La provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de energía eléctrica que entrará en vigencia desde junio y alcanzará a usuarios de todo el territorio bonaerense.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada en el Boletín Oficial.

El recálculo tarifario comprende a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, y a las cooperativas eléctricas que prestan servicio en distintos municipios de la provincia.

Según precisaron desde la Subsecretaría de Energía bonaerense, el impacto en las facturas residenciales oscilará entre el 6 % y el 14 %, de acuerdo con el nivel de subsidio que reciba cada usuario.

El nuevo esquema incluye la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto nacional 943/2025. Este reemplaza a las segmentaciones vigentes y apela a la asistencia de los usuarios de bajos recursos.

A partir de la entrada en vigencia de este régimen, los usuarios residenciales que mantengan subsidios recibirán bonificaciones únicamente dependiendo del básico del consumo eléctrico. Durante mayo, junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero el límite subsidiado será de 300 kWh mensuales. En marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre ese tope se reducirá a 150 kWh.

Si el consumo excede estos límites, el usuario perderá automáticamente el beneficio y pagará la tarifa plena.

Para ejemplificar, un hogar con subsidios que en mayo abonó una factura de $ 40.000, en junio pagará $ 42.400; mientras que un usuario sin subsidios en el mismo mes abonó $ 100.000, con el aumento pagará $ 114.000.

La Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Río Tala emitió una advertencia a la comunidad ante la reiteración de llamados telefónicos con fines de estafa, especialmente durante la madrugada.

Desde la entidad señalaron que este tipo de maniobras delictivas se viene registrando de manera insistente, por lo que recomendaron extremar las medidas de precaución para evitar caer en engaños.

En ese sentido, solicitaron a vecinos y socios no brindar datos personales, bancarios ni códigos de verificación bajo ningún concepto, así como tampoco realizar transferencias o pagos ante pedidos telefónicos sospechosos.

Además, aconsejaron no devolver llamadas provenientes de números desconocidos en horarios inusuales y cortar la comunicación de inmediato ante cualquier duda.

Por último, indicaron que, en caso de recibir este tipo de contactos, se debe dar aviso urgente a la Policía a través de los números 03329-498110 o 03329-425221.

“La prevención es fundamental para evitar este tipo de delitos”, remarcaron desde la cooperativa.

Un total de 358 cheques continúan descubiertos por la entidad bancaria que operaba el Frigorífico Mariano Acosta, todos ellos firmados por el contador sampedrino José Benseny, en el marco de una operatoria que derivó en un fuerte perjuicio económico para distintos actores del sector.

Según informó el periodista especializado en agroindustria y editor del portal Bichos de Campo, Matías Longoni, la deuda generada asciende a unos 4.000 millones de pesos y, hasta el momento, permanece prácticamente impaga. El principal afectado sería un productor de la localidad de Rojas, Carlos Laborde.

De acuerdo a un informe oficial, solo dos cheques fueron levantados por un total de 5.194.605 pesos. Sin embargo, aún resta cubrir la suma de 3.999.896.660,97 pesos, lo que implica que apenas se canceló el 0,56 % del total adeudado.

El frigorífico había sido inaugurado en mayo de 2024 bajo la figura de una cooperativa de trabajo, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. En ese momento, el emprendimiento fue presentado como “un modelo de desarrollo productivo y economía social”.

No obstante, con el correr de los meses comenzaron a surgir irregularidades. Entre ellas, la utilización de matrículas prestadas o irregulares para la compra de hacienda, además de las ventajas operativas que brinda el formato cooperativo, que en algunos casos permite reducir cargas impositivas y controles.

Los cheques sin fondo firmados por Benseny -contador del Sindicato de la Carne y administrador del frigorífico- terminaron configurando una trama compleja que afectó a distintos eslabones de la cadena de comercialización ganadera, particularmente a quienes vendían animales para faena.

Por ahora, el fraude aparece consumado porque, según los registros disponibles en el Banco Central, la situación continúa sin resolverse.

La denuncia fue impulsada inicialmente por Laborde, quien advirtió la irregularidad al detectar que “llovían los cheques rechazados”.

Una mujer recurría este miércoles a Defensa del Consumidor tras haber sido intimada vía carta documento por Coopser, que la acusa de tener el "medidor tocado" para pagar menos electricidad.

La situación está enmarcada en los controles que la empresa Roma hace junto a un efectivo policial que acompaña a sus empleados, contratada por la cooperativa para detectar irregularidades en los usuarios del servicio eléctrico.

La carta documento señala que el 30 de enero fueron a su domicilio y constataron la existencia de un "fraude" relacionado con la disposición de un "puente en la bornera del medidor", lo que permite evitar el registro real del consumo.

En ese marco, la intimaron a que en diez días hábiles pague "los consumos no registrados, multas, gastos operativos y administrativos, intereses y contribuciones previstas", lo que asciende a 298.975,98 pesos.

En la misiva, firmada por el presidente de Coopser, Iván Groppo, y por el secretario, Héctor Díaz, la citan a comparecer a la sede de la cooperativa para regularizar la situación. Caso contrario, sumarán el monto a la factura del último registro.

La usuaria intimada informó a La Opinión que la vivienda en la que reside es alquilada y que al momento de mudarse tuvo que poner el medidor a su nombre, puesto que figuraba con el de la inquilina anterior.

"Me dijeron que antes de cambiar el medidor fueron a verificar y ahora resulta que supuestamente en enero fueron a controlar y el medidor está tocado", señaló, preocupada por lo ocurrido, puesto que asegura no tener nada que ver con la situación que Coopser asegura haber detectado en su domicilio.

"Nunca golpearon la puerta, nunca me llamaron. Medianamente cuando te vienen a revisar algo, por más que vengan con la policía, tienen que llamar al dueño", cuestionó la mujer intimada. "Yo tengo que ver lo que están haciendo, esto es una avivada", se quejó.

"Me dijeron que si en diez días no contesto la carta documento me cortan el suministro. ¿Cómo me van a cortar? Tengo dos hijos, siempre pagué la luz. En mi casa tengo dos focos y un televisor, no tengo aire, ¿en qué voy a gastar?", reclamó.

"Yo no tengo el dinero para pagar eso y no lo hice, porque si yo lo hago me callo bien la boca, pero no lo hice", dijo y aseguró que recurriría a Defensa del Consumidor para plantear la situación.

Coopser anunció el inicio de una revisión integral de todos los suministros eléctricos de la ciudad, con el objetivo de detectar y cortar conexiones clandestinas y otros casos de hurto de energía.

El anuncio no pasó inadvertido y generó reacciones divididas entre los usuarios. Por ejemplo, Olga que escribió: “Los felicito, una buena medida para San Pedro”. Ana se unió: “Por fin se decidieron” y Patricia agregó: “Felicito la medida. Que corten a los que no pagan. ¿Cuántas veces terminamos pagando los que estamos al día?”.

Fernando acotó: “Estamos cansados de pagar en nuestras boletas el consumo de los enganchados”.

Natalia opinó: “Es lo mejor que escuché hasta ahora". En la misma línea, Yulios dijo: “Por fin. Estoy cansado de que me cobren lo que consumen otros”.  "Quiero verlo hecho realidad", insistió Juan.

"Vayan a todos los barrios, porque en muchos están enganchados y después no pasa nada”, exclamó Roberto y Alejandra coincidió: “Van a tener que recorrer todos los barrios. Hay conexiones clandestinas incluso en casas y negocios importantes”.

Alfredo comentó: “Que nos devuelvan la plata a los que nos cobraron de más para subsidiar a los enganchados”, a lo que Tamara responde: "Por más que moleste, esto existió siempre y va a seguir pasando. ¿Por qué no se preocupan por bajar el monto de las boletas?, también se les fue la mano".

Ella no fue la única que no estuvo muy de acuerdo con la propuesta de la cooperativa, prefiriendo que se tomen cartas respecto al valor de las boletas.  

Diego por su lado escribió: “Hace más de diez años que hay barrios enganchados y nunca hicieron nada. La cooperativa paga esa energía, ¿a quién se la cobra entonces?”. A lo que José contesta: “Una auditoría en la cooperativa no estaría mal”.

“Controlen bien cuando vienen a medir, porque las facturas son una locura” exclamó Milagros y Facundo agregó: “Controlen la calculadora, que bastante caro cobran”.

“Es la luz más cara de la provincia de Buenos Aires”, se quejó Alberto.

Alejandro opinó: “Estoy de acuerdo en que regularicen las conexiones, pero también deberían explicar algunos manejos económicos". Diego sumó: “¿Cuántas veces anunciaron lo mismo? Mientras la sigan manejando los mismos, es difícil”.

“¿Quién responde por todo lo que se perdió hasta ahora por falta de control? Sabían lo que pasaba. ¿Hay responsables?”, cuestionó Carlos y Damián escribió: “También controlen los montos que vienen en las facturas, porque están muy elevados”.

El caso del frigorífico Mariano Acosta y los cheques sin fondo firmados por el contador sampedrino José Alejandro Benseny, comienza a sumergirse en una trama cada vez más compleja, con ribetes que generan incertidumbre sobre el rol de algunos protagonistas y el lapso que demandará saber la verdad. Si es que la verdad algún día llega.

Existen datos certeros, pero se puede establecer qué rol cumplió cada uno, quiénes y cuántos son los damnificados, y cuál es la cifra total de la estafa.

La investigación del periodista especializado en agroindustria Matías Longoni, publicada en el sitio Bichos de Campo, reveló un presunto esquema fraudulento millonario que tiene como epicentro al frigorífico cooperativo Mariano Acosta, ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

“Arrancó con la queja de un empresario al cual no le pagaban la hacienda que había entregado al frigorífico, y cuando nos pusimos a averiguar quién era el Mariano Acosta, resulta que se trataba de una cooperativa que inauguró la planta con funcionarios de turno, que montaron su show y que, después de un año y medio, no se sabe si fueron parte de una maniobra pensada para hacer entrar a un montón de gente y clavarlos con cheques sin fondos por 4 mil millones de pesos, que es lo que se emitió de acuerdo a lo que dice el Banco Central desde fines de septiembre, habiendo afectado a productores ganaderos de distintas provincias”.

El denunciante es un conocido productor de la zona de Rojas, Carlos Laborde, que “a raíz de esto también le comenzaron a rechazar los cheques”.

El frigorífico fue inaugurado con fuerte respaldo político en mayo de 2024, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente local Gustavo Menéndez, como un ejemplo de desarrollo productivo y economía social. Sin embargo, poco más de un año después, la cooperativa quedó en el centro de graves denuncias judiciales y comerciales.

“Hay que saber aún si el Gobierno de Kicillof hizo algún aporte, y también hay que averiguar el aporte del municipio, porque existe una extraña ligazón con el peronismo de Merlo, cuya carne faenada se vendió a través de un movimiento ‘Peronismo en Acción’, que dirige Menéndez”, acotó Longoni.

La investigación efectuada fue saber quién está detrás del frigorífico. “El domicilio corresponde a un matadero que funcionó en los años 90 y 2000, que se llamaba ‘Ganadera 2000’, pertenece a Ángel Vitale, un personaje curioso del mundillo de la carne, que incluso se quedó con la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF). En un momento los integrantes se descuidaron, le dejaron los libros cuando era secretario de Cámara, fraguó un acta y se hizo elegir presidente”, expresó en el programa Sin Galera.

“El personaje que es amigo íntimo de Vitale es José Benseny”, dijo Longoni. Benseny es contador de la cooperativa y contador del Sindicato de la Carne, y quien firmó al menos dos de los cheques rechazados por una cifra cercana a los 4000 millones de pesos..

"Hablamos de un frigorífico cooperativo inaugurado con pompas por políticos, involucrado en un fraude millonario con cheques sin fondos”, dijo Longoni a Lili Berardi. "La cooperativa se usó como fachada para evadir impuestos y responsabilidades laborales, beneficiando a empresarios a costa de pequeños productores", señaló.

“La figura cooperativa -continuó-, al evadir impuestos, aportes laborales y controles, logra ventajas económicas indebidas frente a frigoríficos que operan dentro de la ley”, mientras admite que persisten interrogantes sobre “la participación y responsabilidad de funcionarios del Gobierno provincial y municipal de Merlo en el apoyo y habilitación del frigorífico".

La operatoria denunciada consistía en la compra de hacienda a través de matrículas prestadas o irregulares, la faena y posterior venta de la carne, mientras que los productores quedaban impagos al rebotar los cheques emitidos por una cooperativa “que no existe, y que por su figura legal diluye la responsabilidad penal de quien firma los cheques”.

Parte del dinero obtenido, según las sospechas, habría sido reinvertido en la compra de hacienda en efectivo en otras regiones del país, “alimentando un circuito difícil de rastrear”.

La investigación también abre interrogantes sobre el rol del Estado provincial y municipal, tanto en la habilitación como en el respaldo institucional brindado al frigorífico. 

Longoni, que dedicó cuatro notas al tema en Bichos de Campo, cuestionó lo que define una “supuesta ingenuidad pasmosa de los dirigentes políticos”, al menos, que creen que detrás de una cooperativa “todo es sacro, sano y puro”, cuando una iniciativa de estas características no tiene los controles necesarios, aunque remarcó que “será la Justicia la que deba determinar si existieron responsabilidades políticas o administrativas”.

Cuando se habla de carne y cooperativa no es una postal épica de una empresa recuperada por sus trabajadores. 

“Detrás hay un grupo de chantas que en algún momento se pelearon con Laborde, no se sabe quién mejicaneó a quién, que armaron una figura para aprovecharse de todas las ventajas que tiene”. Y aportó: “Benseny tenía un amigo en el Instituto Nacional de Acción y Economía Social (INAES) y allí fraguaron los papeles para quedarse con una cooperativa hecha, a nombre de un carnicero y su familia, que le cedió el control a Benseny y luego el armado de una cooperativa, donde los 70 trabajadores no son dueños”.

Mientras tanto, decenas de productores ganaderos permanecen como damnificados, con fuertes pérdidas económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus explotaciones. La causa ya se encuentra en sede judicial, denunciada por Laborde, y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

La otra realidad, la más penosa, es que existen “productores de a pie que entregaron su hacienda y para ellos es mucha plata”, manifestó en periodista.

Aunque para Longoni es indudable que, “consensuado o no, se trata un defalco. Y sí sé que son bastante sabandijas, que se trata de una maniobra de una banda de tránsfugas”.

Un importante frigorífico cooperativo ubicado en Mariano Acosta, partido de Merlo, se convirtió en un foco de polémica tras una serie de cheques rechazados por falta de fondos que alcanzan casi 4.000 millones de pesos según datos del Banco Central, que involucra a un contador sampedrino.

La noticia fue volcada a las redes por Bichos de Campo, un reconocido sitio de noticas que acompañan al campo, y que en este caso alude a una actividad que ha tenido consecuencias sobre la ganadería, con productores damnificados.

El frigorífico fue reabierto el 2 de mayo de 2024 con la participación del gobernador Axel Kicillof -la Provincia brindó apoyo- y el intendente Gustavo Menéndez, impulsado por la Cooperativa de Trabajo “Familias Argentinas” para generar empleo y reactivar la producción local. Así se dio a conocer al principio.

Con el correr de los meses, todo lo que brillaba no era la realidad. Comenzaron a surgir anomalías con la compra de animales y la falta de fondos de cheques emitidos por esa Cooperativa a sus proveedores de hacienda.

“La cifra exacta es 3.999.896.660 pesos con 97 centavos, es decir casi 4.000 millones. Corresponde a 358 cheques rechazados por falta de fondos y que fueron girados desde la Cooperativa de Trabajo Familias Argentinas a sus proveedores de hacienda para que trabaje el frigorífico Mariano Acosta, ubicado en Merlo. Los productores que aportaban ganado para esa planta de faena suponen que la ‘estafa’ puede ser todavía mucho mayor y ya han presentado denuncias ante la justicia”, señaló Bichos de Campo.

Dentro de esto surge un nombre conocido en la sociedad sampedrina: José Alejandro Benseny, “un actor clave en la trama, quien actuaba como comprador de hacienda y firmante de esos cheques, rebotados desde fines de septiembre hasta el 1 de diciembre pasado”. Coincide el nombre con una denuncia por amenazas que el propio Benseny radicó el 18 de diciembre en sede policial. Allí se presentó como víctima de sucesivas amenazas y hostigamiento por deudas impagas y alusiones a su familia por una deuda ajena, “vinculada a Carlos Mario Laborde (CARFRIC SRL)”, según indicó en su declaración. Laborde no es un nombre nuevo para ese negocio y está en el centro de la tormenta.

El portal también muestra en una foto al gobernador con Benseny, “quien era el comprador de hacienda para la planta de faena desde su apertura y también quien firmaba los cheques que desde hace tres meses les están rebotando todos los días a los productores”.

¿Cómo llega Benseny a participar en este entramado? Es el contador de la Federación Gremial de Trabajadores de la Carne, sindicato conducido por Alberto Fantini, situación que deja abierta las sospechas sobre la injerencia del gremio, o los gremialistas, en la parte societaria de la planta frigorífica.

Benseny, o la Cooperativa, solo pudo levantar uno de los cientos de cheques rebotados por 1.5 millones de pesos, menos del 0,3 % de la deuda total registrada.

La Cooperativa se declaró víctima de una maniobra externa, pero fuentes judiciales y proveedores sostienen que los pagos se emitieron a nombre de la misma y que la situación puede ser más grave aún.

Mientras tanto, la Justicia comenzó a actuar. Su primer propósito será determinar las responsabilidades penales. Es que aquí existen grandes perjudicados, que son los ganaderos que proveyeron la hacienda para su comercialización, cuyo origen serían provincias norteñas, como Santiago del Estero y Catamarca, además de importantes productores que comercializan en el ex Mercado de Liniers, que se encuentra en Cañuelas.

El Gobierno bonaerense dispuso un incremento del 3,6 % en las tarifas de energía eléctrica para toda la provincia, medida que también alcanza a las cooperativas del interior.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 1118/2025 publicada en el Boletín Oficial, donde la Dirección Provincial de Energía detalló que el ajuste responde al traslado de los nuevos precios mayoristas definidos por Nación desde octubre y a la corrección del Valor Agregado de Distribución (VAD).

El aumento impactará en los consumos de noviembre y diciembre, por lo que comenzará a verse en las facturas que llegarán entre diciembre y enero.

Según el texto oficial, los cuadros tarifarios deben acompañar la estructura de costos de energía, transporte y distribución, tal como establecen los contratos de concesión.

A la par, el Gobierno nacional confirmó que impulsará un nuevo esquema de subsidios para electricidad, gas natural, garrafas y gas propano por redes, lo que implicará subas adicionales y la eliminación de algunas bonificaciones. 

A partir de 2026 ya no regirá la segmentación por niveles de ingresos (altos, medios y bajos). En su lugar, habrá solo dos categorías de usuarios: quienes mantendrán subsidios y quienes no accederán al beneficio.

Además, las bonificaciones se aplicarán únicamente en los meses de mayor consumo energético.

Este lunes no habrá atención en la cooperativa Coopser, puesto que será no laborable para el personal en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador de la Electricidad.

La celebración del aniversario de la creación de la Federación Argentina de Luz y Fuerza es este domingo, por lo que la jornada no laborable se trasladó al lunes para beneficiar al personal con un fin de semana largo.

"No habrá atención en las oficinas centrales, pero se mantendrán las guardias habituales del servicio eléctrico. El resto de los servicios funcionará en forma normal", informaron desde Coopser.

El consejo de administración saludó a "a todos los trabajadores que forman parte o han formado parte" de la historia de la cooperativa.

El llamado telefónico que recibió la escuela Agraria con una amenaza de bomba este martes por la mañana quedó registrado y el número ya está en poder de las autoridades.

La central de la cooperativa telefónica de Río Tala tiene activado un sistema de registro de las llamadas entrantes a las instituciones públicas, por lo que ante la noticia de la evacuación detectaron desde dónde se produjo la comunicación.

El número telefónico registrado en el sistema de la central de la cooperativa fue informado a las autoridades escolares, que deberán ponerlo a disposición de la Justicia para la investigación.

Con ese dato, la policía podrá rastrear a los responsables de haber llamado a la escuela Agraria para la falsa amenaza de bomba, lo que implica la comisión del delito de intimidación pública.

El llamado tuvo lugar alrededor de las 10.30 de este martes. Entró al teléfono fijo de la escuela y lo recibió un preceptor, que ante la información acerca de un presunto artefacto explosivo puso en marcha el protocolo.

Así, evacuaron el establecimiento para que estudiantes, docentes y no docentes salieran del lugar, donde el personal de la Brigada Antiexplosivos de la Policía llegó después para revisar el edificio y constatar que se trataba de una falsa alarma.

La Asociación Bomberos Voluntarios aprobó los términos de la cesión del espacio que la cooperativa de Río Tala ofreció para la instalación del destacamento de esa localidad, por lo que todo está encaminado para la inauguración.

En los últimos días del año pasado un incendio intencional destruyó las instalaciones que, desde 1945, fue una de las sedes del Automóvil Club Argentina (ACA).

El predio sería destinado al cuartel de Bomberos Voluntarios de Río Tala, única localidad sin unidades disponibles para el pronto accionar en casos de emergencias por siniestros viales o ígneos.

Lo que queda de este edificio, una parte se acumula en una punta del playón, que son escombros y restos de maderas convertida en cenizas. Lo demás es todo desolación y tristeza. Supo ser una de las estaciones de servicio que constituyó una red distribuida en todo el país, y con características similares respecto a la faz edilicia.

Desde la semana pasada la Asociación de Bomberos da por descontado que ocuparán parte del galpón que la Cooperativa de Agua y Teléfonos de Río Tala cederá mientras esté vigente la existencia del cuartel, que será un destacamento.

La asamblea de la entidad sampedrina aprobó las condiciones del comodato, que en los próximos días será rubricado por las partes.

El galpón tiene unos 90 metros cuadrados y está ubicado a continuación de la sede de la Cooperativa, sobre calle Camelino, la principal arteria de la localidad, y de vía rápida hacia las rutas 1001 y 9.

En este espacio se podrían ubicar dos autobombas y una unidad de traslado, mientras se considera necesaria la construcción otros espacios en la parte delantera del edificio, como el casino, baños, la oficina del cuartelero y la administración.

Otro aspecto importante del emprendimiento es que días pasados 12 aspirantes cumplieron con la capacitación y están en condiciones de incorporarse al cuerpo de servidores públicos talenses.

Finalmente, el destacamento de Bomberos de Río Tala será instalado en la sede de la cooperativa de agua potable y otros servicios de la localidad.

El 31 de marzo próximo firmarán el convenio para cesión de un espacio en el galpón de calle Camelino, un edificio de 90 metros cuadrados del que se destinará alrededor de la mitad para Bomberos.

El destacamento Río Tala estaba previsto originalmente en el predio del Automóvil Club de ruta 1001 y exruta 9, pero un incendio que destruyó el lugar obligó a buscar alternativas.

La semana pasada, el Consejo de Administración de la cooperativa, que preside Alejandro Franzoia, mantuvo una reunión con autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios para avanzar en el acuerdo.

El lunes firmarán la cesión del espacio, un comodato cuyos alcances luego deberá aprobar en asamblea ordinaria la cooperativa, desde donde destacaron la relevancia del convenio para "fortalecer el desarrollo de proyectos y optimizar los recursos en beneficio de la localidad y sus alrededores".

"El nuevo cuartel funcionará en un sector cedido del galpón de la sede de la cooperativa, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias en la localidad", destacaron desde la entidad.

Delincuentes robaron un transformador de energía eléctrica de la cooperativa Coopser instalado en inmediaciones del kilómetro 5 de la ruta 1001, por lo que hay zonas aledañas que no tienen servicio de electricidad.

La sospecha es que los ladrones habrían utilizado un vehículo para tirar del dispositivo y arrancarlo de donde estaba instalado para llevárselo.

Personal de Coopser trabajaba para reponer el transformador y según explicó a La Opinión el presidente de la cooperativa, Iván Groppo, algunas zonas de la ciudad que dependían de ese transformador son alimentadas desde otro para que no queden sin suministro.

“Pero hay un sector que lamentablemente tenemos que reponer el transformador. Estamos trabajando”, dijo Groppo. La zona aledaña más próxima al equipo sustraído es la que seguía sin servicio.

No es la primera vez que un hecho de estas características, insólito por cierto, ocurre en San Pedro, sobre todo en la zona rural.

La cooperativa eléctrica Coopser ratificó el despido de ocho trabajadores del sector Obras, a quienes había desvinculado a fines de noviembre pasado, confirmó el presidente del Consejo de Administración, Iván Groppo.

Una vez vencida la conciliación obligatoria que había dictado la Delegación local del Ministerio de Trabajo luego de las protestas en el Obrador y en la sede administrativa de calle Mitre, la decisión quedó firme.

Los ocho empleados, que habían vuelto a trabajar tras recibir los telegramas en el marco de la concilación, quedaron sin trabajo y comenzaron a percibir el fondo de desempleo previsto en el convenio de Uocra, a través de la denominada Libreta de Aportes al Fondo de Cese Laboral.

“La conciliación obligatoria era hasta el 10, 11 de enero. Los trabajadores fueron desvinculados de la cooperativa. No hubo más trabajo, por eso están desvinculados”, dijo Groppo en Radio Cuarentena esta semana, consultado por el tema.

“Se les entregó la libreta de fondo de desempleo se les abonó lo que correspondía de proporcional de vacaciones, aguinaldo y mes en curso y fueron desvinculados, como ocurre cuando se terminan las obras”, añadió.

El presidente del Consejo de Administración de la cooperativa señaló, como había hecho a fines de noviembre tras el envío de los telegramas de despido, que la decisión está relacionada con la falta de obras. “Nos estaba ocurriendo que estábamos pagando salarios sin trabajos para hacer”, dijo.

Groppo aseguró que si salen obras que están en carpeta, la cooperativa deberá tomar el personal necesario para llevarlas adelante. E”sto ocurre todo el tiempo en la construcción, por eso ellos tienen la libreta de fondo desempleo. El tipo de trabajo que estaban haciendo se terminó y no hay otros trabajos como esos”, explicó.

Uno de los trabajadores despedidos advirtió este jueves que irá al fuero laboral y demandará a la cooperativa porque lo despidieron cuando estaba con licencia médica vía ART tras un accidente laboral.

“Yo estaba por ART el día que echaron a mis compañeros, porque estoy operado de la rodilla, ligamentos cruzados y meniscos, ese mismo día me llegó el telegrama, también me echaron a mí y yo todavía estoy de ART, estoy haciendo kinesiología”, dijo Marcos, el trabajador en cuestión.

Señaló que en su demanda incluirá el deterioro en hombros y muñecas que sufrió, además de la situación de la rodilla que obligó a una intervención quirúrgica, durante los seis años que trabajó en el Obrador.

“Yo tengo 34 años y hace seis años que entré. Cuando llegué había gente que no sabía a hacer nada, les tuve que enseñar a trabajar. Pero hoy en día, como estoy roto y ya no les puedo trabajar al ritmo de antes, me echaron”, se quejó.

“Yo hice todo el frente del sanatorio, la rampa, el piso de adentro, columna, escalera, ascensor, toda la parte de atrás, de internación, yo manejaba toda la gente, y así me pagaron, me echaron”, cuestionó y agregó: “”Yo fui buen empleado, en seis años falté dos veces y tuve dos accidentes laborales”.

En el sector Obras de la cooperativa, todo el personal está de vacaciones y retomarán las actividades en febrero. Groppo dijo que es una modalidad que tiene “muchos años” en Coopser.

“Es el período de mayor calor y menor productividad, está analizado desde hace muchos años, para la operatividad del sector es mejor que salga el conjunto de los trabajadores, agotan sus vacaciones y después los tenés todo el año activos para hacer las obras y ninguna se para a lo largo del año, hace mucho tiempo que se hace esto”, explicó.

El docente Iván Groppo volvió a la presidencia del Consejo de Administración de Coopser tras la asamblea general ordinaria que tuvo lugar este martes por la noche en la sede del sindicato Luz y Fuerza, con una única lista, la del oficialismo que conduce la cooperativa desde hace más de 15 años.

Groppo, que era síndico durante la gestión de Emilio Longueira —que no ocupará ningún cargo— y había sido presidente anteriormente, vuelve a conducir un Consejo de Administración que desde hace muchos períodos tiene los mismos nombres entre sus integrantes.

La asamblea, que como casi todas en los últimos años no tuvo demasiada difusión, tuvo la presencia de los delegados para considerar memoria y balance, informe del síndico y del auditor del ejercicio que cerró el 30 de junio pasado. Afuera hubo distribución de volantes por parte de referentes de los sindicatos Uecara y de Comercio, que reclaman recomposición salarial y entregaron notas para que respondan a sus planteos.

“Durante el encuentro se repasaron los temas relacionados con las diferentes áreas en las que se viene trabajando en el último tiempo haciendo especial referencia a las condiciones generales económicas que repercuten en los insumos, las gestiones para contar con mayor respaldo desde los gobiernos provincial y nacional, el plan de inversiones con los avances para concretar la instalación de la nueva estación transformadora con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro”, difundieron desde la cooperativa.

Groppo encabezó la única lista presentada para renovar las autoridades del Consejo de Administración, que quedó conformado de la siguiente manera: Ricardo Montesino, vicepresidente; Miguel Ángel Madrid, secretraio; Lucas Larraburo, tesorero.

El expresidente, extesorero y nuevo director de Comisiones de Fomento del gabinete de Ramón Salazar, Pablo Peralta, encabeza la nómina de vocales que completan Sergio Vergara; Alberto Álves; el concejal y sindicalista portuario Matías Franco; el secretario de Servicios Públicos Ariel Álvarez; Alberto Aguilera; el director de Parque Automotor municipal y vicepresidente de la Liga Deportiva Carlos García; y Héctor Rivas.

El delegado municipal de Gobernador Castro, Ángel Álvarez, es el síndico titular; y el gerente de Sanatorio Coopser y referente de Luz y Fuerza en Baradero, Oscar Silva, el suplente.

Miguel Ángel Rivas, Aníbal Farías, Juan Ternovic, Eduardo Gil, Jorge Canatá y Jorge Muga son los vocales suplentes del Consejo de Administración de Coopser que quedó conformado oficialmente en la asamblea de este lunes.

La Justicia desalojó este lunes por la mañana a la cooperativa Blanca Ortiz y a Bibiana Di María, su cara visible, de las instalaciones que ocupaban en un edificio de avenida Sarmiento al 2800, donde hace un año que no pagaban el alquiler.

La policía se hizo presente para auxiliar la tarea de la Justicia, que hizo efectivo el desalojo en tres departamentos, cinco cocheras y un local ubicado en la planta baja del edificio, donde funcionaba la cooperativa con su escuela de Psicología Social.

Bibiana Di María y la cooperativa Blanca Ortiz alquilaron esas propiedades al titular del edificio el año pasado. El abogado del dueño, Mauricio Gugger, informó en Radio Cuarentena que “sólo pagaron un mes” y dejaron de abonar el importe correspondiente, por lo que iniciaron el trámite en la Justicia.

El abogado señaló que luego de pagar el primer mes no sólo dejaron de cumplir con el compromiso contractual sino que ni siquiera hubo contacto alguno con los propietarios para dar cuenta de la situación.

Incluso tuvieron dificultades para notificarlos del reclamo y hasta tuvieron acciones dilatorias con el objetivo de evitar lo que finalmente ocurrió este lunes, cuando los desalojaron.

La policía procedió a cumplir con la orden de desalojo, por lo que retiraron todos los muebles y objetos que había en los departamentos, las cocheras y el local, que fueorn dispuestos en la vereda para que Di María y los integrantes de la cooperativa se ocupen de su traslado a otro lugar.

No es la primera vez que Di María es objeto de situaciones relacionadas con la falta de pago por bienes. En una oportunidad, un hombre le reclamó porque no abonó la camioneta que había comprado. En otro momento, trabajadores del rubro herrería contratados por ella para una obra en Tigre reclamaron porque nunca les pagó las tareas encomendadas.

“Es un edificio a estrenar, de una familia de Ssn Pedro, muy tradicional, que con mucho esfuerzo hicieron este edificio y se encontraron con esta realidad”, señaló el abogado Mauricio Gugger.

“Todo proceso lleva su tiempo, de plazos, esperas, notificaciones, además de algunos artilugios de los abogados de la demandada”, indicó el abogado, quien destacó que “nunca hubo diálogo” con Di María respecto de la situación.

“El que no tiene intenciones de paga, hace de todo para no ser notificado”, señaló. Para lograr el desalojo hubo que iniciar el proceso de rescisión contractual y tramitar en la Justicia el incumplimiento hasta obtener la medida que se hizo efectiva este lunes.