El caso del faltante de 40 millones de pesos del Banco Nación que investiga la Justicia Federal fue difundido en los últimos días por la agencia oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal.

Entre las novedades que aparecen allí, además de la imputación y los elementos de prueba que La Opinión reveló en los últimos días, está la confirmación de una medida preventiva sobre los bienes de la tesorera acusada.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el embargo de su vivienda y la inhibición general de bienes mientras se sustancia el proceso penal en contra de la imputada por el delito de peculado.

El Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal federal Matías di Lello analiza "posibles responsabilidades por fallas de control", como las que señalaron las abogadas defensoras de la tesorera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet.

Aun así, indicaron que "la imputación, por el momento, se dirige exclusivamente contra la tesorera, que actualmente se encuentra con licencia médica". Además de la causa penal, está en marcha un sumario administrativo en el Banco Nación.

La Fiscalía federal de San Nicolás que conduce Matías di Lello tiene a su cargo la investigación penal relacionada con el presunta sustracción de alrededor de 40 millones de pesos de la sucursal del Banco Nación San Pedro y que tiene a la entonces tesorera interina como principal imputada.

La causa penal, paralela a un sumario administrativo que también alcanza a quienes al momento de los hechos denunciados eran gerente y contador, tramita en el juzgado federal de Carlos Villafuerte Ruzo y la semana pasada tuvo movimientos importantes.

El fiscal Di Lello tiene 90 días para reunir pruebas, profundizar hipótesis y sumar evidencias a las que ya obran en el expediente para sostener la acusación de presuntas maniobras defraudatorias que configuran el delito de peculado y, eventualmente, ampliarla a quienes hoy aparecen con presuntas responsabilidades de omisión.

Los elementos más relevantes sobre los que trabaja el fiscal están relacionados con videofilmaciones internas de la sucursal San Pedro del Banco Nación en los que aparece la tesorera en situaciones que alimentarían las sospechas que pesan sobre ella.

En el expediente está asentado que un registro de cámaras de seguridad la muestran "dirigiéndose sola al recinto del tesoro" para retirar "una suma de dinero" con la que se dirigió a la zona de carga de los cajeros automáticos, según.

"Luego de buscar una bolsa de nylon, ingresó el dinero en la misma y se retiró de la entidad por la puerta de acceso de personal", dice el expediente, según reveló Infobae, y agrega que "ocultó debajo de su campera la bolsa en la que había colocado los fajos de billetes".

En otra filmación se la ve "ingresando dinero a una bolsa de nylon en su escritorio" el mismo día en que hubo un movimiento de 10 millones de pesos en el tesoro "que no se correspondía con el movimiento físico del dinero".

Además, hay otras videovilmaciones que deberán ser analizadas en profundidad,—puesto que muchas implican gente manipulando fajos de billetes, algo habitual dentro de un banco—,  cotejadas con los movimientos del tesoro y con los testimonios recogidos en la causa.

El sábado, en Sin Galera, las abogadas de la tesorera imputada, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, aseguraron que "las declaraciones" de otros empleados del banco "presentan grandes contradicciones entre sí" y que podrían ser acusados de "falso testomionio".

Sostuvieron que el día del fallo de caja por 40 millones que provocó el sumario administrativo y la causa penal en trámite, "los compañeros la obligaron a firmar" el documento que registraba el faltante, “pero no estaba constadao”, y que "le dijeron que se haga cargo, que salga a buscar la plata que faltaba".

Además, señalaron una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento interno, que implican "un montón de fallas en los controles", como el uso compartido de las claves personales dentro de la entidad. 

La intervención y auditoría en el Banco Nación tras el faltante de una suma millonaria derivó en una investigación judicial, que busca establecer qué ocurrió en la sucursal de San Pedro.

Este sábado, en Sin Galera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, abogadas de la tesorera interina imputada por el presunto faltante de alrededor de 40 millones de pesos, dieron detalles respecto de la causa.

Las letradas confirmaron que “este miércoles fue la audiencia” de formalización de la investigación ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, instancia en la que su defendida declaró por primera vez.

Allí se le imputó el delito de peculado, aunque advirtieron que “todo pareciera porque no existe una trazabilidad precisa” y que “la ausencia de 40 millones de pesos no se pudo determinar”.

Explicaron que “esta audiencia marca un antes y un después”, ya que la imputada explicó el manejo del Banco y "pudo decir lo que realmente pasó”.

En ese sentido, apuntaron a presuntas irregularidades en el funcionamiento interno y dijeron que hay "un montón de fallas en los controles”.

“Las claves eran conocidas por todos y usadas por todos los empleados”, refirieron.

En relación al hecho puntual, sostuvieron que “los compañeros la obligaron a firmar el fallo de caja” y que “le dijeron que se haga cargo, que saliera a buscar la plata que faltaba”.

Las abogadas destacaron que la mujer “hacía 17 años que trabajaba en el Banco" y que "nunca tuvo un problema”,

"Las declaraciones de algunas personas presentan grandes contradicciones entre sí", señalaron.

La causa continuará con nuevas medidas de prueba, mientras la Justicia intenta determinar si existió el faltante y cuáles fueron las responsabilidades dentro del Banco.

En ese marco, el juez dispuso que el fiscal Matías di Lello tiene 90 días para reunir evidencias y profundizar la investigación que, todo indica, deberá concentrarse también en el gerente y el contador de ese momento, quienes junto a la tesorera interina eran los responsables del Tesoro del Banco Nación San Pedro.

En medio de un fuerte hermetismo, la sucursal San Pedro del Banco de la Nación Argentina está sometida a una intervención y auditoría interna que podría derivar en severas sanciones para personal jerárquico de la entidad.

La causa: faltó dinero. Mucho. Se habla de alrededor de 40 millones en una maniobra que sería la primera detectada de varias similares, sobre las que ahora hay una investigación en marcha.

La situación involucra a varios empleados jerárquicos puesto que la sospecha es que para la maniobra detectada podrían haber fallado los controles internos o haber connivencia entre las personas que tenían a cargo las tareas.

La situación habría sido descubierta por personal que al completar pasos de control sobre operaciones detectó el faltante. Como esos controles implican a varias personas en la cúspide de la conducción de la entidad, hay sospechas de responsabilidades por acción u omisión.

Por lo pronto, hay personal de licencia, involucrados que le aseguran a sus compañeros que nunca tocaron un peso y una investigación que procurará establecer qué ocurrió.

La investigación interna podría derivar en sanciones, con el despido con justa causa como máxima posibilidad.  Pero además, por el hecho podría ponerse en marcha una causa penal por el delito de defraudación, que en el caso de la administración pública contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

Tras el allanamiento que personal de la DDI de Pilar encabezó en la casa de la excontadora del Puerto María José Pucurull por un caso de defraudación por administración fraudulenta similar al que denunciaron autoridades del Consorcio de Gestión, se conocieron detalles de la maniobra delictiva de la que está acusada.

Pilar a Diario detalló en su web que la situación se detectó en enero, cuando Pucurull se triplicó el sueldo sin autorización: de poco más de un millón y medio que tenía que cobrar, percibió $ 4,6 millones. Algo similar había pasado el mes anterior.

Eso provocó que le exigieran la renuncia y la devolución de 5 millones de pesos. Allí comenzaron a investigar otras maniobras y detectaron que había vinculado el token bancario con su celular para hacer operaciones que implicaron un robo de casi de 112 millones de pesos.

Pilar a Diario reveló que Pucurull "había realizado el endoso de 19 cheques por un total de $ 111.967.993,19, ingresando un CUIL a su nombre y otro a nombre de una presunta firma llamada Guly S. A.", la distribuidora de bebidas a la que llegó la DDI de Pilar este lunes, antes de allanar a la contadora pública en su domicilio de Independencia al 800.

La causa penal por defraudación por administración fraudulenta tramita en la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en Pilar y a cargo del fiscal Camafreita Steffich, quien pidió al Juzgado de Garantías interviniente los allanamientos.

En la casa de Pucurull secuestraron computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentación. La contadora fue aprehendida para la notificación de la causa y recuperó la libertad. 

María José Pucurull enfrenta desde 2022 una causa por maniobras delicitiva similares interpuesta por el Consorcio de Gestión del Puerto, donde era contadora.

La denuncia llegó a la Justicia luego de una auditoría a cargo de un estudio contable contratado por el Puerto, que descubrió irregularidades en los movimientos bancarios.

Detectaron que registraba montos apócrifos de servicios de Prefectura y desviaba esos fondos a sus cuentas personales y que luego adulterba los extractos bancarios.

Dos allanamientos en San Pedro y alrededor de 15 en la zona de Buenos Aires y el conurbano tuvieron lugar en los últimos días en el marco de la causa penal radicada en Capital Federal que investiga el incumplimiento de la empresa sampedrina Proyecto Steel respecto de contratos para la construcción de viviendas.

La denuncia radicada por decenas de damnificados es por estafa y administración fraudulenta, puesto que cada uno de ellos entregó entre 20 y 50 mil dólares para que la firma cuya cara visible es Martín Oña les construya la casa pero no obtuvieron nada a cambio.

El abogado de 11 de los damnificados que fueron a la Justicia, Adrián Tellas, explicó en Radio Cuarentena los alcances y el estado de la causa penal que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional 7 de Buenos Aires, a cargo de Paula González.

Tellas contó que sus representados antes y después de radicar la denuncia intentaron comunicarse con la empresa y la respuesta que obtuvieron fue que “no estaban en condiciones de construir la casa” y que iban a “reestructurar la compañía”.

Además, “quienes optaron por la vía civil, que mandaron carta documento para iniciar mediación ni siquiera pudieron notificarlos, venían rechazadas”, señaló el abogado.

Los denunciantes son familias que firmaron contrato con Martín Oña y Diego Alberto Pereyra, en representación de la empresa Proyecto Steel, para la construcción de viviendas bajo el sistema steel framing.

Entregaron en dólares el equivalente a la mitad del costo total del proyecto. El 40 por ciento estaba destinado a acopiar materiales “para congelar precio”, señaló el abogado. Sin embargo, “hasta donde se supo no hay acopio de material de ninguna de las personas que han puesto esos dineros”, indicó.

“Mi experiencia me indica que estos casos, aunque no hay uno igual a otro, se puede hacer un paralelo con estas estafas piramidales que son noticia corriente, con gente condenada, detenida, etc., en la que quizás no se pueden recuperar los fondos”, advirtió el abogado.

“Sería auspiciosa que la persona que cometiò estos delitos recapacite y pueda enmendar el mal que ha hecho, entiendo que quizás no pueda enmendarlo del todo, pero bueno, normalmente estos casos, cada vez más, terminan en condena”, agregó.

Respecto del dinero entregado, Tellas señaló que “la lógica indica que deberían estar en los corralones, por eso entendemos que si no hubo una intención inicial de de defraudar esa confianza depositada por cada uno de los clientes hay una administración infiel porque el dinero que debía destinarse a los materiales no se destinó a esos fines”.

Inicialmente, muchos damnificados pensaron en reclamar el material y contratar a otra empresa para continuar con la construcción, pero se encontraron con que al no haber acopio en los corralones habían perdido todo.

“En este momento rige un secreto de sumario porque hay posibilidades de hacer allaamientos, detención de personas, etc., por lo que no puedo dar mayores detalles. Pero normalmente el proceso es que tras la denuncia, se presentan pruebas, el fiscal analiza el mérito, solicita al juez medidas restrictivas de derechos o para procurar pruebas, cosas como detenciones, allanamientos, embargos”, explicó el abogado sobre el devenir de la causa.

Además de la cuestión penal, que puede implicar condenas de prisión, los damnificados esperan actuar en la vía civil para recuperar el dinero que pagaron, por el que deberán responder los responsables con su patrimonio, dijo el abogado.

“Hay casos de todo tipo, algunos verdaderamente conmueven, han puesto ahorros de toda la vida en este proyecto y ven frustrado poder continuar el proyecto y otros que como consecuencia de aprobar planos y no iniciar la obra debe pagar en barrios cerrados cánones mensuales más onerosos”, detalló.

El miércoles, la Policía Federal allanó dos domicilios ubicados en Sarmiento al 700, una oficina comercial y una vivienda familiar, donde secuestraron elementos de interés para la causa penal en trámite.

La Policía Federal de San Nicolás procedió este miércoles por la mañana a cumplir en San Pedro con dos allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la causa conocida como “Proyecto Steel”, en la que los responsables de esa empresa sampedrina están acusados de presuntas estafas a familias que los contrataron para la construcción de sus viviendas.

El operativo, ordenado por el Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7 de Buenos Aires y la Fiscalía 34, se dispuso en San Pedro en dos domicilios: el local comercial de Sarmiento 766 y la vivienda familiar ubicada enfrente, en el 755 de la misma avenida.

La Unidad Operativa Federal de San Nicolás y la División Antifraudes cumplieron con el procedimiento, ordenado para secuestrar recibos, facturas y otra documentación en soporte físico o digital de interés para la causa.

Además, la tarea implicaba este miércoles el desarrollo de un operativo simultáneo en Buenos Aires, con alrededor de 15 allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la investigación.

La empresa Proyecto Steel, cuya cara visible era el sampedrino Martín Oña, fue denunciada por alrededor de 15 damnificados que consideran que fueron estafados porque contrataron sus servicios para construir viviendas bajo el sistema steel frame y la firma no cumplió.

Los contratos estaban firmados por Martín Oña y Diego Alberto Pereyra, en representación de la empresa Proyecto Steel. Cada familia —los denunciantes son alrededor de 15 pero se habla de más de 100 damnificados— entregó entre 20 y 50 mil dólares para la vivienda que nunca les construyeron.