El incumplimiento de una empresa dedicada a la venta de planes de ahorro para automóviles le significó el pago de una multa de casi 12 millones de pesos para el Municipio y otros 6 millones de resarcimiento a la persona que lo adquirió.

En 2022 una mujer se presentó en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC) para describir lo que venía atravesando con Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados. 

Después de haber cumplido con el pago de 84 cuotas, en aquel momento no pudo hacerse del vehículo que debieron entregar hasta los 75 días posteriores al pago de la última cuota.

En la OMIC iniciaron un expediente y, tras los reclamos correspondiente, el automóvil fue entregado después de 617 días, casi 20 meses.

Sabrina Utreras Montes, titular de la OMIC, contó en Sin Galera que “no fue fácil la gestión, pese a que la empresa respondió y justificó la demora por el cese de las importaciones en momentos de la pandemia por el Covid-19”.

Su oficina, como detalló, se ocupó de la etapa conciliatoria, en procura de "llegar a un acuerdo a través de audiencias” para después dar lugar a la instancia sancionatoria, que estuvo a cargo del Juzgado de Faltas Municipal y ocurrió en los últimos días.

“Desde que pido la unidad, la sociedad administradora tiene 75 días, o 135 si hubo un cambio de modelo en el medio, para la entrega. A partir de ese plazo corre la multa. Para estos casos, cuando vence, la persona puede reclamar la mora del artículo 7, que es por la demora”, dijo Utreras Montes. En este caso se tomó en cuenta a partir del día 136 y hasta el 617 en que le entregaron el auto.

“Lo que se logró en la etapa conciliatoria fue la entrega de la unidad. Después la sociedad administradora le ofrece pagar la mora a la mujer, por 2.047.810 pesos, y ella lo acepta. Nosotros enviamos el acuerdo al Juzgado de Faltas para que lo homologue, vence el plazo para que pague, pero no pagó. Al no pagar, la ley nos permite imputar por incumplir por un acuerdo que está homologado”, indicó.

Ello llevó a la etapa sancionatoria, que estuvo a cargo del Juzgado de Faltas que conduce Jimena Gómez, cuya intervención permitió que el Estado Municipal perciba 11.814,478 pesos en concepto de multa, que ya fueron abonados sin haber apelado.

En tanto, “a la señora aún no le pagaron”, señaló Utreras Montes, la cifra que de 2 millones de pesos podría llegar, con los intereses del Banco Nación, a 6 millones de pesos, aproximadamente.

Desde que se creó la oficina de Defensa al Consumidor, que en un principio funcionó en el núcleo del Concejo Deliberante, las estafas a través de planes de ahorro se convirtieron en la principal denuncia por parte de usuarios que buscan el asesoramiento de la abogada Sabrina Utreras Montes. 

“Nuestro trabajo es muy dinámico, porque siempre van variando y creando cosas nuevas”, aseguró la profesional y elaboró un ranking de las principales denuncias: 1- planes de ahorros; 2- gastos desconocidos en las tarjetas de crédito y 3- compras en dólares efectuadas a través de juegos de celulares o Playstation. 

Por último reveló en durante la pandemia asesoraron a sampedrinos que iban a viajar y que producto del cierre de fronteras y hoteles no pudieron hacer uso de sus reservas. “Tuvimos algunos reclamos por agencias de viajes y cancelaciones”, dijo y contó que “en algunos casos” lograron que devuelvan el gasto de alojamientos.