El desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala sólo podrá hacerse efectivo una vez que se haya puesto en marcha el protocolo que establece la Corte Suprema para este tipo de casos y que incluye un informe socioambiental de las familias que están en situación de toma.

Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al planteo de la Defensoría Oficial que conduce Joaquín Castro, quien había señalado que en el fallo que ordenaba desalojar el barrio la jueza Maiztegui había omitido cumplir con ese protocolo.

La Cámara advirtió que la magistrada no acató las medidas establecidas por esa normativa, que establece "pautas de actuación destinadas a garantizar el respeto de derechos fundamentales en contextos de especial conflictividad social".

Para ese protocolo es fundamental que ante casos de usurpación masiva de inmuebles haya un relevamiento de la situación socioambiental de los ocupantes e intervención de los organismos estatales competentes, como el Servicio Local de Niñez, puesto que hay una gran cantidad de menores de edad en la toma.

Además, señalaron que en la resolución inicial "no se pondera la existencia de alternativas menos lesivas, como tampoco se efectúa un juicio de proporcionalidad respecto del impacto del desalojo sobre las personas involucradas".

Los jueces consideraron que si bien no se puede permitir la "continuidad de una apropiación irregular", el Estado "debe tener una consideración primordial de los grupos en situación de vulnerabilidad social".

El denominado "protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" rige por mandato de la Corte Suprema bonaerense desde 2019.

Contiene directrices para garantizar la debida intervención ante usurpaciones masivas, que implique la restitución del bien pero también el respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos de los ocupantes.

De la misma manera, busca "reducir el impacto social" que pueda generar el desalojo, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El protocolo indica que antes de ordenar la restitución preventiva del inmueble, debe haber un completo informe de los hechos, con testimonios, croquis de Policía Científica y detalles planimétricos aportados por especialistas.

Además, dispone un "censo, encuesta o informe socioambiental" en el que consten los bienes personales de los ocupantes y la intervención de organismos como el Servicio Local de Niñez, la Subsecretaría Social de Tierras y acceso Justo al Hábitat provincial, la Defensoría del Pueblo, la Asesoría de Incapaces, entre otros.

Todo ello en procura de hallar soluciones alternativas al desalojo, como el retiro voluntario de los ocupantes. Si no ocurriera, a la hora de desalojar deben estar las oficinas municipales como Desarrollo Humano y Servicio Local; la Secretaría de Derechos Humanos provincial; y la Subsecretaría de Acceso Justo al Hábitat.

Como la Cámara de Apelaciones ordenó devolver al Juzgado de Garantías de origen el expediente, será la jueza Maiztegui la que deba poner en marcha todo lo que establece el protocolo, con la notificación correspondiente a cada organismo para que tome intervención.

Así, el desalojo que dictó la Justicia deberá esperar el cumplimiento de todas esas medidas previas para luego sí proceder, si corresponde, a desalojar a quienes el 5 de febrero pasado tomaron las 25 viviendas que la empresa Apco S. A. abandonó a medio construir tras el cambio de gobierno nacional en 2023.

La Justicia hizo lugar al planteo de la defensoría oficial y liberó al detenido en Zárate por el asalto a una familia en Gomendio y San Martín.

Fue tras la rueda de reconocimiento que dispusieron para que las víctimas señalaran si el detenido era uno de los que ese 3 de febrero irrumpió en su casa con fines de robo.

Como en las dos instancias de rueda de reconocimiento no fue reconocido, solicitaron su excarcelación, a lo que el Juzgado de Garantías accedió y el acusado recuperó la libertad este martes.

Había sido detenido en el marco de una serie de allanamientos a los que la investigación llegó tras el secuestro del automóvil Volkswagen Suran con el que los autores del hecho huyeron de la escena.

En su declaración, el ahora liberado dijo que no tenía nada que ver con el robo y que su única relación con los hechos fue haber presentado a dos personas en un camping, quienes luego hicieron trato entre sí por ese auto.

Las dos instancias de rueda de reconocimiento que se llevaron a cabo este lunes para con el detenido en Zárate por el asalto a una familia en Gomendio y San Martín dieron negativo.

La primera tuvo lugar alrededor de las 10.00 de la mañana y la segunda, pasadas las 13.00. En ambos casos, el detenido no fue reconocido por las víctimas como parte del grupo que irrumpió en la vivienda a mano armada.

La defensoría oficial que asiste al detenido solicitó su excarcelación, lo que deberá resolver el Juzgado de Garantías con arreglo a las pruebas que obran en el expediente que tramita en la Fiscalía 11.

En su declaración indagatoria, el detenido dijo que no tenía nada que ver con el robo y que su única vinculación estaba relacionada con que presentó a dos personas en un camping, quienes luego hicieron trato por el automóvil Volkswagen Suran que aparece en la escena del hecho.

Ese coche fue secuestrado en poder de una persona que también fue detenida en su momento en Zárate. Los delincuentes huyeron de la vivienda con diversos elementos que robaron, aunque no pudieron llevarse el auto de la familia, que habían cargado con gran cantidad de objetos, porque no arrancó.

Para proceder al desalojo de la usurpación de las 25 viviendas de Río Tala, la Justicia deberá resolver el recurso de apelación que presentó la Defensoría Oficial a cargo de Joaquín Castro, que consideró que la jueza Maiztegui no respetó el protocolo vigente para este tipo de casos y recurrió la resolución dictada este martes.

El defensor oficial advirtió que antes de ordenar el desalojo debían cumplirse una serie de pasos que están protocolizados por la Corte Suprema de Justicia bonaerense para situaciones en las que deben abordarse tomas masivas de terrenos o viviendas.

Esa medidas fueron dispuestas en su momento para “reducir el impacto social” que generan los desalojos ante la presencia de “grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, por lo que Defensoría consideró que no se tuvo en cuenta ese protocolo y se dictó una orden arbitraria y contraria a derecho.

El defensor se apoyó en el único informe que existe en la causa, que no es otra cosa que el relevamiento que hizo la policía del Destacamento de Río Tala cuando al otro día de la toma pudo identificar a quienes estaban en el lugar.

Ese relevamiento dejó asentado que en las 25 viviendas, las personas en situación de toma son en su mayoría mujeres y niños, ambos grupos que deben ser especialmente protegidos.

Además, Castro cuestionó la intervención de Fiscalía —primero actuó Ramos, por turno; luego la causa pasó a Viviani, por tema— por no haber dispuesto una serie de medidas de prueba que ordena ese protocolo de actuación en estos casos antes de solicitar el desalojo.

Entre ellas, declaraciones testimoniales, croquis de Policía Científica, censo por parte de personal especializado, como trabajadores sociales, que no sólo individualice a los ocupantes sino que además establezca la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

También consideró que deberían haber intervenido agentes de organismos como la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat, que es provincial, y personal de Desarrollo Humano municipal así como del Servicio Local de Niñez.

“La toma de medidas de manera intempestiva,  desordenada y sin una planificación previa puede generar violaciones a los derechos humanos que generen responsabilidad estatal”, advirtió la Defensoría Oficial en la apelación.

Además, señaló que el Estado “tiene el deber de garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la población, entre los que se encuentra, por supuesto, el derecho a una vivienda digna” y que en esta caso hay “criminalización de la pobreza”. 

En ese sentido, señaló que la Municipalidad, como denunciante, “tiene la posibilidad de demandar en sede civil  sin necesidad de criminalizar el problema”, es decir de considerar delincuentes a las personas que ocuparon de manera irregular las viviendas que abandonó la empresa Apco S. A.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver lel recurso presentado por la Defensoría Oficial, lo que detiene por lo pronto la decisión inicial de desalojo. Si prospera el planteo, la situación será más compleja para el Municipio respecto del reclamo de restitución del inmueble.

Este miércoles al mediodía, en San Nicolás, prestó juramento ante los camaristas penales el nuevo juez del Tribunal en lo Criminal n.° 2, Alejandro Ares.

Así, el ex defensor oficial titular de la Defensoría n.° 1 de San Pedro asumió formalmente para el cargo para el que concursó y fue designado.

El Senado bonaerense había aprobado su pliego en junio pasado y luego el gobernador Axel Kicillof lo refrendó vía decreto.

Ares iba a jurar como juez del Tribunal cuando Sandra Bicetti hizo lo propio como titular de la Fiscalía General tras ocupar varios años el cargo de manera interina, pero una demora relacionada con su declaración jurada lo impidió.

Salvados los inconvenientes, desde ahora el exdefensor integra el TOC 2 junto a los jueces Alejandro López y María Elena Baquedano, por lo que se completa la terna.

La Defensoría Oficial n.° 1 de San Pedro quedó vacante y, hasta que se designe el reemplazo de Ares, las causas serán subsumidas por el titular de la 2, Joaquín Castro.

El abogado sampedrino Lucas Bruzzesi, funcionario de la Defensoría Oficial, es el mejor ubicado de todo el Departamento Judicial San Nicolás en el concurso para cubrir el cargo de juez en lo Correccional.

Bruzzesi, de 33 años, se graduó en la Universidad Nacional de Rosario, donde además se especializó en Derecho Penal. En la actualidad es auxiliar letrado en la Unidad Funcional de la Defensa N° 2 de San Pedro que conduce Joaquín Castro.

El sampedrino se ubicó segundo en el orden de mérito provisorio aprobado por el Consejo de la Magistratura bonaerense, detrás de Juan Manuel Frausini, que estuvo en la Cámara de Apelaciones de San Isidro y ahora ocupa un cargo en la provincia de Santa Fe.

Los ocho artículos especializados publicados y su paso como docente en el Instituto Universitario de la Policía Federal y en la Juan Vucetich de la Bonaerense le permitieron sumar puntos, además de haber obtenido 95/100 en el examen, de acuerdo a la publicación oficial de la orden de mérito.

Único sampedrino y mejor ubicado en la jurisdicción, Bruzzesi tiene muchas posibilidades de convertirse en juez para ocupar el cargo vacante en el Juzgado en lo Correccional N° 1 de San Nicolás, que por lo pronto subroga Sebastián Zubirí, titular del N° 2.

La última representante local como titular de un Juzgado del Departamento Judicial de San Nicolás fue la jueza de Familia Regina Cucit, ya jubilada.

Ahora resta la conformación de la terna, que es elevada al gobernador para las designaciones, que luego debe validar el Senado provincial, tras pasar por el visto bueno de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Renunció el titular de la Defensoría Oficial Descentralizada Nº 2, Pablo Andrés Vacani. Tras más de 10 años en el Departamento Judicial de San Nicolás, el reconocido defensor oficial concursó en la Justicia Federal de Santa Fe, por lo que dejó su cargo en el Ministerio Público bonaerense.

Vacani, que el 28 de febrero cumplirá 45 años, ingresó en la Defensoría General de San Martín a los 23. Un año más tarde se graduó como abogado y se desempeñó como auxiliar letrado primero y como secretario después en ese departamento judicial, hasta que en septiembre de 2012 asumió en el mismo cargo en la Defensoría General y luego fue designado en San Pedro.

Con la defensoría 2 sin titular, para subrogar los expedientes que se generen para esa dependencia fue asignado el titular de la Defensoría 3 de San Nicolás, Joaquín Castro, nicoleño que reside en San Pedro y que antes de recalar en esa dependencia fue segundo de Alejandro Ares en la UFD 1.

Vacani tuvo participación en casos muy importantes en los que su labor, de reconocida profundida teórica, permitió poner en duda investigaciones penales en las que a priori parecía haber elementos probatorios relevantes para condenar a los acusados y cuya tarea permitió desmontar lo que en varias ocasiones entendió como “pruebas plantadas” en el expediente.

Uno de ellos fue el homidicio de Gabriel Reyna. Fue el primer juicio por jurados para un caso local. El policía fue asesinado el 26 de noviembre de 2013 cuando dos delincuentes entraron a robar a la joyería Taibo, en pleno centro. Vacani demostró que se fraguaron pruebas para inculpar a los acusados, que sólo recibieron condena por el robo, pero no por el crimen.

A Vacani no le cerraba la trayectoria de la bala y pidió nuevas pericias. En el expediente obraba un proyectil calibre 22 como el que causó la muerte del agente. La nueva pericia demostró que el orificio era compatible con un alto calibre, presumiblemente una 9 mm.

Pablo Vacani es un funcionario judicial de reconocida carrera académica, más allá de su rol como defensor. Es docente, autor de artículos académicos publicados en prestigiosas revistas penales y su tesis de doctorado se convirtió en libro.

Se doctoró en Derecho Penal y Criminología con una tesis titulada La medida cualitativa del tiempo de prisión preventiva cuantificable a la pena. Una comprensión temporal del trato arbitrario en prisión, en 2013. Integró diversos equipos de investigación dirigidos por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni y por el también reconocido especialista Leonardo Pitlevnik.

En esos equipos compartió tarea de investigación académica con la titular de la Defensoría 6 de San Nicolás, Celina Berterame, con quien en pandemia —y junto al propio Castro, la secretaria y el auxiliar de Ejecución Penal, Florencia Barrera y Patricio Porta— firmó un hábeas corpus para proponer el uso de celulares dentro la Unidad Penal 3 al considera que la comunicación con familiares debe ser parte de las condiciones dignas de detención.