El Gobierno municipal busca acordar un plan de pago para saldar la deuda de 114 millones de pesos que mantiene con el abogado Hugo Lima y que provocó una decisión judicial de embargo.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, confirmó a La Opinión que hay un diálogo fluido y “avanzado” con el estudio jurídico del reconocido penalista nicoleño para alcanzar, cuando termine la feria judicial, un acuerdo que ponga fin al entuerto.

El abogado interpuso la demanda de cobro ejecutivo ante la falta de pago de los honorarios regulados en el juicio por desalojo que la Municipalidad perdió con Raúl Calonge y otros ocupantes de terrenos al pie de la barranca frente al club de Pescadores.

Los honorarios se fijaron en 64 millones de pesos por la representación legal que Lima ejerció del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón.

En la causa interpuesta para cobrar la deuda, se calcularon los intereses y otros ítems en 50 millones de pesos más, por eso la suma de la deuda alcanza los $ 114 millones, un monto que el Municipio no tiene disponible y que no podría abonar de otra manera que no sea a través de un plan de pago.

La Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la Municipalidad para cubrir los más de 114 millones de pesos que el Estado local le debe al abogado Hugo Lima (h) en concepto de honorarios por la denominada causa Calonge.

Lima fue representante legal del concejal Juan Cruz González y otros litigantes en el juicio por usurpación de terrenos al pie de la barranca que el Municipio perdió y en cuyo marco, además, el Juzgado ordenó escriturar a favor de Raúl Calonge las tierras que ocupa frente al club de Pescadores.

El juez Hernán Prat, titular del juzgado Civil n.° 1 ordenó el embargo hasta cubrir la suma de 114 millones, que surge de sumar los 64 millones establecidos como honorarios más 50 millones de intereses, IVA, aportes y costas del proceso interpuesto pare reclamar la falta de pago.

El fallo ordenó depositar esa suma en una cuenta judicial que deberá abrirse a nombre de la causa y a la orden del Juzgado interviniente. El embargo opera sobre el "superávit efectivo" establecido al cierre de cada ejercicio y tiene fecha de  noviembre de 2025.

Hugo Lima (h) fue abogado del concejal Juan Cruz González y su madre, María Marta Hidalgo; de Amelia María Suárez, Natalia Andrea Morán; Graciela Calonge y su hija, Lucila Vellón, todos actores del juicio que la Municipalidad perdió.

El Municipio ya había tenido cuentas embargadas cuando el abogado Adrián Bengolea representante legal de Raúl Calonge en el juicio, fue a la Justicia para cobrar sus honorarios, que eran de 18 millones. El Estado local tuvo que pagarle en total casi 30 millones por el caso.

La primera mitad del año del ejercicio económico financiero de la Municipalidad terminó con un déficit de alrededor de 2600 millones que representa aproximadamente un 12 por ciento más de gasto sobre los recursos percibidos.

Que un Gobierno gaste poco más del 10 por ciento por encima de lo que cobró por tasas y recibió por coparticipación a mitad del año no pareciera motivo de preocupación, a juzgar por las dificultades económicas generales.

Pero a la vista de la evolución de los ingresos y de los gastos, con un importante porcentaje que se llevan los sueldos, lo que queda del ejercicio será delicado. En un año electoral, campaña mediante, aún más.

De los 41.500 millones de pesos que tiene previsto el presupuesto, el Gobierno ya gastó casi 23 mil millones, alrededor del 55 por ciento, bastante menos que en 2024, cuando para la fecha ya llevaba el 70. En materia de recursos, percibió poco más de 20.300 millones, lo que representa menos del 50 por ciento.

Como siempre, los sueldos se llevan el porcentaje mayor: alrededor del 75 por ciento sobre los recursos de libre disponibilidad, mismo nivel que al final 2024, pero por encima que al cierre del primer semestre, que era del 60. Son 10.613 millones sobre casi 14.130 millones.

Así, los salarios del personal municipal, médicos y profesionales de la salud, funcionarios del gabinete y concejales insumen casi 1769 millones por mes. 

Todo antes de pagar el aguinaldo, para el que esta vez hubo que recurrir a Provincia, que inyectó un adelanto de copartipación que habrá que devolver hacia fin de año. Además, ya empezaron los debates para la paritaria.

El 25 por ciento restante más casi 3500 millones de fondos afectados —echaron mano de esta cuenta para pagar aguinaldos y también hay que devolverlos— y poco más de 2700 millones de recursos extrapresupuestarios suman los 12.300 millones con los que la Municipalidad tuvo que hacer todo lo demás.

Los tres hospitales y los centros de salud implicaron más de 7 mil millones de pesos en total para cubrir las prestaciones necesarias. Salud es el área de mayor inyección de recursos en lo que va del ejercicio.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, apunta a profundizar en el segundo semestre lo que denomina su "plan de contención del gasto" para hacer más eficiente el proceso de compras.

Se sabe que las demoras en pago a proveedores implican que quien le vende a la Municipalidad lo hace más caro. En Palacio también entienden que muchos de esos proveedores no le podrían vender a ese volumen a ningún otro cliente.

Borgo reconce que la segunda mitad del año, tras el pago de los aguinaldos y con el necesario cumplimiento de las demandas de los médicos, que vienen atrasadas, será cuesta arriba.

Una vez más, el funcionario llegó a fin del primer semestre con un delicado equilibrio en las cuentas. El resto del ejercicio será muy complejo y llegar a diciembre con los recursos garantizados para hacer frente a los aguinaldos es la meta. 

Este jueves el Concejo Deliberante votará la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 del Gobierno de Cecilio Salazar, el primero de su tercer mandato y el primero desde que Roberto Borgo volvió a la Secretaría de Economía.

La comisión de Presupuesto dictaminó en la reunión de este martes. El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el expediente, incluso si los ediles que no forman parte de su bancada —algunos opositores y otros no tanto— votaran en contra, puesto que cuenta con nueve más el desempate del presidente, Pablo Vlaeminck.

La Rendición de Cuentas entró en tiempo y forma, antes del 31 de marzo, y debe ser tratada antes del 31 de mayo, por lo que los ediles tuvieron casi dos meses para analizar el expediente y, además, hacer las consultas pertinentes, tal como prevé la normativa.

Borgo fue citado a la comisión de Presupuesto el 23 de abril. Ese día, tras casi un mes de revisión de la gran cantidad de páginas que conforman uno de los expedientes más importantes del año en el Concejo, algunos ediles de la oposición plantearon consultas.

Ese día, Borgo fue acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, que además oficia como "articulador" con el HCD. Dieron un pantallazo general de la ejecución presupuestaria y respondieron preguntas de Paola Basso, Matías Pisani y Diego Lafalce, presentes en la reunión.

Llamó la atención la ausencia del concejal opositor Martín Rivas, una de las voces más críticas del Gobierno en cada sesión y en redes sociales. Ese martes por la mañana se lo vio en los pasillos del Concejo y en su oficina, pero no participó de la comisión, de la que si bien no forma parte puede participar como oyente con voz pero sin voto para dictaminar.

Además, era la primera reunión con Borgo, de manera tal que todos los concejales podrían plantear dudas, consultas y acordar modalidades de trabajo para que en el mes que restaba pudieran observar, como les asiste el derecho, facturas, comprobantes de pago, decretos reservados y otra documentación que no tiene carácter público.

En ese encuentro, Basso fue la que mayor cantidad de consultas hizo. Tenía sentido: recién empezaban a mirar el expediente y es la concejala más experimentada. 

Acaso por eso también llamará la atención su ausencia el jueves, ya que no estará porque pidió licencia desde el 19 de mayo y hasta el 3 de junio, por lo que su banca la ocupará la suplente Victoria Romairone, quien tendrá pocos días para abordar el asunto y votar a favor o en contra.

Además. gran parte de la reunión se la llevó el análisis de la cobrabilidad de tasas, sobre todo por la situación de Seguridad e Higiene, la de mayor cobrabilidad, y la de Red Vial, que cayó respecto de sus números históricos.

Como ese día habían acordado mecanismos de consultas puntuales al secretario de Economía, con anticipación para que el secretario del área requerida pudiera acompañar cada requerimiento, en el Ejecutivo quedaron a la espera.

Hasta el dictamen, no hubo ningún pedido de documentación. La única excepción es un expediente que el lunes a las 13.40 remitió al presidente de la comisión el concejal Martín Rivas y que contiene, en su mayoría, consultas acerca de cosas que están publicados en los boletines oficiales, disponibles en la web, como establece la  normativa.

El proceso para ese expediente implica que el presidente de la comisión lo eleve al titular del HCD para que remita al Ejecutivo la solicitud y desde Economía envíen la información requerida. Por eso, acaso, Rivas se quejó de que se haya dictaminado para este jueves, aunque quedaba una semana más para la fecha límite.

En la Secretaría de Economía estuvieron, tras pedir reunión, los concejales De Rosa, Cappelletti y Lafalce, de manera individual, para solicitar datos de saldos y de algunas ejecuciones presupuestarias, consultar por algunos proveedores y por otros detalles acerca de las tasas.

Además, Borgo mantuvo varias reuniones con los concejales oficialistas para explicarles detalles que querían consultarle respecto de la ejecución presupuestaria que, después de todo, deberán defender en el recinto para votar a favor.

El ejercicio 2024 terminó con un déficit de 872 millones, de acuerdo al resultado del artículo 44 de Rafam o de 1661 millones si se calcula recursos percibidos totales menos gastos devengados.

En el primer cálculo, representa menos del 3 por ciento del presupuesto total y en el segundo, alrededor del 5 por ciento, lo que para el Gobierno, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y la falta de recursos comprometidos por el Gobierno nacional que nunca llegaron, implica un número más que aceptable.

Por primera vez en mucho tiempo, San Pedro no contó con recursos extraordinarios de Nación o Provincia vía "aportes del tesoro", los conocidos ATN y ATP, aunque el Gobierno provincial dispuso un Fondo de Fortalecimiento que el Municipio "ahorró" para hacer frente a, por ejemplo, el pago de aguinaldos en tiempo y forma.

En materia de personal, el ejercicio 2024 bajó del 83 al 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad el gasto en salarios, lo que implica una importante reducción respecto del año anterior aunque mantiene un número elevado incluso por encima de otros años de la gestión Salazar.

La cobrabilidad de tasas bajó de manera importante respecto del año anterior y el Municipio se lo atribuyó a las políticas nacionales que impactaron en el bolsillo de los contribuyentes.

Uno de los logros que Borgo mostró a tirios y troyanos es el 93,38  por ciento de cobrabilidad de la tasa de seguridad e higiene, la que pagan comercios y empresas en San Pedro, que además es la que mayor recaudación aporta al erario.

Este lunes, sobre la fecha límite para su presentación, el Gobierno de Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024 y los concejales podrán, una vez digitalizados los archivos, comenzar con el análisis, para el que tendrán un máximo de dos meses.

Además, el Municipio cumplió con la obligación de difundir públicamente la situación económico financiera del Estado local, cosa que hizo a través de una solicitad en La Opinión, que está disponible desde pasadas las 13.00, una hora después del ingreso formal en el Concejo.

La Rendición de Cuentas 2024 es la primera del tercer mandato de Cecilio Salazar y también es la primera de Roberto Borgo como secretario de Economía tras su regreso al área luego de conducirla durante los años 2014 y 2015, dos de los más complejos para las finanzas públicas locales.

El presupuesto aprobado para el año pasado ascendía a 17 mil millones, pero en el marco del contexto inflacionario hubo gastos e ingresos de casi el doble para un año signado por el ajuste nacional y las dificultades económicas provinciales, que se sumaron a las debilidades propias del Municipio.

Los recursos percibidos totales ascendieron a 31.460.182.466,89 pesos y los gastos devengados totales, a $ 33.121.664.499,50, lo que arroja un déficit de 1.661.482.032,61 pesos, alrededor del 5,2 por ciento de los ingresos.

El resultado del artículo 44 de Rafam (recursos percibidos menos gastos devengados más saldos de caja del ejercicio anterior e ingresos por deuda menos servicios de la deuda) arroja un déficit formal de 871.980.310,70 pesos.

Así calculado, representa menos del 3 por ciento del presupuesto, es decir unos dos puntos por debajo del déficit formal del año pasado, que ascendía a alrededor del 5 por ciento.

De los primeros números disponibles tras la publicación de la situación económico financiera al 31 de diciembre puede desglosarse uno de los puntos relevantes a la hora de analizar la performance: el gasto en sueldos.

Para 2024, San Pedro no contó con recursos extraordinarios tanto en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ni del provincial (ATP), por lo que tuvo que hacer frente a los aguinaldos con recursos propios,  para los que utilizó el dinero del Fondo de Fortalecimiento que envió Provincia.

En gasto de personal devengaron 17.641.946.537,94 pesos, lo que representa el 75 por ciento del total de recursos de libre disponibilidad, es decir sin contar recursos afectados, que sumó $ 23.517.221.208,46. 

Esto implica una importante reducción respecto del año anterior, aunque aun así es un número elevado.

En 2023, el gasto en sueldos sobre los recursos de libre disponibilidad había representado el 83 %. En 2022 había sido del 74 % y en 2021, del 71 por ciento.

El cierre del primer semestre del ejercicio económico financiero de la Municipalidad de San Pedro terminó, como adelantó el análisis de La Opinión de los primeros cuatro meses, con un delicado equilibrio en las cuentas, pero con una expectativa para la segunda parte del año de turbulencias.

Al 30 de junio, los gastos devengados sumaron poco más de 11.800 millones de pesos, lo que representa el 68 por ciento de los casi $ 17.426 millones presupuestados según el cálculo de recursos y gastos aprobado en diciembre por el Concejo Deliberante.

Es normal que a mitad de año el presupuesto supere el 50 por ciento de lo previsto para todo el ejercicio, sobre todo en contextos inflacionarios y volátiles como el que atraviesa el país. También hay una lógica política histórica que dice que gestiona mejor quien sabe comprometer su presupuesto a tiempo.

Pero en la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo el 30 por ciento restante para todo el año encendió alarmas. Se lo dijo al resto de los funcionarios en aquella reunión de gabinete ampliado a mediados de mayo.

Uno de los indicadores que más preocupan, como siempre, es el del gasto en sueldos. Aun habiendo bajado el porcentaje final del año pasado, que fue del orden del 83 por ciento, el monto es elevado.

Tiene al  menos dos situaciones que deben contemplarse: hubo que usar fondos afectados, 400 millones a principio de año, y se otorgaron dos aumentos no remunerativos, de 15 por ciento cada uno, que pasan al básico en los sueldos de julio y agosto.

Según el estado de situación económico financiera que el Gobierno cumplió en hacer público tras el cierre del primer semestre, el gasto en personal superó los 5.532 millones de pesos. Representa el 60 por ciento de los más de 9.194 millones de recursos de libre disponibilidad percibidos.

El objetivo del primer semestre era pagar aguinaldo en tiempo y forma. Lo lograron. Para ello, Borgo retaceó el uso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal enviado por Provincia. Fueron más de 420 millones que se depositaron al 19 de junio.

En Palacio consideran el cierre equilibrado del primer semestre como un logro de gestión, sobre todo porque no hubo que mendigar para pagar aguinaldos y porque en el contexto de ajuste la situación es complicada pero llevadera.

El asunto es lo que viene. Como ya se dijo en varias oportunidades en estas páginas, el panorama está sujeto a variables que involucran la asignación o no de recursos por parte de Nación, las posibilidades de Provincia, que tiene sus propias complicaciones presupuestarias, y la recaudación genuina.

Tras la primera semana de julio, el Gobierno todavía no anunció si finalmente hará uso de la autorización aprobada por el Concejo Deliberante para proponer para el segundo semestre un nuevo incremento de tasas.

A partir de la semana que viene volverá a reunirse la Mesa de Relaciones Laborales para debatir paritaria, que en septiembre, cuando pasen la última cuota de 15 % no remunerativo al básico habrá alcanzado un 97,7 por ciento.

Entre los proveedores hay quienes esperan cobrar, quienes reciben llamados de varios actores del Gobierno para "ir conversando" las deudas existentes. Hay quienes escuchan, quienes tienen espalda para esperar y quienes responden que la única manera de resolver es "pagando lo que deben".

El camino a diciembre será cuesta arriba. En el Gobierno lo saben. Serán seis meses duros. Al cierre del ejercicio 2024 se sabrá el resultado.

El Municipio atraviesa el último mes del primer semestre del año, antes de pagar el medio aguinaldo, con un delicado equilibrio en las cuentas, de acuerdo a la información que hizo pública desde mediados de abril en la web y  la que La Opinión relevó en la Secretaría de Economía y Hacienda.

Desde tiempos de Sánchez Negrete que no existía la posibilidad de revisar la ejecución de los recursos del año en curso, por lo que el área que conduce Roberto Borgo dio un paso adelante respecto de la transparencia en la administración al publicar la documentación.

San Pedro aparece todos los años en los últimos puestos del ranking de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiara Pública (Asap), una organización que analiza los índices de transparencia de los recursos públicos.

Los primeros cinco meses de gestión del ejercicio 2024 muestran un delicado equilibrio en las cuentas —La Opinión accedió al resultado financiero al 31 de mayo— sostenido en una premisa básica que el Gobierno tuvo que comenzar a cumplir a rajatablas para evitar un colapso financiero en tiempos de crisis: no se puede gastar en exceso por encima de lo que ingresa, para lo que tomó nota del mantra mileista que repite “no hay plata”.

Así, a pesar de una deuda interna de 400 millones de pesos que se tomaron de fondos afectados para pagar sueldos en enero, el retraso con la cancelación del total de las facturas de Ashira (que en abril se va a $ 157 millones) y el saldo de los aumentos que Provincia otorgó a los médicos, el Municipio surfea sobre la ola de la crisis.

El déficit financiero —recursos percibidos menos devengados— alcanza alrededor del 0,85 por ciento al 31 de mayo. Si bien es una foto del momento previo al pago del medio aguinaldo para entrar en el segundo semestre, ya muestra una diferencia importante respecto a diciembre, cuando el déficit de mil millones de pesos era de casi el 9 por ciento sobre los recursos percibidos. El objetivo para fin de año es bajar esa performance a la mitad.

El problema, acaso, esté a la vista en los propios números. Se los advirtió Borgo a los funcionarios en la reunión de gabinete ampliado en la que compartieron choripanes en la Secretaría de Producción a mediados de mayo: la ejecución de los recursos por área es mínima —con excepción de Salud, Obras Públicas y, en menor medida, Seguridad—, pero el total en pesos ya había superado el 50 por ciento del presupuesto en el primer cuatrimestre.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado por ley para que Provincia inyecte recursos no reintegrables en los distritos permitirá al Gobierno pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma. Lo que sigue, saben en Palacio, está sujeto a muchas variables que involucran, también, asignación de recursos de Nación, pero no sólo: habrá debate por aumento de tasas.

En Economía entienden que la propuesta aprobada en diciembre que dejó abierta la posibilidad para un nuevo incremento de tasas a mitad de año deberá comenzar a debatirse más temprano que tarde, porque el 100 por ciento aprobado, aun si todos los contribuyentes pagaran, queda desfasado con el costo de los servicios, especialmente con el de Coopser —alumbrado público, bombas de agua, edificios municipales— y el de Ashira.

Para adentro, Borgo destaca como logro la disminución de la importante deuda flotante con la que terminó el ejercicio 2023 y la baja deuda generada en lo que va del período. Junto a Silvio Jaime en Compras de Salud, lograron corregir diferencias de precios con proveedores y unificar las compras.

Para lo que resta del año, una vez cruzado el umbral del pago de aguinaldos, saben que deberán enfrentar un nuevo debate salarial con los gremios municipales más lo que Provincia acuerde con los médicos y que la cobrabilidad de recursos propios podría disminuir aún más por el contexto económico, que además atenta contra los recursos coparticipables.

En el Concejo Deliberante, el oficialismo logró aprobar las cuentas 2023 con los votos propios y la abstención de Cappelletti. En la oposición, volvieron a reclamar acceso permanente a Rafam y mayor transparencia. 

Aunque mucho no dijeron sobre las finanzas del año pasado, tienen a disposición la ejecución de recursos y  gastos del primer trimestre para analizar el devenir del ejercicio en curso, cuyo segundo semestre, todo indica, será cuesta arriba para el Estado local.

Un relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ubicó a San Pedro entre los peores municipios de la provincia de Buenos Aires respecto de la transparencia fiscal al obtener cero puntos en el ranking y ser considerado un distrito con “nulo cumplimiento” de la difusión de las cuentas públicas.

El informe de la ASAP analiza la información presupuestaria, económico financiera y el comportamiento fiscal municipal para evaluar la política de transparencia de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, una cuestión considerada “fundamental para la toma de decisiones de la población en el marco de la democracia representativa”.

El ranking puntúa a los distritos de acuerdo a la publicación del Presupuesto, la situación económica financiera trimestral, la difusión de la ejecución presupuestaria, la publicación de gastos clasificados, del stock de deuda pública, entre otros ítems.

El informe tiene 31 municipios considerados de “alto cumplimiento”, entre ellos distritos grandes como Mar del Plata, La Matanza o San Martín, pero también otros medianos como Junín y Olavarría, y más pequeños como Salto, Ameghino, General Pinto, Bragado.

Entre los 21 de “cumplimiento medio” aparecen Vicente López y Bahía Blanca, Lanús y Tres de Febrero, los vecinos Baradero y San Antonio de Areco, y otros distritos como Guaminí y Pellegrini, entre otros.

Los de “bajo o regular cumplimiento” son 49, la mayoría, y hay allí distritos del conurbano como Ezeiza, Malvinas Argentinas, Florencio Varela y Quilmes, y cercanos a San Pedro como Zárate, San Nicolás, Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Andrés de Giles y Pergamino.

Los de “nulo cumplimiento” son 34, entre los que está San Pedro, son aquellos municipios que a la fecha del relevamiento no publicaron en la web información económico financiera del ejercicio en curso ni el presupuesto vigente. Son muchos y hay municipios grandes como San Isidro, La Plata, San Fernando y Berazategui, y pequeños como Rojas, Ramallo o Pila.

“Más del 61 por ciento de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un índice de transparencia y visibilidad bajo, regular o nulo, lo cual demarca el intenso trabajo a realizar para cumplir con las disposiciones de la normativa de Responsabilidad Fiscal”, advierte el informe.