En medio de la polémica por casos de vecinos y vecinas de Gobernador Castro que no pueden acceder al servicio de agua potable y cloacas, que en la localidad es medido y se paga según consumo, un grupo de personas lanzó una iniciativa para reunir firmas que permitan exigirle a la entidad informes de gestión y asambleas para dar explicaciones a los socios.

En la planilla que circula en la localidad para firmar señala que solicitan “informes de funcionamiento de la cooperativa sobre los diferentes servcios que brinda, las tareas de mantenimiento e inversiones que realiza para tal fin y sobre los balances económicos y financieros a los que los socios deberíamos tener acceso periódicamente”.

Los usuarios impulsores de la nota a elevar al Consejo de Administración de la Cooperativa de Sevicios Públicos de Gobernador Castro consideraron “vital el acceso a esta información” para conocer cómo se “administra y dispone de los recursos humanos y económicos con los que cuenta”.

Piden que la cooperativa “realice informes periódicos” respecto de “movimientos, novedades, facturación, actividades, etc.”, al tiempo que consultan respecto de las elecciones.

Desde la cooperativa, el gerente Carlos Storti informó que la entidad tiene alrededor de mil socios y que hace cinco años que convocan a asamblea “por un problema administrativo” y por los efectos de la pandemia de coronavirus COVID-19, pero aseguró: “Hace siete meses estamos trabajando intensamente para regularizar la situación”.

Informó que en casi toda la localidad hay servicio de cloacas y que el abono promedio de los usuarios es de alrededor de 2.000 pesos por mes. La mayoría de los vecinos y vecinas tienen un consumo menor a ocho metros cúbicos y el resto, detalló, se ubica entre ocho y 15.

“En Gobernador Castro hay una planta de tratamiento de residuos cloacales que debe mantener la cooperativa, es la única que tiene el partido y anda bien, con dificultades pero es la única que funciona”, destacó Storti.

El gerente señaló que en los años previos a la pandemia comenzaron con un nuevo criterio que permita regularizar la deuda que muchos usuarios tienen con la cooperativa en materia de facturas de agua y clocas. Antes, dijo, sólo se notificaba y ahora les piden que “comiencen a pagar la factura del período, para no seguir incrementando la deuda, y que paguen una factura vieja”.

Indicó que la herramienta legal que tiene la cooperativa es la de demandar a los deudores y embargarlos, pero que no avanzan en ese sentido porque entienden las dificultades que existen, aunque procuran no desfinanciar las cuentas de la entidad.

“La cooperativa es de los asociados y el servicio es para que todos tengan agua, ahora bien, el servicio también requiere como contraprestación su pago, porque es la única fuente de financiación”, analizó e informó que existen casos de facturas impagas cuyos titulares comenzaron planes de pago.

Storti señaló que el Estado debería garantizar el servicio a quienes no pueden hacer frente al pago. Recordó que el proyecto de ordenanza para garantizar una tarifa social no avanzó porque el Municipio no tenía recursos para soportar el costo.

“La realidad hoy es que el único que se hace cargo de la prestación del servicio es la cooperativa, porque hay cero ayuda”, señaló y consideró que entre los planes sociales que el Estado abona a las familias en situación de vulnerabilidad social debería contemplarse un abono para pagar el servicio de agua potable.

“En Castro no hay cortes de agua nuevos, cuando comenzó el COVID se levantaron todas las suspensiones de servicio, todas”, sostuvo y aclaró que la deuda es de la propiedad, ante el caso de una pareja que vive en la casa de la abuela fallecida y que arrastra deuda.

“La cooperativa presta un servicio básico esencial, pero le rigen los aumentos tarifarios como si fuera un comercio más”, advirtió y dijo que en la actualidad lo que abonan los usuarios “es el costo de prestación y una mínima reserva para mantenimiento”.

“En el COVID levantamos todas las restricciones, se prohibió suspender el servicio, se congelaron las tarifas, tuvimos dos personas de licencia a las que les tuvimos que pagar el sueldo y recibimos ayuda cero, ningún tipo de ayuda, eso sí: nos embargaron las cuentas porque no pudimos pagarle a AFIP”, reclamó Storti y advirtió que “en el último período todos los costos se fueron al doble respecto del ajuste de las tarifas”.

“Esto genera desequilibrios financieros serios, hay precios congelados para un servicio que se debe prestar de manera ilimitada”, dijo y advirtió: Cuando se interviene sobre los precios y se fijan por debajo de los costos, el inconveniente es que en algún momento en el futuro el servicio no se va a poder prestar, y no hay peor servicio que el que no se tiene”.

El caso de un vecino de Gobernador Castro al que le cortaron el agua y las cloacas, quiere pagar para reponer el servicio y no lo logra expuso una situación que viven otro habitantes de la localidad que tienen dificultades para pagar el suministro, que es medido y se abona según el consumo.

La hermana del caso testigo contó que cuando el hombre se separó de su expareja, ella se llevó el medidor porque estaba a su nombre. “Se lo sacaron y nunca más se lo quisieron poner”, relató.

La situación viene desde hace alrededor de cuatro años. Incluso pasó la pandemia, contagiado de coronavirus y todo, sin agua y sin cloacas. “Él se llegó a enfermar y todo, estuvo adentro, no podía salir a la calle a buscar un bidón de agua porque andaba la policía y claro, estábamos en pandemia”.

El vecino está en pareja y tiene una hija de siete años. Toda la familia vive así, sin agua ni cloacas. “Acarrea agua para todo”, relató su hermana y agregó: “Tiene que andar de casa en casa yendo para bañarse y eso”.

Desde la cooperativa de provisión de servicios de Gobernador Castro, el gerente Carlos Storti explicó que si bien la normativa establece que a la tercera factura impaga están en condiciones de suspender el servicio, por lo general son contemplativos y procuran alcanzar acuerdos de pago con los vecinos.

“Una suspensión de servicio en forma total se da cuando las vías se han agotado y uno observa que no sólo hay una deuda sino también que no hay voluntad de regularizar la deuda pendiente”, señaló Storti.

En el caso del vecino cuya hermana expuso el caso en Radio Cuarentena se suma que tiene una documentación firmada por el delegado de Gobernador Castro, Ángel Álvarez, en la que se deja constancia de que ocupa el terreno donde tiene su vivienda con conocimiento de que no es de su propiedad ni municipal y que deberá desalojarlo si el titular lo solicita.

Esa nota fue extendida “al solo efecto de ser presentada ante la cooperativa de servicios públicos de Gobernador Castro, únicamente” y tenía como objetivo que pudiera cumplir con el trámite de reposición del servicio de agua y cloacas.

Sin embargo, “le dijeron que está vencido”, contó la hermana, por lo que, le informaron, deberá volver a tramitar en la Delegación municipal ese documento para presentar en la cooperativa en procura de que le instalen un medidor.

“Él quiere pagar el servicio. Tiene 50 años, tiene una familia, una nena, su señora, tiene miedo que si dice algo no le devuelvan los servicios. Una vez se quiso enganchar en las cloacas y uno que trabaja en política le dijo que no lo hiciera porque iba a tener problemas, que se lo tenían que poner”, relató la hermana.

La mujer contó que en su casa, donde conviven dos personas, paga 3200 pesos por mes de agua y cloacas. “Yo no tengo lavarropas automático”, aclaró y agregó: “Es el servicio más caro que pago en mi casa”.

“Sé que te dicen si no pagás para tal día te retiran el medidor”, dijo y aseguró que su hermano está en condiciones de abonar el servicio. “Él pudo juntar una platita porque los dos trabajan en el campo, pero le dijeron que el papel está vencido entonces tienen que pedirle al delegado que le firme el permiso de nuevo”, señaló.

“Hay que garantizar una alternativa para que la persona pueda acceder al agua, hay una diferenciación entre el servicio y el suministro”, dijo Storti respecto del corte y recordó que cuando Norebrto Mitelsky era concejal elevó un proyecto para la creación de una “tarifa social” para el agua y las cloacas de Gobernador Castro.

El proyecto de ordenanza no prosperó, contó Storti, porque en ese momento el Gobierno municipal dijo que no contaba con los recursos para hacer frente al subsidio que garantizara la tarifa social para personas que no puedan pagar el servicio.

En una situación similar están vecinos de Santa Lucía y de Río Tala, donde al igual que en Gobernador Castro el servicio está medido y se paga según el consumo. En San Pedro, en cambio, la tasa de servicios sanitarios se paga de acuerdo a una tabla de montos conformada según la valuación fiscal del inmueble.

El servicio medido rige para los consumos no domiciliarios, es decir comerciales e industriales, que son quienes pagan de acuerdo al consumo que tienen.