El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa, exfuncionario de la Fiscalía local y ex fiscal general de Rosario, fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal que lo juzgó en un resonante caso de corrupción judicial vinculado al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Serjal fue hallado penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, omisión de persecución y peculado por haber protegido organizaciones criminales desde su importante cargo como jefe de todos los fiscales de Rosario y la región.

Los magistrados Nicolás Foppiani, Faucndo Becerra y Hebe Marcogliese dictaron sentencia para Serjal y para Nelson Rodolfo Ugolini, exempleado judicial que también fue acusado de cobrar en dólares de una red de juego ilegal para brindar protección en la Justicia, a quien le dieron cinco años de cárcel.

Desde el comienzo de la causa, los abogados de Serjal —primero Hugo Lima y luego Ignacio Carbone, defensor de barrabravas y sicarios de "Los Monos"— habían planteado que como el sampedrino había accedido al cargo sin vínculos políticos, habían tejido debajo de él una red de corrupción que lo involucró por el lugar que ocupaba.

 El intento por desvincularlo no alcanzóy la Justicia consideró que Patricio Serjal Benincasa cobró coimas para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" en procura de que "no prosperen" causas penales contra Leonardo Peiti, empresario del juego clandestino a quien también se lo vinculó alguna vez con la banda narco Los Monos.

Peiti brindó información como "arrepentido", fue condenado a tres años y a pagar 47 millones de pesos de multa en un juicio de trámite abreviado. 

Los datos que aportó involucraron a Serjal y a Ugolini, así como al exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis ños, y como "arrepentido" ofreció detalles de la operatoria ilegal.

Serjal tiene 48 años. Tras recibirse como abogado, trabajó como auxiliar de la primera Fiscalía descentralizada que hubo en San Pedro e hizo carrera en el Poder Judicial hasta convertirse en la máxima autoridad regional del Ministerio Público Fiscal en Rosario.

Durante la instrucción de la causa fue detenido y cumplió varios meses en prisión preventiva hasta que le otorgaron primero arresto domiciliario y luego la libertad, tras lo que volvió a San Pedro a esperar el juicio, que comenzó el 15 de septiembre y terminó con su condena a 9 años de prisión.

Prefectura Naval Argentina allanó domicilios de efectivos de la Policía Vial San Pedro involucrados en un hecho relacionado con el robo de más de 20 millones de pesos a una persona a la que habían retenido en un procedimiento en la ruta 9.

Las diligencias tuvieron lugar en las viviendas de un teniente sindicado como el principal responsable, una sargenta de la misma fuerza y la jefa del destacamento, por su condición de máxima autoridad al momento del hecho. También habrían requerido a su superior en el mando.

El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada en un control de rutina de la ruta 9 a la altura de Río Tala, en inmediaciones del destacamento de la Policía Vial San Pedro y fue denunciado esa misma noche en la sede de Prefectura.

En la denuncia, un comerciante oriundo de la ciudad de Orán, provincia de Salta, dejó asentado que fue interceptado por agentes de la Policía Vial para un control y que le revisaron el vehículo.

El comerciante, del rubo venta de indumentaria, indicó que dentro del auto llevaba una bolsa con más de 20 millones de pesos producto de su actividad comercial, que le fue robada por los policías bajo intimidación.

En la denuncia señaló que el teniente involucrado le dijo que tenía que elegir entre "la plata o la libertad", por lo que optó por dejarles la bolsa con dinero. En el automóvil iban tres personas y el conductor carecía de licencia.

Tras retirarse, decidió radicar la denuncia. La causa recayó inicialmente en la UFI 7 de Viviani pero tramitará en la UFI 8 de Baradero, que conduce Hernán Granda.

En los allanamientos secuestraron diversos elementos de interés para el trámite del expediente, entre ellos los teléfonos celulares de los involucrados, que serán sometidos a pericias.

La situación del consejero escolar Cristian Novaro, que fue denunciado ante la Justicia por tres pares por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores para obras en el escuelas, se demora en el cuerpo, que pretendía analizar en sesión especial el tema, más allá de lo que investigará Fiscalía desde el punto de vista penal.

Estaba previsto que el lunes 23 se desarrollara una sesión especial para evaluar la posibilidad de sanciones, entre ellas suspenderlo en su cargo hasta tanto se sustancie la investigación penal, pero la licencia “por cuestiones de salud” que elevó Novaro obligaron a posponerla.

El presidente del Consejo Escolar, Jorge D’Andrea, explicó a La Opinión que “al estar de licencia posterga la realización de la sesión especial, por eso se está reprogramando, dependiendo de esa licencia”.

Novaro estuvo de licencia lunes y martes. Luego del feriado por el Censo Nacional, la retomó para jueves y viernes. Ahora esperan que se reincorpore el lunes para hacer la nueva convocatoria.

D’Andrea informó que tras consultas en La Plata les explicaron que para hacer la convocatoria deben pasar al menos cinco días hábiles y que el consejero tiene que estar activo en su cargo, para que pueda, como tal, preparar su defensa.

“Después de la sesión puede salir la posible sanción, que puede ser un llamado de atención o amonestación, suspensión o expulsión del cuerpo, esas son las posibilidades”, precisó el presidente del cuerpo, de acuerdo a la normativa vigente.

Patricia Sabaté, de Juntos, Cecilia Macchia y Vanina Zubieta, ambas del Frente de Todos, se presentaron en Fiscalía para denunciar a Novaro por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de proveedores en al menos dos obras de electricidad en escuelas.

En la denuncia dejaron asentado que Novaro citó a dos proveedores que competían entre sí, les dijo el monto del presupuesto que tenían que presentar y le “aconsejó” a uno de ello que elevara uno menor al del otro, a pesar de que ambos iban a hacer la obra de manera “asociada”, situación irregular que, señalaron, ocurrió también en una obra anterior con los mismos prestadores de servicios.

El consejero acusado rechazó los términos de la denuncia y consideró que deberían haber dado curso a “una investigación interna”. Sostuvo que lo que hizo fue “llamar a los proveedores para que se repartan el laburo y la obra se haga cuanto antes” y que consiguió un precio “por debajo del valor comercial” por lo que “nos ahorramos un montón de dinero” a través del “consenso con los proveedores”. “Lo tomo como un éxito”, dijo.

Pero además dijo que que desde que llegó al Consejo Escolar tras ser electo en la boleta del Frente de Todos en las elecciones del año pasado hubo cosas que decidió cambiar en la modalidad de trabajo del cuerpo y que ello le generó “enemistades”.

En ese sentido, sostuvo: “En algún momento dije ‘el kiosquito se acabó’, en referencia a irregularidades que mencioné en su momento. Las obras que nosotros hacemos son millonarias”, lo que puso un manto de sospecha sobre el Consejo Escolar, especialmente en la composición anterior.

La semana pasada, a raíz del escándalo desatado, las consejeras escolares oficialistas Cecilia Macchia y Vanina Zubieta renunciaron a la vicepresidencia y la tesorería del cuerpo, respectivamente.

El PRO lanzó una iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación para implementar la “ficha limpia” para funcionarios del Gobierno y cargos políticos electivos, tal como había hecho en 2019 y 2021, momentos en los que no obtuvo acompañamiento.

En consonancia, los concejales que responden a ese partido en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires elevaron una propuesta para implementar lo mismo en el ámbito de las ciudades bonaerenses. En San Pedro lo hicieron los ediles del bloque Juntos PRO, que integran Gerardo Pelletier y Vanina Cappelletti.

El proyecto local tuvo un desliz: en el expediente, al final de los considerandos, se lee “el Honorable Concejo Deliberante de Salto”, por lo que se olvidaron de cambiar el nombre de la ciudad a la hora de copiar y pegar el texto para presentarlo, algo que sí hicieron en otros párrafos del proyecto.

En la vecina ciudad de Salto, donde también gobierna un intendente del Frente de Todos, Ricardo “el cura” Alessandro, el proyecto ficha limpia fue presentado por el concejal del PRO Santiago Esperanza. El expediente de los sampedrinos es igual a ese, aunque contiene algún detalle más, al punto que hasta dice “Salto” en uno de sus apartados.

En diciembre pasado, cuando asumieron los nuevos ediles, la mitad del cuerpo electa en octubre, el exdiputado Eduardo Polimante y el exconcejal Carlos Antonelli elevaron un documento con “seis propuestas ciudadanas” para los flamantes concejales, entre ellas la de “ficha limpia” para que quienes sean candidatos a nivel local cumplan con el requisito de no tener antecedentes penales por hechos de corrupción u otros delitos.

En el proyecto elevado por Pelletier y Cappelletti —que no hace otra cosa que darle curso legislativo a lo que en el caso de Polimante y Antonelli fue una iniciativa a título ciudadano— no hay mención alguna a los integrantes del denominado Grupo Volver.

La propuesta que los concejales del PRO elevaron tanto en Salto como en San Pedro y en otros municipios bonaerenses tiene una diferencia sustancial con el planteo que hizo el presidente de la bancada de ese partido en Diputados, Cristian Ritondo.

Es que el exministro de Seguridad del Gobierno bonaerense durante la gestión Vidal popone que no puedan ejercer cargos públicos “aquellos que tengan procesamiento firme de segunda instancia”, mientras que en los Concejos Deliberantes la iniciativa respeta a rajatabla el principio de inocencia y establece que no puedan ser funcionarios del Ejecutivo o del HCD quienes hayan sido “condenados” y tengan sentencia en segunda instancia judicial.

Los delitos contemplados para la denominada “ficha limpia” son: cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícitio de funcionarios y empleados”; fraude en perjuicio de la administración pública; encubrimiento en cualquiera de ellos.

“Desde hace varias décadas, el fenómeno de la corrupción se ha revelado como uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas, enquistado en todos sus niveles, tanto en los ámbitos gubernamentales como civiles”, dicen los proyectos elevados en Salto y San Pedro.

Tanto en la vecina ciudad como en el HCD local, los bloques que responden al partido PRO elevaron también, con textos exactamente iguales, un proyecto de Resolución para respaldar la implementación en la provincia de Buenos Aires de la denominada “Boleta única”.