El delegado municipal de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, aseguró a La Opinión que el Salón de Usos Múltiples cuya obra por 534 millones financiará el Gobierno provincial tendrá un destino distinto al que dice el proyecto en su expediente original.

"El otro SUM no va a ser un SUM", dijo Carlos García en la puerta del Centro Municipal Marcelina Suárez, inaugurado en 2023 y construido por el Gobierno nacional con recursos del FISU.

García dialogó con Sin Galera en el marco de la recorrida que el programa de Lilí Berardi hizo con el móvil este sábado para, junto a vecinos de la zona, ver el barrio y contar las problemáticas que consideran prioritarias.

La recorrida surgió tras el anuncio del Gobierno municipal de la construcción de un SUM con recursos de Provincia, lo que motivó reclamos entre los habitantes de La Tosquera, que consideran que esos 534 millones de pesos podrían ser utilizados para resolver otros inconvenientes más urgentes que tiene la localidad.

"El otro SUM no va a ser un SUM, va a ser un Centro de Salud", dijo García y reconoció: "Vos tenés que recibir y después le das la utilidad que el barrio amerita", en alusión al dinero que Provincia envía con un objetivo en particular.

El delegado informó que el plan detrás del proyecto original es que en el edificio del nuevo SUM funcione el Centro de Salud Federico Rosito, ubicado al lado del Centro Marcelina Suárez, y donde a su vez van a trasladar el jardín de infantes, ubicado en el edifico de la escuela 44, en riesgo de derrumbe por estar sobre cresta de barranca.

"No se puede dejar pasar de largo para tener esta oportunidad", justificó García la decisión de recibir financiación para un proyecto y luego utilizar lo construido para otra cosa.

El delegado destacó que por el Centro Municipal Marcelina Suárez pasan a diario "más de 100 personas" y que funciona "de lunes a viernes de 7.00 de la mañana hasta las 20.00", con "muchas actividades", sobre todo relacionadas a estudiantes del jardín, la primaria y la secundaria de la localidad. 

"Hay taekwondo, boxeo, folklore, está el taller de costura próximo a inaugurarse, cuando Coopser venga a colocar los medidores", agregó Carlos García en diálogo con La Opinión.

Respecto de las prioridades que reclaman los vecinos, García puso de relieve que hay muchas obras "paradas por el corte que hizo Nación", que dejó de financiar todo lo relacionado con el Fondo de Integración Socio Urbana.

"Falta el agua, el galpón de reciclaje, las calles", señaló. "El tema del agua, en el verano pasa como pasa en San Pedro, siempre hay escasez, mucho derroche. Acá son 12 mil litros para casi 3 mil personas. Está proyectado lo del agua. La red está toda instalada, pero al no haber llegado el famoso tanque y la colocación de las bombas, bueno", dijo.

Los múltiples reclamos por la falta de mantenimiento del basural a cielo abierto de San Pedro desembocaron en la decisión del Gobierno municipal de dar de baja la concesión vigente.

El Municipio se hará cargo de la tarea de mantener el basural con máquinas propias y personal de la Secretaría de Servicios Públicos, confirmaron a La Opinión.

El plan es que desde el 1 de noviembre el proveedor Fausto Capre ya no tenga bajo su responsabilidad esa tarea, que en algunos momentos hasta dejó de hacer en reclamo por incumplimiento de pagos por parte del Estado local.

Desde la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta confirmaron que ya está listo el convenio de rescisión de mutuo acuerdo y que está a la firma.

Aunque en el Gobierno entienden que hay elementos para considerar que la empresa incurrió en incumplimientos, la idea es hacerlo con acuerdo de partes para, en ese marco, también firmar un convenio para saldar la deuda.

El contrato pasó de 12,5 millones a 18 millones de pesos y en el Municipio entienden que con máquinas propias y personal existente podrían hacer la tarea, lo que demandará sólo gasto en combustible.

Los vecinos de La Tosquera reclamaron en diversas oportunidades por la situación, puesto que los residuos comenzaron a acumularse por fuera del basural e incluso ganaron la calle que conecta la localidad por la costa.

Las suspendidas obras de La Tosquera, financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) generaron controversia entre el Municipio y el Gobierno nacional.

Por un lado, el Estado local fue a la Justicia para solicitar adherir a un amparo para que Nación retome las obras que quedaron paralizadas tras los decretos que modificaron el fondo, que tiene destino de eliminación.

Por el otro, funcionarios del gabinete del presidente Javier Milei intimaron al intendente Cecilio Salazar a que devuelva el anticipo financiero que entregó a la empresa cooperativa Grupo Alfa, que devolvió el seguro de caución por la garantía.

Son 137 millones de pesos los que Nación pide que se les devuelva.

El Municipio recuperó casi 110 millones, puesto que a eso ascendía el seguro de caución cuyo pago hizo efectivo la compañía aseguradora Integrity S. A. para responder por el abandono de la obra por parte de la cooperativa Grupo Alfa.

El Gobierno local había rescindido el contrato. Cumplidos los plazos para que reintegre el adelanto financiero o retome la obra, la Subsecretaría Legal y Técnica firmó el convenio con la aseguradora.

Pero el Gobierno nacional quiere la restitución de los fondos. Primero notificaron por vía administrativa con la intimación, tras informar la declaración de caducidad de la obra.

Es decir que Nación dispuso la cancelación de todo lo previsto en La Tosquera, por lo que la financiación queda sin efecto y, ante ello, procedieron a reclamar la devolución del anticipo financiero que el Estado nacional envió durante la gestión Alberto Fernández.

La Municipalidad remitió una carta documento para solicitar que se declare nulo el procedimiento iniciado y en la que negó haber recibido esas notificaciones previas a la declaración de caducidad.

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario respondieron que el comprobante del Correo Argentino indicaba que habían recibido las comunicaciones y reiteraron la intimación para que el Municipio devuelva los fondos.

Esa última comunicación del Gobierno nacional fue entregada el 13 de agosto pasado. El paso que sigue desde Desarrollo Sociocomunitario de la Nación es remitir todo para el reclamo por la vía judicial.

Las obras de la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera, estaban enmarcadas en las previstas en todo el país en las zonas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populales (Renabap).

La obra comenzó y Grupo Alfa colocó adoquines en la bajada, una vereda que recorre el bajo y dispuso la instalación de la red de agua, aunque nunca conectaron el tanque. El registro indica que eso representaba apenas el 0,93 por ciento del total de lo planificado.

El Gobierno de la Municipalidad de San Pedro fue a la Justicia para pedir que se tenga en cuenta al Estado local como parte del amparo colectivo que tramita por la suspensión de obras vinculadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a nivel local las de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta, en representación del intendente Cecilio Salazar, elevó la solicitud de adhesión del Municipio a la causa que inició por intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

La Municipalidad de San Pedro pidió ser tenida como parte actora "por existir en nuestra localidad una cantidad importante de habitantes de barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (Renabap).

El barrio más afectado por las medidas del presidente Javier Milei en relación a la disminución de recursos para el FISU es La Tosquera, que tenía obras en marcha cuyo avance apenas alcanzó el 9,3 por ciento.

Las obras fueron paralizadas, tanto las que administraba directamente Nación como las que pasaban por la Municipalidad, que logró recuperar el seguro de caución por parte de la empresa cooperativa Grupo Alfa, que tenía a su cargo las tareas.

Apenas asumió, en febrero de 2024, Milei estableció vía decreto la reducción de la afectación específica de impuestos que iba al FISU. Ello provocó la suspensión de miles de obras a lo largo y ancho del país. Además, Nación propuso en sus presupuestos la eliminación definitiva de ese fondo.

El Municipio pidió la declaración de inconstitucionalidad del decreto que modificó la asignación de recursos y eliminó el financiamiento del fideicomiso, al considerar que "resulta violatorio de derechos con raigambre constitucional".

Además, pidió adherir a la medida cautelar que ordenó al Gobierno de Milei a instar los medios necesarios para la continuidad de la política pública de integración de los barrios populares registrados en Renabap.

El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una cautelar que suspende la liquidación total del patrimonio del FISU y exigió un informe del saldo existente en relación a ese fondo.

Los vecinos la localidad de La Tosquera volverán a reunirse el 2 de junio, con la finalidad de no decaer en el plan de lucha que les permita llegar a su objetivo: una mejora de las calles del barrio y los accesos al mismo, entre otras peticiones.

“Reclamamos por nuestros derechos, que son las calles, la iluminación y la salud”, indicaron en un posteo.

Convencidos de que juntos podrán lograr que el Municipio acceda a sus pedidos, decidieron emprender un nuevo encuentro tras la frustrada reunión de días pasados, cuando el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, y el subsecretario de Seguridad, Gabriel Cabral, se presentaron en el lugar.

“Deben entender que nuestros reclamos son justificados. Aquí vive gente con problemas de salud y necesitan salir del barrio para hacerse atender en el hospital. Igualmente, los chicos con discapacidad”, le comentaron a La Opinión.

“La realidad no es lo que muestra Cecilio Salazar, solo lo que le conviene. Lo nuestro pasa por las carencias que tenemos hace muchos años”, indicaron.

En ese momento los vecinos mostraron un video y carteles de los problemas que viven a diario. Pero la situación se agravó cuando la respuesta de los funcionarios fue que “no se comprometían a nada porque no hay fondos para arreglar las calles”.

Mientras tanto, están expectantes de la reunión con el intendente Salazar, promesa que también salió de los representantes del Departamento Ejecutivo.

El presupuesto 2025 aprobado por el Concejo Deliberante para el décimo año de mandato de Cecilio Salazar tiene modificaciones en el organigrama, con algunos movimientos de áreas cuyas implicancias se verán a medida que pasen las semanas.

Una de las relevantes es la decisión de pasar las delegaciones municipales de la órbita de la Secretaría de Gobierno que conduce Martín Baraybar a la de Coordinación y Modernización que tiene a su cargo Luciano Arias.

Así, las localidades y sus subdelegaciones quedarán subsumidas en esa Secretaría, que conservará, respecto del año pasado, la Dirección de Modernización pero ya no la Dirección General Administrativa, que pasó a Jefatura de Gabinete.

Las delegaciones municipales son cuatro: Santa Lucía, con la subdelegación de Pueblo Doyle; Gobernador Castro, con la de Vuelta de Obligado; Río Tala; y Los Cazadores (La Tosquera).

Luciano Arias ya mantuvo reuniones con los delegados y subdelegados —la mayoría de ellos empleados municipales con cargo político momentáneo—, a quienes pidió "planificar acciones" para evitar sobresaltos, más allá de las emergencias que pudieran surgir.

El presupuesto total para las delegaciones suma 1.930.572.442,31 pesos. Más de la mitad se va en sueldos.

Arias, que en 2023 estuvo muy cerca de las decisiones de campaña, deberá afinar el lápiz en un año electoral en el que el voto de las localidades será fundamental. 

En cada una hay reclamos, planteos de mejora y situaciones que ameritan atención por parte de la Municipalidad, que afrontará un 2025 con dificultades financieras.

Cada localidad tiene a su funcionario a cargo: Sergio Barrios en Santa Lucía, con Hugo Obaid al frente de Pueblo Doyle desde septiembre; Ernesto Luchessi en Gobernador Castro, con Hugo Borda —que renunció pero no tanto— en Vuelta de Obligado.

En Río Tala, Walter Díaz sigue firme como delegado y en La Tosquera se mantiene Carlos García. Todo ello siempre y cuando no surjan cambios en las próximas semanas, cuando Cecilio Salazar tome decisiones respecto del gabinete.

Un grupo de vecinos de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, presentó en el Concejo Deliberante y ante el intendente una nota para que intercedan ante la cooperativa eléctrica Coopser para la instalación de medidores de luz.

Los vecinos que firmaron la nota residen en la zona que va desde la bajada hacia Papel Prensa, un sector que tiene mayores dificultades para el acceso al servicio de electricidad y donde la gente, como en la mayoría del barrio, tiene conexiones clandestinas.

Los habitantes de la zona quieren "cumplir con nuestro derecho a pagar por los servicios eléctricos que consumimos y tener mejores condiciones", señalaron en la nota, que ingresó este martes a las 8.45 por mesa de entrada del Concejo.

Cinco minutos después, a las 8.50, el concejal opositor Martín Rivas presentó un proyecto de resolución para transformar la nota de los vecinos en expediente con tratamiento legislativo, que será debatido en la sesión de este jueves.

En el proyecto, Rivas pide al Gobierno que "celebre los convenios necesarios con Coopser con el objetivo de garantizar la instalación de medidores" en las viviendas de La Tosquera que lo necesite, para lo que solicita que haga un relevamiento.

Si bien hay muchas viviendas que tienen medidor, los trámites ante Coopser suelen demorar, sobre todo porque la cooperativa tiene una política de no instalarlos en inmuebles cuyos ocupantes no pueden acreditar propiedad, alquiler o comodato.

A pesar de que con el certificado de domicilio debería bastar, muchas veces los vecinos terminan haciendo largas gestiones, en múltiples ocasiones acompañados por el Movimiento de Trabajadores Excluidos que hace años tiene trabajo territorial en la zona.

Los Cazadores, además, forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un relevamiento del Estado nacional creado en el marco de la ley de regularización dominial para la integración sociourbana.

Conocida como "ley de barrios populares", fue sancionada con el objetivo fundamental de llevar servicios a asentamientos precarios por cuestiones sanitarias y de seguridad.

La obra que el Gobierno de Javier Milei suspendió en el marco de la revisión de todos los proyectos del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) contemplaba sumar potencia con un transformador para permitir la regularización de las conexiones de electricidad en toda la localidad.

Esa etapa estaba prevista luego de la que quedó trunca. Tras la construcción del SUM, la pavimentación con adoquines de la bajada y de veredas en todo el recorrido costero, iban a ampliar la red de agua potable, para lo que instalaron la cañería. Todo quedó a la espera de la reactivación de las obras.

Vecinos del barrio La Tosquera expresaron su disconformidad por el estado de los accesos al lugar, situación que se reitera después de cada lluvia.

“Las calles son un asco. ¿Por qué no viene el Municipio a arreglarlas? Esta mañana (por hoy, martes) salió un colectivo y quedó en la zanja”, comentaron a La Opinión.

La Tosquera ya no es un paraje. Con el correr de los años ha aumentado considerablemente su población y hoy es un pueblo más como muchos otros del interior de nuestro distrito.

Esto implica que la conexión es fundamental para el funcionamiento de la escuela y el jardín de infantes que allí funcionan, y también para la gente que diariamente establece vínculos con San Pedro.

“Hay que sacar menos motos en el centro y venir a fijarse cómo vivimos”, señaló enojado Miguel. “Las maestras no pueden llegar a la escuela, dejan los autos tirados y si dan clases llegan caminando por el barro”, apuntó Claudia, quien a su vez reclamó que “nuestros chicos necesitan estudiar. Algunos van al Bajo Tala o la Escuela 16. Pero así es difícil llegar”.

Miguel le recordó al funcionariado que “nuestro barrio es humilde, ¿será por eso que no nos arreglan las calles? Hay que mirar un poco más para acá. Antes de gastar en el galpón que hicieron para el plástico, el intendente pudo haber arreglado las calles que son un desastre”.

También le reclamó más acción al flamante delegado: “Por lo menos que salga a recorrer el barrio para ver si la gente necesita algo. No sé para qué está”, concluyó.

Encontraron en buen estado de salud a Luis Edgardo Miños, el joven de 27 años oriundo de La Tosquera que estaba desaparecido desde el viernes por la noche, confirmó la familia a La Opinión.

La hermana del joven informó que en el marco del rastrillaje que dispuso la policía en la zona donde amigos señlalaron que lo habían dejado la última vez que lo vieron, recibieron datos sobre su paradero.

Vecinos de la zona de El Espinillo refirieron a las autoridades policiales que habían visto a una persona de similares características caminando.

"Hicimos todo el recorrido y lo encontramos caminando por Lucio Mansilla", contó la hermana de Miños, aliviada por el hallazgo en buen estado de su hermano.

“Iba en dirección a Vuelta de Obligado, pensando que era para San Pedro, con un perrito que lo seguía”, dijo la hermana.

"Estaba sediento, con hambre y perdido. No sabía para dónde agarraba, dormía donde lo agarraba la noche y tomaba agua de las zanjas que encontraba", contó.

Miños relató a sus familiares que hubo personas que le dieron agua y galletitas, que anduvo por varios lugares que desconocía y que "estaba perdido".

Tras la denuncia de su desaparición por parte de la familia, el personal policial del Destacamento La Tosquera dispuso la búsqueda, que incluyó rastrillaje en la zona rural donde los amigos refirieron que lo habían dejado. Además, dieron aviso a todas las comisarías de la zona. 

Así, este martes buscaban en inmediaciones de La Celina y en campos ubicados entre la ruta 191 y el puente de Río Tala. 

Finalmente, lo hallaron en Lucio Mansilla, en la zona próxima al camino de Guzzo, que une Vuelta de Obligado con Gobernador Castro.

La localidad de Los Cazadores —como bautizaron los primigenios habitantes al barrio La Tosquera— tendrá desde el miércoles nuevo delegado municipal: Carlos García.

Tras la renuncia de Jimena Mariño, primera delegada de la historia tras la declaración de delegación el año pasado, el exdirector de Parque Automotor y recientemente designado empleado municipal vuelve a ocupar un cargo político.

García dijo a La Opinión que siempre es un desafío la gestión en un lugar con necesidades como La Tosquera y recordó que durante su vínculo con la zona como director de Comisiones primero y como secretario de Desarrollo Humano después, durante la era Guacone.

Jimena Mariño había asumido como delegada municipal de Los Cazadores en diciembre, para el nuevo mandato de Cecilio Salazar, reelecto para una tercera gestión al frente de la Municipalidad.

Había dejado el cargo de directora de Comisiones de Fomento en manos de Celina Bronce para conducir la nueva delegación municipal, donde estaba todo por construirse.

Hace unos meses, Mariño había comunicado su decisión de dejar el cargo, pero no le aceptaban la renuncia hasta tanto no tuvieran confirmación respecto de su reemplazo, decidido en los últimos días.

En lo que va desde que La Tosquera es delegación municipal todavía la zona carece de muchas de las ventajas que tienen otras localidades con sede administrativa en su territorio.

Tan es así que hasta las subdelegaciones de Vuelta de Obligado y Pueblo Doyle están en mejores condiciones en lo que a posibilidades de gestión refiere.

Por eso, el desafío es importante para Carlos García como nuevo delegado. Deberá, además, retomar y profundizar los vínculos que Mariño tenía con los responsables del programa Envión y con el MTE, que tiene en el centro La Colmenita un espacio de referencia en la localidad.

La Tosquera cuenta con el espacio municipal Marcelina Suárez y espera desde al año pasado la continuidad de la obra financiada con recursos del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu).

La propuesta de la comunidad educativa y de vecinos de la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera, para que la plaza recientemente inaugurada lleve el nombre de Marcela Girándola, la directora de la primaria 44 que se jubila, podría tener un camino para su aprobación en el Concejo Deliberante.

Aunque La Opinión señaló que la normativa en San Pedro siempre tuvo el reparo de que no se designen espacios públicos con nombres de personas vivas, una modificación de esa ordenanza a fines de 2020 para ponerle "Domingo Bronce" a la plazoleta del barrio El Amanecer cuando falleció el histórico dirigente abre la puerta a la posibilidad.

En los considerandos los concejales señalaron que era importante quitar el plazo de espera de dos años desde el fallecimiento de una persona para designar son su nombre una calle, una plaza, un barrio o cualquier otro espacio público, porque, como en el caso de Bronce, "la ciudadania suele proponer inmediatamente nombres cuando suceden los decesos" y "si se deja pasar el tiempo, este tipo de reconocimientos pueden quedar en el olvido".

Aunque todo indica que el espíritu de la modificación sería sólo dejar de lado esa espera de dos años desde que una persona fallece para que se la pueda homenajear de esa manera, el articulado no hace referencia alguna a si se puede o no nombrar calles o espacios públicos con personas vivas.

La "modificación Bronce" quitó los dos años después de fallecido y quedó redactada sin establecer, como era hasta entonces, que sólo se podría reconocer a personas no vivas. 

Ahora rige para personas "que hubieren ejecutado o llevado a cabo sucesos memorables", que "hayan demostrado que, a lo largo de su vida, superaron distintas adversidades y además pudieron destacarse en su proceder y buena conducta" o que "han practicado actos solidarios de carácter ejemplificador para con la comunidad".

De esa manera, la iniciativa ciudadana de La Tosquera podría ser llevada como proyecto de ordenanza por concejales que la tomen, en la medida en que la tarea de Marcela Girándola encomiada en la propuesta encajaría en el articulado de la ordenanza modificada.

La iniciativa destaca la tarea de Marcela Girándola como directora de la escuela primaria 44 durante 16 años y que tuvo "una participación importante" en el proceso que derivó en la construcción de la plaza ubicada en inmediaciones del centro municipal Marcelina Suáez e inaugurada junto a ese espacio y el playón deportivo.

La propuesta señala que Girándola "ama y conoce tanto a esta comunidad, que la ha visto crecer, que le ha dedicado gran parte de su trayectoria laboral y compromiso personal", por eso solicitan que la plaza lleve su nombre.

Si el espíritu de la modificación de la ordenanza era que no sea necesario el paso del tiempo tras el deceso de una persona a la que se quisiera homenajear con su nombre en una calle u otro espacio público, el articulado permite mucho más.

Como las ordenanzas se sancionan con mayoría de votos en el Concejo Deliberante, bastaría con las manos levantadas suficientes para designar una calle o un espacio público con el nombre de cualquier persona cuyo accionar pueda ser considerado destacado, según lo que dice la normativa.

Una nota firmada por vecinos de la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera y por integrantes de la comunidad educativa de la escuela pide al Concejo Deliberante que designe una plaza con el nombre de la directora de la primaria 44, Marcela Girándola, a punto de jubilarse, aunque la normativa vigente lo impide.

Es que la ordenanza que rige la designacion de avenidas, calles, plazas, paseos, plazoletas, parques, barrios y todo otro espacio público indica que los nombres de personas sólo podrán ser impuestos "pasados dos años desde su fallecimiento", con excepción de "quienes se hayan destacado en las ciencias, las artes y las letras".

La iniciativa destaca la tarea de Marcela Girándola como directora de la escuela primaria 44 durante 16 años y que tuvo "una participación importante" en el proceso que derivó en la construcción de la plaza ubicada en inmediaciones del centro municipal Marcelina Suàrez e inaugurada junto a ese espacio y el playón deportivo.

La propuesta señala que Girándola "ama y conoce tanto a esta comunidad, que la ha visto crecer, que le ha dedicado gran parte de su trayectoria laboral y compromiso personal", por eso solicitan que la plaza lleve su nombre.

La iniciativa surgió de compañeros de trabajo de la directora, próximamente jubilada, quienes invitaron a las familias a firmar la nota para ser elevada al Concejo Deliberante y que ingresará formalmente en la próxima sesión.

Como toda nota que ingresa por Mesa de Entrada, pasará a archivo. Para que la propuesta se convierta en proyecto de ordenanza, deberían impulsarla concejales. 

Como rige una ordenanza que lo impide, una posibilidad sería la imposición vía excepción, aunque ello abriría la puerta a otras iniciativas similares al sentar  un precedente.

Aunque este tipo de iniciativas se tratan en la comisión de Planeamiento que preside Christian Leguizamón, La Opinión consultó a la secretaria y titular de Peticiones, Candelaria Cuscuela, quien informó que si bien hay una ordenanza vigente que debe ser respetada, el Concejo está abierto a escuchar a los vecinos que elevaron la propuesta y analizar la solicitud.

“Es algo que se trabajará en comisión y también con el cuerpo en su conjunto. La iniciativa es genuina, pero hay que buscar la manera de encuadrarlo”, indicó la concejala de Unión por la Patria.

Este sábado 23 de marzo, desde las 15.00, el playón deportivo de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, será escenario de una jornada de básquet que significará la primera actividad oficial de ese deporte desde que fue inaugurado ese espacio, en septiembre pasado en el Centro Municipal Marcelina Suárez.

Los planteles de las categorías +35 masculino y primera división femenino organizaron junto a la Subcomisión de Básquet del club de Pescadores una jornada solidaria y deportiva para compartir una tarde con los chicos y chicas de la zona.

Habrá una clínica de básquet para chicos y chicas, juegos relacionados al deporte de la pelota naranja, compartirán merienda entre los presentes y para cerrar habrá un partido mixto a modo de demostración.

Para la jornada solidaria, Pescadores recibe en sus porterías de acceso donaciones de leche larga vida para llevar a La Tosquera. 

Articularon la actividad, que coordinará el entrenador de las categorías de inferiores y adultos de Pescadores, Juan Pablo Berna, con el programa Envión de la localidad, el centro La Colmenita y la Delegación municipal que conduce Jimena Mariño.

Está previsto que la actividad se repita luego en las instalaciones de Pescadores, hacia donde se trasladarán chicos y chicas de La Tosquera, que serán recibidos por la delegación de basquetbolistas del club.

Esta iniciativa es la primera de un proyecto de básquet itinerante que Pescadores planifica con el objetivo de recorrer barrios y localidades para incentivar la práctica del deporte, que tiene un crecimiento sostenido en San Pedro en los últimos años.

Pescadores participa con sus tres categorías de adultos en el torneo del Departamento de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires (Debanba), que funciona en la órbita de la Liga Deportiva Sampedrina, junto a clubes como Náutico, Mitre, Independencia, Paraná, La Esperanza, Los Andes, Las Palmeras y los baraderenses Sportivo y Atlético.

Luego de la suspensión de la entrega de zapatillas y guardapolvos sociales por parte de la Municipalidad, ante la detección de ofertas de esos artículos en grupos de compraventa de Facebook, el Gobierno articula con el sistema educativo para garantizar que lleguen a quienes necesitan.

Este jueves, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad que conduce Walter Sánchez hizo entrega de elementos a familias de La Tosquera, que fueron relevadas en los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) con los directivos de cada uno.

Sánchez informó a La Opinión que esta modalidad no se repetirá en otras escuelas con las mismas características que en la delegación municipal de Los Cazadores, sino que articularán con las autoridades educativas ante situaciones específicas.

"Vamos a trabajar con Educación para los casos que detecten los docentes", señaló el funcionario. En la sede de Desarrollo Humano y en el CIC suspendieron "hasta nuevo aviso" la entrega de guardapolvos y zapatillas tras detectar que los vendían a través de rede sociales.

En el nuevo gabinete municipal que Cecilio Salazar conformó para su tercer mandato al frente del Estado local fue confirmada antes de Navidad una nueva funcionaria: Celina Bronce.

La hija del fallecido Domingo Bronce es la mueva directora de Comisiones de Fomento y vuelve así a las filas del organigrama político del intendente Salazar, tras haber pasado por la Dirección de Educación.

La hasta ahora directora de Comisiones de Fomento, Jimena Mariño, fue designada como delegada municipal en La Tosquera, cmomn el mismo rango y dependiente de la Secretaría de Gobierno que conduce Martín Baraybar.

Mariño, que al igual que Bronce es empleada municipal de carrera, conducirá la recientemente creada delegación municipal del exbarrio Los Cazadores, donde residen, según el Registro Nacional de Barrios Populares, 462 familias.

El viernes pasado, durante el acto de inauguración del playón deportivo y el centro municipal Marcelina Suárez en La Tosquera, el intendente Cecilio Salazar anunció que impulsará en el Concejo Deliberante la creación de la Delegación municipal del barrio Los Cazadores. El proyecto existe y duerme hace más de un año en comisión.

“Vamos a concretar que tengan un representante, alguien a quien ir a golpearle la puerta, un representante del intendente, mío en este caso, pero cualquiera que venga va a tener que respetar eso, va tener que tener en cuenta que el barrio Los Cazadores existe”, dijo Salazar.

En agosto del año pasado, los concejales del bloque Juntos (UCR) que preside Alejandro Donatti elevaron un proyecto de ordenanza para que se adecuara el presupuesto municipal “a los efectos de dotar” de “los fondos necesarios” a la Delegación municipal de La Tosquera que en el mismo expediente propusieron crear.

En los considerandos, los ediles del radicalismo señalaron, como bien dijo el intendente en su discurso del viernes, que la zona creció exponencialmente y que la población es similar a la de otras localidades del distrito.

El aumento poblacional, indicaron los concejales en su proyecto, implicó también el “aumento de las demandas sociales que se desprenden del desarrollo propio de la vida cotidiana de quienes allí habitan”.

Las delegaciones de las localidadesd de Río Tala, Gobernador Castro y Santa Lucía —Pueblo Doyle y Vuelta de Obligado tienen “subdelegaciones”— permiten a los vecinos trámites y gestiones sin necesidad de viajar hasta la ciudad cabecera.

“Una delegación municipal facilitaría de manera sustancial el acceso a al información de los diversos programas y proyectos destinados a mejorar su calidad de vida” y “permitiría además un abordaje presonalizado e integran de las realidades individuales y familiares de quienes pertenecen” a La Tosquera, detallaban los ediles de Juntos (UCR).

El expediente está desde agosto de 2022 en la comisión de Peticiones y Asuntos Legales y Técnicos que preside la concejala Candelaria Cuscuela, excamporista que ahora responde al partido Fe dentro del bloque Unión por la Patria.