El Concejo Deliberante tiene todavía en tratamiento en comisión el convenio que a principios de julio firmó el intendente Cecilio Salazar con Ashira para la refinanciación de una deuda de más de 3600 millones que el Municipio arrastra con esa empresa por los servicios de recolección de residuos y barrido manual de calles.

Este martes, el secretario de Economía, Roberto Borgo, y el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, fueron citados a la comisión de Peticiones que preside Cristian Leguizamón para responder consultas relacionadas con el acuerdo.

Tras esa reunión, y a pedido del concejal Rivas, la comisión resolvió convocar a representantes de la empresa, por lo que el proyecto no obtuvo dictamen y no será tratado en la próxima sesión, que tendrá lugar el jueves en La Tosquera.

El expediente tiene debate en el seno del Concejo y polémica en la comunidad, puesto que implica pagar la deuda en 90 cuotas de alrededor de 93 millones de pesos, que en principio, si la tasa de interés no mueve el monto, sumará al final alrededor de 8300 millones pagados.

Además de atravesar tres gestiones municipales, el convenio de deuda tiene como punto de discusión la posibilidad de entregar inmuebles municipales en parte de pago.

Durante la reunión, Rivas hizo algunos planteos que expuso en un documento que elaboró sobre el tema y señaló que es necesario pensar en cómo reformular el servicio, teniendo presente iniciativa de otros distritos en los que de manera paulatina el Municipio se fue haciendo cargo de la prestación.

Ariel Rey, por su parte, puso énfasis en la falta de confianza que hay en el Gobierno de Cecilio Salazar, a lo que de alguna manera atribuye la caída de la cobrabilidad de tasas y las dificultades para hacer frente a los costos del servicio.

Para Borgo fue repetir lo que lleva cada año cuando se discute el paquete de ordenanzas del Presupuesto para el año siguiente: la tasa es deficitaria desde su emisión, por lo que aunque todos estuvieran al día tampoco alcanzaría para cubrir ese costo.

Consultados por La Opinión, los presidentes de los bloques La Libertad Avanza y Nuevos Aires, Joaquín González y Paola Basso, coincidieron en señalar que la exposición de los funcionarios fue "más de lo mismo".

Para González, "Borgo parece un representante de Ashira". El edil dijo en la comisión lo que su espacio político ya había planteado en reuniones con representantes del Gobierno y del oficialismo en el Concejo respecto de municipalizar el servicio de barrido.

Basso, por su parte, tuvo un nuevo tenso cruce con Rivas luego de que les planteara los funcionarios del salazarismo lo que expuso en la Rendición de Cuentas respecto del festival de nombramientos y bonificaciones.

"No pueden venir a decirnos que  votemos el endeudamiento con Ashira cuando contratan a mansalva, pagan bonificaciones y tanques de nafta y dilapidan como locos", cuestionó la edila del radicalismo.

Borgo destacó que la deuda con Ashira sólo corresponde a prestaciones que datan desde junio de 2025 y que forman parte del último contrato con la empresa, cuyo pliego de bases y condiciones aprobó el Concejo.

"El convenio está acorde con las ordenanzas y hay saldos incumplidos con la empresa, de eso se trata", dijo a La Opinión el secretario de Economía tras la reunión y agregó: "Más allá de las consideraciones políticas, lo que nos ocurre es que no podemos pagar porque la secuencia no nos da, la tasa es deficitaria".

Los funcionarios del Gobierno dijeron en el Concejo que el convenio tiene como objetivo sellar el compromiso de pagarle a Ashira esos 93 millones de pesos por mes. Lo que ocurra con el resto, es decir los más de 350 millones que cuesta ahora más las actualizaciones, se verá.

En el gabinete apuntan a que el convenio de refinanciación de la deuda pueda blindar los reclamos judiciales de la empresa, aunque lo que se vaya acumulando de nueva deuda generará dolores de cabeza hacia el futuro.

Como el expediente no tiene dictamen y ahora hay que esperar la reunión con los representantes de Ashira, el jueves los concejales irán a sesionar a La Tosquera sin el tema en el orden del día.

El Gobierno gana así dos semanas más hasta la siguiente sesión para la tarea cuesta arriba que tiene en materia de reunir los votos suficientes para aprobarlo.

Siempre y cuando necesite, como todo lo indica hasta el momento, 12 voluntades que acompañen. En la reunión también se habló de la posibilidad de que alcance con 10 votos. 

Alguien deberá hacer la consulta formal a los organismos pertinentes, sea la Asesoría General de Gobierno, que no es vinculante pero tiene peso, o el Tribunal de Cuentas.

Mientras tanto, en el Gobierno y en la oposición que aspira a gobernar alguien deberá pensar por fuera de los vaivenes políticos qué hacer con una tasa que no alcanza para pagar el servicio que se pretende.

Este lunes por la mañana la Policía Federal desarrollaba procedimientos en San Pedro ordenados por el Juzgado Federal de San Nicolás en el marco de una causa por delitos ambientales relacionada con el Basrual a cielo abierto ubicado en la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

Con órdenes de presentación —una especia de “allanamiento”—, llegaron para requierir una gran cantidad de documentación relacionada con la gestión del basural, lo que implicó un recorrido por al menos cuatro lugares.

Por un lado, la Federal estaba en la Municipalidad, en la zona del Ejecutivo, donde pidió material para adjuntar a la causa, y también hacían lo propio en el Concejo Deliberante.

Además, requirieron documentación a la empresa Ashira, en su sede local, y también fueron al basural propiamente dicho para un relevamiento.

"Efectivamente, es una orden de prestación por una denuncia penal relacionada con una cuestión del basural, una investigación relacionada al ambiente", informó al móvil de Lo que Importa el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta.

"Nos requirieron documentación relacionada con la habilitación, el funcionamiento, la dinámica del basural", detalló Porta.

Informó que no tuvieron acceso todavía al contenido de la denuncia, sino que se desayunaron con la orden de presentación para el requerimiento de la documentación.

"Entiendo que apuntan a la quema, porque hablan del humo y del contenido de los residuos líquidos emanados desde el basural", explicó y precisó que estaban "recolectando la información, a disposición" de la Justicia.

"Entregamos las ordenanzas, el plan de residuos y demás información, más general", agregó el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, en diálogo con La Opinión.

El conflicto desatado entre el Gobierno municipal y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Juan Cruz Acosta y Luciana Pavón Duarte tiene ahora una causa penal, tras la denuncia de los gremialistas.

El matrimonio que conduce ese sindicato denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" a funcionarios del gabinete y la Justicia imputó al subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, quien será investigado por el caso.

Todo tiene que ver con la decisión del Gobierno de no pagarles el sueldo a Acosta y a Pavón Duarte luego de que les exigieran que retomen sus labores como empleados municipales, él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano, y no lo hicieran.

Los sindicalistas aducen que el Gobierno "modificó" un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo para hacer efectiva la retención de sus haberes por no presentarse a trabajar.

Por su parte, el Gobierno sostiene que ese convenio invocado "no está vigente", por lo que el concepto de "licencia gremial con goce de haberes" no correspondería y debería ser la organización gremial la que les pague, en lugar del Estado local, en cuyo caso deberían cumplir con su trabajo.

La disputa también tiene una causa en el fuero Laboral, donde Acosta y Pavón Duarte presentaron una demanda en cuyo marco el Tribunal interviniente rechazó una medida cautelar urgente para que les repongan los sueldos.

Los sindicalistas habían señalado que no cobrar sus salarios afecta la subsistencia de la familia que tienen en común y que la decisión del Gobierno es "persecutoria" porque apareció en medio de un conflicto gremial.

El juez Quadranti no hizo lugar a las pretensiones de los gremialistas y rechazó la cautelar, por lo que el Gobierno quedó habilitado para mantener la suspensión del pago de los sueldos mientras se resuelve la cuestión de fondo.