Este 3 de diciembre se cumplió un año más en el que el tanque copa no funciona, afectando la red de agua potable en la ciudad. 

El problema comenzó en una cañería que conducía al depósito de 1,5 millón de litros. Con el correr de los meses, y luego de los años, pese a anuncios oficiales, contratos firmados y trabajos iniciados, la obra nunca se completó y el tanque permanece inhabilitado.

En los días posteriores al incidente se intentaron reparaciones parciales, pero la precariedad de las mismas impidió restablecer el sistema. Con los caños de hierro retirados y un predio en evidente abandono, comenzaron a surgir dudas sobre manejos irregulares que provocaron suspicacias.

El proceso licitatorio se llevó adelante durante el interinato de Ramón Salazar y la obra fue adjudicada a la firma Apco S.A., una constructora de Ciudadela con casi dos décadas de trayectoria. La empresa tenía la obligación de reemplazar los caños deteriorados y devolver al tanque su funcionamiento.

La gestión municipal destacó, por entonces, la importancia de la obra: el propio intendente la calificó como “trascendente”, mientras que el responsable de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio, aseguró que era fundamental para mejorar el sistema de agua potable.

Apco estimó que completaría los trabajos en tres meses, plazo sujeto a la llegada de materiales. La primera etapa comenzó con el retiro de los caños originales (subida, bajada y rebalse), pero pocas semanas después la obra quedó paralizada sin explicaciones claras.

En torno a la misma aparecieron contratos vinculados a la Cooperativa Alfa, la misma que dejó inconclusa la construcción de 84 viviendas. También se sumaron especialistas, inspecciones y el uso de recursos del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, que los vecinos aportan junto a la tarifa de energía eléctrica.

En junio de 2023, y en plena campaña electoral, Alfa volvió a aparecer con operarios propios, pese a haber sido descartada en la licitación original. La cooperativa argumentó que no podía continuar porque nunca consiguió los caños necesarios para la reparación, ni siquiera los había reservado, pese a ser el insumo central para la obra. Para muchos, aquello fue una simulación de avance.

El último movimiento significativo ocurrió cuando el Municipio, con presencia de una escribana, abrió el tanque para constatar su estado. Esa inspección generó un nuevo informe técnico que será utilizado como respaldo para la nueva intimación a la empresa.

Mientras tanto, el sector permanece en condiciones precarias. Lo más reciente fue habilitar una salida que circunda al tanque, cubriendo una parte de la profunda zanja donde en estos cuatro años cayeron varios vehículos.

En octubre, el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta confirmó que el Municipio preparó una demanda civil y comercial contra Apco S.A., que cobró los trabajos, pero solo ejecutó la mitad de lo comprometido.

¿Qué resta para hacer funcionar nuevamente el tanque copa? La colocación de la cañería principal, los ventanales en la escalera, la reparación de la puerta y la reconexión de la red de agua.

Mientras tanto, un año más ha transcurrido. Si bien se espera una resolución judicial por los daños y perjuicios ante el incumplimiento del contrato, por otro lado, no existen señales de la imprescindible puesta a punto del tanque.

Días pasados La Opinión recordó el primer año desde que el complejo de las 84 Viviendas fue ocupado por los adjudicatarios, tras el fracaso de no haberse concluido con la construcción, pese a que la empresa se llevó el dinero. 

Fue precisamente durante el feriado de Carnaval cuando con la anuencia de funcionarios públicos se abrió el obrador para que cada preadjudicatario se haga cargo de su vivienda,

Como se sabe, las unidades nunca se terminaron. La Cooperativa de Trabajo Grupo Alfa Limitada se fue de San Pedro, pese a haber cobrado el 96 por ciento del valor total.

La obra, que marcó la ilusión para las familias que jamás en su vida imaginaron estar cerca de tener su propio techo, se frustró por dos motivos: el reclamo de la empresa Arcor por haberse erigido un barrio en terrenos cedidos al Municipio, con el cargo de ser destinados a quienes residen en las barrancas del Bajo Cementerio, y el accionar escandaloso de Alfa, que cobró y desapareció.

Los rumores de una posible usurpación derivaron en aquella situación que obligó a los preadjudicatarios a ocupar las unidades, llave en mano. Y así lo hicieron, sin importar la falta de aberturas y sanitarios, ni agua y tampoco electricidad. 

¿Y la Cooperativa Grupo Alfa? Pese a haber cobrado el 96 por ciento de los certificados, es decir el 96 por ciento de $ 385.497.970,38 presupuestados originalmente más las redeterminaciones, se fue sin dar explicaciones.

Un informe elaborado por La Opinión, ilustró la situación de Alfa, las diferentes etapas que fueron cumpliendo y las certificaciones de trabajo que fue recibiendo, que implicaba hacerse de jugosas cifras de dinero.

Cabe acotar que la Ley Orgánica de las Municipalidades permite adjudicaciones directas de obras a las cooperativas. De ahí la utilización de esta figura jurídica.

En el caso de las 84 Viviendas, el historial de la obra tiene su cronología:

*26-10-2021: Comisión evaluadora del plan de construcción de 84 Viviendas. Decreto 1274/21. Expte. 410702138/21 obedece a Licitación Pública 09/21 y se presentan la cooperativa Grupo Alfa y la Cooperativa “8 de Diciembre”. 

*29-10_2021: Construcción de las 84 viviendas. Calificaron a Alfa con 73.5 puntos y ganó la obra. Decreto 1303/21 dispone que será pagada por Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con dinero del denominado "Fondo Nacional Solidario de Viviendas". Valor total $ 385.497.960

*12-11-2021: En la obra no habían previsto ni contemplado que esas manzanas en las que ya el ministro Julio De Vido había anunciado la construcción de 88 viviendas del Plan Federal durante a gestión de Fabio Giovanettoni, requerían del “Movimiento de Suelos” al que claramente había que empujar con una “pequeña” adjudicación directa también a Alfa. Decreto 1371. Expte. 4107-2876/1. Pago a ALFA de $ 3.075.000

Los ajustes dispuestos para esta obra tenían una dinámica especial que permite calcular los mayores costos por inflación o demoras en “UVIS”, Unidad Vivienda.

En 2021 el dólar oficial cotizaba a 224 y el blue a 442. De cuánto hablábamos cuando se hizo el cálculo por la construcción total sin movimiento de suelos: U$S 1.720.973 más los U$S 13.727.

En 2022 los postulantes que cumplían los requisitos se inscribieron, en 2023 fueron sorteados para ingresar a sus casas en el mes de junio, después en octubre, después en diciembre cuando anunciaron que “está terminada en un 96 %, y por último, y como para que la verdad nunca se sepa, ocuparon el último día de carnaval de 2024 cuando el secretario de Gobierno y el personal de la empresa les dijeron “pasen si quieren". 

Para bien o para mal, la demanda de Arcor contra el municipio logró disfrazar los problemas y así mantener entretenidos a los preadjudicatarios en reuniones donde les prometían que iban a “luchar contra la colosal multinacional”.

Durante todo ese tiempo Alfa tapaba baches, arreglaba monumentos, colocaba adoquines, llegaba a La Tosquera con promesas de otros fondos, buscaba las 80 casas de Santa Lucía y se preparaba para la inauguración de una primera casa en Nuestro Sueño con festejo y todo. 

Es más, mostraba fotos donde el termotanque solar se lucía sobre los techos que finalmente se hicieron de material y se llueven.

*14-06-2023: Agua y cloacas. Con Fondos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires llegó la salvación. Decreto 833. Expte. 4107-00370/23 con una adjudicación directa que por casualidad quedó en manos de Alfa ya que siempre debían llamar a “muchas cooperativas”, los bonaerenses ayudaron. 

Ya el dólar cotizaba diferente pero cuando los vecinos entraron no había planos de cañerías y el agua brillaba por su ausencia. ¿Quién la conectó? La Municipalidad de San Pedro, que era la que no debía distraer ni un peso de los enviados por el Gobierno Provincial, $ 34.126.689 

Además de las 84 Viviendas, en los últimos años fueron adjudicatarios de otras obras, todas trascendentes por su volumen: 89 Viviendas de “Nuestro Sueño”, la remodelación de la Plaza Constitución, la reparación del Centro Educativo Complementario 801, el Jardín de Infantes -con su playón deportivo- de Banfield, el Nuevo Centro Verde de Reciclado de La Tosquera, la reparación del Tanque Copa de agua, el edificio de la Policía Comunal, la refacción del Departamento Canino, las reformas en el Estadio Municipal, la prolongación de la avenida 11 de Septiembre, con su pavimento articulado que se inserta en la Nueva Terminal.

No es poco. Lo sorpresivo es que ninguna empresa se haya interesado, participado y sido adjudicada con algunos de estos trabajos. Todos los caminos siempre condujeron hacia Alfa, Fecoovima o la desconocida “8 de Septiembre”, con domicilio en Villa Constitución, que tienen denominadores comunes: los apellidos Veneziano, Nizuno y Mansilla.

El secretario de Economía, Roberto Borgo, habló por primera vez de los pagos que recibió el Municipio por obras públicas. Entre las más importantes está la del barrio de 89 viviendas, que le fue adjudicada a la empresa cooperativaGrupo Alfa —o a la 8 de Diciembre, que aparece como ganadora da la licitación— para la construcción de casas en terrenos que habían adquirido los socios de la Cooperativa Nuestro Sueño.

Treinta de ellos en un terreno que la organización compró a su nombre y por los que los interesados pagaron tres mil dólares y el resto que pertenecían a socios que no habían podido levantar sus unidades habitacionales en terrenos propios.

La secuencia de pagos totaliza casi 563 millones de pesos y las certificaciones fueron confeccionadas por un total de 571 millones. Es decir que nada se le debe a Grupo Alfa aunque Alfa debe una gran parte de la obra a sus verdaderos destinatarios: los socios de Nuestro Sueño.

En total suman 22 los certificados que se extendieron para acreditar el avance de las obras que se ejecutaban con el mismo personal que rotaba en otros obradores, con la modalidad de “socios” de las cooperativas de trabajo y sin estar registrados formalmente.

El primer desembolso se giró en marzo de 2022 y completó mes a mes los pagos de manera consecutiva. Aunque la obra tenía como fecha de inicio diciembre de 2021, habían pasado tres meses cuando iniciaron la tarea con un anticipo que en enero llegó a los 22 millones.

Los dos meses siguientes sumaron 28 millones, luego dos pagos menos importantes de 3 y 6 millones de pesos para llegar a los últimos cuatro meses de ese año con dos pagos de 29 millones, uno de 18 y por último otros dos de 41 millones.

En 2023 esperaban poder cobrar algunos trabajos pendientes y arrancaron el año con unos 40 millones de pesos. En febrero lograron cobrar casi 60 millones; en marzo no hubo depósitos y en abril registraron el certificado número 13, con 30 millones. 

En en mayo fueron 25; en junio hubo dos pagos de 30 millones; en julio, ninguno; y en agosto 27 millones de pesos.

Septiembre no registró pagos y en octubre reanudaron el trámite con un certificado de 35 millones, otro de 17 y el restante de 15.

Para noviembre el Municipio giró a la empresa cooperativa 23,5 millones y el 11 de diciembre el certificado número 22 reportó 27.8 millones de pesos. 

Nunca más apareció la empresa, que cobró por el total de lo presupuestado, aunque sus representantes suelen frecuentar a varios proveedores a los que les dicen que el Municipio aún les debe dinero. 

No hay registros de los avances en cada unidad habitacional más que aquellos propietarios que por su propia cuenta lograron continuar con algunos materiales que compraron o recibieron cuando se desmanteló el obrador del que de la noche a la mañana desaparecía gran cantidad de material sin que los adjuricatarios hayan podido reclamar de manera colectiva a las autoridades.

Las autoridades dicen que no los han demandado porque quedaron trámites pendientes desde que el Gobierno nacional paralizó la obra pública, sin embargo de un prolijo análisis del estado en el que hoy están los barrios a cargo de las mismas empresas, no llegan ni a un 50 por ciento de lo prometido. En algunos casos, menos.

En medio de la espera interminable por parte de los preadjudicatarios de las 84 viviendas respecto del futuro de la obra, los vecinos comenzaron a revelar algunos aspectos del vínculo que mantuvieron durante el último año, desde el sorteo en adelante, con la empresa cooperativa Grupo Alfa y el Municipio.

Así, comenzaron a aparecer videos y audios de reuniones y recorridas por las viviendas, con promesas que funcionarios del Gobierno y responsables de la empresa constructora les hicieron en diversas oportunidades.

En la primera entrega, La Opinión reveló las promesas de Fabián Veneziano, de la empresa cooperativa Grupo Alfa. Ahora, las de Martín Baraybar, secretario de Gobierno de la Municipalidad.

El video corresponde a una recorrida que tuvo lugar a fines de agosto, luego de las PASO y antes de las elecciones Generales.

Todavía no habían sido confirmados los 84 sorteados como preadjudicatarios y estaban en proceso de revisión de sus legajos.

Baraybar les dijo que faltaban "detalles, algunos más, otros menos" pero que la obra venía "avanzando bastante bien, dentro de los plazos establecidos" que "a veces no son tan exactos por cuestiones climatológicas y de entrega de materiales".

La primera vez dijeron que entregarían las casas en julio; luego, en octubre; después, en diciembre.

"En la Secretaría Legal y Técnica está el expediente, se hizo el control de informes de dominio, informe social de Desarrollo Humano, hay algunos inconvenientes entre los sorteados, que deben presentar sus descargos", dijo. Había errores en números de DNI, un homónimo con propiedades, cuestiones menores.

"Estamos viendo cómo destrabar la situación con Arcor, creemos que la vamos a terminar destrabando", les dijo Baraybar. Todavía no habían asignado la vivienda que le correspondía a cada uno. "Hay un expediente, está todo, hay un montón de documentación que acredita paso a paso", les aseguró.

Cuando le preguntaron si se podía hacer sin resolver lo de Arcor, Baraybar dijo: "Lo estamos haciendo. Todo se puede hacer. Tenemos una medida cautelar, entendemos que eso se va a resolver, no nos impide avanzar con lo que tenemos que avanzar. La medida cautelar me dice que no puedo adjudicar, pero todo lo de más lo puedo hacer". 

“No está resuelto, pero entendemos que se va a resolver. Y si no se resuelve, veremos”, les dijo sobre el conflicto con Arcor.

"Pero nosotros estamos convencidos de que a los 84 que les corresponde la vivienda, se las vamos a entregar", sostuvo y aseguró: "Se está trabajando para terminar la obra y lo que nosotros queremos es entregar las viviendas".

Veneziano les había dicho que si no había dificultad climática, podrían terminar las casa a fines de octubre. 

"Cuando venimos a hacer las inspecciones les hacemos los reclamos para que corrijan", aseguró Baraybar. Para la gente, lo que informaba el secretario de Gobierno era similar a lo que les decían en reuniones anteriores. "Hay una fecha que nos corre, no nos podemos hacer los distraídos", le dijeron.

"Entendemos la incertidumbre, es lógica. Hay cuestiones que estamos trabajando que ameritan que las trabajemos de la man

ra en que lo estamos haciendo. Hemos avanzado en los expedientes", sostuvo Baraybar.

Una a una, las historias de los titulares sorteados en las 84 viviendas salen a la luz. La fiscalía que abrió una causa por “averiguación de ilícito” todavía no los ha citado ni ha definido los pasos a seguir con quienes desde hace casi dos meses trabajan para cuidar esas construcciones de las que no tienen ni los planos.

“Quería saber por dónde pasan los caños”, dijo Ana resignada. Desde que están en el lugar son los propios vecinos los que buscan el lugar por donde pasan las cañerías. Aunque parezca mentira nadie les ha dado los planos que deberían estar terminados antes de empezar la obra.

“Tenía un termotanque solar”, recordó Ana sobre la foto que le mostraron para contarle cómo quedaría su casa.

“Lo mínimo es agua, cloacas y luz”, dice Ana al igual que Franco o que Noelia e Isaías. Algunos tienen un pilar para la bajada incluído porque entre las filas de casas que mostraban para certificar y cobrar cada tramo de materiales y mano de obra “iban completando”. La empresa cooperativa Grupo Alfa está en la mira pero hasta el momento no ha sido denunciada.

En San Pedro, sus trabajadores “monotributistas” se mezclaban en algunas obras con los de “Potenciar Trabajo”. Entre otras: el galpón del Movimiento Evita en Aulí y Mateo Sbert; las 89 viviendas de Nuestro Sueño bajo el nombre de “8 de Diciembre”, la Plaza Constitución; el tanque copa con otro nombre de fantasía y varias de plan de urbanización del Barrio La Tosquera. La coincidencia es sorpendente: todas están certificadas y cobradas por valores mayores a los que pueden comprobarse a simple vista.

Ana repasó junto a Rafael Flaiman todos los pasos que dio para inscribirse, la presentación y cumplimiento de todos los requisitos, el segundo llamado a los que calificaban, la ratificación de condiciones para el sorteo, cómo se enteró segundos más tarde que su madre de haber sido favorecida y los miles de planes que trazó para imaginar cómo viviría con su hijo en un lugar propio. Hasta un arco, tenía pensado el tío para seguir con el deporte favorito y terminó sintiéndose humillada por esperar que le entreguen un inodoro.

“Yo no sabía nada”, dijo respecto a la titularidad de los terrenos de Arcor y lo mismo le sucedió a medida en que se conocían noticias. “Queríamos creer en lo que nos decían”, reconoció respecto a la validez del sorteo y a los comentarios en el chat que comparte con sus vecinos. 

“Me dieron dos llaves pero tuve que cambiar la cerradura", recordó respecto a las que le entregó el gobierno local y no funcionaron.

Hasta el día en que entraron al complejo de viviendas, la consigna era “el que habla pierde” y aún hay familias que siguen convencidas que ante cualquier comentario o reclamo que hagan pueden resultar desfavorecidas. Ya hay construcciones, instalaciones, colocación de aberturas, preparativos para mudanzas y una certeza: no son responsables de las circunstancias a las que fueron sometidos. 

En el Concejo Deliberante empezaron las reuniones de comisión para que los funcionarios informen lo actuado y ningún edil se ha acercado al barrio tras la ocupación habilitada por el gobierno municipal y la empresa.

El móvil de Sin Galera recorrió el barrio, ingresó a una de las viviendas y hasta mostró cómo se construyó una de las casas destinada a personas con discapacidad. El domingo la lluvia intensa de la tarde mostró la realidad que se desata sobre las distintas hileras de casas.

Los preadjudicatarios denuncian venta de materiales, deficiencias graves en la construcción, trabajos que se efectuaron sin criterio y para simular avances que le permitieron a la empresa cooperativa ALFA cobrar certificaciones tal como indicaron en Obras Públicas en diciembre cuando hablaban de un 96% de avances.

Por qué pintaron con colores los frentes cuando aún no habían concluído obras de desagües, qué sucede con los sanitarios, los pisos cerámicos que están colocados sin protección y rajados, qué sucedió con la grifería y los sanitarios, dónde está el resto de los materiales; son algunas de las preguntas que sobrevienen.

Sobre el cierre, David Castañares, el primer beneficiario del sorteo que se hizo en Independencia, relata cómo fue la entrega de llaves y revela de qué manera les advertían que “no hablaran con los medios”.

El martes por la tarde se cumple la primer semana desde que lograron ingresar en compañía del Secretario de Gobierno.

El fallo judicial que declaró “invalido” el sorteo de las 84 viviendas que se construyen en el barrio Villa Depietri movilizó a las familias preadjudicadas, que comenzaron a organizarse en procura de recibir explicaciones sobre lo que ocurrirá a partir de esta resolución judicial tomada como medida cautelar en el marco del litigio que la empresa Arcor inició a la Municipalidad porque considera que esas casas deberían ser destinadas a cumplir con el cargo de la donación original, es decir para la relocalización de vecinos del Bajo Puerto.

Antes de la conferencia de prensa que brindaron funcionarios del gabinete de Cecilio Salazar para anunciar que apelarán el fallo, mantendrán reuniones con la empresa y convocarán a quienes resultaron sorteados, los preadjudicatarios se congregaron en un grupo de WhatsApp donde intercambian información.

Allí habían decidido concurrir a Desarrollo Humano a exigir explicaciones, pero tras la rueda de prensa resolvieron esperar. Luego, desde la cartera que conduce Walter Sánchez, les comunicaron que el lunes a las 10.30 habrá un encuentro en el club Independencia para “brindarles información directa y responder todas las inquietudes”.

“Vamos a esperar la reunión. Hay quienes proponen buscar abogados y actuar judicialmente”, dijo una persona que forma parte del grupo y que, al igual que otros integrantes, prefirió no hacer declaraciones públicas hasta tanto escuchen de primera mano a los funcionarios del Gobierno.

“Estamos convencidos de que la razón nos asiste, que las cuestiones que la empresa plantea están equivocadas y que nosotros tenemos la razón”, dijo el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, durante la conferencia de prensa, y sostuvo que tras la apelación y el diálogo con Arcor “esas viviendas van a ser entregadas aquellas personas que han sido preadjudicadas y cumplan con todos los requisitos”.

Eran 881 familias las preseleccionadas para participar del sorteo de 84 unidades habitacionales que pondrían fin a la espera de un techo propio. El último sábado de febrero terminó la incógnita y los preadjudicatarios de las casas que construye la Cooperativa Alfa entregaron toda su documentación para ser verificados y adjudicados cuando concluyan las obras.

La primera mala noticia para los más de 1100 inscriptos llegó el 24 de febrero cuando La Opinión confirmó que la escribana Cecilia Dubini había sido notificada por la empresa Arcor para que “se abstenga” de verificar el acto notarial.

No era la primera vez que se le recordaba a la gestión municipal la disposición que mediante Ordenanza número 5422 cedía con condiciones precisas los terrenos destinados a reubicar a todas las familias censadas que ocupaban los terrenos de propiedad de la empresa Indalar Sociedad Anónima S.A.

Corría el año 2004 cuando un proyecto para la explotación del puerto público facilitó la cesión de los lotes que hoy ocupan las 80 casas del barrio Arcor frente al barrio Futuro y que en otra etapa obligaban a la construcción de otras 80 unidades en el sector lindero al caserío de Depietri. Estos últimos son hoy motivo de una puja entre la empresa y la Municipalidad de San Pedro.

Ni Ramón Salazar, por entonces intendente, ni su secretario de Obras Públicas, el abogado Javier Silva, ni el asesor letrado Ricardo Uguet quisieron formular declaraciones ni ofrecer explicaciones previas a la jornada que por primera vez en décadas contemplaba la situación de familias que nunca pudieron llegar al sueño de la casa propia.

También el Concejo Deliberante, en particular su presidenta interina Rita Leguizamón, negó haber recibido notificación fehaciente respecto al reclamo para que los funcionarios se abstengan o prorroguen una decisión que, tal como era de imaginar, terminó en la Justicia.

Se sabe que existió al menos una reunión entre el gerente de la planta local de la firma y al menos dos funcionarios municipales. De ese encuentro la única conclusión fue intimar a la Escribanía y entregar a un estudio jurídico local la orden de llevar al fuero Contencioso Administrativo el pedido de nulidad del sorteo ya que el listado nunca fue publicado en el boletín oficial.

Desde la tarde del miércoles los preadjudicatarios decidieron comenzar a organizarse en grupos de WhatssApp. también hubo debate en los chats que intercambiaron los funcionarios por temor a que quienes no fueron beneficiados en el sorteo pretendan participar nuevamente o que los que figuraban en el listado de familias censadas entre 2004 y 2012 reclamen el lugar que por derecho les corresponden porque Arcor había cedido su propiedad para ese fin.

El lunes en el Concejo Deliberante hubo consultas de concejales a secretario de Obras, Javier Silva, y la secretaria Legal y Técnica, Viviana Costa. Ambos coincidieron en señalar que no existía preocupación por el trámite judicial del que aún no habían sido notificados.

Los preadjudicatarios analizaban si marchan hacia el Palacio municipal para solicitar explicaciones mientras buscan asesoramiento para resguardar la condición de preferencia que les otorga haber sido seleccionados y avalados por una representante de la Escribanía General de Gobierno que fue convocada de emergencia para el acto que tuvo lugar en el club Independencia, donde el lunes los sorteados se encontrarán con funcionarios para ser informados sobre la situación.

El relato de Antonio, un trabajador de la Cooperativa Alfa que se desempeñaba en la construcción de las 84 Viviendas del barrio Depietri reveló una modalidad de contratación para la ejecución de obra pública por parte de este tipo de empresas.

Antonio asguró que fue despedido y quería cobrar lo que le debían, lo que le prometieron. Asesorado por una abogada que le asignó la Delegación local del Ministerio de Trabajo, remió un telegrama a la cooperativa, que le respondió con una carta documento.

Allí, el Consejo de Administración de Alfa rechazó “en su totalidad” los planteos del trabajador. Negaron la “jornada laboral”, su condición de empleado, el horario que dijo que desempeñaba y las funciones que aseguró tenía como jefe de una cuadrilla.

“Ustes es sociao de esta cooperativa”, dice la carta documento y agrega que, como tal, percibía “los anticipos correspondientes a retonros de excedentes repartibles”. Además, sostienene que no se le adeuda nada por los servicios prestados.

Allí le informan que él no renunció como socio ni la cooperativa ha dispuesto su exclusión como tal, aunque le señalan que fue “sancionado preventivamente por 15 días” hasta el 31 de enero y que el Consejo Administrativo lleva adelante una “investigación” para “luego tomar una decisión definitiva” sobre él.

El caso de un trabajador despedido de la obra que la Cooperativa Alfa construye en el barrio Depietri puso en escena la modalidad de contratación que ese tipo de empresas tienen para la ejecución de la obra pública. La fecha del sorteo de las 84 viviendas está fijada para la segunda quincena de febrero pero nadie contaba con el dato que proporcionó este empleado: lo que tenía para cobrar era el premio por hacer en ocho días lo que debe hacerse en cincuenta.

Antonio relató su situación la semana pasada en Radio Cuarentena. Desde hace un año y medio presta servicios para esa empresa que funciona bajo la fachada de una cooperativa y que es adjudicataria de varias obras en San Pedro. El motivo excede lo que pueda entender un particular que inicia una obra, contrata trabajadores, cumple con las normas y liquida sus salarios.

En este caso, los obreros son socios y en vez de un recibo de sueldo con descuentos para obra social y jubilación les entregan un “Recibo de Retiro Quincenal a cuenta de Excedentes por Retornos”. Esta cooperativa, que tiene sede en Quilmes, es una más de las que cuenta con la ventaja de una contratación directa por parte de los municipios que pueden eludir de este modo el llamado a licitación. Por ser una obra municipal no intervienen los gremios y los organismos de control brillan por su ausencia.

Cuando este trabajador se quejó por una decisión que consideró injusta todos sus compañeros de tarea se llamaron a silencio, mucho más aquellos que comenzaron sus labores la semana pasada y que también son considerados nuevos “socios de la cooperativa”.

En la delegación del Ministerio de Trabajo lo derivaron a una abogada que le pidió documentación que Antonio ya no tiene. Lo que necesita es cobrar lo que le deben por haber hecho en ocho días el revoque de las casas que debería esperar cerca de cincuenta para que sea prolijo y durable.

Antonio, el trabajador despdedido de la empresa cooperativa Alfa que construye el plan de viviendas que se sorteará en el mes de febrero, fue al Ministerio de Trabajo para conocer los derechos que le asisten. Designaron a una abogada que le pidió documentación que por cierto no tiene, porque tanto en la obra de la terminal como en la que se desempeñaba hasta la semana pasado, sólo una vez le hicieron firmar un recibo para ser socio de la cooperativa de trabajo.

“No me dieron nada, Lilí, solo fui a la Secretaria de Trabajo y me pusieron un abogado, Diana, y me pidió papeles pero creo que está de vacaciones y me dijo que le juntara algunos papeles. El problema es que no tengo ninguno yo”, adelantó Antonio y detalló: “Hablé con ella y me dijo que consiga unos papeles y esas cosas, pero el problema es que no tengo, creo que tenía uno solo y no pude encontrarlo acá en mi casa. Y me enteré, me parece que ahora están entregando recibo de sueldos y yo hace un año y medio estaba y no me han dado ninguno nunca”.

Su situación coincide con otra publicación en la que La Opinión advierte a los operarios sobre una modalidad de pagos que suele ser muy criticada en las tribunas de campaña, en los actos sindicales y en la voz de quienes se escandalizan cuando ven a un jardinero o una mucama como “los postergados” y luego desde el Estado, cuando son gobierno, encubren situaciones como la que se dan con cada una de las obras que sin licitación, municipio, Provincia y Nación ponen en manos de cooperativas de trabajo certificadas por el INAES con trabajadores registrados como “independientes”.

“Exactamente tengo una quincena acá adentro. Eso es todo un curro, Lilí. Dicen que tiene una ley de cooperativa y ellos tienen arreglo con el intendente, yo ya traté de hablar con el muchacho que está en obras, que creo que se llama Javier (N. del la R.: por Javier Silva Secretario de Obras Públicas)”, detalló el trabajador.

De acuerdo a lo que dice Antonio, la cooperativa le adeuda su premio por eficiencia. Le propusieron como oficial albañil apurar la obra junto a otros trabajadores y pagarle la diferencia por hacer en ocho días lo que normalmente tarda cincuenta. “Nosotros lo llamamos plus, pero ellos le dicen excedente, porque ellos tiene un lenguaje distinto”, refirió y ahí relató lo que seguramente quien reciba una vivienda no quiera ni enterarse: “Vos tenés un sueldo por día, por ejemplo, el revoque de una casa hacerlo bien te debe llevar entre 50 dias y nosotros lo estábamos haciendo en 8 días”.

Tras esa afirmación se lo consultó sobre la calidad de los trabajos: “Sí, es verdad, no va tener la calidad que debe tener porque en 50 días vos te tomás tu tiempo de hacerlo bien, le ponés tu empeño, tu esmero y acá lo estás haciendo en 8 días”.

“En este ultimo tiempo echaron bastante y también después tomaron más gente, la otra gente no se por qué la echaron, pero echaron a varios chicos”, informó y explicó: “Yo en unos 10 días de trabajo estaba cobrando unos 36 mil pesos, yo soy oficial, estaba a cargo de 7-8 personas; más el plus ese que teníamos por terminar la casa en 8 días, teníamos que revocar rápido, lo mas rápido que se pudiera, no tiene calidad pero bueno es lo que nos ofrecían y van los inspectores a hablar con ellos, van los de la Municipalidad y pegan un vistazo asi por arriba y nada más. Yo lo que quiero es cobrar mi quincena ,después si me siguen dando laburo no me importa, pero lo importante es que me paguen los días que estuve ahí”.