Comenzó este miércoles en San Nicolás el segundo juicio por el asesinato del reconocido abogado y comerciante de Ramallo César Butara, a quien un grupo de delincuentes de San Pedro, conocidos como "la banda de Walter Díaz", mató en su casa cuando entraron a robar.

En marzo pasado fueron condenados Facundo Gómez y José Pereyra Retamal, quienes recibieron una pena de 20 años de prisión en un juicio técnico. Los otros acusados habían elegido un juicio por jurados, que es el que se desarrolla esta semana.

Tras una larga etapa de selección del jurado popular, que llevó casi toda la mañana, pasadas las 13.30 comenzó en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales el debate oral y público que juzga a Walter Díaz, Miguel Pereyra Retamal y Ramiro Cáceres.

El Tribunal rechazó el planteo de la Defensoría Oficial que pidió la suspensión del juicio por una pericia que estableció que Cáceres, que tenía 18 años al momento del hecho y es señalado como el ejecutor del disparo homicida, carece de entendimiento para enfrentar la causa.

Ramiro Cáceres tiene una disminución intelectual que le impide procesar pensamiento abstracto, establecieron en la entrevista a cargo de personal de Adajus, el programa de asistencia a las personas con discapacidad en conflicto con la Justicia.

Durante el debate pasarán testigos que durante que alimentarán la teoría de que si bien Cáceres no sabe leer ni escribir y posee algún grado de discapacidad intelectual, sí comprende la criminalidad de sus actos.

Durante su declaración, Walter Díaz reconoció el hecho y asumió responsabilidades como jefe de la banda, aunque aseguró que no habían  ido con la intención de matar a nadie.

Díaz relató que ni siquiera habían hecho tareas de planificación previa y que entraron a la casa de Butara al azar, porque les llamó la atención.

En su declaración señaló a Cáceres como el autor del disparo y dijo que no entendía por qué lo había hecho. Además, aseguró que lo habían llevado a Ramallo diciéndole que iban "a pasear".

Por su parte, Pereyra Retamal sostuvo que él no estaba en el lugar del hecho y la defensa planteó que su participación es "secundaria" respecto del asesinato.

Los dos condenados en juicio técnico previo fueron hallados culpables del delito de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo. 

La defensa busca en el debate modificar esa calificación para los tres imputados que eligieron ser juzgados por jurado popular ciudadano.

La declaración de los familiares de César Butara fue un momento duro y emotivo de la primera jornada del juicio, sobre todo la participación de su mamá, que se quebró ante el Tribunal, el jurado y los imputados, a quienes pidió explicaciones e insultó.

La esposa relató cómo fue el asalto, cómo entraron los delincuentes y la golpearon. Su relato fue crudo y tensionó la sala. Al igual que su suegra, lloró mucho durante la declaración.

También pasaron por ante el Tribunal dos de los tres hijos adolescentes del matrimonio, entre otros testigos relacionados con los movimientos que se vieron en la zona de la casa donde ocurrió el hecho.

Para este jueves está prevista una larga lista de testigos y todo indica que el debate podría extenderse hasta el viernes.

Entre las declaraciones para la segunda jornada se encuentran la de personas que contribuyeron al secuestro del arma y a los allanamientos, vecinos de Pereyra Retamal, que es quien vivía en Ramallo, y personal de la Asesoría Pericial de Necochea convocado para este juicio.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había.

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido.

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

La primera parte del juicio contra los cinco sampedrinos acusados de integrar una banda que asaltó y asesinó al comerciante César Butara en Ramallo terminó con condena de 20 años de prisión para dos de los cinco acusados.

Facundo Gómez, de 28 años, y José "Toti" Pereyra Retamal, de 25, fueron hallados culpables de homicidio criminis causae, el tipo de asesinato que se comete para consumar otro delito, en este caso el robo a la familia en su vivienda.

Por su parte, Walter Díaz (34), sindicado como líder de la banda; Miguel Pereyra Retamal (24); y Ramiro Cáceres, que cuando ocurrió el hecho tenía 18 años recién cumplidos y fue señalado como quien disparó el arma homicidia, serán juzgados por jurado popular en julio próximo, puesto que así lo solicitaron junto a sus defensores.

En el caso de los condenados la semana pasada, habían elegido el juicio técnico y el Tribunal Oral en lo Criminal n.° 1 de San Nicolás hizo lugar al planteo de la fiscala María Verónica Marcantonio, que los acusó de formar parte de una banda que urdió un plan coordinado para cometer el asalto en cuyo marco mataron al comerciante.

César Butara fue asesinado el 20 de febrero de 2024 por la mañana en su casa ubicada en una zona de quintas de Ramallo. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La esposa de Butara, que tenía 57 años, abrió la puerta de su casa alrededor de las 8.00 de la mañana de ese lunes y fue sorprendida por los ladrones, que la amenazaron a punta de pistola.

Cuando entraron a la casa, la mujer gritó y su esposo, que estaba cambiándose para ir a trabajar, corrió hasta el living. Allí recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes, que accionó el arma de fuego que portaba sin dudar. La bala dio en el pecho de Butara, que murió en el acto.

Los delincuentes, tras cometer el asesinato, redujeron al resto de la familia, revisaron toda la casa en busca de dinero y destruyeron algunos de los teléfonos celulares que había. 

Del lugar huyeron con una suma cercana al millón de pesos, entre moneda argentina y dólares, en una moto Honda XR 150 del hijo de la víctima.

Fueron apresados en un asentamiento precario de Villa Ramallo conocido como barrio La Laguna. La investigación llegó a ellos por el rastro de uno de los teléfonos celulares que no habían destruido. 

En un descampado cercano hallaron la moto, que habían intentado incendiar, más una cartera con ropa, documentación y otros efectos personales de Butara.

Durante el transcurso del proceso penal, allegados a uno de los ahora condenados a 20 años de prisión aseguraron que él no tenía por qué pagar por el crimen,

Consideraban que era "culpable hasta cierto punto", en la medida en que reconocían su participación en la banda pero señalaban que al no haber sido el que accionó el arma no deberían darle la misma cantidad de años de cárcel que a quien disparó.

Sin embargo, el Código Penal es claro al respecto: considera partícipe necesario a quien haya hecho un "aporte esencial" para la comisión del delito en cuestión y establece que la pena es la misma para quien, como en este caso, disparó el arma homicida como para los cómplices que integraron la banda, planificaron el robo y lo cometieron, cada uno con el rol asignado.

El círculo de la investigación que impulsó la Dra. Viviana Ramos, comenzó a cerrarse. Tenía detenido a Lautaro Iobizzi como coautor del crimen de Agustún Pereyra y ahora, tras la entrega de Kevin Carlevaris cumplió con la audiencia de declaración indagatoria pero el joven decidió acogerse a su derecho de guardar silencio. 

La confesión pública del joven de 18 años que en compañía de sus padres y periodistas llamó a la policía para hacerse cargo del hecho, no se condice por ahora con morigerar la situación de quien en la jornada del asesinato lo acompañaba en la moto.

Mientras la familia de Iobizzi aguarda la decisión judicial que determinará si hace lugar a la prisión preventiva solicitada por la fiscal, solo saben que pueden visitarlo en la Comisaría Primera de San Nicolás, donde permanece privado de la libertad desde el día en que lo apresaron en un allanamiento. El plazo para esa decisión podría extenderse como máximo hasta el 25 de marzo. La medida se ejecuta cuando se entendie que existen riesgos procesales y pruebas suficientes que lo vinculan con la logística y el ataque ocurrido sobre calle Manuel Iglesias al 1100.

Por su parte, tras permanecer más de 30 días oculto, Kevin Carlevaris se puso a disposición de la Justicia el pasado martes. Lo hizo de una manera particular: su mamá se contactó con una periodista de La Opinión & Sin Galera para coordinar y testimoniar en imágenes su integridad en la puerta de su domicilio de donde se fue custodiado por efectivos policiales. Está señalado en el expediente como el presunto autor material del disparo que terminó con la vida de Pereyra.

A un mes del crimen de Agustín Pereyra, familiares y amigos, lo recordaron, pidieron Justicia y exigieron que el crimen "no quede en la nada".

La investigación judicial avanza con fuertes sospechas sobre el autor material del disparo, aunque el principal acusado continúa prófugo.

Pereyra fue asesinado en medio de un conflicto armado que tuvo lugar en la zona de Manuel Iglesias al 1100, donde recibió un balazo por la espalda.

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo permitieron reconstruir la secuencia del ataque y resultaron claves para orientar la pesquisa.

La causa, que encabeza la fiscal Viviana Ramos, derivó en la detención del conductor de la motocicleta en la que se desplazaba el tirador.

El imputado, a quien en las imágenes primero se lo observa como acompañante y luego como conductor, permanece alojado en una dependencia policial, acusado como “partícipe necesario” del homicidio.

Sin embargo, Kevin Carlevaris, de 18 años, señalado como el autor material de los disparos, permanece prófugo de la Justicia. 

Al cumplirse un mes del asesinato, familiares y amigos de Agustín lo recordaron con un mensaje. 

“A un mes de su asesinato lo recordamos con amor y cariño. Pedimos justicia ya que el asesino anda suelto y sus cómplices también. Queremos justicia en su memoria para que descanse en paz. Que no quede en la nada, que pague el asesino”, expresaron. 

Marisel "Pili" Solís aguarda la fecha del juicio por jurados en el que irá al banquillo de los acusados imputada por homicidio agravado por el vínculo en relación a la muerte de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años hallado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191 el 9 de junio de 2024.

Mientras tanto, la dueña del campo Sonho Verde permanece detenida y cambió de abogados. El reconocido penalista nicoleño Gustavo Moreno dejó la causa y en su lugar fue designada Antonela Travesaro.

Se trata de una abogada rosarina que integra un estudio cuyos miembros forman parte de Inocente Colectivo, una ONG que defiende efectivos de las fuerzas de seguridad y que cuestiona, en general, la labor de la perito Virgina Creimer, contratada por la familia de Marcel. 

La defensa de la acusada sostiene su inocencia y llegará al juicio con una serie de planteos en ese sentido. Además, reúne elementos de las pericias practicadas desde que el cuerpo fue hallado sin vida para persuadir al jurado ciudadano y evitar una condena que, por el tipo de delito, sólo podría tener pena de prisión perpetua.

La última de las pericias disponibles sobre las que la defensa se apoya para sostener la inocencia de Solís está relacionada con el cuchillo que fue hallado en la escena del crimen cuando Policía Científica relevó el lugar bajo las órdenes de la fiscala María del Valle Viviani, que intervino inicialmente en la causa.

Para esa pericia se utilizaron muestras de sangre extraídas a Solís y tomadas de prendas de vestir; muestras de Marcel; y el arma, un cuchillo de  14 centímetros de longitud y dos centímetros de ancho, con mango de hueso.

De todo ello se extrajeron muestras de ADN que fueron cotejadas. En el cuchillo obtuvieron un perfil masculino coincidente con la muestra de Marcel Xavier González Jorge, según señala el informe del perito genetista César Guida, del laboratorio de genética forense, que tiene fecha de noviembre de 2025.

"Es aproximadamente 29 mil cuatrillones de veces más probable hallar estos resultados si el material biológico de la muestra" del cuchillo proviene de la de Marcel que "si proviniese de un individuo al azar no relacionado genéticamente" con él, dice el informe.

En el marco de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, Horacio Coronel, abuelo de la novia de Kevin Carlevaris, estuvo en la redacción de La Opinión y pidió que se esclarezca la situación, al sostener que su familia “quedó en el medio” de un conflicto ajeno.

Relató que Kevin atravesaba un proceso de cambio desde hacía aproximadamente un año.

“Había dejado la droga, la mala junta y empezó a trabajar en un frigorífico. Venía progresando”, afirmó, y remarcó que siempre fue “muy respetuoso” con él, con su nieta y dentro de su casa.

Reveló que antes del crimen Kevin estaba con él en la zona de Casella y Manuel Iglesias, donde estaban construyendo una peluquería.

“Recibe un llamado y sale corriendo. En ese momento él pasó solo; la otra persona lo habrá encontrado después, habrá ido a buscar el arma”, señaló, en relación a la secuencia previa al crimen. 

Coronel afirmó que no sabe qué ocurrió, pero que Carlevaris salió apresurado, tras hablar con una de sus familiares. 

También sostuvo que existían amenazas previas vinculadas a otra familia del mismo barrio, aunque aclaró: “Nosotros jamás tuvimos problemas con la familia Pereyra, siempre tuvimos buena relación. Lo que me da bronca es que quedamos en el medio de todo esto”.

En cuanto al accionar policial, indicó que los efectivos llegaron a su domicilio porque Kevin frecuentaba la vivienda.

“El allanamiento fue al otro día del asesinato. Nosotros nos enteramos por las redes sociales de que había un herido y después vimos que se trataba de Agustín”, relató.

Precisó que durante el procedimiento buscaban armas y una motocicleta, pero aseguró que “eso no estaba" en su casa. 

El hombre fue enfático al marcar la postura de su familia: “Jamás avalaríamos a una persona que haya cometido un crimen. Nuestra familia no es así. Si hubiera sido el caso, lo habríamos entregado”.

Manifestó además su preocupación por la situación que atraviesan desde entonces.

“Automáticamente empezaron a sacar fotos de mi casa. Me duele, soy veterano de guerra y tengo muchos conocidos. Estamos mal porque nuestra casa está siendo vigilada y acá no ocurrió nada”, expresó. 

Coronel reclamó que durante los procedimientos judiciales, tomaron fotos en donde exponen su domicilio y a menores de edad, que nada tienen que ver con el crimen, y pidió que dejen de utilizarlas, ya que exponen la identidad de personas inocentes. 

Agregó que hay una persona que pasa reiteradamente en moto frente al domicilio, “como intimidando”.

Sobre el impacto emocional, contó que su nieta “está destruida” y que intentó explicarle cómo funcionan los procedimientos judiciales y policiales. 

“Le dije que están vigilando, que es parte del proceso”, señaló.

“Tenían una relación conflictiva, pero Kevin había cambiado mucho desde lo que pasó con Lautaro”, dijo Coronel. 

Finalmente, recordó que Kevin tuvo conflictos en su adolescencia, pero que tras la muerte de su hermano, logró reencauzar su vida. 

“De menor cometió muchos ilícitos, pero después consiguió trabajo en una carnicería y cambió totalmente. Dejó la droga y cambió”, insistió.

También descartó vínculos con otra familia mencionada en la investigación: “La familia Coronel está fuera de esto. Están buscando en un lugar equivocado”.

El asesinato de Agustín Pereyra tuvo lugar en medio de un enfrentamiento armado en Manuel Iglesias al 1100 y la Justicia continúa haciendo allanamientos para dar con el presunto autor del disparo, Kevin Carlevaris, que permanece prófugo.

Este miércoles efectivos de la DDI detuvieron a quien manejaba la moto desde la que se le disparó a la víctima. 

En el marco de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, efectivos de la DDI y del GTO llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Combate de Obligado 2046. 

Por disposición de la UFI interviniente, se concretó la detención de un joven de 21 años, identificado como quien conducía la motocicleta en la que se movilizaba Carlevaris al momento del hecho.

Durante el procedimiento se secuestró un par de zapatillas y una bermuda, elementos que serán incorporados a la causa como material probatorio.

Pereyra fue asesinado en medio de un conflicto armado y la Justicia trabaja para dar con el sospechoso de efectuar el disparo, Kevin Carlevaris, de 18 años, quien permanece prófugo.  

El año pasado, Lautaro, hermano del sospechoso, fue asesinado en medio de un conflicto de características similares. 

El sábado, en Sin Galera, el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, brindó detalles sobre el avance de la investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, el joven que murió tras recibir un balazo en medio de un tiroteo, y destacó el rol del Centro de Monitoreo para reconstruir lo ocurrido.

Explicó que el hecho se esclareció a partir del análisis minucioso de cámaras de seguridad, que permitió seguir el recorrido de las motos involucradas y observar imágenes determinantes.

En una de ellas se ve a la víctima herida, levantándose la remera para mirarse la lesión, mientras llevaba un arma en la mano.

A partir de allí, continuaron rastreando el trayecto por distintas cámaras, cuadro por cuadro, hasta reconstruir gran parte de la secuencia, pese a que en el lugar exacto donde Agustín Pereyra cayó no había dispositivos instalados.

Álvarez señaló que las imágenes permitieron establecer que no se trató de un ataque unilateral, como se había relatado inicialmente, sino de un tiroteo entre dos motos.

“Ellos (Pereyra y quien iba con él en el rodado) también iban armados”, explicó, y confirmó que esa evidencia derivó en la orden de aprehensión del conductor de la moto en la que se desplazaba la víctima, quien en un primer momento había declarado como testigo.

El funcionario indicó que, tras el análisis del material fílmico, observaron incluso un cambio de posiciones entre quienes circulaban en la otra motocicleta, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento previo y organizado.

Si bien evitó dar precisiones, aseguró que hay “información abundante” sobre el posible paradero del principal sospechoso, Kevin Carlevaris, de 18 años, y que la policía trabaja activamente para localizarlo, incluso fuera de la ciudad.

En ese marco, Álvarez sostuvo que el hecho se enmarca en una disputa entre bandas, posiblemente vinculada a episodios anteriores, y advirtió sobre la gravedad de que estos conflictos se diriman en la vía pública.

“Las balas podrían haber impactado en cualquier vecino que pasara por el lugar”, remarcó.

El secretario también defendió el trabajo diario de las fuerzas de seguridad y del Centro de Monitoreo, al señalar que se realizan allanamientos, aprehensiones y tareas investigativas de manera constante, aunque muchas veces no trascienden públicamente.

“Este caso mostró de manera contundente la importancia del monitoreo, pero todos los días se resuelven situaciones gracias a este trabajo silencioso”, concluyó.

La Justicia continúa trabajando para dar con Kevin Carlevaris, acusado de disparar contra Agustín Pereyra, que permanece prófugo.  

En enero del año pasado, y también en medio de un conflicto armado, el hermano del acusado, Lautaro, de 19 años fue asesinado, tras un largo historial, que incluye tiroteos, denuncias y causas archivadas.

El padre de Lautaro y Kevin Carlevaris lamentó ante La Opinión la "mala junta" y los problemas de adicciones de sus hijos, uno asesinado el año pasado y el otro prófugo acusado de matar a quien dicen era el autor de aquel crimen, Agustín Pereyra.

Pero además de la "mala junta", las adicciones a las drogas y la cotidinaeidad delictiva en barrios donde todos los conflictos, del tenor que sean, se dirimen a los tiros, hay un trasfondo de múltiples denuncias, causas archivadas, insuficiente intervención de los organismos de Niñez e impunidad.

Cuando Cristian Carlevaris se acercó a la redacción de La Opinión tenía una bolsita con papeles. Algunos amarillentos y arrugados. Eran denuncias y notificaciones judiciales. Sin contar las relacionadas con el asesinato de Lautaro suman más de 70 páginas.

Las denuncias fueron radicadas por diferentes miembros de la familia Carlevaris. Apuntan, casi siempre, a los mismos nombres y por las mismas situaciones: amenazas, disparos de armas de fuego sobre sus viviendas e incluso sobre ellos mismos.

Hay denuncias que se remontan a 2018, 2020, 2021. 

Las primeras son contra integrantes de una reconocida familia del barrio Malvinas. Luego empiezan las que señalan a Marcelo "Rengo" Candiotti, sus hijos y los amigos, muchos de ellos todavía menores de edad.

En febrero de 2024, Iara Carlevaris, hermana de Lautaro y Kevin, recibió tres disparos: uno en la mano, otro en la espalda y un tercero en el cuello. Era de madrugada. Por el caso fue detenido Iván Cáceres, acusado junto a dos cómplices que se dieron a la fuga. "Quedó en libertad enseguida", contaron desde la familia.

A fines de mayo, Brisa Ailén, otra hermana, también fue baleada. El tiro le dio en la mano porque se cubrió. "En las cámaras se cómo tira a la cabeza", dijo en ese momento. Fue un jueves por la noche. Tres días después, dos jóvenes en moto gritaron el nombre de su hermano Lautaro frente a su casa y descerrajaron dos disparos.

Muchas de las causas fueron a para al fuero de responsabilidad penal juvenil porque los denunciados eran y todavía son menores de edad. En cada oportunidad, la Fiscalía de menores decidió no adoptar medidas de contención suficientes.

Una de las resoluciones de la Justicia de Menores dice que la causa pasó a archivo por "aplicación de los principios de última ratio y mínima intervención estatal" en casos que involucran a "niños inimputables".

En algunos casos hubo intervenciones de asistentes sociales y psicólogos de la Defensoría General para evaluar "salud física y psíquica del niño", en alusión a imputados por hechos de abuso de armas.

En cada uno, además, la Justicia de Menores advierte que los "organismos del Estado" que correspondan, como el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, deben intervenir para que los imputados "internalicen lo disvalioso de su accionar" y comprendan que lo que hacen "vulnera los derechos de terceros y afecta su propia vida".

Hubo allanamientos, armas secuestradas, denuncias cruzadas, indicios firmes de comercialización de estupefacientes con menores como responsables del delivery, testimonios fehacientes de vecinos y hasta de efectivos policiales que señalan con nombre y apellido a los menores involucrados, y hasta el secuestro de tres armas de fuego en poder de uno de ellos.

En esa causa, que todavía está en trámite, la defensoría del menor pidió sobreseimiento o suspensión de juicio a prueba, pero el juez interviniente resolvió denegarlo. El adolescente en cuestión está imputado de "abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas".

Los menores involucrados en estos conflictos crecieron. La mayoría siguió en la misma senda delictiva y de adicciones. Algunos ya son mayores de edad y otros, todavía no. 

Lautaro Carlevaris tenía 19 años cuando lo mataron. Su hermano Kevin, prófugo por homicidio, cumplió 18 hace seis meses. Está acusado de matar a Agustín Pereyra, que tenía 26.

El único que recibió una medida efectiva de "resocialización" es el condenado por la muerte de Lautaro, que ahora tiene 18 años y cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión efectiva en un centro de contención juvenil, donde permanece alojado tras la denegatoria judicial al arresto domiciliario que solicitó su defensa.

Mientras la policía continúa la búsqueda de Kevin Carlevaris, joven de 18 años acusado de ser el autor del disparo que mató a Agustín Pereyra el jueves pasado, su padre estuvo en la redacción de La Opinión.

Cristian Carlevaris también es padre de Lautaro, el joven de 19 años que fue asesinado en enero del año pasado en el marco de un conflicto armado que tiene a dos grupos como protagonistas, en un contexto de consumo de drogas y abuso de armas de fuego.

Para Cristian Carlevaris, Agustín Pereyra fue quien mató a su hijo Lautaro, inducido, según sostuvo, por Marcelo "Rengo" Candiotti, reconocido delincuente que cumple arresto domiciliario y cuyos hijos forman parte del conflicto.

Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron a Fiscalía acusar a Kevin Carlevaris como autor del disparo que mató a Agustín Pereyra, lo que abona la hipótesis de una venganza por el crimen de su hermano Lautaro.

Consultado acerca de si su hijo podría ser el responsable del asesinato, Cristian Carlevaris respondió: "Creo que no. No pongo las manos en el fuego, pero yo creo que no, porque no encontraron nada".

"Yo no se si fue mi hijo, el tema es que ya lo están juzgando", dijo Cristian Carlevaris.

Reconoció que tanto Lautaro como Kevin "se portaban mal, hacían cosas malas", por la "mala junta" que tenían y aseguró que desde que en enero del año pasado asesinaron al mayor, el hermano "se puso las pilas". "Dejó las malas juntas, dejó las drogas, empezó a trabajar", relató.

Kevin Carlevaris tiene múltiples antecedentes policiales de cuando era menor de edad. "Por peleas", dijo el padre. Permanece prófugo de la Justicia desde que se libró la orden de detención, acusado de ser el homicida de Agustín Pereyra.

Cristian Carlevaris es oriundo de Moreno, en el conurbano  bonaerense. Tiene 49 años y en septiembre cumplirá 50. Hace tres décadas que vive en San Pedro y quiere mudarse del barrio. “No podemos ni salir, vivimos encerrados”, dijo.

"Si mi hijo hizo lo que hizo, bueno, que la pague", señaló el padre de Kevin Carlevaris.

Agustín Pereyra fue asesinado el jueves por la tarde. Iba en moto junto a un sobrino, que manejaba, cuando se cruzaron con otros dos jóvenes, también en moto. 

Hubo un tiroteo entre los dos grupos. Pereyra recibió un tiro en el pecho y cayó algunas cuadras más adelante, en la puerta de la casa de los Candiotti.

El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano y tendrá en el banquillo a la única imputada, su entonces pareja Marisel "Pili" Solís.

Antes de que el Tribunal disponga la fecha del debate, la acusada cambió de abogados. El reconocido penalista Gustavo Moreno ya no la representa y al juicio irá con el patrocinio legal de una abogada rosarina, inscripta en la matrícula del Colegio de San Nicolás.

Se llama Antonela Travesaro, es graduada de la UNR (2009) y diplomada en Criminalística. Forma parte de un estudio dedicado a casos penales junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al.

La elección de esta abogada no parece casual: Travesaro y Mazzuchini son directores jurídicos de Inocente Colectivo, una ONG rosarina que interviene en casos de personas "injustamente encarceladas", aunque en la mayoría son imputados relacionados a las fuerzas de seguridad.

Inocente Colectivo es punta de lanza de los cuestionamientos hacia Virginia Creimer, la reconocida especialista en medicina legal que intervino en múltiples casos de violencia institucional, entre ellos el de Luciano Arruga, y cuyo trabajo permitió condenar a muchísimos policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad.

Virginia Creimer es la perito de parte que la familia de Marcel contrató para revisar la autopsia y echar por tierra la versión inicial que había instalado la sospecha de un suicidio. 

La pericia, firmada por Creimer y por el jefe de los peritos forenses del Departamento Judicial, concluyó que a Marcel lo mataron y permitió la detención de Solís para llevarla a juicio.

A Creimer la cuestionaron por "pericias militantes". Desde Inocente Colectivo la señalan por intervenir en "causas armadas contra policías". La perito es una de las primeras del país especializadas en análisis de torturas y tiene una larga trayectoria reconocida en el mundo.

La familia de Marcel contrató a Creimer para la pericia y la abogada Sofía Sanjurjo, que los representa en la causa, la llevará como testigo por esa pericia, pero además contará con otros peritos para analizar la autopsia y reforzar lo que todos consideran que está claro: Marcel no se provocó las lesiones que le causaron la muerte, sino que fue asesinado.

Personal de la Comisaría y de la DDI buscan a un joven identificado como el autor del disparo que mató a Agustín Pereyra, acusado de homicidio.

Fue individualizado gracias a las cámaras de seguridad que registraron el momento del tiroteo y a través de testimonios recabados en el marco de la causa que instruye la fiscala Viviana Ramos.

En las últimas horas hubo una serie de allanamientos en diversos domicilios en los que podría estar el imputado, con resultados negativos pero sobre pistas firmes.

Los allanamientos tuvieron lugar en calle Cruz Roja al 2200 y en Combate de Obligado al 1200.

 El buscado está directamente relacionado con el conflicto armado que mantienen dos bandos desde hace tiempo y que el año pasado tuvo como hecho saliente el asesinato de Lautaro Carlevaris: es su hermano y tiene 18 años.

Declaró en sede fiscal este viernes el sobrino de Agustín Pereyra, el joven asesinado el jueves en la zona de Manuel Iglesias al 1100, quien manejaba la moto en la que iba cuando lo balearon.

El sobrino de Pereyra fue aprehendido y acusado de tenencia ilegal de armas de fuego porque en los videos sobre los que trabaja la investigación quedó establecido que hubo intercambio de disparos.

En su declaración, el joven aseguró que no sabía que Pereyra estaba armado ni estaba al tanto del conflicto en el que se vio involucrado, puesto que, sostuvo, sólo llevó a su tío en moto para buscar a su hijo, algo que hacían habitualmente.

No llegaron a buscar al nene. Cuando salieron en dirección al centro, empezaron los tiros. Desde otra moto les dispararon. Minutos antes, a Pereyra le habían baleado el frente de la casa.

Cuando se escucharon los disparos, Agustín Pereyra sacó un arma y respondió el ataque. En ese marco fue que recibió el balazo que luego, en el Hospital, le costó la vida.

La investigación sigue su curso y la Justicia reúne elementos en procura de identificar a quienes iban en la moto desde la que le dispararon a Agustín Pereyra.

La defensa solicitó la excarcelación del sobrino tras su declaración indagatoria, bajo el argumento de que no estaba en conocimiento de que su tío llevaba un arma encima ni era parte del conflicto que derivó en el tiroteo.

La investigación por el asesinato de Agustín Pereyra, el joven de 26 años que recibió un balazo por la espalda cuando circulaba en moto en la zona de Manuel Iglesias al 1000, avanza con firmes sospechas respecto de la autoría del crimen.

En las últimas horas, personal de la Comisaría y de la Sub DDI San Pedro - Baradero, abocados a la investigación del caso, allanaron una serie de domicilios en proximidades de la zona donde ocurrió el hecho.

En ese marco, aprehendieron a un joven que conducía la moto en la que iba Pereyra cuando fue asesinado. La investigación logró establecer que todos los involucrados estaban armados.

El aprehendido iba a ser sometido a declaración indagatoria, en principio imputado por tenencia ilegal de armas de fuego. El joven sería sobrino de Agustín Pereyra.

La línea investigativa apunta a un enfrentamiento armado. La situación ocurrió en el marco de una presunta persecución. Pereyra recibió el disparo unas cuadras antes de Manuel Iglesias al 1100, desde donde llamaron al Same.

y tiene como principal hipótesis el conflicto que desde hace tiempo mantienen dos bandos en la zona, en cuyo marco fue asesinado en enero del año pasado el joven Lautaro Carlevaris.

El Juzgado de Garantías autorizó los procedimientos de urgencia, que resultaron con el secuestro de elementos de interés para la causa. Fueron tres los domicilios allanados. 

Quedó detenido acusado de parricidio el hijo de Ismael Sánchez que estaba demorado en la DDI tras la investigación que permitió establecer que podría tener relación con la muerte de su padre.

Sánchez fue hallado sin vida en su casa de Roselló 45, en el barrio Los Aromitos, por otro de sus hijos. Estaba boca abajo, con golpes en la cabeza, dentro de la casa, que tenía la puerta de acceso y el portón de rejas de la calle abiertos.

La investigación que, bajo supervisión de la Fiscalía de Viviani, llevaron adelante la Sub DDI San Pedro que conduce Luciano Capobianco y la Policía Científica que coordina Mariana Águila permitieron establecer conexiones que despertaron serias sospechas sobre Claudio Sánchez, otro de los hijos, de 52 años.

Imágenes de cámaras de seguridad de la zona registraron que el hijo, con el que tenía conflicto de larga data y hasta tuvo restricción perimetral, había entrado y salido de la casa en horas de la mañana, antes de que su hermano hallara a Sánchez sin vida.

En la casa, cuando Científica relevó pruebas, hallaron una billetera, la llave de una moto y una bolsa con ropa del ahora detenido y acusado de parricidio.

En Zanúccoli 99, donde reside el acusado, la DDI lo encontró y observó que tenía los nudillos hinchados y otras lesiones en la muñeca derecha.

Por ello lo trasladaron al Hospital para dejar constancia de esas heridas y lo demoraron en la sede policial a la espera del resultado de la autopsia.

La operación practicada en morgue judicial reveló que Ismael Sánchez falleció de un paro cardiorrespiratorio luego de recibir golpes causados por terceros que dejaron huella en el rostro y un corte en la nuca.

La titular de Fiscalía 7, María del Valle Viviani, que estuvo presente en la escena del crimen,  dispuso la aprehensión del hijo, quien fue imputado del delito de homicidio agravado por el vínculo, al tiempo que ordenó  un allanamiento de urgencia en su domicilio para secuestrar elementos de interés para la investigación.

Marisel "Pili" Solís pidió formalmente en audiencia ante la Justicia ser juzgada por un jurado ciudadano en el marco de la causa por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que murió en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191.

La imputada está acusada de homicidio agravado por el vínculo, una calificación penal cuya única pena posible es la de prisión perpetua, por lo que la votación del jurado, que definirá si es culpable o no, sellará su destino.

Para que sea condenada, como la pena en expectativa es de prisión perpetua, debe haber unanimidad de los 12 miembros del jurado, sin ambages.

En la audiencia, a la que concurrió junto a su abogado particular, Gustavo Moreno, Pili Solís manifestó su voluntad de ser juzgada por jurado popular en lugar del análisis técnico del Tribunal.

Así, serán 12 vecinos de la zona los que deban analizar todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente para determinar si fue ella quien mató a Marcel.

El Tribunal debe disponer la fecha del juicio, en el que se ventilarán todos los aspectos relacionados con la causa, lo que incluye algunas pericias cuyos resultados todavía restan.

Marisel "Pili" Solís seguirá detenida en la cárcel de San Nicolás a la espera del juicio por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge. Así lo dispuso el Tribunal de Casación Penal.

El abogado defensor de la imputada, Gustavo Moreno, había interpuesto un habeas corpus ante Casación contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de mantener la prisión preventiva de Solís, y había pedido, además, "sobreseimiento total y definitivo" o "falta de mérito y excarcelación".

Casación rechazó el planteo y consideró que el habeas corpus no puede ser utilizado como una acción constitucional, al tiempo que dio por satisfecha la garantía de doble instancia judicial para el tratamiento del caso.

Moreno, señalaron los jueces de la Sala I del Tribunal de Casación de La Plata, "optó por deducir una acción de habeas corpus inviable", por lo que rechazaron la presentación, lo que ratifica la decisión de las instancias anteriores de mantener detenida a Solís, imputada de homicidio agravado por el vínculo.

Una multitud marchó este lunes por la tarde en la ciudad de Zárate para exigir justicia y pedir seguridad tras el asesinato de Eduardo Saúl de Francesco, jubilado civil de la Armada asesinado en esa ciudad.

El caso conmocionó al país y tiene un vínculo con San Pedro: uno de los detenidos es un expolicía empleado del área de Seguridad de Zárate que fue dado de baja de la Bonaerense tras el asalto en la carbonería donde fue asesinado el policía oriundo de Río Tala Osvaldo "Lalo" Cantero.

Durante la marcha, el sampedrino Damián Beltrán, que trabaja en Zárate, decidió prender su celular para grabar lo que ocurría y cubrió toda la marcha para La Opinión.

Su relato recorrió la marcha desde que partió, pasó por la casa velatoria donde despedían los restos de Saúl de Francesco y llegó hasta el Municipio, ubicado a media cuadra de la Comisaría, para terminar frente al Centro de Operaciones de la Secretaría de Seguridad municipal.

La cobertura de Damián participa en el Casting de Movileros promovido por La Opinión & Sin Galera tras transmitir con claridad lo que ocurrió durante la marcha.

Entre los cuatro detenidos por el asesinato del jubilado de la Armada Edurado de Francesco, conocido como Saúl y desaparecido en Zárate desde hacía varios días,  cuyo cuerpo fue hallado baleado en un descampado en ruta 9, hay un expolicía que estuvo vinculado al asesinato en servicio del efectivo sampedrino Osvaldo "Lalo" Cantero.

Alejo Ezequiel Moreno, de 29 años y agente de calle del Centro de Operaciones de la Secretaría de Seguridad de Zárate (COZ), había sido dado de baja de la Policía Bonaerense en junio de 2025 tras dos años de sumario.

La Auditoría General de Asuntos Internos lo había desafectado tras considerar que abandonó sus funciones el día en que se produjo la intervención policial del Comando de Patrullas de Zárate, en el que se desempeñaba al igual que Cantero, durante el asalto a la carbonería en la que el joven oriundo de Río Tala fue baleado por delincuentes.

El 27 de abril de 2023, Lalo Cantero y su compañero Ezequiel Romelio —entre otros policías en otros móviles— llegaron tras una alerta al 911 a la carbonería ubicada en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193, que une Zárate con Capilla del Señor. 

Los delincuentes escaparon en medio de una balacera que le costó la vida al sampedrino, hirió de gravedad a su compañero y mató a un empleado identificado como Luciano Padrón.

La tarea de Asuntos Internos desplegada respecto de la actuación de los policías que ese día intervinieron derivó en la cesantía de Alejo Ezequiel Moreno, ahora detenido por el secuestro y asesinato del jubilado Saúl de Francesco en Zárate.

Moreno había ingresado al COZ —el Centro de Monitoreo con Patrulla Urbana de Zárate— "tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra", había informado el Gobierno zarateño.

Eso fue cuando lo detuvieron, hace unos días, junto a su pareja, una oficial de policía identificada como Florencia Ludmila Valentini, de 35 años, que trabaja en el Comando de Patrullas de Campana.

Moreno, Valentini, un hombre identificado como Néstor Irvin  Limache y otro de nombre Lucas Gabriel Lemos fueron detenidos y están a disposición de la Justicia acusados de la trama en la que resultó asesinado De Francesco.

El hermano de De Francesco había denunciado su desaparición la semana pasada. Lo habían escuchado conversar con una mujer a través de la reja de su casa. Esa mujer era Valentini, quien se había presentado para decirle que era nuera de un excompañero suyo de trabajo y que lo quería llevar a una fiesta sorpresa.

De Francesco sospechó y no le hizo caso. Eran alrededor de las 16.00 del miércoles 17 de septiembre. Más tarde, cerca de las 20.00, lo interceptaron en la calle y lo metieron en un Ford Focus gris. Detrás iba un Gol Trend blanco. 

Ambos vehículos fueron secuestrados en el marco de la investigación, que estableció que alrededor de las 23.30 los delincuentes revolvieron toda la casa del jubilado, pero huyeron al escuchar ruidos en el departamento de al lado.

El cuerpo sin vida de De Francesco fue hallado este domingo por la tarde en un descampado a la vera de la ruta 9, en jurisdicción de Baradero. Tenía un balazo en la nuca.

La fiscal Viviana Ramos anunció en Sin Galera que después de Semana Santa se realizará el juicio por jurado de Griselda Fasce, imputada del homicidio de Ángel Cañete, ocurrido el 6 de noviembre de 2022.

Ramos indicó que durante la etapa se probará si la muerte de Cañete se produjo por autolesiones o si fue Fasce quien las produjo.

Aquel día Cañete y Fasce habían compartido un almuerzo familiar, motivado por el cumpleaños de 15 de una sobrina. Allí la pareja discutió por unas bromas que hizo él y se retiraron a su casa.

La Opinión consignó, por entonces, que los vecinos contaron que escucharon gritos desde adentro de la casa, provenientes de una discusión entre ambos. “A él lo vieron en la calle pidiendo auxilio, con un cinturón en la pierna, intentando detener una hemorragia producida por un corte con un arma blanca. Un vecino lo ayudó y convocaron a una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital”.

La lesión de Cañete fue letal por un corte que recibió en la pierna derecha, además de otras dos heridas cortantes en el tobillo y la rodilla que le produjeron una importante pérdida de sangre.

Casi un año después de la muerte de Cañete, en septiembre de 2022 fue detenida Griselda Fasce, sospechada de haber tenido responsabilidad en las lesiones de su pareja, que le provocaron la muerte, que finalmente ocurrió 20 días después en el Sanatorio de la Unión Obra Metalúrgica (UOM), de San Nicolás.

Luego, en enero de 2023, Fasce recuperó la libertad, a la espera del juicio que se cumplirá en los próximos días.