Un informe de La Nación + retomó hace pocos días la situación que viven los habirantes de las 84 Viviendas, ubicadas en Villa Depietri y que permanecen inconclusas.

El último domingo de septiembre se conoció un informe en el que el canal de cable reflotó el tema y repasó los avatares de la obra iniciada en el 2021. 

Después de ser sorteadas, las familias adjudicatarias tomaron posesión de la propiedad en 2024, ante el riesgo de usurpaciones.

En el medio, una intervención que luego se judicializó, por parte de la empresa Arcor, que planteó que el Municipio incumplió el cargo de donación de los terrenos.

La empresa reclama que allí podían edificarse casas, pero destinadas a quienes residen en la zona de barrancas, desde la bajada Vapor Nacional Correo hasta el final del camino costero, en el Bajo Cementerio.

Entre el pleito y la posterior desaparición de la empresa constructora (Cooperativa Grupo Alfa), las viviendas quedaron incompletas. Fueron los adjudicatarios quienes, de acuerdo a sus posibilidades, les dieron forma colocándole las aberturas, pisos, arreglos de techos, cloacas y diversos pormenores con la finalidad de hacerlas habitables.

En el informe de La Nación + se destaca que para la Municipalidad el proyecto estaba casi terminado (98 %), pero la realidad muestra una falta de infraestructura básica como alcantarillado, calles pavimentadas e iluminación en el barrio, además de todo —mucho— que quedó por hacer en el interior de cada casa.

Los residentes afirman que el Municipio ha estado ausente en gran medida, sin haber proporcionado los recursos prometidos. Lo nuevo, ahora, es la promesa de dotar de iluminación en derredor del barrio.

La palabra “estafa” está latente en el informe, donde aparece Ana Tabbita, una de las adjudicatarias, para un recorrido por la realidad de estos días. 

Consultada acerca de si se avanzó en alguna mejora, Tabbita fue contundente: “Sigue todo igual. Cada uno fue haciendo su casa, terminándola, arreglando los techos. Yo recién lo pude hacer el mes pasado porque se llovía. Las calles están totalmente con pozos y barro. Lo que nos prometieron ahora, que es lo que están haciendo, es tratar de ponernos la luz”.

El litigio impone limitaciones. El caso de dotar de energía tiene su impedimento. “No nos pueden poner la luz como a cualquier barrio. Entonces la van a poner por fuera del perímetro”, dijo la adjudicataria, mientras que, hace más de un mes, se observa la tarea de poner los medidores para cada domicilio.

Sobre el estado de las calles, Tabbita contó que pidieron tosca, “por lo menos como para llevar a nuestro hijo a la escuela, o entrar y salir del barrio, no tener que ir con barro. Según lo que nos dijeron en la Municipalidad, en Obras Públicas, nos habían mandado 20 camiones con tosca. Y la verdad, si la llevaron fueron dos o cuatro como mucho. No sé dónde están los otros”.

“Al intendente no le gusta que yo salga a hablar, pero bueno, tampoco nos escucha. Entonces, que nos mande los camiones de tosca. A las casas las iremos terminando cada uno”, agregó.

Sostuvo que está agradecida por contar con una vivienda, mientras recalcó la necesidad de tener energía en sus hogares.

En una parte de la entrevista, pintó un panorama de la ciudad: “En general San Pedro no está bien, porque no hay obras. En las calles hay un pozo atrás de otro. Está bastante feo en lo que es su mantenimiento”, mientras se lamentó de que “una ciudad tan linda esté tan venida menos con la gente que tiene. Es hermosa también porque la gente del barrio, que somos todos trabajadores, la peleamos todos los días, todos tenemos hijos”.

Parte de esa pelea también se relaciona con una construcción defectuosa, como cañerías mal instaladas, que les obligan a realizar costosas reparaciones.

Tabbita describió lo que los fortalece, que es el apoyo mutuo entre los vecinos, que no solo a duras penas van mejorando su hábitat, sino también pugnan para que cumplan las promesas de infraestructura.

Las suspendidas obras de La Tosquera, financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) generaron controversia entre el Municipio y el Gobierno nacional.

Por un lado, el Estado local fue a la Justicia para solicitar adherir a un amparo para que Nación retome las obras que quedaron paralizadas tras los decretos que modificaron el fondo, que tiene destino de eliminación.

Por el otro, funcionarios del gabinete del presidente Javier Milei intimaron al intendente Cecilio Salazar a que devuelva el anticipo financiero que entregó a la empresa cooperativa Grupo Alfa, que devolvió el seguro de caución por la garantía.

Son 137 millones de pesos los que Nación pide que se les devuelva.

El Municipio recuperó casi 110 millones, puesto que a eso ascendía el seguro de caución cuyo pago hizo efectivo la compañía aseguradora Integrity S. A. para responder por el abandono de la obra por parte de la cooperativa Grupo Alfa.

El Gobierno local había rescindido el contrato. Cumplidos los plazos para que reintegre el adelanto financiero o retome la obra, la Subsecretaría Legal y Técnica firmó el convenio con la aseguradora.

Pero el Gobierno nacional quiere la restitución de los fondos. Primero notificaron por vía administrativa con la intimación, tras informar la declaración de caducidad de la obra.

Es decir que Nación dispuso la cancelación de todo lo previsto en La Tosquera, por lo que la financiación queda sin efecto y, ante ello, procedieron a reclamar la devolución del anticipo financiero que el Estado nacional envió durante la gestión Alberto Fernández.

La Municipalidad remitió una carta documento para solicitar que se declare nulo el procedimiento iniciado y en la que negó haber recibido esas notificaciones previas a la declaración de caducidad.

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario respondieron que el comprobante del Correo Argentino indicaba que habían recibido las comunicaciones y reiteraron la intimación para que el Municipio devuelva los fondos.

Esa última comunicación del Gobierno nacional fue entregada el 13 de agosto pasado. El paso que sigue desde Desarrollo Sociocomunitario de la Nación es remitir todo para el reclamo por la vía judicial.

Las obras de la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera, estaban enmarcadas en las previstas en todo el país en las zonas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populales (Renabap).

La obra comenzó y Grupo Alfa colocó adoquines en la bajada, una vereda que recorre el bajo y dispuso la instalación de la red de agua, aunque nunca conectaron el tanque. El registro indica que eso representaba apenas el 0,93 por ciento del total de lo planificado.

La noticia publicada por La Opinión que revelaba que el Municipio fue a la Justicia contra Javier Milei por las obras en La Tosquera y que solicitó sumarse al amparo colectivo por la paralización de obras del FISU, entre las que están las de esa localidad, desató la polémica en las redes sociales. 

Cartu opinó: “Milei está entregando toda la Argentina y el pobre tipo está trabajando por un kilo de carne de puchero. Más no le alcanza. Defienden lo indefendible. En octubre Milei pierde por paliza y se va” y Vicky le respondió: “Se va a ir cuando sea el tiempo. En 2027 hay elecciones. Ahí se verá si se va o se queda”.

Quiqui escribió: “Ya no saben de dónde robar. No hay más guita para los ladrones” y Germán agregó: “Esa obra tenía que estar lista en octubre de 2023, y ahora la culpa es de Milei. Ya no saben qué más robar”.

“Seguí así, Salazar y no te va a votar ni tu guardaespalda. Qué porquería de gente sos. La Justicia debería investigarte por fundir el municipio”, apuntó Walter. 

Nacho comentó: “Por no hacer las obras en su debido momento, se quedan con la plata y después esperan sacarla de otro lado” y Adaan ironizó: “¿Qué tiene que ver Milei si vos te llevás la gota?”.

Marcos cuestionó: “Que deje de darle plata a Rita para la cooperativa de Castro y que la ponga en esa obra”.

Gonza criticó: “Qué persona cínica este corrupto. Siempre echando la culpa al otro y nunca mirándose a sí mismo. Esas obras tendrían que haberse terminado en 2022 o 2023. En vez de ayudar, se llenó los bolsillos. Vergüenza ajena”.

Ramón dijo: “Que robe menos este delincuente que le echa la culpa a los demás” y  Silvana le preguntó: “¿Tenés pruebas?”.

Rubén ironizó: “No me muero. La basura que tiran en el camino a La Tosquera es porque no pagan al que maneja la máquina. ¿También es culpa de Milei?”.

Javier advirtió: “Este señor se tiene que quedar en el molde. Va a terminar en cana. Que disfrute el año que le queda y que le pida a Dios no ir preso”.

Clímaco reflexionó: “¿Qué se puede esperar? Se junta mucho con Kicillof. Diez años en el poder y la culpa siempre es del que recién entra. Muy de manual kirchnerista y peronista: la culpa siempre es del otro”.

Majo escribió: “Me encanta leer las opiniones, me río mucho, pero se opina por opinar, por la cara, por afinidad. No hay fundamentos. Quieren magia, como soplar y hacer botella. Así estamos, lamentable”.

Turco reclamó: “¿Por qué no van a buscar al gobernador? Él tiene que hacerse cargo de la provincia. Qué joda”.

Juana expresó: “Yo solo digo que cuántos años estuvieron robando tanto el intendente como los presidentes anteriores y ahora le echan la culpa al presidente actual por lo de La Tosquera” y César comentó: “Ah, sí, culpa de Milei. Qué manga de cabezas de termo. ¿Qué querés con estos kukas?”.

Colo resumió: “La Tosquera está abandonada desde hace años. Y ahora resulta que es culpa de Milei” y Paulino se burló: “¿Saben cuál es la diferencia entre una bicicleta y un zurdo? Que a la bicicleta la dejás atada y no se queja”.

Marcela preguntó: “¿Y quién va a ir contra él con la cantidad de acomodados que tiene?”. Nancy comentó: “Dejen de joder. ¿Por qué no ponen cosas útiles? Son muy cómicos”.

José dijo: “Qué chantaje. Lo que faltaba era eso. Me muero. Campeones son, la verdad. Ganan todos los concursos”.

Juan consultó: “¿No será culpa del intendente o del gobernador? Porque el basural abandonado es del municipio, y él cobra el impuesto para eso”.

Carlos observó: “Lo raro es que siempre le dan los trabajos a la cooperativa Alfa, que ya tuvo un montón de problemas, pero siempre está en todas las obras” y Yanina remató: “Es más fácil echarle la culpa al de turno”.

Rocìo señaló: “El cinismo y la caradurez que maneja esta gente es increíble. Reclaman cosas que se tendrían que haber hecho hace años”.

Domingo preguntó: “¿Por qué no le va a pedir al gobernador? Siempre le echan la culpa al de turno”.

Jorge escribió: “Hay que ser peronchos, digo, Milei es presidente, no gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cómo lo envidian a mi presidente. Es un orgullo ver al presidente de todos los argentinos sentarse y compartir una relación con el presidente de Estados Unidos. Otros comparten la mesa con L-Gante. Qué patético, por Dios”.

Pato criticó: “Qué vergüenza echarle la culpa a otro para limpiarse las manos, señor intendente” y Hugo concluyó: “Están desesperados por agarrar plata. No desperdician nada. El municipio vendió el material que se sacó de la ruta 1001 y ese material apareció en varios barrios. Era reciclable para tapar los pozos, pero en vez de eso, le ponen tierra”.

El Gobierno de la Municipalidad de San Pedro fue a la Justicia para pedir que se tenga en cuenta al Estado local como parte del amparo colectivo que tramita por la suspensión de obras vinculadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a nivel local las de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

El subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta, en representación del intendente Cecilio Salazar, elevó la solicitud de adhesión del Municipio a la causa que inició por intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

La Municipalidad de San Pedro pidió ser tenida como parte actora "por existir en nuestra localidad una cantidad importante de habitantes de barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana (Renabap).

El barrio más afectado por las medidas del presidente Javier Milei en relación a la disminución de recursos para el FISU es La Tosquera, que tenía obras en marcha cuyo avance apenas alcanzó el 9,3 por ciento.

Las obras fueron paralizadas, tanto las que administraba directamente Nación como las que pasaban por la Municipalidad, que logró recuperar el seguro de caución por parte de la empresa cooperativa Grupo Alfa, que tenía a su cargo las tareas.

Apenas asumió, en febrero de 2024, Milei estableció vía decreto la reducción de la afectación específica de impuestos que iba al FISU. Ello provocó la suspensión de miles de obras a lo largo y ancho del país. Además, Nación propuso en sus presupuestos la eliminación definitiva de ese fondo.

El Municipio pidió la declaración de inconstitucionalidad del decreto que modificó la asignación de recursos y eliminó el financiamiento del fideicomiso, al considerar que "resulta violatorio de derechos con raigambre constitucional".

Además, pidió adherir a la medida cautelar que ordenó al Gobierno de Milei a instar los medios necesarios para la continuidad de la política pública de integración de los barrios populares registrados en Renabap.

El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una cautelar que suspende la liquidación total del patrimonio del FISU y exigió un informe del saldo existente en relación a ese fondo.

A más de un año y medio desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, la obra pública nacional sigue paralizada, lo que repercute en las municipalidades que, como San Pedro, tenían trabajos en ejecución.

Algunos estaban muy avanzados, otros por la mitad e incluso había los que apenas habían comenzado. En cada caso, las empresas habían cobrado anticipos financieros que el Municipio, desde el año pasado, busca recuperar.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, instruyó al subsecretario de Legal y Técnica Daniel Porta para la rescisión de los contratos vigentes en aquellas obras paralizadas que dependen de aportes financieros del Gobierno nacional.

Así, se firmaron decretos para rescindir contratos con las empresas, sobre todo con la cooperativa Grupo Alfa, la 8 de Diciembre y otras similares, con el objetivo de recuperar el anticipo financiero o cobrar el seguro de caución.

El sábado, Porta dio detalles en Sin Galera acerca de ese proceso, que ya recuperó 110 millones de pesos de la obra de La Tosquera y que, en algunos casos como el de la escalera del Vía Crucis, tiene un proceso en la Justicia Civil.

"Cambió la dinámica política y lo que era el financiamiento de Nación, que tenía que venir para la ejecución de obras, dejó de estar. Entonces ahora se miran las (obras) que habían quedado a mitad de camino y las que no habían comenzado", explicó Porta.

Los vecinos de las 84 viviendas habían solicitado al Gobierno municipal en mayo pasado que intervinieran de manera urgente para solucionar problemas acuciantes para la vida cotidiana del barrio, a un año y medio desde que en febrero de 2024 les entregaron las casas sin terminar, en medio del conflicto con Arcor.

Una de las problemáticas más importantes estaba relacionada con el servicio de energía eléctrica, puesto que las unidades habitacionales tienen conexiones clandestinas, lo que implica riesgos de accidentes domésticos, electrocución y daños en los artefactos.

La semana pasada observaron a personal de Coopser que llegaron, tras un dictamen favorable por parte de los abogados de la cooperativa respecto de la viabilidad, para comenzar el proceso que derivará en la conexión regular de la luz para cada vivienda.

Como el barrio constituye un "macizo", Coopser no podía hacer la conexión si no estaban abiertas las calles, puesto que el suministro puede pasar por la línea municipal para que desde allí se haga la conexión domiciliaria.

Independientemente de la causa judicial y el litigio con Arcor, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, consideró en Sin Galera que era "una cuestión de justicia social" garantizar el servicio de energía eléctrica como corresponde.

Personal de Coopser comenzó con la construcción de unos gabinetes desde donde se establecerán las conexiones hacia los pilares, algo que cada frentista deberá afrontar por sus propios medios.

"Merecen condiciones dignas", dijo Porta y agregó: "Se descartó el impedimento legal, porque en la medida cautelar vigente Arcor pide que no se avance con la adjudicación, pero aclara que no pedía que se paralizara la obra".

"Todos los habitantes están en condiciones de recibir el servicio", aseguró el funcionario y destacó que los abogados de Coopser señalaron que "esto es como un edificio acostado" y así debe tratarse a la hora de establecer las conexiones domiciliarias de electricidad.

"No sabíamos nada", dijo un vecino y aseguró: "Ojalá que conecten, es lo mejor, así no sabemos qué va a pasar, sería un golazo".

Otra vecina señaló que vio al personal de Coopser trabajando y también celebró que llegue el servicio de electricidad de manera regular al barrio.

El Municipio cobró el seguro de caución tras la rescisión del contrato con la empresa cooperativa Grupo Alfa por la primera etapa de las obras de urbanización de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera.

La compañía aseguradora Integrity S. A. firmó un convenio con la Municipalidad para el pago de 109.851.546,40 pesos correspondientes a la póliza de seguro de caución por la garantía del anticipo financiero para la obra denominada "desagües pluvial, red vial y peatonal", que Grupo Alfa abandonó sin terminar.

El Gobierno rescindió el contrato e intimó a la empresa para que retome la obra o reintegre el adelanto financiero. Cumplidos los plazos, el reclamo administrativo, a cargo de la Subsecretaría de Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, llegó al convenio para el pago de esos 110 millones, que la aseguradora ya hizo efectivo.

Como con todas las obras que tenía en marcha en 2023 —las 84 viviendas de Depietri y las 89 de Nuestro Sueño, las más relevantes—, Grupo Alfa desapareció y abandonó las tareas tras las elecciones presidenciales. En medio de planteos por redeterminación de costos y con la decisión del nuevo Gobierno nacional de discontinuar la obra pública, el Municipio reclamó.

El presupuesto original era de casi 750 millones de pesos y formaba parte de un proyecto del programa de integración sociourbana de barrios populares del Renabap, que se financiaba con el denominado Fisu, que generó polémica al comienzo de la gestión Milei, quien apuntó al dirigente Juan Grabois por el destino de los recursos de ese fondo.

Grupo Alfa comenzó la obra y colocó adoquines en la bajada de la escuela 44, en una vereda que recorre la calle del bajo e instaló la red de agua, aunque no la conectaron porque nunca llegó el tanque.

El Municipio consideró "incompleta y abandonada la obra" por lo que requirió el reintegro del anticipo financiero, teniendo en cuenta que Grupo Alfa no justificó el parate ni retomó el plan de trabajos previsto. Al contrario: desarmó el obrador que tenía y se llevó todo.

Además de los desagües pluviales, el adoquinado de la bajada y la construcción de la vereda, el proyecto preveía pavimentar el camino que lleva a ruta 1001, la apertura de una calle de varias cuadras y la consolidación de 12 mil metros cuadrados de calzad acon ripio.

También estaba previsto construir un muro de contención en el límite de la escuela 44, que tiene serios riesgos de derrumbe porque está ubicada en la cresta de barranca, entre otras obras complementarias para las que el presupuesto original quedó corto a poco de ser aprobado.

El Concejo Deliberante tratará en la sesión de este jueves un pedido de informe del concejal opositor Martín Rivas relacionado con las obras que la empresa cooperativa Grupo Alfa dejó sin concluir en la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera.

El edil de Juntos por el Cambio pide al Gobierno que informe plano y detalle del proyecto, presupuesto, motivos por los que no hubo licitación sino contratación directa a la cooperativa Grupo Alfa, tareas cumplidas y pendientes, entre otros puntos.

Además, solicita conocer las razones por las que el Municipio "no demandó en tiempo y forma a la cooperativa de trabajo Grupo Alfa" respuestas ante el abandono de la obra y el obrador para julio de 2024, fecha en la que vencía el plazo previsto.

El Gobierno rescindió el contrato con Grupo Alfa a fin del año pasado y quedó habilitado para reclamar por las vías administrativas y eventualmente judiciales el adelanto financiero y el seguro de caución tras considerar incumplido el convenio por parte de la cooperativa.

Casi 750 millones de pesos había previsto el Gobierno nacional durante el mandato de Alberto Fernández para una obra de desarrollo urbano de la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, tareas que quedaron sin terminar y cuya empresa a cargo, la cooperativa Grupo Alfa, desapareció como hizo con otras obras relevantes en San Pedro, entre ellas las 84 viviendas de Villa Depietri.

El Gobierno municipal decretó la rescisión del contrato con Grupo Alfa y quedó habilitado para reclamar por las vías administrativas y judicial el adelanto financiero y el seguro de caución de garantía tras considerar que la cooperativa no cumplió lo acordado.

El convenio fue firmado el 6 de septiembre de 2023. Tres semanas después, hubo redeterminación de precios y acordaron la contratación de mano de obra local. 

El 2 de noviembre de ese año, el Municipio pagó el anticipo financiero en el marco del programa "integración sociourbana de barrios populares" del Renabap, financiado con recursos del denominado Fisu, que el Gobierno de Javier Milei puso en duda y por el que apuntó al dirigente Juan Grabois.

"El proyecto de integración socio urbana contempla la realización de la red de agua, conexiones domiciliarias, una perforación nueva con tanque elevado para reemplazar las instalaciones existentes, instalaciones intra-lotes de agua, electricidad y cloacas con sistema alternativo de biodigestor y la ejecución de núcleos húmedos", informó en ese momento la Federación de Cooperativas de Trabajo Fecootra.

"Desagües pluviales, red vial y peatonal — Etapa A", decía el convenio. Dispusieron adoquines en la bajada de la escuela 44, hicieron la "peatonal" que no es otra cosa que una vereda sobre la calle del bajo que va del basural al barrio, instalaron la red de agua pero no hay tanque ni conexión, por lo que todavía Los Cazadores, jerarquizada a localidad, tiene dificultades para el suministro.

El relevamiento formal de Obras Públicas municipal constató que "la obra se encuentra incompleta y abandonada", con "demora en exceso e injustificada en la ejecución del plan de obras, con el consecuente abandono" sin "presentación de documentación obligatoria".

"Transcurrido holgadamente el plazo total de ejecución de obra (ocho meses) sin que se haya dado cumplimiento en modo alguno al avance de obra conforme Plan de Trabajos", la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta dictaminó la rescisión, cuyo decreto firmó el intendente.

Grupo Alfa dejó la obra por la mitad y no dio señal alguna. Incluso desarmó el obrador que tenía en la zona y se llevó todo.

La ejecución de obras con el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) quedaron detenidas antes de que asumiera Javier Milei, que ordenó una auditoría. 

Sus resultados generaron una polémica al interior del propio Gobierno nacional: mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que era "lapidaria", el nuevo Subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación y armadador político provincial de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, aseguró que su antecesora, Fernanda Miño, tuvo una "gestión ejemplar" sin "desvío de fondos ni sobreprecios ni nada".

El concejal Mauro de Rosa había consultado en varias oportunidades respecto de la posibilidad de reactivación de la obra de La Tosquera, sin respuestas concretas. 

Aunque Pareja tenía intenciones de que tras la auditoria se retomaran las tareas en todo el país, el Ministerio de Economía redujo del 30 al 1 por ciento del impuesto País la inyección de recursos al Fisu, por lo que no avanzaron.

El proyecto en Los Cazadores incluía red pluvial con más de 6100 metros de cordón cuneta; más de 100 metros cuadrados de badén de hormigón; la instalación de 29 sumideros y 28 cámaras de inspección; la construcción de casi de 6300 metros lineales de cordón cuneta; 99 metros cuadrados de badén; cuatro sumideros y cuatro cámaras de inspección.

También la consolidación de más de 12.000 metros cuadrados de calzada con ripio, 678 metros cuadrados de pavimento articulado, la apertura de una calle de 2300 metros lineales; la pavimentación de 19030 metros cuadrados de calzada con asfalto para facilitar la accesibilidad del barrio a la ruta 1001, cuyo camino en la actualidad es de mejorado con tosca.

A su vez, incluía la construcción de 1250 metros cuadrados de vereda para complementar la red peatonal existente, junto con la instalación de 54 metros cuadrados de rampas de accesibilidad; y un nexo de 4207,5 metros cuadrados de vereda de bloques intertrabados para conectar la manzana 10, al igual que 265 metros cuadrados de rampas de accesibilidad.

Por último, preveía la construcción de un muro de contención en el límite de la escuela 44 y rejas metálicas para cerrar el acceso, con el objetivo de "fortalecer y garantizar una mayor seguridad de las instituciones educativas".

El presupuesto original era de casi 750 millones de pesos, pero antes de que las obras comiencen hubo redeterminación porque lo previsto, producto de la inflación, no alcanzaba para todas las obras planificadas.

A un año y medio desde que la cooperativa Grupo Alfa dejó la obra de plaza Constitución, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical elevaron un pedido de informe para que el Gobierno explique qué hizo respecto de los visibles defectos que presenta.

En el expediente, los ediles radicales exigen que el Ejecutivo informe si hay certificación provisoria o definitiva de la obra y quiénes estuvieron a cargo de la inspección.

Además, quieren saber qué gestiones hizo el Gobierno ante la cooperativa Grupo Alfa, la misma que dejó sin terminar las 84 Viviendas y otras obras, para la reparación de los defectos constructivos que están a la vista.

Señalaron que esos defectos provocan "acumulación  de agua de lluvia, barro, levantamiento de baldosas en varios sectores" que "faltan terminaciones" y surgieron "movimientos de suelo por falta de trabajos previos de apisonamiento".

La obra de puesta en valor de la plaza Constitución fue financiada con recursos del denominado Fondo Municipal de Obras Públicas Comunitarias, cuyos recursos salen del acumulado del FOPC que recauda Coopser. El presupuesto era de casi 66 millones de pesos.

El 13 de febrero del año pasado, tras una reunión en el predio con el secretario de Gobierno, los preadjudicatarios de las 84 viviendas del barrio Villa Depietri decidieron ocupar las casas a pesar de que todavía no estaban terminadas.

Las versiones sobre riesgos de usurpación provocaron temor en las familias que fueron sorteadas en el club  Independencia. Como el Gobierno les había asignado a cada una la unidad habitacional que le tocaba y hasta les había entregado una llave, decidieron ocuparlas.

Fue, primero, para protegerlas. Luego, en medio de la polémica y con la causa iniciada por Arcor que dejó sin efecto los resultados del sorteo, decidieron quedarse. Muchos esperaban que a fin de 2023 se las entregaran, pero los plazos se demoraban.

La causa que inició Arcor también forma parte de esas demoras, puesto que paralizó todas las gestiones que pudiera hacer la Municipalidad desde el punto de vista administrativo para el proceso de adjudicación.

Pero también, y sobre todo, la desaparición de la empresa cooperativa Grupo Alfa: la constructora se fue sin terminar las viviendas, alegando falta de pago y reclamando redeterminación de precios.

La obra, financiada por el Gobierno nacional, quedó paralizada en términos presupuestarios cuando asumió Milei y se paralizó toda la obra pública. La certificación es materia de debate.

Cuando les entregaron las llaves y las familias ocuparon las casas que el mapa y la documentación municipal indicaba que les tocaba, no tenían aberturas ni sanitarios. Tampoco agua. Mucho menos electricidad, servicio que hoy tienen pero de manera clandestina.

A un año, la situación de las familias en términos formales no cambió. En el Juzgado Contencioso Administrativo, la causa no se mueve desde octubre. En el Gobierno nacional no hay señales de reactivación de la obra. La empresa no apareció más y el Municipio no tiene respuestas para dar.

Mientras tanto, los preadjudicatarios que residen en las viviendas las mejoraron. Incluso algunos están en obra para ampliar su casa. En la Justicia penal, Fiscalía desestimó acusarlos de "usurpadores", aunque tiene un expediente abierto.

Son 84 familias. 84 sueños que aquel 24 de febrero de 2023 cristalizaron en la alegría de los que salieron sorteados y que se fueron transformando en pesadillas a medida que pasaban los meses.

El 13 de febrero de 2024, los preadjudicatarios se cansaron y ocuparon las viviendas. Arcor demandó a la Municipalidad porque considera que no debería haber sorteado las casas sin haber tenido en cuenta el cargo con el que esos terrenos fueron donados en su oportunidad.

La posición del Gobierno es que los 84 sorteados son los legítimos adjudicatarios y que pase lo que pase en la causa, ellos seguirán en las viviendas. En el peor de los casos, el pueblo de San Pedro deberá pagar a la empresa multinacional el valor del terreno que disponga la Justicia, si es que le da la razón.

Mientras tanto, en el barrio pasó de todo: ventas, préstamos a cambio de materiales, alquileres, permutas, intentos de usurpación, renuncia a los derechos del sorteo y una empresa que a pesar de haber cobrado por el 96 por ciento de la obra certificada no pudo demostrar un avance tan significativo.

El pasado sábado el móvil de Sin Galera recorrió las 55 viviendas, ubicadas en la zona Mateo Sbert y Güemes, que están a cargo de la cooperativa de La Matanza, Fecoovima.

El plan, financiado por el instituto de vivienda de la Provincia de Buenos Aires, registró avances en algunas edificaciones, siendo las más favorecidas aquellas que están ubicadas cerca del acceso al barrio.

"La mayoría de las calles son de tierra, entonces está todo con mucho barro", indicó la movilera respecto de la dificultad que deberá considerarse a la hora de continuar con la construcción. 

Por otro lado, en el trascurso de la semana pasada, el intendente Salazar recorrió la construcción acompañado de trabajadores del obrador y expresó su "satisfacción por el avance logrado" y su "expectativa de que las viviendas puedan ser entregadas próximamente". 

El plan de viviendas del barrio Güemes fue anunciado a mediados del 2023 tras la firma de un convenio que preveía la edificación de 96 viviendas y la obra comenzó a finales del mismo año. 

A poco más de un año de la inauguración de la nueva Terminal de Ómnibus que capitales chinos construyeron para su explotación privada en 11 de Septiembre y Lucio Mansilla, la obra pública vinculada ya muestra importante deterioro.

La continuidad de la avenida 11 de Septiembre, sobre terrenos cedidos por la empresa propietaria de la Estación, es del denominado "pavimento articulado", una especie de "adoquinado" con bloques de cemento: ya está dañado.

En la primera cuadra tras el semáforo de Lucio Mansilla, acceso a la Terminal propiamente dicha, los adoquines se "desarticularon" y se levantaron contra el cantero central, lo que representa riesgos para los vehículos que circulan por allí.

La obra de pavimentación de esas cuadras estuvo a cargo de la empresa cooperativa Grupo Alfa, la misma compañía con sede en Quilmes que fue responsable de diversas obras en San Pedro, entre ellas las 84 viviendas del barrio Villa Depietri y las 89 de Nuestro Sueño, paralizadas desde fines del año pasado.

La obra fue contratada en 2021, con un presupuesto de más de 18 millones de pesos. A fines de ese año, el movimiento de suelo estaba listo. En 2022 terminaron la calle y a mediados de año colocaron los semáforos. La Nueva Terminal fue inaugurada en marzo de 2023.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En la primera entrega, La Opinión reveló las promesas de Fabián Veneziano, de la empresa cooperativa Grupo Alfa. Ahora, las de Martín Baraybar, secretario de Gobierno de la Municipalidad.

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Baraybar les dijo que faltaban "detalles, algunos más, otros menos" pero que la obra venía "avanzando bastante bien, dentro de los plazos establecidos" que "a veces no son tan exactos por cuestiones climatológicas y de entrega de materiales".

La primera vez dijeron que entregarían las casas en julio; luego, en octubre; después, en diciembre.

"En la Secretaría Legal y Técnica está el expediente, se hizo el control de informes de dominio, informe social de Desarrollo Humano, hay algunos inconvenientes entre los sorteados, que deben presentar sus descargos", dijo. Había errores en números de DNI, un homónimo con propiedades, cuestiones menores.

"Estamos viendo cómo destrabar la situación con Arcor, creemos que la vamos a terminar destrabando", les dijo Baraybar. Todavía no habían asignado la vivienda que le correspondía a cada uno. "Hay un expediente, está todo, hay un montón de documentación que acredita paso a paso", les aseguró.

Cuando le preguntaron si se podía hacer sin resolver lo de Arcor, Baraybar dijo: "Lo estamos haciendo. Todo se puede hacer. Tenemos una medida cautelar, entendemos que eso se va a resolver, no nos impide avanzar con lo que tenemos que avanzar. La medida cautelar me dice que no puedo adjudicar, pero todo lo de más lo puedo hacer". 

“No está resuelto, pero entendemos que se va a resolver. Y si no se resuelve, veremos”, les dijo sobre el conflicto con Arcor.

"Pero nosotros estamos convencidos de que a los 84 que les corresponde la vivienda, se las vamos a entregar", sostuvo y aseguró: "Se está trabajando para terminar la obra y lo que nosotros queremos es entregar las viviendas".

Veneziano les había dicho que si no había dificultad climática, podrían terminar las casa a fines de octubre. 

"Cuando venimos a hacer las inspecciones les hacemos los reclamos para que corrijan", aseguró Baraybar. Para la gente, lo que informaba el secretario de Gobierno era similar a lo que les decían en reuniones anteriores. "Hay una fecha que nos corre, no nos podemos hacer los distraídos", le dijeron.

"Entendemos la incertidumbre, es lógica. Hay cuestiones que estamos trabajando que ameritan que las trabajemos de la man

ra en que lo estamos haciendo. Hemos avanzado en los expedientes", sostuvo Baraybar.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra y a dos meses de que hayan tomado posesión, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En esta primera entrega, La Opinión revela las promesas de Fabián Veneziano, síndico y cara visible de Grupo Alfa. 

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Veneziano los guía por la primera fila, la más avanzada de la obra, y dentro de una de las viviendas les explica dónde va la cocina, el termotanque eléctrico y cómo funciona el termotanque solar.

Les asegura que resta sólo una mano de pintura y la colocación del cielorraso. También, ante consultas de las familias, les ofrece que le contraten a la cooperativa la colocación de las rejas y la construcción de las medianeras.

De ese recorrido de Veneziano participan el entonces secretario de Obras Públicas, Javier Silva, y el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien luego mantiene una reunión con los preadjudicatarios para explicarles los avances del expediente y la situación con Arcor a esa fecha.

Este martes, un grupo de preadjudicatarios de las 84 viviendas de Villa Depietri se presentaron en la Municipalidad para exigir que los atiendan funcionarios del Gobierno en procura de respuestas a las necesidades del barrio, a dos meses desde que les permitieron ocupar las casas sin terminar.

El secretario de Gobierno, Martín Baraybar, no estaba en Palacio pero les fijó una audiencia para este miércoles a las 9.00 de la mañana. "Así que esperemos que no nos tengan a las vueltas y que sea algo positivo, dentro de todo lo que estamos viviendo", dijo una de las vecinas presentes.

"Necesitamos las calles, la luz, las cloacas", señaló otra de las preadjudicatarias. Tras el anuncio de la audiencia del miércoles, informaron a quienes llegaban y se retiraron.

"Yo me tengo que ir de donde estoy, necesito que aunque sea me entreguen las ventanas, porque las cosas están, no sé por qué tanta burocracia", se quejó Adriana, preadjudicataria de la última fila, la de personas con discapacidad, cuyas viviendas son las menos avanzadas de la obra.

La mujer reveló que para la colocación de los caños de agua y cloacas, obra por la que la Municipalidad contrató de manera directa a la misma cooperativa Grupo Alfa pero con fondos provinciales, tuvo que pagar de su bolsillo.

"Yo tuve que pagar para que me hagan el zanjeo de las cloacas y el agua, particular, 45 mil pesos tuve que pagar por las cloacas y 12 mil por el agua. A mí nadie me lo devuelve y yo estoy sola. Que se hagan cargo", señaló.

Muchos de los preadjudicatarios que alquilaban, ante el vencimiento de los contratos, decidieron instalarse, a pesar de la precariedad, la conexión clandestina de la electricidad y las dificultades que se presentan en el barrio los días de lluvia.

"Así está la calle principal", dijo un vecino que envió fotos. "Hace más de una semana que no podemos salir porque el encargado no sé qué quiso hacer aparte del pozo que hizo rompió el pozo ciego, lo que se ve no es agua, son residuos cloacales", informó.

"Espero poder irme, yo me quedo en la casa, pero tengo que dormir en el piso sin ventana, con chapas, no es lógico ni digno, y no es culpa de nosotros", dijo Adriana y agregó: "Yo creí y sigo creyendo en la buena voluntad, pero es necesario que nos den una mano y no nos dejen abandonados".

El sábado se cumplieron dos meses desde que las familias ocuparon, con la venia del Municipio, las 84 viviendas cuyo sorteo que se las preadjudicó fue suspendido por la Justicia en el marco del conflicto legal con Arcor.

"Esperé 30 años para esto y esperar 30 años con la ilusión es triste y doloroso para uno, que está pasando necesidades. Yo laburo todo el día y no es que no quiero pagar, pero qué me van a cobrar, si me dieron la llave y yo entré por la ventana", graficó una de las preadjudicatarias.

La reunión será a las 9.00 de la mañana y esperan que la mayoría pueda sumarse para hacer los planteos al secretario de Gobierno, Martín Baraybar, de quien esperan respuestas de corto plazo para la resolución de las problemáticas urgentes.

El Concejo Deliberante aprobó en la sesión de este jueves la ordenanza mediante la que la cooperativa Nuestro Sueño cede a la Municipalidad los terrenos para la construcción de 89 viviendas, es decir para la obra que empezó el año pasada y que está paralizada desde hace meses.

El expediente había ingresado en diciembre, cuando las cooperativas 8 de Diciembre y Grupo Alfa ya habían abandonado la obra, que está "neutralizada" y sobre cuyo futuro los socios deben definir, con opciones que planteó la cooperativa, tras la suspensión de la última asamblea.

Los concejales no hablaron sobre el tema y sólo se limitaron a levantar la mano para votar por unanimidad. Ni siquiera los ediles de la oposición que elevaron pedidos de informe sobre las 84 viviendas dijeron algo.

Sólo tomó la palabra la presidenta de la comisión de Peticiones, la oficialista Candelaria Cuscuela, que dijo que "en el marco del plan Casa Propia se realiza este plan de viviendas, que son 89, y se tiene que realizar esta donación con cargo para poder hacer todas las cuestiones administrativas".

Entre las "obligaciones que tienen que ver con el cargo", Cuscuela enumeró: "Escrituración, en un futuro la construcción y la subdivisión", como dice el expediente, que evidentemente fue redactado mucho antes de que la obra comience y, con la parallización, derivara en el conflicto actual.

La cesión de la tierra en carácter de donación por parte de la cooperativa al Municipio tiene un plazo de cinco años para el cumplimiento del cargo. De lo contrario, deberá ser restituida a la cooperativa. El cargo, efectivamente habla de "subdividir y construir" 89 viviendas.

Es decir que desde ahora, mientras la obra esté en construcción y por el plazo de al menos cinco años, esas dos parcelas ubicadas entre las calles Independencia, 74 y 3 de Febrero son propiedad municipal.

El sábado por la tarde, en un salón de eventos, una parte de los socios de la cooperativa Nuestro Sueño llegó para decidir qué hacer frente a la paralización del plan de construcción de 89 viviendas que se financian con fondos del Estado nacional.

La presencia de una periodista que fue a cubrir este encuentro fue sometida a votación y así, por 17 votos contra 13, se resolvió que no presencie el encuentro en el que se ponen en cuestión importantes situaciones que se viven con la obra pública que se desarrolla en San Pedro. 

En este caso, una adjudicación que se resolvió a favor de la empresa 8 de Diciembre y que hasta fines del año 2023 ejecutaban trabajadores con materiales estibados en el obrador de la Cooperativa Grupo Alfa.

Una situación difícil porque 30 de esas 89 casas se levantan en lotes de un terreno que aún no posee su escritura y que los compradores cedieron a favor del Estado para pagar en cuotas por sus unidades habitacionales. Son los que pertenecen al predio ubicado sobre calle Independencia.

Hay propietarios que están en mejores condiciones porque sus casas están en otras localizaciones y, en muchos casos, emprendieron la tarea para terminarlas por su cuenta o no tienen el mismo apuro para que se culminen las obras.

Tal como adelantó La Opinión, las opciones a votar eran cinco, cuatro de ellas a favor de la continuidad de Grupo Alfa y la restante que dejaba en suspenso la posibilidad de restitución de la propiedad o la potestad de “ceder” el lote.

“Hubo una reunión de la cooperativa, a la cual no fui convocado, y en la cual me hubiese gustado estar para para comunicarles algunas cuestiones”, dijo el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, el sábado por la noche. 

En octubre de 2023, el Municipio había certificado que las obras ya contaban con un avance de casi el 40 %. En esa misma línea se manifestó Inés Mario, la representante legal del grupo que comenzó con sus actividades hace más de 15 años cuando no era empleada municipal ni tenía vínculos con empresa alguna.

En la reunión reprodujeron un audio en el que el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, arquitecto Mariano Brañas, compromete su presencia para evaluar el estado de las obras. 

La Opinió, consultó al funcionario para chequear esa información y efectivamente confirmó que esa había sido la propuesta pese a que no había sido convocado para asistir al encuentro.

“En primer lugar agradecerles la confianza y apoyo que me dieron en la primera reunión y darles una devolución del estado de situación.  En segundo, transmitirles que la semana que viene vamos a hacer un peritaje para ver el estado de avance de cada unidad", les informó Brañas.

Ello, advirtió, "NO implica una entrega, solo una radiografía de una obra neutralizada. Los vecinos son propietarios de sus terrenos y como cooperativa tomarán una decisión fuera de los tiempos de Nación, los cuales aún no tiene responsables que den respuesta la continuidad de financiamiento de la obra”.

Hay una preocupante ansiedad por determinar quiénes son las personas que se comunican con la prensa e incluso algunas amenazas de expulsión que al igual que en las 84 viviendas operan en contra de la defensa de los derechos que cada ciudadano tiene a la información pública, precisa y confiable cuando el Estado les niega ese acceso.

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Los socios de la cooperativa Nuestro Sueño votarán el 6 de abril los pasos a seguir respecto de la obra de las 89 viviendas que se construyen en sus terrenos a través de un programa del Gobierno nacional similar al de las 84 viviendas de Villa Depietri.

Al igual que ese barrio, Nuestro Sueño tiene la obra "neutralizada" por la cooperativa Grupo Alfa —o por la 8 de Diciembre, que aparece como ganadora da la licitación—, es decir paralizada desde el año pasado y sin  novedades de que vaya a ser retomada.

El Consejo de Administración de Nuestro Sueño dispuso una serie de opciones entre las que los socios deberán elegir al momento de la votación para definir cómo avanzar, ante el riesgo que implica tener la obra paralizada.

Así lo decidieron en la última reunión, que Inés Mario, secretaria de la cooperativa, anunció en Sin Galera tendría lugar el 30 de marzo para que cada socio pueda “decidir qué es lo que quiere para su casa”.

En la reunión, quienes conducen la cooperativa pretendían que los socios votaran, pero hubo una moción para posponer en ese momento la votación.

Los socios quieren "ver al avance de obra antes de tomar la decisión".

Las opciones entre las que deberán elegir contemplan varias alternativas para que los socios decidan qué hacer frente al panorama actual. Nuestro Sueño es propietaria de los terrenos donde se erige la obra, puesta en marcha por administración municipal con recursos del Estado nacional.

La primera opción es exigir al Municipio la devolución del terreno para que cada socio finalice la construcción por sus propios medios, es decir la continuidad individual de la obra a partir de lo construido hasta el momento por la empresa ALFA.

Esta alternativa tiene algunos aspectos dudosos. Por un lado, el Concejo Deliberante no aprobó todavía esa cesión de terrenos, cuyo proyecto fue enviado el 15 de diciembre, muchos meses después de iniciada la obra y cuando ya estaba paralizada.

Por otro lado, la obra no fue "abandonada" respecto de su adjudicación sino "neutralizada", porque la empresa sigue a cargo pero no trabaja en reclamo de pagos adeudados y redeterminación de precios para continuar. Si esto es cierto o no, nadie lo sabe. No hay información sobre los pagos y certificaciones. La única documentación es un decreto que da por sentado que a octubre de 2023 se había ejecutado casi un 40% de la obra.

La segunda opción es "esperar tres meses" y en caso de que el Gobierno no retome las tareas exigir entonces la devolución del terreno para finalizar la construcción de manera individual y cada uno por sus propios medios.

La tercera es esperar tres meses y si el Estado no continúa la obra, "contratar en conjunto una empresa constructora" para que se haga cargo de finalizar las 89 viviendas.

La cuarta opción es que si pasados esos 90 días de espera no hay novedades del Gobierno, contratar de manera individual a la cooperativa Grupo Alfa para que finalice las tareas. A la luz de lo acontecido en las 84 viviendas parece la opción más riesgosa ya que en estos tiempos los materiales acopiados y los trabajadores iban desde una a otra obra como si fuesen de una misma empresa.

La quinta implica que luego del compás de espera de tres meses los socios queden liberados para "ceder a socio suplente el lote de acuerdo" en los términos en los que establece la cooperativa que puede hacerse esa cesión. Una práctica que Nuestro Sueño ya utilizó en su primera etapa cuando financiaba en cuotas lotes que fueron cambiando de titulares y aprobados en asambleas. 

En los próximos días, La Opinión dará a conocer varios de esos casos en los que hasta hoy, no han podido escriturar sus propiedades.