La Justicia concedió el recurso extraordinario que plantearon los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio tras recibir un fallo desfavorable en la Cámara de Apelaciones a sus reclamos relacionados con la arenera ubicada en inmediaciones del barrio.

La Corte Suprema de Justicia bonaerense será la que deba analizar lo que los vecinos dejaron asentado en su reclamo, luego de que quedara firme la resolución judicial que consideró que San Pedro Arenas cumple con la normativa vigente y sólo causa "molestias tolerables".

El Máximo Tribunal ya recibió el expediente para analizar, en los términos en los que la Cámara lo elevó tras considerar pertinente el recurso extraordinario planteado por la comisión de fomento denominada Barrios Unidos.

Tras ello, los vecinos enviaron una nota al Gobierno y al Concejo Deliberante para que intervenga "ante posibles incumplimientos" de la normativa vigente aplicable a nivel local.

La nota fue acompañada por registros fotográficos y audiovisuales para apoyar su reclamo relacionado con situaciones que, aseguran, "generan consecuencias directas en la calidad de vida" del barrio.

"Presencia de material particulado en el ambiente, tránsito constante de camiones y alteraciones en el entorno" fueron los puntos señalados para exigir "control y cumplimiento efectivo de la normativa vigente".

La confirmación de la Corte Suprema de la Nación a la condena de seis años de prisión en la denominada "causa Vialidad" a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner provocó reacción en el arco político de San Pedro.

Funcionarios del gobierno, concejales y otros dirigentes activos en la política local expresaron su posición respecto de lo que para algunos fue "proscripción" y para otros, "justicia".

El intendente Cecilio Salazar consideró "un hecho gravísimo" y "un golpe a la democracia" el fallo de la Corte. "Una condena injusta", dijo el jefe comunal y aseguró. "No es justicia, es proscripción".

Su mensaje fue reproducido por algunos de los funcionarios de su gabinete, entre ellos Laura Monfasani, Roberto Borgo y Hugo Borda. Martín Baraybar, por su parte, reposteó un comunicado de Smata titulado "crónica de una condena anunciada".

La concejala Tamara Vlaeminck, líder local de La Cámpora, posteó una historia de Instagram con el mensaje "Siempre junto a Cristina", desde el edificio donde reside CFK en Constitución y donde concentró esa organización.

Sofía Rotundo, también cercana a La Cámpora y funcionaria del Gobierno de Kicillof en el Ministerio de Trabajo local, consideró que "el ataque no es hacia Cristina, es a todo el pueblo argentino".

También se expresó el director de Cultura, David "Kukino" Kurlat: "Una vez más creyeron que iban a destruir con un soplido, pero solo acomodaron los ladrillos", posteó en Instagram y en X.

La concejala que preside el bloque oficialista, Candelaria Cuscuela, reposteó el mensaje de Kicillof y las fotos de "las mujeres bancando a Cristina" que publicó la edila del Movimiento Evita, Rita Leguizamón.

El Partido Justicialista de San Pedro emitió un comunicado que fue reposteado por, entre otros, el concejal de la UOCRA, Christian Leguizamón, en el que expresa su "más enérgico repudio" a la condena, a la que consideraron "una operación política, mediática y judicial" para proscribir a CFK.

Desde la oposición local, Martín Rivas hizo un posteo en el que consideró que hubo "justicia independiente, punto. Es lo que siempre tuvo que ser" y pidió concentrarse "en nuestro pago chico", con críticas al intendente.

El exintendente interino Ramón Salazar también se refirió en sus redes al fallo. "¿Qué hará ahora el Intendente de San Pedro, que la odiaba con toda su alma y después pasó a ser su fanático número uno? ¿La seguirá defendiendo?", se preguntó el exrepresentante de Milei, que enfrentó a su padre en las elecciones 2023.

Además, Ramón dijo que está "seguro" de que Cecilio "seguirá insistiendo con la gente de Milei para que intervengan la UATRE y le den el manejo a cambio de entregar el Municipio a manos de Carrasco pintado de violeta (reuniones ya hubo)".

El concejal Diego Lafalce publicó en sus redes, con fondo violeta, un "Condenadaaaaaa!!" para expresarse sobre la decisión de la Corte Suprema.

El subsecretario de Seguridad, Gabriel Cabral dijo en Sin Galera que el Gobierno tiene intenciones de invertir recursos propios en la refacción de los calabozos de la Comisaría.

Para ello, señaló, sugirieron junto a su superior, el secretario Carlos Farré “que el arquitecto del Municipio se junte con los arquitectos de la Corte Suprema de la Provincia” para que los del Poder Judicial especifiquen con precisión qué trabajos hay que hacer.

"Que digan este calabozo mide tanto, falta una ventana acá, un techo para el ingreso del sol durante el día, un baño en estas condiciones, porque si hacemos la refacción, el calabozo se deja hermoso, pero no está con las condiciones que la Corte considera que son las necesarias, y gastamos plata en una forma totalmente innecesaria e irresponsable”, sostuvo.

Los calabozos en la dependencia de calle Mitre al 1900, que se encuentran clausurados desde diciembre. Esto sucedió a instancias de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria y una inspección realizada en noviembre de 2024. 

Por entonces, ya había sido clausurados dos de los tres espacios. Desde hace dos meses y medio, no se pueden alojar detenidos en la única comisaría de la ciudad.

“Los calabozos hace mucho tiempo que están clausurados. La última capacidad de alojamiento era para cuatro personas. Fuimos con Carlos Farré a ver el estado actual con el informe que mandó un perito de la Corte, para ver si el Municipio podía iniciar la refacción para lograr habilitarlos, y que nos autoricen el alojamiento de detenidos en San Pedro y no tener un gasto excesivo de medios humanos y logísticos en el en el traslado de éstos”, dijo Cabral.

También explicó que lo que sucede aquí es habitual en la mayoría de las dependencias del norte bonaerense: “En la Superintendencia Región Interior Norte II, que tiene asiento en San Nicolás, de la cual depende San Pedro, los únicos calabozos habilitados para ser utilizados son los de la Comisaría Primera de San Nicolás, en la que hubo una fuga hace escasos días; la Comisaría Tercera de Pergamino; y la Comisaría de Rojas. El resto están todos clausurados”. 

Por su experiencia, no dudó en señalar que “a los calabozos habría que hacerlos prácticamente nuevos. Hay que tener en cuenta que la Comisaría es un edificio de casi 100 años, fantástico, pero que está detonado”.

Asimismo, manifestó que parte de la problemática pasa porque “aquí hay una única comisaría. Son edificios antiguos que no se le ha ido haciendo el mantenimiento necesario". 

"El sector de calabozos es el sector más castigado de una dependencia policial, por los daños que sufre en forma permanente de parte de los reclusos”, explicó.

El Municipio está a la expectativa de una definición para la refacción de  menos de uno de los espacios de detención, pues contaría con la partida de dinero, responsabilidad que debería caer sobre el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Mientras tanto, cada vez que alguien es detenido, especialmente aquellos que cometen un delito grave, la nueva función de los jefes policiales es la de procurar derivarlos, inmediatamente, para su reubicación para evitar que el autor del ilícito gane la calle nuevamente.

A nueve años del asesinato del viverista Ariel Lido Gomila, la Corte Suprema confirmó el fallo conta Ulises Fernández y ratificó la condena a prisión perpetua que pesa sobre él, único acusado y condenado por el hecho.

Tras la ratificación de la sentencia de primera instancia que la Cámara de Casación Penal decidió en 2021, ahora el Máximo Tribunal sostuvo la condena, por lo que se le agotaron las instancias para confrontar la decisión de la Justicia.

Ariel Lido Gomila fue asesinado en la madrugada del 6 de febrero de 2016, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su casa del paraje El Espinillo con fines de robo. Se defendió y lo balearon.

Ulises Fernández fue el único acusado, puesto que del resto de los autores nunca se supo nada. Un testigo clave —cuyo relato siempre fue puesto en duda por los allegados del imputado— permitió ubicarlo en la escena.

Ulises Fernández fue juzgado ante un tribunal ciudadano que lo encontró culpable del delito de homicidio criminis causa, es decir un asesinato cometido para "facilitar, consumar, procurar impunidad o por no haber logrado el fin propuesto" en ocasión del robo a la familia Gomila.

Ulises Fernández estuvo más de un año prófugo de la Justicia. Lo habían allanado el mismo día del hecho y desde entonces lo buscaban. Tiempo después, dijo que se fugó porque "no quería volver a la cárcel".

Tras el revés en la Corte Suprema, los allegados a Fernández aguardan los pasos que podrían dar desde Innocene Project Argentina, una ONG internacional con sede en el país que se dedica a acompañar familiares de condenados cuyos procesos penales podrían contener irregularidades.

Conocido el fallo de la Corte que ratificó su sentencia, Ulises Fernández grabó y difundió un video desde la celda de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, donde permanece detenido cumpliendo la condena.

"Estoy pagando por un homicidio que no cometí. Tengo una sentencia de prisión perpetua. Tengo 44 años y voy a pasar el resto de mi vida privado de la libertad", dice allí.

Tras el fallo de la Corte que ratificó la condena, la pareja de Ulises Fernández remitió una carta a La Opinión que se reproduce a continuación. Como en otras oportunidades, los allegados al condenado aseguran que es inocente y que la Justicia debería buscar a "los verdaderos culpables".

"Si bien varios lo conocen, otros no. Él es Ulises Fernández, es oriundo de San Pedro, Buenos Aires. Él es mi pareja, compañero, amigo y uno de mis pilares desde hace más de tres años.

Él está injustamente privado de su libertad hace ya 8 años. Fue juzgado en el Tribunal de San Nicolás de los Arroyos.Su causa llegó a la Corte Suprema, teníamos toda la fe en ellos, en qué revisarían la causa y verían todas las irregularidades que había, arrancando desde el testigo, una persona con varios antecedentes, mitómana, que se presentó en varios lugares como testigo y que desestimaron sus dicho en cada una de los casos. En el caso de Ulises, lamentablemente no fue así.

Les cuento solo un poquito: el testigo dijo haber pasado por el lugar del hecho (pleno campo) a las 12.30 de la noche y escuchar disparos. La damnificada dice haber llegado al lugar después de la una de la mañana. El testigo dice que volvía de la casa de su hija (a la hija nunca la interrogaron), dice que vio a Ulises a varios metros, cuando los peritos forenses dijeron que era una noche sin luna, por lo que sería imposible ver ni a 5 metros.

La damnificada dice haber visto varias personas y yo me pregunto ¿las otras personas? (No busquen, dejen a Fernández nomás). En el lugar encontraron varias huellas dactilares, ninguna coincidía con la de Ulises. Nunca dijeron a quién pertenecían esas huellas (No busquen, dejémoslo a Fernández).

Nos sentimos, y más él, defraudados por la Justicia (y eso que al menos yo sigo creyendo más en la Justicia Divina)m se quedaron con los dichos de ésta persona y no se encargaron de buscar a los verdaderos culpables. ¿Por qué? Al menos yo, no lo entiendo.

Nos ilusionaron. A mí me hicieron, vía zoom, una ambiental (para ver donde iba a venir a vivir Ulises), le hicieron también vía zoom una audiencia. En la primera, la jueza dijo que no podía seguir la reunión porque no sabía quién lo representaba, si la gente de Proyecto Inocencia Argentina (excelentes, un grupo de personas súper humanas, comprometidos e interesados en el caso, siempre atentos y con una respuesta a cada una de nuestras preguntas hasta el día de hoy) o si lo representaba su abogado. No le dije a Ulises, pero yo lo tomé mal: al lado de la Dra. estaba la secretaria del abogado de Ulises. ¿Por qué diría no saber quién lo representaba? Perdón, pero no entiendo.

En la segunda audiencia le dijo que no le otorgaría ningún beneficio. sigo preguntando, ¿por qué? Si ya sabía lo que le iba a decir. ¿Por qué ilusionar a las personas así? Sí, personas. Ulises es una persona que la está pasando mal, por algo que no hizo.

En el afán de hacer más llevadera su estadía ahí el hace cursos, el que sea: de plantas, peluquería, terminó el secundario siendo escolta, Hoy está en segundo año del terciario. Él no lo sabe o quizá no se da cuenta de lo orgullosa que estaría su madre, ¡yo lo estoy!

Ayer recibimos la amarga y dolorosa noticia con respecto a su causa. Confirmaron la pena. Una pena que desalienta. Una pena que duele. Una pena que nos hace replantear todo. Él está devastado, ya no tiene fe, ya se le borró esa hermosa sonrisa que tiene. Así y todo, sigue alentándome él a mi cuando estoy mal. Yo lo único que sé es que lo voy a acompañar siempre.

Esto es un poquito de lo mucho que hay para decir. Vamos a pedir justicia, aunque parezca repetitivo: justicia, y que los verdaderos culpables paguen. No Ulises Fernández, él no.

Ivana Alejandra AstradaRafaela, Santa FeDNI 24 684 101

La semana que viene, autoridades de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires presentarán en San Pedro un manuel de procedimientos judiciales con enfoque en diversidad  e interculturalidad.

La actividad será en el marco de la denominada "Semana del indio americano" y será presentada oficialmente el lunes en el Concejo Deliberante por la cacique Clara Romero, de la mesa coordinadora regional de pueblos indígenas del HCD.

El acto será el martes en el Salón Dorado y se espera la visita de los integrantes de la Corte Sergio Torres e Hilda Kogan.

Presentarán un manual de procedimientos para tratar casos con diferentes perspectivas de diversidad, como género, ancianidad, niñez y discapacidad con enfoque indígena e intercultural.

Además, se espera la presencia de la presidenta del Supremo Tribunal de Casación Penal, María Florencia Budiño,, hija del sampedrno Eduardo Budiño, quien será distinguida especialmente.

El fiscal Marcelo Manso confirmó que aceptó su designación como juez, anticipada por La Opinión en septiembre pasado, ya es un hecho y que dejará la Fiscalía Nº 5 de San Pedro para volver a vivir al conurbano, de donde es oriundo.

Manso informó que “la designación ya salió”, por lo que finalmente aceptó y será juez de Ejecución penal en el departamento judicial Avellaneda – Lanús, al sur del Gran Buenos aires, donde su radicación es inminente, puesto que los trámites ya están en marcha.

“Es definitivo”, dijo el fiscal en Sin Galera e informó que está “completando la parte administrativa” y que estaba con “la declaración de bienes”, por lo que cuando la Corte Suprema bonaerense autorice la jura asumirá como juez.

“Teníamos la necesidad personal y familiar de volver hacia el conurbano y se nos concretó”, dijo Manso, cuya esposa es empleada del Ministerio Público Fiscal y se desempeña en la UFI 11, quien también dejará el puesto vacante.

“Calculo que será en unos días”, dijo sobre su mudanza definitiva para trabajar en el juzgado de Ejecución penal que tiene asiento en la ciudad de Avellaneda. Su partida implica que Fiscalía General deba llamar a concurso para cubrir su cargo.

Mientras eso ocurre, San Pedro volverá a tener dos Fiscalías que se distribuirán todas las causas penales. Aunque con el personal de la UFI 5 que estaba bajo la coordinación de Manso, Viviana Ramos y María del Valle Viviani, responsables de las UFI 11 y 7, respectivamente, instruirán los expedientes.

Marcelo Manso había llegado a San Pedro desde el departamento judicial de San Martín cuando el Ministerio Público Fiscal autorizó la creación de una segunda Fiscalía descentralizada en San Pedro.