El conflicto desatado entre el Gobierno municipal y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Juan Cruz Acosta y Luciana Pavón Duarte tiene ahora una causa penal, tras la denuncia de los gremialistas.

El matrimonio que conduce ese sindicato denunció por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" a funcionarios del gabinete y la Justicia imputó al subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, quien será investigado por el caso.

Todo tiene que ver con la decisión del Gobierno de no pagarles el sueldo a Acosta y a Pavón Duarte luego de que les exigieran que retomen sus labores como empleados municipales, él en el Corralón y ella en Desarrollo Humano, y no lo hicieran.

Los sindicalistas aducen que el Gobierno "modificó" un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo para hacer efectiva la retención de sus haberes por no presentarse a trabajar.

Por su parte, el Gobierno sostiene que ese convenio invocado "no está vigente", por lo que el concepto de "licencia gremial con goce de haberes" no correspondería y debería ser la organización gremial la que les pague, en lugar del Estado local, en cuyo caso deberían cumplir con su trabajo.

La disputa también tiene una causa en el fuero Laboral, donde Acosta y Pavón Duarte presentaron una demanda en cuyo marco el Tribunal interviniente rechazó una medida cautelar urgente para que les repongan los sueldos.

Los sindicalistas habían señalado que no cobrar sus salarios afecta la subsistencia de la familia que tienen en común y que la decisión del Gobierno es "persecutoria" porque apareció en medio de un conflicto gremial.

El juez Quadranti no hizo lugar a las pretensiones de los gremialistas y rechazó la cautelar, por lo que el Gobierno quedó habilitado para mantener la suspensión del pago de los sueldos mientras se resuelve la cuestión de fondo.