Tras la orden judicial de desalojar las 25 viviendas usurpadas en Río Tala, que reveló La Opinión en exclusiva este martes, vecinas de la toma aseguraron que nadie se comunicó con ellos por el tema.

"No nos notificaron nada", confirmaron desde el barrio. La novedad respecto de la decisión judicial la conocieron a través de la publicación periodística de este medio.

"Queremos que venga una asistente social. Hace un mes que estamos acá, esperando nomás", dijo una vecina en diálogo con Lo Que Importa, el programa que conduce Sandra Dombrecht de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana por el canal de YouTube Sin Galera Tv.

"Acá hay más de 70 personas, con criaturas. Lo único que queremos es que nos den a pagar", dijo una de las ocupantes y cuestionó al delegado de Río Tala, Walter Díaz.

"El delegado se lavó las manos, él nos dijo que entremos a las viviendas", aseguró  y agregó: "Nos prometió muchas cosas a la hora de la votación. Nos dijo que agarremos las casas y las terminemos nosotros".

La Justicia ordenó el desalojo tras el planteo de la Municipalidad. La jueza Maiztegui dispuso además que deben intervenir la Secretaría de Desarrollo Humano y el Servicio Local de Niñez, puesto que hay menores de edad.

"La gente no está usurpando porque quiere vender, está acá porque necesitan", aseguraron desde el barrio. Las viviendas no tienen aberturas ni sanitarios ni servicios como agua o electricidad.

La empresa Apco S. A. abandonó la obra en octubre de 2023, a la espera de una redeterminación de precios que nunca llegó. A pesar de haber sido intimada, nunca retomó las tareas. 

Este sábado por la mañana, un grupo de mujeres que forman parte de las familias que usurparon las 25 viviendas de Río Tala cuya construcción está abandonada hace más de dos años recibieron al móvil de La Opinión & Sin Galera.

Aunque hubo cierta hostilidad de algunos varones que también están en la toma, el grupo decidido a hablar se expresó con claridad durante casi una hora para contar por qué estaban ahí, dónde vivían antes y las necesidades que atraviesan.

La toma comenzó el jueves alrededor de las 19.00. Las personas que se expresaron coincidieron en señalar que en varias oportunidades, ante la necesidad habitacional, habían ido a hablar con el delegado municipal, Walter Díaz.

Sorprendió que repitieran que cada vez, ante la imposibilidad de resolver esos problemas, él les dijera, según aseguraron, que si querían usurpar, que lo hicieran.

El jueves, contaron, decidieron entrar y lo hicieron en grupos más o menos organizados. Más tarde, revelaron, se fueron sumando otras personas, entre ellos "jóvenes solos, que no sabemos cuáles son sus intenciones, pero también están" en la usurpación.

La Opinión confirmó lo que el relevamiento policial del viernes había dejado asentado: la mayoría de las personas en la toma son mujeres y niños. Dentro de las viviendas, que sólo tienen las paredes y el techo, hay colchones en los que duermen.

Afuera, en los patios, hay restos de fogones en los que cocinan. Además, ya hay instaladas algunas precarias construcciones de nylon y palos, y hasta hay espacios delimitados con sogas donde, revelaron quienes atendieron a este medio, demarcaron para disponer chapas y cartones para construir un rancho.

La Opinión llegó al lugar por calle San Martín. En la intersección con Fray Cayetano Rodríguez, donde algunas viviendas tienen grafitis pintados con aerosol verde, el grupo esperaba para hablar. "Algunos no quieren dar la cara", se quejaron.

"La gente no tiene dónde vivir. Están en situación de calle o andan de acá para allá, agregados", relataron. "La mayoría es gente que no tiene nada", aseguraron.

"El delegado les dijo a todos que él no tenía los materiales suficiente para darle a la gente, y que se querían tomar, que tomen", contaron en el barrio.

A Walter Díaz no sólo lo acusaron de haberles dicho "si quieren tomar, que tomen" sino que además lo cuestionaron por haber radicado la denuncia. "No tiene gollete, que venga a dar la cara y diga la verdad", pidieron.

Las familias en situación de toma solicitaron "un censo" para que "vean la necesidad" de cada una porque, sostuvieron, pretenden que la Municipalidad les asigne la vivienda que usurparon y establezca un plan de pago.

"Que las den a pagar y que la gente vaya, de a poquito,  arreglando las casas", señalaron. Mientras tanto, pasan los días y las noches sin luz, sin agua, sin sanitarios.

La causa penal comenzó a tramitar en la Fiscalía 11 por cuestiones de turno, pero tras el relevamiento de la policía y la notificación a los ocupantes, la fiscala Ramos remitió las actuaciones a la UFI 7, que conduce María del Valle Viviani, tematizada en usurpación de inmuebles.

Hasta el momento no hubo otra medida judicial más que ese relevamiento. No hay custodia preventiva ni impedimento alguno para que sean tomadas algunas de las viviendas que fueron abandonadas por los ocupantes originales o para que sigan delimitando terrenos dentro del predio para "lotear".

El barrio 25 viviendas de Río Tala comenzó a construirse en 2023 con recursos del Estado nacional. Cuando Javier Milei ganó las elecciones, la empresa Apco, adjudicataria de la obra, paralizó las tareas y pidió redeterminación de precios.

Desde entonces, la obra está parada y abandonada. El Gobierno nacional, en el marco de su política de no reanudar obras públicas, no volvió a enviar recursos para la continuidad de las tareas y la empresa hizo caso omiso a las intimaciones municipales.

El delegado de Río Tala, Walter Díaz fue agredido físicamente por dos mujeres que reclamaban atención médica para su padre, un hombre que se recupera de un accidente de tránsito y que necesita curaciones diarias.

El problema se suscitó porque la familia de Orlando Palacio, quien chocó en moto en la esquina de Pellegrini y Pavón hace dos semanas, pedía que personal del Centro de Salud se dirigiera a su domicilio para practicarle las curaciones.

Sin embargo, les informaron que debían trasladarlo hacia "la salita" para la atención y ello provocó la reacción. La semana pasada, en inmediaciones del Club de Jubilados de la localidad, donde ese día atendía Pami, se produjo el altercado.

Yanina Palacio, hija de Orlando, contó a La Opinión su versión de lo ocurrido: "Este señor, Walter Díaz, agredió verbalmente a mi padre y se iban a las manos, para pegarle a mi papá".

Agregó que para evitarlo, ella y su hermana golpearon a Díaz e informó que radicaron una denuncia por amenazas contra el delegado.

"Yo y mi hermana le pegamos un par de trompadas porque ese hombre estaba irreconocible", aseguró.

Consultado por La Opinión, Walter Díaz explicó que la situación se originó porque "el señor (Palacio) quería que la jefa del Centro de Salud le mande la ambulancia y un doctor o enfermera a su domicilio particular, y le explicaron que eso es imposible, que tiene que venir al Centro de Salud para que se lo atienda como corresponde".

"Esta gente no entendía razones, y eso que se lo explicó la gente de Pami y y la jefa del Centro de Salud. No se puede mandar una ambulancia, debe trasladarse por sus propios medios", detalló el funcionario.

Respecto de las agresiones, Díaz consideró que no era necesario radicar denuncia penal. "Más allá de que algunas cosas estuvieron fuera de lugar por parte de esta gente, lo que reclamaban se resolvió como correspondía en el Centro de Salud", señaló.

“Yo tengo testigos de todo lo ocurrido. Yo no agredí a nadie. Los únicos violentos y patoteros son ellos", aseguró Díaz.

La familia de Orlando Palacio sostiene que no tiene medios para trasladarlo a diario a "la salita" para las curaciones, por lo que decidieron practicarlas ellos mismos.

Palacio sufrió fracturas en tobillo, clavículas y recibió un importante golpe en la cabeza el día en que chocó con una camioneta en la esquina de Pellegrini y Pavón.

"No tenemos solución. El delegado no tiene solución para el pueblo, no sólo es mi familia", dijo Yanina Palacio y aseguró que se ocuparán de "levantar firmas para que renuncie".

"Yo estoy firme en mi puesto de trabajo. Estamos haciendo las cosas bien con los recursos que tenemos", dijo Walter Díaz al respecto.

El Concejo Deliberante tratará en sesión un pedido de informe elevado por el opositor bloque Juntos relacionado con el incendio de un cañaveral en Río Tala que afectó a un campo lindero y que derivó en una denuncia penal contra el delegado de la localidad, Walter Díaz.

El bloque que preside Alejandro Donatti pide al Gobierno de Ramón Salazar que informe si hubo “actuaciones administrativas para esclarecer los hechos denunciados” y quiénes son los “responsables de tales hechos irregulares”.

Consideraron lo ocurrido como “un hecho que tuvo gravísimas consecuencias económicas por actos imprudentes en el mandejo del fuego e incendio intencional que afectó el patrimonio de particulares”.

En el proyecto dejaron constancia de que en la causa penal que tramita en la Fiscalía 11 que conduce Viviana Ramos la titular del campo afectado, Graciela Palomino, denunció que el fuego “tuvo su origen en una orden emanada del propio delegado municipal” de Río Tala, Walter Díaz.

“Puede afirmarse válidamente que hubo falta de diligenca y previsibilidad en el manejo del fuego, toda vez que se tornó incontrolable y se extendió a la totalidad del predio de la denunciante”, señalaron y agregaron que además se puso en riesgo el predio vecino, dedicado a la actividad gastronómica.