La Justicia halló culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de responsable de guarda y corrupción de menores a un hombre de 31 años que abusó de manera reiterada de la hija de su pareja, con quien convivía.

El condenado vivió con la niña y su madre como una familia durante alrededor de 10 años. En ese marco, tratado como un padre por la víctima, cometió los aberrantes hechos por los que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 lo sentenció a cumplir 15 años de prisión efectiva.

La fiscala María del Valle Viviani, a cargo de la causa, había solicitado 20 años de cárcel y los jueces lo condenaron a 15.

Los abusos comenzaron cuando la niña era muy pequeña, con manoseos en sus partes íntimas. A medida que crecía, se agravaron hasta llegar al acceso carnal hacia 2019, cuando la víctima tenía entre 11 y 12 años. 

Todo quedó probado durante el proceso de instrucción y acreditado en el juicio, por lo que los jueces Laura Fernández, Cristian Ramos y María Belén Ocariz dictaron sentencia condenatoria.

El juicio tuvo lugar el 17 de febrero y la audiencia fue larga y compleja. Este lunes 24, el Tribunal dio a conocer la sentencia de 15 años de prisión.

Los magistrados intervinientes consideraron que las conductas del acusado interfirieron en el libre desarrollo sexual de la niña, lo que implicó una introducción abrupta a la sexualidad a una menor de edad.

Ello configuró el delito de corrupción de menores que se agregó al de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de responsable de la guarda que implicaba ser padrastro conviviente.

El condenado llegó a juicio con prisión preventiva y seguirá detenido tras la sentencia del Tribunal, que la Defensoría Oficial deberá apelar en Casación, de acuerdo a las obligaciones formales de su rol. 

La Justicia ordenó la detención del hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola. Al igual que el gremialista y exconcejal, fue denunciado por abuso sexual de menores.

Identificado como Ricardo Antonio Espíndola, de 67 años, fue detenido en su domicilio, ubicado en la zona de Lavalle al 100, tras la orden del Juzgado de Garantías interviniente.

Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. La víctima tiene 7 años. Su declaración en cámara Gesell fue contundente.

Ante las psicólogas de la Asesoría Pericial, la víctima relató los vejámenes a los que fue sometida de manera reiterada, que incluyeron la exhibición de material pornográfico.

Con la orden judicial, la policía detuvo a Espíndola en su casa, que había sido allanada con anterioridad para secuestrarle el teléfono celular y otras pertenencias.

La denuncia fue radicada en mayo pasado en la Comisaría de la Mujer y desde entonces la Justicia trabajó para establecer medidas de prueba que derivaron en la detención.

Ricardo Antonio Espíndola es hermano del sindicalista de Camioneros Fernando Espíndola, quien está detenido con el beneficio de arresto domiciliario en el marco de una causa por pedido de coimas en su rol sindical junto al líder regional de su gremio y concejal nicoleño en uso de licencia, Maximiliano Cabaleyro.

Además, Fernando Espíndola enfrentará un juicio por la verdad por las denuncias por abuso sexual reiterado que radicaron contra él sus sobrinos, que lo acusaron de someterlos durante años cuando convivían y todos eran menores de edad.

El sábado, la policía recibió una señal de alerta. Un llamado a la dependencia les permitió dar con un hombre joven pero mayor de edad que tenía pedido de captura en un hecho ocurrido en la Fiscalía N° 10 de Moreno, en el conurbano bonaerense.

Los agentes llegaron a un domicilio en nuestra ciudad y allí lo identificaron como a la misma persona que se buscaba en el marco de una causa por un grave delito de abuso y corrupción de menores, ya que esa es la situación cuando la víctima tiene menos de 16 años.

El hecho de haber posado en San Pedro con otra menor -esta vez de 15 años- llevó a la familia denunciante a señalar su presencia en la ciudad y  llamar a la policía.

Durante la mañana del domingo, está previsto el traslado al lugar que disponga la justicia dentro de la jurisdicción donde tramita su expediente.

Según se supo, la denuncia data del año 2021 cuando la familia de una niña de 13 años lo denucia por abuso sexual y a principios de 2022 le habían dictado el pedido de captura sin poder concretarla. 

La Justicia absolvió y declaró inocente a una mujer de 25 años que fue acusada por su expareja de mirar películas pornográficas junto a su hija de cuatro años, amenazarla de muerte con un cuchillo y hasta impulsarla a prácticas sexuales.

El fiscal Marcelo Manso había pedido una condena de 10 años de prisión efectiva para la acusada, por considerar que había elementos suficientes para declararla penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores agravada y abuso sexual agravado en concurso real.

El defensor oficial Alejandro Ares sostuvo que la imputación no estaba probada y que las acusaciones no se habían podido acreditar, al tiempo que advirtió que las declaraciones que llevaron a juicio a la acusada era contradictorias y hasta interesadas, inducidas por el entorno de la menor.

Durante el juicio, la mujer acusada, que cuando la denunciaron tenía 21 años, relató que su expareja la “tiró contra el piso y le pegó con el cinto” luego de romperle el celular tras descubrir mensajes relacionados con una infidelidad.

Nunca hizo denuncias por maltrato “por miedo”, aseguró. No sólo su expareja la golpeaba y hasta llegó a quebrarle el tabique, también fue víctima de agresión física por parte de su suegro.

La mujer se tuvo que ir de la casa que compartía con su expareja ante amenazas de muerte. La propia madre de él confirmó en el juicio que su hijo dijo que si la encontraba en la casa la iba a matar por “meterle los cuernos”.

Los relatos de la madre del denunciante y de su hermana resultaron para el Tribunal “interesados”. Señalaban que la niña les había dicho que la madre le hacía “ver películas con cochinadas” y que la “tocaba” cuando la bañaba. Los jueces consideraron que esas declaraciones tendían a “justificar la violencia a la que sometieron a la imputada”.

Respecto de la declaración en cámara Gesell de la niña, pesó la conclusión de la perito psicológica que consideró que si bien podía haber elementos compatibles con lo verosímil se notaba “cierta influencia de adultos con respecto a justificar violencia de género”.

La “influencia de terceros” y que la menor no haya referido haber sido tocada en sus partes íntimas durante la entrevista más ciertas contradicciones fueron importantes a la hora de la consideración del Tribunal.

Lo único que pudo destacarse respecto de la exhibición de películas pornográficas es un relato de la niña respecto de haber sorprendido a su madre mirando escenas de personas desnudas tras lo que tomó el control remoto y cambió de canal para poner dibujitos.

Para el Tribunal, ese episodio no evidencia “algo forzado”, es decir que no puede considerarse que la mamá “obligó” a la menor a ver sexo explícito, por lo que los hechos referidos por el denunciante no pudieron ser acreditados.

Las pericias médicas no constataron ningún tipo de signos de violencia genital ni “signos físicos microscópicos que indiquen o hagan suponer que haya sido víctima de abuso sexual”, por lo que el voto de la jueza Laura Fernández, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás selló la absolución de la acusada, que fue declarada inocente de la acusación.