En horas del mediodía de este martes, trascendió que falleció Mario Spiropulos, histórico presidente de Racing de Córdoba, a los 83 años tras estar varios días internado en Buenos Aires.

Spirópulos nació en La Carlota en 1932 y creció en los barrios Residencial América y Talleres. Desde joven se vinculó con el fútbol y con La Academia Cordobesa. En 1976, asumió como presidente de la institución de forma inesperada, ya que en un principio iba a ser candidato a vicepresidente. 

Bajo su gestión, Racing vivió uno de sus mejores momentos: logró subir al Nacional y mantenerse ocho años en Primera División. En 1980, el equipo casi hace historia al salir subcampeón, con un plantel joven dirigido por Alfio ‘’Coco'' Basile. Aquel año, Racing cayó con Rosario Central en el estadio Chateau Carreras, hoy conocido como Mario Alberto Kempes. 

Su presidencia es recordada con gran cariño en los hinchas del barrio de Nueva Italia por ser de las mejores gestiones en su historia. 

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‘’El Griego'' tiene vínculos con San Pedro debido a que es hermano del abogado Daniel Spirópulos, que ejerce la profesión en nuestra ciudad. 

Su hermano destacó la relevancia que tiene su figura entre los hinchas de uno de los equipos más populares de Córdoba. 

El abogado Daniel Spirópulos representa a la financiara Overcash en la investigación por el caso de la plataforma Rainbowex que coordinan los referentes del denominado Knight Consortium.

La financiera fue señalada como uno de los lugares donde los usuarios de la plataforma hacían los ingresos y retiros de fondos vía billeteras virtuales, una operación que en principio podría hacerse en cualquier casa de cambios que opere con esas aplicaciones de manejo de dinero digital.

Spirópulos se presentaba este lunes para formalizar su rol como representante legal en la causa e interiorizarse de los pormenores de la investigación del fiscal Federal Matías di Lello, que ordenó allanamientos en la financiera y en la casa de Lucas Liberatti, uno de los socios de la empresa.

"Lo más grave no viene de la comunidad de San Pedro, viene de afuera, de gente que ha diagramado esto de una manera magistral. Su objetivo es la impunidad", sostuvo el abogado.

En ese sentido, destacó la concepción de Di Lello acerca de que detrás de la maniobra hay "autores intelectuales" y consideró que no serían de San Pedro, puesto que la plataforma opera de la misma manera en otros puntos del país y, al menos, de Latinoamérica.

"No están convocados en la causa, nadie los mencionó ni trató de identificarlos, no hay exhorto a ningún organismo internacional", advirtió el abogado.

"Di Lello dijo algo muy cierto: la persona que interviene en este ilícito tiene que tener conocimiento, le agregaría el dolo, la intención de cometer un ilícito, programarlo, hacerlo de manera concertada para lograr un objetivo", señaló.

Spirópulos sostuvo que la maniobra delictiva "ha sido diagramada y programada por autores intelectuales que pueden ser asiáticos, occidentales, foráneos, argentinos o lo que sea" y que hoy "no están en este enorme debate que se ha generado como consecuencia de todas estas operaciones".

Para el abogado de Overcash, una de las cuestiones fundamentales sobre las que se apoya la maniobra es la de haber llamado la atención "de una comunidad donde existe gente que tiene comunicación entre sí y tiene confianza entre sí".

"Eso es lo fundamental. Lo que importa acá es la publicidad boca a boca. Porque un vecino le dice a otro que hizo un negocio y así. A mí también me llegó y me invitaron a participar", relató.

"Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni. 

De allí en más, las versiones sobre medidas contra la asociación que nuclea a las prepagas y en particular a su presidente y dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt se plasmaron en una resolución que impone a las empresas Osde, Medifé, Swiss Medical, Omint y a las Asociaciones que operan en el Hospital Italiano y el Hospital Alemán a ajustarse a las disposiciones aún en aquellos casos en los que se hayan tramitado recursos de amparo.

En el caso de los juzgados de San Nicolás a diferencia de lo dispuesto en el partido de San Martín o en Concepción del Uruguay, la justicia había respondido a quienes solicitaron la medida cautelar con dilaciones tales como considerar que las víctimas de los aumentos abusivos que tenían aportes de monotributo o podían acceder a Pami, en el caso de los afiliados adultos mayores, “no estaban desprotegidos”. 

En distintos estudios jurídicos se encontraron con respuestas diferentes por parte del mismo juzgado federal y en ningún caso había resoluciones favorables definitivas pese a las denuncias de cartelización que quedaron plasmadas en los escritos.

Esta tarde, el Dr. Daniel Spirópulos* confirmó a La Opinión que son varias las acciones a emprender para quienes quedaron atrapados en estas maniobras. Por un lado las que se sucedieron en la jurisdicción de San Nicolás y por otro en los derechos que hoy le asisten a cualquier afiliado para que le sea restituido el dinero que le cobraron demás.

“Ahora, los que tramitaron en amparo y no se los concedieron por algún motivo tienen que mandar una carta documento a la prepaga y pedir que le liquiden la cuota que corresponde si es que se vieron obligados a dejar de pagar o intimarlos para que devuelvan el dinero que percibieron demás”, señaló Spirópulos tras evaluar que las acciones a emprender podrán encaminarse tanto en el fuero Civil y Comercial como en alguna instancia penal -sobre todo en casos de pacientes cuya salud se haya puesto en riesgo- que apunte a la posición dominante de quienes “se pusieron de acuerdo para aumentar todos juntos”, detallló. Todo esto sin desestimar las acciones iniciadas y mediaciones que se hayan intentado desde las oficinas de Defensa de los Derechos del Consumidor.

ARTÍCULO 1°.- Ordénase, en los términos del Artículo 44 de la Ley N° 27.442, a GALENO ARGENTINA S.A., HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN CIVIL, HOSPITAL ALEMÁN ASOCIACIÓN CIVIL, MEDIFÉ ASOCIACIÓN CIVIL, SWISS MEDICAL S.A., OMINT S.A. DE SERVICIOS, OSDE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS, CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS- y al señor Claudio Fernando BELOCOPITT, en su doble carácter de presidente de la empresa SWISS MEDICAL S.A. y de la CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS-, en lo que a cada uno le compete, que a partir del dictado de la presente medida: (i) los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: Cuota del plan de salud médico asistencial de diciembre de 2023 multiplicado por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), (ii) en el caso de clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste se deberá realizar teniendo como base un plan similar al contratado, (iii) cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la CONFEDERACIÓN UNIÓN ARGENTINA DE SALUD -UAS- o cualquier otro, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial".

Este es el texto con la resolución adoptada por la Secretaría Industria y Comercio que además fija un plazo de seis meses en los que las cuotas no podrán sufrir otras modificaciones. 

La Resolucion Del Gobierno para que las prepagas bajen sus cuotas by LaNoticia1.com on Scribd

También la decisión incluye la obligación por parte de las empresas de publicar esta resolución en sus páginas web y remitir documentación y datos que el gobierno les solicita para seguir adelante con su operatoria. Entre otros, la facturación, la cantidad de afiliados, los planes y coberturas y otros detalles que puedan afectar a los ciudadanos que en su mayoría optan por alguna de estas coberturas y sufren aumentos aún mayores cuando superan los 65 años.

*Dr. Daniel Juan Spirópulos, Tomo IX, Folio  140 CPASM

En el marco del conflicto judicial con la empresa Arcor por el destino de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri, la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, pidió a Fiscalía que le remita sus actuaciones.

La magistrada solicitó a la fiscala María del Valle Viviani que le envíe el expediente penal que tramita bajo su órbita desde que el 13 de febrero las familias tomaron posesión de las viviendas, con autorización municipal, que les habia entregado las llaves.

Este paso de la jueza es parte de lo solicitado por el abogado Daniel Spirópulos en representación de la Municipalidad en el escrito elevado al Contencioso Administrativo para que revea la medida cautelar vigente, que anuló el sorteo y obligó a la Municipalidad a no avanza en el proceso de adjudicación de las viviendas.

Spirópulos aseguró en su escrito que "el ingreso a las viviendas de los vecinos preadjudicatarios mediante la entrega de las llaves de las que se encontraban con las aberturas exteriores instaladas por parte del Municipio, ha sido necesaria a los efectos de lograr la protección de los bienes públicos y los derechos adquiridos en el proceso de adjudicación".

Sostuvo que "el ingreso y custodia de las viviendas" por parte de los preadjudicatarios "tiene por objetivo primordial" neutralizar el riesgo de usurpación latente del barrio.

"La medida de no innovar tal como se encuentra resuelta en el proceso, resulta contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos preadjudicatarios de las viviendas", señaló el abogado en su escrito, por lo que pidió "una medida cautelar distinta" a la vigente, "teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza e importancia de los derechos en juego".

El Gobierno municipal contrató al abogado Daniel Spirópulos como apoderado para intervenir en el litigio con la empresa Arcor por los terrenos donde se construyen las 84 viviendas del barrio Villa Depietri.

El abogado anunció en Sin Galera que solicitó a la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulghieri, que revea la medida cautelar que anuló el sorteo y obligó al Gobierno a no dar ningún paso administrativo respecto de los preadjudicatarios.

Spiópulos señaló que lo ocurrido desde el 13 de febrero pasado, cuando las familias tomaron posesión de las viviendas para evitar robos y ante riesgos de usurpación, debería ser tenido en cuenta por la Justicia, al menos en el marco de la medida cautelar vigente y confirmada por la Cámara de Apelaciones.

"Hay que destrabar esa medida cautelar. A mi criterio es muy gravosa", dijo el abogado y consideró "abusiva e injusta" la decisión judicial de no innovar, porque puso en suspenso lo que desde el Gobierno defienden como "un derecho adquirido" de los preadjudicatarios.

"La gente tiene derecho a quedarse", dijo Spirópulos.

"Es un derecho adquirido que lo tenemos que defender. ¿Cómo lo defiendo?: ocupando la vivienda aunque no esté terminada", dijo el abogado en dialógo con Lilí Berardi este sábado en Sin Galera.

Consideró pertinente que los preadjudicatarios presenten un amparo colectivo en ese sentido, para pedir "que la Justicia interceda y obligue tnato a la empresa como a la Municipalidad, a la Provincia (en realidad a Nación, de quien depende la obra) a que se les terminen las viviendas. Tienen derecho a hacerlo".

El abogado pidió "usar el sentido común" y consideró que los funcionarios del Gobierno municipal no tienen responsabilidad penal respecto de la entrega anticipada de las viviendas. "Al contrario, la habrían tenido si no actuaban en consecuencia" ante el riesgo de usurpación, sostuvo.

Una persona que tiene más de 75 años y sostiene dos afiliados en un plan de un prestigioso hospital, otra con más de 64 que cambia de “categoría” en su prepaga; una familia que depende de la empresa en la que trabaja el hombre que aporta un monto extra para una prepaga y debe abandonarla porque se va a la obra social de su esposa que tiene Ioma y una profesional monotributista que aporta a una obra social desconocida y deriva un importante extra a un plan de salud privado, son los ejemplos que utilizó Lilí Berardi para entrevistar al profesional que desde los tiempos del corralito ha obtenido varias victorias.

“No empecé con el corralito, Lili”, dijo el abogado para aclarar que sus primeras acciones judiciales en protección de los usuarios ocurrió en tiempos de Ministro Domingo Cavallo cuando se dispararon las cuotas de los créditos hipotecarios.

Después vino el corralito, los peajes, el estado de las rutas y otras experiencias que sirvieron para frenar decisiones abusivas por parte del estado o de privados que vulneran la proporción y relación de poder entre quienes toman decisiones y los “ciudadanos de a pie”.

Spirópulos explicó que no hay que esperar para protegerse de las decisiones que unilateralmente tome quien ha sido elegido por el afiliado para cuidar ni más ni menos que su salud. Un amparo dictado por un Juez de San Martín abre la puerta para la presentación de otras medidas colectivas que al menos suspenden los aumentos que ya han sido comunicados a los clientes de las prepagas.

En la nota advirtió que no hay que dejarse tentar por las ofertas telefónicas ni los mail sque proponen descuentos o cambios de planes, porque muchas veces se acepta y a la vez se renuncia a determinadas prestaciones, o lo que se descuenta dura un corto período y sirve para la firma de un nuevo contrato. Todo lo que hay que saber porque las historias “se repiten”, ya en 2010 La Opinión hablaba de cómo evitar los abusos cuando se habla de preexistencia de enfermedades en las prepagas.

Los preadjudicatarios del plan de viviendas siguen a la espera de las gestiones que el Municipio de San Pedro emprendió con la empresa Arcor. La última reunión de la que participó el Intendente Cecilio Salazar junto al Dr. Daniel Spirópulos giró en torno a dos cuestiones: el reconocimiento de los terrenos de propiedad de Indalar y la adjudicación de unidades habitacionales a las familias que habitan en el predio que habían quedado a la espera de una segunda etapa de construcciones.

Los vecinos de Bajo Puerto también participaron de una audiencia con el Jefe Comunal en el que entregaron un petitorio para que todo el sector costero sea destinado a un paseo público aún si fuese necesario expropiarlo. Se fueron con el compromiso de que no habrá “muros altos” para rodear la propiedad y que la posible instalación de una arenera requiere de permisos de la Provincia de Buenos Aires para prosperar.

En el obrador se observan avances con la instalación de pilares de electricidad, conexión de cloacas y otras terminaciones; hay sectores de barrio más avanzados que otros. La entrega que había sido prometida para le mes de junio sigue postergada y Desarrollo Humano continúa relevando si los sorteados cumplen con los requisitos. Hasta el momento se sabe que habrían sido cinco los destinatarios de viviendas que debían justificar su situación o de lo contrario será un suplente quien reciba la casa.

Judicialmente nada ha cambiado. La resolución firme indica que el sorteo fue inválido y a menos que la empresa retire la medida cautelar no se puede ejecutar la entrega de las unidades habitacionales.

A las 15 horas, en las oficinas con sede en el Gran Buenos Aires, el Intendente Cecilio Salazar llegó junto al Dr. Daniel Spirópulos para participar de la reunión con los asesores legales de la empresa que hasta el momento mantiene firme la medida cautelar que deja sin efecto el sorteo de las 84 unidades habitacionales del barrio que debería haber sido entregado durante el mes en curso.

Titulares y suplentes esperan poder acceder a su derecho a la vivienda, sin tomar en cuenta una situación legal que tanto el poder ejecutivo como el Concejo Deliberante podrían haber evitado si se prestaba atención al texto de la ordenanza que indica claramente el motivo de la donación de los terrenos por parte de la ex Indalar para la instalación de un puerto multipropósito a cambio de la reubicación de las familias.

Eso no sucedió y hoy, un asesor legal externo y el Jefe Comunal intentaron llegar a un acuerdo que podría plasmarse en los próximos días si se hace lugar al levantamiento de la manda judicial y se resuelven las cuestiones del ejercicio de derechos de propiedad que la empresa reclama sobre sectores de la costa.

Según confirmó el abogado que acompaña a la comuna, “se habló concretamente de seguir adelante con una buena relación” y “evitar que las familias sufran porque son más de 300 personas las que van a habitar esas casas”.

Spirópulos consideró que este es un paso previo a un acuerdo de partes y que en la reunión se abordaron todos los temas, incluida la posibilidad de la instalación de una arenera. “Eso no depende de la Municipalidad sino de autorizaciones que se deben gestionar en la Provincia”, indicó respecto a que sin los permisos de factibilidad no se puede avanzar en ese emprendimiento.

Por otra parte, está la decisión firme tanto de la empresa como del municipio de San Pedro para generar las condiciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la propiedad. “La propiedad no está en discusión y Cecilio se comprometió a transmitir esa situación a la gente”. Respecto a las personas que aún preservan su derecho a una vivienda porque quedaron dentro del listado que se debía cumplimentar, “hay voluntad del a municipalidad para que puedan reubicarse en este o en otros lugares ya que no son tantos”, señaló el letrado.