Esta semana, el secretario de Economía, Roberto Borgo, estuvo presente en el Concejo Deliberante para responder preguntas de los ediles en el marco del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025.

El funcionario fue a la comisión de Presupuesto, donde tramita al expediente, que debe ser tratado en sesión antes del 31 de mayo, por lo que queda la mitad del plazo disponible para su análisis.

"Fue más que nada para fijar el marco del resultado del ejercicio", dijo Borgo a La Opinión. El secretario de Economía señaló que fue "la primera reunión" y que acordaron que "vamos a volver a ir todas las veces que sea necesaria".

Borgo entiende que la próxima reunión podría estar más focalizada en detalles, tras este primer encuentro más general. "Habíamos acordado que el acceso a Rafam estaría disponible apenas entraba el expediente a tratamiento y eso se cumplió", señaló.

Concejales de la oposición hicieron consultas sobre algunos puntos y quedaron en analizar aspectos más finos para evacuar en diálogo con Borgo en otra reunión, aunque también lo pueden hacer en la Secretaría de Economía.

"Nosotros tenemos dos problemas complicados en la gestión: el costo de la salud pública, que tiene una sobreejecución respecto de los recursos que vienen de coparticipación; y que estamos muy atrasados en materia de recursos propios", dijo el funcionario a La Opinión.

Las reuniones con el secretario de Economía y los funcionarios municipales en el ámbito de la comisión de Presupuesto tienen un alcance técnico. La dimensión política del análisis de la Rendición de Cuentas, los concejales la abordarán en sesión cuando se trate el expediente.

"Hay cuestiones relacionadas con el planteo de eficiencia del gasto que hay que analizar que lo que ingresa no alcanza para cubrir los servicios, como el de recolección de residuos", señaló el funcionario.

En ese marco, Borgo consideró: "Si no hay actividad económica, los comercios no facturan, no tenemos posibilidad de obras de infraestructura de otras jurisdicciones vamos a seguir acumulando déficit".

Los concejales analizan la Rendición de Cuentas 2025, que deberán tratar antes del 31 de mayo. Mientras celebra que no le impusieron ninguna multa por el ejercicio 2024, el Gobierno mira con atención cómo los gráficos muestran el deterioro financiero del Estado local frente al resto de los municipios.

Uno de los puntos relevantes para el análisis es, desde hace mucho tiempo, el de la comparación entre los ingresos propios contra los ingresos totales de San Pedro, puesto que refleja la alta dependencia que el Municipio tiene de la coparticipación provincial.

Aun así, advirtió Roberto Borgo en Sin Galera el sábado pasado que lo que llega mensualmente de Provincia ya no alcanza para cubrir la masa salarial, es decir para pagar los sueldos.

El año pasado, San Pedro volvió a ubicarse muy por debajo del promedio del resto de los municipios bonaerenses, con alrededor del 22,2 por ciento de recursos propios sobre el total de ingresos.

El promedio consolidado del resto de los municipios es de 45,9 por ciento, más de la mitad que el porcentaje sampedrino. La curva es descendente en todos lados, pero San Pedro no para de caer desde que en 2019 había alcanzado un porcentaje aceptable.

El recuerdo de "el peor municipio de la provincia" del año 2014, el que le costó la renuncia al intendente Pablo Guacone, regresa: ese año, los ingresos propios fueron del 21,3 por ciento.

Luego, en 2015, subió cinco puntos. Cuando asumió Salazar, logró incrementar de a poquito hasta alcanzar en 2019 el máximo de los últimos años, con 30,5 por ciento.

La pandemia provocó una caída al 27,8 por ciento y desde entonces la curva es descendente: 25,1 % en 2021; 22,2 por ciento en 2022; 21,9 % en 2023; y el récord del porcentaje más bajo, incluso por debajo del de Guacone, en 2024, con 20,2 por ciento. En 2025 aumentaron dos puntos, lo que en dinero contante y sonante es importante.

El promedio provincial tuvo un 50,9 por ciento máximo en 2019 y luego, pandemia de por medio comenzó a descender algunos puntos, aunque la curva de la autonomía municipal en materia de ingresos tuvo su mayor caída en los años 2024 y 2025, coincidente con el ajuste impuesto por el Gobierno nacional, que repercute en Provincia y en los municipios. 

El Gobierno municipal presentó ante el Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025, año electoral en el que la lista del intendente perdió las elecciones, lo que derivó en que ya no tiene mayoría propia en el cuerpo que debe tratar los expedientes.

El ejercicio económico financiero del año pasado fue, como se esperaba, deficitario: los 46 046 millones percibidos en total no alcanzaron para solventar los más de 56 500 millones de gastos devengados.

La diferencia, de alrededor de 10 500 millones, representa un déficit del orden del 18,5 por ciento.

Una vez más, el gasto en personal tuvo un alto porcentaje sobre los recursos percibidos y alcanzó el 73 por ciento. 

El monto del año en sueldos fue de 24 025 millones y los recursos de libre disponibilidad llegaron a 31 559 millones.

El resultado financiero del ejercicio 2025 según el artículo 44 de Rafam, que compara recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda, alcanzó un déficit formal de  casi 7274 millones de pesos.

El déficit entre recaudación y costo de la prestación de los servicios obligó al Gobierno a pedir al Concejo que autorice quintuplicar el monto máximo de utilización de recursos afectados para gastos corrientes previsto en el Presupuesto 2025.

Los déficit mensuales de la comparativa entre recaudación de tasas y costo de los servicios iban del 64 al 80 por ciento en la principales tasas.

En ese cuyo contexto el 18,5 por ciento de déficit del ejercicio fue tomado en el Ejecutivo como un porcentaje bajo respecto de lo esperable en el contexto de crisis actual.

La Rendición de Cuentas 2025 fue presentada por el Gobierno ante el Concejo Deliberante el martes 31 de marzo, plazo límite de acuerdo a lo que ordena la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Se presentó a las 11.00 de la mañana. La contadora Mariana Giosa lo entregó al presidente del Concejo, Martín Baraybar", informó a La Opinión el secretario de Economía, Roberto Borgo.

El Gobierno cumplió además con la publicación obligatoria de la situación económico financiera al cierre del ejercicio, cuyo documento obra en La Opinión, autorizada formalmente por la Corte Suprema para publicaciones oficiales.

En el Concejo Deliberante escaneaban toda la documentación presentada por el Gobierno, tras lo que estará disponible para que la analicen los concejales, que deberán darle tratamiento en comisión y votar antes del 31 de mayo.

Cuando esté disponible, como todos los años, La Opinión analizará aspectos vinculados a la ejecución de los recursos, la evolución del gasto, los índices de cobrabilidad de tasas y derechos, entre otros puntos relevantes de la Rendición de Cuentas.

Desde el lunes el Hospital Municipal no cuenta con el servicio de limpieza privado que había sido contratado tras las severas deficiencias que la Dra. Isabel Carrasco registró como grave problema cuando asumió el cargo de directora del principal efector de salud pública del partido de San Pedro.

La empresa prestataria reclamó durante varios meses la deuda que se acumulaba y finalmente resolvió abandonar el servicio. La decisión llamó la atención puesto que hace pocas semanas el Concejo Deliberante aprobó un nuevo contrato con la misma firma que había participado de una nueva licitación y ganado como única oferente para un nuevo período. El contrato tenía un plazo de dos años y un costo de 12.5 millones de pesos mensuales, en total 302.280 millones por el total del período adjudicado.

Global Corp, la firma que comenzó a trabajar el 1° de Agosto de 2024 , había sido contratada de manera directa tras múltiples quejas por la falta de higiene en sectores sensibles para la prestación de servicios de salud que incluían la presencia de animales domésticos que en muchos casos eran alimentados por los pacientes.

Por entonces, los gremios hicieron saber su descontento con la decisión de privatizar las tareas y de hecho también denunciaron que las mucamas ganaban muy poco para la responsabilidad que tenían.

La Opinión consultó a la Secretaria de Salud quien lamentó el alejamiento de la empresa y abogó por una pronta solución para ese servicio que, en otros tiempos, estaba en manos de empleadas con la modalidad de “decretos con contraprestación de servicios”, un modo irregular de contratación que además es difícil de controlar por las modestas sumas que el estado municipal abona mensualmente.

Desde la Secretaría de Economía, indicaron que si bien el atraso en los pagos existe, le pidieron a Global Corp volver a discutir las condiciones en el mes de enero.  

“La empresa planteó la imposibilidad de prestar el servicio si no cobra de en forma previsible. En este momento el municipio no le puede pagar todo lo que le adeuda. Para poder instrumentar un plan de pago necesitamos estar en un nuevo ejercicio, intentaremos a partir de enero llegar a un acuerdo ”, dijo Roberto Borgo a La Opinión.

Desde Global Corp, ratificaron  que “el servicio se encuentra suspendido por falta de pago”, mientras aguardan que se acrediten las sumas adeudadas.. 

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión ordinaria del año la autorización para que el Gobierno pueda quintuplicar el monto de fondos afectados que puede utilizar para gastos corrientes.

El oficialismo contó con el acompañamiento silencioso del denominado "interbloque" que integran Martín Rivas, Diego Lafalce, Fernando Negrete y Mauro de Rosa. Los votos en contra fueron de la UCR, que en la sesión hicieron duros cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo.

En ese marco, la presidenta del bloque radical, Paola Basso, analizó la situación deficitaria del sistema de salud pública, que tiene en San Pedro un rojo de alrededor del 40 por ciento sobre los recursos disponibles, lo que implica una constante inyección de otros fondos para cubrir el funcionamiento.

Basso se refirió a la polémica de los sueldos de los médicos, que reclaman desde principios de año el pago de las actualizaciones salariales firmadas con Provincia, lo que implicó medidas de fuerza.

Cuestionó la aseveración del Gobierno respecto de que los médicos cobraron 96 por ciento de aumento en lo que va del año, porque "no se están abonando las escalas salariales". 

En ese marco, Basso aseguró que "todos sabemos que hay montones de guardias de reemplazo, festival de guardias de reemplazo que se abonan".

"Se abonan guardias de reemplazo por cualquier cosa: a cambio de otro servicio, a veces a cambio de nada; por un consultorio de cuatro horas por semana en muchísimas especialidades y para especialidades cuyos especialistas están en los centros de salud en vez de estar prestando servicios en el Hospital", enumeró.

Tras coincidir en el análisis con lo que en Sin Galera la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, denominó "acuerdos, acuerditos y acuerdotes", Basso cuestionó a la funcionaria por su sueldo.

"En un área que está permanentemente colapsada, ¿puede darse el lujo un secretario de cobrar el doble que cualquier otro secretario y que no se le mueva un pelo?", señaló en relación a la bonificación del 100 por ciento que cobran los secretarios de Salud desde Guillermo Sancho en adelante.

La concejala radical también se refirió a la revelación que hizo La Opinión acerca del promedio de 4 millones por profesional de la salud que implicaron los 11 mil millones de pesos que se pagaron en sueldos hasta octubre para los 268 agentes.

"Conocemos a ciencia cierta montones de profesionales que hacen guardias activas, que están en el Hospital y que ganan entre 700 mil y un millón y medio de pesos. ¿Cuánto tiene que ganar el que más gana para que ese sea el promedio?", se preguntó.

"Ahí está el déficit en salud", dijo Basso, que tiene en su bloque a dos profesionales de carrera médica hospitalaria, el médico Lucas Pisani y la psicóloga Yanina Batalla, quienes terminan su mandato de concejal este año.

"El gran problema que tiene el Ejecutivo es una irresponsabilidad absoluta en el manejo de los fondos", consideró la presidenta de la bancada radical para argumentar el voto negativo.

Su bloque votó en contra de la autorización para que el Ejecutivo pueda disponer de hasta 6200 millones de fondos afectados para gastos corrientes, ordenanza que fue aprobada con los 14 votos del oficialismo y el interbloque aliado.

El Concejo Deliberante tratará en la próxima sesión una solicitud del Gobierno para ampliar su potestad de utilizar recursos de fondos afectados para gastos corrientes de manera transitoria, ante la situación económica que atraviesa y camino al pago de los aguinaldos.

Mientras intentan contener los conflictos con los sindicatos municipales y los médicos, en la Secretaría de Economía advirtieron que necesitarán, como ya hicieron durante el año en diversas oportunidades, echar mano a fondos que están afectados para un fin específico y utilizarlos para gastos corrientes, en especial para pagar sueldos.

El Gobierno puede utilizar fondos afectados siempre y cuando los devuelva en el plazo previsto por ley. Lo que le pide al Concejo Deliberante es que amplíe la capacidad que le otorgó cuando aprobó el Presupuesto 2025.

En esa ordenanza, el Ejecutivo quedó habilitado para disponer el uso transitorio de fondos para gastos corrientes ante "la falta de coincidencia" entre recaudación y gastos o por "retraso" de los ingresos ordinarios previstos.

En el expediente que ingresó fuera del orden del día en la última sesión solicitan modificar ese artículo, que autorizaba hasta 1200 millones de pesos, y ampliar la suma hasta un 15 por ciento del presupuesto aprobado, es decir hasta alrededor de 6215 millones, unas cinco veces más.

En los argumentos para pedir al Concejo que apruebe esa autorización, el Gobierno trazó un panorama desolador respecto de la situación económico financiera de la Municipalidad de San Pedro para el ejercicio en curso.

Allí refieren coparticipación anclada a enero con fluctuaciones intermensuales de -23 por ciento; una caída significativa de la cobrabilidad de tasas; y como reveló La Opinión hace unos meses, déficits mensuales respecto de la recaudación en relación a la contraprestación: lo que entra no alcanza para cubrir el servicio que debe prestarse.

Esos déficits mensuales ascienden al 75,24 por ciento en la tasa de Red Vial, con 198 millones de pesos en rojo; al 80 por ciento en ABL, 455 millones abajo; 64 por ciento en Servicios Sanitarios, 169 millones. La diferencia resulta de comparar ingresos percibidos efectivamente por cada tasa y los gastos directos de prestación.

En los considerandos, el intendente no dejó de señalar "las dificultades económicas generadas por las políticas del Gobierno nacional" y puso de relieve la particular situación que atraviesa el sistema de salud, que "verifica un colapso permanente".

Es "en ese contexto de flujo de fondos deficitarios" que el Ejecutivo le pide al Concejo que amplíe su capacidad de utilizar fondos afectados y herramientas financieras para "mantener las necesidades críticas de funcionamiento y masa salarial", sobre todo con el aguinaldo por delante.

Las revelaciones que hizo La Opinión sobre las problemáticas financieras del sistema de salud pública en San Pedro, que tiene un déficit de alrededor del 40 por ciento sobre sus ingresos, generaron polémica durante toda la semana.

Sobre todo luego de que en Sin Galera se diera a conocer que el promedio de los 268 agentes de carrera médica hospitalaria es de más de 4 millones de pesos por cada uno, puesto que al 31 de octubre los salarios insumieron en total unos $ 11 mil millones.

Un promedio es sólo un promedio de costo base para el sostén de esos 268 agentes registrados en el sistema sanitario. Por supuesto, hay diferencias.

Hay quienes cobran más y quienes perciben menos, así como hay quienes trabajan mucho y quienes lo hacen poco, poquito y nada.

Hay tres médicos que cobran más de 6 millones de pesos cada uno; 11 que perciben más de 5 millones; 28, entre 4 y 5 millones; 23, entre 3,5 y 4 millones; 25, entre 3 y 3,5 millones.

Hay otros 55 profesionales de la salud que cobran entre 2,5 y 3 millones; y 57 que perciben entre 2 y 2,5 millones. 37 están en la lista de los que cuestan entre 1,5 y 2 millones; 13, entre 1 y 1,5 millones; y solo 10 por debajo del millón, siendo el más bajo uno de guardias de reemplazo por 268 mil pesos liquidados durante el mes de octubre.

Las antigüedades inciden de manera dispar y sin asignaciones especiales a lugares donde el que más gana debería prestar mayores servicios. 

Quién mayor antigüedad tiene es una jefa de servicio con 40 años en la salud pública pero con una remuneración de 3.914.000.

Hay dos exsecretarios de Salud, uno por encima de los 4 millones y otro que llega a los 2,5 millones. También hay dos concejales en ejercicio, uno que gana 2,2 millones asignado a un centro de salud, y otro de 1.249.000, que tiene asignadas guardias de reemplazo.

La psiquiatra jefa se ubica en los 4 millones de costo para la población, mientras que otros agentes de Salud Mental apenas alcanzan el millón y medio. Hay trabajadoras sociales de 3,5 millones y otras de 1.5 millones.

Los sueldos se llevan el 74 por ciento del presupuesto en Salud.

La antigüedad no implica efectividad ni cumplimiento. El Estado garantiza estabilidad que tienen quienes en la actividad privada fundieron clínicas, sanatorios o tienen consultorios con empleados en negro y sobre quienes es muy raro encontrar inspecciones de la delegación local del Ministerio de Trabajo.

Estos números forman parte de la carpeta que el intendente Cecilio Salazar y la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, le entregaron en mano al ministro Nicolás Kreplak en La Plata para que Provincia esté al tanto de que la problemática financiera de San Pedro tiene al sistema sanitario entre los principales puntos a abordar.

Esos números, también, son los que tiene sobre la mesa el Gobierno local cuando le plantea a Cicop que la deuda que mantiene por retroactivos y aplicación de aumentos de sueldos sólo es posible saldarla en cuotas y no se podrá pagar antes de fin de año, porque en el Municipio hay otros mil empleados que también esperan cobrar sus salarios y aguinaldo.

En medio del paro de médicos de Cicop, que reclaman el pago adeudado de retroactivos y aumentos, volvió a cobrar vigencia una iniciativa de la oposición para que el Gobierno local plantee al provincial la posibilidad de que el Hospital Emilio Ruffa pase a la órbita de la administración bonaerense.

La provincialización del Hospital está en debate en un proyecto que el concejal Martín Rivas presentó a fines de julio y que se trató en sesión a mediados de agosto. En ese momento, a pedido del concejal oficialista y exsecretario de Salud Daniel Creus el expediente pasó a comisión para ajustar detalles.

En el marco de la problemática a la que asiste San Pedro con el sistema de salud pública y el paro de médicos, el intendente Cecilio Salazar y la secretaria del área, Isabel Carrasco, se reunieron este lunes con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak

En el proyecto para pedir provincializar el Hospital Rivas hizo hincapié en las dificultades económicas para sostener el sistema de salud pública local, basado en los datos de la Rendición de Cuentas 2024 que este lunes La Opinión actualizó al 31 de octubre.

Esos datos señalan que la salud de San Pedro insume un 40 por ciento más de recursos de los que se obtienen por coparticipación, plan Sumar y recupero de obras sociales. El déficit actual es de más de 6200 millones de pesos.

"El déficit presupuestario está abarcado, en gran porcentaje, por los fondos que nos requiere el Hospital", dijo en sesión Rivas cuando votaron pasar el expediente a comisión.

 "Se ha hablado mucho de provincializar, me parece que llegó el momento", aseguró Rivas.

En ese marco, había hecho alusión a las problemáticas salariales de los afiliados a Cicop. "Cuando vemos el presupuesto y el 40 por ciento se va en el Hospital, y la atención sigue siendo deficiente porque no hay insumos o los médicos no cobran en tiempo y forma, empecemos a buscarle soluciones".

El que propuso ese día el pase a comisión fue el concejal oficialista Daniel Creus, que fue director del Hospital, secretario de Salud y es un médico pediatra especializado en neumonología infantil que pertenece a la planta permanente del sistema sanitario público local.

Recordó en ese momento una publicación de La Opinión en la que el entonces director del Hospital Carlos Gutiérrez señalaba que la coparticipación local se utilizaba para otros fines. Eran otros tiempos.

"Estoy de acuerdo en que en Salud, en las próximas gestiones municipales, de a poquito vamos hacia una ineficacia", consideró Creus y consideró que "el Hospital Ruffa es el corazón de la salud de San Pedro".

Salazar hizo de la Salud un pilar de su gestión desde el día uno de su mandato. Creus lo destacó: "Cuando entró con Cambiemos, hizo un vuelco total respecto de lo que veníamos teniendo".

En ese sentido, enumeró la municipalización de la terapia intensiva, la instalación del nuevo tomógrafo, la obra de internación en pediatría nueva y la inclusión de "muchísimas especializaciones" que no estaban.

"Se ha complejizado mucho la atención y el Hospital tiene las características de una ciudad más grande, municipios de 70 mil habitantes no tienen este hospital", sostuvo, pero advirtió: "Está llegando al límite".

Creus dijo en varias oportunidades que es necesario que haya discusiones paritarias locales para evitar el desfasaje que provocan los acuerdos en Provincia, que los municipios están obligados a cumplir y que generan, como ahora en San Pedro, deudas que complican el normal funcionamiento de los servicios.

"Algo se va a tener que hacer en los próximos años. Tenemos unas paritarias en La Plata y después se discute a nivel local sólo cuánto valen las guardias, porque si pagamos lo que se firma en La Plata no va a venir nadie a trabajar. Siempre algún mecanismo de elasticidad para negociar con los colegas que vienen de afuera hay que tener, dijo Creus.

Ese día, disparó: "Por ejemplo, y sin desmedro de ningún colega, los oncólogos de acá ganan más que los del Roffo, los pediatras ganan más que los del Garrahan, seguro; pero es lo que hay y lo que a veces hay que negociar para tener servicios".

El sábado en Sin Galera, mientras fue entrevistado por otros temas, se lo consultó acerca de la problemática actual con los médicos, el paro de este lunes y el debate sobre la provincialización del Hospital.

"Hasta 2023 se fueron provincializando algunos hospitales municipales, era un momento en que se podría haber hecho, hoy lo veo muy difícil", dijo y agregó: "La salud es un agujero negro en municipios chicos como este".

"Yo no estoy muy de acuerdo con los paros en salud, porque si bien es un derecho laboral, es superior el derecho a la salud, hay que encontrarle la vuelta al reclamo y no dañar el sector salud, estamos suspendiendo cirugías que están esperando hace meses", dijo sobre la medida de fuerza.

Consideró que en la actualidad, con un costo para mantener los servicios que es superior a los ingresos por coparticipación, “quizás la provincialización sería eficaz”.

El análisis del ejercicio económico financiero al final del primer semestre arrojó un déficit de alrededor de 2600 millones de pesos que en el Gobierno aseguran tiene explicación en las dificultades para hacer frente a los compromisos con los recursos con los que se dispone.

El repaso de los costos de las tasas contra la recaudación mes a mes da cuentas de que para cubrir la prestación el Municipio debe afectar recursos provenientes de otros fondos, porque no alcanza.

La tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) es una de las más significativas en ese sentido, de acuerdo a la información a la que accedió La Opinión sobre su ejecución.

La recaudación de ABL alcanza para cubrir apenas el 21 por ciento del costo de la prestación.

En el desglose mensual promedio que la Secretaría de Economía expuso ante la consulta de La Opinión aparece que a junio, ABL tuvo una tasa de cobrabilidad del orden del 49 por ciento.

La emisión fue por más de 1142 millones de pesos y lo efectivamente percibido alcanzó los 560,5 millones. La cobrabilidad bajó respecto de 2024, cuando terminó en el 60 por ciento, un porcentaje ya muy bajo.

El promedio por cuenta tributaria de ABL es de poco más de 17 mil pesos por contribuyente. Algunos pagan más, otros menos, pero ese es el promedio.

Incluso si todos pagaran, no alcanzaría para cubrir el costo de la prestación: sólo se podría abonar el 53 por ciento del total.

En promedio, en el primer semestre, la emisión fue de 190,3 millones de pesos. La recaudación, $ 93,4 millones. El costo de la prestación alcanzó los 445 millones por mes, promedio.

Esos 93,4 millones de recaudación, que representan el 21 por ciento del costo total de la prestación del servicio, apenas alcanzaría para cubrir las facturas de Coopser por el servicio de alumbrado público.

Ese servicio implica el 20 por ciento del total de los costos (88,5 millones). La recolección de residuos insume el 35 por ciento (155,5 M); el barrido maunal,18 % (80,6 M); la recolección en localidades, 4 por ciento (18,7 M).

El resto se va en personal, 13 por ciento (56,3 M); Combustibles, 2 % (8,8 M); mantenimiento de alumbrado y reposición de lámparas, 2 % (8,3 millones por mes); mantenimiento del basural, 3 % (12,4 M); sistema de reciclado, 1 % (3,6 millones); bienes de uso, 2 % (8 millones); y servicios no personales, 1 por ciento (3,95 millones de pesos).

"Hace 10 años, el análisis arrojaba un resultado similar. Después de un tiempo considerable, no se pudo reconstituir la tasa", analizó el secretario de Economía, Roberto Borgo, ante La Opinión.

Para el funcionario, la situación tiene un trasfondo político: "En algún momento las tasas tienen que seguir la evolución de la economía", señaló. 

Es decir, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo deberán sincerarse respecto de qué incrementos se van a proponer a la ciudadanía.

"En la medida en que se sigan moviendo las variables que influyen en la prestación y no las podamos cubrir con el valor mensual de la tasa, vamos a seguir discutiendo déficit", aseguró Borgo.

La situación económico financiera del Municipio de San Pedro para la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024, aprobada la semana pasada por el Concejo Deliberante, revela que a pesar de ser deficitario —el Gobierno gastó más dinero del que ingresó—, hubo áreas que "ahorraron".

El ejercicio 2024 terminó con un déficit de 872 millones, de acuerdo al artículo 44 de rafam, o de 1661 millones si se calcula recursos percibidos totales menos gastos devengados. Es, según se mire, entre el 3 y el 5 por ciento de más de 33 mil millones de pesos disponibles.

Del análisis de la Rendición de Cuentas se desprende que tres de las cuatro direcciones que dependen de la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación que conduce Mariano Arnal dejaron sin ejecutar casi 240 millones de pesos.

Sólo Turismo utilizó todos los recursos que tuvo asignados para el ejercicio, según el estado de ejecución presupuestaria que el propio Gobierno publicó en La Opinión, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.

Entre Cultura, Deportes y Educación dejaron sin ejecutar o "ahorraron" —entre comillas porque el ejercicio fue deficitario— un total de 239.072.028,05 pesos.

Cultura contó con un presupuesto vigente de $ 204.784.639,37, de los cuales devengó $ 182.332.916,30. Es decir que el área que conduce David "Kukino" Kurlat dejó sin ejecutar o "ahorró" unos 22.451.723,07 pesos.

Deportes tuvo una asignación vigente de recursos de $ 159.917.000,23. de los que ejecutó un total de $ 116.311.242,47. Así, el área de Valentín Bravo "ahorró" o dejó sin ejecutar 43.605.757,76 pesos.

Educación, por su parte, fue la Dirección con mayor cantidad de presupuesto asignado en la Secretaría de Arnal, con $ 784.747.303,18, de los que ejecutó $ 611.732.755,96. El área que tiene a su cargo Alan Ocampo "ahorró" o dejó sin invertir en su órbita unos 173.014.547,22 pesos.

Como se dijo, la Dirección de Turismo que conduce Victoria "Vicky" Villalba es la única que ejecutó el total de recursos asignados, con 375.038.251,38 pesos devengados en su totalidad. 

Este jueves el Concejo Deliberante votará la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 del Gobierno de Cecilio Salazar, el primero de su tercer mandato y el primero desde que Roberto Borgo volvió a la Secretaría de Economía.

La comisión de Presupuesto dictaminó en la reunión de este martes. El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el expediente, incluso si los ediles que no forman parte de su bancada —algunos opositores y otros no tanto— votaran en contra, puesto que cuenta con nueve más el desempate del presidente, Pablo Vlaeminck.

La Rendición de Cuentas entró en tiempo y forma, antes del 31 de marzo, y debe ser tratada antes del 31 de mayo, por lo que los ediles tuvieron casi dos meses para analizar el expediente y, además, hacer las consultas pertinentes, tal como prevé la normativa.

Borgo fue citado a la comisión de Presupuesto el 23 de abril. Ese día, tras casi un mes de revisión de la gran cantidad de páginas que conforman uno de los expedientes más importantes del año en el Concejo, algunos ediles de la oposición plantearon consultas.

Ese día, Borgo fue acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, que además oficia como "articulador" con el HCD. Dieron un pantallazo general de la ejecución presupuestaria y respondieron preguntas de Paola Basso, Matías Pisani y Diego Lafalce, presentes en la reunión.

Llamó la atención la ausencia del concejal opositor Martín Rivas, una de las voces más críticas del Gobierno en cada sesión y en redes sociales. Ese martes por la mañana se lo vio en los pasillos del Concejo y en su oficina, pero no participó de la comisión, de la que si bien no forma parte puede participar como oyente con voz pero sin voto para dictaminar.

Además, era la primera reunión con Borgo, de manera tal que todos los concejales podrían plantear dudas, consultas y acordar modalidades de trabajo para que en el mes que restaba pudieran observar, como les asiste el derecho, facturas, comprobantes de pago, decretos reservados y otra documentación que no tiene carácter público.

En ese encuentro, Basso fue la que mayor cantidad de consultas hizo. Tenía sentido: recién empezaban a mirar el expediente y es la concejala más experimentada. 

Acaso por eso también llamará la atención su ausencia el jueves, ya que no estará porque pidió licencia desde el 19 de mayo y hasta el 3 de junio, por lo que su banca la ocupará la suplente Victoria Romairone, quien tendrá pocos días para abordar el asunto y votar a favor o en contra.

Además. gran parte de la reunión se la llevó el análisis de la cobrabilidad de tasas, sobre todo por la situación de Seguridad e Higiene, la de mayor cobrabilidad, y la de Red Vial, que cayó respecto de sus números históricos.

Como ese día habían acordado mecanismos de consultas puntuales al secretario de Economía, con anticipación para que el secretario del área requerida pudiera acompañar cada requerimiento, en el Ejecutivo quedaron a la espera.

Hasta el dictamen, no hubo ningún pedido de documentación. La única excepción es un expediente que el lunes a las 13.40 remitió al presidente de la comisión el concejal Martín Rivas y que contiene, en su mayoría, consultas acerca de cosas que están publicados en los boletines oficiales, disponibles en la web, como establece la  normativa.

El proceso para ese expediente implica que el presidente de la comisión lo eleve al titular del HCD para que remita al Ejecutivo la solicitud y desde Economía envíen la información requerida. Por eso, acaso, Rivas se quejó de que se haya dictaminado para este jueves, aunque quedaba una semana más para la fecha límite.

En la Secretaría de Economía estuvieron, tras pedir reunión, los concejales De Rosa, Cappelletti y Lafalce, de manera individual, para solicitar datos de saldos y de algunas ejecuciones presupuestarias, consultar por algunos proveedores y por otros detalles acerca de las tasas.

Además, Borgo mantuvo varias reuniones con los concejales oficialistas para explicarles detalles que querían consultarle respecto de la ejecución presupuestaria que, después de todo, deberán defender en el recinto para votar a favor.

El ejercicio 2024 terminó con un déficit de 872 millones, de acuerdo al resultado del artículo 44 de Rafam o de 1661 millones si se calcula recursos percibidos totales menos gastos devengados.

En el primer cálculo, representa menos del 3 por ciento del presupuesto total y en el segundo, alrededor del 5 por ciento, lo que para el Gobierno, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y la falta de recursos comprometidos por el Gobierno nacional que nunca llegaron, implica un número más que aceptable.

Por primera vez en mucho tiempo, San Pedro no contó con recursos extraordinarios de Nación o Provincia vía "aportes del tesoro", los conocidos ATN y ATP, aunque el Gobierno provincial dispuso un Fondo de Fortalecimiento que el Municipio "ahorró" para hacer frente a, por ejemplo, el pago de aguinaldos en tiempo y forma.

En materia de personal, el ejercicio 2024 bajó del 83 al 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad el gasto en salarios, lo que implica una importante reducción respecto del año anterior aunque mantiene un número elevado incluso por encima de otros años de la gestión Salazar.

La cobrabilidad de tasas bajó de manera importante respecto del año anterior y el Municipio se lo atribuyó a las políticas nacionales que impactaron en el bolsillo de los contribuyentes.

Uno de los logros que Borgo mostró a tirios y troyanos es el 93,38  por ciento de cobrabilidad de la tasa de seguridad e higiene, la que pagan comercios y empresas en San Pedro, que además es la que mayor recaudación aporta al erario.

El Gobierno de Cecilio Salazar responsabilizó a las políticas económicas del presidente Javier Milei por el resultado económico financiero del ejercicio 2024, que fue deficitario en el Municipio de San Pedro, tal como señala la Rendición de Cuentas que analiza el Concejo Deliberante.

En la Memoria Descriptiva entregada junto a los números, el Ejecutivo señaló que "la incertidumbre económica" y las "dificultades" que todos los municipios enfrentan a raíz de los recortes de Nación a las provincias marcaron "el ritmo" de las decisiones locales.

El Municipio cuestionó a Nación por cobrar impuestos a los sectores productivos pero no reintegrarlos a la comunidad "en términos de coparticipación y financiamiento de obras".

Como dijo en su mensaje anual, Salazar repitió que las únicas obras que podrá continuar son aquellas que cuentan con "apoyo y financiación" del Gobierno provincial más lo que se pueda "solventar con recursos propios".

"El único déficit inexplicables es no estar al lado de las necesidades de nuestra comunidad", sostuvo el intendente.

El Gobierno destacó haber llevado adelante "medidas de contención del gasto" que se vieron complicadas por el "déficit entre emisión de tasas y lo necesario para su prestación".

En ese marco, señalaron que "la liberalización de las tarifas de servicios impulsada por el Gobierno nacional influyó en gran medida a la situación deficitaria", puesto que los incrementos fueron superiores a lo previsto.

Además, indicaron, los contribuyentes también se vieron "afectados por las variables económicas" y la cobrabilidad de tasas bajó "en un 20 por ciento" en la totalidad de los tributos que cobra el Estado local.

"Salud, seguridad, educación y búsqueda de nuevas oportunidades laborales", dijo Salazar, son sus "prioridades" y los temas que le "preocupan".

El Gobierno local señaló que "a pesar los problemas financieros y las dificultades para la cobrabilidad de tasas" mantiene "los servicios esenciales".

Los concejales comenzaron el análisis de la Rendición de Cuentas 2024 y tienen hasta el 31 de mayo, como fecha límite, para tratar el expediente en sesión. La oposición adelantó que está “trabajando” en el análisis.

Este lunes, sobre la fecha límite para su presentación, el Gobierno de Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 y los concejales podrán, una vez digitalizados los archivos, comenzar con el análisis, para el que tendrán un máximo de dos meses.

Además, el Municipio cumplió con la obligación de difundir públicamente la situación económico financiera del Estado local, cosa que hizo a través de una solicitad en La Opinión, que está disponible desde pasadas las 13.00, una hora después del ingreso formal en el Concejo.

La Rendición de Cuentas 2024 es la primera del tercer mandato de Cecilio Salazar y también es la primera de Roberto Borgo como secretario de Economía tras su regreso al área luego de conducirla durante los años 2014 y 2015, dos de los más complejos para las finanzas públicas locales.

El presupuesto aprobado para el año pasado ascendía a 17 mil millones, pero en el marco del contexto inflacionario hubo gastos e ingresos de casi el doble para un año signado por el ajuste nacional y las dificultades económicas provinciales, que se sumaron a las debilidades propias del Municipio.

Los recursos percibidos totales ascendieron a 31.460.182.466,89 pesos y los gastos devengados totales, a $ 33.121.664.499,50, lo que arroja un déficit de 1.661.482.032,61 pesos, alrededor del 5,2 por ciento de los ingresos.

El resultado del artículo 44 de Rafam (recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda) arroja un déficit formal de 871.980.310,70 pesos.

Así calculado, representa menos del 3 por ciento del presupuesto, es decir unos dos puntos por debajo del déficit formal del año pasado, que ascendía a alrededor del 5 por ciento.

De los primeros números disponibles tras la publicación de la situación económico financiera al 31 de diciembre puede desglosarse uno de los puntos relevantes a la hora de analizar la performance: el gasto en sueldos.

Para 2024, San Pedro no contó con recursos extraordinarios tanto en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ni del provincial (ATP), por lo que tuvo que hacer frente a los aguinaldos con recursos propios,  para los que utilizó el dinero del Fondo de Fortalecimiento que envió Provincia.

En gasto de personal devengaron 17.641.946.537,94 pesos, lo que representa el 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad, es decir sin contar recursos afectados, que sumó $ 23.517.221.208,46. 

Esto implica una importante reducción respecto del año anterior, aunque aun así es un número elevado.

En 2023, el gasto en sueldos sobre los recursos de libre disponibilidad había representado el 83 %. En 2022 había sido del 74 % y en 2021, del 71 por ciento.

El Municipio atraviesa el último mes del primer semestre del año, antes de pagar el medio aguinaldo, con un delicado equilibrio en las cuentas, de acuerdo a la información que hizo pública desde mediados de abril en la web y  la que La Opinión relevó en la Secretaría de Economía y Hacienda.

Desde tiempos de Sánchez Negrete que no existía la posibilidad de revisar la ejecución de los recursos del año en curso, por lo que el área que conduce Roberto Borgo dio un paso adelante respecto de la transparencia en la administración al publicar la documentación.

San Pedro aparece todos los años en los últimos puestos del ranking de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiara Pública (Asap), una organización que analiza los índices de transparencia de los recursos públicos.

Los primeros cinco meses de gestión del ejercicio 2024 muestran un delicado equilibrio en las cuentas —La Opinión accedió al resultado financiero al 31 de mayo— sostenido en una premisa básica que el Gobierno tuvo que comenzar a cumplir a rajatablas para evitar un colapso financiero en tiempos de crisis: no se puede gastar en exceso por encima de lo que ingresa, para lo que tomó nota del mantra mileista que repite “no hay plata”.

Así, a pesar de una deuda interna de 400 millones de pesos que se tomaron de fondos afectados para pagar sueldos en enero, el retraso con la cancelación del total de las facturas de Ashira (que en abril se va a $ 157 millones) y el saldo de los aumentos que Provincia otorgó a los médicos, el Municipio surfea sobre la ola de la crisis.

El déficit financiero —recursos percibidos menos devengados— alcanza alrededor del 0,85 por ciento al 31 de mayo. Si bien es una foto del momento previo al pago del medio aguinaldo para entrar en el segundo semestre, ya muestra una diferencia importante respecto a diciembre, cuando el déficit de mil millones de pesos era de casi el 9 por ciento sobre los recursos percibidos. El objetivo para fin de año es bajar esa performance a la mitad.

El problema, acaso, esté a la vista en los propios números. Se los advirtió Borgo a los funcionarios en la reunión de gabinete ampliado en la que compartieron choripanes en la Secretaría de Producción a mediados de mayo: la ejecución de los recursos por área es mínima —con excepción de Salud, Obras Públicas y, en menor medida, Seguridad—, pero el total en pesos ya había superado el 50 por ciento del presupuesto en el primer cuatrimestre.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado por ley para que Provincia inyecte recursos no reintegrables en los distritos permitirá al Gobierno pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma. Lo que sigue, saben en Palacio, está sujeto a muchas variables que involucran, también, asignación de recursos de Nación, pero no sólo: habrá debate por aumento de tasas.

En Economía entienden que la propuesta aprobada en diciembre que dejó abierta la posibilidad para un nuevo incremento de tasas a mitad de año deberá comenzar a debatirse más temprano que tarde, porque el 100 por ciento aprobado, aun si todos los contribuyentes pagaran, queda desfasado con el costo de los servicios, especialmente con el de Coopser —alumbrado público, bombas de agua, edificios municipales— y el de Ashira.

Para adentro, Borgo destaca como logro la disminución de la importante deuda flotante con la que terminó el ejercicio 2023 y la baja deuda generada en lo que va del período. Junto a Silvio Jaime en Compras de Salud, lograron corregir diferencias de precios con proveedores y unificar las compras.

Para lo que resta del año, una vez cruzado el umbral del pago de aguinaldos, saben que deberán enfrentar un nuevo debate salarial con los gremios municipales más lo que Provincia acuerde con los médicos y que la cobrabilidad de recursos propios podría disminuir aún más por el contexto económico, que además atenta contra los recursos coparticipables.

En el Concejo Deliberante, el oficialismo logró aprobar las cuentas 2023 con los votos propios y la abstención de Cappelletti. En la oposición, volvieron a reclamar acceso permanente a Rafam y mayor transparencia. 

Aunque mucho no dijeron sobre las finanzas del año pasado, tienen a disposición la ejecución de recursos y  gastos del primer trimestre para analizar el devenir del ejercicio en curso, cuyo segundo semestre, todo indica, será cuesta arriba para el Estado local.

El jefe comunal, encabezará el acto en el salón dorado y esta vez en su tercer mandato, tras el interinato de su hijo Ramón quien en 2022 y 2023, pronunció su último mensaje en el marco del anuncio de un abanico de obras que estaban en marcha de cara a las elecciones. 

Desde esa fecha y hasta el presente se desprende una agenda cargada de situaciones que complican el panorama económico y financiero que obliga al municipio a recortes que eran impensados. Con o sin sinceramiento de las cuentas, Salazar enfrenta por primera vez el desafío de gobernar con recursos propios y aportes del gobierno de la provincia que también son acotados.

Hace menos de un año tanto Ramón como Cecilio militaban en el mismo frente electoral y ni uno ni otro pensaban en el escenario que se desencadenó para las primarias de agosto, las generales de octubre y el balotaje que finalmente dejó a Unión por la Patria en mayoría.

Durante aquella jornada y con la Concejal Rita Leguizamón como anfitriona, Ramón repasó la repavimentación de ruta 1001; la reactivación de ruta 191 y la inclusión del acceso a Santa Lucía; la señalización del acceso a Gobernador Castro; un plan de pavimentación de 200 cuadras; y la construcción de escuelas y jardines. 

De esa lista, sólo se cumplió con el asfalto de varias cuadras, el resto quedó pendiente y en muchos casos sin perspectivas de retomar porque había financiación del gobierno nacional o porque la provincia ya no tiene los recursos. La única obra ejecutada con fondos de todos los sampedrinos, es la que destinó casi 70 millones de pesos a la Plaza Constitución, que lamentablemente quedó en peores condiciones de las que estaba con problemas de nivelación y anegamientos. Estuvo a cargo de la misma empresa que construyó las 84 viviendas y el dinero era producto del ahorro de los usuarios de Coopser que aportan mes a mes el porcentual que se retiene para el FOPC (Fondo de Obras Públicas Comunitarias).

También hace un año atrás se anunciaba la construcción de una escuela primaria y una secundaria técnica profesional. Para esta última, días antes de las elecciones se le giró el anticipo de los más de 800 millones de pesos a la empresa Indhal. Nunca volvieron a cumplir la tarea. Esa misma firma tiene a su cargo la construcción de un jardín de infantes al que debe mudarse el que funciona en la Escuela Normal.

En el discurso de Ramón, fue motivo de orgullo el sorteo de las 84 viviendas que hoy tienen a maltraer al Ejecutivo. La empresa ALFA las dejó inconclusas y con deficiencias que serán difíciles de subsanar.

Cecilio deberá retomar en materia habitacional otras dos promesas de aquel momento: las 89 viviendas de la Cooperativa Nuestro Sueño y las 25 de Río Tala. Al repasar esa agenda también se advierte el anuncio de la reparación del tanque copa con otra empresa que se fugó y dijo “no nos llegan los caños”, apenas Javier Milei ganó las elecciones.

La memoria de estos últimos 365 días parece afiebrada, pero ese póstumo mensaje también incluyó la inauguración de La Nueva Terminal y el anuncio de una universidad para el viejo edificio que la semana pasada hubo que cercar porque está en manos de los vándalos. 

“Ahora que se concreta el traslado de la terminal, comenzamos gestiones para concretar el sueño de la Universidad en San Pedro”, dijo y agregó: “Sabemos que no es fácil y llevará tiempo, pero tenemos el lugar y la voluntad para hacerlo”. Ramón Salazar 1° de Marzo de 2023.

Cecilio Salazar tendrá que explicar también que sucedió con los más de 600 millones de pesos que quedaron a merced de la inflación en el Puerto, aunque no es dinero de la comuna, las internas dentro del Consorcio de Gestión trabaron casi por un año todo tipo de operatoria y esa partida destinada a la construcción de un muelle hoy no alcanza ni para pavimentarlo. 

Hay algunas obras que podrá destacar: el “parque ambiental” en el Paseo Público lindero a Mansa y el éxito de la moratoria que les permitió sobrellevar algunos meses un poco más aliviados en tiempos en los que el Dr. Fabián Rodríguez era el Secretario de Economía. Las obras en el barrio Los Cazadores, los termotanques para mate que costaron 13 millones de pesos en agosto de 2023, los totems de seguridad que demandaron otros 10 millones y el lanzamiento de la San Pedro 2050.

Sin dudas, el mayor éxito de la gestión sigue pasando por el Hospital Municipal pese a las quejas por los turnos, se ha transformado en el que demanda la mayor cantidad de recursos pero resuelve los problemas de salud de una población que ya no accede a obras sociales y prepagas. La guardia de emergencias sigue siendo el punto más caliente por la atención de politraumatizados en accidentes, hay un tomógrafo por instalar y en los centros de salud se cumple una labor importante de prevención.

“He sido consecuente con mis ideas, me he dedicado a trabajar y no a contestar agresiones”, Ramón Salazar el 1 de Marzo de 2023.

Se espera que el intendente retome una agenda organizada más austera y con conceptos que sirvan para explicar la realidad de varias áreas que dejaron de generar acciones: Producción, Cultura, Turismo y Deportes no sólo carecen del recurso económico sino del criterio y la iniciativa para activar propuestas que le devuelvan a la ciudad algo de dinamismo.

El Tiro Federal, Mansa Lyfe y Pesca y Casting son testigos mudos de la desidia con la que se manejan las áreas que deben velar por los intereses de los sampedrinos. Este año también se perdieron todos los terrenos de la costanera a manos de privados y las usurpaciones crecieron en toda la ribera. El litigio con Arcor también será traumático y allí, las responsabilidades de diluyen en dos décadas de poca visión estratégica y mucha politiquería. 

Los accesos a San Pedro se han constituido en una visión simbólica de lo que cualquier inversor encontrará si busca un lugar donde instalarse o desarrollarse. Los que lo logran lo hacen a fuerza de sus propio talento, casi en secreto para que “no les pidan más nada”, entre ellos los viveristas, los agricultores y los escasos exportadores de productos primarios que quedan.

“No hay plata” es la consigna, pero mucho peor sería escuchar “no hay ideas” que puedan estimular la esperanza de una etapa con menos fotos en redes y más acciones en el territorio.

La Opinión & Sin Galera transmitirán en directo el acto de apertura desde las 11 de la mañana del viernes 1° de marzo de 2024.

El intendente Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante una solicitud de prórroga para la elevación de la Rendición de Cuentas corespondiente al ejercicio económico 2020.

La Ley Orgánica establece que el expediente debe ser girado por el Ejecutivo al 31 de marzo para que los concejales lo analicen.

La emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19 extendió los plazos y el Tribunal de Cuentas informó a los municipios el 9 de abril como fecha límite.

En la solicitud de prórroga, el Gobierno plantea no sólo la concordancia con ese plazo sino que además señala que “diversas áreas de esta administración municipal, entre ellas la Contaduria, han sufrido reducción de su personal”.