La cooperativa de viviendas Nuestro Sueño ofrece terrenos y busca incorporar nuevas personas que quieran levantar su casa propia en el predio que compró, loteó y entregó a un programa de construcción financiado por el estado que quedó trunco tras el abandono de las obras por parte de la misma empresa cooperativa que trabajó en las 84 viviendas, en las 25 de Río Tala y en otros barrios de la ciudad.

Inés Mario explicó que no se trata de una venta sino del ingreso de nuevos socios mediante un aporte de capital.

“Siempre pasa que uno de los socios se baja del proyecto, ingresa uno nuevo y el socio que se retira se va con el capital”, explicó. En ese sentido, aclaró que el dinero aportado por el nuevo integrante permite devolverle al saliente el capital que había realizado.

El principal inconveniente que atraviesa actualmente el proyecto es la falta de la obra de electricidad en los últimos terrenos que adquirió la cooperativa, ubicados en Independencia y calle 66.

"No tiene la obra de luz, que es millonaria, sale más de 70 millones de pesos", dijo.

Mario explicó que reunir ese monto resulta especialmente difícil porque el nuevo terreno está conformado por 30 lotes.

“Nosotros éramos 116 y entonces era más fácil”, recordó al comparar la situación actual con los primeros proyectos de la cooperativa.

Actualmente, buscan incorporar tres nuevos socios. Mario indicó que cuentan con terrenos disponibles y que el aporte de capital requerido es de aproximadamente 10.000 dólares.

Las viviendas no presentan todas el mismo grado de avance, ya que algunas quedaron con una construcción más avanzada que otras. 

Mario también explicó que la cooperativa posee la escritura general del terreno y que cada socio cuenta con una tenencia precaria correspondiente a su lote y a lo construido sobre él. De esta manera, quienes ingresen al proyecto podrán continuar con la construcción de la vivienda que les corresponda.

“Tenemos muchas consultas. Hay tanta necesidad de una vivienda, los alquileres son terribles y el dinero no alcanza", concluyó.

La cooperativa Nuestro Sueño comenzó hace alrededor de 18 años impulsada por un grupo de auxiliares y docentes, que anhelaban tener su casa propia.  

Con el transcurso de los años, algunos dueños lograron mudarse y otros quedaron en el camino. En determinado momento, la obra quedó “paralizada” por la cooperativa Grupo Alfa y no hubo novedades de su retorno. 

Esta semana comenzó el movimiento de personal en el edificio del ex Vea, de cara a lo que será el desembarco de un nuevo supermercado.

A fines de agosto, La Opinión confirmó la firma de un contrato por 40 años con la empresa bahiense Cooperativa Obrera. 

Desde entonces, hay una gran expectativa por saber cómo funcionará la firma, que cuenta con presencia en más de 70 ciudades de siete provincias, la mayoría en territorio bonaerense

Este viernes, consultado por este medio, Daniel Cayetano Grosso, representante de la empresa propietaria del inmueble indicó que están “acondicionando la propiedad para inaugurar a fin de este año o principios del otro". 

Las tareas para la puesta en marcha implican reacondicionamientos menores y la transformación estética para la nueva marca, además del diseño interno. 

El proyecto prevé la incorporación de alrededor de 25 personas de manera estimativa, que trabajarán dentro del edificio ubicado en Balcarce e Ituzaingó. 

El edificio permanece cerrado desde octubre del año pasado; en diciembre, la firma Cencosud realizó la entrega formal del local tras el cierre de la sucursal de Vea en San Pedro. 

El arribo de la empresa Cooperativa Obrera a San Pedro para la instalación de un supermercado en el edificio donde hasta octubre del año pasado funcionó un Vea de Cencosud generó expectativa en la ciudad.

La revelación exclusiva que hizo La Opinión el miércoles pasado, cuando el intendente confirmó que se había firmado el contrato, rápidamente fue replicada por otros medios de la ciudad y de la zona, por lo que se transformó en una novedad de relevancia para la región.

El sábado, el presidente de la empresa Desarrolladora San Pedro, dueña del edificio donde funcionó el histórico supermarcado San Cayetano, dio detalles en Sin Galera sobre el convenio, firmado a 40 años.

En ese marco, Daniel Cayetano Grosso informó que esta semana estaría todo listo para entregar el local a la cooperativa nacida en Bahía Blanca para que comiencen las tareas de reacondicionamiento.

Destacó que la intervención más importante tiene que ver con la estética de marca de Cooperativa Obrera y con el layout, el diseño interior para la disposición de las góndolas al estilo que la empresa replica en cada una sus sucursales.

Tras la toma de posesión del inmueble, comenzarán a verse movimientos en el local. Grosso estimó que podrían terminar para fin de año y que la intención es inaugurar la sucursal en enero.

"Tiene toda la infraestructura necesaria para que funcione un supermercado y nosotros negociamos con Vea para que queden las instalaciones,  la escalera mecánica, medios de elevación y demás", señaló.

El presidente de Desarrolladora San Pedro adelantó que el proyecto de Cooperativa Obrera prevé la incorporación de entre 20, 25 o más personas, de manera estimativa y que va a generar "mucho trabajo indirecto".

"Tienen un compromiso firme de reinvertir en la región, se centran mucho en la producción local", señaló Daniel Cayetano Grosso en diálogo con La Opinión. 

Al respecto, dio su testimonio Ezequiel Fuchs, de la cooperativa Alimentaria San Pedro, empresa recuperada por sus trabajadores que desde hace 15 años tiene un convenio de comercialización de los productos marca Blasón con Cooperativa Obrera.

La llegada de Cooperativa Obrera a San Pedro no solo representa la instalación de una nueva cadena de supermercados. 

La empresa ya mantiene desde hace casi 15 años un vínculo comercial con la Cooperativa Alimentaria San Pedro, que le permitió incorporar los productos Blasón a distintas sucursales y, al mismo tiempo, desarrollar nuevas herramientas para mejorar su producción.

Este sábado en Sin Galera, Ezequiel Fuchs, propietario de Alimentaria San Pedro habló de cómo fue la experiencia de trabajar con la compañía 

“Ellos quieren darles alternativas a los consumidores y desarrollan proveedores, preferentemente si son cooperativas”, dijo Fuchs.

El vínculo comenzó hace casi 15 años, cuando desde Cooperativa Obrera se acercaron a conocer qué podía ofrecer la empresa sampedrina, qué variedades podía producir, en qué cantidades y con qué nivel de precios. A partir de allí, la relación fue creciendo de manera progresiva.

Para Alimentaria San Pedro, uno de los principales desafíos fue aprender a trabajar con una cadena de estas dimensiones. 

Fuchs explicó que Cooperativa Obrera fue planteando diferentes exigencias vinculadas con la producción, la logística y las entregas, pero que lo hizo acompañando el proceso. “Nos fueron llevando de la mano para crecer”, destacó. 

Ese aprendizaje también les permitió luego trabajar con otras grandes cadenas, ya que incorporaron conocimientos sobre los requisitos necesarios para entregar mercadería en centros de distribución.

Uno de los ejemplos más concretos de ese acompañamiento fue el desarrollo de una nueva envasadora para la empresa sampedrina. 

“Nos hizo crecer porque cosas que la nuestra cooperativa nunca había hecho cierto tipo de trabajos. Pusieron gente, técnica y nos ayudaron a generar otro tipo de proyecto. Tenemos la envasadora en marcha y quedó para nosotros y la usamos para todo”, detalló el hombre. 

Actualmente, los productos de Alimentaria San Pedro están presentes en prácticamente toda la cadena Cooperativa Obrera, que cuenta con distintos formatos de sucursales.

Fuchs explicó que, para la empresa local, llegar con productos sampedrinos a ciudades alejadas fue uno de los resultados más significativos de la relación comercial.

“Es lo mejor que se puede pedir, que te exijan, pero que sean serios y trasparentes. Le dan alternativas a los proveedores pequeños de ir creciendo”, concluyó el  representante de la fábrica sampedrina. 

Después de meses de incertidumbre sobre el futuro del edificio donde funcionó el supermercado Vea, finalmente se confirmó la llegada de una nueva cadena.

Cooperativa Obrera se instalará en el inmueble ubicado en Balcarce, Ituzaingó y Miguel Porta, luego de que la empresa propietaria del edificio firmara un convenio de largo plazo con la compañía. 

Daniel Cayetano Grosso, representante de la empresa propietaria del inmueble, explicó en Sin Galera que el objetivo siempre fue que el lugar volviera a funcionar como supermercado, aprovechando la infraestructura existente y su ubicación céntrica.

“Tuvimos un montón de ofertas previas, pero nosotros queríamos una cadena argentina y trabajamos en eso”, señaló Grosso. “Lo que buscamos es eso, algo positivo”.

El empresario destacó el perfil de la compañía, a la que definió como “una compañía sin ánimo de lucro” enfocada en el beneficio social. Además, contó que viajaron a Bahía Blanca para conocer sus instalaciones y quedaron sorprendidos por la magnitud de la cadena.

“Nos dimos cuenta de que están en el ranking de los supermercados que más venden. Está Coto, Carrefour y ahí nomás vienen ellos”, sostuvo.

Cayetano Grosso explicó que el nuevo supermercado conservará buena parte de la infraestructura existente, aunque realizarán modificaciones y mejoras estéticas antes de la apertura.

“Ya estuve viendo los planos, están muy buenos. Va a tener algunas mejoras estéticas”, adelantó.

La infraestructura básica ya está disponible y también funcionan elementos como los medios de elevación y el sistema contra incendios. La intención es comenzar con los trabajos próximamente y que, si se cumplen los plazos previstos, el supermercado pueda estar en marcha en enero.

El acuerdo contempla una permanencia de 40 años y abre la expectativa por la recuperación de un espacio comercial que permanece cerrado desde la salida de Vea. 

La empresa Desarrolladora San Pedro S. A. firmó un convenio con Cooperativa Obrera Limitada para la instalación de un supermercado de esa cadena en el edificio del ex Vea de San Pedro, ubicado en Balcarce e Ituzaingó.

"La Coope", como se conoce a Cooperativa Obrera, es una de las empresas de la economía social más importante de Latinomérica y se denomina como "la empresa social de los propios consumidores".

Fundada en 1920 en Bahía Blanca como cooperativa panadera, 12 años después abrió el primer almacén cooperativo y desde entonces su expansión creció hasta convertirse en la segunda más importante de América Latina en su tipo.

Con presencia en más de 70 ciudades de siete provincias, la mayoría en territorio bonaerense, cuenta con un centro de distribución de refrigerados y fraccionamiento de quesos y fiambres, un centro de producción de panificados y un frigorífico propio.

En total, con las empresas vinculadas como Bahía Blanca Shopping, Coopeviajes, Hipervisión, la de productos Primer Precio, la desarrolladora de software y soporte informático para tarjetas de crédito Única y Supercoop, tienen alrededor de 7 mil empleados en todo el país.

Además, tienen una tarjeta de crédito propia, Coopeplus, impulsa el desarrollo de proveedores regionales pymes y cuenta con alrededor de 3 millones de asociados que en el último balance, de febrero de este año, participaron de la distribución de casi 10 mil millones de pesos en concepto de "retorno al consumo" e "interés sobre el capital integrado".

El contador Luis Erasmo Ortis preside el Consejo de Administración, que completan el vicepresidente Carlos Castaño; la secretaria, Laura Fillotrani; el prosecretario, José Luis Ibaldi; el tesorero Mario Caraffini; y la protesorera Carolina Álvarez, además de los consejeros titulares y suplentes, y los síndicos.

Entre sus principales objetivos, Cooperativa Obrera señala "garantizar el precio justo en beneficio del consumidor", desarrollar productos de marcas propias para "favorecer la economía familiar", acercar sucursales  a los barrios y localidades, reinvertir en la región y dar "preferencia en su abastecimiento a productores locales", entre otros.

La Municipalidad comunicó que circulan rifas apócrifas a nombre del Hospital Emilio Ruffa.

Personas recorrieron distintos puntos de la ciudad ofreciendo vales "para la compra de insumos" del nosocomio.

Desde la Dirección del Hospital informaron que no están "realizando ni autorizando ninguna venta de rifas".

"Se recuerda que toda iniciativa oficial de este tipo se canaliza exclusivamente a través de la cooperadora, por lo que se solicita a la comunidad no realizar pagos ni adquirir rifas", dijeron.  

La audiencia que Coopsery Andrés Scazzariello mantuvieron la semana pasada en La Plata por el conflicto desatado en torno a la obra de electrificación del barrio Azahar, también conocido como Lago de Obligado, terminó con un acuerdo entre las partes.

Ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (Oceba), y tras el intercambio respecto de las diferencias, Scazzariello se comprometió a abonar los más de 31 millones que Coopser reclamaba como saldo.

El convenio, quedó asentado en el acta, implica tres cuotas iguales de poco más de 10 millones de pesos que se pagarán en meses consecutivos desde agosto.

Coopser, por su parte, se comprometió a instalar 16 luminarias de alumbrado público que faltan en la urbanización, lo que deberá hacer en el transcurso de los 10 días siguientes a la reunión.

Finalmente, el Oceba dejó en claro que los vecinos que tienen medidor en sus inmuebles dentro del barrio no deberán ver afectado el suministro ante diferencias de cualquier tipo que puedan plantearse entre las partes.

La recolección de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que implementa el Municipi  tiene como destino la planta de la Cooperativa TecnoRAEE, en Pilar, donde los equipos son sometidos a un proceso de clasificación, reacondicionamiento y reciclaje, evitando que terminen en un basural a cielo abierto.

Lo recolectado contiene computadoras, monitores, televisores, teléfonos celulares, pequeños electrodomésticos y otros equipos tecnológicos que son obtenidos durante las jornadas organizadas por la Dirección de Medio Ambiente en todo el partido. 

No se reciben pilas, baterías sueltas, cartuchos de tinta ni tubos fluorescentes, ya que requieren un tratamiento específico.

Para llegar a TecnoRAEE el municipio firmó un convenio en mayo de este año, siendo la Cooperativa la primera planta de la provincia de Buenos Aires habilitada por el Ministerio de Ambiente para el tratamiento, refuncionalización y disposición final de este tipo de residuos.

En la planta de Pilar, un equipo especializado evalúa cada uno de los aparatos recibidos. Aquellos que todavía pueden ser utilizados son reparados y reacondicionados para ser donados a escuelas, organismos públicos e instituciones. 

A San Pedro podrían regresar mientras que los equipos irrecuperables son desarmados para materias primas y dar una disposición segura a los residuos que no pueden reciclarse.

Desde la implementación del programa, la Dirección de Medio Ambiente ya efectuó traslados, que comenzaron a mediados de junio, consistentes en 1.650 kilos aproximadamente. 

La Coopser repuso el suministro del servicio de electricidad que había suspendido a los vecinos del barrio Azahar, también conocido como Lagos de Obligado, en medio de un conflicto por una deuda que le reclama al desarrollador inmobiliario, Andrés Scazzariello.

La reconexión se produjo luego de que los damnificados presentaran un reclamo formal con el patrocinio del abogado Javier Silva en el que advirtieron que si no les reponían el servicio irían a la Justicia.

Además, las partes fueron citadas por el organismo de control de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), que había ordenado a Coopser que devolviera la luz a los vecinos.

Luego de que Scazzariello y vecinos del barrio Azahar expusieran la situación en Sin Galera, el Consejo de Administración de la cooperativa difundió su posición en el conflicto.

Indicaron que hay una deuda de más de 30 millones de pesos por parte del desarrollador y que el presupuesto cuyo monto cuestiona había sido acordado y aceptado antes de la ejecución de la obra.

El conflicto que mantienen Coopser y Andrés Scazzariello desarrollador del barrio Azhar, también conocido como Lagos de Obligado, será llevado a la Justicia por los residentes y propietarios que permanecen sin suministro de electricidad en sus viviendas.

Lorena, una de las perjudicadas por el caso que el sábado contó la problemática en Sin Galera, reveló este martes en Lo que Importa que tres de los seis titulares de lotes damnificados contactaron a un abogado para "presentar un recurso de amparo".

Informó que "hay una denuncia en la policía y en Oceba", el organismo de control, que la semana pasada ordenó a Coopser reconectar el servicio, aunque la cooperativa hizo caso omiso.

Con el abogado Javier Silva como patrocinante, presentaron un reclamo formal ante el Consejo de Administración y además fueron a Defensoría del Pueblo por el caso.

"Seguimos a la vera de Dios: sin luz y sin agua. El lunes a las 11.30 de la mañana nos dijeron que iban a conectar en un rato y cuando volví a llamar, pasadas las dos de la tarde, me dijeron que no, que seguía el conflicto", contó, en coincidencia con lo que había informado a La Opinión Iván Datri, otro de los vecinos damnificados.

En representación de los propietarios y del propio Scazzariello, el abogado Javier Silva presentó una nota formal para exigir la restitución del suministro eléctrico en 24 horas, de lo contrario irán a la Justicia por el tema.

Silva sostiene en la presentación que el contrato de cada uno de los damnificados es directo con Coopser, puesto que tienen medidor propio, y que la deuda que la cooperativa reclama a Scazzariello es parte de un conflicto del que son ajenos.

El abogado de los vecinos advirtió que no hubo intimación previa a los usuarios y que además de cortarles el suministro en sus viviendas los dejaron sin alumbrado público, que es un servicio esencial.

Silva puso de relieve la desobediencia de Coopser a la resolución emitida por el Oceba la semana pasada, que ordenó la reconexión inmediata y citó a una audiencia para el jueves en La Plata.

En ese marco, exigió a la cooperativa que reponga el suministro en 24 horas y advirtió que además del planteo judicial por el tema propiamente dicho podría haber reclamos por daños y perjuicios.

En ese marco, refiere lucro cesante de quienes alquilan para eventos o para fines de semana sus propiedades, la problemática de los alimentos que perdieron refrigeración y los riesgos que estar sin luz comporta para la seguridad de los vecinos.  

El Consejo de Administración,  por su parte, difundió un comunicado en el que abordan la problemática y aseguran que el presupuesto había sido aceptado por Scazzariello, por lo que ejecutaron la obra y reclaman un pago de más de 30 millones de pesos.

La problemática con Coopser del barrio Azahar, también conocido como Lagos de Obligado, expuesta en Sin Galera por el desarrollador del loteo, Andrés Scazzariello, y propietarios que compraron y construyeron fue abordada por la cooperativa.

En un comunicado, el Consejo de Administración aseguró que “todas las instancias fueron agotadas” antes de proceder al corte de suministro eléctrico en el predio, lo que motivó el reclamo.

“No pretendemos polemizar con ninguna persona. Pretendemos que los vecinos conozcan la verdad completa”, aseguraron en el texto, remitido a los medios y difundido en redes sociales.

Coopser explicó que en noviembre de 2023 firmó un convenio con Scazzariello para ejecutar las obras, que presupuestó y notificó al desarrollador, quien aceptó e hizo pagos parciales para comenzar a ejecutar las tareas.

La tercera etapa, que es la que generó el conflicto, “fue presupuestada y comunicada oportunamente”, dijo la cooperativa y aseguró que el presupuesto “fue aceptado en tiempo y forma”, por lo que hizo el trabajo contratado.

“Posteriormente remitió el detalle de los trabajos realizados, los pagos recibidos y el saldo pendiente. A pesar de ello, permanece impago un saldo de $ 31.219.526,99, correspondiente a trabajos efectivamente ejecutados”, indicaron.

Coopser sostuvo que “el cuestionamiento surgió después de terminada la obra”, que tenía “un presupuesto conocido por las partes, aceptado y utilizado como fundamento para la continuación del contrato”.

La cooperativa aseguró que el presupuesto acordado “reflejaba los costos reales de materiales, mano de obra especializada, equipos, cargas laborales y demás recursos necesarios para ejecutar la obra”.

Además, señalaron que hubo irregularidades en los pagos por parte de Scazzariello, de quien recibieron “numerosos depósitos” de cheques de terceros con “rechazos bancarios” por “diferencias de endosos, defectos formales, falta de fondos y denuncias de extravío o sustracción”, situaciones reconocidas por la empresa desarrolladora, detallaron.

Respecto de la intervención del Oceba, que la semana pasada ordenó reponer el suministro suspendido, la cooperativa dijo que participó de “inspecciones, audiencias y presentaciones” a las que llevó “presupuestos, documentación técnica, antecedentes contractuales y fundamentos jurídicos destinados a explicar el origen y composición de los costos reclamados”.

En ese marco, reconocieron que la cooperativa se opuso a planteos “orientados a promover la revisión de un presupuesto cuya ejecución ya había sido aceptada y concluida”.

Otro de los temas en debate, indicaron, era la “existencia de una línea de media tensión instalada en el predio", que Coopser documentó “energizada y prestando servicio público desde el año 1984”.

“Cualquier adecuación derivada del nuevo fraccionamiento constituye una consecuencia propia del desarrollo inmobiliario y no una obligación económica que deba ser trasladada al conjunto de los asociados de Coopser”, señelaron.

Informaron que “antes de adoptar cualquier medida” hubo intimaciones vía carta documento para que el desarrollador pague el saldo aduedado, “otorgando plazo para regularizar la situación y advirtiendo las consecuencias legales derivadas del incumplimiento”.

Explicaron que como esas gestiones no permitieron cobrar, procedieron a “defender el patrimonio de la cooperativa”, que pertenece a todos los socios a los que el Consejo de Administración representa.

“Aceptar que una obra sea ejecutada, recibida y utilizada sin el pago íntegro del precio convenido implicaría trasladar ese perjuicio económico a todos los asociados, quienes no tienen porqué soportar el incumplimiento contractual de un tercero”, destacaron.

Nuevamente, delincuentes robaron cables y rompieron postes de la red de telefonía fija de Río Tala, informó este lunes la cooperativa de la localidad.

Es el segundo hecho delictivo que sufre la entidad en menos de dos semanas, ya que el 15 de junio, ladrones sustrajeron elementos que superan el costo de 11 millones de pesos.

Desde la cooperativa expresaron que el robo representa tanto "pérdidas económicas" como "problemas en la prestación de servicios".

"Como consecuencia, resulta imposible garantizar la continuidad de la prestación en el sector comprendido entre calle Juan de Garay, ruta 1001 y la exruta 9", dijeron.

En diálogo con La Opinión, el presidente de la cooperativa talense, Alejandro Franzoia, explicó que les "hicieron un desastre" y que harán "una reunión urgente", para evaluar dejar de prestar el servicio telefónico.

"Los costos son altísimos, no hay forma de recuperar la inversión. La cooperativa no está pasando un momento como para invertir en esto, lo levantás, gastás un montón de plata y corrés riesgo de que lo roben de nuevo", detalló.

Franzoia indicó que los usuarios afectados por el robo no volverán a tener servicio, ya que no van a reponer el tendido que robaron.

"Lamentablemente vamos a tener que levantar el servicio. Empezar la semana con esto es lamentable, hacemos dos pasos para adelante y diez para atrás", concluyó. 

En Río Tala, los vecinos temen por la creciente cantidad de robos que ocurren día a día en distintos puntos de la localidad.

Hubo movilización en la plaza del pueblo, donde los ciudadanos plantearon sus inquietudes ante el el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, que llevó acompañado de la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y el delegado, Walter Díaz. 

Delincuentes robaron, dañaron y vandalizaron cables y postes de la red de telefonía fija de la localidad de Río Tala, informó la cooperativa del pueblo este miércoles.

El daño fue significativo y la estimación presupuestaria para su reparación implica más de 11 millones de pesos, según detallaron. El servicio telefónico recauda alrededor de 1.450.000 por mes.

"Las zonas afectadas fueron las calles Camelino entre Juan de Garay y ruta 1001, donde se produjo la rotura de postes, cables autoportantes, portacables y cajas de empalme en aproximadamente 700 metros de red", informaron.

Además, en la zona de Camelino, entre Cabral y Fray Cayetano Rodríguez, robaron alrededor de 130 metros de cable telefónico de 200 pares y a la vuelta registraron el faltante de otros 150 metros de 100 pares.

La cooperativa deberá afrontar gastos extraordinarios de reposición de cables, postes, contratación de grúa, mano de obra y empalmes para reponer el servicio a los usuarios afectados.

"El total que deberá afrontar la Cooperativa, considerando únicamente el valor de los materiales sustraídos y los daños ocasionados para recuperar la prestación del servicio en las zonas afectadas, supera ampliamente los $ 11.000.000, sin contemplar aún los gastos operativos necesarios para restablecer completamente el servicio", indicaron.

Desde la entidad informaron que las pérdidas equivalen a más de ocho meses de ingresos, lo que compromete la sustentabilidad y pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. "Ya hubo otros robos menores, pero esto es gravísimo", dijeron a La Opinión.

La provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de energía eléctrica que entrará en vigencia desde junio y alcanzará a usuarios de todo el territorio bonaerense.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada en el Boletín Oficial.

El recálculo tarifario comprende a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, y a las cooperativas eléctricas que prestan servicio en distintos municipios de la provincia.

Según precisaron desde la Subsecretaría de Energía bonaerense, el impacto en las facturas residenciales oscilará entre el 6 % y el 14 %, de acuerdo con el nivel de subsidio que reciba cada usuario.

El nuevo esquema incluye la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto nacional 943/2025. Este reemplaza a las segmentaciones vigentes y apela a la asistencia de los usuarios de bajos recursos.

A partir de la entrada en vigencia de este régimen, los usuarios residenciales que mantengan subsidios recibirán bonificaciones únicamente dependiendo del básico del consumo eléctrico. Durante mayo, junio, julio, agosto, diciembre, enero y febrero el límite subsidiado será de 300 kWh mensuales. En marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre ese tope se reducirá a 150 kWh.

Si el consumo excede estos límites, el usuario perderá automáticamente el beneficio y pagará la tarifa plena.

Para ejemplificar, un hogar con subsidios que en mayo abonó una factura de $ 40.000, en junio pagará $ 42.400; mientras que un usuario sin subsidios en el mismo mes abonó $ 100.000, con el aumento pagará $ 114.000.

La Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Río Tala emitió una advertencia a la comunidad ante la reiteración de llamados telefónicos con fines de estafa, especialmente durante la madrugada.

Desde la entidad señalaron que este tipo de maniobras delictivas se viene registrando de manera insistente, por lo que recomendaron extremar las medidas de precaución para evitar caer en engaños.

En ese sentido, solicitaron a vecinos y socios no brindar datos personales, bancarios ni códigos de verificación bajo ningún concepto, así como tampoco realizar transferencias o pagos ante pedidos telefónicos sospechosos.

Además, aconsejaron no devolver llamadas provenientes de números desconocidos en horarios inusuales y cortar la comunicación de inmediato ante cualquier duda.

Por último, indicaron que, en caso de recibir este tipo de contactos, se debe dar aviso urgente a la Policía a través de los números 03329-498110 o 03329-425221.

“La prevención es fundamental para evitar este tipo de delitos”, remarcaron desde la cooperativa.

Un total de 358 cheques continúan descubiertos por la entidad bancaria que operaba el Frigorífico Mariano Acosta, todos ellos firmados por el contador sampedrino José Benseny, en el marco de una operatoria que derivó en un fuerte perjuicio económico para distintos actores del sector.

Según informó el periodista especializado en agroindustria y editor del portal Bichos de Campo, Matías Longoni, la deuda generada asciende a unos 4.000 millones de pesos y, hasta el momento, permanece prácticamente impaga. El principal afectado sería un productor de la localidad de Rojas, Carlos Laborde.

De acuerdo a un informe oficial, solo dos cheques fueron levantados por un total de 5.194.605 pesos. Sin embargo, aún resta cubrir la suma de 3.999.896.660,97 pesos, lo que implica que apenas se canceló el 0,56 % del total adeudado.

El frigorífico había sido inaugurado en mayo de 2024 bajo la figura de una cooperativa de trabajo, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. En ese momento, el emprendimiento fue presentado como “un modelo de desarrollo productivo y economía social”.

No obstante, con el correr de los meses comenzaron a surgir irregularidades. Entre ellas, la utilización de matrículas prestadas o irregulares para la compra de hacienda, además de las ventajas operativas que brinda el formato cooperativo, que en algunos casos permite reducir cargas impositivas y controles.

Los cheques sin fondo firmados por Benseny -contador del Sindicato de la Carne y administrador del frigorífico- terminaron configurando una trama compleja que afectó a distintos eslabones de la cadena de comercialización ganadera, particularmente a quienes vendían animales para faena.

Por ahora, el fraude aparece consumado porque, según los registros disponibles en el Banco Central, la situación continúa sin resolverse.

La denuncia fue impulsada inicialmente por Laborde, quien advirtió la irregularidad al detectar que “llovían los cheques rechazados”.

Una mujer recurría este miércoles a Defensa del Consumidor tras haber sido intimada vía carta documento por Coopser, que la acusa de tener el "medidor tocado" para pagar menos electricidad.

La situación está enmarcada en los controles que la empresa Roma hace junto a un efectivo policial que acompaña a sus empleados, contratada por la cooperativa para detectar irregularidades en los usuarios del servicio eléctrico.

La carta documento señala que el 30 de enero fueron a su domicilio y constataron la existencia de un "fraude" relacionado con la disposición de un "puente en la bornera del medidor", lo que permite evitar el registro real del consumo.

En ese marco, la intimaron a que en diez días hábiles pague "los consumos no registrados, multas, gastos operativos y administrativos, intereses y contribuciones previstas", lo que asciende a 298.975,98 pesos.

En la misiva, firmada por el presidente de Coopser, Iván Groppo, y por el secretario, Héctor Díaz, la citan a comparecer a la sede de la cooperativa para regularizar la situación. Caso contrario, sumarán el monto a la factura del último registro.

La usuaria intimada informó a La Opinión que la vivienda en la que reside es alquilada y que al momento de mudarse tuvo que poner el medidor a su nombre, puesto que figuraba con el de la inquilina anterior.

"Me dijeron que antes de cambiar el medidor fueron a verificar y ahora resulta que supuestamente en enero fueron a controlar y el medidor está tocado", señaló, preocupada por lo ocurrido, puesto que asegura no tener nada que ver con la situación que Coopser asegura haber detectado en su domicilio.

"Nunca golpearon la puerta, nunca me llamaron. Medianamente cuando te vienen a revisar algo, por más que vengan con la policía, tienen que llamar al dueño", cuestionó la mujer intimada. "Yo tengo que ver lo que están haciendo, esto es una avivada", se quejó.

"Me dijeron que si en diez días no contesto la carta documento me cortan el suministro. ¿Cómo me van a cortar? Tengo dos hijos, siempre pagué la luz. En mi casa tengo dos focos y un televisor, no tengo aire, ¿en qué voy a gastar?", reclamó.

"Yo no tengo el dinero para pagar eso y no lo hice, porque si yo lo hago me callo bien la boca, pero no lo hice", dijo y aseguró que recurriría a Defensa del Consumidor para plantear la situación.

Coopser anunció el inicio de una revisión integral de todos los suministros eléctricos de la ciudad, con el objetivo de detectar y cortar conexiones clandestinas y otros casos de hurto de energía.

El anuncio no pasó inadvertido y generó reacciones divididas entre los usuarios. Por ejemplo, Olga que escribió: “Los felicito, una buena medida para San Pedro”. Ana se unió: “Por fin se decidieron” y Patricia agregó: “Felicito la medida. Que corten a los que no pagan. ¿Cuántas veces terminamos pagando los que estamos al día?”.

Fernando acotó: “Estamos cansados de pagar en nuestras boletas el consumo de los enganchados”.

Natalia opinó: “Es lo mejor que escuché hasta ahora". En la misma línea, Yulios dijo: “Por fin. Estoy cansado de que me cobren lo que consumen otros”.  "Quiero verlo hecho realidad", insistió Juan.

"Vayan a todos los barrios, porque en muchos están enganchados y después no pasa nada”, exclamó Roberto y Alejandra coincidió: “Van a tener que recorrer todos los barrios. Hay conexiones clandestinas incluso en casas y negocios importantes”.

Alfredo comentó: “Que nos devuelvan la plata a los que nos cobraron de más para subsidiar a los enganchados”, a lo que Tamara responde: "Por más que moleste, esto existió siempre y va a seguir pasando. ¿Por qué no se preocupan por bajar el monto de las boletas?, también se les fue la mano".

Ella no fue la única que no estuvo muy de acuerdo con la propuesta de la cooperativa, prefiriendo que se tomen cartas respecto al valor de las boletas.  

Diego por su lado escribió: “Hace más de diez años que hay barrios enganchados y nunca hicieron nada. La cooperativa paga esa energía, ¿a quién se la cobra entonces?”. A lo que José contesta: “Una auditoría en la cooperativa no estaría mal”.

“Controlen bien cuando vienen a medir, porque las facturas son una locura” exclamó Milagros y Facundo agregó: “Controlen la calculadora, que bastante caro cobran”.

“Es la luz más cara de la provincia de Buenos Aires”, se quejó Alberto.

Alejandro opinó: “Estoy de acuerdo en que regularicen las conexiones, pero también deberían explicar algunos manejos económicos". Diego sumó: “¿Cuántas veces anunciaron lo mismo? Mientras la sigan manejando los mismos, es difícil”.

“¿Quién responde por todo lo que se perdió hasta ahora por falta de control? Sabían lo que pasaba. ¿Hay responsables?”, cuestionó Carlos y Damián escribió: “También controlen los montos que vienen en las facturas, porque están muy elevados”.

El caso del frigorífico Mariano Acosta y los cheques sin fondo firmados por el contador sampedrino José Alejandro Benseny, comienza a sumergirse en una trama cada vez más compleja, con ribetes que generan incertidumbre sobre el rol de algunos protagonistas y el lapso que demandará saber la verdad. Si es que la verdad algún día llega.

Existen datos certeros, pero se puede establecer qué rol cumplió cada uno, quiénes y cuántos son los damnificados, y cuál es la cifra total de la estafa.

La investigación del periodista especializado en agroindustria Matías Longoni, publicada en el sitio Bichos de Campo, reveló un presunto esquema fraudulento millonario que tiene como epicentro al frigorífico cooperativo Mariano Acosta, ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

“Arrancó con la queja de un empresario al cual no le pagaban la hacienda que había entregado al frigorífico, y cuando nos pusimos a averiguar quién era el Mariano Acosta, resulta que se trataba de una cooperativa que inauguró la planta con funcionarios de turno, que montaron su show y que, después de un año y medio, no se sabe si fueron parte de una maniobra pensada para hacer entrar a un montón de gente y clavarlos con cheques sin fondos por 4 mil millones de pesos, que es lo que se emitió de acuerdo a lo que dice el Banco Central desde fines de septiembre, habiendo afectado a productores ganaderos de distintas provincias”.

El denunciante es un conocido productor de la zona de Rojas, Carlos Laborde, que “a raíz de esto también le comenzaron a rechazar los cheques”.

El frigorífico fue inaugurado con fuerte respaldo político en mayo de 2024, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente local Gustavo Menéndez, como un ejemplo de desarrollo productivo y economía social. Sin embargo, poco más de un año después, la cooperativa quedó en el centro de graves denuncias judiciales y comerciales.

“Hay que saber aún si el Gobierno de Kicillof hizo algún aporte, y también hay que averiguar el aporte del municipio, porque existe una extraña ligazón con el peronismo de Merlo, cuya carne faenada se vendió a través de un movimiento ‘Peronismo en Acción’, que dirige Menéndez”, acotó Longoni.

La investigación efectuada fue saber quién está detrás del frigorífico. “El domicilio corresponde a un matadero que funcionó en los años 90 y 2000, que se llamaba ‘Ganadera 2000’, pertenece a Ángel Vitale, un personaje curioso del mundillo de la carne, que incluso se quedó con la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF). En un momento los integrantes se descuidaron, le dejaron los libros cuando era secretario de Cámara, fraguó un acta y se hizo elegir presidente”, expresó en el programa Sin Galera.

“El personaje que es amigo íntimo de Vitale es José Benseny”, dijo Longoni. Benseny es contador de la cooperativa y contador del Sindicato de la Carne, y quien firmó al menos dos de los cheques rechazados por una cifra cercana a los 4000 millones de pesos..

"Hablamos de un frigorífico cooperativo inaugurado con pompas por políticos, involucrado en un fraude millonario con cheques sin fondos”, dijo Longoni a Lili Berardi. "La cooperativa se usó como fachada para evadir impuestos y responsabilidades laborales, beneficiando a empresarios a costa de pequeños productores", señaló.

“La figura cooperativa -continuó-, al evadir impuestos, aportes laborales y controles, logra ventajas económicas indebidas frente a frigoríficos que operan dentro de la ley”, mientras admite que persisten interrogantes sobre “la participación y responsabilidad de funcionarios del Gobierno provincial y municipal de Merlo en el apoyo y habilitación del frigorífico".

La operatoria denunciada consistía en la compra de hacienda a través de matrículas prestadas o irregulares, la faena y posterior venta de la carne, mientras que los productores quedaban impagos al rebotar los cheques emitidos por una cooperativa “que no existe, y que por su figura legal diluye la responsabilidad penal de quien firma los cheques”.

Parte del dinero obtenido, según las sospechas, habría sido reinvertido en la compra de hacienda en efectivo en otras regiones del país, “alimentando un circuito difícil de rastrear”.

La investigación también abre interrogantes sobre el rol del Estado provincial y municipal, tanto en la habilitación como en el respaldo institucional brindado al frigorífico. 

Longoni, que dedicó cuatro notas al tema en Bichos de Campo, cuestionó lo que define una “supuesta ingenuidad pasmosa de los dirigentes políticos”, al menos, que creen que detrás de una cooperativa “todo es sacro, sano y puro”, cuando una iniciativa de estas características no tiene los controles necesarios, aunque remarcó que “será la Justicia la que deba determinar si existieron responsabilidades políticas o administrativas”.

Cuando se habla de carne y cooperativa no es una postal épica de una empresa recuperada por sus trabajadores. 

“Detrás hay un grupo de chantas que en algún momento se pelearon con Laborde, no se sabe quién mejicaneó a quién, que armaron una figura para aprovecharse de todas las ventajas que tiene”. Y aportó: “Benseny tenía un amigo en el Instituto Nacional de Acción y Economía Social (INAES) y allí fraguaron los papeles para quedarse con una cooperativa hecha, a nombre de un carnicero y su familia, que le cedió el control a Benseny y luego el armado de una cooperativa, donde los 70 trabajadores no son dueños”.

Mientras tanto, decenas de productores ganaderos permanecen como damnificados, con fuertes pérdidas económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus explotaciones. La causa ya se encuentra en sede judicial, denunciada por Laborde, y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.

La otra realidad, la más penosa, es que existen “productores de a pie que entregaron su hacienda y para ellos es mucha plata”, manifestó en periodista.

Aunque para Longoni es indudable que, “consensuado o no, se trata un defalco. Y sí sé que son bastante sabandijas, que se trata de una maniobra de una banda de tránsfugas”.