La directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Sabrina Utreras Montes, confirmó que el Municipio logró el embargo de una cuenta de la empresa Open Sports como consecuencia del incumplimiento de una resolución dictada en un expediente iniciado por una consumidora de San Pedro.

El reclamo se originó en julio de 2023, cuando una vecina compró un par de zapatillas por $ 33.999 para regalar. Antes de concretar la compra consultó si podrían cambiarse en caso de que el talle no fuera el correcto y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, cuando regresó al local para realizar el cambio, le informaron que el calzado había sido usado y rechazaron el pedido.

Ante esa situación, la consumidora recurrió a la OMIC, que inició el procedimiento previsto por la Ley de Defensa del Consumidor. Según explicó Utreras Montes, la empresa fue notificada en cuatro oportunidades mediante carta documento: primero para participar de una instancia conciliatoria, luego mediante una segunda intimación y, finalmente, durante el procedimiento sancionatorio. En ninguna de esas instancias presentó respuesta alguna.

Concluido el trámite administrativo, el Juzgado Municipal de Faltas impuso a la firma una multa de $ 10 millones, equivalente a 30 salarios mínimos vigentes al momento de la resolución, además de ordenar el pago de $ 400.000 en concepto de daño directo para la denunciante, monto que representaba el valor actualizado del mismo modelo de zapatillas.

Como la empresa tampoco abonó la multa, el Municipio inició su ejecución por vía de apremio a través de la Asesoría Letrada. Ese proceso derivó en el embargo de una de las cuentas bancarias de la firma, medida que se conoció en las últimas horas.

Durante la entrevista en el programa Sin Galera, Utreras Montes destacó que el caso constituye un ejemplo. Resaltó la importancia de sostener los reclamos hasta el final, que en definitiva es un consejo reiterado que se señala a todo cliente disconforme por una compra en comercios.

También remarcó que muchas veces las empresas no responden las notificaciones administrativas y recién toman dimensión del conflicto cuando se inicia la ejecución judicial.

La funcionaria recordó, además, que la resolución administrativa podía ser cuestionada únicamente mediante una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa, pero la empresa nunca utilizó esa vía, dejando firme la sanción impuesta por el Juzgado de Faltas.

El caso de una vecina que recibió una intimación por parte de Coopser para pagar 300 mil pesos, acusada de tener el "medidor tocado" para eludir el registro real del consumo, llegó a Defensa del Consumidor.

La usuaria fue a la oficina municipal, donde tomaron intervención y remitieron una nota a la cooperativa para que brinde información detallada sobre el tema y "se abstenga de cortar el suministro" de energía en el domicilio en cuestión.

La cooperativa envió una carta documento a la vecina, en la que la intiman a pagar 300 mil pesos por "consumos no registrados, multas, gastos operativos y administrativos, intereses y contribuciones previstas".

En esa misiva le informan que el 30 de enero fue personal de la empresa Roma, contratada por Coopser para el control de los medidores, y detectó un "fraude" relacionado con la existencia de un “puente en la bornea del medidor”, que permite eludir el registro del consumo real de energía.

La oficina de Defensa del Consumidor pidió a la cooperativa que remita "la totalidad de la documentación vinculada al supuesto fraude", puesto que en la carta documento "únicamente se le indicó que debería abonar" los 300 mil pesos.

La Omic indicó que Coopser omitió brindarle "información clara, cierta, detallada y suficiente", como indica la ley que protege los derechos de los consumidores.

En el transcurso de la semana, vecinos alertaron la presencia de promotores recorriendo distintos barrios y ofreciendo servicios de seguro de salud y sepelio a "bajo costo".

Los ciudadanos manifestaron su preocupación, ya que temen ser víctimas de actividades fraudulentas que deriven en descuentos en sus haberes o en la sustracción de datos personales. 

La Opinión dialogó con uno de los asesores que recorrió nuestra ciudad y constató que ofrecen "paquetes" que incluyen consultas "odontológicas", entre otros servicios.

El único requisito para adquirir la prestación es poseer un "recibo de sueldo" o el "comprobante de cobro de la jubilación o pensión".

Los vendedores sostienen que pertenecen a una empresa denominada América Servicios, la cual aseguran que tiene "un convenio con Sancor Seguros".

La cuota es mensual y los asesores aseguran que "la única forma de cobro es mediante débito automático". Por su parte, los vecinos afirman que el costo ronda los "37.100 pesos".

Tras ser consultada por La Opinión, la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Sabrina Utreras Montes explicó que, en este tipo de casos, lo recomendable es “no brindar ningún tipo de dato, ni siquiera el número de documento”. 

“Mi recomendación es que no firmen nada. Ni mucho menos que entreguen recibos de sueldo o de percepción de haberes”, indicó la abogada. 

“Por más que la documentación que te muestren tenga toda la apariencia de ser legal, no siempre lo es”, concluyó Utreras Montes. 

Una vez más, vecinos advirtieron por la presencia de vendedores de una presunta rifa del Hospital San Juan de Dios de La Plata, institución que todos los años tiene que salir a aclarar que no tiene promotores de venta en ningún punto de la provincia.

Los vendedores ofrecen la rifa, entregan un folleto y hacen firmar una conformidad a quien accede para que le descuenten 11 cuotas de 13 mil pesos, tal el valor de la "rifa", vía débito automático.

Como cada vez que aparecen, apuntan a un público con capacidad de pago y que tenga cuenta en el banco como para hacer efectivo el débito automático, sobre todo trabajadores municipales, docentes y otros empleados públicos o en relación de dependencia registrados.

Los promotores, que todo indica llevan adelante una maniobra engañosa en nombre de la prestigiosa institución platense, les dicen a los eventuales clientes que tienen "un convenio con el banco Provincia" para los descuentos vía débito automático.

Entregan un folleto que tiene un listado de premios y los logos del Hospital San Juan de Dios, que no tiene en sus redes sociales ni en su página web alusión alguna a una rifa en marcha. Por el contrario, aparecen publicaciones de otros años desmintiendo que tengan relación con ellos.

En la Oficina de Defensa del Consumidor hubo quienes llegaron para denunciar la situación al percatarse de la posibilidad de que hayan sido engañados respecto de la presunta rifa.

El vínculo entre las finanzas y la informática es un fenómeno que repercute significativamente en la Oficina de Defensa al Consumidor de nuestra ciudad.

Sabrina Utrera Montes, responsable de esta oficina, enfrenta a diario casos dentro de este amplio espectro, en los que los usuarios de redes sociales o teléfonos celulares están cada vez más expuestos a prácticas que requieren una atención rigurosa.

Las nuevas tecnologías han transformado la gestión de las finanzas personales, facilitando el acceso a información y servicios, pero también generando nuevos riesgos.

Desde hace tiempo se aconseja a los consumidores estar alerta ante posibles fraudes, que demandan intervenciones inmediatas de esta oficina.

La tarea desempeñada por Utrera Montes y su equipo es intensa, ya que deben ofrecer soluciones adecuadas dentro del marco normativo que les compete. A medida que surgen nuevas herramientas digitales y plataformas financieras, Defensa del Consumidor se mantiene informada para asesorar y proteger los derechos de los consumidores.

La situación con las entidades financieras, las billeteras virtuales, los problemas con tarjetas de crédito, los créditos, las refinanciaciones con tasas abusivas, el pago con Código QR y las denuncias por phishing constituyen algunos temas de una problemática que cada vez va en aumento.

“Existen diferentes casos, muchos relacionados con el pago de las billeteras virtuales. Una marca líder encabeza el listado de los reclamos”, contó a La Opinión la titular del organismo.

“También recibimos cuestionamientos sobre movimientos de dinero que en algunos casos no fueron realizados por el titular de la cuenta, así como deudas que las entidades crediticias transfieren a fideicomisos, lo que nos obliga a actuar como mediadores para su refinanciación”, añadió Utrera Montes.

Al respecto, destacó su sorpresa ante el grado de endeudamiento de la gente, cuyos valores superan ampliamente sus ingresos, y, al ser intimados, los intereses comienzan a tener un rol importante. “Sin embargo, se da una tendencia a alcanzar acuerdos sensatos, donde esos intereses terminan siendo razonables”, señaló.

En cuanto a los ciberataques, mencionó los casos de “phishing”, donde se utilizan correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos para engañar a las personas y obtener datos confidenciales, descargar malware o exponerlas a ciberdelitos en expansión.

Incluso ocurren situaciones inesperadas, como personas que creen realizar una compra o venta en redes sociales cuando, en realidad, están interactuando con delincuentes que operan desde cárceles solicitando datos de cuentas personales o interviniendo en llamadas a empresas con fines similares: acceder a cuentas bancarias para vaciarlas de fondos.

Estas estafas también se realizan a través de WhatsApp, con mensajes falsos de instituciones como CoopSer o el Centro de Comercio.

Las problemáticas son diversas y, en muchos casos, han causado daños significativos.

Numerosos casos documentados muestran las consecuencias graves de estas prácticas, lo que obliga a la comunidad a estar alerta, ya que la delincuencia sigue al acecho.

El gobierno de la provinica de Buenos Aires sólo había tomado medidas de índole administativa por las actividades que Worldcoin desarrolla en su territorio. En principio hubo clausura de locales por no contar con habilitación para el desarrollo de una actividad no descripta en la legislación actual y en otros casos porque se registró presencia de menores en las ciudades en las que los coordinarores convocaban a los voluntarios. 

Como se sabe, la organización trabaja con personas que voluntariamente se someten a un escaneo de iris a cambio de un pago en criptomonedas que se acreditan en una aplicación de sus priopios celulares. La asistencia creció a punto tal que desde San Pedro, por ejemplo, durante varias semanas salían micros completos con destino al gran Buenos Aires. 

Las cláusulas se encuentran en infracción del artículo 4° y 37 de la Ley N° 24.240, Resolución N° 53/2003 de la ex Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor, Resolución N° 994/2021 de la ex SCI de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Ahora en consonancia con las herramientas que impone la normativa para la defensa de los consumodores, el gobierno encontró el modo de considerar como engañosos los contratos que celebra con sus clientes y además intenta evitar la llegada a menores a conductas que puedan estar ligadas con la especulación o la ludopatía. 

La sanción de una penalidad de 194 millones de pesos fue establecida sobre la base de que también se trata de una actividad que no cuenta con reglamentación ni antecedentes en el marco de las “tecnologías emergentes” y allí hay un verdadero vacío legal que llegará a los tribunales. 

“La empresa no solicitaba acreditación de identidad ni exhibía señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años”, dijeron desde el MInisterio de Producción tras las investigación iniciada por el uso de la aplicación World App.

El gobierno quiere ahora sancionar normas que prevengan y contemplen de qué modo las cuentas de aplicaciones con criptomonedas operan en base a la identificación personal porque es allí donde residen las causas por las que tras revisar la situación contractual con los voluntarios, se observan términos engañosos.

Las autoridades provinciales argumentan que la práctica de escanear los ojos de las personas sin un marco regulatorio claro pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos. En otras provincias existen algunos antecedentes pero la práctica se extiende porque cada voluntario que accede puede ganar en un día más de 40 mil pesos a los que le sumará los depósitos mensuales que Worldcoin les ofrece.

La oficina municipal de Defensa del Consumidor (Omic) informó que sus actuaciones de oficio ante la aparición de servicios no contratados en las facturas de Gigared dieron resultado y la empresa deberá darlos de baja.

La Omic informó que la compañía discontinuará "automáticamente los servicios adicionales de telemedicina y seguro de sepelio incluidos en la facturación de julio y agosto, aunque bonificados, sin necesidad de que ningún cliente deba realizar gestión o trámite alguno".

El organismo municipal que conduce Sabrina Utreras Montes había intimado a la empresa tras la aparición compulsiva de esos servicios, que sorprendieron a los clientes.

Los servicios eran "bonificados", es decir "sin cargo", pero durante dos meses. Luego, a partir de la facturación de septiembre, comenzarían a cobrarlos a todos aquellos que no los dieran de baja.

La actuación de Defensa del Consumidor permite que en San Pedro los usuarios que no hayan aceptado contratar ese servicio no deban pagar por no haberse dado de baja de algo que nunca solicitaron.

"En caso de que algún cliente no vea reflejada la cancelación de estos servicios en su factura del mes de septiembre, podrá dirigirse a realizar el reclamo directamente ante la empresa y/o ante sus oficinas", informaron desde la Omic.

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La Oficina de Defensa del Consumidor intervino de oficio ante la aparición de servicios "bonificados" y "sin cargo" en la empresa Gigared, tras lo que aparecieron más usuarios que reclamaron y situaciones similares con otras empresas.

La titular del organismo, Sabrina Utreras Montes, confirmó a La Opinión que notificaron personalmente a la empresa en sus oficinas de San Pedro, donde se reunieron con el gerente operativo y la encargada local.

El expediente fue conformado tras la aparición de reclamos de usuarios que observaron en sus facturas que les habían "bonificado" servicios de telemedicina y de sepelio "sin cargo" por dos meses. Al tercer mes, si no se daban de baja, les empezaban a cobrar.

Todo indica que esta situación se dio en todos los distritos donde opera Gigared, por lo que en cada Municipio las oficinas de Defensa del Consumidor podrán intervenir para evitar el cobro compulsivo a usuarios que nunca solicitaron esos servicios.

Además, la Omic San Pedro tiene reclamos similares contra las empresas Personal Flow y Claro, puesto que hay usuarios a los que les "enchufaron" el servicio de streaming de Disney+ sin haberlo pedido, también con bonificación que luego se pierde y hay que empezar a pagar.

Hay casos en los que desde las compañías aseguran que los usuarios contrataron los servicios vía web y que los clientes desmienten. En algunos de ellos, las presuntas contrataciones aparecen como suscriptas en horarios insólitos.

La aparición de servicios no contratados en las facturas que los usuarios de la empresa Gigared recibieron en el último mes provocó alerta porque si bien son "sin cargo", obligan a ser cancelados porque si no comenzarán a cobrarlos dentro de dos meses.

La Oficina de Defensa del Consumidor confirmó a La Opinión que prepara una intimación a la empresa y solicitará la cancelación inmediata de esos servicios compulsivos y que se informe debidamente sobre la situación.

Los usuarios se sorprendieron al ver en sus facturas que la empresa Gigared, además de facturarles por los servicios de TV, Internet y Telefonía que presta, sumó seguros de sepelio y servicios de telemedicina —dos consultas virtuales con un médico al mes— sin que los hayan contratado.

La empresa informa que esos nuevos servicios son "bonificados" y "sin cargo". De hecho, en las facturas aparecen con un monto que se descuenta del total a pagar. Pero hay trampa.

“El servicio de telemedicina y seguro de sepelio será sin cargo durante julio/2024 y agosto/2024. A partir del 1 de septiembre tendrá un costo de $ 2.499”, dicen las factuas.

Pero además agregan: “En caso de no querer continuar con estos servicios, el cliente deberá comunicarlo a Gigared antes del 20 de agosto de 2024”.

Así, la empresa impone compulsivamente un servicio que nadie le contrató ni le pidió, sea bonificado o no, y, lo que es peor, obliga al usuario a tener que darse de baja de algo que no solicitó porque, si no, comenzarán a cobrárselo.

Los clientes recibieron e-mails en los que se informaba sobre la existencia de estos servicios, pero no indicaban un ofrecimiento con posibilidad de contratar sino apenas a título informativo.

Si el cliente no aceptó tras el detalle del servicio, no corresponde que se los cargue en la factura de manera inconsulta y mucho menos que esté obligado a darse de baja, explicaron desde Defensa del Consumidor.

“Antes teníamos muchas de alarmas de seguridad de una empresa que no tenían oficina en San Pedro, con las de Direct TV también pasaba”, dijo la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor cuando fue consultada sobre los trámites más frecuentes.

Más allá de los clásicos, darse de baja de un servicio los lleva muchas veces a disponer el recurso humano en “centro de atención al cliente”, algo que se ahorran las empresas que tienen la obligación de facilitar la voluntad del consumidor de dejar de pagar porque ya no quiere ese servicio.

Sucede que en Argentina, desde 2020 el botón para proceder a dar de baja un contrato con cualquier prestador debe estar a la vista y arrojar un resultado seguro, por ejemolo “un libre deuda” que deje tranquilo a usuario con que en el futuro no le quedará un saldo pendiente que lo perjudique o se incremente. 

Uno de los clásicos es el saldo en la cuenta bancaria que si no se presta atención al momento en que se deja de ser cliente deL banco puede generar alguna deuda que tarde o temprano terminará en las compañías que se dedican a informes y calificaciones financieras. Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito.

Desde 2020, la Resolución 271/2020 de la Secretaría de Comercio de la Nación exige que las empresas que prestan servicios contratados online, como seguros, telecomunicaciones, membresías y otras incluyan un "botón de baja" visible y de fácil acceso en su página web principal.

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el “botón de baja” que el “botón de arrepentimiento”. Este último deben ofrecerlo quienes hacen ventas on line a sus clientes.

“El botón de arrepentimiento no igual al botón de baja, porque te permite utilizarlo cuando vos te arrepentís de una compra o de la contratación de un servicio”, explicó Utreras Montes.

“Entonces tiene que existir ese botón de arrepentimiento para que permita revocar esa compra o esa contratación de ese servicio, siempre y cuando obviamente lo estés contratando a distancia. Si vos vas y comprás algo presencialmente, ahí ya no te puedés arrepentir", agregó.

En cuanto a los seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó en 2021 la obligatoriedad del "botón de baja" para seguros contratados online o telefónicamente.

Los trámites que encabezan el ranking de la oficina local de Defensa del Consumidor son los planes de ahorro para la compra de un automotor, pero no faltan las personas que se acercan con estafas virtuales, compras por las que nadie responde y análisis de intereses que aplican a los deudores.

“En miuchos casos armamos el expediente, eso genera costos y alguna vez incluso con una resolución favorable o un ofrecimiento de devolución de dinero, la gente no vuelve”, apuntó la titular de la OMIC respecto de personas que a veces se presentan muy enojadas y una vez que se sienten aliviadas no vuelven aunque se las llame con una buena noticia.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor interviene ante casos de sampedrinos que firmaron contrato con una empresa que les vendió un plan de ahorro “para una vivienda” o su equivalente en pesos, pero desapareció de San Pedro.

Las oficinas de la firma Plan Zero S. A., que estaban ubicadas en 25 de Mayo 554, están cerradas, en los teléfonos que figuraban no atiende nadie, la página web de la empresa está caída y sus redes sociales no se actualizan hace un año y medio.

La casa central, que estaría en Godoy Cruz, Mendoza, tampoco aparece operativa y el 0800 que figura en los contratos "no corresponde a un abonado en servicio". En esa provincia, figura una concesionaria de motos, pero tampoco presenta actividad en el último año.

Patricia José es una de las que firmó contrato. Fue en octubre de 2020. Dijo que tenía que pagar “21 cuotas de 3580 pesos” en un Rapipago. Cada mes hacía efectivo el depósito y esperaba novedades del sorteo.

Su plan de ahorro implicaba la posibilidad de acceder a una “vivienda prefabricada”, "la más chica", contó. Si salía sorteada, dejaba de pagar. Como no tuvo esa suerte, llegó al final del plan sin salir sorteada. Una vez que terminó de pagar las 21 cuotas, tenía que esperar 18 meses más, sin abonar, que el azar la beneficiara.

Nunca ocurrió. Lo que seguía era que, pasados los 39 meses desde que firmó el contrato, entendió, accedería a un millón de pesos, por lo que decía su contrato: vivienda o el dinero capitalizado. Cuando se cumplió el plazo, empezó el drama.

"La oficina desapareció, las personas desaparecieron. Conseguí un número y el que me atendió me dijo que no trabajaba más, me dio otro número y ese también me dijo que no trabajaba más, pero que me iba a averiguar", contó Patricia a La Opinión.

El último con el que se comunicó le dijo que sólo podían devolverle 30 mil pesos, que no le correspondía más que eso. "Le dije que me diera los 30 mil, me dijo que marzo, que abril y no me contestó más las llamadas", relató.

Hasta ahora, Patricia no sabe si hay otras personas con la misma problemática que ella, que iba a llevar el caso a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde La Opinión consultó para confirmar que en efecto hay expedientes iniciados por la misma modalidad.

Esa dependencia municipal intentó notificar a la empresa, pero se encontró con el problema de que ya no hay oficinas. Tras obtener un domicilio particular, tampoco logró hallar a alguien cada vez que el oficial notificador se presentó.

"Yo me enganché como una cosa de ahorro, pero pasó el tiempo y nada. Yo tengo todo, el contrato, los comprobantes de pago en Rapipago, todos los tickets que pagué todos los meses", dijo Patricia. En marzo fue la última vez que mantuvo comunicación con el promotor. Desde entonces, no se sabe nada.

En 2021, una denuncia similar radicada en la Justicia para que se investigue el presunto delito de estafa provocó que un referente local de la empresa se presentara en La Opinión para informar cómo funcionaban los contratos que firmaban.

Ese promotor, Rafael González Ferro, es uno de los que le dijo a Patricia que ya no tiene relación alguna con Plan Zero, puesto que dejó de trabajar para la compañía.

En agosto de 2021 accedió a una entrevista en vivo tras la denuncia penal de una clienta. Dijo que tenían "diferentes tipos de planes" y que asesoraban "a domicilio" para "despejar todo tipo de dudas".

"No es que se entrega el lote o la vivienda, lo que se sortea es un valor nominal, en este caso un monto de un millón de pesos, que si bien no le alcanza es un gran apoyo", reconoció el promotor en ese momento.

"Si sale sorteado el número del cliente, por Lotería Nacional, se le entrega el dinero y automáticamente no paga más", informó ese día. "Todo esto se aclara muy bien y hay tres clientes de San Pedro que salieron adjudicados", aseguró.

En ese momento explicó que el plan era de "280 cuotas" y que "en la cuota 18 el cliente puede dar de baja el plan y la empresa le reconoce el 72 por ciento del ahorro". Indicó que "lo peor que puede pasar es que se generó un ahorro" y ejemplificó: "Es como el que juega a la quiniela, si no se la saca estamos en la misma. De esta manera al menos se recupera algo".

"Es una manera de hacer un ahorro, y si tenés suerte de salir adjudicado, te hacés de un millón de pesos", señaló. "Somos gente de acá, ante un inconveniente respondemos", aseguró en ese momento el promotor. "En la hoja que se le entrega al cliente se aclara todo, en ningún momento se dice que se va a entregar un inmueble", explicó.

En ese momento eran seis empleados y estaban buscando más porque, aseguraban, estaban en proceso de crecimiento. "Pueden llamarlo publicidad engañosa, pero al cliente se le explica todo", dijo ese día el promotor sobre las publicidades en Facebook. Para explicar lo que vendía puso de ejemplo el de otras empresas reconocidas que venden planes de ahorro.

“¿Se denuncia o no el aumento excesivo?”, esa fue la pregunta que disparó los principales consejos de la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

Si bien hay libertad de precios y no todo se puede denunciar, la abogada Sabrina Utreras Montes dijo que el mejor resguardo en esos casos es el “derecho a la información” que tiene todo consumidor. Es decir que existe la obligación de exhibir o publicar claramente los precios. “Lo ideal seria que ese consumidor le pueda sacar una foto a la cenefa que está en la góndola y tenga ticket”, con esos dos elementos se puede demostrar si hay diferencia entre lo que uno elige y lo que luego se cobra. En los últimos meses, los carteles de precios han desaparecido. 

Desde hace semanas hay grupos de whapp que se defienden compartiendo ofertas, alertas y combos de alimentos a los que ahora sumaron los útiles escolares.

En ese sentido recordó los programas de precios que ya no están vigentes y señaló que durante la pandemia había una aplicación para celulares que permitía la denuncia directa. Esa función ya no está disponible. La Opinión releva la canasta local durante todo el año y conviene recordar la gran disparada de precios de Agosto de 2023.

Cuando fue consultada por los productos que se venden al borde de su fecha de vencimiento, la abogada indicó que en esos casos el consumidor debe estar atento porque “Hasta el último día tienen derecho”. En caso que el producto esté ya vencido “deben denunciar a Bromatología" y tomar número de lote, data fiscal del comercio y ticket de compra.

También fue tema de consulta lo que sucede con los alimentos que ahora exhiben una leyenda que dicen “a base” de café, leche o queso, entre otros. En ese caso también recomienda una acción más atenta por parte de quienes a la hora de buscar un producto no leen bien sobre su composición.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor atiende de lunes a viernes de 8 a 14 en Mitre 2609. Su teléfono es el 03329 424039.

Noemí es una sampedrina de bien como la gran parte de la sociedad; cansada por la inconstancia en los precios grabó un video expresando su disconformidad y alentando a la gente para que no se deje llevar por delante y para que defiendan sus derechos como consumidores.

La mujer expresó una situación que se vive a diario: recorres dos negocios y te encontrás con precios distintos. "Te cobran lo que se les da la gana", explicó Noemí que además agregó que cobrar de manera desmedida no tiene sentido, ya que, la "gente" que más "consume" es la de "barrio".

"No se dejen robar. Yo no me quejo por pagar lo que corresponde sino porque se abusan y cobran lo que quieren", concluyó la vecina.  

La titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Sabrina Utreras Montes compartió una lista con concejos y precauciones que es recomendable saber y tener en cuenta a la hora de brindar datos personales, identificaciones o efectuar trámites en redes sociales y plataformas digitales. 

Los tips que difundió la OMIC son los siguientes: 

Finalmente, recordaron tomarse un minuto para pensar antes de actuar debido a que los delincuentes que se encargan de hacer estafas cibernéticas siempre apelan a las emociones y descuidos de las víctimas.

En caso de precisar mayor información sobre el tema, acercarse a las oficinas de la OMIC en Mitre 2069 de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 o comunicarse por WhatsApp al 3329 477998, por teléfono al 424-039 o por correo: defensaconsumidor@sanpedro.gob.ar

La semana pasada, la Oficina de Defensa del Consumidor (OMIC) presentó inconvenientes técnicos en la línea telefónica que les impidió recibir llamadas. Este lunes informaron que los problemas fueron resueltos y ya se encuentran operando con normalidad.

Para cualquier consulta o reclamo comunicarse al 3329 424039, acercarse a las oficinas ubicadas en Mitre 2609 de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 o enviar un correo electrónico al defensaconsumidor@sanpedro.ar 

Del 3 al 5 de noviembre tiene lugar el Cyber Monday 2020, uno de los eventos de ofertas online más importantes del año, y en ese marco la Oficina de Defensa al Consumidor que tiene a su cargo Sabrina Utreras Montes brindó algunas recomendaciones a la hora de comprar.

“Registrate en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra, y por seguridad, accede a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial de CyberMonday. Además, verificá con anterioridad el límite de tu tarjeta”, indicaron.

Además, recomendaron analizar las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios.

“Si querés comprar indumentaria y calzado tene en cuenta: usar filtros de talle,color y estilo. Hace uso de la sugerencia de calce y horma. Chequeá con detenimiento los talles y tené a mano un centímetro para poder tomarte las medidas y asegurarte que el talle sea el indicado”, detallaron en ese sentido.

El seguimiento del pedido con el código que la empresa proporciona también es sumamente importante. En caso de algún inconveniente, comunicate directamente con la empresa para que te ayuden a resolverlo.

Entre los datos importantes para saber antes de comprar, está el Artículo 11 de la Ley 24240: los productos usados tienen 3 meses de garantía legal y los nuevos, 6 meses. Si te arrepentís de comprar, una vez recibido el producto tenés 10 días corridos para la devolución del mismo sin costo alguno.

“Aboná tu compra siempre en la plataforma o página web del vendedor/proveedor del producto. No brindes datos personales que no sean necesarios para la transacción comercial. Si intentan sacarte del plataforma del proveedor para realizar la compra o te ofrecen canales alternativas, no hagas la compra. Verificá la autenticidad del publicante de la oferta en la página web oficial de CYBER MONDAY”, aclararon además desde la oficina que conduce Utreras Montes.

Si tenés dudas o consultas, antes de comprar o incluso después de la compra, podés comunicarte con la Oficina de Defensa del Consumidor al (03329) 424039, de 09.00 a 14.00 de lunes a viernes, a través de su página de Facebook o vía mail: defensaconsumidor@sanpedro.gob.ar