos viviendo entre rejas, cambiando nuestros hábitos, evitando que los más chicos jueguen en la calle, cerrando el negocio más temprano, esquivando ciertas zonas o directamente dejando de caminar de noche.

Un círculo vicioso que se retroalimenta: la desconfianza aumenta la inseguridad y la inseguridad multiplica la desconfianza.

Los cambios no serán inmediatos, pero sí posibles. Recuperar el espacio público, volver a mirarnos a los ojos, reconstruir la confianza y animarnos a vivir sin miedo es un objetivo alcanzable. Como comunidad, tenemos en nuestras manos la decisión de qué ciudad queremos. Claro que no alcanza con solo elegir algún candidato a través del voto como único medio democrático para decidir nuestro futuro comunitario.

El capital social —la fuerza de la unión entre vecinos— puede ser nuestra primera y más sólida defensa frente al delito.

Es cierto que muchos barrios lograron de una u otra manera recuperar este tan valioso capital social, ya sea a través de un grupo de Whatsapp, coordinando esfuerzos para la instalación de algún dispositivo de seguridad electrónica o mediante otras iniciativas.

Empezar por unirse, mejorar la comunicación, organizarse no con un fin represivo contra el delito sino con una mirada que priorice la prevención —una prevención que no solo se centre en uno, sino en el barrio, en nuestra comunidad— es un recurso valioso para comenzar un camino hacia un barrio más seguro.

El desafío está planteado: recuperar la confianza y volver a encontrarnos. Porque una comunidad unida no solo vive más segura, también vive mejor.

Por Ramiro Martínez, especialista en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

El temor al delito aumenta cuando no sabemos cómo protegernos. La seguridad existe y con medidas claras podemos reducir riesgos y vivir con mayor tranquilidad.

Te invito a planificar la seguridad de tu hogar mediante 4 simples pasos

Análisis: detección de vulnerabilidades y puntos críticos.

Disuasión: que el delincuente no nos elija como objetivo.

Demora: si lo intenta, que le cueste avanzar.

Prevención: anticiparnos y reducir al máximo las oportunidades de delito.

Antes de aplicar medidas, conviene observar nuestra casa como si fuéramos un intruso:

Revisar accesos: frentes, patios, techos y medianeras.

Analizar qué se ve desde la calle, qué puntos ofrecen ocultamiento y medios de escalamiento.

Evaluar iluminación, rejas, tapiales, alambrados y cerraduras.

Considerar terrenos baldíos o casas deshabitadas linderas.

Registrar tránsito peatonal y vehicular en distintos horarios.

Identificar objetos, herramientas o elementos que puedan facilitar un ingreso.

Con esta información tomaremos nota de los puntos débiles y definimos prioridades de acción.

El objetivo es hacer que el delincuente cambie de idea antes de actuar.

Medidas básicas:

Buena iluminación exterior.

Reflectores con sensor de movimiento en entradas y zonas de paso.

Carteles visibles: “alarma monitoreada”, “vecinos conectados”, “cuidado con el perro”.

Perros guardianes de raza o tamaño disuasorio.

Medidas intermedias:

Sistemas de alarma o cámaras visibles desde la calle.

Poda de árboles y arbustos que propicien ocultamiento.

Uso de persianas y cortinas que impidan ver el interior.

Colocar iluminación temporal en lugares que simulen actividad (temporizadores o smart lights).

Medidas avanzadas:

Elementos de protección física: concertinas, púas, mallas anti-escalada.

Señalización de patrullaje privado o seguridad contratada.

Iluminación y cámaras integradas a apps de monitoreo en tiempo real.

Sensores de movimiento exteriores conectados a alarma monitoreada.

Si alguien intenta ingresar, necesitamos dificultarle el acceso y ganar tiempo.

Medidas básicas:

Cerraduras de calidad en todas las puertas y ventanas.

Candados resistentes en puertas externas y portones.

Refuerzos simples como barras internas o pasadores.

Medidas intermedias:

Rejas en ventanas, balcones y accesos laterales o traseros.

Cerramientos perimetrales (tapiales o cercos) con altura suficiente y según su tipo anclados al suelo.

Doble cerradura en portones de garage.

Alarmas sonoras locales que se activen al detectar intrusión y generen alerta remoto (monitoreo).

Medidas avanzadas:

Cerraduras electrónicas con código o huella digital.

Puertas de alta seguridad o blindadas.

Barreras físicas adicionales como portones automáticos reforzados.

Control de acceso vehicular con cámaras y barreras en entradas de propiedad.

Buscamos anticiparnos al delito y reducir riesgos incluso si el intruso logra acercarse.

Medidas básicas:

No abrir la puerta a desconocidos.

Enseñar a niños y adolescentes a no dar información ni atender visitas sospechosas.

Aumentar precaución con adultos mayores frente a supuestas empresas u organismos.

Mantener contacto constante con vecinos de confianza.

Medidas intermedias:

Alarmas con detectores exteriores, vidrios y puertas.

Cortinas, persianas o vidrios esmerilados que bloqueen visión desde fuera.

Sistemas automáticos de encendido/apagado de luces interiores y exteriores.

Señales visibles de seguridad (carteles de cámaras y alarma). 

Medidas avanzadas:

Fortalecer la vigilancia vecinal: grupos de WhatsApp, fortalecer el vínculo entre vecinos.

Coordinación con vecinos para retirar correspondencia y paquetes visibles.

Simulación de presencia: luces encendidas de forma programada, sonido de TV o radio en ausencia.

Evaluar sistemas de monitoreo remoto profesional o empresas de seguridad privadas habilitadas.

Revisar periódicamente posibles puntos de vulnerabilidad creados por obras o cambios en la vivienda.

La seguridad comienza en casa y los principales responsables somos nosotros mismos.Implementar medidas de manera organizada y progresiva reduce significativamente el riesgo de ser víctima de un delito y aumenta la tranquilidad familiar.

Cuando sea posible, consultar con un especialista en seguridad permite optimizar las acciones y la inversión, pero incluso con medidas propias y conciencia vecinal, cualquier hogar puede mejorar notablemente su protección.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

A lo largo de la historia, numerosos estudios y teorías han intentado responder a esta pregunta. En siglos pasados, algunas corrientes buscaban relacionar la conducta criminal con factores biológicos. 

Un ejemplo es la teoría que vinculaba el tipo de cuerpo con la predisposición al delito: los endomorfos serían proclives a la colaboración delictiva, los ectomorfos a la estafa y los atléticos a los delitos contra las personas. 

Con el tiempo, estas ideas fueron descartadas. También surgieron hipótesis genéticas que pretendían asociar ciertos comportamientos con el ADN, aunque hasta hoy carecen de comprobación científica.

Otras miradas han puesto el foco en la psicología (con teorías psicopatológicas, psicodinámicas y conductuales) y en la sociología, que señala el papel del contexto social en la desviación de la conducta. 

Finalmente, se consolidó la visión pluricausal: entender que la conducta humana responde a múltiples factores que se combinan de manera compleja.

Desde mi perspectiva, uno de los aspectos más influyentes en el desarrollo de la persona es el entorno en el que crece. Ese contexto está compuesto por vínculos, instituciones y condiciones sociales. 

La exclusión, la falta de recursos, la violencia, la familia, la escuela y el grupo de amigos ejercen un peso determinante. La familia, junto con la escuela en los primeros años y el grupo de pares en la adolescencia, moldean la conducta del individuo y resultan claves para cualquier estrategia de prevención.

A esto se suman factores sociales de alto impacto: la falta de oportunidades, el desempleo, las crisis económicas, los asentamientos precarios, la deserción escolar y la carencia de espacios de recreación para los jóvenes entre otros y si a ello se añaden factores de riesgo habituales en nuestra sociedad como el consumo de drogas, el alcoholismo o la violencia,  dentro de entornos familiares y comunitarios deteriorados, el resultado es un caldo de cultivo que empuja al delito.

El factor político también juega un papel decisivo. Mientras se mantengan prácticas de clientelismo que perpetúan la dependencia mediante asistencialismo, será difícil revertir la balanza. 

Este mecanismo perverso, donde los votos se obtienen no por propuestas ni eficiencia, sino por la necesidad, alimenta un círculo vicioso que indirectamente favorece la reproducción de la violencia y el delito.

Existen distintos perfiles de delincuentes. Algunos lo son “por vocación”: delinquir es su forma de vida, incluso sin necesidades económicas. Otros pertenecen al mundo del “cuello blanco”: corrupción, lavado de activos y delitos complejos que muchas veces no llevan etiquetas visibles. 

También están los delincuentes “por oportunidad”, aquellos que cuentan con empleo, familia y estabilidad, pero delinquen porque se les presenta una ocasión propicia. Y finalmente, los delincuentes “por necesidad”, que cometen ilícitos para cubrir carencias básicas.

La delincuencia, en gran medida, es producto de la sociedad. No es casualidad que las tasas delictivas varíen de un país a otro, de una región a otra o incluso de un barrio a otro dentro de la misma ciudad. Este fenómeno responde a múltiples causas y requiere un abordaje integral.

La clave está en comprender que el delito no se resuelve únicamente con más policías o más patrulleros. Es un fenómeno multifactorial que demanda políticas sociales, culturales, económicas y educativas, además de estrategias de control y prevención. Solo con una mirada amplia y sostenida podremos aspirar a reducir la inseguridad de manera real y duradera.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

¿Cuán comprometidos estamos con la seguridad?

Hoy en día, la mayoría de las personas considera que la seguridad es responsabilidad exclusiva de la Policía. Otros incluyen también a los gobernantes dentro de ese marco de responsabilidad. Pero la pregunta de fondo es: ¿quién debe ocuparse realmente de la seguridad?

Es cierto que el Gobierno, en todas sus esferas —nacional, provincial y municipal— junto con las fuerzas de seguridad y la Justicia, son los principales responsables de garantizar el derecho de cada vecino a vivir en tranquilidad.

Aunque también es cierto que los ciudadanos somos, o deberíamos ser, parte activa de la gestión de la seguridad. Hasta que eso no ocurra, difícilmente podamos esperar grandes cambios en la materia.

Cuando la seguridad queda en manos de unos pocos, existe el riesgo de caer en un desgobierno. La democracia no se agota en votar ni en pagar impuestos: los ciudadanos debemos involucrarnos.

Unas pocas líneas no bastan para dimensionar la magnitud del desafío, ni para explicar en detalle que la ciudadanía es un actor clave en la elaboración de diagnósticos serios y en la implementación de políticas, programas y proyectos de seguridad. Pero sí alcanza para dejar en claro algo: no basta con ser espectadores, con reclamar a los gritos “¡Seguridad!” o “¡Justicia!”. Eso solo no alcanza.

Muchas veces, por miedo o desinterés, los hechos suceden y “nadie vio nada”. Es necesario asumir un compromiso: en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, mientras circulamos por la calle. Debemos observar, prestar atención a nuestro entorno y si detectamos situaciones sospechosas, alertar a quien corresponda. Claro está, será fundamental que las autoridades articulen una respuesta rápida y eficiente.

Existen múltiples maneras de contribuir individualmente al bien común. Lo importante es dar un paso más y comprometernos como ciudadanos.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

Muchos estudios analizan la relación entre pobreza y delincuencia. Lo que queda claro es que la pobreza es uno de muchos factores que puede influir en la inseguridad, pero no debemos vincularlos de manera automática.

Si pobreza significara automáticamente más inseguridad, las siguientes afirmaciones serían ciertas, pero no lo son:

La violencia y la delincuencia responden a una multiplicidad de factores, por lo que no podemos asociar la delincuencia únicamente con la pobreza.

Sin embargo, es cierto que quienes tienen menos recursos suelen convivir en su entorno barrial con violencia y delitos, disponiendo de menos herramientas para protegerse y sufriendo sus efectos de manera más cotidiana.

Por eso, al diseñar políticas de seguridad ciudadana, es fundamental adaptar los programas a cada barrio y a cada realidad. No existen soluciones mágicas ni fórmulas universales.

Factores como la falta de oportunidades, la deserción escolar, la exclusión social, el narcotráfico o la violencia interpersonal deben abordarse estratégicamente  ya que contribuyen directamente a la producción delictiva en cualquier territorio.

En resumen, no es correcto vincular de manera directa la pobreza con la delincuencia, pero si considerar que los sectores populares que conviven con la criminalidad son víctimas vecinas de las inseguridad y que muchos delincuentes, encuentran en estas zonas más abandonadas un caldo de cultivo propicio para su actividad ilegal.

Por Ramiro Martínez, especialista en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

Muchas personas invierten en seguridad para sus hogares con el objetivo de proteger a su familia, su patrimonio y en definitiva, su calidad de vida. Dormir tranquilos por la noche, ir a trabajar sin preocupaciones o salir de casa sabiendo que la misma está protegida son aspiraciones legítimas y necesarias.

Sin embargo, ¿qué ocurre desde el momento en que salimos de casa y comenzamos a circular por la vía pública? Paradójicamente y sin generalizar, muchas personas olvidan la importancia de la seguridad personal y cómo sus propios hábitos pueden colocarlos en situación de riesgo.

Sabemos que existen distintos tipos de amenazas y también que en gran medida muchos delitos son los llamados “de oportunidad”: el delincuente, motivado por la tentación y la oportunidad que sin darnos cuenta le brindamos, realiza un rápido análisis costo/beneficio. En segundos, decide actuar, del mismo modo en que nosotros valoramos si una compra simple nos conviene o no.

Algunos descuidos habituales que favorecen este tipo de hechos son:

Ejemplos como estos muestran cómo se concreta el fenómeno: en cuestión de segundos, un ofensor y una víctima (persona u objeto) coinciden en tiempo y espacio y la oportunidad se transforma en delito, muchos debemos conocer el dicho: la ocasión hace al ladrón…

Por eso es fundamental comprender que la seguridad no termina en la puerta del hogar. Sin caer en la paranoia, debemos asumir que el primer responsable de la autoprotección es uno mismo. Prestar más atención a nuestro entorno y modificar pequeños hábitos no solo nos beneficia a nosotros, sino que también ayuda a otros.

En la medida en que más vecinos adoptemos esta conciencia preventiva, contribuiremos a una comunidad más segura, donde los delincuentes dispongan de cada vez menos oportunidades de éxito.

por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

Muchos delitos quedan en silencio. Después de sufrir un hecho, muchas personas no denuncian. ¿Por qué? Porque creen que no servirá, o desconfían de la Policía o la Justicia, o sienten que es una pérdida de tiempo…, o temen represalias.

El resultado es claro: la cifra negra del delito crece y el problema que nos golpea a todos sigue oculto.

A menudo escuchamos historias: esperar horas para que tomen la denuncia, el oficial de servicio está ocupado, faltan hojas de papel, tinta que no hay, etc. Todo esto desalienta y hace que muchos hechos nunca sean registrados oficialmente.

Pero denunciar importa. Cada caso registrado informa a las autoridades, fortalece las investigaciones, permite medidas de prevención y proporciona datos esenciales para combatir la inseguridad de manera efectiva. La información es poder y la denuncia es la herramienta para ejercerlo.

No somos nosotros quienes debemos calificar la gravedad del delito, esa es tarea de quienes están capacitados y a cargo de la tarea ya sean los oficiales de policía y/o del personal de justicia. Su misión es de vital importancia como servidores públicos.

Cada hecho no denunciado debilita a toda la comunidad. Sin datos reales, no hay políticas efectivas, no hay prevención ni control adecuado. Las encuestas de victimización y los registros confiables son la base de cualquier estrategia de seguridad.

Por eso, como ciudadanos debemos comprometernos: denunciar no es opcional, es responsabilidad. Solo así podremos visibilizar la magnitud de la problemática, aportar a soluciones reales y construir una ciudad más segura para todos.

La seguridad no se construye en silencio. Denunciar es un acto de defensa, de compromiso y de construcción comunitaria.

Por Ramiro Martínez, especialista en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

En los debates sobre inseguridad solemos escuchar las mismas recetas: más penas, bajar la edad de imputabilidad, sumar policías o patrulleros, más mano dura... Estos discursos son mucho más frecuentes en tiempos electorales, ¿Pero realmente son la solución?

La seguridad no se construye con un único enfoque. No se trata de prevenir o reprimir, sino de combinar ambas estrategias. Ahora bien, cuanto más logremos prevenir con eficiencia, menos ocasiones habrá donde la represión resulte necesaria.

Cuando hablamos de represión, no nos referimos solo a imágenes de épocas oscuras o a la respuesta a protestas. Reprimir significa actuar después del hecho, a través de medidas como endurecer penas, encarcelar delincuentes o aplicar la llamada “mano dura”. Son acciones que, aunque necesarias en ciertos casos, nunca serán suficientes si no se trabaja en la prevención.

La inseguridad es un fenómeno multicausal y multidimensional. Por eso no puede abordarse únicamente desde las fuerzas de seguridad o la justicia penal. Requiere un enfoque multidisciplinario, que integre al gobierno, la policía, la justicia, los vecinos, las instituciones públicas y privadas, la educación, el deporte, el desarrollo social y la salud. Solo así se puede dar una respuesta proporcional a la complejidad del problema.

En definitiva, la clave está en poner el mayor esfuerzo en la prevención —ya sea primaria, secundaria o terciaria— sin perder de vista los factores de riesgo que alimentan el crecimiento de la inseguridad.

Reprimir cuando sea necesario, sí. Pero siempre recordar que la verdadera victoria está en evitar que el delito ocurra.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

Hemos llegado a la tercera y última entrega del relevamiento de opinión realizado a un importante número de vecinos de nuestra ciudad, San Pedro, Buenos Aires.

Antes de compartir los nuevos resultados, propongo hacer un breve repaso de los datos más relevantes presentados en las entregas anteriores:

*El 99 % de los vecinos se encuentra preocupado por la inseguridad.

*El 76 % manifestó un nivel de preocupación alto o muy alto.

*El 52 % considera probable o muy probable resultar víctima de un delito en el corto plazo.

*El 71 % se siente poco o nada cuidado al circular por la calle.

*El 63 % considera poco o nada segura a la ciudad.

*El 74 % conoce a alguna persona cercana que fue víctima de la inseguridad (vecino, amigo o familiar).

*El 33 % de los vecinos fue víctima de un delito en los últimos 12 meses.

*La mayor cantidad de delitos ocurre en los hogares (44 %) y en la vía pública (30 %).

*Los delitos más frecuentes fueron el robo (52%) y el hurto (20%).

*Solo el 7% de las víctimas sufrió daños físicos.

*En el 31% de los casos, los delincuentes portaban algún tipo de arma.

*El 35% de los hechos no fue denunciado.

*Y el 49% no denunció porque considera que “no sirve de nada”.

Para concluir nuestro trabajo, analizamos el grado de confianza de los vecinos hacia las instituciones, un aspecto clave ya que, sin confianza, se dificulta el desarrollo de políticas efectivas, la participación ciudadana disminuye y, como consecuencia, también la denuncia de los delitos.

Si bien en lo personal soy partidario y promotor de la participación ciudadana en la construcción de la seguridad, está claro que existen tres instituciones fundamentales del Estado que intervienen directamente en su gestión:

Por un lado, la Policía de la provincia de Buenos Aires, una institución noble que, a pesar del frío, el calor o la lluvia, siendo mal remunerada y aunque muchas veces sea criticada, siempre acude ante el llamado de cada ciudadano. 

Lo hace con recursos limitados y, en ocasiones, en condiciones de trabajo desfavorables, arriesgando incluso su vida, como lo recordaremos en los casos donde algunos de sus miembros con total heroísmo han perdido la vida en cumplimiento del deber.

Por otro lado, la Justicia, que a través de sus fiscalías atiende un sinfín de denuncias y causas. Muchas veces se encuentra sobrecargada de expedientes y trabaja intensamente en la imputación de delincuentes que, sin embargo, son liberados por jueces que interpretan las leyes de un modo que desconcierta a la sociedad, delincuentes que salen antes que el denunciante de la comisaría o que reinciden al poco tiempo.

Y finalmente, el Gobierno Local, responsable de gestionar y articular estrategias de prevención, proveer recursos a la Policía Comunal —como combustible, reparaciones de móviles  y otros—,  también atender los reclamos ciudadanos, buscando coordinar esfuerzos con las otras dos instituciones.

Veamos ahora qué expresaron los vecinos respecto del nivel de confianza en cada una de estas instituciones:

Confianza en la Policía: Muy baja 16 %, Baja 26 %, Regular 48 %, Alta 10 %, Muy alta 0 %.

Confianza en la Justicia: Muy baja 32 %, Baja 33 %, Regular 32 %, Alta 3 %, Muy alta 0 %.

Confianza en el Gobierno Municipal: Muy baja 47 %, Baja 36 %, Regular 13 %, Alta 4 %, Muy alta 0 %.

En síntesis, la institución en la que más confían los vecinos es la Policía, seguida por la Justicia y luego el Gobierno Local.

La confianza institucional se erosiona por múltiples causas, la falta de respuestas, la ausencia de comunicación efectiva o el cansancio social ante promesas incumplidas. No es un fenómeno que aparezca de un día para otro, sino que se construye o se pierde con el tiempo. 

Por eso trabajar en esta área resulta fundamental: sin confianza, tanto en las instituciones como entre los propios vecinos, la seguridad se debilita y el territorio se vuelve más vulnerable al delito.

No podemos generalizar, no es bueno poner a todos dentro de la misma bolsa, por eso debemos recordar y considerar que en todas las instituciones e incluso en la política y toda la sociedad existen personas íntegras, de grandes valores y también quienes son deshonestos o cómplices de la inseguridad. 

A su vez no podemos perder de vista nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. La seguridad no se logra desde la pasividad ni se recibe como un producto terminado. Se construye entre todos.

Tanto los vecinos así como las instituciones intermedias  como escuelas, ONG y empresas privadas también tienen un rol fundamental en la construcción de seguridad: denunciar, no comprar elementos de dudosa procedencia, fortalecer los lazos vecinales, ayudar a las víctimas del delito, educar a sus hijos y empleados en valores, aplicar el desaliento general que apunta a la responsabilidad de todos en desalentar el delito. Está claro que, en seguridad, nadie se salva solo.

Imaginemos primero un escenario donde por un lado tenemos a la delincuencia y por el otro a las tres instituciones mencionadas luchando contra los primeros. Ese es, en gran parte, el escenario actual.

Ahora sumemos a las instituciones intermedias y a las empresas privadas trabajando por un bien común. El escenario mejora.

Y finalmente, agreguemos a cada ciudadano de bien, a cada vecino que avisa, colabora y actúa. ¿Cuántos seríamos enfrentando al delito? Sin duda, muchos más y mucho más fuertes.

Respecto de las principales causas de inseguridad, los vecinos respondieron:

*Consumo y venta de drogas: 35 %

*Educación: 23 %

*Gestión municipal: 13 %

*Falta de empleo: 9 %

*Gestión judicial: 6 %

*Pobreza: 6 %

*Gestión policial: 5 %

*Problemas intrafamiliares: 2 %

*Falta de compromiso ciudadano: 1 %

La mayoría (35 %) asocia la inseguridad al consumo y venta de drogas, seguida por la educación (23 %) y la gestión local (13 %).

Cuando se les consultó sobre cuales debieran ser las prioridades del gobierno municipal, las respuestas fueron:

*Generación de empleo: 33 %

*Seguridad: 28 %

*Lucha contra el narcotráfico: 18 %

*Educación: 12 %

*Estado de las calles: 4 %

*Salud: 2 %

*Red cloacal: 2 %

*Control de tránsito: 1 %

*Medio ambiente y espacios de recreación: 0 %.

Estas opiniones no representan la totalidad de la población, pero sí marcan una tendencia significativa que las autoridades deben escuchar. En definitiva, esa es su función, escuchar y trabajar por el bienestar y la tranquilidad de la comunidad.

Con esta entrega llegamos al final de nuestro primer relevamiento. Pero no es el final del camino. Continuaremos trabajando para brindar información actualizada, útil y confiable, que contribuya a que cada vecino pueda vivir más tranquilo.

Los cambios no son inmediatos, pero sí posibles, y lo único imposible es lo que no se intenta.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa

Continuamos con la segunda entrega del relevamiento de opinión sobre seguridad local, un recorrido interesante por la opinión de nuestros vecinos.

Preguntamos:

El 74 % de los encuestados respondió que sí conocen a un amigo, vecino o familiar que fue víctima. Este dato revela que la sensación individual frente al delito, no solo se alimenta de las noticias que consumimos a diario, sino también de experiencias cercanas y reales. En consecuencia, la victimización indirecta es alta, lo que eleva aún más la sensación de riesgo. 

A la pregunta:

¿Sufriste uno o más delitos en los últimos 12 meses?

Los resultados fueron: sí, un solo delito: 22 %; sí, más de un delito: 11 %; no sufrí ningún delito: 67 %

En promedio, el 33 % de los vecinos expresó haber sido víctima de un delito. Este dato demuestra que la inseguridad no es solo percibida, sino real, afectando a una proporción significativa de la población. 

La cifra guarda relación con la Encuesta Nacional de Victimización (enero 2023), que indicó que el 27,4 % de los hogares argentinos fueron víctimas de al menos un delito en el último año.

Cabe aclarar que el presente trabajo constituye un relevamiento de opinión, no una encuesta oficial, por lo que los datos no están expresados por cada 100.000 habitantes.

Hasta aquí, observamos que el 74 % de los vecinos conocen a alguien que sufrió un delito y el 33 % fue víctima directa. Pero, ¿cuáles son los delitos más frecuentes y dónde ocurren? Preguntamos:

Calle: 30 %

Casa: 44 %

Negocio: 10 %

Trabajo: 11 %

Sector privado: 5 %

El domicilio particular resultó ser el lugar más frecuente de ocurrencia (44 %), seguido por la vía pública (30 %). Esto indica que la seguridad en el hogar debe ser prioritaria, sin dejar de atender los riesgos presentes en la calle. Luego consultamos:

Resultados: Asalto: 9 %, Robo: 52 %, Robo de vehículo: 5 %, Hurto: 20 %, Agresiones físicas: 2 %, Delitos sexuales: 0 %, Fraude/estafa: 7 %, Amenazas: 5 %, Violencia de género: 0 %.

Es importante aclarar que la denominación de los delitos no busca coincidir con la tipificación del Código Penal Nacional, sino brindar categorías comprensibles para que los vecinos expresen libremente sus experiencias. El robo (52 %) fue el más mencionado, seguido por el hurto (20 %) y los asaltos (9 %).

Debe comprenderse que, aunque las instituciones encargadas de combatir la delincuencia no siempre cuentan con los recursos necesarios, existen delitos que ocurren puertas adentro, en espacios donde el Estado no llega de manera directa.

Por ello, es fundamental destacar el papel de la participación ciudadana como actor clave, no solo como receptor de seguridad, sino también como constructor activo de ella.

Considerando que los daños sufridos por las víctimas no son solo materiales, sino también psicológicos y físicos, preguntamos: 

Resultados: Sí: 7 %, No: 93 %

En principio, este relevamiento muestra un bajo nivel de violencia aplicada, lo que permite suponer que muchos delitos se producen sin que las víctimas se percaten (cuando no están en casa, duermen o el hecho ocurre bajo circunstancias oportunistas).

Sin embargo, identificamos un riesgo potencial en relación con la presencia de armas. Aunque no siempre se usen, su sola existencia en el hecho delictivo incrementa el nivel de peligro. Preguntamos entonces:

Resultados: Arma de fuego: 12 %, Arma blanca: 19 %, Ninguna: 69 %

En el 31 % de los casos, los delincuentes portaban algún tipo de arma, un dato alarmante tanto para las víctimas como para las fuerzas de seguridad que intervienen diariamente en distintos hechos.

Para finalizar esta segunda entrega, abordamos un aspecto crucial: la “Cifra negra del delito”, que engloba los casos no denunciados y que, por lo tanto, quedan fuera de las estadísticas oficiales.

 ¿Realizaste la denuncia correspondiente?

Resultados:

Comisaría: 62 %, Fiscalía: 3 %, No denuncié: 35 % (Sí: 65 % / No: 35 %).

El 35 % de los delitos no son denunciados, lo que coincide con datos oficiales. Al no registrarse, estos casos quedan fuera del radar institucional, siendo accesibles solo mediante este tipo de estudios.

 Preguntamos también:

Resultados: No sirve: 49 %, No confío en la Justicia: 31 %, Temor a represalias: 9 %, No confío en la policía: 9 %, No quisieron tomarme la denuncia: 2 %.

La mayoría de las víctimas que no denunciaron expresaron que “no sirve” hacerlo y un 31 % señaló falta de confianza en la Justicia. Estos datos reflejan una profunda desconfianza institucional, un problema que impacta directamente en la eficacia del sistema de seguridad.

En la última entrega de este relevamiento de opinión, podremos conocer el nivel de confianza de los vecinos hacia la Justicia, la Policía y el Gobierno local, además de abrir un espacio donde los ciudadanos expresan cuáles creen que son las principales causas de la inseguridad y qué prioridades debiera asumir el Gobierno local para mejorar la situación.

Cierro mencionando que el presente trabajo fue realizado con un alto nivel de profesionalismo y no busca beneficiar ni perjudicar a ningún sector político. Considero que la inseguridad es un fenómeno creciente a nivel nacional, que afecta la vida de las personas y el desarrollo de las comunidades.

Celebramos si estos datos son tenidos en cuenta para diseñar políticas de seguridad más efectivas y en caso contrario, al menos servirán para que los vecinos lectores comprendan mejor el fenómeno, fortaleciendo así su seguridad personal basada en datos reales.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

Hemos finalizado nuestro primer relevamiento de opinión sobre la percepción de la inseguridad en San Pedro. El objetivo fue conocer cómo ven los ciudadanos este fenómeno, los niveles de preocupación que manifiestan y la confianza hacia las instituciones responsables de la seguridad.

Además, indagamos sobre los índices de victimización, que reflejan hechos concretos sufridos por los participantes en los últimos 12 meses. Estos datos no hablan de sensaciones, sino de experiencias reales.

Es importante aclarar que este trabajo no pretende reemplazar estadísticas oficiales. Por el contrario, busca aportar información valiosa a la comunidad, poner en debate cuestiones que no siempre se miden y servir como insumo tanto para la ciudadanía como para quienes toman decisiones.

Participaron vecinos de distintos barrios, edades y ocupaciones, lo que nos permite contar con una muestra diversa y representativa. El material será publicado en tres entregas. Te invito a recorrer juntos los resultados de esta primera parte.

La respuesta fue casi unánime: 99 % de los relevados dijeron que sí y solo 1 % respondió que no

Pero no se trata solo de una preocupación general, sino de su intensidad.

76 % manifestó un nivel de preocupación muy alto o alto.

21 % lo considera regular.

Apenas 3 % declaró tener baja preocupación.

Esto muestra que los vecinos viven con un estado de alerta constante, que no se reduce a un dato estadístico, sino que impacta directamente en sus hábitos, su tranquilidad, su vida social y su salud emocional.

Los resultados fueron contundentes:

Muy probable: 11 %

Probable: 41 %

Más o menos probable: 35 %

Poco probable: 13 %

Nada probable: 0 %

En otras palabras, más de la mitad (52 %) cree que es muy probable o probable ser víctima de un delito en el corto plazo.

Estos números hablan por sí mismos, reflejan la vida de personas que sienten que un hecho de inseguridad puede ocurrirles en cualquier momento.

Las respuestas expresan una fuerte sensación de desprotección:

Nada cuidado: 21 %

Poco cuidado: 47 %

Más o menos cuidado: 28 %

Bien cuidado: 3 %

Muy bien cuidado: 1 %

En conjunto, casi 7 de cada 10 vecinos se sienten poco o nada cuidados al circular por las calles de la ciudad.

Aquí los resultados muestran matices:

Nada seguro: 7 %

Poco seguro: 15 %

Más o menos seguro: 52 %

Seguro: 24 %

Muy seguro: 2 %

La mayoría (76 %) considera que su barrio es “más o menos seguro” o “seguro”. Esto indica que la inseguridad se percibe más como un problema urbano general que estrictamente localizado en cada vecindario.

Vale destacar que los barrios más organizados frente al delito suelen contar con mayores recursos comunitarios para enfrentar esta situación.

Cuando preguntamos ¿Qué tan segura consideras que es tu Ciudad (San Pedro)? , los vecinos dijeron:

Muy insegura: 16 %

Poco segura: 47 %

Más o menos segura: 35 %

Segura: 1 %

Muy segura: 1 %

En total, 63 % de los vecinos considera que la ciudad es poco o muy insegura.

Los números no solo hablan: gritan una realidad que debe ser atendida.

La seguridad no se soluciona con discursos repetitivos. Requiere un abordaje multidisciplinario y multidimensional, donde se planifique, se comunique, se evalúe y sobre todo, se fortalezca con la participación ciudadana.

Agradezco profundamente a cada persona que participó y compartió su voz. Este relevamiento no refleja la opinión de uno o de unos pocos, sino de una parte significativa de nuestra comunidad. Su aporte permite visibilizar una realidad que nos afecta a todos y facilite la generación de un debate informado sobre la seguridad en San Pedro. 

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad y Prevención del Delito

La problemática de la inseguridad suele abordarse como si se tratara de un único fenómeno. Bajo esa mirada parcial, se invierten recursos y, en ocasiones, se diseñan políticas, programas o proyectos que al no contemplar todas las dimensiones del problema, terminan sin los resultados esperados.

La inseguridad tiene dos caras: una objetiva y otra subjetiva.

La dimensión objetiva está compuesta por los hechos concretos: estadísticas oficiales, denuncias y delitos que los vecinos padecen a diario. Es el riesgo real de convertirse en víctima. La dimensión subjetiva en cambio, es intangible: se trata de las emociones, principalmente el miedo a ser víctima de un delito.

Aunque ambas están íntimamente relacionadas, deben analizarse y trabajarse de manera independiente. Cada una puede medirse: la objetiva a través de los registros judiciales y policiales; la subjetiva mediante encuestas de victimización y percepción ciudadana.

Podría pensarse que, al reducir los delitos, automáticamente disminuirá el temor de la población. Sin embargo, la experiencia demuestra que no siempre es así: en muchas comunidades, aun cuando las cifras de delitos descienden, la percepción de inseguridad se mantiene alta. Esto deja en claro que abordar solo una de las dimensiones no alcanza.

Ambas caras son igualmente importantes. La inseguridad no solo condiciona nuestras rutinas; también modifica hábitos, debilita los vínculos vecinales y deteriora la vida comunitaria. Sus efectos se extienden al plano económico y social y terminan retroalimentando el problema.

Frente a esta realidad, es fácil caer en la sensación de que no existe salida. Pero sí la hay. Más allá de las políticas públicas (que son imprescindibles y deben ser planificadas con seriedad), la participación ciudadana resulta clave. Un barrio organizado, donde los vecinos se cuidan, se comunican y colaboran, puede marcar la diferencia.

La seguridad no se construye únicamente con estadísticas o con más patrulleros. La seguridad también se construye con comunidad y con participación.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa.

Al escuchar los discursos políticos sobre seguridad, especialmente en tiempos electorales, surge la pregunta: ¿en qué datos, índices o estadísticas reales se basan estas propuestas?

La seguridad no se mejora sólo con sentido común ni con la idea de más patrulleros, más policías o penas más duras. Las malas decisiones, basadas en discursos sin evidencia, incrementan los delitos y generan mayor sensación de inseguridad.

Haciendo una comparación, imaginen una visita al médico: si el profesional no realiza estudios ni consultas específicas y receta tratamientos sin información, rápidamente percibimos su falta de profesionalismo y seriedad. Lo mismo ocurre con la seguridad: sin un diagnóstico preciso, cualquier acción corre el riesgo de ser ineficaz.

Toda estrategia de seguridad debe comenzar con un diagnóstico inicial, que contemple:

*Datos y estadísticas disponibles: delitos denunciados, zonas y horarios de mayor incidencia, tipos de delitos.

*Análisis institucional: capacidades de la policía, fuerzas de seguridad, recursos de prevención existentes.

*Análisis ambiental y territorial: características del entorno, puntos vulnerables, infraestructura urbana y barrios específicos.

Con esta información, podemos definir nuestro escenario ideal: ¿qué queremos lograr y cómo mediremos los resultados? Sólo así podremos planificar políticas públicas efectivas, tanto a nivel ciudad como en barrios particulares.

Las políticas de seguridad requieren trabajo constante, profesional y coordinado. Para que perduren más allá de gobiernos o períodos electorales, se necesita:

*Participación de instituciones públicas y privadas.

*Coordinación con fuerzas de seguridad y autoridades locales.

*Coordinación con fiscalías para seguimiento de causas y estadísticas de delitos.

*Conformación de una mesa multisectorial, incluyendo Educación, Salud, Desarrollo Social, Deportes y Obras Públicas, para abordar la seguridad de manera integral.

*Involucramiento de la comunidad y la oposición política, buscando acuerdos que trasciendan los períodos electorales.

El objetivo es generar estrategias sostenibles, basadas en evidencia, que realmente mitiguen la inseguridad y no sólo prometan soluciones temporales.

Un paso clave que muchas veces se descuida es la participación ciudadana mediante la denuncia.

Muchos vecinos, por falta de tiempo, desconfianza o descreimiento, dejan de denunciar, alimentando la cifra negra del delito. Lo que no se denuncia no se mide y sin medición no se pueden planificar acciones eficaces.

Cumplir con nuestra obligación de denunciar fortalece los pedidos de seguridad y aporta información crucial para decisiones fundamentadas. Cada denuncia es un aporte concreto para mejorar la seguridad del barrio y la ciudad.

La seguridad es responsabilidad de todos: autoridades, instituciones y vecinos. Las soluciones requieren datos, análisis profesional y participación ciudadana activa.

Denunciar, informarse y colaborar con políticas planificadas permite reducir la inseguridad de manera real y sostenible, más allá de discursos y promesas electorales.

Por Ramiro Martínez, experto en Seguridad Ciudadana, Privada y Corporativa. 

Presentación

No podemos resolver lo que desconocemos. Mucho menos cuando hablamos de un fenómeno creciente, complejo y profundamente humano, que desde hace décadas golpea a nuestra comunidad, cobra víctimas y erosiona nuestras vidas como si el valor de la seguridad no importara.

El delito y la violencia son un fenómeno global, que no distingue fronteras ni colores políticos. Algunos países padecen tasas más altas, otros han logrado reducirlas, pero en todos los casos hablamos de un desafío que trasciende gobiernos y gestiones. Señalar a un único responsable sería simplificar en exceso una problemática que en realidad tiene múltiples causas y actores.

Aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, la inseguridad se siente con fuerza. Muchas veces los datos oficiales son escasos o inaccesibles, como si ocultarlos pudiera apagar el problema. Pero la invisibilidad no alcanza: la falta de recursos, la dificultad en su gestión y la ausencia de políticas sostenidas agravan la situación y la hacen crecer.

La seguridad es un derecho irrenunciable. Todos lo merecemos. Sin importar nuestro lugar de residencia, nuestra ocupación o nuestra edad, la libertad se ve reducida cuando la inseguridad avanza. Y aunque el Estado es un actor fundamental a través de sus poderes e instituciones, la comunidad también tiene un papel central.

No alcanza solo con votar o con quejarse. Participar implica conocer. Entender el fenómeno, comprender sus causas y sus efectos y asumir que cada persona tiene un lugar y una voz. Lo hemos visto en otras sociedades: cuando el vecino actúa, se informa y se involucra, los cambios comienzan a ser posibles.

Por eso nace este espacio: a partir de hoy, te invito a "Mejor Seguridad", una serie semanal para analizar y comprender la inseguridad desde distintos ángulos. Lo haremos desde la experiencia que me da más de veinte años de trabajo en el ámbito privado, corporativo y ciudadano. 

Cada semana compartiremos herramientas, reflexiones y ejemplos concretos que nos ayuden a vivir con más tranquilidad. También abriremos la palabra a las víctimas que deseen hacerse escuchar, porque su voz es parte esencial de este debate.

La propuesta es clara: no prometer soluciones mágicas, sino invitar a la reflexión y brindar información práctica que ayude a los vecinos a sentirse más seguros y preparados frente a los riesgos.

Uno de los operativos que habitualmente se desarrollan en el acceso a la ciudad, precisamente en el paso a nivel del Ferrocarril Mitre, posibilitó dar con una licencia de conducir adulterada.

El personal policial y de la Dirección de Tránsito se percataron que el documento no era original. Se trataba de una licencia que con datos dudosos, como la aparición del nombre de una exdirectora de Tránsito, Verónica Cáceres, en lugar de un administrativo del área que las otorga.

Una mujer era poseedora del carnet: habría confesado que pagó 100 mil pesos, cuando una original y legal tiene un valor de $ 26.461,50 para moto y auto, con una validez por cinco años.

Días pasados se conoció que un individuo en San Pedro sería el responsable de emitir estas licencias, quien citaba a los interesados a su casa para explicarle los pasos a seguir. 

Tenían que aportar una fotografía tipo carnet y los datos personales. Además, 40 mil pesos de seña y otros 40 mil pesos al retirarla, un mes después, aproximadamente.

El caso que detonó la estafa habría dejado abierto un interrogante: ¿cuántas fueron emitidas? Esta situación comienza a corroborar que posiblemente existan un número significativo de licencias de conducir apócrifas.

La Municipalidad en su momento emitió un comunicado donde alertó la existencia de la estafa y, a su vez, procedió a radicar la denuncia penal.

En este caso, la mujer interceptada en el operativo fue traslada a la Comisaría donde fue notificada del delito de “Falsificación o adulteración material de documentos”, cuya causa Interviene Fiscalía en turno y Juzgado de Faltas local.

El Código Penal prevé penas entre tres y ocho años de prisión para quien falsifique o adultere documentos destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores.

La presidencia del Concejo Deliberante, a cargo de Candelaria Cuscuela por vacaciones de Pablo Vlaeminck, recibió una solicitud para que convoque con urgencia a la Comisión de Seguridad, que preside Juan Cruz González.

En esta ocasión se formalizó mediante una nota, luego de la marcha realizada el miércoles último, cuando un grupo numeroso de manifestantes expresó el descontento con la situación de inseguridad que se padece en las últimas semanas.

En días anteriores hubo ediles que hicieron la petición al presidente titular, Pablo Vlaeminck, pero no tuvieron la respuesta esperada. Después llegó la convocatoria a la protesta y desde el Concejo Deliberante tampoco hubo señales, por lo cual la oposición ahora arremetió con “urgencia” para tratar el tema.

“La situación de San Pedro demanda el debate y la búsqueda de soluciones mediante la participación del Departamento Legislativo y sus herramientas”, expresa el pedido.

En simultáneo, el concejal Martín Rivas, presentó un pedido de informes. Allí señala la intensificación de los diversos delitos donde “nada resulta indemne a la acción delictiva, muchas veces impune” y detalla la frondosa cantidad de hechos, como “estafas y ciberdelitos -incluyendo la muy reciente aún en proceso de investigación y con miles de damnificados-; asaltos a mano armada en la vía pública, modalidad escruche; violación de domicilios con robo de elementos diversos; robos de autos, sus baterías y ruedas; robos cotidianos de motocicletas, bicicletas, celulares; actos de violencia barrial, agresiones y rapiñas con armas blancas; accidentes de tránsito recurrentemente protagonizados por conductores de motos desprovistos de casco, sin patente ni seguros; reyertas callejeras, sucesos presumiblemente originados en el consumo de estupefacientes; agresiones y demás hechos lamentables con gravísimas consecuencias”.

Rivas requiere una intervención de la Municipalidad “mucho más eficaz, a los efectos de que el logro de un manejo de la situación aporte tranquilidad a los vecinos, sobre la base de los medios económicos comprometidos con esta finalidad”.

Asimismo, pretende que el Departamento Ejecutivo explique el plan de seguridad, las acciones planificadas conforme al mapa del delito, y así es, cuál es la estadística de ilícitos, sus características y los efectos correspondiente a los años 2023 y 2024.

“¿Cuál es la estimulación para lograr la participación ciudadana?”, pregunta. Por el momento, ante los acontecimientos, la única intervención de la gente solo ha sido mediante una marcha, incentivada por la falta de respuesta a una problemática creciente y cada día más preocupante.