Este lunes por la mañana la Policía Federal desarrollaba procedimientos en San Pedro ordenados por el Juzgado Federal de San Nicolás en el marco de una causa por delitos ambientales relacionada con el Basrual a cielo abierto ubicado en la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

Con órdenes de presentación —una especia de “allanamiento”—, llegaron para requierir una gran cantidad de documentación relacionada con la gestión del basural, lo que implicó un recorrido por al menos cuatro lugares.

Por un lado, la Federal estaba en la Municipalidad, en la zona del Ejecutivo, donde pidió material para adjuntar a la causa, y también hacían lo propio en el Concejo Deliberante.

Además, requirieron documentación a la empresa Ashira, en su sede local, y también fueron al basural propiamente dicho para un relevamiento.

"Efectivamente, es una orden de prestación por una denuncia penal relacionada con una cuestión del basural, una investigación relacionada al ambiente", informó al móvil de Lo que Importa el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta.

"Nos requirieron documentación relacionada con la habilitación, el funcionamiento, la dinámica del basural", detalló Porta.

Informó que no tuvieron acceso todavía al contenido de la denuncia, sino que se desayunaron con la orden de presentación para el requerimiento de la documentación.

"Entiendo que apuntan a la quema, porque hablan del humo y del contenido de los residuos líquidos emanados desde el basural", explicó y precisó que estaban "recolectando la información, a disposición" de la Justicia.

"Entregamos las ordenanzas, el plan de residuos y demás información, más general", agregó el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, en diálogo con La Opinión.

El conflicto desatado entre el Gobierno municipal y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Juan Cruz Acosta y Luciana Pavón Duarte tiene ahora una causa penal, tras la denuncia de los gremialistas.

El matrimonio que conduce ese sindicato denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" a funcionarios del gabinete y la Justicia imputó al subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, quien será investigado por el caso.

Todo tiene que ver con la decisión del Gobierno de no pagarles el sueldo a Acosta y a Pavón Duarte luego de que les exigieran que retomen sus labores como empleados municipales, él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano, y no lo hicieran.

Los sindicalistas aducen que el Gobierno "modificó" un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo para hacer efectiva la retención de sus haberes por no presentarse a trabajar.

Por su parte, el Gobierno sostiene que ese convenio invocado "no está vigente", por lo que el concepto de "licencia gremial con goce de haberes" no correspondería y debería ser la organización gremial la que les pague, en lugar del Estado local, en cuyo caso deberían cumplir con su trabajo.

La disputa también tiene una causa en el fuero Laboral, donde Acosta y Pavón Duarte presentaron una demanda en cuyo marco el Tribunal interviniente rechazó una medida cautelar urgente para que les repongan los sueldos.

Los sindicalistas habían señalado que no cobrar sus salarios afecta la subsistencia de la familia que tienen en común y que la decisión del Gobierno es "persecutoria" porque apareció en medio de un conflicto gremial.

El juez Quadranti no hizo lugar a las pretensiones de los gremialistas y rechazó la cautelar, por lo que el Gobierno quedó habilitado para mantener la suspensión del pago de los sueldos mientras se resuelve la cuestión de fondo.